El magistrado busca elementos para imputar un delito de genocidio al régimen de Franco.

Fuentes: El faro de Vigo y La Voz de Galicia.

El magistrado busca elementos para imputar un delito de genocidio al régimen de Franco
Ramón Gorriarán

El juez Baltasar Garzón busca elementos que le permitan imputar un delito de genocidio al franquismo. Responsables de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostienen que ese es el objetivo de la amplia investigación que puso en marcha el lunes. Pretende recabar toda la información necesaria para construir la única imputación que le permitiría enjuiciar a la dictadura del general Francisco Franco, no tanto para enjuiciar a sus promotores, la mayoría ya fallecidos, sino para encauzar todo el proceso de recuperación de cadáveres y resolver si el Estado debe asumir alguna responsabilidad por lo sucedido en aquella etapa histórica y resarcir a los damnificados.
La intervención de la Audiencia Nacional solo sería posible, concluyen, si Garzón consigue censar un número importante de actos represivos y englobarlos todos en un único supuesto de genocidio, imputable a todo el organigrama de poder franquista. El magistrado ya lo hizo en los casos de Argentina, Chile o Marruecos. La estructura jurídica por él diseñada es la que permite que en la Audiencia Nacional haya causas abiertas contra supuestos genocidas de Guatemala o China, entre otros. Pero el caso español tiene una peculiaridad, y es que solo se puede perseguir el genocidio desde que ese comportamiento es considerado delito.
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La Xunta trasladará a Garzón la lista de represaliados en Galicia
El juez investiga los desaparecidos durante la dictadura.

La conselleira de Cultura de la Xunta de Galicia, Ánxela Bugallo,ha anunciado que su departamento pondrá a disposición del juez Baltasar Garzón los datos sobre la represión franquista en esta comunidad entres los años 1936 y 1939 que asciende a 3.588 personas.
La actuación del Gobierno gallego se enmarca en la orden dictada ayer por el juez Garzón, quien ayer dio un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y la ubicación posible de las mismas.
Los datos que facilitará la Xunta forman parte de la investigación «Las víctimas, los nombres, las voces, los lugares» que desarrollan las tres universidades gallegas y que ha localizado, hasta la fecha, 305 lugares relacionados con la represión, 26 fosas comunes y 11 fondeaderos, lugares de la costa en los que se arrojaron cadáveres.
El responsable de la investigación, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, Lourenzo Fernández Prieto, explicó durante una conferencia de prensa que el matiz que introduce la petición del juez Garzón en el proceso de investigación de la represión franquista es que por «primera vez» la Justicia se pronuncia sobre este asunto.
Fernández Prieto destacó que hasta el momento la sociedad, las instituciones académicas e incluso los políticos, a través de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ya se han pronunciado y trabajan sobre el tema, pero nunca un juez había tomado la iniciativa de investigar de forma oficial.
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