Editoriales y artículos sobre la inhibición de Garzón.

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Auto de Garzón: Resumen Íntegro
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Garzón contra el atado y el bien atado,

Ignacio Escolar

Han hecho falta 33 años desde la muerte del tirano para que un juez se atreviese a acusar a su régimen en papel timbrado de crímenes contra la humanidad. Ha bastado apenas un mes para descarrilar el intento. Baltasar Garzón ha preferido dinamitar el caso días antes de que el fiscal Zaragoza y la Sala de lo Penal lo enterrasen para siempre. Es una voladura controlada.Garzón evita así no sólo pasar el mal trago de convertirse en el primer juez de la Audiencia Nacional al que la Fiscalía arrebata un caso para darle carpetazo, sino también que ese cierre bloquee posteriores intentos de sentar el franquismo ante un tribunal. Antes de que la Fiscalía atrape el balón para sacarlo del campo, Garzón lo parte en veinticuatro trozos y se lo pasa a los tribunales provinciales.

¿Servirá para algo su jugada? Está por ver. Las denuncias vuelven a las mismas manos que antes las rechazaron, los mismos tribunales ordinarios contra los que se han estrellado tantas veces las asociaciones que reivindican la memoria. Tal vez ahora, tras el debate creado, alguno de estos jueces preste oídos a la justicia histórica y ayude a unas víctimas que no olvidan que aquí, en la España orgullosa que se sienta en el G-20, hubo no hace tanto un genocidio que aún sigue impune: 130.000 muertos, miles de niños robados, un millón de exiliados. Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera._
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"Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa",

GONZALO BOYE TUSET, abogado -

18/11/2008 23:01

Los 152 folios con los que Garzón rellenó su auto no hacen más que acrecentar la frustración de las víctimas del franquismo; las consecuencias jurídicas son varias: la de ponerse el parche antes de la herida, evitando el varapalo jurídico que le iba a dar la Sala de lo Penal el jueves y, también, intentar condicionar el trabajo que realizarán los jueces competentes para investigar estos hechos.

Garzón dedica un quinto de su resolución a defender su actuación y a atacar al fiscal, con algunos de cuyos planteamientos tampoco concordamos en su día; una resolución judicial no debe ser campo para las discusiones personales ni para las descalificaciones entre juristas.En el ataque a la Fiscalía, Garzón se desorientó alejándose de la investigación inicial para, ex novo, adentrarse en el problema de los “niños perdidos del franquismo” cometiendo errores jurídicos de bulto; una resolución judicial es tal cuando se ajusta a derecho y no se aparta de lo que son las funciones jurisdiccionales contrarias a las arengas políticas como las contenidas en la página 75 del auto.

Lo que se ha visto desde fuera en este procedimiento es una mera actuación estratégica que sólo generará más desconfianza hacia la función jurisdiccional, erosionando la figura de los jueces instructores y ratificando en su razón a quienes sostienen que la instrucción ha de encomendarse a Fiscalía, como se hace en muchos países de nuestro entorno.

Un juez de instrucción no puede ni deber tener estrategia, ha de limitarse a investigar unos hechos con apariencia de delito y tratar de determinar al o a los responsables de los mismos; en este caso, ha pasado de todo menos eso.

En cualquier caso, lo relevante es que esta resolución carece de un rigor jurídico suficiente como para alcanzar los fines que las víctimas esperaban, viéndose sus expectativas nuevamente frustradas y, sobre todo, postergadas, vaya uno a saber por cuánto tiempo. En mi tierra (Chile) a esto se le llama: “Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa”.
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Punto, pero no final

El País

Garzón se inhibe de la causa sobre los crímenes franquistas; pero decenas de fosas siguen sin tocarse19/11/2008La decisión del juez Garzón de inhibirse en la causa abierta por la represión durante la Guerra Civil y el franquismo no ha sido una sorpresa del todo. Tampoco es resultado de la actuación de la fiscalía, que ha cumplido con su deber: velar, como mejor considere en cada momento, por el rigor de las actuaciones judiciales. La inhibición del magistrado en este punto deriva, simplemente, de la lógica procesal del sumario.Garzón reclamó la competencia de su juzgado para perseguir penalmente a Franco y otros 44 cabecillas de la rebelión militar contra la República, acusados del delito de atentar contra la forma de Gobierno.

Al obtener la prueba documental de su fallecimiento, según exigía en el auto de apertura de la causa, el magistrado no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho y con lo que muchos contaban de antemano: declarar extinguida la responsabilidad penal de los golpistas.Esto no significa que la totalidad del procedimiento quede paralizado. Garzón dio traslado de la causa a los juzgados de los lugares donde existen fosas comunes para que, en su caso, persigan a quienes hubieran sido ejecutores materiales del plan de exterminio contra las personas que se mantuvieron fieles a la República. Ahora deberán ser esos tribunales quienes decidan sobre su competencia.

Garzón ha tomado la decisión de inhibirse antes de que la Sala de lo Penal se reuniese para resolver el recurso planteado por el fiscal, en el que se cuestionaba su competencia. Hasta hoy, la sala estaba a la espera del escrito de respuesta de Garzón a los argumentos del fiscal, preceptivo para resolver el recurso. El juez ha publicado el auto inhibiéndose de la causa; el escrito de respuesta, retrasado por razones extraprocesales, todavía no había sido enviado a la sala. La decisión adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional no representa el fracaso de algunos de los principales objetivos que perseguía, como lamentaron ayer algunas asociaciones de la Memoria Histórica. Del hecho de que se declare extinguida la responsabilidad penal de los cabecillas de la rebelión no se deriva más que lo obvio: los posibles culpables están muertos; y no cabe imputarles o abrirles juicio.

Queda por resolver, no obstante, el problema de las fosas comunes. En su auto, Garzón indica que el Estado debería hacerse cargo de la localización de los enterramientos y de la identificación de los cadáveres, tanto si se sigue la vía penal como si las exhumaciones se llevan a cabo en razón de normas administrativas. Ésa era desde el principio, con o sin intervención del juez Garzón, la solución que se debería haber adoptado. No existía ni existe ninguna razón para que un Estado de derecho acepte convivir con decenas de enterramientos clandestinos. Un comisionado especial para este asunto, encargado de agilizar la ley correspondiente, quizá hubiese evitado el embrollo. Y quizá pueda todavía evitar otros.
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Garzón se equivocó

La Vanguardia

José Antich - DIRECTOR - 19/11/2008

CON la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse de la causa abierta por él mismo, con la que pretendía investigar los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, se cierra, al menos provisionalmente, un capítulo judicial que nunca debió abrirse de la manera que se hizo. No se trata aquí de valorar los méritos de un juez con prestigio más que reconocido y que ha hecho grandes servicios a la democracia desde su puesto en la Audiencia Nacional, tanto en la implacable lucha contra la banda terrorista ETA como en la persecución de un terrorismo mucho más complejo y judicialmente aún con muy pocos medios para su erradicación como es el de raíz islamista. O, mucho más atrás, su incansable batalla en la persecución del narcotráfico internacional. En todas estas parcelas de la vida judicial, Garzón ha tenido un comportamiento ejemplar. Pero en el caso de los desaparecidos de la Guerra Civil erró, como ha venido sosteniendo también la Fiscalía, y planteó un absurdo debate. Un debate que no debía haberse abierto y que en muchos momentos ha tenido incluso un cierto tinte de juicio a la transición española y al pacto de conciliación nacional que inauguró el nuevo tiempo político de las primeras elecciones de junio de 1977. Las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se merecen un reconocimiento permanente y hay que honrarlas como se merecen. Pero el pasado reciente no puede ser campo de batalla de una nueva judicialización de la vida política española, ni puede servir de excusa para abrir un debate que no lleva a ningún sitio. De este error cabe extraer consecuencias para que no se vuelva a producir.
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La inhibición de Garzón, un nuevo golpe de ..... timón.

Cecilio Gordillo

Una vez más, los poderes del Estado, se distancian de la sociedad civil en lo que se refiere a todo lo relacionado con el franquismo.

Cecilio Gordillo - CGT Andalucia.

Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado?.

Las aguas vuelven a su cauce
Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito...), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.

Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.

No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano: ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.

Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba

Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados "ocultados oficialmente" por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria "hacerse la foto" ante la sociedad civil.

Sevilla 18 Noviembre 2008

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La lucha contra la impunidad de la dictadura en España

Son crímenes contra la humanidad

Un Estado comprometido con el derecho internacional no puede tener un rasero distinto para uno mismo y para los demás
• Decir que los asesinatos del franquismo son delitos ordinarios responde a la voluntad de no investigarlos

MARTÍN TOGNOLA
ESTEBAN Beltrán*

Cuando se acaban de cumplir 10 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres por una orden del juez Garzón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española olvida el derecho internacional, y, como sociedad, corremos el riesgo de convertirnos en una de las pocas excepciones mundiales a la hora de investigar los crímenes contra la humanidad del pasado.

¿Cómo es esto posible?
El reciente recurso interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el auto de 17 de octubre dictado por el mismo juez pasará sin duda al lado oscuro de la historia judicial, como lo hicieron en su momento los recursos presentados contra la extradición de Pinochet a España. Todo este asunto ha levantado una extraordinaria polvareda, que, lejos de aclarar a la ciudadanía la verdadera naturaleza de la cuestión, ha vertido sobre ella un torrente de mitos y distorsiones. En nuestra opinión, la lectura del citado recurso permite comprobar cómo, por parte de quien debería defender los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, se contribuye a desorientar a la opinión pública sobre el contenido del proceso y se ignoran las obligaciones internacionales que vinculan tanto a la Administración de justicia como al Gobierno.

NO SEENTIENDE que los tribunales españoles --que en ejercicio de la jurisdicción universal han afirmado la universalidad de los derechos de las víctimas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda, Austria y Alemania, y han rechazado mecanismos de impunidad como las leyes de amnistía argentina y chilena-- se encuentren ahora bloqueados, como durante el caso Pinochet, por recursos que desafían las normas del derecho internacional. No hay nada mejor para reflejar esta contradicción que afirmar que entre los más de 25 países analizados por Amnistía Internacional, España es uno de los pocos
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Carlos Carnicero
El Zumbido

Garzón se da por enterado de la muerte de Franco
El juez se ha adelantado al varapalo que le iba a proferir la sala de la Audiencia.

Una vez recibidos los certificados de defunción del dictador Francisco Franco y de la pléyade de golpistas que le acompañaron en su responsabilidad en el golpe militar del 18 de julio, en la guerra civil posterior y en la dictadura, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón se ha inhibido de la causa general contra el franquismo que pretendía monopolizar a favor de los tribunales ordinarios de cada uno de los lugares en donde hay fosas de ejecutados por el franquismo.

El juez se ha adelantado al varapalo que le iba a proferir la sala de la Audiencia por iniciar un proceso penal para el que no sólo no era competente sino en el que además trataba de obviar la legislación vigente, la concesión de la Amnistía de 1.977 y la legislación penal internacional que carece de retroactividad para aplicar los criterios penales tal y como pretendía el juez. Se ha retirado antes de recibir un castigo judicial en forma de resolución que le hubiera obligado, si tuviera dignidad, a abandonar la carrera judicial.

La firme actitud del ministerio fiscal no le ha impedido llevar a cabo una auténtica carrera contra reloj, gastando sin miramiento dinero público, para tratar de que sus acciones fueran irreparables cuando los recursos hubieran sido resuelto, en un actitud que tiene el marcado carácter prevaricador de quien sabe que está tomando resoluciones judiciales que son injustas y para las que no tenía competencias.

En un país razonable, su burla del estado de derecho le habría desacreditado para siempre. Aquí siempre tendrá palmeros y agradecidos de favores antiguos que le sigan haciendo el juego. Ocurrió lo que tenía que ocurrir y en el camino han quedado doloridos muchos familiares de desaparecidos en la guerra civil a los que Garzón no ha hecho otra cosa que utilizar para sus intereses personales y después, generadas expectativas imposibles, los deja en el punto donde se encontraban antes pero desconcertados con una acción judicial imposible.

El Gobierno también ha quedado en evidencia con la actitud irresponsable del juez que pretendía sustituir la Ley de Memoria Histórica con un procedimiento que le presentara ante los ojos del mundo como un ser providencial capaz de la heroicidad de sentar en el banquillo de los acusados al cadáver del general Franco. Si la Ley de la Memoria Histórica no sirve para los objetivos que fue promulgada, hará bien el Gobierno en reflexionar sobre las expectativas que creó y que ha dejado en evidencia un juez sin escrúpulos.

Muchos de quienes han jaleado la actitud del juez tendrán que poner en armonía el respeto a las normas del estado de derecho y el fiasco judicial producido en medio de sus aplausos. Quienes necesitan la existencia de seres extraordinarios, propios de países que no tienen la democracia asentada, para presumir de la realización de la Justicia, debieran explicar si su admiración se compadece con el resultado obtenido. O, en caso contrario, debieran defender la falta de armonía con el derecho de la última resolución de Garzón que hace precisamente lo contrario de lo que sus corifeos le celebraban.

No será esta la última garzonada porque toda su trayectoria es un zig zag en búsqueda de una notoriedad que no puede corresponder a un juez que haga con discreción, eficacia, sosiego y humildad su trabajo. Su trayectoria desde la judicatura a la política y desde la política a la judicatura estaría condenada en cualquier país del mundo en donde la objetividad y el respeto a la ley no tuviera que ver con el oportunismo político que entiende que cuando las acciones de este individúo le favorecen hay que aplaudirlas aunque pisoteen el derecho. En la trayectoria de Garzón hay un largo camino de excentricidades marcadas siempre por una ambición sin freno.

El ejemplo más claro es cuando quiso ser ministro del Gobierno de Felipe González y, al no conseguirlo, sacó de los cajones -en contubernio con Pedro J. Ramírez y José Amedo.- los viejos papeles del GAL para meter en la cárcel al que sí había sido ministro de Interior de la democracia. Con González, por poco, pero no pudo. Nunca he entendido que haya tantas personas que se consideran socialistas que no hayan reflexionado sobre estas actitudes de Garzón. En todas las anteriores ocasiones en las que Garzón ha atropellado el derecho siempre ha habido quien se ha beneficiado de sus actos. En cada época son distintos los que le aplauden.

En esta ocasión su fracaso va a hacer más difícil que los aduladores sigan en el escenario. El juego de pretender que el certificado oficial de antifranquista pasa por aplaudir los disparates de Garzón ha sido demasiado burdo. El problema es que Baltasar Garzón puede pretender desacreditar la transición española, erigiéndose en látigo justiciero del franquismo, por la sencilla razón de que no se le conocieron en su juventud actitudes de rebeldía. Ahora, desde su despacho judicial se ha querido dar un desquite para el que no tenía derecho. Por primera vez, el juez se ha ahogado en sus propias ambiciones. A partir de ahora, los intentos de seguir acumulando gloria, que sin duda los habrá, estarán marcados por el ridículo que ha hecho esperando a que le mandaran el certificado de defunción de Franco para darse por enterado de su muerte.

Carlos Carnicero es periodista y analista político
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Garzón acaba entrando en razón

Diario de Cádiz

EL juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido finalmente inhibirse en la causa que había abierto él mismo para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y los primeros tiempos del régimen franquista dictando un auto de 152 folios en el que declara extinguida la responsabilidad penal de Francisco Franco y de otros cuarenta altos cargos de la dictadura, tras comprobar -como si hiciera falta- el fallecimiento de todos ellos. La Fiscalía General del Estado se había opuesto a la apertura de esta causa general por Garzón y, posteriormente, había planteado al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia una cuestión de competencias. Aunque la Sala no entró aún en el fondo de la cuestión, había adoptado como primera providencia la paralización cautelar de las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el magistrado. Así pues, se ha impuesto la racionalidad, que en este caso venía de parte del ministerio público. Según los criterios del fiscal, ampliamente compartidos en el mundo jurídico, la aplicación a los crímenes del bando franquista de la tipificación de delitos de lesa humanidad o genocidio era inviable por no estar aceptada cuando los hechos se produjeron, los delitos mismos fueron declarados prescritos y, por tanto, no perseguibles, por la Ley de Amnistía de 1977 que abrió paso a la democracia y, en última instancia, si hubiera competencia de algún tribunal sobre ellos, no sería de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados correspondientes a los territorios en que se han detectado las fosas comunes. A esta última consideración se ha acogido ahora Baltasar Garzón al inhibirse en favor de dichos juzgados. Como explicamos en su momento, el legítimo anhelo de muchos españoles de encontrar los restos de sus antepasados víctimas de fusilamientos y proporcionarles una sepultura digna debe ser organizado y facilitado por el Gobierno en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Pretender organizar sobre este derecho una causa general contra el franquismo y, de este modo, hacer una relectura de la historia más trágica de España, con toda su carga de polémica y crispación, era una pésima iniciativa. Garzón ha tenido, al final, que comprenderlo y obrar en consecuencia. Capítulo cerrado.
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Espantada de Garzón

ABC.es

Miércoles, 19-11-08

El juez Garzón realizó ayer su enésima pirueta jurídica en forma de espantada para sacudirse de encima una investigación que nunca debió iniciar. Tras haberse declarado competente en octubre para abrir una causa general al franquismo al rebufo de la Ley de Memoria Histórica, Garzón ha decidido inhibirse en favor de los Juzgados territoriales a los que pueda afectar la decisión de abrir fosas de la Guerra Civil. Una vez más, Garzón ha preferido no esperar a que una instancia superior, en este caso la Sala Penal de la Audiencia, pudiera desautorizarle y declararle incompetente para instruir un sumario de estas características, sin mayor recorrido jurídico que el que ha decidido concederle un «juez estrella» incapaz de resignarse a dejar de serlo.

Garzón insiste en que los delitos -detenciones ilegales y muertes en el contexto de crímenes contra la humanidad- permanecen en el tiempo. Si ello fuera así, la competente para investigarlos sería la misma Audiencia Nacional que ahora renuncia a tal competencia, porque si, por el contrario, se tratara de delitos cuya instrucción corresponde a los Juzgados ordinarios, lo razonable sería considerar que han prescrito.

Una vez que Garzón se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles y trasladar el embolado de su causa general a Juzgados que no sólo pueden dictar resoluciones contradictorias entre sí, sino que ahora verán incrementada de forma artificial su ingente carga de trabajo.
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Quien tenga ganas de penar aún más puede ir a la web de libertad digital o ver las portadas de ABC, Razón y Mundo.
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