La Asociación de Arucas (Gran Canaria) considera "ilógica" la postura de quienes rechazan una investigación.

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La Asociación de Arucas (Gran Canaria) considera "ilógica" la postura de quienes rechazan una investigación

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, en Gran Canaria, que representa a todas las asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la Audiencia Nacional, ha considerado hoy casi "ilógicas" la postura que las personas que rechazan la investigación del Juez Baltasar Garzón sobre los hechos y desapariciones durante la Guerra Civil y los primeros años de dictadura, según manifestó a Europa Press la vicepresidenta de la asociación, Balbina Sosa.

Sobre los comentarios que indican que esta situación servirá para "cerrar heridas", Sosa manifestó que "es la lógica", puesto que los familiares aún siguen buscando los restos y el lugar donde se encuentran las personas que desaparecieron. "Si otros piensan que estamos abriendo heridas será que ellos no tienen, pero la nuestra no está cerrada. La nuestra se cerrará cuando se haga una buena limpieza en esas heridas y se ponga todo en su sitio".

En este sentido, indicó que las personas que afirman que no debería investigarse el paradero los desaparecidos mantienen una postura "casi ilógica", aunque respetó el derecho a pensar de esa manera pese a no compartir esas ideas.

También afirmó que tienen "sospechas" del paradero de muchos de los desaparecidos pero que no saben donde están todos. "No sabemos donde pueden estar muchos desaparecidos porque hasta hoy, 72 años después, no se conoce. Podemos sospechar donde están algunos", aseguró Sosa.

También explicó que la acción del juez Garzón permitirá buscar a las personas que no se sabe donde fueron enterradas, mientras hizo especial hincapié en que no hay que olvidar que a los familiares, padres, hermanos, primos o hijos, se los llevaron un día y no volvieron más, por lo que a las familias les falta esa persona.

"Es lo que esperábamos. No puede ser de otra manera, ya que fuimos los impulsores de que el juez llegara a esta conclusión. No es que estuviéramos seguros cuando presentamos la denuncia solicitando el amparo de la justicia en 2006 pero si es verdad de que nos alegramos de que finalmente fuera tan rápido porque al fin y al cabo lo primero que salió fue el informe del fiscal, que supuso un buen jarro de agua fría", dijo.

REUNIÓN CON RIVERO
Así, expuso que la reunión que mantuvieron el pasado jueves con el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, fue "muy conciliadora", puesto que encontraron "muchas esperanzas" para que las personas que se tienen que poner a trabajar comiencen a hacerlo "y saquen esta iniciativa adelante".

"No hay que olvidar que tenemos una Ley de Memoria Histórica que hay que cumplir. Y cuando se cumple por propia voluntad, sin ningún tipo de presión, es algo muy bueno". "Fue una reunión muy positiva, con expectativas muy importantes de las comisiones de trabajo que vamos a tener con el consejero de Justicia del Gobierno canario", manifestó.

GARZÓN
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón convirtió el pasado viernes en sumario la investigación que abrió el jueves sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo, con lo que obliga a la Fiscalía a presentar recurso de reforma ante su juzgado en lugar de permitir que se dirija directamente a la Sala de lo Penal en apelación, tal y como era su intención.

En un auto dictado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 adoptó esta decisión tras asumir "la competencia" de la investigación y "en vista la gravedad de los hechos y presuntos delitos cometidos". Asimismo, recordó que los actos investigados podrían constituir "una infracción cuyo conocimiento está atribuido a la Sala de lo Penal por estar castigada con pena superior a nueve años".

El instructor, que pone el auto en conocimiento del presidente en funciones de la Audiencia Nacional, Carlos Lesmes, da un plazo de tres días a la Fiscalía y el resto de partes personadas en la causa (las 22 asociaciones de memoria histórica y los diez particulares que presentaron la denuncia) para que presenten recurso de reforma a esta decisión concreta.
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