PSOE y PNV salen en apoyo de Garzón por su iniciativa

Fuente: El Periódico.

Fosa común en Manresa, donde se enterró a varios republicanos. Foto: ARCHIVO / MARC VILA

PSOE y PNV salen en apoyo de Garzón por su iniciativa

EL PERIÓDICOMADRID
El PSOE y el PNV prestaron ayer apoyo al juez Baltasar Garzón tras el seísmo judicial y político causado por su iniciativa de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, en una jornada en la que siguió el goteo de declaraciones a favor y en contra del magistrado.Antonio Hernando, secretario general de política municipal del PSOE, calificó de "injustas y desmedidas" las críticas lanzadas contra el magistrado por Mariano Rajoy y su partido en el sentido de que se pretende reabrir heridas. "No sé dónde llegará el proceso; lo que sí comprendo es a las familias, que quieren saber dónde están sus seres queridos, sin contraprestación", afirmó.Emilio Olabarria, portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, criticó las voces que, "de manera brutal", atacan a Garzón y a una investigación previa de "algo que sí podría ser calificado como delito imprescriptible contra la humanidad".
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3/9/2008 10:21 Las reacciones
La causa de Garzón sobre la guerra civil enfrenta a políticos y a jueces

• Zapatero afirma que respeta la iniciativa y Rajoy vuelve a oponerse a reabrir "heridas del pasado"
• Asociaciones de magistrados y de militares opinan que el caso no compete a los tribunales

MANEL MANCHÓNMADRID
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo causó ayer un alud de reacciones encontradas en el ámbito político y en el judicial.Si bien el Gobierno se mantuvo a la expectativa, respetando la decisión, como afirmó José Luis Rodríguez Zapatero, el PP mostró su rechazo con contundencia. Mariano Rajoy se mostró partidario de "no reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga". El líder popular no quiso entrar en el detalle de la pretensión de Garzón ni en sus motivos y añadió que su decisión "no conduce a nada". La Generalitat apoyó la "muy positiva iniciativa", porque permitirá trabajar "en la misma dirección" a la justicia y al Govern. Las asociaciones judiciales y de militares, en cambio, cuestionaron que la investigación deba ser llevada a cabo por los tribunales.DEMANDAFue Zapatero quien quiso proporcionar contexto a la decisión de Garzón al recordar que trata de responder a una demanda de ciudadanos que acudieron a la justicia. Varios colectivos piden la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, asesinatos o torturas que se cometieron a partir de 1936. Y Garzón ha respondido con una providencia en la que pide a instituciones como la Abadía del Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de cuatro municipios que ofrezcan relaciones y datos de los desaparecidos.Rajoy fue preguntado ayer en dos ocasiones sobre la decisión del magistrado. Y cuando se le sugirió que el juez responde a una petición ciudadana, el líder popular se limitó a responder del mismo modo, incidiendo en que no es necesario "reabrir heridas". Más contundente se mostró el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja al calificar la providencia de "disparate" y "un enorme error", vinculándola a la ley de memoria histórica aprobada en la anterior legislatura. Pero la petición de Garzón afecta también a diversos alcaldes, de distinto color. El de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se mostró raudo al asegurar que su consistorio "acatará siempre cualquier decisión judicial".LA UPN, A FAVOREn Navarra también se pronunció Alberto Catalán, el secretario general de UPN, el partido con el que se identifica el PP en esa comunidad foral. Catalán precisó que la decisión de Garzón no debería constituir ningún problema. "Todos debemos entender que los ciudadanos de este país quieran saber donde están los restos mortales de sus antepasados y que no debiera plantearse ningún problema", aseguró. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, precisó que su ministerio "cumplirá fielmente" con las peticiones judiciales a Interior.En el flanco judicial la cuestión se planteó de forma más fría y con diversas dudas. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, afirmó que el órgano judicial mantiene "el respeto y el interés" de una decisión que le es ajena y que compete a un juez de instrucción. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) consideró que es difícil que prospere la iniciativa de Garzón y que esta pueda concluir en una acusación por delito. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, entiende que las investigaciones penales no están previstas para poder abrir causas generales. En esa línea se pronunció también la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que no ve necesario abrir una vía penal, cuando "podría hacerse desde el ámbito político".Las asociaciones de militares AME y AUME defendieron igualmente que no sea "perseguido" nadie por lo ocurrido en la guerra y la dictadura.
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3/9/2008 La investigación judicial
El magistrado acucia ahora a los familiares de los desaparecidos


• Garzón solicita más información a las asociaciones para ratificar su iniciativa
• El fiscal recuerda que el delito de genocidio no estaba tipificado durante el franquismo

MARGARITA BATALLASMADRID
El juez Baltasar Garzón quiere decidir cuanto antes si es competente para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Por ello, pidió ayer a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que le faciliten, en un plazo de 15 días, relaciones de personas desaparecidas y la posible ubicación de sus restos.Esta petición se suma a la emitida el lunes por el magistrado. Garzón resolvió reclamar a la Iglesia, a cuatro ayuntamientos, a Defensa, a la Abadía del Valle de los Caídos, a la Dirección de Registros y Notariado, y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le facilitaran una relación del número de desaparecidos "a partir del 17 de julio de 1936, como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional".EL OBJETOEsta decisión responde a la petición planteada por varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que quieren exhumar fosas comunes para enterrar luego a sus familiares. Por ello, el juez les instó a comunicarle dichas exhumaciones para que puedan ser "controladas judicialmente".Garzón se pronunciará sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo a finales de este mes. En el caso, casi probable, de que asuma la investigación, esta daría respuesta al paradero de casi 30.000 perdedores de la contienda. Además, se podría abrir la vía para que los herederos de los desaparecidos puedan recuperar los bienes que les fueron incautados durante la dictadura.La fiscalía se opone frontalmente a esta investigación. En un escrito presentado el pasado mes de enero, el ministerio público instó el archivo de las denuncias. El fiscal explicaba que los delitos denunciados no pueden encuadrarse en genocidio, porque este delito no estaba tipificado como tal cuando se cometieron los hechos.LAS TRABASPor ello, sostenía que se debía aplicar a los hechos denunciados la categoría de delitos comunes como asesinato, lesiones o detención ilegal. Y que estos delitos han prescrito, ya que fueron amnistiados en 1977. En cualquier caso, la fiscalía es partidaria de que, en el caso de que se investiguen, la competencia corresponde a los juzgados donde se cometieron los hechos.Fuentes jurídicas han admitido la dificultad para armar jurídicamente esta investigación por la complejidad del caso. Son hechos cometidos hace 70 años y la mayoría de los autores han fallecido. A pesar de ello, Garzón ha mantenido abierta la investigación desde el 2006.

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3/9/2008 El debate de la memoria histórica
La Iglesia dice que no dispone de las causas de las muertes

ANTONIO M. YAGÜEMADRID
La Iglesia católica, una vez más, trata de lavarse las manos ante el requerimiento de Garzón para que facilite el acceso a los archivos de las 22.827 parroquias donde pueden estar recogidos los nombres de personas secuestradas y fusiladas al acabar la guerra sin informar a sus familias. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraron que no se ha recibido la petición y consideraron que la notificación debería remitirse directamente a los arzobispados, competentes en esta materia, ya que la CEE es un órgano colegiado. No obstante, la providencia judicial podría ser objeto de análisis en la próxima reunión del comité ejecutivo, prevista para el 11 de septiembre.Medios eclesiásticos apuntaron que en los libros de difuntos, secretos e inviolables, no constan las desapariciones ni las causas de la muerte de las personas. Este dato, o al menos la fecha, sí puede figurar en registros civiles.VALLE DE LOS CAÍDOSAnselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, aseguró que allí existe un registro de 34.000 fallecidos, pero matizó que todos "de uno y otro bando" perecieron "durante la guerra y en acción de guerra". Álvarez dudó de que sea de utilidad para Garzón, cuya solicitud no ha recibido. Dos familiares de muertos en ese periodo denunciaron ayer que sus antepasados fueron llevados al Valle en 1959 desde fosas comunes y figuran en columbarios sin nombre.
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EDITORIAL: 'Garzón y las fosas'

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, de recabar información de la Iglesia y de varias administraciones para elaborar un censo de fusilados y desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista cuyos restos fueron a parar a fosas comunes, debe servir, al menos, para obligar a las administraciones a cumplir la ley de la memoria. Esta ley, aprobada en diciembre del 2007, daba un mandato a las distintas administraciones (locales, autonómicas y del Estado) para que elaboraran y pusieran a disposición de las familias de fusilados y desaparecidos mapas en los que consten las fosas comunes que se conocen o cuya existencia se sospecha. Pero solo Andalucía y Catalunya han hecho los deberes.El juez ha pedido estos datos antes de decidir si admite a trámite las denuncias presentadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, algún sindicato y varios particulares, para que investigue lo sucedido desde el 17 de julio de 1936. Pero parece difícil que el juez pueda actuar penalmente contra los responsables de crímenes en el caso de que alguno siga vivo, según opinan expertos juristas. Por un lado, está la ley de amnistía de 1977, y, por otro, la difícil aplicación retroactiva de la tipificación del delito de genocidio, incorporado al Código español en 1995. Aunque el genocidio no prescribe, los expertos no se ponen de acuerdo en si esto es así únicamente para los delitos cometidos a partir de 1995.Lo que es indiscutible es el derecho de los deudos a conocer el destino de los restos de sus familiares, y la obligación del Estado de correr con los gastos. Aunque la causa penal no prospere, Gar- zón ha removido las aguas.