143.353 desaparecidos.

Fuentes: http://www.publico.es/ , http://www.elpais.com/


El juez Garzón deberá buscar a 143.353 desaparecidos

Los familiares de los represaliados reprochan al Gobierno que hayan sido ellos los que han elaborado el listado. La ley de la memoria histórica exige al Estado crear un mapa de fosas.

DIEGO BARCALA - Madrid - 22/09/2008 21:15

El poeta Blas de Otero (Bilbao 1916, Madrid 1979) imaginó las listas de los fusilados con "nombres temblando en un papel" en su poema Me llamarán. Lo escribió en 1955 en su exilio en París y tituló al libro Pido la paz y la palabra. Medio siglo después, son los hijos y los nietos de los fusilados los que exigen voz. Lo hacen ya desde Madrid, en la Audiencia Nacional, ante el despacho del juez Baltasar Garzón. El magistrado recibió ayer un censo de víctimas con 143.353 nombres, apellidos, profesiones, lugar de nacimiento, muerte y causa de su desaparición (muerto con arma de fuego la mayoría).

La repercusión pública de las diligencias abiertas por el juez para investigar una posible causa penal de genocidio franquista, desde el 18 de julio de 1936 hasta décadas después de la guerra, ha dejado al descubierto el desamparo público que sufren las familias de los represaliados. Once asociaciones de allegados de estas víctimas acudieron ayer a la Audiencia Nacional con carpetas, fotos y listados inconexos. Algunos digitalizados y otros no. Miles de documentos encuadernados por voluntarios e historiadores aficionados. El resultado de casi una década de investigación que arroja un resultado estremecedor de cientos de miles de cuerpos bajo tierra.

"No nos sacamos estos nombres de la manga, nos lo hemos currado a base de grabadora y mesa camilla", recrimina Paqui Maqueda, secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas que presentó la primera denuncia a Garzón el pasado 14 de diciembre de 2006. Maqueda se refiere a la investigación elaborada en cada pueblo para arrancar los testimonios y documentos necesarios con los que poner nombre a aquellos que fueron arrancados a sus familias y borrados para siempre durante décadas.

Hace ocho años eran 30.000
Sin apenas apoyo institucional, los voluntarios han conseguido indagar en registros civiles y en libros de difuntos para completar parte del recuento de una de las etapas más oscuras de la historia de España y no sólo por su tenebrosidad, sino por las dificultades para su investigación. De esa manera han conseguido que de los 30.000 desaparecidos que se creía había hace ocho años ahora pasen de los 143.000.

Esos nombres se suman cada día al proceso de documentación abierto en la Audiencia Nacional. "Son muchas las personas individuales que denuncian la desaparición forzosa de su padre o de su abuelo cada día", añadió Fernando Magán, abogado de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica.

El archivo y la conexión de todas las pruebas entregadas podría completar el censo definitivo de las víctimas del franquismo. Ese listado es la prueba que busca Garzón para declararse competente para juzgar una causa contra aquellos que de manera orquestada hicieron desaparecer a sus adversarios políticos. Si el juez se decide -fuentes de la investigación aseguran que lo hará "pronto"- dejaría en evidencia "la falta de voluntad política" del Gobierno para cumplir con los artículos de la ley de la memoria histórica que exigen la elaboración de un mapa de fosas comunes y un censo de desaparecidos.

"Le pedimos al Gobierno que ponga firme al personal. La mayoría de las fosas están en los cementerios que, o son municipales o pertenecen a la Iglesia. Así que está claro a quién tienen que pedir las pruebas", denunció, Cecilio Gordillo, representante del sindicato CGT en la plataforma. "De momento, no se ha recibido ninguna documentación de la requerida a la Iglesia", informó Magán.

Sólo Catalunya y Galicia
Ni siquiera la petición de información por parte del juez está facilitando la colaboración de algunas instituciones clave como la Conferencia Episcopal y los Ayuntamientos. "Muchos municipios se sienten desvinculados al no haber sido nombrados por el juez", denunció Gordillo. Sólo los gobiernos de Catalunya y Galicia han aportado documentación sin que se les haya sido requerida por el magistrado. "Nosotros podríamos haber mirado a otro lado y haber esperado que se murieran los testigos y los familiares directos o simplemente habernos conformado con la Ley, pero no lo hicimos", reclama Maqueda.

La Ley, que no ha sido aplicada por el Gobierno a pesar de estar en vigor desde hace casi un año, fue rechazada por el 95% de las asociaciones de víctimas, recordaron ayer los voluntarios.

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¿Es posible hallar a las víctimas?

23 Sep 2008

ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ

Las providencias dictadas por el juez Garzón y su enorme repercusión mediática han disparado el número de personas que desean saber el paradero de sus seres queridos desaparecidos en los años de la Guerra Civil. Se cuentan por miles las personas que en las últimas semanas han manifestado este deseo, especialmente a las asociaciones memorialistas y a los ayuntamientos. Conviene aclarar, para no crear falsas expectativas entre los familiares, que la localización de los desaparecidos y su recuperación no siempre, ni siquiera en una proporción alta, es posible. Por diversas razones. Porque, llegado el caso hipotético de conocer de manera rigurosa el número y la identidad de las víctimas asesinadas, es muy difícil que se esclarezca el lugar donde fueron enterradas. Además, muchas de las fosas donde yacen sus restos, después de más de setenta años de abandono, han sufrido todo tipo de inclemencias que las han llevado a su destrucción parcial o definitiva.Buena parte de las fosas existentes se originan en el período comprendido entre julio de 1936 y febrero de 1937, en el que el instrumento principal de la represión son los bandos de guerra que instaban al asesinato sin procedimiento alguno. Este hecho provoca que apenas existan fuentes documentales sobre los desaparecidos y las fosas. En los libros de defunciones de los registros civiles, sólo hay inscritos una parte, a veces ínfima, de los asesinados y sólo en algunos casos se especifica el lugar de enterramiento. Apenas si se encuentran libros de registros de los cementerios en la mayoría de las localidades y la información de los archivos locales, militares y estatales, salvo excepciones, es escasa. De este modo, la historia oral es, todavía, la herramienta más útil para ubicar las fosas e identificar a las víctimas. No en vano, la inmensa mayoría de las 170 que se han abierto en los últimos años ha sido posible gracias a los testimonios de personas quefueron testigos de la represión.

A través de los testimonios, hemos conocido la mecánica de la desaparición forzosa: desde la detención ilegal de un individuo o grupo hasta su asesinato en las tapias de un cementerio o en un paraje desconocido, por lo general fuera de la localidad de vecindad. Esto complica la localización de muchas de las fosas que se ubican en campo abierto, pues la gente mayor, depositaria de los miedos introyectados por el franquismo, todavía se muestra reacia a hablar, aunque esta actitud poco a poco se está quebrando de la misma manera que cada vez son menos los testigos disponibles. También el masivo proceso emigratorio de los años cincuenta y sesenta que diezmó numerosas poblaciones rurales y que afectó, principalmente, a las familias de los vencidos, ha contribuido a una visible pérdida de la memoria colectiva en nuestros pueblos. Los miedos y el olvido han provocado que muchos de estos enterramientos clandestinos que no fueron de alguna manera señalados y protegidos por los familiares, hayan sido destruidos por un sinfín de motivos: corrimientos de tierras, construcción y ampliación de carreteras, urbanización de terrenos rústicos, acción de las alimañas…

Las fosas que se ubican en el interior de los cementerios no han corrido mejor suerte. Desde que fueron creadas, constituían un lugar degradado del cementerio sin señalización alguna y convertidas en auténticos vertederos. En los años de la Transición, se produjo un interesante movimiento en un significativo número de localidades, auspiciado por familiares y ayuntamientos de izquierdas, que acota y dignifica esos espacios con placas, lápidas y monolitos, o directamente se procede a la exhumación de las víctimas y su posterior inhumación en nichos y mausoleos. Estas acciones apenas cuentan con publicidad y se realizan en la intimidad familiar o, a lo sumo, adquieren una dimensión local. Pero la tónica mayoritaria es el abandono y el olvido, lo que ocasiona que la zona que ocupan las fosas comunes, normalmente junto a las tapias, sea la primera que se vea afectada por cualquier tipo de obra de ampliación del cementerio. De este modo, en una proporción muy alta, han quedado sepultadas bajo la construcción de bloques de nichos y de nuevas sepulturas. Por otra parte, desde 1936 hasta nuestros días han sido clausurados multitud de cementerios trasladándose los restos a otro nuevo. En algunos casos, los restos cadavéricos de las víctimas fueron depositados en los osarios confundiéndose con otros y destruyéndose con el tiempo. En otros, quedaron olvidados y acabaron sepultados en los cimientos de nuevas edificaciones. Las acciones destructivas que se han efectuado –y se continúan efectuando– sobre multitud de fosas durante siete décadas, incluidas las tres de democracia constitucional, suponen la prueba más inequívoca de que el olvido y la negación, cuando no el desprecio más absoluto, ha sido la posición hegemónica que las distintas administraciones han tenido hacia la memoria de las víctimas republicanas y antifascistas. Nunca ha existido una consigna –y menos aún una política– de protección de las fosas comunes. Toda medida efectuada en este sentido dependía de la sensibilidad y el empecinamiento de los familiares y, a veces, hasta de los propios sepultureros.

Ahora le corresponde a la Administración verificar la localización de las fosas detectadas y su protección ante nuevas agresiones. Y brindar a los familiares y a la sociedad la posibilidad de la exhumación de las víctimas que soliciten sus deudos, o la señalización y monumentalización de esos cementerios clandestinos para convertidos en “lugares de la memoria”. Desgraciadamente, para muchos familiares no va a ser posible averiguar el paradero ni rescatar los restos de sus seres queridos, pero les asiste el legítimo derecho de reclamar justicia, de pedir información y esperar una respuesta. Las decenas de miles de personas desaparecidas, después de tantos años de silencio y olvido, merecen, al menos, nuestro cariño y consideración.

ÁNGEL DEL RÍO SÁNCHEZ es coordinador del proyecto Mapa de Fosas de Sevilla

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Presión contra Zapatero

23 Sep 2008

XAVI CASINOS

Contra la opinión de quienes preferirían pasar página sin más, soy firme partidario de la recuperación de la memoria histórica. Es el único medio de pasar, de verdad, página. Y eso requiere reparar el nombre de las miles de personas que fueron represaliadas y olvidadas en fosas comunes por toda España. En esa labor, se ha sumido Garzón, que ayer recibió una primera lista de desaparecidos confeccionada gracias a la investigación, tesón y voluntarismo de las asociaciones que luchan por rescatar del olvido a sus familiares y darles una sepultura digna. El problema son las más que seguras lagunas de rigor contenidas en la lista por la precariedad de medios con que ha sido confeccionada. No obstante, ello no le quita mérito y será una forma de presionar al Gobierno para que sea consecuente con la ley impulsada por el propio Zapatero y elabore un censo con criterios científicos a partir de la propia documentación en poder de las instituciones del Estado, que en muchos casos debe estar también en archivos tan olvidados como las fosasdel franquismo.
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Las familias de desaparecidos de la guerra piden una disculpa al Estado

NATALIA JUNQUERA

Garzón recibe 143.353 nombres de víctimas, un censo apurado hasta última hora

Parecía un turista, un curioso. Pero Toru Arakawa, el japonés de 70 años que observaba ayer frente a la Audiencia Nacional el trajín de familiares con cajas, maletines y bolsas repletas de documentación sobre las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, ha ayudado a recuperar algunos de los cuerpos de los represaliados. Sus últimos veranos los ha dedicado a desenterrar una historia con la que nada tiene que ver. Y ayer esperaba frente a la puerta de la Audiencia porque por nada del mundo se habría perdido el gran momento de los hijos y nietos de la barbarie: la entrega de los nombres de 143.353 víctimas, el trabajo de 20 años. Arakawa aterrizó en Madrid el pasado día 16 para compartir con ellos ese instante.

"Hemos sacado los nombres uno a uno. Y aún faltan muchísimos"

Era un día grande para las asociaciones de la memoria histórica. Muchos de sus miembros ni soñaban con algo así. Antonio Ontañón jamás pensó que un día entraría en la Audiencia Nacional para aportar datos de su investigación. "¡Tenía mi libro sobre la mesa! ¡Garzón está leyendo mi libro [Rescatados del olvido]!", exclamaba, orgulloso, tras entregarle el listado con los 2.535 desaparecidos de Cantabria. Tampoco Cecilio Gordillo pensó, cuando se embarcó en el proyecto Todos los Nombres, de Andalucía "para hacer una lista porque no la hacía nadie", que ésta acabaría en manos de un juez.

En cierto modo, atravesar ayer las puertas de la Audiencia Nacional con 143.353 nombres era ya un premio al esfuerzo de muchos años; hasta hace apenas dos, a contracorriente. Pero en medio de la euforia, había también algo de pesadumbre. En el tramo final de su lucha, era inevitable que pensaran en todo lo que habían invertido en ese censo (robándole horas al sueño y a la familia, aguantando incluso amenazas), y en "lo fácil que le hubiera resultado hacer todo esto a la Administración del Estado". Con el orgullo de haber sido capaces, se mezcló la indignación de haber sido los únicos.

"El sistema académico y la Administración han quedado en evidencia. Este trabajo no se puede delegar a asociaciones privadas. Es una labor que incumbe al Estado", declaró un hombre exhausto, Fernando Magán, el abogado que representa a los denunciantes. Paqui Maqueda, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, afirmó: "No nos hemos sacado ningún nombre de la manga. Han salido uno a uno, con nuestro esfuerzo, entrevistando a los pocos donantes de memoria que quedan. Pedimos al Estado que asuma la búsqueda de desaparecidos, y una disculpa pública que restablezca la dignidad de las víctimas". Ayer llevaron 143.353 nombres, pero "aún faltan muchísimos".
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Consulta un ejemplo del listado

DOCUMENTO (PDF - 2,74Mb) - 23-09-2008
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El único ciudadano que tiene un listado de desaparecidos

N. J. - Madrid - 23/09/2008

"Garzón es el único ciudadano de este país que ahora tiene un listado de desaparecidos", subrayaba ayer Cecilio Gordillo, representante de la CGT. El juez tiene todos los datos y sobre él pesan las esperanzas de todas las familias que siguen buscando a esas 143.353 víctimas de la Guerra Civil. Ayer confiaban en que no se "atreviera" a decirles que no, "después de haber montado tanto revuelo", e insistían en que el juez todavía no ha admitido a trámite sus denuncias. Garzón ha requerido la documentación sólo para decidir si es competente para investigar esos crímenes. Los denunciantes consideran que sí, porque son crímenes de lesa humanidad.

Las 143.353 víctimas se reparten así: Galicia (7.000), Asturias (6.000), Cantabria (2.535), País Vasco (1.900), Navarra (3.920), La Rioja (2.070), Cataluña (3.338), Baleares (1.486), Aragón (9.538), Castilla-La Mancha (8.851), Castilla y León (14.660), Extremadura (9.486), Madrid (3.424), Andalucía (42.131), Comunidad Valenciana (29.034), Murcia (1.000), Canarias (2.211), Ceuta y Melilla (768).
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"EL JUEZ DEBE DIRIGIRSE A LOS AGENTES ACTIVOS DE LA REPRESIÓN"

El historiador Francisco Espinosa exige que se abran los archivos policiales.

Público.es/RAFAEL ADAMUZ - Sevilla - 22/09/2008

El historiador Francisco Espinosa, autor de numerosas obras sobre la Guerra Civil y uno de los primeros investigadores de la represión franquista, ha mostrado su deseo de que Baltasar Garzón reclame información sobre las víctimas y desaparecidos a la Policía, la Guardia Civil y los militares, una idea que ya ha sido propuesta y explicada al propio juez a raíz de su iniciativa de investigar la represión franquista.

"El día que ocurra eso, dejaremos ya de estar dando palos al aire y supongo que tendremos toda la información que hemos buscado a lo largo de tanto tiempo", afirma el historiador.
"Aparte de que pueda pedirle información a quien quiera -explica Espinosa en referencia al requerimiento de Garzón a los ministerios, varios ayuntamientos y la Conferencia Episcopal- realmente donde debería pedirla es precisamente a quienes fueron los agentes activos de la represión: los que la organizaron y los que en todo momento supieron lo que estaban haciendo, a quién detenían, a quién mataban y a quién fichaban".

El historiador, autor de Sevilla, 1936. Sublevación fascista y represión (junto con A. Braojos y L. Álvarez, 1990), La guerra civil en Huelva (1996) -reeditada en cuatro ocasiones-, o el ensayo Julio del 36. Golpe militar y plan de exterminio, sostiene que "el problema" al que se enfrentan los investigadores es no disponer de "toda" la información que existe en los diferentes "ámbitos administrativos" en España sobre la represión franquista. "Lo que contamos es lo que hemos ido sabiendo con los años, pero todavía no hemos dado con la fuente fundamental", insiste.
"Vamos sacando un poco de aquí, otro poco de allí, a base de mucho tiempo y de muchísimas investigaciones a lo largo de muchísimos años, pero todavía no hemos dado con lo que en otros países se ha llamado los archivos del terror, que no son otra cosa que, simplemente, los ficheros que tenían los militares, los que tenía también la Guardia Civil de cada pueblo y los que tenía la Policía, que es sobre la que recae la tarea que en el 36 hicieron las Delegaciones Provinciales de Orden Público. De esas comisarías, toda esa documentación, después de la guerra, pasa a las jefaturas de Policía, a las jefaturas provinciales", explica."En los ficheros está todo"

Según Espinosa, esa documentación existió y se utilizó a lo largo de la dictadura: "Son los ficheros básicos donde está todo: qué fue de cada uno, si este murió, dónde murió, incluso el día, el sitio... etc. Lo sabemos porque esos documentos aparecen por otros sitios. O sea, que sabemos que la Policía emitía informes muy exhaustivos sobre la gente, igual que los militares e igual que la Guardia Civil, lo que quiere decir que esos archivos los tuvieron".
El principal muro contra el que se vienen dando de bruces los investigadores en este sentido radica, precisamente, según Espinosa, en que "si uno va al archivo de la Policía, al archivo de la Guardia Civil o a los archivos militares, esos archivos no los puedes ver porque ellos mismos dicen que no los tienen, que no saben o vete a saber...".

Espinosa está plenamente convencido de que las investigaciones sobre los desaparecidos tras el golpe militar y la posguerra darán un paso de gigante cuando "militares, guardias civiles y policías se decidan a explicar dónde tienen esos archivos y, si es que los han destruido, por qué lo hicieron, cuándo lo hicieron y quiénes son los responsables de esa destrucción ilegal". "Si los tienen, que los pongan al servicio de la iniciativa del juez Garzón y de la investigación", sentencia.

Un caso paradigmático
A medida que se han ido ampliando las investigaciones en los últimos meses, el número de víctimas de la represión ha ido en aumento, una realidad extrapolable a otras provincias españolas. El caso de la provincia de Huelva es paradigmático.
En la cuarta edición de La Guerra Civil en Huelva (publicada hace dos años), la cifra de represaliados en la provincia onubense ascendía a 4.500 personas. La última actualización del estudio de Francisco Espinosa, que realizó junto a José María García Márquez y cuya publicación es inminente, eleva significativamente el número de asesinados en 6.019. Y no descarta, a falta de dar con los documentos, que supere los 7.000.
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El genocidio franquista

ANTONIO ELORZA 23/09/2008

Jaime Mayor Oreja calificó la Guerra Civil de "lo peor de nuestra historia". Su propósito era mostrar la inconveniencia de todo intento de ahondar en las responsabilidades que acompañaron a la tragedia. Sería tanto como reabrir heridas mal cicatrizadas y poner en peligro la reconciliación alcanzada gracias al ejercicio de olvido que acompañó a la transición. El argumento tiene un punto de razón: después de un pasado tan traumático, cualquier ejercicio de recuperación de la memoria histórica ha de ser llevado a cabo pensando en primer término en una mejor convivencia futura. Y es precisamente esto último lo que justifica una actitud opuesta a la preconizada por nuestros conservadores. Los españoles tienen derecho a un conocimiento preciso de lo ocurrido en los años treinta y, como ha sucedido en tantos otros países, Alemania, Francia o Italia, a exigir siquiera simbólicamente responsabilidades a los culpables.

El reconocimiento de las víctimas republicanas es una tarea pendiente de la España democrática
¿Es genocidio que miles de "rojos" fueran asesinados de modo sistemático?

Por esas mismas experiencias sabemos que no es tarea sencilla. Una labor incompleta ha favorecido en Italia la supervivencia política de un fascismo reformado. En Alemania la rigurosa condena del nazismo y el reconocimiento pleno del Holocausto, hasta el punto de seguir prohibida hasta hoy la reedición de Mein Kampf, tuvieron como contrapartida la débil voluntad para aplicar justicia a los criminales. Tampoco fue fácil en Francia superar el trauma de que tantos, incluido el luego resistente Mitterrand, se apuntaran tras la derrota de 1940 al Maréchal, nous voilà!. Tal vez la reconstrucción de la verdadera biografía del presidente socialista a partir del libro de Pierre Péan en 1994 tuvo un saludable efecto al mostrar que también en el vértice de la izquierda las cosas distaban de haber sido de blanco sobre negro, y que detrás de la emotiva ceremonia de la rosa roja depositada al ganar las presidenciales en la tumba del resistente asesinado Jean Moulin se encontraban su duradera amistad con René Bousquet, verdugo de judíos en 1942, y el respeto mal disimulado hacia Pétain.

Es de desear que en España la ponderada Ley de la Memoria Histórica y la reciente iniciativa procesal del juez Garzón contribuyan a un ejercicio similar de esclarecimiento. "Una nación no puede olvidar su pasado", declaró Jacques Chirac al poner en marcha hace una década los procedimientos para devolver los bienes secuestrados a los judíos. El reconocimiento y la reparación de los daños sufridos por las víctimas son en este sentido prioritarios, más aun cuando en nuestro caso, tras sufrir la muerte, los republicanos asesinados fueron en tan gran número condenados a la humillación adicional de la fosa común. Sigue siendo al respecto válida la apreciación del romántico Ugo Foscolo en su poema De los sepulcros, al presentar el enterramiento digno de los restos como signo de la transformación de "las humanas fieras" en seres "piadosos hacia sí mismos y hacia los demás".

Nuestras fieras humanas del bando vencedor de la guerra incumplieron conscientemente ese deber y toca ahora por fin a las instituciones democráticas asumirlo, dando además satisfacción a los descendientes de las víctimas. Nada tiene esto de revancha. Es un puro y simple acto de humanidad y de justicia.

En la dinámica que Garzón intenta poner en marcha, el establecimiento de un censo fiable de los asesinados podría llevar a la determinación de responsabilidades retrospectivas, sirviéndose del único camino que soslaya la prescripción: la figura del genocidio. La cuestión es sí la misma conviene a los sublevados del 17 al 20 de julio de 1936. El creador del término fue en 1944 Rafael Lemkin, jurista judeopolaco, en su libro El dominio del Eje en la Europa ocupada, para calificar la novedad de la destrucción programada de una nación o de un grupo étnico. Franco escaparía gracias a esta acepción restrictiva. En 1946, el campo de aplicación se amplia a los grupos religiosos y este límite es respetado en 1948 en la Convención dedicada al tema, por el veto inglés a incluir el genocidio político.

Los dos componentes del concepto, la voluntad programada de aniquilamiento y la designación de un sujeto pasivo identificable, permiten sin embargo su aplicación al campo político. Los cientos de miles de "gente del 17 de abril" ejecutada por los jemeres rojos, o de enemigos del pueblo fusilados en la gran purga de Stalin en 1936-38, comparten con los miles de rojos exterminados en España el hecho de haber sido víctimas de un proyecto deliberado de aniquilamiento y de constituir un grupo humano bien delimitado. Fueron gentes del Frente Popular, masones, personas conocidas por su laicismo, sindicalistas: en una palabra, esa izquierda sobre la cual Francisco Franco, en conversación de noviembre de 1935 con el embajador francés Jean Herbette, declaró la necesidad de ejecutar "una operación quirúrgica", la amputación de la parte perniciosa de la sociedad española. Genocidio político y también cultural, de destrucción de las élites que proporcionaban en la izquierda inspiración cultural y cohesión social. Los textos de Mola o de Queipo refrendan ese propósito, comparable al expresado por Hitler contra judíos y comunistas. Y bien que la pusieron en práctica. La mejor prueba de que la acción de exterminio era consciente lo tenemos en su sañuda prolongación en los años de la posguerra. "Vencido y desarmado el Ejército rojo", tocaba borrar el rastro de la República mediante la eliminación de todo aquel que hubiera sido un cuadro o líder de opinión. No hubo piedad ni humanidad. Calificación de genocidio bien ganada.

Ahora bien, tal valoración, asociada al hecho de que el "alzamiento" fue una insurrección contra el régimen legalmente constituido, no debe ocultar que si entramos en el terreno de las responsabilidades también hubo "humanas fieras" en el sector republicano, unas individuales, otras organizadas. De modo especial, en la CNT-FAI y en el PCE/Internacional Comunista la comisión de actos conscientes de barbarie se encuentra suficientemente probada, por contraste con la nobleza de figuras como Manuel Azaña o Joan Peirò. Los demócratas de hoy no deben cerrar los ojos ante las "patrullas de control" anarquistas en Barcelona, Paracuellos o el entorno político de la mejor conocida muerte de Andreu Nin. Hubo terror libertario y terror estaliniano.
La excepcional longevidad de Santiago Carrillo debiera permitir el esclarecimiento de episodios capitales, de los que fue observador privilegiado. El hecho de que en sus frecuentes relatos nunca mencione al mandamás delegado de Moscú, el siniestro Victorio Codovila, ni a la NKVD, indica que habla pero no cuenta. Y ya que en las entrevistas, por ejemplo una muy reciente a la SER, insta a la recuperación de la memoria histórica, tiene el deber moral de contar lo que realmente pasó. No lo hará.

Volvamos a la aspiración última de Goethe: "Luz, más luz".

Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.
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