Investigadores gallegos enviarán al juez Garzón sus indagaciones sobre la represión franquista.

Fuente: La Voz de Galicia.

Investigadores gallegos enviarán al juez Garzón sus indagaciones sobre la represión franquista
Un equipo de búsqueda de víctimas ofreció su colaboración al magistrado
Autor: Alberto Ramos

El equipo del proyecto de investigación As vítimas, os nomes, as voces, os lugares, que centra sus pesquisas en la represión franquista entre 1936 y 1939, enviará toda la documentación de la que dispone de forma inmediata al juez Baltasar Garzón para colaborar en su iniciativa de indagar en los casos de desaparecidos durante la época de la dictadura. El equipo que lleva a cabo este trabajo, en el que se está recogiendo información sobre las víctimas, los desaparecidos y los escenarios de la represión franquista durante la Guerra Civil, envió una carta el pasado 3 de julio al magistrado para informar de la naturaleza de sus indagaciones. En esta misiva se le trasladaba a Garzón la voluntad de colaboración y ponían a su disposición toda la documentación con la que cuentan, que ahora le será enviada de forma inmediata.
El director de este proyecto, el catedrático de Historia Contemporánea, Lorenzo Fernández Prieto, destacó ayer durante una rueda de prensa «que a relevancia neste preciso momento está en que os xuíces van falar, despois de que falara a sociedade e falaran os investigadores». Fernández Prieto recalcó que «os investigadores levan anos pescudando» sobre la represión y que «o pasado debe ser pechado con moito respecto e sen prexulgar. Reconstruímos os feitos con moito respecto para converter o pasado en Historia».
Este proyecto, que desarrollan en un esfuerzo conjunto las tres universidades gallegas y la Consellería de Cultura, tiene como objetivo fijar cuáles fueron los lugares de la represión durante los tres años de la contienda civil. Hasta el momento, se han contabilizado ya 305 espacios que fueron escenario de fusilamientos, así como cárceles, edificios en los que se practicó la tortura y lugares de enterramiento. Este trabajo cuenta con una relación de 26 fosas, así como también las localizaciones de once puntos de la costa en los que se arrojaron cadáveres de represaliados al mar.
La conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, acompañó a Fernández Prieto y afirmó ante la prensa que este organismo está «poñéndose en contacto con diversos departamentos autonómicos e universitarios, como o Instituto de Medicina Legal, para solicitar a súa colaboración neste traballo de investigación, que rematará cando teñamos un coñecemento exhaustivo».
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El Gobierno y el PSOE defienden al magistrado porque su iniciativa busca «cerrar heridas» del pasado
Ramón Gorriarán

Gobierno y PSOE salieron ayer en defensa del juez Baltasar Garzón ante las críticas del PP y de sectores de la judicatura por su solicitud de información a distintos estamentos sobre los fusilamientos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El ministro del Interior sostuvo que el juez no trata de reabrir heridas con su investigación, como dijo Rajoy, «sino, por el contrario, de cerrarlas».
Alfredo Pérez Rubalcaba consideró que el paso dado por Garzón es «bastante sensato» y mostró su perplejidad por el hecho de que pueda «molestar» a alguien que se intente esclarecer lo que pasó con las víctimas republicanas en la Guerra Civil y con los represaliados por la dictadura. «No entiendo -dijo el ministro- que tantos años después nos preocupe que una persona busque a su padre o a su madre para enterrarlo».
El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, tachó de «absolutamente injustas y desmedidas» las críticas vertidas hacia el juez, cuando el único objetivo de su investigación es satisfacer la demanda de muchas asociaciones y familiares que solo quieren determinar «dónde están enterrados» sus deudos, sin reclamar «ninguna otra contraprestación». También se mostró disconforme con las descalificaciones al magistrado el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, quien lamentó que hayan sido «tan virulentas y brutales» cuando su finalidad es determinar si es competente para abrir una investigación judicial.

Las palabras más duras
El PP, una vez que Rajoy sentó la postura del partido sobre este asunto, no se desvió de ese registro, y evitó alimentar nuevas polémicas. En ese sentido, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pidió «hablar de futuro», fijar la vista en «el horizonte» y dar «soluciones» a los problemas de hoy de los ciudadanos. Las palabras más duras vinieron del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero, que consideró que el comportamiento del magistrado «no es serio», porque pretende abrir una investigación monumental sobre el franquismo y la Guerra Civil mientras tiene asuntos paralizados en su juzgado desde hace dos años.
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Baltasar Garzón, en serio
Fernando Ónega
Vaya por delante una convicción: el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es un juez serio. Audaz, pero serio. Se podrá equivocar, como todos. A veces produce la impresión de buscar el estrellato o tener manías de grandeza, pero ese posible defecto humano es compensado por su instinto natural de buscar la justicia allí donde ningún otro juez ha podido o querido llegar. Por eso, su iniciativa de construir un censo definitivo de las víctimas del franquismo ha sido recibida con tal disparidad de criterios.
Para unos, se trata del afán incontrolado de pasar a la historia como el hombre que «ajustició» a la última dictadura española; para otros, es el héroe que suple las carencias de la clase política para devolver la honra a fusilados por el régimen o asesinados por vecinos en el clima de odio creado por la guerra civil y los posteriores ajustes de cuentas. Un tercer grupo de opiniones, más técnicas, creen que el proyecto de Garzón será inútil: no hay medios para hacer un censo creíble de víctimas; no hay base documental para considerarlo definitivo; no hay razones para justificar la intervención de un juzgado; no se pueden juzgar unas muertes que, si han sido delitos comunes, han prescrito, y, si han sido delitos políticos, han sido perdonados por la Ley de Amnistía de la transición.
Estas discrepancias de criterios no están solo en los medios de comunicación, sino que proceden de otros jueces. Y, naturalmente, producen el mismo oleaje que antes produjo la discusión de la ley de la memoria histórica: es peligroso hurgar en las heridas de una guerra y una dictadura, y es letal ponerse a remover los huesos de una confrontación civil. Produce pánico comprobar cómo se están deshaciendo algunos de los pilares en que se ha sustentado la reconciliación nacional y el triunfo de la tolerancia y la libertad.
Lejos de la nostalgia o la revancha, creo que es preciso reconocer que este país tiene un problema que no se puede eternizar: hay miles de ciudadanos españoles que tienen indiscutible derecho a recuperar y honrar los restos de sus familiares. Todo el conjunto de la sociedad tiene también derecho a conocer la realidad de lo ocurrido. Es increíble que 70 años después sigamos teniendo la duda histórica de cuántas han sido las víctimas y dónde están sepultadas. Todo cuanto se haga en ese sentido será un loable empeño por cerrar ese capítulo negro de nuestra convivencia. La cuestión es: ¿debe hacerlo un juez? Con los debidos respetos a Garzón, creo que no. Ver que un juez busca rastros de delitos comunes prescritos o delitos políticos amnistiados, provoca el temor de que se abra una causa general o un proceso por genocidio. Demasiado riesgo para este país.
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Desenterrador
Lois Blanco Lois Blanco
Con el final de agosto, los escritores de éxito sacan sus nuevos títulos; los cantantes, sus discos; en Venecia se adelantan los estrenos de la cartelera, y la estrella mediática de la toga española vuelve a colocarse bajo los focos, esta vez con un remake de la Guerra Civil, monotema también de la literatura española y gallega más renqueante.
Todavía era Almunia secretario general del PSOE cuando Garzón, que había dejado el Gobierno de González para regresar al ejercicio de la política desde la Audiencia Nacional, comenzó a perseguir por el orbe al dictador Pinochet. El general tiene las manos manchadas, pero siempre fue un sarcasmo que un español fuera quien se erigirse en el regente de la lavandería de las conciencias de los chilenos. Si aquí se apareciese un juez italiano para procesar a Carrillo por Paracuellos o un ruso con causas penales contra la ristra de generales y descendientes que encumbraron a Franco, les exigiríamos que nos dejasen a nosotros lavar nuestra ropa sucia, que ellos bastante tienen con hacer su colada.
A Pinochet, le siguieron los generales de la dictadura argentina y casos a cada cual más mediático con los que el juez ha ido construyendo una biografía con la que presentar candidatura al Premio Nobel de la Paz. Garzón no tiene atribuciones, según el fiscal y la judicatura de derechas y de izquierdas, pero eso no le importa al magistrado a pesar de que su trabajo consiste, otro sarcasmo, en velar por la legalidad. El Estado español tiene una deuda pendiente con los ciudadanos que no saben en qué colina o en qué cuneta sepultaron los cuerpos de sus familiares asesinados hace setenta años. Mantenerlos enterrados nunca ha sido el remedio, pero que Garzón se convierta en el desenterrador oficial del Reino no parece el camino para resarcir a miles de personas de los dos bandos, sino otra novedad de la cartelera tras el verano; otra entrega de la saga Cazafantasmas.
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