martes, 21 de octubre de 2008

Público hoy.



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El procedimiento es la justicia


00:50, por Manolo Saco

Lo bueno de no tener el menor conocimiento, como es mi caso, sobre derecho procesal es que puedes analizar el estado de la justicia desde la lupa del sentido común, sin otras servidumbres ni contaminaciones. Como soy un ignorante, me puede parecer de risa que multen con 1.500 euros al juez Tirado, el del caso de la niña Mari Luz, cuya falta de diligencia acabó en la muerte de la niña, mientras un negrito del África tropical sin papeles puede pasar tres años en la cárcel por vender cedés piratas en la calle. O que, como ya ocurrió, un juez no considere ensañamiento las setenta puñaladas con que el asesino liquidó a su víctima… porque de la primera puñalada ya estaba muerta.


Ocurre algo parecido con la religión. Si estudias teología puedes llegar a comprender la misteriosa transustanciación en el cuerpo de dios que se opera en una hostia consagrada, por más que tu sentido común siga viendo una galleta de pan ácimo.


Si en una plaza de toros sabes distinguir entre un toro noble y otro innoble (¿), si disfrutas con la belleza de esa orgía de sangre mientras el torero marea al animal ensayando posturitas finas, entonces estás perdido, jamás lograrás comprender lo que en realidad está ocurriendo allí abajo en el coso: la tortura de un animal, el espectáculo salvaje de un pueblo que todavía se divierte como en la edad de piedra. Es lo que tiene el exceso de información.


En el caso de las diligencias de Garzón, un número nada desdeñable de jueces y fiscales se opone a que el juez de la Audiencia Nacional se haya declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por un error en el procedimiento.


Todos sabemos de qué van (o vamos) unos y otros. Los puristas esgrimen problemas insalvables de procedimiento, sin salida jurídica, e insisten en que precisamente la rectitud del procedimiento es la salvaguarda de la justicia, como el orden es una categoría superior a la libertad. Gracias a ello, por mala utilización del procedimiento, Eduardo Zaplana se libró en su día de ser procesado por cohecho y prevaricación, por más que la transcripción de sus conversaciones telefónicas vergonzantes hayan ingresado, a su pesar, en los libros de Historia y naveguen libremente por Internet, para vergüenza suya y la de los paladines del sagrado procedimiento.


El sentido común siempre pierde. El fiscal se ha opuesto a Garzón porque según él los asesinatos de la Guerra Civil y del franquismo “son delitos comunes”. Las bandas organizadas de matones falangistas, los juicios sumarísimos, pasan a ser con los años delitos comunes. Quizá también se habría opuesto a los juicios de Nüremberg por considerar como delito común el genocidio y los crímenes de Estado. Así que me temo que el señor fiscal (por cierto, ¿siguiendo órdenes del Fiscal General del Estado?) y yo no tenemos nada en común: él se queda tan ricamente con el delito, y yo con el sentido.

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Esto no hay quien lo pare


21 Oct 2008 10:41

ISAAC ROSA


El pulso a cara de perro entre el juez Garzón y el fiscal Zaragoza tiene, por supuesto, un fondo jurídico importante. Ni siquiera descarto que el jefe de los fiscales tenga la razón de su parte, pues Garzón tiene fama de mal instructor, y no faltan voces autorizadas que ven poco sólida su argumentación. Pero lo de menos son las consideraciones jurídicas.
La hostilidad que la derecha política, mediática y judicial muestra contra Garzón no obedece a ningún prurito legalista: lo importante no es si los asesinatos franquistas son genocidio, crímenes contra la humanidad o delitos comunes; ni si han prescrito o la ley de amnistía los incluye. Lo fundamental es detener a toda costa el proceso iniciado, pararlo antes de que se desmadre.


Reconozco que no me gusta Garzón, ni espero nada de la Audiencia Nacional. Pero por encima de ellos están quienes presentaron las denuncias, los mismos que llevan años impidiendo que se cierre el debate sobre el pasado. Ni la Ley de la Memoria los desmovilizó, ni un revés judicial los detendría ahora. Por eso hay que cortar este intento.


Los que hoy critican a Garzón no están pensando en la Guerra Civil, ni en las fosas comunes. Su miedo es otro: que esto sea solo un comienzo. Porque si aceptamos judicialmente que el franquismo fue criminal, ¿quién garantiza que las denuncias se limiten a la guerra y posguerra? ¿Y los torturados de los años 50 y 60? ¿Y las ejecuciones del tardofranquismo? ¿Y los muertos de la transición? Y en esos casos los responsables sí están vivos. Algunos, hasta coleando.

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El fiscal rechaza una "inquisición general"

La Fiscalía dice estar a favor de la apertura de fosas bajo supervisión judicial, pero considera que Garzón hizo "fraude de ley" para declararse competente

ÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID - 20/10/2008 23:15


"Singular andamiaje jurídico". "Inquisitio generalis". "Fraude de ley procesal"... El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, no escatima calificativos negativos para referirse al auto del juez Baltasar Garzón con el que la semana pasada se declaró competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951.


Pese a la transformación de las diligencias previas en sumario, la Fiscalía presentó el lunes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un recurso de 41 páginas contra la decisión de Garzón de investigar el franquismo. Confía en que lo resuelvan con rapidez los 18 magistrados que componen el Pleno de la Sala.


En líneas generales el Ministerio Público no se opone a la apertura de fosas del franquismo bajo supervisión judicial, pero considera inviable la instrucción de una causa penal por estos hechos, por lo que hace una defensa a ultranza de la Ley de Memoria Histórica para reparar lo que él mismo califica en su escrito como una “injusticia histórica”.


Zaragoza explica que "es intrínsecamente injusto sostener que la protección" de las víctimas de ese "periodo negro" de la reciente historia de España dependa exclusivamente de la "investigación penal", porque ésta solo se justifica por el esclarecimiento y la exigencia de responsabilidades a los autores, que "es público y notorio que han fallecido", recuerda el fiscal.
En su opinión, la causa abierta por Garzón "aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución", porque intenta "extender su investigación a todos los asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, represalias y demás hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra".


El recurso explica que no se pueden entender esos delitos como crímenes contra la humanidad, porque en nuestro Código Penal no se incluyeron hasta 2004 y sólo se pueden aplicar retroactivamente las leyes beneficiosas para el reo.


Tanto el fiscal como Garzón citan la sentencia que el Tribunal Supremo dictó contra Adolfo Scilingo por los crímenes cometidos en Argentina. El primero dice que es imposible aplicar a nadie crímenes contra la humanidad antes de los juicios de Nuremberg de 1945, y el juez, en cambio, recuerda que el alto tribunal condenó al ex militar por 30 asesinatos y 255 detenciones ilegales en el marco del citado delito de persecución universal, aunque no estaba aún en el Código.


El fiscal concede que de haberse producido este delito debe ser investigado por los jueces del lugar donde se produjeron los crímenes y no por la Audiencia Nacional, que solo es competente por el principio de Justicia universal. Tampoco lo es para ocuparse de la rebelión que, para Zaragoza, fue el alzamiento nacional.


Y la Fiscalía incluye un reproche más: la imputación que el auto hace a Franco y sus ministros, aunque se produzca con el mero objetivo de declarar extinguida su responsabilida penal por fallecimiento, solo le correspondería al Supremo, que es el encargado de investigar a aforados o a quienes lo fueron si cometieron los hechos de los que se les acusa cuando eran jefes de Estado o miembros del Gobierno.


Prescritos y amnistiados
En cualquier caso, según el fiscal, las detenciones ilegales imputadas han prescrito y no se siguen cometiendo porque las víctimas no hayan sido localizadas. A su juicio, es "una ficción el entender que durante casi 70 años ha existido una situación de detención ilegal, por ser pública y notoria la muerte" de los desaparecidos. En su opinión, las detenciones ilegales imputadas habrían prescrito, incluso descontando los 40 años que duró la dictadura, durante la que no pudieron acudir a la Justicia.


En cuanto a la Ley de Amnistía de 1977, el fiscal sostiene que fue pactada por las "fuerzas políticas democráticas" y "ampliamente respaldada por la sociedad española" –a diferencia de la de Punto Final argentina, por ejemplo– y amnistió los delitos imputados por Garzón al igual que los de sangre cometidos por organizaciones terroristas.

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Más de 50.000 personas fueron asesinadas durante la posguerra

Las asociaciones de víctimas siguen buscando los restos de maquis muertos tras la Guerra Civil

SUSANA HIDALGO - MADRID - 20/10/2008 22:06


No hay una cifra exacta de cuántas personas contrarias a Franco murieron a partir de 1939 y hasta mediados de la década de 1950, cuando fueron asesinados los últimos maquis. La Asociación de Ex Presos Antifranquistas señala que perdieron la vida más de 50.000 personas. Historiadores como Alberto Reig Tapia o Mirta Núñez hablan de en torno a 125.000. "Las cifras se están elaborando constantemente y aunque no se puede dar un número exacto, son apabullantes", explica Núñez.


Esta historiadora está al lado de la tesis del juez Baltasar Garzón y considera que lo ocurrido durante y después de la Guerra Civil fue "un crimen contra la humanidad".De la misma opinión es Julio Aróstegui, catedrático de Historiador de la Universidad Complutense de Madrid. "Estoy con Garzón. El fiscal no puede hablar de que lo que pasó en España fue un delito común. Hubo un propósito firme de eliminar a gente con unas características comunes", afirma Aróstegui.


La historia de Serafín
Miembros de la Asociación para la Memoria Histórica, por ejemplo, se hallan en estos momentos inmersos en la búsqueda de los restos del maquis Serafín Fernández Ramón, alias El Santeiro, asesinado en 1947. "En estos momentos estamos buscando sus restos en la zona del cementerio de Vega de Espinareda, en León", explica en conversación telefónica Concha Hernández, su sobrina-nieta. Él es uno de los que perdieron la vida por causas políticas después de la Guerra Civil.


Serafín Fernández, El Santeiro, jornalero, minero y miembro del sindicato CNT, luchó contra el bando nacional en el frente asturiano, hasta la caída de los republicanos. Después, en 1937, regresó a su pueblo, Guimara (León), y allí inició una postura de rebeldía contra el régimen de Franco. "Sufría una enfermedad pulmonar y eso le condicionó su vida", recuerda su sobrina-nieta. Su declive empieza precisamente cuando el médico que le curaba de su dolencia es asesinado por los fascistas.


La madrugada del 5 de diciembre de 1947, bajo una intensa nevada, El Santeiro y otros dos guerrilleros se refugian del temporal en una casa. La Guardia Civil les vigila de cerca. Los tres huyen de la zona entre los disparos de los agentes y llegan a la aldea de Fresnedelo. Allí murió Serafín Fernández, en circunstancias no aclaradas. Los represores encontraron su cadáver y, aun así, un falangista disparó varias veces contra el cuerpo inerte. Le quitaron sus pertenencias y entre los mayores del pueblo circula la historia de que un falangista lució durante un tiempo las botas arrebatadas al muerto.

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Garzón designa al fiscal Villarejo y al juez Doñate para la comisión que investigará el franquismo


Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica proponen, por su lado, a Francisco Etxeberria y a los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova


20 de octubre de 2008 - EUROPA PRESS - Madrid - España

EUROPA PRESS - Madrid - 20/10/2008 16:58


El fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate Martín han sido nomrbrados miembros de la comisión de expertos creada en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.


En un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera "procedente" la designación de los dos juristas y les requiere para que "en el menor breve plazo de tiempo posible" se personen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 para "la aceptación y juramento o promesa del cargo".


La comisión de estudio, creada a partir del auto en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, estará formada por siete expertos que se encargarán de "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".


La comisión deberá "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas"


Carlos Jiménez Villarejo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue fiscal Anticorrupción entre 1987 y 2003. Antonio Doñate Martín, por su parte, es experto en asuntos de Justicia Universal y ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña.


Tres nombres más
Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica que han impulsado esta causa también presentaron hoy ante el juzgado de Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben proponer para integrarse en esta comisión, tal y como consta en la citada resolución judicial.


Las personas propuestas por esta parte son el médico forense perteneciente a la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que ha participado desde un inicio en las labores de exhumación y dispone de inventarios completos sobre el número de fosas y de cuerpos localizados en ellos; y los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova.


Espinosa es el firmante del informe pericial presentado por los denunciantes en el Juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas.
En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro Víctimas de la Guerra Civil, que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.


Tareas
Esta comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificción de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas.


Los denunciantes tienen ya casi cerrados los otros dos nombres de expertos que formarán parte del grupo y avanzó que uno de ellos procederá de forma directa del movimiento asociativo.

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Garzón designa al fiscal Villarejo y al juez Doñate para la comisión que investigará el franquismo

El recurso del fiscal aprueba que la comisión de expertos busque las fosas

DIEGOEl BARCALA - MADRID - 20/10/2008 22:36


El fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, critica y censura en su recurso, hecho público el lunes, los argumentos del juez Baltasar Garzón para abrir un proceso contra los crímenes del franquismo. Sin embargo, considera a la vez "justa" la pretensión de miles de personas de "recuperar la memoria y la dignidad” de "miles de víctimas". Esa aparente contradicción tolera a la comisión de expertos –que debe formarse antes del viernes– elaborar el censo de víctimas y fosas que la Ley de la Memoria no ha elaborado en casi un año de recorrido.


El fiscal dice que cuatro artículos de la ley 52/2007 (del 11 al 14) ya garantizan la reparación de las víctimas. Pero las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica discrepan. Casi la totalidad de estas asociaciones rechazaron esa ley por insuficiente. El texto aprobado en diciembre del año pasado delega en las asociaciones la tarea de investigación, búsqueda, exhumación e identificación de los restos de los más de 114.000 fusilados por las órdenes de los militares sublevados en 1936.


Censo definitivo
El sumario abierto por el juez el pasado jueves permitirá a una comisión de siete expertos, junto con un equipo de 10 agentes judiciales, elaborar el ansiado censo definitivo de víctimas. Este organismo estará compuesto por especialistas en historia, antropología forense y juristas como garantía del rigor en la investigación.


Los posibles miembros del equipo, cuya composición se conocerá el próximo viernes, aseguran que el trabajo puede durar meses. Los agentes judiciales investigarán con órdenes judiciales archivos hasta ahora vetados a los investigadores del franquismo y la guerra civil. El primer paso será examinar 19 fosas designadas por Garzón, entre ellas, la de Federico García Lorca.


Dos juristas comprometidos contra la dictadura
El compromiso por la democracia de los dos expertos propuestos por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para completar la investigación de los crímenes del franquismo está fuera de toda duda. Carlos Jioménez Villarejo (Ex fiscal anticorrupción) y Antonio Doñate (ex presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona) comenzaron su carrera juntos en el juzgado de Manresa


Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal
Sin avisar

Garzón le designa, pero no se lo ha comunicado. El ex fiscal anticorrupción, ahora jubilado, declaró ayer no saber nada de su nombramiento como miembro de la comisión de expertos del juez Garzón. "No quiero expresar ninguna opinión hasta que no se me comunique personalmente el nombramiento", afirmó a ‘Público’.


Compromiso a favor de juzgar los crímenes del franquismoEn un artículo publicado en la revista Hispania Nova, titulado 'La destrucción del orden republicano' Jiménez Villarejo considera que el golpe militar de 1936 tenía como objetivo "acabar violentamente con los valores y la democracia republicana". Según el ex fiscal, los militares practicaron una “durísima represión política a través de órganos constituidos a la medida de los rebeldes”, según explica en el mencionado texto.


Antonio Doñate, ex juez
ExperienciaEl otro experto designado por garzón es experto en justicia universal. Antonio Doñate, juez jubilado, fue presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, juez de Vigilancia Penitenciaria y miembro de Jueces para la Democracia. En su carrera colaboró en las causas contra Augusto Pinochet y Alberto Fujimori.


Comprometido contra la dictaduraEn el discurso que pronunció el pasado diciembre, cuando le fue entregado el Premio Justicia Catalunya, Doñate destacó el dilema que sufrió en su último año de oposición: "¿Merecía la pena ser juez para aplicar las leyes franquistas? ". Villarejo ya trabajó con él, en su primer destino, en el Juzgado de Manresa coincidió con Jiménez Villarejo, el otro miembro de la comisión.

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Agentes judiciales para la memoria

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El PP suscribe "plenamente" el recurso del fiscal contra el auto de Garzón

Aguirre: "Garzón debería reflexionar el porqué no investiga Paracuellos"

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"Hay que buscar a los asesinos"

El presidente de la Asociación de Ex Presos Antifranquistas tiene muy claro que hay que recuperar la memoria

Xalok - 21/10/2008 08:00


1-¿Cuántos años pasó usted en la cárcel?
Estuve dos veces: de 1946 a 1450 y de 1961 a 1965. Pasé por las cárceles de Sevilla, Burgos y Carabanchel. Tengo bastante experiencia en el tema y toda mala. Además, estuve en el exilio, en Francia, hasta 1943, organizando la rebelión desde la clandestinidad. Ahora tengo 87 años.


2-Usted es el presidente de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Antifranquistas. ¿A cuánta gente representa?
En 1990 éramos 102.000 miembros, de los que solo unos 70.000 han podido cobrar las ayudas públicas a los ex presos. La gente se ha ido muriendo y ahora, oficialmente, no somos más de 600, aunque tenemos muchos simpatizantes.


3-¿Cree que hay que buscar a los asesinos fascistas que aún siguen vivos?
Desde mi punto de vista, es totalmente necesario. No se va a juzgar a nadie, se trata de recuperar la memoria de todos los que fueron enterrados ilegalmente. Los fascistas pudieron hacer durante años homenajes a sus víctimas y nosotros no hemos protestado en absoluto.


4-¿Ha podido olvidar su estancia en la cárcel?
Eso es imposible. He visto a muchos hombres perder la razón durante su estancia en la celda. Lo único que podíamos hacer era coger fuerzas para aguantar la situación. Fueron momentos muy difíciles y crudos que, por mucho que te lo cuenten, no se pueden imaginar, salvo que lo hayas pasado.

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