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Mientras, El País ve "imprescindible" este "juicio virtual" a Franco
Pedro J. arremete de nuevo contra la "truculenta garzonada" y en la COPE lo acusan de prevaricar
V. VADILLO
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó ayer un auto por el que se declara competente para juzgar las desapariciones sucedidas durante la guerra civil y la dictadura que habían denunciado varias asociaciones de memoria histórica. La noticia ha despertado gran interés en la prensa, que editorializa hoy sobre el asunto, aunque desde puntos de vista muy diferentes. Mientras diarios progresistas como El País o Público se felicitan enormemente por la iniciativa, El Mundo, ABC o La Razón han puesto el grito del cielo, apelando con todo tipo de descalificativos al magistrado y su medida.
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Garzón considera el golpe de 1936 delito contra la nación
Baltasar Garzón se declaró ayer competente para investigar las desapariciones del fanquismo al considerarlas delitos contra la humanidad y que, por lo tanto, no prescriben. El juez aseguró que seguirá adelante con la investigación de una represión que provocó al menos la desaparición y muerte de 114.266 personas entre 1936 y 1952. En su auto ordena la apertura de 19 fosas comunes, entre ellas la que contiene los restos mortales del poeta Federico García Lorca y solicita al Ministerio de Interior que identifique a los líderes falangistas de todo el periodo.
"Rehabilitación institucional"
Además pide los certificados de defunción de Franco y de 34 de sus ministros, y reconoce que “por encima del éxito o el fracaso”, esta iniciativa “es una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha”, ya que “el Estado no puede borrar sus propios crímenes”. Aunque la Fiscalía del alto tribunal va a recurrir el auto –considera que la Audiencia no es el lugar competente para este tipo de procesos- la prensa progresista española se ha felicitado por la decisión.Imprescindible juicio virtual a Franco
El diario El País reconoce en su editorial la dificultad de que el proceso salga adelante, pero asegura que “es difícil disentir desde el compromiso democrático de unas iniciativas que para muchos descendientes de tantos asesinados supone, por fin, un acto de reparación”. “Realizar, 70 años después, un juicio virtual a Franco es imprescindible para el futuro de un país que no ha sido capaz de enfrentarse a las miserias de su pasado, lo que sí han hecho otros que también han sufrido experiencias traumáticas”, destaca el texto.
"Acusados de crímenes contra la humanidad"
Por su parte, Público dedica una llamativa portada al asunto en la que hace cuentas sobre el tiempo que ha tenido que pasar para que se juzgue a Franco: “72 años, 2 meses y 28 días después del golpe del 36 Franco y sus generales, acusados de crímenes contra la humanidad”. En una carta que firma Emilio Silva, presidente de la Asociación de Memoria Histórica, se asegura que Garzón “ha abierto una puerta” y apunta: “Es hora de que la democracia deje pasar por ella a la Justicia con quienes fueron gobernados por los asesinos de sus seres queridos durante 40 años de dictadura”.
"Truculenta garzonada" y "delirios"
Muy diferente es, sin embargo, la visión de la prensa conservadora sobre este tema. Especialmente duro es el editorial del diario El Mundo, que ya atacó la iniciativa de Garzón en reiteradas ocasiones. Hoy, Pedro J. Ramírez asegura que “la truculenta garzonada crece hasta el delirio”, y advierte que el auto es “sencillamente delitarnte, un estadio más en la truculenta garzonada, basada en falacias y sofismas que provocaron ayer la hilaridad en el mundo del Derecho”. Para el rotativo, la “insólita iniciativa” del magistrado solo se explica “a favor de sus ansias de autobombo” y demuestra “que hasta el más absurdo de los disparates puede ser argumentado jurídicamente”. “Alguien así”, concluye el texto, “no está ni moral ni mentalmente capacitado para enjuiciar a nadie”.
"Derecho a la medida de sus fijaciones"
Desde ABC tampoco han ahorrado en descalificaciones contra Garzón, a quien acusan de “crear un derecho penal a la medida de sus fijaciones” y convertir la Audiencia Nacional “en un auténtico tribunal de excepción donde no se respeten los principios de legalidad penal ni de seguridad jurídica”. El periódico asegura que “lo más grave” de la iniciativa es que “pretende enmascarar en un ejercicio de justicia histórica (…) una exhibición voluntarista de graves contradicciones legales”. “Este es otro sumario de los llamados a frustrar las legítimas expectativas de familias que, con justicia, quieren saber dónde están sus desaparecidos”, advierte el texto, que considera que la decisión “sólo va a sembrar discordia”, porque es “un ejercicio sectario y discriminatorio” de la administración de la Justicia.
¿Y si encuentran los restos de Lorca?
La Razón, aunque más comedido en sus críticas, señala que el auto es “tan inusual que puede confundirse con lo esperpéntico”. El editorial del periódico muestra además su preocupación por la posibilidad de que al abrir las fosas comunes se encuentren los restos de Lorca, porque “la repercusión internacional de la noticia sería abrumadora y ocuparía las primeras páginas de todos los medios” y “durante muchos días se agitaría con propósitos no precisamente de reconciliación uno de los grandes iconos de la España que se desgarró en una guerra civil”.
"Esperpento" para crispar
Por otra parte, según Libertad Digital, la decisión de Garzón no es más que un “esperpento” e interpreta que su único objetivo es “crispar a la sociedad española”. En su programa de la COPE, Federico Jiménez Losantos, ha reiterado estos argumentos y ha pedido la cabeza de Carrillo a quien considera responsable de los crímenes de Paracuellos. El locutor se ha referido a él continuamente como el “catedrático de ética de la SER”. También ha incitado al juez de la Audiencia Nacional a que investigue el “golpe de 1934” con el que los revisionistas pretenden deslegitimar el Gobierno de la República y justificar el levantamiento franquista.
¿Prevaricación?
También César Vidal, uno de los gurús del revisionismo, recordó anoche en la COPE el levantamiento del 34. En su opinión la actuación del magistrado es un “disparate jurídico y dislate histórico”. Vidal llegó a asegurar a los oyentes de la cadena de los obispos que podríamos incluso encontrarnos ante un caso de prevaricación.
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