_
El fiscal acusa a Garzón de crear "una inquisición" del franquismo
MANUEL ALTOZANO -
El recurso asegura que el magistrado comete un "disparate jurídico" al no aplicar la Ley de Amnistía
Duro golpe de la fiscalía de la Audiencia Nacional contra el juez Baltasar Garzón en el caso sobre la Memoria Histórica. El fiscal jefe de ese tribunal, Javier Zaragoza, acusa al magistrado de haber creado "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española".
El presidente del TSJCYL descalifica a Garzón
Las asociaciones piden la apertura de otras cuatro fosas
El recurso contra la admisión a trámite de la causa contra el franquismo, presentado directamente ante la Sala de lo Penal y no ante el juzgado, considera que los hechos investigados están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977. Cuestionar la legitimidad de esa ley, como hacía Garzón en su auto, resultaría "un absoluto disparate jurídico", según el fiscal.
El recurso, de 41 páginas, considera que al admitir a trámite el caso, Garzón abre una "causa general" al extender su investigación a todos los asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, represalias y demás hechos delictivos cometidos desde la sublevación militar de 1936 hasta la posguerra. "La pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución", dice el escrito.
Dirigido a la Sala, no a Garzón
El documento se dirige directamente a la Sala de lo Penal y no al propio juez Garzón. El juez transformó las diligencias previas en sumario el pasado viernes, lo que, en principio, obligaba a las partes a presentar recurso de reforma ante él antes de redactar el de apelación ante la Sala. Sin embargo, Zaragoza asegura que su recurso se interpone contra el auto de admisión a trámite y no contra el que transformó la causa en sumario. "El momento a tener en cuenta para establecer el régimen de recursos no es el de la interposición del mismo sino el del dictado de la resolución judicial a recurrir", dice el fiscal, quien asegura que, si no se admitiera el recurso "se contravendrían las reglas de la buena fe procesal".
Además, los hechos investigados, según el escrito, no constituirían delitos de lesa humanidad sino que serían delitos comunes y por lo tanto no sería la Audiencia el órgano competente para enjuiciarlos. No se trataría de detenciones ilegales con desaparición en el marco de crímenes contra la humanidad, ya que, según el escrito "es público y notorio que las víctimas fueron ejecutadas (...) hace casi 60 años". En realidad, prosigue Zaragoza, se trataría de asesinatos que correspondería juzgar "a los diferentes órganos judiciales territoriales de los lugares en los que se hayan cometido tales crímenes".
Pero en lo que el fiscal se muestra especialmente duro es en el hecho de que Garzón no aplicara la Ley de Amnistía aprobada por las primeras Cortes democráticas. "Resultaría un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de ley de impunidad", concluye.
El ex fiscal jefe anticorrupción participará en las exhumaciones
Horas después del recurso de Zaragoza, el juez Garzón ha nombrado al ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y al magistrado jubilado Antonio Doñate como miembros del grupo de expertos que colaborará en las exhumaciones. En el auto en el que se declaró competente para la investigación de esos hechos, Garzón advertía de que ésta será "muy difícil" dado el tiempo transcurrido y estimó necesario que existiera "un grupo de expertos y otro de Policía Judicial con el fin de desarrollar las labores de búsqueda".
El grupo de expertos -formado por cinco personas que serán designadas por las asociaciones denunciantes y dos que nombra el juez- tendrá como misión "estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas" entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951.
Las asociaciones denunciantes han facilitado hoy a Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben designar. Se trata del miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, quien ya participó en las exhumaciones organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y de los historiadores Francisco Espinosa, autor del informe presentado por las asociaciones sobre desaparecidos y coordinador del proyecto Todos los Nombres, patrocinado por el Ministerio de la Presidencia, y Julián Casanova. Éste participó en el libro Víctimas de la Guerra Civil.
El presidente del TSJCYL descalifica a Garzón
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, ha tachado hoy de "estrafalaria" y "arbitraria" la conducta del juez Baltasar Garzón por investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. "La conducta estrafalaria de este señor está empañando a los ojos de la sociedad el rigor con el que trabaja la mayoría de los jueces de este país", ha asegurado Concepción en Valladolid durante un desayuno informativo con la agencia Efe. En su opinión, se trata de la actitud de una persona que instruye unas diligencias "a sabiendas" de que no pueden concluir con la imputación de una persona, "que es para lo que se instruyen las diligencias penales". Para Concepción, "no está haciendo justicia, por mucho que haya algún colectivo de personas y por mucho que el Gobierno de la nación aplauda su actuación, sino que está haciendo algo diferente". "Es una conducta que me repugna desde el punto de vista jurídico", ha resumido.
Las asociaciones piden la apertura de otras cuatro fosas
Las asociaciones para la recuperación de la memorisa histórica han solicitado hoy al juez Baltasar Garzón la apertura de cuatro nuevas fosas comunes con restos de fusilados de la Guerra Civil. Según ha explicado el abogado Fernando Magán, que representa a las 22 asociaciones denunciantes, se ha solicitado al magistrado la autorización para la exhumación de las víctimas que se encuentran en las fosas de Villanueva de la Vera (Cáceres), Aguilar de la Frontera (Córdoba), y en dos localizadas en las proximidades del municipio de Calviá (Mallorca). Estas cuatro fosas se suman a las 19 cuya apertura autorizó Garzón el pasado jueves, entre las que se encuentra la que se supone que alberga los restos de Federico García Lorca, situada en la localidad granadina de Viznar. Para llevar a cabo esta labor, Garzón ordenó la creación de dos grupos de trabajo, uno compuesto por expertos y otro por policías judiciales, que, en coordinación con los juzgados de cada lugar, deben desarrollar las labores de búsqueda y localización de las víctimas.
__
Manguel: "Una sociedad no es cabal si no se enfrenta a sus horrores"
_
Documento: Auto competencia memoria histórica (PDF - 398,5Kb) - 16-10-2008
Documento: Recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional - Lee de forma íntegra el escrito presentado por el fiscal de la Audiencia contra el proceso del juez Baltasar Garzón (PDF - 111,5Kb) - 20-10-2008
_
La Fiscalía protege al franquismo
Argumenta que los órganos competentes para investigar son "los Juzgados de cada territorio donde se perpetraron semejantes atrocidades".
EFE - Madrid - 20/10/2008 12:01
Tal y como estaba previsto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto directamente ante la Sala de lo Penal el recurso de apelación contra la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
A pesar de que el pasado viernes el juez transformó su auto en sumario para obligar a la Fiscalía a presentar un recurso ante él antes de recurrir ante la Sala de lo Penal, el departamento dirigido por el fiscal jefe Javier Zaragoza ha decidido saltarse este trámite.
La Fiscalía considera que el recurso de apelación ante la Sala de lo Penal es "procesalmente correcto", ya que la decisión de Garzón de declararse competente se produjo cuando la investigación se desarrollaba todavía como diligencias previas, que permiten recurrir directamente ante la Sala, y no como sumario.
Dos argumentos
El recurso de la Fiscalía se basa en dos argumentos básicos.
En primer lugar, el departamento de Zaragoza considera que la Audiencia Nacional no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil, ya que no es un asunto "sujeto a las reglas de la justicia universal", es decir, que se trata de delitos comunes y no de crímenes contra la humanidad, por lo que correspondería por lo tanto a los juzgados territoriales.
Defiende que el recurso es necesario "en aras de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica"
En segundo lugar, considera que la protección de los derechos de las víctimas "queda garantizada por las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica, cuya aplicación permite igualmente la adopción por las Administraciones Públicas de idénticas medidas de localización de fosas, identificación y exhumación de las personas secuestradas y asesinadas, y la entrega de sus restos a los familiares, medidas que van a seguir adelante con independencia del proceso penal".
La Fiscalía entiende que esta ley "es el cauce idóneo para el restablecimiento y la tutela de los derechos de las víctimas, pues convierte en realidad la justa pretensión de recuperar la memoria y la dignidad de esos miles de personas, de ofrecer la necesaria reparación moral que su consecución supone para los familiares y allegados de las mismas, y formaliza el reconocimiento de una injusticia histórica, articulando las medidas precisas para la efectividad de la reparación".
De forma complementaria y a través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado quiso dejar claro que el recurso no suspende "las medidas de localización, identificación y exhumación de restos humanos acordadas por el órgano judicial".
Aun así, señala que el recurso es necesario "en aras de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de las cuestiones que son objeto de discrepancia".
__
El PP apoya "plenamente" el recurso del fiscal
__
Garzón incluye al fiscal Villarejo y al juez Doñate en la comisión
Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica proponen, por su lado, a Francisco Etxeberria y a los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova
EUROPA PRESS - Madrid - 20/10/2008 16:58
El fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate Martín han sido nomrbrados miembros de la comisión de expertos creada en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
En un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera "procedente" la designación de los dos juristas y les requiere para que "en el menor breve plazo de tiempo posible" se personen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 para "la aceptación y juramento o promesa del cargo".
La comisión de estudio, creada a partir del auto en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, estará formada por siete expertos que se encargarán de "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".
La comisión deberá "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas"
Carlos Jiménez Villarejo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue fiscal Anticorrupción entre 1987 y 2003. Antonio Doñate Martín, por su parte, es experto en asuntos de Justicia Universal y ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña.
Tres nombres más
Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica que han impulsado esta causa también presentaron hoy ante el juzgado de Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben proponer para integrarse en esta comisión, tal y como consta en la citada resolución judicial.
Las personas propuestas por esta parte son el médico forense perteneciente a la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que ha participado desde un inicio en las labores de exhumación y dispone de inventarios completos sobre el número de fosas y de cuerpos localizados en ellos; y los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova.
Espinosa es el firmante del informe pericial presentado por los denunciantes en el Juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas.
En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro Víctimas de la Guerra Civil, que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.
Tareas
Esta comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificción de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas.
Los denunciantes tienen ya casi cerrados los otros dos nombres de expertos que formarán parte del grupo y avanzó que uno de ellos procederá de forma directa del movimiento asociativo.
__
No hay comentarios:
Publicar un comentario