Fuente: Público.
El juez Garzón busca a los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo
El juez recaba datos para investigar si el 18 de julio de 1936 desencadenó un genocidio en España.
DIEGO BARCALA - Madrid - 01/09/2008 23:38
“Es muy impactante. La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos”. La declaración, de hace una semana, es de Baltasar Garzón después de asistir a una exhumación de cadáveres en Apartadó (Colombia). El titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha tenido, a sólo 200 kilómetros de su despacho, 110 fosas comunes que han sido exhumadas en los últimos siete años. Él no había asistido hasta ahora a ninguna de ellas.
Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, Garzón atendió las ocho peticiones que le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo en España. Está decidido a elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura.
Para ello, ha solicitado toda la información que pueda estar archivada en algún cuarto oscuro de los ministerios de Defensa, Interior y Cultura. También los datos sobre muertos en los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid. Y, sobre todo, ha exigido colaboración a la Conferencia Episcopal Española. La Policía Judicial deberá poder acceder a los libros de difuntos de las casi 23.000 parroquias españolas. Uno de los libros relacionados con una de las fosas más grandes de presos republicanos se encuentra a pocos metros de la tumba de su verdugo. Los documentos de la basílica del Valle de los Caídos están entre los que Garzón exige investigar.
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional no es una respuesta espontánea. Durante años, varias asociaciones de víctimas del franquismo y afectados individuales se han dirigido a este juzgado para denunciar que en España hubo un genocidio. Un “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” –como lo define la Real Academia Española– que está todavía por investigar.
“Una verdad judicial”
Uno de los denunciantes es el abogado Fernando Magán, colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Este letrado presentó una denuncia en la Audiencia el 14 de diciembre de 2006. Es el tribunal competente para investigar atentados contra los derechos humanos, según sentencia del Constitucional.
Ese mismo 14 de diciembre se debatió por primera vez en el Congreso de los Diputados la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre del año pasado. En opinión de Magán, Baltasar Garzón trata ahora de “llevar una realidad al nivel de verdad judicial investigada”.
Pese a las diligencias previas abiertas ayer por el juez, la Audiencia no ha dilucidado aún si existe un caso de genocidio que investigar. Primero debe dictaminar que las desapariciones registradas en España fueron forzosas y que obedecieron a un objetivo común político.
Se trata de unir a todas las víctimas de los fusilamientos en un mismo proceso. En otras ocasiones, las víctimas han acudido sin éxito a los juzgados correspondientes al lugar del suceso. Hasta ahora, los jueces han considerado que una desaparición individual de la que han pasado tres décadas está archivada.
No se buscan culpables
Magán asegura que el objetivo de sus denuncias no es buscar culpables, sino reparaciones para los familiares de los represaliados. “Los que pudieran aparecer ahora en una sentencia ya no tienen edad de cumplir pena”, añade el abogado.
Las diligencias abiertas afectarán a archivos históricos como el de Salamanca. Ahí espera encontrar fichas que certifiquen los miles de fusilamientos que sólo se conocen por testimonios orales y el paradero de los cuerpos. La mayoría de estos paseos fueron registrados en los 40, pero otros muchos se conocieron a raíz de las indemnizaciones a represaliados impulsadas por el gobierno de Felipe González.
"Muy bien"
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, aseguró que a la asociación a la que pertenece le parece "muy bien" la orden del juez Baltasar Garzón de elaborar un censo de todos los desaparecidos durante el franquismo.
"Llevamos 8 años realizando un trabajo que le corresponde a un Estado democrático", afirmó Macías, quien resaltó que, a diferencia de España, "hay países subdesarrollados que buscan a sus muertos y los devuelven a su familiares y en España, lógicamente, tiene que ser así".
Macías recordó que durante estos años de trabajo, la ARMH consiguió recuperar 1.200 cuerpos y devolverlos a sus familias. "A partir de ahora -concretó- no estaría mal que sea desde arriba desde donde se elabore tanto el censo de desaparecidos y represaliados como la ubicación de los lugares donde reposan".
El vicepresidente de la ARMH afirmó que, a partir de ahora, se abre "un frente diferente" e insistió en que la garantía de los Derechos Humanos "es una labor que no le corresponde a una asociación".
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La memoria está guardada en los libros parroquiales
D. B. - MADRID - 01/09/2008 23:47
El Valle de los Caídos es uno de los centros religiosos que visitarán los miembros de la Policía Judicial, que deberán investigar los documentos donde haya quedado certificado el nombre y apellidos de aquellos que fueron fusilados por pensar de forma diferente.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, preguntó ayer la procedencia y el motivo por el que hay cerca de 30.000 enterrados en la basílica del antiguo valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial. Si Franco levantase la cabeza le diría la respuesta a la pregunta que el magistrado lanzó ayer a la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: “Fue construido para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada”. Así lo dejó escrito el dictador en el decreto fundacional del monumento firmado el 1 de abril de 1940.
Fosas sin frente de guerra“Muchos curas elaboraron documentos para registrar los nombres de los fallecidos”, aseguró José María Rojas, investigador de la represión franquista en la comarca de la Ribera de Duero. Las numerosas fosas abiertas en Castilla y León, donde apenas hubo frente de guerra, demuestran la necesidad de diferenciar entre los muertos de la Guerra Civil y los represaliados.
Garzón exige a la Conferencia Episcopal Española que comunique “a todas y cada una de las parroquias de España que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial” a los libros de difuntos. En España existen 22.827 parroquias donde podrían estar registrados, gracias a la burocracia seguida por los párrocos de los años 40, los nombres de las personas que fueron secuestradas y fusiladas sin informar a sus familias.
La búsqueda de documentos también llevará a la Policía Judicial al Centro Nacional de la Memoria Histórica (archivo de Salamanca) –dependiente del Ministerio de Cultura– en busca de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
Al Ministerio de Defensa le solicita que amplíe la documentación que le solicitó el pasado junio en la que el juez pedía información sobre el organismo que puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Un día antes del inicio de la gloriosa cruzada.
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Es el momento de la justicia, por Emilio Silva
EMILIO SILVA * - 01/09/2008 23:49
Durante casi ocho años decenas de voluntarios han asumido la responsabilidad de investigar, exhumar, identificar a cientos de hombres y mujeres que desaparecieron a causa de la dura represión franquista.
Sobre ellos ha recaído el peso de construir algo que se pueda parecer a la justicia para muchas familias que, tras la muerte de Franco, habían tenido que convivir con el miedo y el abandono al que los pactos de la Transición los condenaron por pensar que sus derechos eran un obstáculo para la democracia.
Con la emergencia de un movimiento social que reclama justicia histórica, algunas instituciones llevaron a cabo tímidas políticas de memoria. Mientras las asociaciones reclamaban responsabilidad al Estado, la conocida como Ley de Memoria Histórica ha continuado delegándola en colectivos de voluntarios.
La resolución dictada por el juez Baltasar Garzón, para hallar en diversas instituciones información acerca de los desaparecidos, es un punto de inflexión. Por primera vez tras la dictadura franquista, una institución del Estado como es la Audiencia Nacional lleva a cabo trámites para averiguar quiénes eran los hombres y las mujeres detenidos y desaparecidos tras el golpe militar de 1936
El juez Garzón inicia un proceso del que la providencia que acaba de dictar ha de ser un peldaño. Una vez que tenga conocimiento de la dimensión de los hechos (decenas de miles de desaparecidos) tendrá que ordenar nuevas diligencias que deberían pasar por tomar declaración a las víctimas, a los testigos y llevar a cabo exhumaciones e identificaciones con carácter judicial.
La búsqueda de documentación, la toma de declaración a las víctimas o exhumación de fosas comunes serían elementos que perfectamente podrían constituir una Comisión de la Verdad, como las que en otros países se han llevado a cabo por democracias que han sucedido a dictaduras.
Ojalá este proceso sirva para construir justicia para las personas que todavía viven y para las muchas que han muerto durante estos últimos años de democracia sin recibir la más mínima reparación por parte del Estado.
* Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
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Las fosas de la memoria
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La memoria podrida, por Ignacio Escolar
« Ya era hora
Desaparecidos. Fosas comunes. Torturas. Fusilados. Las palabras evocan el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla. Duele reflejarse en ellas. Cuesta pensar en España como un país que esconde en las cunetas de sus carreteras los huesos de 30.000 desaparecidos, tal vez más.
La paja en el ojo ajeno. Desde que el Tribunal Constitucional determinó en el 2005 que los tribunales españoles pueden juzgar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, España se ha convertido en la corte internacional más diligente en la defensa de los derechos humanos. La Audiencia Nacional investiga los abusos de las tiranías en China, Guatemala, Ruanda, Argentina o Chile. Cuanto más lejos, más grande es el milagro. La Audiencia Nacional se atreve con todo, menos con los crímenes de los llamados “nacionales”. Asusta más un Franco muerto que un Pinochet vivo.
Un aplauso para Baltasar Garzón, pues ya era hora. Aunque el paso dado llegue tan tarde y sea aún tan escaso. De momento, el juez se limitará a elaborar el censo pendiente del genocidio, desde el golpe de estado hasta la muerte del dictador. Sólo será la dolorosa lista de crímenes, no el castigo para los criminales. Tantos años después, y ni siquiera hemos limpiado esa mínima mugre. Tantos años después, y ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas, de los desaparecidos.
Algunos dirán que para qué remover el pasado. Por qué no pasar página. El drama es que no hablamos de pasado, sino de presente. Los muertos aún están ahí, en las cunetas. Sus familias aún están ahí, en los juzgados. Tras treinta años de amnesia democrática, tras tres décadas de su sacrosanta transición (sin pecado concebida), la memoria se pudre. Como se pudre la sociedad que permite que una viuda no pueda enterrar a su marido.
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El juez Garzón busca a los desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo
El juez recaba datos para investigar si el 18 de julio de 1936 desencadenó un genocidio en España.
DIEGO BARCALA - Madrid - 01/09/2008 23:38
“Es muy impactante. La verdad es que no había tenido ocasión de ver una fosa en la que se están descubriendo cadáveres y ver los cuerpos y sus restos”. La declaración, de hace una semana, es de Baltasar Garzón después de asistir a una exhumación de cadáveres en Apartadó (Colombia). El titular del Juzgado central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional ha tenido, a sólo 200 kilómetros de su despacho, 110 fosas comunes que han sido exhumadas en los últimos siete años. Él no había asistido hasta ahora a ninguna de ellas.
Después de trabajar por la recuperación de la memoria histórica de Chile, Argentina, Colombia o Guatemala, Garzón atendió las ocho peticiones que le reclaman ayuda para reparar el dolor de las víctimas del franquismo en España. Está decidido a elaborar un censo de los desaparecidos desde el alzamiento hasta el final de la dictadura.
Para ello, ha solicitado toda la información que pueda estar archivada en algún cuarto oscuro de los ministerios de Defensa, Interior y Cultura. También los datos sobre muertos en los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid. Y, sobre todo, ha exigido colaboración a la Conferencia Episcopal Española. La Policía Judicial deberá poder acceder a los libros de difuntos de las casi 23.000 parroquias españolas. Uno de los libros relacionados con una de las fosas más grandes de presos republicanos se encuentra a pocos metros de la tumba de su verdugo. Los documentos de la basílica del Valle de los Caídos están entre los que Garzón exige investigar.
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional no es una respuesta espontánea. Durante años, varias asociaciones de víctimas del franquismo y afectados individuales se han dirigido a este juzgado para denunciar que en España hubo un genocidio. Un “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” –como lo define la Real Academia Española– que está todavía por investigar.
“Una verdad judicial”
Uno de los denunciantes es el abogado Fernando Magán, colaborador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Este letrado presentó una denuncia en la Audiencia el 14 de diciembre de 2006. Es el tribunal competente para investigar atentados contra los derechos humanos, según sentencia del Constitucional.
Ese mismo 14 de diciembre se debatió por primera vez en el Congreso de los Diputados la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre del año pasado. En opinión de Magán, Baltasar Garzón trata ahora de “llevar una realidad al nivel de verdad judicial investigada”.
Pese a las diligencias previas abiertas ayer por el juez, la Audiencia no ha dilucidado aún si existe un caso de genocidio que investigar. Primero debe dictaminar que las desapariciones registradas en España fueron forzosas y que obedecieron a un objetivo común político.
Se trata de unir a todas las víctimas de los fusilamientos en un mismo proceso. En otras ocasiones, las víctimas han acudido sin éxito a los juzgados correspondientes al lugar del suceso. Hasta ahora, los jueces han considerado que una desaparición individual de la que han pasado tres décadas está archivada.
No se buscan culpables
Magán asegura que el objetivo de sus denuncias no es buscar culpables, sino reparaciones para los familiares de los represaliados. “Los que pudieran aparecer ahora en una sentencia ya no tienen edad de cumplir pena”, añade el abogado.
Las diligencias abiertas afectarán a archivos históricos como el de Salamanca. Ahí espera encontrar fichas que certifiquen los miles de fusilamientos que sólo se conocen por testimonios orales y el paradero de los cuerpos. La mayoría de estos paseos fueron registrados en los 40, pero otros muchos se conocieron a raíz de las indemnizaciones a represaliados impulsadas por el gobierno de Felipe González.
"Muy bien"
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, aseguró que a la asociación a la que pertenece le parece "muy bien" la orden del juez Baltasar Garzón de elaborar un censo de todos los desaparecidos durante el franquismo.
"Llevamos 8 años realizando un trabajo que le corresponde a un Estado democrático", afirmó Macías, quien resaltó que, a diferencia de España, "hay países subdesarrollados que buscan a sus muertos y los devuelven a su familiares y en España, lógicamente, tiene que ser así".
Macías recordó que durante estos años de trabajo, la ARMH consiguió recuperar 1.200 cuerpos y devolverlos a sus familias. "A partir de ahora -concretó- no estaría mal que sea desde arriba desde donde se elabore tanto el censo de desaparecidos y represaliados como la ubicación de los lugares donde reposan".
El vicepresidente de la ARMH afirmó que, a partir de ahora, se abre "un frente diferente" e insistió en que la garantía de los Derechos Humanos "es una labor que no le corresponde a una asociación".
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La memoria está guardada en los libros parroquiales
D. B. - MADRID - 01/09/2008 23:47
El Valle de los Caídos es uno de los centros religiosos que visitarán los miembros de la Policía Judicial, que deberán investigar los documentos donde haya quedado certificado el nombre y apellidos de aquellos que fueron fusilados por pensar de forma diferente.
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, preguntó ayer la procedencia y el motivo por el que hay cerca de 30.000 enterrados en la basílica del antiguo valle de Cuelgamuros, en San Lorenzo de El Escorial. Si Franco levantase la cabeza le diría la respuesta a la pregunta que el magistrado lanzó ayer a la abadía benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: “Fue construido para perpetuar la memoria de los caídos de nuestra gloriosa Cruzada”. Así lo dejó escrito el dictador en el decreto fundacional del monumento firmado el 1 de abril de 1940.
Fosas sin frente de guerra“Muchos curas elaboraron documentos para registrar los nombres de los fallecidos”, aseguró José María Rojas, investigador de la represión franquista en la comarca de la Ribera de Duero. Las numerosas fosas abiertas en Castilla y León, donde apenas hubo frente de guerra, demuestran la necesidad de diferenciar entre los muertos de la Guerra Civil y los represaliados.
Garzón exige a la Conferencia Episcopal Española que comunique “a todas y cada una de las parroquias de España que deberán permitir el acceso de la Policía Judicial” a los libros de difuntos. En España existen 22.827 parroquias donde podrían estar registrados, gracias a la burocracia seguida por los párrocos de los años 40, los nombres de las personas que fueron secuestradas y fusiladas sin informar a sus familias.
La búsqueda de documentos también llevará a la Policía Judicial al Centro Nacional de la Memoria Histórica (archivo de Salamanca) –dependiente del Ministerio de Cultura– en busca de los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
Al Ministerio de Defensa le solicita que amplíe la documentación que le solicitó el pasado junio en la que el juez pedía información sobre el organismo que puede determinar el número de personas que desaparecieron en España a partir del 17 de julio de 1936. Un día antes del inicio de la gloriosa cruzada.
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Es el momento de la justicia, por Emilio Silva
EMILIO SILVA * - 01/09/2008 23:49
Durante casi ocho años decenas de voluntarios han asumido la responsabilidad de investigar, exhumar, identificar a cientos de hombres y mujeres que desaparecieron a causa de la dura represión franquista.
Sobre ellos ha recaído el peso de construir algo que se pueda parecer a la justicia para muchas familias que, tras la muerte de Franco, habían tenido que convivir con el miedo y el abandono al que los pactos de la Transición los condenaron por pensar que sus derechos eran un obstáculo para la democracia.
Con la emergencia de un movimiento social que reclama justicia histórica, algunas instituciones llevaron a cabo tímidas políticas de memoria. Mientras las asociaciones reclamaban responsabilidad al Estado, la conocida como Ley de Memoria Histórica ha continuado delegándola en colectivos de voluntarios.
La resolución dictada por el juez Baltasar Garzón, para hallar en diversas instituciones información acerca de los desaparecidos, es un punto de inflexión. Por primera vez tras la dictadura franquista, una institución del Estado como es la Audiencia Nacional lleva a cabo trámites para averiguar quiénes eran los hombres y las mujeres detenidos y desaparecidos tras el golpe militar de 1936
El juez Garzón inicia un proceso del que la providencia que acaba de dictar ha de ser un peldaño. Una vez que tenga conocimiento de la dimensión de los hechos (decenas de miles de desaparecidos) tendrá que ordenar nuevas diligencias que deberían pasar por tomar declaración a las víctimas, a los testigos y llevar a cabo exhumaciones e identificaciones con carácter judicial.
La búsqueda de documentación, la toma de declaración a las víctimas o exhumación de fosas comunes serían elementos que perfectamente podrían constituir una Comisión de la Verdad, como las que en otros países se han llevado a cabo por democracias que han sucedido a dictaduras.
Ojalá este proceso sirva para construir justicia para las personas que todavía viven y para las muchas que han muerto durante estos últimos años de democracia sin recibir la más mínima reparación por parte del Estado.
* Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
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Las fosas de la memoria
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La memoria podrida, por Ignacio Escolar
« Ya era hora
Desaparecidos. Fosas comunes. Torturas. Fusilados. Las palabras evocan el Chile de Pinochet, la Argentina de Videla. Duele reflejarse en ellas. Cuesta pensar en España como un país que esconde en las cunetas de sus carreteras los huesos de 30.000 desaparecidos, tal vez más.
La paja en el ojo ajeno. Desde que el Tribunal Constitucional determinó en el 2005 que los tribunales españoles pueden juzgar casos de genocidio y crímenes contra la humanidad, España se ha convertido en la corte internacional más diligente en la defensa de los derechos humanos. La Audiencia Nacional investiga los abusos de las tiranías en China, Guatemala, Ruanda, Argentina o Chile. Cuanto más lejos, más grande es el milagro. La Audiencia Nacional se atreve con todo, menos con los crímenes de los llamados “nacionales”. Asusta más un Franco muerto que un Pinochet vivo.
Un aplauso para Baltasar Garzón, pues ya era hora. Aunque el paso dado llegue tan tarde y sea aún tan escaso. De momento, el juez se limitará a elaborar el censo pendiente del genocidio, desde el golpe de estado hasta la muerte del dictador. Sólo será la dolorosa lista de crímenes, no el castigo para los criminales. Tantos años después, y ni siquiera hemos limpiado esa mínima mugre. Tantos años después, y ni siquiera sabemos los nombres de las víctimas, de los desaparecidos.
Algunos dirán que para qué remover el pasado. Por qué no pasar página. El drama es que no hablamos de pasado, sino de presente. Los muertos aún están ahí, en las cunetas. Sus familias aún están ahí, en los juzgados. Tras treinta años de amnesia democrática, tras tres décadas de su sacrosanta transición (sin pecado concebida), la memoria se pudre. Como se pudre la sociedad que permite que una viuda no pueda enterrar a su marido.
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