Garzón, el auxiliado.

Fuente: http://www.lne.es/default.jsp?pRef=2008092800_0_0


JAVIER MORÁN

Garzón, el auxiliado

Con gran tenacidad, el juez Baltasar Garzón ha vuelto a enviar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) la providencia en la que solicita los registros parroquiales con vistas a la elaboración de un censo de fallecidos durante la Guerra Civil. Es decir, el juez ha tenido que insistir de nuevo porque, ante la primera petición, la CEE contestó al magistrado que no había llamado a la puerta adecuada. Es ello cierto, aunque faltó por parte de las mitras un poquito de «laicidad positiva», o de simple comprensión. Peor aún: la devolución del papel en blanco a Garzón se interpretó como resistencia de los obispos a revelar la actuación de las diócesis españolas durante la represión de la postguerra. Tampoco era eso.

Es decir, Garzón pidió con todo candor que la CEE le resolviera parte de la investigación, pero la CEE no es nada, tan solo un instrumento de coordinación -y para asuntos muy definidos- entre las diócesis, cada una de las cuales es perfectamente soberana.

Al segundo intento, el juez de la Audiencia Nacional ya ha precisado un poco más, y con cierta humildad ha pedido que la CEE traslade a cada diócesis la petición, para que cada obispo indique a cada párroco que remita la información requerida. Es decir, la CEE le resolverá a Garzón, el auxiliado, un problema postal: el de tener que enviar, alternativamente, dicha providencia a cada una de las casi 23.000 parroquias españolas.

Yendo al fondo de la cuestión, pocas instituciones cumplen desde antiguo -particularmente desde Trento- tan a rajatabla aquel consejo aristotélicos de que el hombre ha de confeccionar listas de todo. La Iglesia posee sus listas mayores, las de santos y beatos, entre los que ya se cuentan unos cientos de los católicos fallecidos en aquellos años. Además, están las listas del común de los mortales, en cada parroquia, con los enterrados en suelo sagrado mediante cristiana sepultura.

Pero si lo que Garzón necesita esclarecer es el contenido de las fosas comunes, poco va a encontrar en los registros parroquiales. No obstante, la casuística es variadísima. En un boletín de la diócesis de Ávila, de noviembre de 1936 -recogido por el historiador Hilari Raguer en su obra «La pólvora y el incienso»-, se decía acerca de las víctimas que «hágase constar simplemente que "apareció su cadáver en el campo... y recibió sepultura eclesiástica", pero guárdense mucho los señores párrocos de sugerencia alguna que revele al autor o la causa de esa muerte trágica».

Y en la otra trinchera, la católica, existen también algunas fosas comunes no exhumadas, caso de las dos de Gijón que contienen los restos de los ejecutados el 14 de agosto de 1936, procedentes de la iglesia de San José.

Habría incluso un tercer campo intermedio, cuyos datos también aporta Raguer en el libro citado. Mateo Mújica Urrestarazu, obispo de Vitoria -uno de los cinco que no firmó la carta colectiva del episcopado español de julio de 1937, la de la «Cruzada»-, explico en junio de 1937 a la Santa Sede su negativa a rubricar el citado documento. «Según el episcopado español, en la España de Franco, la justicia es bien administrada y esto no es verdad. Yo tengo nutridísmas listas de cristianos fervorosos y de sacerdotes ejemplares asesinados impunemente, sin juicio y sin ninguna formalidad jurídica».

Por tanto, el esclarecimiento que persigue el juez Garzón -que nos parece razonable, pues responde a demandas previas y a un respetabilísimo deseo de familiares por hallar a sus seres queridos- requerirá de sutiles investigaciones que aquí juzgamos inabarcables e impracticables por la Audiencia Nacional. Gran parte de las labores de la denominada memoria histórica habría de ser tarea de los historiadores.

(Otro juez atrajo la atención semanal: el malagueño Carlos Dívar, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Miembro de la Adoración Nocturna y de otras entidades católicas, hay quien ha visto en su elección vientos de teocracia, pero el argumento ha quedado desmantelado por la trayectoria impecable del propio juez y por el curioso hecho de que Zapatero lo señalara. No obstante, dicen que el Presidente quiere colocar, para compensar, una fiera al frente del Tribunal Constitucional).
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