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De la Vega anuncia un mapa de fosas comunes y el procedimiento para las exhumaciones
Izquierda Unida exige al Gobierno que «no se olvide» de la memoria histórica y que colabore activamente con la investigación judicial.
Madrid La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró en el Congreso que el Gobierno tiene «casi ultimadas» ocho normas para la aplicación y desarrollo de «aspectos importantes» de la ley de memoria histórica, entre ellas, el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes del franquismo. De la Vega respondía así al líder de IU, Gaspar Llamazares, con quien el PSOE pactó la ley hace un año, que exige al Ejecutivo que no se «olvide» de la norma y colabore con la investigación puesta en marcha por el juez Baltasar Garzón.
De la Vega anunció que hay hasta ocho normas «casi ultimadas» para la aplicación de «aspectos importantes» de la ley de memoria histórica, pero no detalló cuándo se aprobarán. Sin embargo, para demostrar que el Gobierno no se ha olvidado de esta cuestión, explicó que entre las que están casi concluidas destacan la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el franquismo.
La vicepresidenta también habló del procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes en el franquismo, y de la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la guerra civil y del anterior régimen, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia. En el mismo paquete incluyó la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil. Además, reiteró que el Gobierno «presta» su colaboración para atender las demandas que plantean las víctimas del franquismo y sus familiares. Destacó que ya se han subvencionado 63 proyectos de identificación y exhumación, y se han aplicado otras prestaciones reconocidas en la norma, como la mejora de las pensiones de orfandad y las concedidas a los presos políticos. También dejó claro que el Ejecutivo está respondiendo a los requerimientos del juez Garzón, porque todas las administraciones tienen «la obligación» de colaborar con las familias que «quieren cerrar sus heridas». Tras subrayar que ésta es una «cuestión muy dolorosa y sensible» para todos, especialmente para los familiares, y que genera distintas opiniones, todas merecedoras de «igual respeto», De la Vega afirmó que las víctimas tienen «derecho a reponer su memoria individual y colectiva» y a hacerlo «con dignidad y honor».
Con todos estos argumentos la vicepresidenta daba respuesta a IU, con quien pactó la ley de memoria hace casi un año. Llamazares recalcó que el Ejecutivo tiene «la obligación legal» de colaborar con las familias, y le instó a explicar qué va a hacer para colaborar en la identificación de los desaparecidos. Además, afeó a De la Vega la tardanza del Gobierno en el desarrollo de esa norma, y expresó su temor de que «se olvide de la memoria» y no responda a las treinta preguntas que sobre esta cuestión tiene registradas en el Congreso. «Cumplan con la ley y la dignidad de las familias», exigió.
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