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Los obispados de Lleida y Urgell, dispuestos a colaborar con el juez Garzón
Lleida - L.A. Pérez de la Pinta 2008-09-30
Los obispados de Lleida y Urgell están dispuestos a colaborar con el juez Baltasar Garzón en su recién emprendida labor de recopilación de datos sobre las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos. Por el momento, señalan uno y otro obispado, el juez no se ha puesto en contacto con ellos, pero ambos están dispuestos a colaborar si lo que se solicita no entra en conflicto con la legislación que regula el uso de datos de particulares. El dato se facilitó ayer, el mismo día en que el cementerio de Lleida acogía una misa en honor del beato Francesc Castelló, fusilado en setiembre de 1936, tras ser condenado a muerte por el Tribunal Popular entonces constituido en la capital del Segrià.
La semana pasada Garzón amplió su investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la posguerra a los represaliados por el bando republicano al requerir al Archivo General de la Administración los fondos de los tribunales populares que actuaron durante la guerra en Madrid. Estos fondos figuran en la llamada Causa General franquista, un proceso que el régimen dictatorial instruyó, según indicaron en su día fuentes del régimen, contra “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Sobre el asunto, y desde el obispado de Lleida, el vicario general Joan Ramon Ezquerra aseguraba ayer estar a la espera de instrucciones de la Conferencia Episcopal para proceder si alguien requiere datos sobre los desaparecidos en Lleida. El obispado de Urgell se manifestó de modo idéntico y desde Solsona no hubo declaraciones.
La semana pasada, el portavoz de la Conferencia Episcopal Juan Antonio Martínez Camino aseguró acerca de las peticiones de Garzón, estar dispuesto a “hacer todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la ley”. Camino indicó además que los archivos que el juez quiere consultar son públicos y, por tanto, todo el que quiera acceder a ellos “puede hacerlo de acuerdo con la reglamentación dictada para proteger esas informaciones”. Pese a eso, el portavoz remarcó que no existe ningún pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal acerca de la Ley de Memoria Histórica. Tras conocer sus palabras, Garzón reclamó a la Conferencia que haga llegar su requerimiento a las diferentes diócesis españolas para que éstas lo remitan después a cada una de las más de 23.000 parroquias que funcionan actualmente en España.
Lo indicado por Martínez Camino la semana pasada fue prácticamente lo mismo que señalaron ayer el obispado de Lleida y el de Urgell. El vicario general de la primera de ambas diócesis recordó así de nuevo el carácter público de los archivos y aseguró que su obispado no tiene nada que ocultar: “En estos archivos sólo hay nombres y fechas de funerales y no habrá ningún problema si se nos solicita que los facilitemos a quien sea. Lo que no sé muy bien es para qué pueden servir estas listas, porque la información que contienen es muy limitada”. El obispado de Urgell mostró ayer también su predisposición a colaborar con Garzón o “con quien sea necesario”, aunque indicaron que toda colaboración deberá producirse respetando la normativa de protección de datos. “En estos archivos aparece información relativa a particulares y en algún caso estos datos pueden facilitarse sólo con el consentimiento de los familiares de la persona a la que se refieren. Si esta normativa se respeta, facilitaremos lo que convenga”.
La Ley de Memoria Histórica no fue valorada por ninguno de los dos obispados leridanos con los que ayer se pudo contactar. Unos y otros se remitieron a lo señalado por monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el portavoz de la Conferencia Episcopal, que pedía el viernes que la Ley de Memoria Histórica no se convierta “en un enfrentamiento ideológico y político”.
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