Fuente: http://diagonalperiodico.net/?id_mot=110
La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado
Pablo Elorduy, Madrid
A instancias de varios grupos para la memoria, el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional ha solicitado la apertura de algunos archivos “intocables”.
Ante el anuncio de la Audiencia Nacional, las organizaciones por la memoria histórica piden que el proceso puesto en marcha por el juez Baltasar Garzón no se quede en un mero recuento de víctimas y reclaman que se establezcan responsabilidades. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha declarado a DIAGONAL que la iniciativa del juzgado de la Audiencia “es una oportunidad de construir justicia”. Para asociaciones y foros, la clave es que los crímenes franquistas sean considerados de lesa humanidad, ya que, según la legislación penal internacional, esta clase de crímenes no prescriben.
José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, explica a este periódico que “si Garzón va por el camino de investigar los crímenes de principio a fin, identificar a los culpables, y si esos culpables están vivos y, tengan los años que tengan, los procesa, estará haciendo lo que debe de hacer. Su obligación es reconstruir exactamente lo que pasó. Si no hace eso, será un paso más en esta batalla de la memoria histórica, pero no será el final de la batalla”. El politólogo y sociólogo Vicenç Navarro ha manifestado a DIAGONAL que hasta que no se “condene sin ningún tipo de reservas” el golpe militar del ‘36 y la dictadura, la democracia española adolecerá de “escasa calidad, como estamos viendo en el sistema democrático actual que contiene elementos heredados del régimen anterior que obstaculizan el pleno desarrollo de la democracia en nuestro país”.
Navarro entiende que Garzón ha podido atender a la “gran presión internacional para que se corrija la excepcionalidad española en cuanto al silencio de lo ocurrido en este país y la enorme injusticia que se hizo con aquellos que padecieron enormemente en la defensa del sistema democrático republicano”.
La mayoría de foros advierten que hay que tomar con cautela el anuncio del juzgado y se quejan del “circo mediático” creado. De momento, el juez se ha dado un mes de plazo para establecer si existen indicios de criminalidad para la apertura de causas penales.
Terrorismo de Estado
Pedreño considera que no se conocen las intenciones de Garzón : “No sabemos si quiere hacer un simple listado de desaparecidos, si quiere buscarlos o si lo que pretende es abrir una causa por delitos contra la humanidad”. Insiste en que no hay que “adelantar acontecimientos”. Estima que el volumen del caso requeriría que se creara un juzgado y una fiscalía específicas : “Hablamos de un caso de terrorismo de Estado que alcanzó a cientos de miles de personas”. Pedreño teme que “en un par de meses se dé carpetazo al asunto”, aunque valora que la iniciativa ya haya conseguido denunciar que no se ha dado respuesta alguna a las violaciones de derechos humanos del Franquismo.
En declaraciones a este periódica, Amparo Salvador, del Fòrum Per la Memòria del País Valencià, recalcó que la denuncia fue impulsada por diversas asociaciones y particulares que han aportado su documentación al juzgado. Se trata de grupos como la Associació per la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, el propio Fòrum del País Valencià, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón o la Confederación General de Trabajadores (CGT). Las asociaciones han señalado aquellos archivos a los que no han tenido acceso. Uno de ellos es la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde se espera que aparezcan datos de los aproximadamente 30.000 desaparecidos durante la construcción del mausoleo.
La providencia de Garzón se centra en las diligencias previas para la obtención de información. Amparo Salvador pone en duda la efectividad de algunas de estas peticiones : “Puede darse el caso de que gente que quiera colaborar no tenga muchos datos, porque estos hayan sido destruidos, y de entidades que tienen datos, pero que no quieran aportarlos”. En este segundo grupo se encuentra la Conferencia Episcopal que se ha declarado “incompetente” y ha instado al juzgado a que se entienda, una por una, con las 23.000 parroquias del Estado. Según el investigador Francisco Espinosa, fue la Ley de Patrimonio Documental de 1985, sacada adelante por el PSOE, la que permitió “que fuera el archivero quien decidiera en última instancia si la documentación podía consultarse o no”.
Una selva en los archivos
El presidente de la Federación de Foros por la Memoria apunta que Garzón debe solicitar datos a los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia : “a pesar de que se destruyó mucho durante la época de Suárez, por orden de Martín Villa”. Pedreño entiende que el juez también debería dirigirse a la Fundación Francisco Franco y pedir sus archivos a empresas “como Dragados y otras que hoy están en el Ibex 35”, que se beneficiaron de la mano de obra esclava de los llamados batallones de trabajadores penados : “aunque eso le supondría enfrentarse con los poderes fácticos de este país”.
De momento, el juzgado cuenta con los documentos aportados por los denunciantes, obtenidos principalmente a partir de testimonios orales. Se calcula que desde Andalucía se van aportar datos de más de 22.000 víctimas, en Valencia se han documentado 27.000 casos y en Extremadura 9.000. En otros puntos del Estado, sin embargo, las investigaciones acaban de comenzar o no hay datos. Se pretende que el proceso consiga que los archivos se unifiquen. Emilio Silva vaticina que las investigaciones pueden sacar a la luz un “número sorprendente” de casos. La impresión general es que la cifra propuesta por los hispanistas extranjeros de 300.000 víctimas republicanas, será revisada al alza si la investigación sigue su curso.
Noticia de los crímenes
Pedreño explica que tienen pensado aportar al juez los expedientes judiciales abiertos allí donde han exhumado fosas : “Para que vea lo que han contestado los distintos jueces, que se han eximido y se han lavado las manos. Por si hay que expedientar a alguno de ellos”. Los movimientos subrayan que los gobiernos democráticos se han desentendido de las localizaciones y exhumaciones y que éstas se han llevado a cabo gracias al voluntariado. Asimismo, consideran que será difícil documentar los secuestros, violaciones, torturas, expropiaciones forzosas y las desapariciones llevadas a cabo en la retaguardia franquista y durante la posguerra. Salvador recuerda que es necesario considerar víctimas a “la gente que contrajo enfermedades por el hambre, porque se llevaron a un familiar, porque le robaron su casa y no se la devolvieron... Son víctimas todas las personas que murieron como consecuencia de las miserables condiciones de vida que el Franquismo les impuso y que luego fueron tirados a fosas comunes como perros. ¿No es víctima una persona que muere de hambre cuando tiene 11 o 12 años, 80 o 40 ? ¿O quienes murieron por no recibir asistencia sanitaria de enfermedades que eran perfectamente curables ?”. Los movimientos esperan que sea un paso más para que se anulen las sentencias dictadas por los tribunales franquistas y se conozcan los nombres y el alcance de la represión, con el fin de emitir un mensaje para el futuro. En opinión de Salvador, el precio del exterminio no puede ser que los responsables fueran promocionados o premiados : “Si la ley persigue a los que matan, a los que violan, a los que torturan, a los que trafican con n
La lucha contra la impunidad, más cerca del juzgado
Pablo Elorduy, Madrid
A instancias de varios grupos para la memoria, el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional ha solicitado la apertura de algunos archivos “intocables”.
Ante el anuncio de la Audiencia Nacional, las organizaciones por la memoria histórica piden que el proceso puesto en marcha por el juez Baltasar Garzón no se quede en un mero recuento de víctimas y reclaman que se establezcan responsabilidades. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha declarado a DIAGONAL que la iniciativa del juzgado de la Audiencia “es una oportunidad de construir justicia”. Para asociaciones y foros, la clave es que los crímenes franquistas sean considerados de lesa humanidad, ya que, según la legislación penal internacional, esta clase de crímenes no prescriben.
José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, explica a este periódico que “si Garzón va por el camino de investigar los crímenes de principio a fin, identificar a los culpables, y si esos culpables están vivos y, tengan los años que tengan, los procesa, estará haciendo lo que debe de hacer. Su obligación es reconstruir exactamente lo que pasó. Si no hace eso, será un paso más en esta batalla de la memoria histórica, pero no será el final de la batalla”. El politólogo y sociólogo Vicenç Navarro ha manifestado a DIAGONAL que hasta que no se “condene sin ningún tipo de reservas” el golpe militar del ‘36 y la dictadura, la democracia española adolecerá de “escasa calidad, como estamos viendo en el sistema democrático actual que contiene elementos heredados del régimen anterior que obstaculizan el pleno desarrollo de la democracia en nuestro país”.
Navarro entiende que Garzón ha podido atender a la “gran presión internacional para que se corrija la excepcionalidad española en cuanto al silencio de lo ocurrido en este país y la enorme injusticia que se hizo con aquellos que padecieron enormemente en la defensa del sistema democrático republicano”.
La mayoría de foros advierten que hay que tomar con cautela el anuncio del juzgado y se quejan del “circo mediático” creado. De momento, el juez se ha dado un mes de plazo para establecer si existen indicios de criminalidad para la apertura de causas penales.
Terrorismo de Estado
Pedreño considera que no se conocen las intenciones de Garzón : “No sabemos si quiere hacer un simple listado de desaparecidos, si quiere buscarlos o si lo que pretende es abrir una causa por delitos contra la humanidad”. Insiste en que no hay que “adelantar acontecimientos”. Estima que el volumen del caso requeriría que se creara un juzgado y una fiscalía específicas : “Hablamos de un caso de terrorismo de Estado que alcanzó a cientos de miles de personas”. Pedreño teme que “en un par de meses se dé carpetazo al asunto”, aunque valora que la iniciativa ya haya conseguido denunciar que no se ha dado respuesta alguna a las violaciones de derechos humanos del Franquismo.
En declaraciones a este periódica, Amparo Salvador, del Fòrum Per la Memòria del País Valencià, recalcó que la denuncia fue impulsada por diversas asociaciones y particulares que han aportado su documentación al juzgado. Se trata de grupos como la Associació per la recuperació de la Memòria Històrica de Catalunya, el propio Fòrum del País Valencià, la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Aragón o la Confederación General de Trabajadores (CGT). Las asociaciones han señalado aquellos archivos a los que no han tenido acceso. Uno de ellos es la abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde se espera que aparezcan datos de los aproximadamente 30.000 desaparecidos durante la construcción del mausoleo.
La providencia de Garzón se centra en las diligencias previas para la obtención de información. Amparo Salvador pone en duda la efectividad de algunas de estas peticiones : “Puede darse el caso de que gente que quiera colaborar no tenga muchos datos, porque estos hayan sido destruidos, y de entidades que tienen datos, pero que no quieran aportarlos”. En este segundo grupo se encuentra la Conferencia Episcopal que se ha declarado “incompetente” y ha instado al juzgado a que se entienda, una por una, con las 23.000 parroquias del Estado. Según el investigador Francisco Espinosa, fue la Ley de Patrimonio Documental de 1985, sacada adelante por el PSOE, la que permitió “que fuera el archivero quien decidiera en última instancia si la documentación podía consultarse o no”.
Una selva en los archivos
El presidente de la Federación de Foros por la Memoria apunta que Garzón debe solicitar datos a los Ministerios de Defensa, Interior y Justicia : “a pesar de que se destruyó mucho durante la época de Suárez, por orden de Martín Villa”. Pedreño entiende que el juez también debería dirigirse a la Fundación Francisco Franco y pedir sus archivos a empresas “como Dragados y otras que hoy están en el Ibex 35”, que se beneficiaron de la mano de obra esclava de los llamados batallones de trabajadores penados : “aunque eso le supondría enfrentarse con los poderes fácticos de este país”.
De momento, el juzgado cuenta con los documentos aportados por los denunciantes, obtenidos principalmente a partir de testimonios orales. Se calcula que desde Andalucía se van aportar datos de más de 22.000 víctimas, en Valencia se han documentado 27.000 casos y en Extremadura 9.000. En otros puntos del Estado, sin embargo, las investigaciones acaban de comenzar o no hay datos. Se pretende que el proceso consiga que los archivos se unifiquen. Emilio Silva vaticina que las investigaciones pueden sacar a la luz un “número sorprendente” de casos. La impresión general es que la cifra propuesta por los hispanistas extranjeros de 300.000 víctimas republicanas, será revisada al alza si la investigación sigue su curso.
Noticia de los crímenes
Pedreño explica que tienen pensado aportar al juez los expedientes judiciales abiertos allí donde han exhumado fosas : “Para que vea lo que han contestado los distintos jueces, que se han eximido y se han lavado las manos. Por si hay que expedientar a alguno de ellos”. Los movimientos subrayan que los gobiernos democráticos se han desentendido de las localizaciones y exhumaciones y que éstas se han llevado a cabo gracias al voluntariado. Asimismo, consideran que será difícil documentar los secuestros, violaciones, torturas, expropiaciones forzosas y las desapariciones llevadas a cabo en la retaguardia franquista y durante la posguerra. Salvador recuerda que es necesario considerar víctimas a “la gente que contrajo enfermedades por el hambre, porque se llevaron a un familiar, porque le robaron su casa y no se la devolvieron... Son víctimas todas las personas que murieron como consecuencia de las miserables condiciones de vida que el Franquismo les impuso y que luego fueron tirados a fosas comunes como perros. ¿No es víctima una persona que muere de hambre cuando tiene 11 o 12 años, 80 o 40 ? ¿O quienes murieron por no recibir asistencia sanitaria de enfermedades que eran perfectamente curables ?”. Los movimientos esperan que sea un paso más para que se anulen las sentencias dictadas por los tribunales franquistas y se conozcan los nombres y el alcance de la represión, con el fin de emitir un mensaje para el futuro. En opinión de Salvador, el precio del exterminio no puede ser que los responsables fueran promocionados o premiados : “Si la ley persigue a los que matan, a los que violan, a los que torturan, a los que trafican con n
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