Juicio a la barbarie

Fuente: El País.

Juicio a la barbarie

LUIS GÓMEZ Y NATALIA JUNQUERA 14/09/2008

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El miedo ha ocultado la historia de la represión franquista. Ninguna institución estatal ha promovido una investigación amplia de ejecutados y desaparecidos. La iniciativa del juez Baltasar Garzón se une a la de historiadores y familias de represaliados
Será un juez quien determine si el régimen de Franco practicó una política de exterminio entre el 17 de julio de 1936 hasta bien avanzados los años cincuenta? Habrán pasado casi 70 años desde el final de la Guerra Civil y es posible que la figura de Franco se siente en el banquillo. La memoria de quien llegó a pensar que sólo tendría que dar cuentas de sus actos ante Dios y ante la Historia, será escrutada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Pero el juicio de la Historia no va a esperar a Garzón. Un nutrido grupo de historiadores y miles de familiares de represaliados llevan años buceando en los archivos y exhumando fosas. Y pase lo que pase en el proceso judicial, ellos seguirán con su tarea.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el final?

"Nos queda por conocer qué sucedió en medio país. 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto"

"En Huelva fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras consejo de guerra"

Setenta años después, todavía hay ancianos que bajan la voz de forma inconsciente cuando recuerdan sucesos del pasado porque el miedo no se ha desprendido de su piel. Es la huella visible del terror. La invisible está fuera, en el camino que el paso del tiempo ha alterado o borrado. Bajo la tierra. La fosa. Han sido exhumados 4.054 restos de 171 fosas anónimas desde el año 2000. Son evidencias de un exterminio.

Quienes se han esforzado en registrar la memoria oral de aquellos días, un conjunto dispar de historiadores y familiares, han podido conocer ese miedo latente, ese silencio esquivo, esa verdad escondida. Lo recuerda Emilio Silva cuando hizo sus primeras indagaciones tras la pista del lugar donde yacían los restos de su abuelo en El Bierzo. Corría el año 2000: "Te llevaban a su casa, cerraban las ventanas y bajaban las persianas... Sólo entonces empezaban: 'Es la primera vez que hablo de aquello...". Benito Bermejo, historiador de los deportados españoles a los campos nazis, vivió hace unos meses la curiosa historia de un hijo que acababa de descubrir que su padre no murió en la guerra, sino en Mauthausen: su madre se lo ocultó durante casi 70 años por miedo. Calló y mintió. Cuando años atrás le extrañó que percibiera una pensión de Alemania y le preguntó por los motivos, la madre respondió que el padre había combatido en la División Azul. Ese miedo incrustado en la médula de tanta gente ha llegado hasta nuestros días, ha servido de filtro para ocultar la verdadera historia de la represión franquista. Para demasiados españoles, la guerra no acabó en 1939.

Hay una geografía nacional de fosas sin determinar, un censo de desaparecidos sin verificar y una población de ajusticiados pendiente de contabilizar. Jordi Guixé, historiador responsable de Proyectos y Espacios del Memorial Democratic de Cataluña, quizá tenga suerte dentro de unos meses cuando pueda cruzar los datos de los casi 111.000 consejos de guerra celebrados por el tribunal militar de la III Región, es decir, Cataluña, donde están datados fusilamientos hasta el año 1952. Cataluña fue el último territorio conquistado por las tropas de Franco: inmediatamente después llegó la venganza. Solsona, una localidad del pre-Pirineo leridano, es un buen ejemplo de lo que sucedió tras el conflicto: un pueblo tranquilo próximo a los 3.000 habitantes, muy católico, con arzobispado, votante masivo de la derecha en los procesos electorales. Tras su conquista, casi el 10% de la población fue sometido a consejo de guerra. Se registraron 25 fusilamientos en los primeros días.

Más de 100.000 consejos de guerra en Cataluña. ¿Cuántos en Andalucía? ¿Y en el Madrid que resistió hasta el último día? ¿Cuántos fusilamientos? ¿Cuántas ejecuciones salvajes a golpe de impulso? La copia de una orden dirigida por el general Queipo de Llano a la comandancia de la Guardia Civil de la localidad de Aznalcázar (Sevilla) el 23 de julio de 1936 es un documento esclarecedor de la conducta represora en zona ocupada. La orden dictaba lo siguiente: "Primero. En todo gremio que se produzca una huelga o un abandono de servicio que por su importancia pueda estimarse como tal, serán pasados por las armas inmediatamente todas las personas que compongan la directiva del gremio y además un número igual de individuos de éste discrecionalmente escogidos. Segundo, que en vista del poco acatamiento que se ha prestado a mis mandatos advierto y resuelvo que toda persona que resista las órdenes de la autoridad o desobedezca las prescripciones de los bandos publicados o que en lo sucesivo se publiquen también serán fusilados sin causa propia".

¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que las nuevas generaciones conozcan qué pasó exactamente en el pasado?

Ninguna institución pública española ha promovido una investigación general de aquellos hechos durante más de 25 años de democracia, bajo la teoría acuñada de que la transición dejó resuelto el capítulo de la Guerra Civil con un simple carpetazo, una ley de amnistía que equivalía a una solución de punto final. El argumento de que toda revisión del pasado contribuiría a abrir heridas, de que se cometieron barbaridades por ambas partes y no sería útil desenterrarlas, tomó cuerpo. Del terror se pasó al olvido oficial. Pero algo empezó a cambiar a partir del año 2000, cuando el periodista Emilio Silva escuchó aquellos testimonios con las persianas bajadas que le sirvieron para localizar la fosa donde enterraron a su abuelo, exhumarle y darle digna sepultura a sus restos. Desde aquel momento, una parte del silencio protegido se quebró y nació un movimiento ciudadano cuyas repercusiones son evidentes: "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo", dice el historiador Paul Preston.
Afloraron asociaciones (20 en 2003) que se multiplicaron con el tiempo. Sergio Gálvez, investigador de la Universidad Complutense de Madrid, llevó la contabilidad de estas instituciones privadas hasta 2006 (157 asociaciones, 29 fundaciones, 10 centros de estudios y 8 coordinadoras). Tras una estancia de un año fuera de España, reconoce que perdió la cuenta: "Calculo que ahora habrá más de 200". "Ha sido todo un fenómeno colectivo no exento de personalismos en algunos casos y de enfrentamientos entre asociaciones", concluye Gálvez. El impulso ciudadano ha ido en paralelo con el renacer de investigaciones en torno a la guerra y la posguerra española, que tuvo primero el respaldo de universidades españolas y posteriormente el de instituciones públicas locales y autonómicas. Familiares e historiadores han iniciado una tenaz y desproporcionada búsqueda de documentos por la ingente, caótica y en algunos casos opaca realidad de los archivos de la Administración.

"Cuando comencé a investigar en el Archivo de Salamanca, en 1979", recuerda Julián Casanova, catedrático de Historia y autor de Víctimas de la Guerra Civil, "el director controlaba todos los documentos. Si querías fotocopiar algo, con su permiso, te acompañaba uno de los bedeles a una fotocopiadora de la ciudad, porque en el archivo no se podían hacer fotocopias. Así que se sacaban los documentos al exterior, lloviera o nevara, y se le daba una propina al acompañante, condición para seguir con ese procedimiento posteriormente". Casanova ha experimentado en sus huesos no sólo la resistencia de muchos archivos a ofrecer cierto tipo de documentación, sino también la falta de respaldo oficial. "Cuando yo pedía dinero para proyectos de investigación a mediados de los ochenta (en instituciones controladas casi todas entonces por los socialistas), se me contestaba que a condición de que analizáramos también la violencia de los otros, de los rojos/republicanos, como si esa violencia hubiera estado también oculta. Era el momento en que las teorías del fifty-fifty, las culpas repartidas al 50%, parecían marcar la política correcta".

La dispersión de archivos se ha convertido en una carrera de obstáculos para cualquier historiador. Y no sólo la dispersión. O la pérdida de documentos. O su mala gestión y la falta de catálogos adecuados. El Archivo General de la Administración, con sede en Alcalá de Henares, proclama en su página web que es el tercer archivo más grande del mundo detrás de los Archivos Federales de Washington y el Cité des Archives de Fontenebleau (Francia). Allí han ido a parar todos los documentos de los ministerios, excepto los relacionados con la seguridad del Estado y algunos otros. A pesar de su tamaño, sólo es accesible por las mañanas y las copias de documentos tardan un año en ser servidas. Ni que decir tiene que los archivos que corresponden al Ejército, la Policía y la Guardia Civil, tres de las patas sobre las que el régimen franquista asentó su poder, o han sido mal gestionados, o se han mostrado opacos. Caso aparte merece la Iglesia, la institución más reticente a ofrecer cualquier tipo de información.
"El Fichero General", sostiene Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, "contiene tres millones de fichas de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar, y además está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada".

La ausencia de un archivo centralizado, la desidia y la falta de una norma legal que ampare el derecho de los investigadores y los particulares al libre acceso a documentación oficial ha sido la gran excusa para los diferentes Gobiernos de la democracia a la hora de evitar una incómoda investigación general sobre la represión del franquismo. La aprobación de una Ley de la Memoria Histórica en el Parlamento español (que entró en vigor el 27 de diciembre de 2007) apenas ha sido un tímido avance. Hay realidades que son esclarecedoras: la Generalitat, que ha creado una dirección general de la Memoria Democrática en la que trabajan 20 personas, dedica un presupuesto mayor (seis millones de euros) al estudio de la posguerra y la dignificación de las fosas comunes que el propio Gobierno central. La ayuda oficial ha despertado también en algunas otras comunidades, caso de Andalucía (el proyecto Todos los Nombres ha contabilizado más de 35.000 muertos bajo la represión), Asturias (más de 20.000), Galicia (3.588) y Aragón. El mapa de España tiene, sin embargo, un evidente espacio en blanco: ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o la exhumación de fosas. Curiosamente, el Gobierno de Aznar sí hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados en la División Azul que estaban enterrados en Rusia.

Pero los obstáculos oficiales y la política del olvido no han obtenido resultado. El movimiento asociativo ha ganado su primera batalla, y la demanda de información del juez Garzón a los ministerios del Interior, Defensa, Cultura y Justicia, a los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba, Granada y Madrid, a la abadía del Valle de los Caídos y a la Conferencia Episcopal han dado carta de naturaleza a la necesidad de cerrar el círculo de la investigación sobre la represión del franquismo.

¿Hubo exterminio tal y como se entiende en la legislación moderna emanada de la Declaración de Derechos Humanos? Independientemente del derecho a la reparación que merezcan las familias de las víctimas, está la respuesta a esa pregunta.

El trabajo de las asociaciones ciudadanas ha sido tenaz, la bibliografía producida por los historiadores empieza a ser abundante. Este fenómeno no ha estado exento de disputas internas y duros debates entre historiadores. También se puede hablar de cierto despilfarro en algunas iniciativas: actualmente hay en marcha cuatro tesis doctorales sobre la represión del franquismo en Zamora, "donde no se tienen noticias de que fuera especialmente notable", explica Sergio Gálvez. Sin embargo, al despacho del juez Garzón llegó una denuncia documentada y apoyada por familiares y asociaciones.

Francisco Espinosa, un historiador que ha indagado profundamente en la represión franquista en Andalucía, director del proyecto Todos los Nombres, es el autor del Informe sobre la represión franquista. Estado de la cuestión, que sirve como sustento documental a la causa abierta en las diligencias previas 399/2006-E, abiertas por el juez Garzón. "Nos queda por conocer lo sucedido en medio país; 25 años de investigaciones arrojan un mapa incompleto", reconoce. Espinosa repasa en dicho informe tanto la violencia republicana como la franquista, pero concreta las diferencias. El bando franquista inició un profundo proceso de investigación del llamado terror rojo que fue conocido como Causa General. "Una minuciosa investigación a escala nacional, que analizó lo ocurrido en cada localidad desde febrero de 1936 hasta la fecha de ocupación y documentó lo ocurrido a cada una de las víctimas del terror rojo. Esta investigación dio lugar a un importante fondo documental de más de 1.500 legajos, conservados en el Archivo Histórico Nacional", escribe Espinosa, quien presenta un cuadro de las víctimas de la represión republicana por provincias con sus aportaciones bibliográficas. Son 38.563.

La represión franquista fue mucho más larga en el tiempo y alcanza a los años sesenta, coinciden los historiadores. Según las cifras avanzadas por el documento de Espinosa, la cifra de víctimas ascendería a unas 130.000, a falta de profundizar más en la investigación de la mitad del territorio nacional. ¿Hubo exterminio? Espinosa no duda en utilizar ese calificativo, pero añade en su informe: "Lo que interesa destacar de esta etapa fue el altísimo número de personas que quedaron sin inscribir en el registro y de cuya muerte no ha quedado huella alguna: detenidas ilegalmente, asesinadas y enterradas por lo general en fosas anónimas abiertas en los cementerios, en el campo e incluso en fincas particulares. El mapa de las fosas comunes se superpone a la España donde triunfó el golpe militar y se aplicó de inmediato el calculado plan de exterminio que los sublevados tenían previsto desde el principio". Espinosa pone como ejemplo la provincia de Huelva, una de las mejor investigadas, "donde fueron asesinadas 6.019 personas de las que sólo 386 lo fueron tras sentencia de consejo de guerra".

Los avances de algunas investigaciones permiten ir consolidando cifras en determinados territorios de España. La tesis de la doctora Queralt Solé, convertida en libro de reciente publicación (Els morts clandestins, editorial Afers), concluye con un mapa de fosas muy detallado de Cataluña. Queralt ha investigado las cifras de fallecidos por ambos bandos, tanto en acciones de guerra como en actos represivos. Su investigación transcurre pueblo a pueblo, y su experiencia le llevó a toparse con una realidad que desconocía, la del Valle de los Caídos, donde yacen entre 40.000 y 70.000 restos, según diversas fuentes. Queralt Solé halló documentos que prueban cómo la Guardia Civil conocía con más exactitud que los propios ayuntamientos de la época la existencia y localización de fosas. Sin embargo, esa información está muy dispersa.
Pese al tiempo transcurrido, el Valle de los Caídos es todavía una asignatura pendiente del Estado, el mejor ejemplo de la magnitud del olvido oficial. Ningún Gobierno democrático se ha atrevido a poner sus manos en ese monumento, que sigue siendo gestionado por monjes benedictinos, amparados en un enorme vacío legal. Cuantas comisiones ministeriales se crearon para darle una solución, la última en 1984, resultaron inútiles: nunca celebraron una sola reunión.
El Valle de los Caídos no es un cementerio. Algunos familiares de muertos en ambos bandos pretenden rescatar sus restos y han interpuesto demandas en juzgados. No lo conseguirán. Y no porque un juez lo vaya a impedir. "Los restos sirvieron para llenar cavidades internas de las criptas y ahora forman parte de la estructura del edificio. Las humedades han hecho el resto", explica una fuente del Valle de los Caídos. No hay columbarios. No hay nichos como se ha llegado a creer. Queralt Solé tiene una íntima convicción después de años investigando los fallecidos: "Franco ni siquiera respetó a sus muertos".

La investigación iniciada por el juez Garzón ha reabierto la fosa de la Memoria. Miles de españoles quieren saber. El proceso iniciado por el juez no tiene consecuencias penales, pero algunos historiadores creen que ha llegado el momento de avanzar un paso más en la investigación y de darle respuesta a otras preguntas. Después del qué está el quién.
Así lo expone Sergio Gálvez: "¿Está la sociedad española preparada para que, al igual que vamos conociendo los nombres de las víctimas de la represión franquista, los historiadores comiencen a investigar y ofrecer los nombres de los denunciantes, de los beneficiarios económicos y, asimismo, de los responsables políticos que llevaron y ejecutaron meticulosamente la represión? De llevarse a cabo estas investigaciones, ¿modificaría sustancialmente nuestro conocimiento sobre la reciente historia contemporánea española? Y lo que es más importante: ¿nos serviría para trazar, desde una perspectiva histórica, la configuración de las redes políticas, sociales, económicas durante el franquismo y sus lazos actuales con las fuerzas centrales del país que hoy dominan dichos espacios? Ahí quedan estas preguntas que en breve requerirán respuestas concretas por parte de los investigadores".

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REPORTAJE: Boda y muerte en un día

Se casó para que su novia no fuera madre soltera y porque lo iban a fusilar. ¿Delito?: "No consta"
NATALIA JUNQUERA 14/09/2008

Arturo Lodeiro estaba en la cárcel el día en que se casó con Julia Muñoz. No llegaron a verse como marido y mujer. Se casaron por poderes. Arturo, cerrajero, de 35 años, que llevaba casi diez meses detenido, estaba "a punto de morir", fusilado. Julia, embarazada de dos meses, se convirtió en viuda ese mismo día, tal y como su marido le comunicaba en su última carta, escrita en capilla, horas antes de ser ejecutado:

"Ya sabes que no quiero rencores. Acepta esto como lo que es, un error", le rogó a su mujer en la última carta

"Madrid, 27 de abril de 1940.
Adorada esposa: En este momento realizo mi voluntad por lo cual puedo llamarte al final de mi vida, esposa mía, y a mi niña, hija verdadera. A pesar de que los momentos no son de los más agradables, al menos me cabe la alegría de haber cumplido contigo como Dios manda. Ya, querida nenita, puedes llamarme esposo, y cuando hables a nuestra Julina de mí, le digas que su papaíto la quería mucho por ser hija tuya y por quererte como jamás quise. Tú, Julia mía, procúrate una relativa y sana felicidad. No le des a mi nena un padre que sea malo.

Ya sabes que no quiero rencores. Acepta esto con la mayor resignación y que lo consideres como un error, como lo que es. Cuando éstas recibas, ya habré dejado de existir y mi último pensamiento habrá sido para mis dos niñas inocentes y desamparadas. Ten valor, Juli, piensa en nuestra nenita.

Un beso hasta dejar la vida, para ti y la niña".
Julia Muñoz no pudo ir a recoger el cuerpo de su marido. "Cuando supo que había muerto se puso muy enferma. No quería comer y apenas podía alimentar al bebé", explica su nieta, Julia Mota. Pero no le olvidó. A su hija le habló siempre de aquel hombre que "un día de invierno, cuando le preguntaron por qué venía sin abrigo, contestó con naturalidad: 'Se lo di a uno que tenía más frío". Y que consiguió aprisionar decenas de mensajes en papelillos de fumar enrollados y escondidos en los bajos de los pantalones que le daba a lavar desde la cárcel; mensajes que revelan, en tan sólo ocho líneas a veces, un amor infinito -"eres imprescindible para mi vida, no porque tengas que quererme, sino por ya dominarme completamente, imposibilitándome de pensar en otra cosa que no seas tú (...). Hoy estoy muy triste, y aunque pienso cosas muy bonitas no puedo darles expresión en mi carta; perdóname, nenita, estoy loco..."-. Y otras, un pragmatismo sobrecogedor en un hombre que sabe que todos sus gestos y palabras son ya una despedida: "El miércoles próximo te mandaré para que te compres unas yemas, pues he vendido el tabaco (...). Mándame el pantalón viejo".

Julia Muñoz guardó los papelillos de fumar y aquella última carta como un tesoro hasta su muerte, en 2000, a los 91 años. También las inútiles, pero cariñosas cartas de recomendación de varias viudas de falangistas: "Celia Leira, viuda de Pena, afiliada a Falange, declara estar muy agradecida al detenido Arturo Lodeiro, a quien cree incapaz de haber cometido delitos. En varias ocasiones me demostró tener buenos sentimientos. Al ser detenido como fascista mi marido, él trató de buscarlo y ponerle a salvo, conociendo sus ideas", se lee en una de ellas.
Años más tarde, esas cartas cayeron en manos de su nieta, que se enamoró del hombre que en sus últimas horas de vida sólo pensaba en casarse con su novia para que no fuera madre soltera y en garantizar su supervivencia, para lo cual era imprescindible impedir que la consumiera el odio - "ya sabes que no quiero rencores, acepta esto con la mayor resignación y considéralo como lo que es, un error" -. Cuando Julia Mota terminó de leer, necesitó encontrarle.

Empezó a preguntar por él en cada archivo. En Instituciones Penitenciarias le facilitaron un documento que le provocó una indignación imperecedera, y que dice: "Ingresó en prisión el 14 de junio de 1939. Entregado el 27 de abril de 1940 al piquete de ejecución para dar cumplimiento a la sentencia de muerte. Delito: No consta". "¡Mataron a un hombre sin saber por qué!", grita Julia, 68 años después del fusilamiento de su abuelo. Más tarde, en el foro Memoria y Libertad, dio con alguien que tenía no sólo noticias sobre el paradero de Arturo Lodeiro, sino su mismo apellido.

"No conocíamos a la familia de mi abuelo, ni ellos a nosotras. Ni siquiera sabían que se había casado", explica Julia. Hasta el punto de que cuando los gestores del cementerio de la Almudena buscaron a la familia Lodeiro para preguntarle si quería llevarse sus restos -diez años después del fusilamiento-, llamaron al padre del ejecutado y no a su viuda. "Lo exhumaron y se lo llevaron a su panteón familiar. Mi abuela nunca lo supo". Un día, en Internet, Julia tropezó con aquella parte de la familia que no conocía y encontró por fin a su abuelo. "Fui a ver el panteón familiar al cementerio el pasado 12 de abril. Sentí de repente una tranquilidad absoluta".
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ENTREVISTA: "Que no nos den una versión falseada de la Historia"

ENTREVISTA: LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA José Álvarez Junco Historiador

POR JUAN CRUZ 14/09/2008

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José Álvarez Junco vive desde 1972 en una casa que parece el espejo de su serenidad como historiador, como catedrático y como persona. Con ese espíritu abordó la España del siglo XIX en Mater dolorosa; con el mismo carácter enfocó su tarea de director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que ocupó durante cuatro años hasta el último mes de mayo, y con ese modo de ser afrontó la tarea de ayudar a pensar en la Ley por la que se Reconocen y Amplían Derechos y se Establecen Medidas a Favor de Quienes Padecieron Persecución y Violencia Durante la Guerra Civil y la Dictadura, que la gente ha dado en llamar Ley de la Memoria Histórica. Ahora que ha vuelto con fuerza la ola de este debate sobre la guerra y sobre la represión posterior, Álvarez Junco interviene en la polémica en una entrevista que refleja ese aire reposado con el que el historiador afronta las espinas del pasado.
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"La Ley de Memoria Histórica no es muy audaz, pero no se podía hacer otra cosa"
"Me parece que hay que impulsar la iniciativa de Garzón, lo único que pide es información"
"La Iglesia está desorientada. No reconoce los propios errores y echa la culpa al Gobierno de que hay una conspiración satánico-masónica de la que forma parte Zapatero"
Pregunta. Usted escribió hace once años un artículo en el que tachaba esa famosa frase de Santayana: "Los pueblos que carecen de memoria están condenados a repetir el pasado".
Respuesta. El pasado no se repite. Las sociedades y las coyunturas cambian. Hay otra frase muy repetida: "Tenemos una deuda con nuestros muertos". A un muerto no le puedes pagar una deuda. A quien le mataron a su padre no se lo podemos devolver vivo... El objetivo de una ley de este tipo no es hacer justicia con los muertos ni evitar que se repita una y otra vez el pasado.
P. ¿Cuál es, entonces?
R. Generar confianza entre los ciudadanos y las instituciones. Que los ciudadanos sepan lo que ocurrió, gracias a la acción de las instituciones. Cuando se hace algo de este tipo no es que acabe ganando el bueno al final de la película, pero sí, al menos, sabemos cuántos inocentes quedaron en la cuneta y quiénes fueron los culpables. Eso es lo único que puede conseguir una ley así tras una tragedia colectiva ya tan remota en el tiempo.
P. Que la gente sepa.
R. Sí, que al final se sepa que ganan los buenos, o al menos que no nos den una versión falseada de la Historia. Un Gobierno que quiera generar confianza tiene que actuar con sentido de la justicia; no puede actuar en plan sectario.
P. Su colega Ángel Viñas escribió el otro día en EL PAÍS esta frase: "¿Qué tiene el pasado español para que su escrutinio deba permanecer cerrado a cal y canto?".
R. Es una observación exagerada, creo. El escrutinio del pasado no ha permanecido cerrado a cal y canto. Incluso en los momentos álgidos de la transición, la revista Interviú sacaba reportajes sobre fosas en las que había cuerpos de fusilados. Y hubo libros, y películas. O sea, que decir que ese pasado ha permanecido en secreto es, como mínimo, exagerado. Otra cosa muy diferente es que en la transición hubiera un pacto de no hacer justicia, ni mucho menos represalias, contra los responsables de aquellos hechos violentos. Ese pacto sí existió. Pero uno de olvido y de silencio creo que no.
P. ¿Y qué le parece ese pacto visto desde hoy?
R. Creo que fue una de las claves de la transición. Las circunstancias no eran precisamente ideales: los franquistas tenían el poder y los medios de represión. La oposición tenía la capacidad de movilización en las calles, pero ellos tenían los aparatos de represión. Los dos lados eran débiles, y se vieron obligados a pactar.
P. ¿Y qué se hace ahora, cuando ya no parece necesario el pacto?
R. Ahora que están muertos los ejecutores, ¿cómo vamos a hacer justicia? Y algunos protagonistas de un lado y otro que siguen vivos tuvieron un papel fundamental en la transición; sin ellos no podría haberse hecho.
P. ¿Y qué se hace con la gente que quiere saber dónde están sus muertos?
R. Hay que apoyarles. Y así lo hace la ley: el Estado prestará su apoyo a quienes tomen esa iniciativa [de buscar a sus muertos]. La ley adoptó a este respecto una línea intermedia, y no lo que pedían algunas asociaciones, que era que el Estado se encargara de una tarea sistemática de exhumación e identificación. En los artículos 13 a 16 se establece que las administraciones públicas colaborarán con los familiares o las asociaciones que deseen localizar e identificar los restos de los desaparecidos; que les prestarán medios técnicos, apoyo jurídico e incluso subvenciones; que se elaborarán mapas donde se localicen esos restos, se prestarán medios forenses para identificar, contrastar ADN, etcétera. Los interesados son los que deben tomar la iniciativa, y la Administración apoyará. La Administración no lo va a hacer por iniciativa propia.
P. ¿Y qué le pareció a usted la ley?
R. No es una ley muy audaz, muy rompedora, y no satisface a las Asociaciones de la Memoria Histórica, que pedían más; pero tampoco en las circunstancias en las que salió se podía hacer otra cosa. Es una ley prudente y moderada.
P. ¿Reabre heridas?
R. Creo que ésa no es su intención. Pero pensemos en un pueblecito donde siguen viviendo a cientos de metros de distancia los nietos del ejecutado y los nietos del ejecutor. El día que se saquen los restos del ejecutado, los lleven al cementerio, se ponga una lápida, se haga un pequeño acto de homenaje, ¿qué estará haciendo la familia del ejecutor? Probablemente estarán metidos en sus casas, furiosos, avergonzados... ¿Esto es reabrir heridas? Pues sí, para ellos reabre heridas. Quizá no debería reabrirlas; lo más inteligente para ellos sería ir al cementerio, sumarse al acto de homenaje y decir: "Nosotros no tenemos nada que ver con aquella brutalidad". Pero no es probable que lo hagan.
P. ¿Cómo ve lo hecho por Garzón?
R. Me sorprendió, no estaba previsto en la ley. Lo previsto es que fueran particulares y que les apoyaran "las administraciones públicas competentes". Que de repente se metiera el poder judicial no era lo previsto. Pero en cuanto pasaron unos minutos me pareció que había que impulsar esta iniciativa de Garzón. Lo único que está pidiendo es información.
P. ¿Y cuál es su sensación leyendo las historias que ocurrieron?
R. Mi sensación es doble. La primera y más importante es de horror y de apoyo a los herederos sin la menor duda. Aquello fue una brutalidad. Y que conste que si fueran del otro lado me ocurriría lo mismo. En sitios como Cataluña, hay que tener en cuenta que quien dominó durante la mayor parte de la guerra fue la izquierda, y que, por tanto, muchas de las víctimas son gentes de derechas, a quienes no se pide ahora que se les hagan homenajes. Claro que ya se los hicieron en su día, sin duda, pero la democracia también debería hacerlos. La democracia debería reconocer al señor al que se fusiló por "fascista", porque tenía unas tierritas y porque iba a misa; pues eso fue una brutalidad. A una democracia no debería bastarle con que el franquismo ya les hiciera homenajes en su día.
P. ¿Y la otra sensación?
R. La necesidad de ser prudente. Las instituciones en España son sólidas, estables, no parece que tengan ahora mismo peligros ni amenazas de ninguna clase; pero la tragedia de hace setenta años fue tal que no es cosa de tentar al diablo. Por otra parte, en la transición se hizo un pacto, y los pactos están para ser respetados.
P. ¿Y cómo ha de respetarse éste?
R. No es cosa de empezar con represalias ni con exigir responsabilidades, que por otra parte se han extinguido. Las responsabilidades penales no se transmiten a los herederos, se extinguen con la muerte del dictador. Pero estoy a favor de la clarificación total.
P. ¿Qué piensa de la reacción del PP y de otros sectores de la sociedad sobre las heridas que se reabren?
R. Pues algo de razón tienen, como ya le dije, porque en alguna medida las heridas pueden reabrise. Pero si ellos fueran un poquito más generosos y más inteligentes sabrían distanciarse de la derecha de los años treinta. La verdad es que ellos no son la derecha de aquellos años, no han matado, no tienen un proyecto totalitario fascista ni son exactamente nacional-católicos. Son un partido conservador, dentro de un sistema democrático, y eso es legítimo. Que marquen las distancias, igual que la izquierda debe marcar distancias. Tampoco la izquierda actual, el PSOE, por ejemplo, es el PSOE de Largo Caballero. Ni Izquierda Unida son los bolcheviques revolucionarios... Y deberían tenerlo claro.
P. ¿Y el PP cómo tendría que marcar distancias?
R. Pues dejando este tema de lado, por ejemplo; incluso debería apoyar la Ley de Víctimas. Lo que hizo el PP el 20 de noviembre de 2002, apoyando una condena del franquismo en el Parlamento, que se aprobó por unanimidad. Aquello fue inteligente.
P. Y el PSOE, ¿cómo se tendría que distanciar?
R. Pues reconociendo que no es el PSOE de Largo Caballero, reconociendo que no hay un proyecto de revolución soviético; es evidente que no lo hay, y lo sabemos todos. Pues reconózcanlo.
P. Dice el PP que todo esto es una cortina de humo para ocultar la crisis...
R. Eso se puede decir de cualquier cosa, y algo de razón puede que haya, porque el Gobierno está interesado en que no se hable tanto de crisis. Que una de sus intenciones sea ésa, pues es posible, pero no es lo más importante. ¿El tema merece ser puesto sobre la mesa o no? Yo creo que lo merece.
P. Decía que el PP y el PSOE deberían tomar distancias con respecto a épocas pasadas. ¿Y la Iglesia?
R. La Iglesia está desorientada y un tanto desesperada porque está perdiendo terreno y no sabe cómo evitarlo. No reconoce los propios errores ni la evolución de la sociedad, y echa la culpa al Gobierno de que hay una conspiración satánico-masónica de la que forma parte Zapatero. Y lo que no quiere reconocer es que, sin necesidad de acción gubernamental alguna, sólo va a misa el 20% de los españoles, y sólo va el 10% de los jóvenes... Eso le resulta muy difícil de comprender a una institución que se cree enviada por Dios para ejecutar su suprema voluntad...
P. En el tema de la memoria histórica, siguen poniendo los pelos de punta aquellos obispos bendiciendo la Cruzada, con el brazo en alto...
R. Y a los obispos también eso les debería poner los pelos de punta.

REPORTAJE: Otras memorias: Chile, Uruguay, Argentina