http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20081012/pvasco-espana/gobierno-vasco-ofrecera-familias-20081012.html
La represión durante la Dictadura
El Gobierno vasco ofrecerá a las familias datos de 60.000 víctimas del franquismo
La información podrá solicitarse desde diciembre por correo o a través de una nueva 'web' dedicada a los represaliados por la consejería de Madrazo
12.10.2008 -
J. MUÑOZ BILBAO
El Gobierno vasco está ultimando un proyecto para facilitar a las familias de las víctimas del franquismo, a través de una página 'web' de la Administración autónoma, toda la información que la sociedad Aranzadi ha podido encontrar en el archivo militar de Ferrol y en el registro de penados de Alcalá de Henares sobre más de 60.000 ciudadanos nacidos o residentes en Euskadi y Navarra que sufrieron la represión de la Dictadura.
El propósito del Ejecutivo de Vitoria es que, a partir de diciembre, los propios represaliados o sus cónyuges, hijos y nietos puedan recibir, si lo solicitan expresamente, copias de las sentencias condenatorias que fueron impuestas a los primeros, y de las fichas penitenciarias y los números de referencia de los expedientes militares, aunque siempre en las condiciones que establece la Ley de Protección de Datos.
La 'web' en la que se podrá solicitar la información se encuentra actualmente en periodo de pruebas, aunque estará lista a finales de este año en el portal del Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, al que se puede acceder a través de la dirección www.euskadi.net. Se trata de una nueva página digital que se dedicará de forma genérica a las víctimas del franquismo y que tendrá una música de fondo compuesta por Kepa Junkera.
Entrando en ella, los interesados podrán preguntar si existe documentación sobre un pariente que fue víctima de la represión entre el material reunido por los investigadores de Aranzadi. Para ello deberán 'pinchar' sobre un acceso de la 'web' y utilizar la clave de la tarjeta Ona de Osakidetza, una herramienta informática que se está distribuyendo entre los usuarios y que en el futuro será la llave para las comunicaciones del ciudadano con la Administración autónoma.
Edades muy avanzadas
No obstante, el Gobierno vasco ha preparado un formulario en papel para que las solicitudes puedan presentarse igualmente por escrito en las delegaciones territoriales, una posibilidad que se mantiene porque lo exige la ley y porque, a fin de cuentas, los supervivientes de la represión franquista tienen edades muy avanzadas y sus hijos también son bastante mayores. Sea cual fuere la vía de contacto que se elija, la informática o la tradicional, quienes demanden documentos sobre una víctima de la dictadura deberán aportar los datos básicos sobre ella y acreditar que son familiares directos, enviando para ello los documentos por correo o entregándolos en una delegación territorial del Gobierno vasco.
A continuación, la Administración vasca repasará sus archivos, y si el nombre del individuo buscado aparece en ellos, remitirá las copias de la condena y de la ficha penitenciaria, esta última si está disponible, así como el número del expediente conservado en la ciudad de Ferrol, por si los parientes quieren pedírselo a las autoridades militares. El envío se realizará siempre por correo, por motivos legales.
El procedimiento ha sido diseñado por el Gobierno vasco de tal manera que los usuarios no tengan que apresurarse. Una vez planteada la solicitud, la respuesta llegará en un plazo razonable, sin más propósito que dar a conocer a las familias los documentos disponibles para que los utilicen como les parezca conveniente.
Fuentes próximas al proyecto explicaron que se trata simplemente de informar al público, «de reconocer el derecho a la verdad». Insistieron en que la iniciativa no tiene nada que ver con las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, una tarea que la consejería de Madrazo afirma haber dejado concluida en lo esencial, tras haber entregado 33 millones de euros a los familiares de 4.700 personas represaliadas.
En un disco duro
La documentación que el Gobierno vasco ofrecerá a los ciudadanos -que incluye más de 150.000 fotografías- fue catalogada de forma exhaustiva por una decena de historiadores y documentalistas de la sociedad Aranzadi entre mayo de 2005 y noviembre de 2006. El ingente material historiográfico reunido a lo largo de ese tiempo cabe en un disco duro.
Los investigadores recopilaron los documentos, precisamente, a raíz de un convenio que firmaron con la consejería de Madrazo para buscar en Ferrol datos de casi 5.000 personas que habían solicitado las ayudas a las víctimas del franquismo y necesitaban acreditar que habían sufrido represalias políticas. Aranzadi propuso aprovechar la ocasión para rastrear a todos los vascos que pudieran figurar en aquellos archivos militares.
Tras examinar los fondos correspondientes a las tres provincias vascas y Navarra, más Santander, Logroño, Asturias y Burgos, los expertos llegados desde Euskadi fotografiaron documentos y reunieron información sobre 55.546 individuos nacidos o con residencia en el País Vasco que fueron víctimas de la represión entre 1936 y 1945.
De forma paralela, los investigadores también revisaron los fondos de las antiguas prisiones de Larrinaga (Bilbao) y Ondarreta (San Sebastián), que se conservan hoy en las penitenciarías de Basauri y Martutene. Y sobre todo analizaron el archivo general de Alcalá de Henares, donde se conservan los historiales penitenciarios de todos los reclusos españoles.
Allí existía un fondo sin catalogar con decenas de miles de fichas relativas al periodo 1938-1958. Las de los años posteriores no son accesibles todavía porque tienen menos de cincuenta años, que es el plazo exigido por la legislación para hacer públicos los documentos. Tras realizar una detenida selección, Aranzadi inventarió en Alcalá 12.902 historiales correspondientes a presos del País Vasco en los que figuran, junto a sus datos personales, los itinerarios que siguieron por las cárceles. La mayoría de esas personas aparecen también en los archivos de Ferrol, de modo que, en conjunto, los datos en poder del Gobierno vasco corresponden a grandes rasgos a algo más de 60.000 individuos, un balance aproximado de lo que pudo representar la represión franquista entre la población vasca.
La sociedad Aranzadi también ha investigado a los desaparecidos de la Guerra Civil, algo más de 8.000 entre 1936 y 1942, según sus estimaciones. Esa lista es la que el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, se ha mostrado dispuesto a enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero sólo cuando reciba un requerimiento oficial, para cumplir así los requisitos de la Ley de Proteción de Datos.
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