Las fosas del Franquismo.

Fuente: Público.

LAS FOSAS DEL FRANQUISMO
"Si a Pedro J. Ramírez le molesta la decisión de Garzón, lo siento"
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recuerda que en la Transición se dejaron muchos asuntos sin solucionar.

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Garzón decidirá en un mes si hubo genocidio
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Truculenta pedrojotez, por Manolo Saco

La decisión del juez Garzón de atender a las demandas de las familias de los represaliados, asesinados y desaparecidos tras la guerra civil española viene, al fin, a colocar en el terreno judicial los crímenes de guerra que los vencedores disfrazaron durante cuarenta años de cruzada moral cristiana, y que la transición había relegado injustamente a los libros de historia.
A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Penal Internacional está permitido (y obligado) estudiar con los ojos sosegados del derecho, los crímenes contra la humanidad, como los miles y miles de los cometidos por el bando vencedor y sus secuaces ensotanados.
La primera reacción de la extrema derecha mediática, plagada de conversos, acabáis de conocerla: han sacado a pasear el tópico de la transición modélica, esa flor de estufa al parecer tan delicada que al menor soplo podemos poner en peligro, teoría que, aplicada a los asesinos de los Balcanes, nos llevaría a financiar unas vacaciones en las Sychelles a Ratko Mladic, el carnicero de Srebrenica, y a su compinche Radovan Karadzic.
El editorial del diario El Mundo de ayer, titulado “Truculenta garzonada”, en un delirium tremens que espero termine siendo analizado por los tribunales, acusa a Garzón de entretenerse en poner en peligro los logros de la transición pacífica a la democracia, en lugar de haber tenido “tiempo de transcribir las cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M”. Al parecer, el equipo de investigación de Pedrojota ha descubierto ya que no fue ETA (por fin) el autor intelectual del 11-M, sino unos islamistas torpes que triunfaron gracias a la incompetencia y dejación del juez Garzón.
Y todo porque el juez ha dado curso a las demandas de miles de familias cuyos padres, hermanos, abuelos, tíos fueron asesinados mediante el expeditivo tiro en la nuca, quizá cansado ya de que la Ley de la Memoria Histórica no haya desarrollado todavía lo más importante: el censo de víctimas del franquismo, los lugares en que se encuentran, para que sus familiares puedan rendirles el homenaje merecido que el olvido culposo de la derecha quiere mantener enterrado en las fosas comunes.
En el otro frente, la Iglesia. El juez sabe que en el Valle de los Caídos se custodia información privilegiada sobre las víctimas fusiladas. Sabe que en los libros de difuntos de las sacristías de miles de parroquias españolas perviven rastros y testimonios de aquella ignominia. Por ello, la Iglesia ha respondido a los requerimientos del juez con largas, pues necesita “estudiar el asunto”. Pero ¿por qué los culpables y sus descendientes temen tanto a la memoria? ¿Qué pone en peligro el recuerdo de las fechorías de los vencedores? ¿Por qué sólo un bando y sus descendientes temen el juicio de la Historia?
Venid y leed. «Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la guerra de España» (1-7-1937): “Siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz”. O bien: “La guerra es pues un plebiscito armado (…) la lucha blanca de los comicios de 1936 (…) en las urnas se transformó por la conciencia cívico militar en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias, la espiritual, del lado de los sublevados (…) y de otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista y anarquista que quiso sustituir la vieja civilización de España con todos sus factores por la novísima civilización de los soviet rusos.”
Y una perla más, directamente al corazón de los gobernantes del futuro como Rodríguez Zapatero para justificar aquella guerra santa, la cruzada contra los infieles: “La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional”. Oído cocina.
Una Iglesia, que junto a los secuaces del fundador del PP, formó parte de la purga asesina y los juicios sumarísimos para alcanzar la paz de los cementerios.
Memoria histórica, justicia, dicen. ¡Vaya pedrojotez!——————————————————————————–Meditación para hoy:¿Cuántos segundos creéis que tardará en aparecer la palabra Paracuellos?
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La campanilla de Garzón, por Javier Vizcaíno
Es matemático: Pavlov toca la campanilla, y a su perro se le ponen a cien los jugos gástricos. Si no captan la comparación, cambien a Pavlov por Baltasar Garzón, y la campanilla por la decisión del magistrado de investigar los crímenes del franquismo. ¿Quién hace de chucho alborotado? Anoten, de saque, al diario El Mundo, que tituló su editorial de ayer “Truculenta garzonada”, provocando, incluso, las iras de la generalmente templada Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional.
¿Y era tan grave como para que los togados pidieran al Consejo General del Poder Judicial que defienda a su compañero de “las injustas y arbitrarias opiniones” del diario de Pedro J. Ramírez? Ya que va de eso, juzguen ustedes mismos: “La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931”, anotaba el editorialista que, tras atizar unas yoyas al jiennense, remataba: “A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales”.
Libertad Digital no se perdió el convite. Su puja editorial en la subasta de guantadas al juez campeador se titulaba “Garzón el desenterrador” y contenía, entre otra metralla, este obús: “Remover una tragedia nacional como fue la Guerra Civil con intereses políticos constituye una inmoralidad de primer orden que atenta contra el sentido común y contra el espíritu de reconciliación que, al menos en sus primeros tiempos, inspiró a la democracia española”. Por si quedaban dudas, el medio ultraliberal encabezaba la información sobre el asunto de este subjetivísimo modo: “La doble vara de Garzón: Sí a investigar el franquismo pero no a Paracuellos”. Ya.
No sin malicia, acudimos al diario que fletó el Dragon Rapide, pero ABC no opinaba editorialmente sobre el asunto. A falta de pronunciamiento (no es inocente la elección de la palabra), el periódico traía un artículo del ideólogo de FAES-PP, Jorge Trías Sagnier, donde leímos: “Comenzábamos a olvidarnos de él y se ha lanzado a investigar las entrañas del odio civil. A ver si a base de azuzar los rescoldos del odio nos olvidamos de que tenemos vacía la cartera”.
Los suplentes, también
Para abrir el abanico de interpretaciones, sintonizamos Cope. Alfonso Merlos –meritorio que guarda la silla de Jiménez Losantos durante las vacaciones, conocido por muchos como Federiquín– clamaba: “A las víctimas de ETA lo que les interesa saber es quién, desde los aparatos del Estado, ignoramos si desde los aparatos del PSOE, dio un chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. Lo decimos, básicamente, porque una y otra cosa dependen de Garzón”.
Ya en la tertulia episcopal de la noche anterior, el interino que cubre la ausencia de César Vidal se había preguntado: “¿Por qué se investiga siempre en el mismo sentido?”, a lo que respondió jocosamenteel opinador Javier Somalo: “Garzón busca a los muertos y se le escapan vivos”.
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Putos cojos, por José Antonio Labordeta
_Con esta ruda expresión expliqué, en mi intervención en defensa de la Ley de la Memoria Histórica, el pasado mes de diciembre, en el Congreso de los Diputados, cuál era nuestra posición ante ella: durante años había existido una diferenciación ofensiva entre los caballeros mutilados del bando vencedor y los putos cojos de los vencidos.
Con mi expresión quería rebatir al entonces portavoz del PP, Zaplana, que llenó su discurso de lindezas sentimentales y hasta sacó a Azaña y a Indalecio Prieto de su terrible exilio para presentarlos como figuras que intentaron resolver el problema de las dos Españas. Ante tanto cinismo hacía falta mucha capacidad de contención, cuando uno ha leído el texto del franciscano confesor de la prisión de Zaragoza, o el magnífico libro de Jesús Aguirre en el que, pueblo por pueblo, saca a la luz los fusilados y tirados al borde de las cunetas. En la “incruenta” Rioja.
La ley, que salió con una amplia mayoría, sólo servía, hasta hoy, como un refrendo de que se podía seguir adelante en las excavaciones, pero poco más. Garzón, ese juez siempre enfrascado en temas delicados, ha puesto la guinda sobre esa ley y ahora las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica podrán reclamar los ficheros y archivos encerrados bajo demasiadas llaves. 90.000 fusilados merecen justicia, reclaman justicia. Y no más putos cojos en ningún bando.
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La decisión de Garzón: un buen punto de partida, por Rafael Escudero
RAFAEL ESCUDERO ALDAY * - 02/09/2008 22:45
Las leyes vinculan a todos los poderes públicos. Incluido, por supuesto, al poder judicial. La providencia dictada por el juez Garzón por la que pide información a varios alcaldes e instituciones públicas sobre el número, nombres y otros datos de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forma parte de la diligencia que se requiere de todo juez con respecto al cumplimiento del Derecho. Del mismo modo cabe interpretar la petición dirigida a las autoridades de la Iglesia Católica para que proporcionen toda la información de que disponen sobre personas muertas y desaparecidas en esa época.
Téngase en cuenta que la actuación de Garzón se incluye en el marco de una denuncia presentada en la Audiencia Nacional por ocho asociaciones de recuperación de la memoria histórica con el objeto de esclarecer el paradero de los desaparecidos del bando republicano a partir del 17 de julio de 1936. Lo que en este momento Garzón hace es recabar toda la información de que se disponga para determinar si es competente a los efectos de investigar tales desapariciones. Nada más, pero tampoco nada menos.
La sospecha fundada de la existencia de cadáveres sin identificar, torturados y enterrados en fosas comunes, pone en marcha el aparato judicial. Pedir información sobre los datos relevantes del caso allí donde se piense que ésta puede encontrarse es lo primero que ha de hacerse cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos; violaciones tipificadas no sólo por el Derecho Internacional, sino también por nuestro Código Penal (delitos de genocidio y de lesa humanidad). No cabe alegar una pretendida prescripción de tales conductas sobre la base de la ley de amnistía de 1977. Como señala José Antonio Martín Pallín en el libro ‘Derecho y memoria histórica’, son ya varias las resoluciones de organismos internacionales que insisten en que las leyes de amnistía dictadas en casos de crímenes contra los derechos humanos son radicalmente nulas. España no puede ser una excepción en este punto. Lo que Mariano Rajoy califica de forma despectiva como “reabrir las heridas del pasado” es, simple y llanamente, investigar judicialmente los hechos tendentes a conocer la verdad sobre desapariciones y muertes de personas para juzgar si existen violaciones al Código Penal; un Código Penal al que tantas veces recurren en su discurso los dirigentes del Partido Popular.
¿A dónde se puede llegar con esta vía abierta por Garzón? Todavía es pronto para saberlo, máxime sin disponer de los datos que se solicitan. Sólo gracias a ellos el juez podrá valorar, primero, si es competente y, segundo, si se ha cometido algún delito. Frente a lo que erróneamente afirman algunos medios, nada de esto podrá resolverse hasta que no se disponga de la información en cuestión. Sin ella no se podrá dar ningún paso, ni en un sentido ni en otro, y de ahí la trascendencia de la providencia de Garzón. Lo que también ha de quedar claro es que frente a esta petición de información no cabe negarse ni dar la callada por respuesta. Se trata de una orden judicial que, como tal, debe ser cumplida por autoridades públicas y por ciudadanos o entidades privadas. Lo contrario se llama obstrucción a la justicia, sancionada también por nuestro Derecho.
Aunque al final se declare incompetente y la vía judicial no siga adelante, la actuación de Garzón habría servido para identificar y localizar las víctimas de la dictadura franquista. Es este uno de los mandatos de la Ley de Memoria Histórica que aún no se habían empezado a cumplir debido a la negativa del Gobierno a articular su necesario desarrollo reglamentario. Y no hay nada más pernicioso y frustrante para una sociedad democrática que la aprobación de leyes que después no surten efecto.
* Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y Coeditor del libro Derecho y memoria histórica (Ed. Trotta, 2008)
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El PP, en contra de la investigación de Garzón porque "reabre heridas"
Garzón busca a los desaparecidos del franquismo
La Audiencia defiende a Garzón ante las "injurias" de El Mundo