No más allá

Fuente: Diario de avisos.

AURELIO GONZÁLEZ

No más allá

Un determinado sector de la población de este país parece cada día más decidido a demostrar que no ha aprendido aún aquella dolorosa y vergonzosa lección que supuso, hace ya más de setenta años, la Guerra Civil española, así como los años previos a la misma y la posterior dictadura franquista.

Parece mentira que después de haber protagonizado tres años de matanzas entre conciudadanos por el hecho de pensar de manera diferente, con un saldo de más de un millón de muertos -lo que representa para mí la mayor afrenta y vergüenza de España ante Europa y ante el mundo-, tantos años después volvamos a empezar a proferirnos descalificaciones personales parecidas a las que caracterizaron los años previos de aquella contienda por la única y natural razón de ver la vida y las relaciones entre las personas de manera diferente.

Tras la muerte de Franco nuestro país ha dado, no obstante, no pocas muestras de sensatez y prudencia política. Durante este tiempo hemos sido capaces de llevar a cabo una transición democrática constituyéndonos en Monarquía constitucional, de consensuar y sancionar una Constitución y de convivir democráticamente durante treinta años bajo la dirección del rey y la dirección política de cuatro gobiernos constitucionales.

No han faltado durante estos años, sin embargo, políticos de todos los credos ideológicos que han protagonizado actitudes y comportamientos poco democráticos. Por ejemplo, aún seguimos oyendo a muchos situados en la izquierda utilizar la expresión "de derechas" con intención despectiva y descalificadora. Sí, mucho más a los insistentemente autocalificados de izquierdas (y siento enfatizarlo), cuyo fanatismo les impide comprender que para que exista una izquierda es imprescindible que haya una derecha, y viceversa.

Todo eso, y más, lo hemos venido oyendo y viendo durante este tiempo. Pero ha sido últimamente, con motivo de la propuesta de aprobación de la denominada Ley de Memoria Histórica -o Ley de Víctimas, como también la llaman- cuando a mi juicio la situación está tomando un tinte más preocupante por peligroso. Y he de apresurarme a decir -para evitar juicios precipitados, que son prejuicios, más bien- que estoy de acuerdo con esa ley si con ella se pretende reconocer el derecho de los herederos de los asesinados (fuera del escenario de combate) con motivo de la Guerra Civil (antes, durante y después), tanto en el bando republicano como nacional, a que se les entreguen los restos de sus seres queridos para honrarlos como deseen.

Pero es que ahora pretenden buscar e identificar a los culpables de aquellos asesinatos para condenarlos, lo que me parece, además de algo prácticamente imposible -casi todos los responsables, de ambos bandos, han fallecido ya y los demás son, como mínimo, nonagenarios- una insensatez y una temeridad. No creo que eso signifique un acto de justicia y un cierre definitivo de las heridas dejadas por aquella contienda civil. Cuando al querer juzgar se corre el riesgo de cometer nuevas injusticias es mejor entregar los restos de los asesinados a sus familiares, que no es poca justicia, y dejar las cosas como están.

Porque un proceso de localización e identificación de los asesinos que queden vivos será muy difícil y, por tanto, no exento de riesgos de equivocación a la hora de juzgarlos y mandarlos a la cárcel. Por otra parte, ¿se haría pública la identificación de un asesino ya fallecido con las consiguientes consecuencias para sus herederos? ¿Pagarían estos herederos, con cárcel o escarnio público, lo hecho en la Guerra Civil por sus antepasados? Creo que este proceso que se pretende, de llevarse a estos extremos, en lugar de cauterizar definitivamente las heridas de aquella contienda, lo que haría es que vuelvan a sangrar y a doler más.

No se entiende, además, para qué sirvió aquella Ley de Amnistía, que suscribimos todos en 1977 y que pretendía construir una España de concordia y tolerancia políticas a través de un proceso de transición que no fuera condicionado por el odio, el dolor y el rencor. Aquella España de 1977 optó por perdonar (a unos y a otros), aunque no olvidar, para hacer posible la reconciliación democrática y evitar así la reproducción de tantos odios y tantas atrocidades. ¿Qué se pretende ahora despreciando aquella unánime voluntad legislativa?

Da que pensar el inusitado interés actual por identificar y castigar a los culpables. Y más aún que ese interés sea protagonizado por un juez de la Audiencia Nacional y apoyado por el poder institucional representado por el Gobierno del Estado. Hay quien dice que la intención, en realidad, es disipar la preocupación de los ciudadanos por la seria crisis económica que atravesamos. Podría ser, pero también un argumento de la oposición para señalar la cobardía del Gobierno. Otros arguyen que sólo hay ánimo de revancha, cosa que yo no puedo creer ni quiero. En cualquier caso, hay que evitar que en este asunto la voluntad y la intencionalidad políticas determinen la memoria, la justicia y el sentimiento. No hay que olvidar que a veces, la obsesión y el fanatismo representan las únicas fuerzas de voluntad de las que son capaces los débiles y que, con frecuencia, el gran enemigo de la democracia es la militarización de las ideologías. Vayan mis respetos, pues, para la memoria de los asesinados en uno y otro bando de la contienda y mi apoyo para que sus restos sean recuperados y honrados como deseen sus familiares. Hasta ahí llego yo, no más allá.