sábado, 13 de septiembre de 2008

La ARMH enviará al juez Garzón los datos de 720 desaparecidos de la zona


Restos hallados en la fosa de costaján, exhumada en 2.003.

Fuente: Diario de Burgos.

Ribera
12/09/2008

Comarcas Ribera y Arlanza / Memoria histórica
La ARMH enviará al juez Garzón los datos de 720 desaparecidos de la zona

El responsable de la agrupación en la Ribera estima que a la cifra de víctimas habría que sumar otro centenar de fusilados aún anónimos

Paco Santamaría J.C.O./ Aranda

Los responsables de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) en la Ribera del Duero enviarán al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los datos de 720 personas desaparecidas en el verano de 1936 en la comarca y en la zona de Lerma víctimas de la represión franquista. Una aportación que se enmarca dentro de la petición realizada por el magistrado para averiguar el paradero de los desaparecidos aún no identificados de la Guerra Civil y la posguerra.El representante de la ARMH, José María Rojas, informó que las fichas ya se han entregado al abogado Fernando Magán que ejerce la acusación en las ocho querellas planteadas por asociaciones y particulares ante el Juzgado de Instrucción Número 5, del que es titular Garzón, bajo el objetivo de que este crimen, por su carácter sistemático y masivo, se declare delito de lesa humanidad.Rojas ha recopilado desde 2003 el listado, y la historia en algunos de los casos, de la gran mayoría de las personas que fueron ajusticiadas en las comarcas de la Ribera y del Arlanza, además de unos documentos que presentó en los ayuntamientos solicitando su información. El responsable de la ARMH ha documentado 720 asesinados con nombres y apellidos, aunque según sus datos a la cifra de víctimas habría que sumar por lo menos otro centenar. «En algunos pueblos los tengo computados, pero los tengo con apodos, y con eso no hemos podido hacer nada por el momento», señala.Reconoce que el laborioso y minucioso proceso ha entrañado una enorme dificultad «porque ha habido que ir depurando datos, errores, nos han dado nombres mal... No ha sido fácil, porque jugamos primero con memoria, que es frágil, y con retazos de documentación, que hemos ido reconstruyendo», explica.Desde que en 2002 se exhumara en Espinosa de Cervera la primera fosa común en la que estaban enterrados cuatro vecinos de Caleruega se han recuperado en la zona los restos de unos 300 ajusticiados. Sin embargo, según Rojas, sería necesaria realizar pruebas de ADN ya que tan solo han podido identificar a medio centenar.A su juicio la decisión del magistrado supone un importante paso «aunque son unas diligencias previas y habrá que esperar a ver si la documentación se la dan y posterior ver qué dice, sobre todo respecto a si tiene competencia o no para juzgar esos hechos».Pese al revuelo y al enconado debate que ha levantado la providencia, Rojas subraya que lo que se está pretendiendo «no es buscar responsabilidades penales sino que se impliquen, que se descubran donde están las fosas, se determine quiénes son los que están ahí enterrados, se les saque y se devuelva los restos a sus familiares», indicando que en, cualquier caso, aún quedan vivos «aunque pocos» algunos responsables de aquella masacre.De hecho la ARMH ha puesto en manos del abogado al menos un par de nombres de verdugos que participaron en los hechos «porque a lo mejor les pueden llamar p y tomarles declaración para ver qué es lo que hicieron y nos digan dónde están las fosas que no encontramos porque nosotros no conseguimos hablar con ellos ni nos lo quieren decir».PersonaciónPor otra parte, Rojas anuncia su intención de personarse como parte en el proceso judicial como responsable de Izquierda Republicana «puesto que fueron muchos los compañeros asesinados en aquella época» o como representante de la ARMH.

Un monumento en el cementerio homenajeará a los represaliadosen Sevilla,

Un monumento en el cementerio homenajeará a los represaliados

Diario de Sevilla - Sevilla.

El Ayuntamiento colocará también una placa en la muralla de la Macarena, lugar de varios fusilamientos, y enviará a Garzón un listado con un millar de víctimas.

El Ayuntamiento de Sevilla anunció ayer, en rueda de prensa, que llevará a cabo dos iniciativas "a la mayor brevedad posible" para homenajear las víctimas del franquismo: la primera de ellas será la instalación en el cementerio de San Fernando de un monumento con los nombres de víctimas de los que se disponga, en cumplimiento de un acuerdo plenario y, en segundo lugar, colocará una inscripción en las murallas de la Macarena, donde se produjeron varios fusilamientos. La portavoz municipal, Maribel Montaño, añadió que la pasada semana se puso manos a la obra inmediatamente tras recibir la petición del Juez Garzón para investigar en los registros del Ayuntamiento la lista de fusilados durante la Guerra Civil.

Según Montaño, la intención del gobierno es "cumplir taxativamente una orden judicial y colaborar de manera diligente en la recuperación de la memoria histórica". El Consistorio hispalense ya ha recabado los datos de alrededor de un millar de represaliados y prevé remitir a la Audiencia Nacional el próximo mes de octubre toda la documentación que ha conseguido recoger.

La portavoz municipal recalcó que una parte "importante" de la represión del franquismo, al margen de los asesinatos, fue "borrar la memoria", así que agradeció al director del Aula para la Recuperación para la Memoria Histórica, Antonio Rodríguez Galindo, y al director del Archivo Histórico Municipal, Marcos Fernández, que hayan aportado de manera "inmediata" los datos de que disponían al respecto.

Según expuso Rodríguez Galindo, tras cinco años de funcionamiento del Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica, la entidad está en disposición de aportar datos. No obstante Rodríguez Galindo matizó que es una labor "difícil", ya que no todos los fusilados fueron inscritos. Además, en los años anteriores al alzamiento franquista también se enterraban indigentes en las fosas comunes, mientras que algunos de los represaliados fueron alojados en panteones familiares. De las 3.500 hojas en blanco que aparecen en los archivos municipales del cementerio y que se corresponden con personas fusiladas -los expertos hablan de hasta 8.000 víctimas de la represión en el cómputo global de la capital andaluza-, la administración local ya dispone de los datos "desde el rigor" de alrededor de un millar de ellas, según el director del Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Otra de las fuentes de información que el Ayuntamiento de Sevilla está utilizando para el recuento de fallecidos proviene de las propias familia de las víctimas. El hijo de Horacio Hermoso, último alcalde republicano de Sevilla y fusilado en 1936, ha proporcionado en los últimos días al Consistorio la partida de defunción de su padre.

El acto también contó con la presencia del catedrático Juan Ortiz, que subrayó que en su primera investigación al respecto, en abril de 1985, documentó la existencia de unos 560 nombres de represaliados. Juan Ortiz deseó que la lista completa "se sepa algún día", y aludió al avance que supone la informatización de los registros como clave para sistematizar todos los datos. Ortiz señaló la necesidad de hacer un "barrido" en los archivos municipales y militares.

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Xunta remite a Garzón la lista de 4.396 víctimas de la represión ...

Xunta remite a Garzón la lista de 4.396 víctimas de la represión ...

Terra España - Spain

La Xunta de Galicia ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón una lista con los nombres de 4.396 víctimas de la represión franquista en esta comunidad entre los años 1936 y 1939, informaron fuentes judiciales.La Xunta ha dado traslado de estos datos a Garzón después de que éste pidiera a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que han presentado denuncias en su juzgado, que le facilitasen una relación de los desaparecidos en ese periodo y su posible ubicación.Los datos remitidos hoy al magistrado forman parte de la investigación 'Las víctimas, los nombres, las voces, los lugares' que desarrollan las tres universidades gallegas y que han localizado hasta la fecha 305 lugares relacionados con la represión, 26 fosas comunes y 11 fondeaderos, lugares de la costa en los que se arrojaron cadáveres.El pasado día 1, Garzón reclamó en una providencia al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal, al Centro Documental de la Memoria Histórica y a las asociaciones denunciantes toda la información de que dispusieran sobre el número de desaparecidos con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
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La paz de los sepulcros.


La paz de los sepulcros

Ideal Digital - Andalucía,Spain

13.09.08 - NEUMAN

DESDE que el juez Garzón tomó la iniciativa de pedir documentos sobre desaparecidos y fosas comunes en la Guerra Civil y la posguerra, se han sucedido algunas reacciones que van de la frivolidad al cinismo, cuando no a la más lisa crueldad. Más aun considerando que la investigación está en su fase preliminar, y que el objeto de la misma es determinar si el juez es competente o no para afrontar la denuncia presentada por 13 asociaciones por crímenes contra la humanidad atribuidos al régimen franquista. Serán los expertos quienes deban resolver los debates sobre la jurisdicción universal de los crímenes, su prescripción o no, su permanencia por paradero desconocido, o sobre la cláusula Martens del II Convenio de La Haya. Sería irresponsable ponerse a pontificar en términos legales sin ser peritos en la materia. Lo que sí podemos hacer es un análisis social y ético de ciertas reacciones, así como de sus argumentos.

Estas semanas se han oído voces que, en desacuerdo con la iniciativa del juez Garzón, han aludido irónicamente a la Guerra de Independencia y los asesinatos de principios del siglo XIX, insinuando que entonces también deberían investigarse. Olvidan o silencian estos objetores que no sólo hablamos de algo mucho más reciente, sino de decenas de miles de personas que hoy quisieran saber dónde yacen sus padres o abuelos, para enterrarlos en paz. De gente todavía viva que fue privada de sus parientes directos e incluso de sus restos. Eso, cuando sucede en otros países, lo llamamos desaparecidos. Aplaudimos que nuestra justicia se implique en los casos de Chile, Argentina, China o Tíbet. Pero aquí no. Aquí parece que somos demasiado europeos, ricos y amnésicos como para tener desaparecidos. Hablar de las guerras carlistas o de Fernando VII implica no saber diferenciar entre ciudadanos actuales que crecieron viendo sus familias mutiladas, con tremendos efectos íntimos en el presente, y unos remotísimos parentescos con víctimas de otras épocas que, en el mejor de los casos, serían tátara-tatarabuelos a quienes jamás se habrán visto en retratos. Porque entonces ni siquiera existían las fotos. Ni, huelga decirlo, el concepto internacional del genocidio. Ni la figura de los crímenes de lesa humanidad. ¿Son suficientes diferencias? ¿O seguimos jugando a preguntarle al juez Garzón por qué no investiga las agresiones entre neandertales?

Otra de las objeciones más frecuentes es la de invocar los crímenes de guerra, siempre tan lamentables como inevitables. Esta objeción resulta especialmente preocupante. Algunos hablan como si la Guerra Civil hubiera ocurrido un buen día de pronto y sin antecedentes legales. Una cosa es admitir que, en efecto, hay atrocidades que ocurren por la trágica suspensión de los derechos elementales durante cualquier guerra. Y otra cosa es omitir que, antes de la Guerra Civil y sus devastadores efectos en ambos bandos, tuvo lugar un golpe de Estado a un gobierno democrático, votado mayoritariamente por la ciudadanía española. Golpe militar que violó lo que hoy todos los partidos, incluidos los conservadores, denominan solemnemente el 'estado de Derecho'.

Fue precisamente la violación de ese derecho lo que provocó que en Granada, como en otras ciudades, el acalde democrático de turno, Manuel Fernández Montesinos, fuese detenido y fusilado. Igual suerte corrió un alcalde granadino anterior, José Palanco Romero, hoy olvidado. E igual suerte corrieron miles de personas anónimas que acabaron en una fosa común igual que Lorca. En ese momento no había una simple guerra: había una legalidad vigente contra la que un bando militar estaba atentando. No ser capaz de distinguir conceptualmente entre una guerra clásica y una serie de secuestros, derrocamientos y fusilamientos cuyo objetivo es interrumpir una legislatura democrática, resulta grave para un país europeo que presume de modernidad democrática. No se trata de dividir a los muertos en buenos y malos. Una vez consumado el conflicto bélico hubo, por supuesto, dolor y víctimas inocentes en ambos bandos. Pero el bando vencedor fue uno solo. Quienes se oponen a la investigación invocan la fatalidad de las guerras, pero no quieren hacerse cargo de quién ganó esa guerra y cómo gestionó la memoria nacional.

Tampoco pude comprender la primera reacción del señor rector de la Universidad de Granada. En un extraño alarde de mala voluntad, tanto él como el acalde advirtieron públicamente de antemano que no encontrarían mucha información, como si ellos mismos se hubieran pasado años rebuscando esos papeles. El señor rector se extrañó, además, de que a otros rectores no se les pidiera lo mismo. Que es como decir: es cierto que aquí secuestraron a profesores, pero, oiga, en Salamanca fueron más, ¿por qué me pregunta a mí? Con esa lógica, ningún crimen merecería una documentación, porque siempre habrá otros más numerosos. ¿No están las universidades y sus cátedras de Historia para conocer y entender lo mejor posible el pasado? ¿O es que este pasado es demasiado nuestro como para querer investigarlo?

Sé que es tentador declararse neutral: a nadie le gusta recordar tragedias. El problema es que la postura de negarse a desenterrar cierto pasado no resulta, en realidad, en absoluto neutral; y, quiérase o no, es una toma de partido activa, pues implica impedirle a mucha gente que cierre su luto. Para cerrar las tumbas (y todos queremos cerrar de una vez las de hace setenta años), primero esas tumbas necesitan existir. La célebre paz de los sepulcros requiere al menos eso: un sepulcro, un lugar, unas actas. Mal descansan los vivos cuando hay muertos despiertos por falta de hospedaje.
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Francisco Espinosa acusa de manipulación a EL PAÍS

Francisco Espinosa acusa de manipulación a EL PAÍS

El historiador Francisco Espinosa publicó en El País del 10 de septiembre pasado un artículo titulado "De fosas y desaparecidos". Ayer se publicaba en el mismo diario una "Fé de errores" donde se rectificaba una de las frases del artículo. Espinosa me remite un texto donde explica la urdimbre del asunto y acusa al periódico de manipulación.

Manipulación profesional en el periódico global

La pasada noche del día 8 envié un artículo al diario El País. Al día siguiente al mediodía se me comunicó –con la firma “Sección de Opinión del diario El País”– que el Comité de Lectura de artículos de opinión había decidido proponer su publicación, lo cual sin previo aviso se llevó a efecto al día siguiente miércoles 10. En un vistazo superficial percibí algunos cambios aparentemente irrelevantes, cosa por cierto prohibida en su Libro de estilo (p. 38 de la edición de 1990) salvo por motivo de ajuste o errores flagrantes, lo que no era el caso, pero no fue hasta la tarde de ese día que decidí cotejar las dos versiones. Fue entonces cuando me di cuenta de que se había producido un cambio importante en una frase concreta. En el texto que envié se leía:

El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no son los responsables de los crímenes cometidos ni montar otra Causa General ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines...

La frase aludía a lo escrito por J. Pradera en su columna del domingo anterior día 7, titulada "La guerra que no cesa", donde tras referirse a diversos procesos de transición decía: La singularidad española es que se continúen buscando en 2008 las responsabilidades individuales de los crímenes cometidos entre 1936 y 1975, a los 33 años de iniciada la transición y 72 años después de comenzada la Guerra Civil. Por mucho que se repita la necedad, la atribución de esa anomalía a un pacto de silencio solapadamente suscrito en 1978 por franquistas cínicos e izquierdistas claudicantes continuará siendo una enorme tontería. Y a continuación seguía una crítica al uso de la palabra desaparecidos en relación con la guerra civil española.

Esto influyó en el título que puse al artículo, en el que, intencionadamente, utilicé la palabra desaparecidos, reivindicando así su aplicación en el caso español y su estrecha relación con el concepto de fosa común. Pero alguien, que probablemente captó la relación con el escrito de Pradera, decidió que la frase anterior no debía salir así sino de esta otra manera:

El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines...

Naturalmente el sentido del texto original fue tergiversado por completo haciendo decir al autor lo que no había dicho y dando a la frase un sentido que no tenía, de forma que lo que era una alusión crítica a quienes, como Pradera entre otros, acusan de espíritu de venganza al movimiento de memoria histórica, se convirtió en una peculiar y extraña opinión del autor sobre lo que no debe ser el objetivo del llamado movimiento por la memoria. La consecuencia del cambio fue inmediata, produciéndose esa misma mañana y a lo largo del día críticas en torno a esa frase y a la siguiente, que por proximidad también había quedado desvirtuada, pues de ser respuesta a la anterior sobre lo que buscan realmente la mayoría de las personas que recurren a la página de Todos los Nombres –la frase simplemente constataba un hecho– pasó igualmente a representar otra opinión del autor.

El día 11 escribí una carta al director denunciando la manipulación y pidiendo una rectificación pública. Los efectos de la fechoría ya habían llegado al propio periódico, que en la misma edición de ese día publicaba una carta ("Sorprendente", de María M. Lorenzo) en la que se utilizaba la frase falsificada para criticar un supuesto doble rasero del juez Garzón y la actitud de la sociedad española. Supongo que esta circunstancia la tuvo que saber la propia Sección de Opinión que había dado el visto bueno a mi artículo y supo del arreglo pero, según parece, le dio igual.

Por otra parte, como era de esperar, a determinada gente –por no usar otra palabra– les faltó tiempo para esparcir por Internet críticas a mi texto y a mi persona, todas ellas centradas precisamente en el párrafo falsificado. La bola es difícil de parar y, como siempre, las críticas aparecen muchas más veces que el propio artículo. El falsificador contaba ya probablemente que su trabajo sería amplificado de inmediato por ese tipo de individuos que ni siquiera consideran oportuno aguardar un tiempo prudencial para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Por su parte El País, ante mi queja al director, se ha conformado con incluir el viernes 12 en una "Fe de errores" el texto que apareció y el original –antecedido por un "debía haber dicho...". Con ello el periódico ampara y avala no sólo “el error”, que no existió, sino la falsificación y por tanto al individuo que alteró el texto para desvirtuarlo y causar perjuicios al autor.

El manipulador profesional, que introdujo al menos veinte pequeños cambios en el texto publicado con la probable intención de diluir el verdadero cambio, debe estar riéndose allí donde esté. Ha conseguido que el contenido del artículo haya sido relegado a un segundo término y que, dada la extrañeza producida por el hecho de que semejante defensa de la impunidad salga de quien esto escribe –sobre todo después de haber mantenido una y otra vez la necesidad de que la verdad jurídica vaya a la par que la verdad histórica–, la discusión se centre en el párrafo manipulado. Y es que realmente los efectos de la falsificación afectan a todo el artículo –encabezado por la frase manipulada: “El objetivo del movimiento por la memoria no es castigar a los responsables de la represión…”– y, por supuesto, al autor, víctima de un verdadero ejercicio de ese tipo de violencia que no deja huellas visibles.

El error fue creer no ya que El País respetaría la libertad intelectual y el derecho de autor, cosas que ya sabemos que no están entre las prioridades de buena parte del cuarto poder, sino simplemente que no falsificarían un documento de carácter privado enviado a la sección de opinión de un periódico.

Francisco Espinosa Maestre

Fosa de Federico.


Federico García Lorca, en una imagen de sus últimos años de vida.


El monolito que señala el lugar exacto donde se encuentran los restos de Lorca, Galindo, Galadí y Argollas. /Lucía Rivas

Fuentes: El País, Público.


Una asociación pide a Garzón que abra la fosa de Lorca y señala otra ubicación

MANUEL ALTOZANO

La familia del maestro enterrado con el poeta solicita al juez que ordene excavar en el lugar señalado hace 30 años por Ian Gibson y en otro 430 metros más al sureste.


El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tendrá que decidir si abre la fosa en la que supuestamente se encuentra enterrado Federico García Lorca. Nieves García, la nieta del maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo, fusilado y enterrado junto al poeta, y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, solicitaron ayer al juez que admita el proyecto de exhumación de Galindo y de uno de los dos banderilleros sepultados en el mismo lugar, Francisco Galadí, y ordene el levantamiento de los cadáveres. Los denunciantes presentaron, además, un informe que da una ubicación alternativa de la fosa en la que se les enterró tras su asesinato por los sublevados.

La familia Lorca cree que abrir la tumba puede "falsear la historia"
El informe cita a un testigo del lugar donde el poeta pasó sus últimas horas


Las solicitudes de Nieves García y la asociación granadina se suman a las de otros nueve colectivos que solicitaron al juez Garzón desde 2006 que ordenara la reapertura de las fosas de desaparecidos desde el golpe de estado franquista, durante la Guerra Civil y en la dictadura que la siguió. El juez no ha admitido a trámite por el momento las denuncias pero, antes de tomar esa decisión, ha solicitado a la Conferencia Episcopal, al Gobierno, varios ayuntamientos y la universidad de Granada que le faciliten todos los datos sobre las víctimas para decidir si abre una causa por genocidio.

La petición de abrir la tumba de Lorca choca con la oposición de la familia del poeta que, en los últimos años, se ha negado a reabrir el enterramiento clandestino, a pesar de que las asociaciones de represaliados y algunos familiares lo han solicitado. "Exhumar los cadáveres de las personas identificadas ya, enterradas luego en fosas comunes y de las que se conocen las circunstancias de su muerte, podría llegar a falsear la historia", escribieron en una carta Vicenta, Concepción y Manuel Fernández-Montesinos, y Gloria, Isabel y Laura García-Lorca, sobrinos del dramaturgo cuando se suscitó por primera vez la cuestión en 2003.

La asociación y la nieta de Galindo pusieron además en duda, después de tres décadas de consenso, el lugar donde presuntamente se encuentra la fosa común en la que fueron enterrados. El presidente del colectivo, Francisco González Arroyo, facilitó a Garzón una ubicación alternativa a la descubierta por Ian Gibson en 1971, tras años de investigaciones. El hispanista sitúa la fosa junto al camino que une Alfacar y Víznar, al lado de un olivo cercano a la Fuente de Aynadamar, el lugar donde todos coinciden que fueron acribillados. En homenaje al poeta y a sus compañeros de suplicio, allí se construyó el parque Federico García Lorca, en el que un monolito recuerda el lugar exacto donde se perpetraron los asesinatos.

González Arroyo, en nombre de su asociación, y la nieta de Dióscoro Galindo solicitaron ayer al juez que permita las excavaciones pero no sólo en el lugar señalado por Gibson, sino también unos 430 metros al sureste de ese punto, en un paraje del mismo municipio de Alfacar llamado El Caracolar. El presidente de la asociación aportó en el juzgado un informe en el que se explica esa segunda hipótesis sobre el lugar de la fosa. El documento se basa en el testimonio de Valentín Huete García, cocinero que vivió en el recinto del viejo caserón de Las Colonias -reconvertido durante la Guerra Civil en centro de tortura de los sublevados-, donde Lorca, Galadí, Galindo y el también banderillero Juan Arcollas pasaron sus últimas horas. Huete, según González Arroyo, vivía allí desde antes del golpe de Estado franquista, lo que lo convirtió "en observador obligatorio de todos los asesinatos cometidos por las fuerzas sublevadas al mando del capitán José María Nestares".

El testimonio de Huete, según el informe, coincide con los de otros vecinos de Víznar (Granada), localidad vecina a Alfacar, y con la del "acequiero de Aynadamar" que, según el informe entregado ayer al juez, señaló a González Arroyo "la piedra bajo la cual afirma que están los restos de los cuatro asesinados el 18 de agosto de 1936", el mismo lugar que señaló el cocinero.
Ian Gibson, sin embargo, sitúa la fosa cerca de medio kilómetro al norte. Hasta allí lo llevó Manuel Castilla, que, en 1966, relató al hispanista cómo fue obligado a enterrar los cuerpos tras el asesinato cuando sólo tenía 18 años, y le dijo el lugar donde cavó la fosa "paso más paso menos". El hispanista confirmó su teoría hace unos años, cuando se publicaron los trabajos del investigador español nacionalizado estadounidense Agustín Penón, fallecido en 1976. El enterrador de Lorca también condujo a Penón hasta aquel lugar.
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El juez Garzón ya puede ordenar la apertura de la fosa de García Lorca

Las familias de los enterrados junto al poeta pidieron al juez la exhumación de sus antepasados.


S. HIDALGO / D. BARCALA - Madrid - 12/09/2008 22:38

Desde ayer, entre los cientos de documentos sobre desaparecidos por el franquismo que el juez Baltasar Garzón acumula en su despacho de la Audiencia Nacional, ya hay una carpeta que dice: fosa de Federico García Lorca. Los familiares de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, enterrados junto al poeta desde su muerte en la madrugada del miércoles 19 de agosto de 1936, denunciaron ayer en el juzgado su fusilamiento.

La denuncia fue entregada a los ayudantes de Garzón por tres personas. Nieves Galindo, nieta de Dióscoro; Fernando Magán, abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en representación de la familia de Francisco Galadí e Ian Gibson, biógrafo de Lorca que quiso participar en lo que para él significó "un momento histórico". La denuncia fue completada por un informe con las coordenadas de la fosa en el municipio de Alfacar (Granada) y documentación como prueba del asesinato.

El escritor irlandés nacionalizado español Ian Gibson localizó en los años sesenta el lugar exacto donde Manuel Castilla, con 16 años, sepultó a cuatro represaliados, entre los que estaba Lorca. El propio enterrador le acompañó al lugar antes de que el hispanista publicara, en 1971, los detalles más importantes del fusilamiento del dramaturgo.

Paradójicamente, a pesar de la participación vital de Gibson en la investigación de la fosa, el miembro del juzgado de Garzón que atendió la demanda no sabía en calidad de qué registrarle. "A mí me gustaría participar de algún modo", dijo el escritor. Al final, figuró como miembro de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH).

La puesta en marcha de un proceso penal contra los crímenes del franquismo podría obligar a la exhumación de la fosa. Algo a lo que la familia del poeta se niega por el momento. Los descendientes del literato han declarado, en anteriores ocasiones, que son contrarios a la exhumación para conservar el mito del autor de Yerma. Con su oposición impiden que Nieves Galindo y Francisco Galadí puedan cumplir el deseo de sus respectivos padres: enterrar de manera digna a sus antepasados.

"Tengo la esperanza en Garzón porque es mi única salida", declaró Nieves Galindo, nieta del maestro de Pulianas (Granada), fusilado junto al poeta. Galindo lamenta que la familia Federico García Lorca nunca se haya dirigido a ella para opinar sobre el dilema, a pesar de que su postura ha impedido la exhumación de los restos de su abuelo de la cuneta -ahora parque de homenaje a Federico García Lorca- donde yace.

"No hace falta que haya escándalos. Con un georadar se localizarían los cadáveres", declaró el alcalde de la localidad de Pulianas, donde ejerció Dióscoro Galindo, Rafael Gil. El presidente de la AGRMH, Francisco González, añadió que los restos del poeta y dramaturgo español más universal deberían ser "patrimonio de la humanidad" y que "cualquiera los podría reivindicar". Gibson destacó que el análisis de los restos exhumados probaría la saña con la que fue asesinado.

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Lorca está donde quisieron sus verdugos


Isaac Rosa


13 Sep 2008

Estoy seguro de que dentro de doscientos años García Lorca seguirá siendo recordado, leído y celebrado. También se conservará la memoria de su asesinato, convertido en símbolo de la matanza franquista. Lo que no tengo tan claro es si dentro de doscientos años alguien recordará a Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Su memoria no está garantizada por ninguna fundación, ni aparece en los libros de historia. Si siguen en la fosa, su recuerdo dependerá enteramente de sus familiares. Uno de ellos, Arcollas, no tiene ya descendientes, por lo que su olvido llegará antes.


¿Qué ganaríamos y qué perderíamos si cambiamos una fosa común por una lápida en el cementerio? Las familias de quienes fueron fusilados junto al poeta lo tienen claro: conocerían con seguridad el lugar de su muerte, recuperarían sus cuerpos y les darían digna sepultura. ¿Y la familia de García Lorca? ¿Qué puede perder con su desenterramiento? Aparte de que el lugar puede ser protegido e identificado con algún monumento, no creo que la exhumación afectase a una memoria más que consolidada, universal, y que no depende de los visitantes ocasionales al barranco.


Pero hay mucho más. He dicho que los familiares podrían dar digna sepultura a sus muertos. También la familia de Lorca. Soy de los que piensan que una fosa no es un sitio digno, por mucha magia que queramos atribuirle al lugar. La fosa es el lugar que sus verdugos eligieron para enterrarlo. Mantenerlo en ella supone respetar la voluntad de sus sepultureros, que consideraron que los republicanos no merecían una tumba, sino un montón de tierra encima, como animales. En un momento en que miles de personas reclaman, en nombre de la dignidad, la recuperación de sus familiares asesinados, sería deseable que esa dignidad llegase a todos.
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"Ha dejado de primar el silencio de la familia del poeta"


HIDALGO / D. BARCALA - MADRID - 12/09/2008 21:45

Nieves Galindo aún se acuerda de la primera vez que vio entrar en su casa, cuando era pequeña, al hispanista Ian Gibson. Un señor rubio y sonrosado, que hablaba un español raro y que hacía muchas preguntas sobre su abuelo. Ella es nieta de Dióscoro Galindo, el maestro que fue fusilado por los fascistas y enterrado en la misma fosa que Federico García Lorca. Él es irlandés, está obsesionado con la muerte del poeta y ha dedicado buena parte de su vida a investigar qué ocurrió la madrugada del 19 de agosto de 1936.

La nieta de Dióscoro y el hispanista se encontraron ayer en la Audiencia Nacional. Nieves llegó desde Baides, un pueblecito de Guadalajara, y Gibson desde el barrio madrileño de Lavapiés, donde vive. Apareció con una bolsa al hombro con varios libros suyos sobre Lorca. Público conversó con ellos, después de todo el trajín de la Audiencia, en la terraza del Instituto Francés de Madrid. “Desde hoy dejará de primar el silencio de la familia de Lorca”, reclama Nieves Galindo, haciendo alusión a que los seis herederos del poeta no quieren que se abra la fosa bajo el argumento de la conservación del mito. Gibson la escucha atentamente, él fue el que localizó el lugar donde supuestamente están la sepultura, en Alfacar (Granada).

El enterrador adolescente
Manuel Castilla, el adolescente que enterró al poeta, le dijo al hispanista en los años sesenta dónde están los restos del autor de La casa de Bernarda Alba y de los otros tres hombres con los que fue enterrado. “Castilla no me mintió. Me llevó al lugar y me dijo: ‘Está por este rodalillo de aquí... Más a la izquierda, más a la derecha... ¡Qué frío, qué miedo!’, repetía. Pudo equivocarse en unos metros de distancia, pero los restos están ahí”, señala tajante el hispanista, que se apasiona con un tema del que nunca parece cansarse de hablar. Gibson imita el acento granadino, lee un texto de uno de sus libros con entonación teatral y el auditorio, alrededor de una mesa con cervezas, enmudece. Está contento porque hace un día “espléndido, de otoño con sol”. Viste de negro y lleva unas gafas de ver con unos protectores solares de quita y pon.

“¡Qué maravilla¡”, exclama el irlandés cuando Nieves, con cuidado, saca del bolso el reloj de bolsillo que su abuelo dejó en casa cuando los falangistas fueron a buscarle para fusilarle. Está parado a la una y diez. Es el único recuerdo que tiene de su abuelo, junto a algunas fotografías de un hombre que fue maestro de escuela. Nieves Galindo cree que a su abuelo le mataron por una vieja rencilla. En aquella época, los maestros del bando nacional recibían una casa y a él no se la dieron, por lo que se fue a reclamar al secretario del Ayuntamiento.


Maestro de izquierdas
Dióscoro nunca perteneció a ningún partido político, era simplemente un maestro de izquierdas. “Él a sus alumnos nunca les decía que no era creyente. Si le preguntaban si Dios existe, les contestaba que las cosas y las personas que podían ver eran reales”, afirma su nieta. El padre de ella, Antonio, murió con la pena de no poder enterrar a su progenitor con dignidad.


“Yo he heredado esa misión y no voy a parar hasta que lo consiga”, explica Nieves. Muchas noches escuchó en boca de su padre el relato de lo que pasó aquella noche de verano del 36. “A mi abuelo se lo llevaron en un camión, y mi padre, que entonces tenía 27 años, se fue detrás con la bicicleta. Tuvo que pararcuando los falangistas le amenazaron con pegarle dos tiros”, recuerda.
Si Lorca viviera


“¿Qué diría el propio Lorca de esto? No concibo que pudiese estar en contra. Lorca siempre estaba con los perseguidos, con los débiles”, se pregunta Gibson. Y también deja otra interrogación, con ironía incluida, en el aire: “¿Cómo es posible que los seis herederos opinen todos lo mismo, que no se abra la fosa? Son todos una piña, como el PP”.

La reunión termina. La nieta del maestro y el hispanista irlandés se adentran en un restaurante cerca de la Audiencia Nacional donde han quedado a comer con toda la gente que ha venido desde Granada para apoyarles.
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Garzón decidirá si se abre la fosa de García Lorca


DIEGO BARCALA - MADRID - 28/08/2008 21:20


El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tendrá la semana que viene en sus manos la posibilidad de esclarecer cómo fue el asesinato del poeta y dramaturgo español más reconocido, Federico García Lorca. Los descendientes de Dióscoro Galindo y Francisco Galadí, dos de las tres personas que yacen junto al poeta (el tercero no tiene familiares), van a exigir al juez la exhumación de la fosa.


"Es la última salida que nos queda", razonó ayer Nieves Galindo, nieta de Dióscoro, el maestro republicano de Pulianas (Granada) enterrado junto a Lorca en el barranco de Víznar. Para apoyar la petición, ha preparado documentación que certifica que su abuelo está en el municipio de Alfacar. Fernando Magán, abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cree que es un asunto público y dice tener "el convencimiento" de que Garzón llevará adelante el proceso.


La familia del poeta se opone
No es la primera vez que los descendientes de los fusilados junto al autor de Yerma intentan recuperar los cuerpos. Siempre han encontrado la oposición de la familia García Lorca que argumenta respuestas de todo tipo. El sobrino del poeta, Manuel Fernández Montesinos, declaró a Público que la postura de la familia "es la misma antes o después de la ley" de la Memoria Histórica. "Puede abrir la puerta definitiva del olvido", dice la versión oficial de la familia, expresada por Laura García-Lorca de los Ríos, sobrina nieta y portavoz familiar.

Tampoco es la primera vez que un familiar de un represaliado del franquismo consigue exhumar el cuerpo de su antepasado por vía judicial. El único requisito es que haya documentación que asegure que el cuerpo esté en un lugar concreto. En el caso de Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y Joaquín Arcollas (el cuarto enterrado junto a Lorca) no existe partida de defunción. Tan solo hay una anotación al margen en una lista en la que aparece un aspa en el nombre de Federico García Lorca que dice: "Falleció en el mes de agosto de 1936 a consecuencia de heridas producidas por hecho de guerra". Sin embargo, numerosos testimonios acreditan lo sucedido.
Gran parte de la documentación ha sido recuperada por el historiador irlandés Ian Gibson, autor de El hombre que detuvo a García Lorca, Ramón Ruiz Alonso y la muerte del poeta (Editorial Aguilar, 2007). El hispanista se enteró ayer de la intención de Nieves Galindo. "Para mí es una cuestión de Estado. No es bueno para nadie que no se sepa todo sobre la muerte del poeta". Gibson cree que la exhumación de la fosa, cuyo punto exacto descubrió él, sería fundamental para aclarar como fueron las últimas horas de Lorca. "Estoy seguro de que lo torturaron y lo machacaron", afirma.

Bulos en Granada
La reconstrucción eliminaría muchos bulos que circulan por Granada desde hace décadas. Uno de ellos explica la postura de la familia del poeta. El rumor dice que décadas después del fin de la Guerra Civil, la familia de Lorca llegó a un acuerdo con el régimen de Franco para recuperar el cuerpo y enterrarlo en la Huerta de San Vicente, hogar familiar de los García Lorca en Granada.
"Es que no hablamos de un desconocido, hablamos de una de las figuras más importantes de la historia de España. Es una vergüenza que cualquier Gobierno lo mantenga ahí", denuncia Gibson.
Lo cierto es que la sombra del nombre de uno de los autores más traducidos de la literatura española oculta el dolor de la familia de sus compañeros de fosa. "Les hemos dicho que lo hacemos de manera privada, sin medios de comunicación, pero ni por esas", lamenta la nieta del maestro.


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La larga sombra de García Lorca


Un profesor de la Universidad de Granada recupera tres poemas inéditos de Gabriel Celaya que lloran la muerte de Federico. Su lectura será parte de un homenaje al poeta granadino, el próximo día 17, en el lugar de Granada donde fue asesinado


MIGUEL A. ORTEGA / AGENCIAS - Madrid - 12/08/2008 18:07


Es, con toda seguridad, el poeta en lengua castellana más leído, querido, admirado e idolatrado de todos los tiempos, con permiso de su amigo Pablo Neruda; su obra es la más traducida de nuestra literatura, sólo por detrás de El Quijote; su nombre, famoso hasta en la Luna, es sinónimo de artista total, de hombre con los ojos y las manos pernoctando "en las últimas habitaciones de la sangre".


Todo eso es Federico García Lorca. Es, porque hoy, 72 años después de su muerte, su vida, su obra, pero sobre todo el seísmo mundial que supuso su asesinato, en la madrugada del 17 (ó el 18 de agosto) de 1936, a manos de un grupo de falangistas al servicio de la campaña de terror del comandante Valdés Guzmán, en la serranía de Víznar, muy cerca de su Granada, continúa dando sombra.

Aún hoy, y a pesar de los treinta años transcurridos tras la muerte del dictador Francisco Franco, la muerte de Federico continúa revelando no sólo la magnitud de la tragedia de la Guerra Civil española, sino también el laberinto de silencio en que se perdieron multitud de acontecimientos, de testimonios, de versos, que siguieron contando la historia tal cual fue, a pesar del miedo, a pesar del odio de una posguerra interminable.

Tal es el caso: tres poemas de Gabriel Celaya, inéditos hasta ahora, y rescatados por el profesor de la Universidad de Granada Antonio Chicharro de un fondo documental de San Sebastián, responsable también de su edición. Tres cantos en los que el por entonces joven poeta vasco (Hernani, Guipúzcoa, 1911 - Madrid, 1991) llora el fusilamiento de su maestro y amigo García Lorca, como un beso y un homenaje, un "testamento poético de la amistad y el dolor", en palabras del propio Chicharro.


Se trata de "una protesta poética", según el profesor, que servirá para honrar al granadino en el próximo aniversario de su muerte, en el mismo lugar donde se cometió el crimen, el Parque García Lorca de Alfacar (Granada), y con el actor Manuel Galiana poniendo voz a los versos de Celaya.

Una ofrenda floral en el monolito dedicado a Federico y a todas las víctimas de la Guerra Civil, así como un concierto a cargo del músico José Luis Zafra, culminarán el acto, muy cerca de la tierra donde descansa el poeta junto al maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Joaquín Arcollas y Francisco Galadí; esa tierra que continúa generando polémica, ante la negativa de los herederos de Lorca a realizar cualquier trabajo de exhumación de los cuerpos. Esa tierra en la que, como cuenta el poeta Félix Grande, Federico no tuvo, ni mucho menos, una muerte plácida.

'En un lugar cualquiera, un día que no nombro'
Bajo el título general de En un lugar cualquiera, un día que no nombro se han agrupado estos tres poemas hasta ahora desconocidos de Gabriel Celaya, uno de los hombres ineludibles de esa poesía española que siguió diciendo No después de 1939, de la poesía del exilio interior, del "arma cargada de futuro", que escribiría el mismo Celaya.


Elegía del muerto juvenil (escrito en 1938) son 28 versos "desgarrados" que pintan "la joven vida truncada y la sonrisa rota" de Federico; en la segunda pieza (1947), el autor vasco desgrana el carcácter de Lorca, con el estribillo constante de "Recuerdo a Federico"; Memoria de Federico, por último (1949), narra el asesinato del genio de Fuente Vaqueros.


"No traicionamos la memoria de Celaya si damos a conocer ahora su obra", ha señalado Chicharro, quien ha señalado al autor de Cantos Iberos (1955) como "el poeta por antonomasia de la lucha contra la censura franquista".

El director del Patronato Cultural Federico García Lorca, Alfonso Alcalá -quien ha excusado al actor Emilio Gutiérrez Caba, que no podrá acudir al acto por enfermedad-, ha expresado, por su parte, que un sentimiento festivo, pero a la vez lúgubre, impregnará el homenaje, que se cerrará con la interpretación de una selección de sonetos y canciones lorquianas.
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Lorca, el dilema
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Asociación Lorquiana de Blogs
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http://www.rtve.es:80/noticias/20080912/familiares-los-enterrados-con-poeta-federico-garcia-lorca-piden-exhumacion/155605.shtml

'Desaparecidos', ¿hasta cuándo?: Margalida Capellà y Fernando Magán.

Fuente: ElPaís.

'Desaparecidos', ¿hasta cuándo?

MARGALIDA CAPELLÀ I ROIG

Las providencias dictadas por el juez Baltasar Garzón en relación a los desaparecidos en España con motivo de la Guerra Civil han causado un gran revuelo. Las diligencias, a pesar de su carácter procesal ordinario, parecen suscitar incredulidad en cuanto a su alcance jurídico y preocupación política por lo que se viene a llamar "reabrir heridas". Sirva este artículo para aclarar el porqué y el para qué de las denuncias, elaboradas por un equipo de juristas comprometidos con el movimiento para la recuperación de la memoria histórica.

La amnistía de 1977 no anula el derecho imprescriptible a saber qué fue de las víctimas del franquismo

La denuncia gira en torno a tres ejes básicos. El primero es la detención ilegal de miles de personas en "zona nacional" entre 1936 y 1950 y su posterior "desaparición", sin que a día de hoy sus familiares conozcan las circunstancias de su detención ilegal ni las autoridades competentes les hayan facilitado información sobre su suerte o paradero. Estas detenciones eran constitutivas de delito en el momento de su comisión, tanto en el Código Penal vigente de 1932 como en el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en aquel momento y en la actualidad. Además, tales "desapariciones" fueron coetáneas a crímenes de lesa humanidad perpetrados en Alemania antes de la II Guerra Mundial pero en relación con ella, en concreto la desaparición de ciudadanos judíos, crímenes perseguidos por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg en 1945.

Estos crímenes, por el contexto en que se cometieron (masividad y sistematicidad) y por su carácter internacional, continuado e imprescriptible, deberían ser investigados y perseguidos hasta esclarecer el paradero y la suerte de las personas desaparecidas, pero en España no se ha hecho nada al respecto.

El segundo eje de la denuncia se basa en los derechos de los familiares de los desaparecidos, como víctimas de desaparición forzada e incluso de tortura, de acuerdo con la jurisprudencia (recuérdese el caso Pinochet y la aplicación del Convenio contra la tortura para incluir casos de desaparecidos) y la normativa internacional. En el caso español, la desaparición causó y causa aún graves sufrimientos a los familiares de los desaparecidos debido a la inactividad del Estado aún en 2008, mientras la ley de la memoria histórica delega en asociaciones e incluso en familiares de desaparecidos la localización y exhumación de sus cuerpos.

Esta inactividad del Estado ha desembocado en una situación de impunidad absoluta (entendida como inexistencia de cualquier responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria) y una insostenible indefensión de los familiares de los desaparecidos como víctimas de violación de derechos humanos, en especial el derecho a ejercer un recurso accesible, rápido y eficaz tanto por la vía penal como por la civil, administrativa o disciplinaria y el derecho a obtener una reparación efectiva ante la justicia. Tal reparación debería recoger los aspectos básicos de la Resolución 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU: restitución (en este caso, la de los cuerpos si es posible), indemnización, rehabilitación (con la anulación de sentencias, por ejemplo), garantías de no repetición de los abusos (con la depuración de responsabilidades, en su caso), y satisfacción (con el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades, principalmente).

Estos últimos derechos son el tercer eje de la denuncia presentada ante la Audiencia Nacional, pues precisamente lo que se solicita es la intervención judicial de este tribunal para localizar el destino final de las personas desaparecidas en España en relación con la guerra civil y la represión franquista, ante la inexistencia de mecanismos judiciales o administrativos para ello. Ésta es una tarea que incumbe al Estado, tanto por sus obligaciones contraídas internacionalmente como por las responsabilidades penales y civiles que se derivan de unos hechos que son constitutivos de delitos de carácter imprescriptible que no han sido investigados. Como víctimas de violación de derechos humanos, los familiares de los desaparecidos tienen derecho no sólo a la justicia sino también a conocer las circunstancias de la desaparición y a la reparación, y nada de ello puede ser objeto de amnistía, perdón o indulto.

Pretender que la Ley de Amnistía de 1977 impide investigar las desapariciones revela un desconocimiento total del Derecho aplicable a crímenes de lesa humanidad y a violaciones de derechos humanos. Además, esta Ley sólo se aplicaría a delitos juzgados hasta 1977, que no es el caso, y contraviene, entre otros convenios, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por España en 1976, seis meses antes de la adopción de la Ley de Amnistía.
La denuncia no se dirige contra nadie y la falta de autoría sin duda dificultará el proceso penal. Pero, en cualquier caso, lo que se solicita es que la Audiencia Nacional califique las desapariciones como crímenes de lesa humanidad para reclamar así, a falta de otra vía, la actuación del Estado. Ya es hora de que nos preocupemos más por las víctimas que por los criminales. La recuperación de la memoria histórica no es sólo una cuestión de historia, sino de justicia y de derechos humanos: de esto va la denuncia.

Firman este artículo Margalida Capellà i Roig, profesora de Derecho Internacional Público en la Universitat de les Illes Balears, y Fernando Magán, abogado. Ambos son los juristas portavoces de la plataforma de asociaciones denunciantes de desapariciones forzadas ante la Audiencia Nacional.

Un poema y una nota. Andrés Trapiello.

Un poema y una nota

Andrés Trapiello

Madrid (Número 2. Cuadernos de la Casa de la Cultura. Valencia, 1937)


¿Qué te hace valioso?

¿Tu extremada rareza codiciada?

¿Haber sido editado en plena guerra?

¿El que tan grandes hombres como en ti comparecen

al final la perdieran, y pagaran

con destierro y exilio su trabajo?

¿El que la paz que sobrevino luego

les persiguiera a muerte

destruyendo su rastro entre los vivos?

Imposible mirar hoy tus estampas

o leer tus artículos

sin que a uno le invada nuevamente

un íntimo desánimo,

tal vez incomprensible para muchos

ya que aquello pasó y está olvidado...

¿O acaso no,

y esta emoción es algo más que el aura

prestigiosa de toda lejanía?

¿De dónde la alegría de encontrarte,

si aquello de que tratan tantas páginas

son negocios bien tristes?

¿Tan penoso es el mundo, que volvemos

con nostalgia al pasado

igual que el niño huérfano que sólo

puede hallar un consuelo

junto a la estrecha tumba de sus padres?

La ilusión traes contigo, sin embargo,

de que el pasado está aún por escribirse,

de que quizá nosotros

pudiéramos también ser concebidos

de nuevo y alumbrados a una vida más plena

que esta que conocemos, siendo al fin

hijos de otro país y de otro siglo.

Eso acaso nos dices en tu lengua pajiza

llevándonos a un sueño, como un mapa

que tiene de tesoro lo que de laberinto,

y de derrota lo que tiene de vítores.


Nota.

El origen de estos versos está en el encuentro con ese hoy rarísimo número de la revista Madrid, que editó en Valencia la Casa de la Cultura, en 1937. El poema, dedicado a Abelardo Linares que me lo regaló, habla de la imposibilidad de mantener cerrado el pasado, en la literatura o en la vida. La mayor parte de quienes están a favor de las recientes exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra sólo desean dignidad y respeto para ellas, no ganar una guerra que se perdió tantas veces en Badajoz, en Paracuellos, en Málaga, en Sevilla, en las checas de Madrid o en tantos lugares españoles. Sin la menor duda también: la mayor parte de quienes se oponen a esas exhumaciones no tienen a padres, hermanos o parientes queridos en una fosa común o en una cuneta. Lo preocupante es precisamente eso: que no quieran que aparezcan los cuerpos del delito. Nuestro deber moral es llegar hasta ellos y darles una sepultura adecuada, ni un paso más, dejando de lado exaltaciones y desde luego mixtificaciones interesadas. Sabemos que todos fueron víctimas, pero a menudo no estamos seguros de quiénes fueron además verdugos.

Andrés Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953). Su última novela es Al morir don Quijote (Destino) y ha editado recientemente el libro La manía (Pre-Textos). En otoño publicará Troppo vero (Pre-Textos).

viernes, 12 de septiembre de 2008

La polémica fosa de García Lorca.

La polémica fosa de García Lorca

La nieta de un maestro sepultado junto al poeta pide a Garzón que se exhumen los restos de su abuelo.- La familia de Lorca se niega a reabrir la fosa.

EFE - Madrid - 12/09/2008

La nieta de un maestro supuestamente enterrado en la misma fosa común que Federico García Lorca, Nieves Galindo, ha augurado hoy, antes de presentar ante el juez Baltasar Garzón la petición de exhumación del cuerpo de su abuelo, que "desde hoy dejará de primar el silencio de familia de Lorca". Así lo ha dicho Galindo en declaraciones a los periodistas en la Audiencia Nacional, a la que ha acudido junto a dos representantes de la Asociación Granadina para la recuperación de la Memoria Histórica y el hispanista Ian Gibson para formalizar la solicitud de exhumación de los restos de su abuelo Dióscoro Galindo y del fontanero Francisco Galadí, a lo que se opone la familia del poeta.

Federico García Lorca

"Tengo toda mi esperanza puesta en esta iniciativa de Garzón porque es mi última salida", ha asegurado Nieves Galindo al referirse a la decisión del magistrado de pedir información para elaborar un censo de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Aunque Galindo ha señalado que respecto a dicha iniciativa la familia de Lorca "no ha dicho nada", los herederos del poeta se han pronunciado en ocasiones anteriores en contra de que se abra la fosa, ubicada entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar, basándose en que se "desvirtuaría la historia".

Por su parte, el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Francisco González, ha opinado que los restos del poeta deberían ser "patrimonio de la Humanidad", por lo que, ha argumentado, "cualquiera puede reivindicarlos". Junto a la petición de exhumación, la asociación ha presentado ante Garzón un dossier con las coordenadas del lugar en que supuestamente están enterrados los cuerpos de Lorca, Dióscoro Galindo, Francisco Galadí y el banderillero anarquista Joaquín Arcollas, quien murió sin descendencia.

"No hacen falta excavaciones"
El vicepresidente de la asociación y alcalde de a localidad granadina de Pulianas, Rafael Gil Bracero, ha destacado que "no hace falta hacer excavaciones", sino que se puede utilizar un radar para localizar los cadáveres, de manera que se evitarían "escándalos". Además, ha añadido que las labores de identificación no deteriorarían los cuerpos, puesto que el cráneo de Lorca podría cotejarse con las fotografías que se disponen de él, a Galindo le faltaba una pierna y los restos de Galadí se podrían contrastar con el ADN de su nieto, identificando los restos de Arcollas por exclusión

"Lo que no puede ser es que la voluntad del asesino deje en las cunetas los cuerpos de los fusilados durante la guerra", ha observado Gil Bracero, que ha insistido en que lo que pretende es que "cualquier familia pueda dar una sepultura digna a sus antepasados". Por su parte, Ian Gibson ha dicho que "la obsesión de toda su vida" es conocer dónde están "realmente" los restos del que ha considerado el poeta más importante de España, desde que hace cuarenta años un enterrador le mostró dónde descansa Lorca desde 1936.

Gibson ha dicho que lo que está haciendo Garzón es "un paso de gigante" para las víctimas de "una atrocidad que acabó con muchas vidas". "La reconciliación es lo único que puede servir para que este país avance", ha asegurado Gibson, tras considerar que las heridas que algunos consideran que se están abriendo con esta iniciativa sólo se cerrarán si se desarrolla la investigación a la que Garzón ha abierto la puerta. El próximo lunes, la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica entregará a la Universidad de Granada una lista con la documentación de cerca de cinco mil fusilados en la provincia.
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Familiares de los enterrados con el poeta Federico García Lorca ...

RTVE

Presentan la solicitud ante la Audiencia Nacional
La familia García Lorca se opone
Cuentan con el apoyo del historiador Ian Gibson


Familiares del maestro Dióscoro Galindo, junto a la asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Granada, presentan su petición para la exhumación de los restos de este maestro supuestamente enterrado junto a Federico García Lorca en una fosa común.

Francisco González, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, llega a la Audiencia Nacional acompañando a la familia Galindo

EFE/Kote Rodrigo RTVE.ES 12.09.2008 - 16:27h

Eran un maestro de escuela y dos torerillos sin nombre ni fortuna. Los humildes banderilleros Francisco Galadí y Francisco Argollas y el maestro de Pulianas (Granada) Dióscoro Galindo. Pasaron a la historia por compartir "paseo" el 18 de agosto de 1936 y última morada con un poeta famoso en vida y mucho más aún en muerte: Federico García Lorca, aquel de los "erales que sueñan veronicas de alhelí" escritos curiosamente al pelo de dos de sus compañeros de fosa. Hoy los familiares del maestro y de unos de los banderilleros, del otro no se conocen descendientes, han presentado en la Audiencia Nacional una demanda para recuperar los restos mortales de sus antepasados. Los Galindo y los Galadí buscan una "salida legal" que les permita la exhumación, amparados en la ley de Memoria Histórica. Lo hacen en contraposición al silencio de la familia Lorca, que siempre ha querido dejar las cosas como están y cuyo criterio ha prevalecido.Así la nieta del maestro republicano, Nieves Galindo, arropada por el historiador Ian Gibson y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha defendido esta solicitud presentada al juez Baltasar Garzón como "la última salida" después de reclamar la exhumación durante muchos años.El silencio de los García LorcaEl hispanista Ian Gibson ha dicho que no entiende el silencio de la familia García Lorca ni la negativa a buscar la fosa del "poeta más grande que tiene este país y el desaparecido más célebre de la Guerra Civil" que, según afirmó "yace tirado en una cuenta como un perro". "Si la familia no quiere sacarlo de allí, me parece muy bien, yo no tengo derecho a entrar ahí pero sí creo que tengo derecho a saber si está" añadió, en referencia a la zona entre las localidades de Alfacar y Víznar donde se dice esta la fosa común. Asimismo calificó de bulos los rumores que circulan por Granada como el de que los familiares desenterraron el cuerpo dos días después del fusilamiento para trasladarlo a la casa familiar de la Huerta de San Vicente.Por su parte el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada, Francisco González, ha declarado que los García Lorca "pueden opinar sobre la recuperación de los restos de Federico si las instituciones se lo consienten" pero rechaza que se opongan a que los familiares de los otros enterrados junto al poeta recuperen los cuerpos de sus antepasados.La localización de la fosaEl alcalde de Pulianas, el pueblo del maestro asesinado, y vicepresidente de la asociación granadina Rafael Gil, también presente en la comitiva, ha entregado en la Audiencia Nacional junto a la demanda un reportaje técnico en el que se localiza a la fosa. Detallando la localización exacta de la misma y ha declarado que la posterior exhumación se podría realizar "sin ningún escándalo ni circo", con los medios arqueológicos de los que dispone la Universidad de Granada. "Lo que no puede ser es que la voluntad del asesino deje a muchos asesinados en las cunetas o en las fosas comunes cuando hay familiares que libremente quieran recuperarlos" ha añadido.

Heridas abiertas que hay que cerrarPara Gibson y la nieta de Galindo las heridas que la represión franquista y los asesinatos de la Guerra Civil causaron "siguen abiertas". Consideran que las exhumaciones servirán para cerrarlas y niegan que la Ley para la Recuperación de la Memoria Hsitórica sirva para abrir viejas heridas como defiende la derecha, una postura que rechazan.Escribió Lorca en el Prendimiento de Antoñito el Camborio que "...a las nueva de la noche/le cierran el calabozo/mientras el cielo reluce/como la grupa de un potro."Como explicó también Nieves Galindo se trata de cerrar heridas como de cerrar calabozos lorquianos que nunca debieron abrirse "No vamos a abrir nada que no esté abierto, lo que hay que hacer es cerrarlas y eso sería encontrar los restos de la persona desaparecida, rescatar los restos de nuestros seres queridos sin que se haga en contra de nadie y sin ningún tipo de agravio".
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El juez Garzón ya puede ordenar la apertura de la fosa de Lorca
S. HIDALGO / D. BARCALA
Las familias de los enterrados junto al poeta pidieron al juez la exhumación de sus antepasados.

"Ha dejado de primar el silencio de la familia del poeta"

Garzón decidirá si se abre la fosa de García Lorca

La larga sombra de García Lorca
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Piden a Garzón que incluya en su investigación el campo de concentración de Albatera


Un acto celebrado en junio donde se ubicaba el campo de concentración E.D.G. ç

Fuente: Información de Alacant.

Piden a Garzón que incluya en su investigación el campo de concentración de Albatera

La Comisión de la Memoria Histórica intenta localizar fosas comunes franquistas para su exhumación.

E.D.G. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de Orihuela anunció ayer que solicitará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que incluya en su censo sobre fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes del franquismo el campo de concentración de Albatera (actual término municipal de San Isidro).

Esta petición también incluye a los cementerios de Orihuela y Alicante, donde existen fosas con represaliados de la dictadura franquista. Ginés Saura, miembro de la comisión, señaló ayer que en el campo de concentración de Albatera se calcula que pueden existir fosas comunes que alberguen los restos de "entre 3.000 y 5.000 personas que fueron fusiladas tras su llegada a la instalación desde toda España".

Actualmente, este colectivo intenta localizar los lugares exactos donde se ubicarían las fosas comunes por medio del testimonio de supervivientes y de diversas investigaciones.Saura, tras señalar que una iniciativa como la del juez Garzón "debería haber llegado hace 20 años", dijo que "es positiva y muy significativa como un primer paso para que de una vez se considere como genocidio la actuación franquista durante y después de la Guerra Civil".Saura criticó la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, "ya que sigue sin anular los juicios sumarísimos y sobre todo no habilita fondos económicos para la excavación de fosas comunes y exhumación de cuerpos, como en el caso de Albatera". En esta ley se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia, durante la Guerra Civil y la dictadura.

El campo de concentración de Albatera está considerado como "uno de los más duros y represivos que hubo en España al final de la Guerra Civil", según expresa el colectivo. En él, según la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de Orihuela, "se produjeron torturas, todo tipo de humillaciones, vejaciones, y fusilamientos". Una peculiaridad de este campo era que se enumeraba a los presos, "de tal forma que si uno de ellos se fugaba, se fusilaba a los que tenían los números anterior y posterior".
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http://www.campodealbatera.org/web/
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Pedreño: "Garzón debe hacer lo mismo que hizo en Argentina o Chile".

Pedreño: "Garzón debe hacer lo mismo que hizo en Argentina o Chile"

El Impulso.es - España

"Queremos que la Justicia haga lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora: que los arqueólogos y los forenses saquen a los muertos y que se investigue".

El Impulso - 11/09/2008 15:44

La búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo parece estar un poco más cerca después de que el juez Garzón haya solicitado información sobre sus archivos a varios ayuntamientos, organismos e instituciones religiosas. Una vieja demanda de las asociaciones por la memoria histórica que, desde hace años, localizan y exhuman fosas comunes por su cuenta. El presidente de la Federación de Foros por la Memoria, José María Pedreño, pide que se investiguen los crímenes y la creación de un juzgado y una fiscalía especiales para condenar a los culpables.

¿Cómo valora la iniciativa de Garzón?

Nos parece positiva. Pero no sabemos si Garzón será competente para ello, en primer lugar, y en segundo lugar, en qué derivaría una investigación de estas características, si se quedará en la búsqueda de los desaparecidos o si investigará los crímenes de lesa humanidad y condenará a los culpables. Si se cumple la legislación internacional, nos parecería que Garzón está haciendo lo correcto.

¿Llega a tiempo esta medida?

Llevamos reclamando varios años que se investiguen estos crímenes de lesa humanidad. Garzón, como juez de la Audiencia Nacional, debe hacer lo mismo que hizo en Argentina o Chile. En el auto de Pinochet, Garzón le acusa de crímenes contra la humanidad cometidos desde 1973. Por entonces, en España también se estaban cometiendo crímenes y aquí no se ha juzgado a nadie. De hecho, hay miembros de la Brigada Político-Social que incluso llegaron a colaborar con Pinochet. Y muchas de esas personas todavía viven. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca.

¿Cuál es la experiencia de su Asociación en la búsqueda de desaparecidos?

En nuestra web tenemos un apartado de desaparecidos. Ahí tenemos cerca de 7.000 familias que buscan a alguien, a ver si hay noticias de un tío o un abuelo.

¿Cuántas exhumaciones han realizado?

Llevamos 15 ó 16 exhumaciones desde finales de 2002. No realizamos muchas porque lo que queremos es denunciar que los órganos correspondientes del Estado no estaban haciendo su labor. Existe un derecho a la justicia para las víctimas y sus familiares y un deber del Estado para garantizar esa justicia. Esto lo tienen que hacer los jueces, la Administración de Justicia, igual que ha pasado ahora con lo de Barajas.
En la práctica, nos ponemos en contacto con los juzgados de primera instancia de los lugares donde hacemos las exhumaciones, pero la respuesta ha sido muy variopinta. Algunos han colaborado, pero la mayor parte se han lavado las manos porque decían que aquello habría prescrito.

¿Qué papel corresponde al Gobierno?

Hay tantas fosas comunes que el Ministerio de Justicia debería tener un juzgado y una fiscalía especiales sólo para eso. Los estudios sobre la represión son parciales, hay de la mitad de las provincias españolas. Todo lo que se hable a partir de esto es especular. Hasta que no se haga una investigación por parte de los jueces es imposible adivinarlo. Y luego al Estado le queda mucha labor: para empezar, unificar el archivo de la represión, porque hay muchos archivos que están en manos privadas.

¿Qué piden a Garzón?

Queremos que la Justicia haga lo que nosotros hemos estado haciendo hasta ahora: que los arqueólogos y los forenses saquen a los muertos y que se investigue.
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ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARAGÓN: RUEDA DE PRENSA.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE ARAGÓN (ARMHA)
NIF G99097222


RUEDA DE PRENSA
MARTES, 16 DE SEPTIEMBRE
A LAS 11,00

EN LA FEDERACIÓN DE BARRIOS DE ZARAGOZA
C/ San Vicente de Paul, 26



Presentación de la documentación que va a ser enviada al juez Baltasar Garzón con motivo de los trámites iniciados para localización e identificación de víctimas del franquismo.


Asistirá el Presidente de la ARMHA, Enrique Gómez Arnas


Más información, teléfono 666 89 41 12

Cordiales saludos,
Victoria Trigo
Secretaria de Comunicación de la ARMHA
victoriatrigo2@hotmail.com

El Gernika en tres dimensiones.

http://www.lena-gieseke.com/guernica/movie.html

jueves, 11 de septiembre de 2008

PARQUE DE LA MEMORIA de Sartaguda.

ESPECIAL PARQUE DE LA MEMORIA

Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat

Julio Sesma, uno de los impulsores del Parque de la Memoria. A.REMÍREZ ...... ESPECIAL PARQUEDELAMEMORIA. /9. Diario de Noticias • Viernes, 9demayode2008 ...

www.diariodenoticias.com/ediciones/2008/05/13/parquedelamemoria.pdf
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http://www.noticiasdenavarra.com/ediciones/2008/05/14/opinion/d14opi5.1247606.php?print=1

Colaboración Sartaguda 1936: las dimensiones de la tragedia

por fernando mikelarena

EL tremendo éxito de la inauguración el pasado sábado del parque de la Memoria coloca a Navarra, en el Estado, en una posición puntera en relación con la recuperación de las víctimas del franquismo, confirmando el carácter pionero de las iniciativas sobre tal cuestión surgidas en nuestra tierra. Hay que recordar que José María Jimeno Jurío fue un auténtico precursor en el ámbito estatal por su trabajo durante la segunda mitad de los años setenta. Su labor guió las primeras exhumaciones de fusilados a cargo de sus familiares, mereciendo una amenaza de muerte por parte de la organización terrorista de ultraderecha Triple A . Por ese motivo cedió a Altaffaylla Kultur Taldea todo el ingente trabajo llevado a cabo, entre otras cosas más de 2.400 fichas de asesinados, con fotografías, documentos escritos y sonoros recogidos en todos los rincones de Navarra a testigos y familiares. Tarea que prosiguió el colectivo tafallés, que acaba de completar la cifra de 2.846 asesinados. Cifra que en el muro del parque de la Memoria se eleva a 3.420, gracias a las investigaciones de Félix Sierra e Iñaki Alforja y de colectivos como Txinparta o Memoriaren bidean entre otros.

Desde luego, existen razones objetivas para otorgar trascendencia a la recuperación de la memoria de los asesinados por el bando nacional en Navarra. Según presentamos en el libro recientemente presentado (Jimeno Jurío, JM y Mikelarena Peña, F., Sartaguda 1936. El pueblo de las viudas , Pamplona, Pamiela/Udalbide/Euskara Kultur Elkargoa, 2008), la tasa de asesinados por cada 1.000 votantes al Frente Popular correspondiente a Navarra, de 81,7, es la más alta de entre las 25 provincias que se han estudiado. Asimismo, hemos estimado que en la Ribera estellesa habrían sido asesinados 1 de cada 4 hombres votantes del Frente Popular; en la Ribera central 1 de cada 6 y en la Ribera tudelana 1 de cada 8. Esas cifras permiten hablar de auténticas limpiezas políticas, en los que los simpatizantes de las izquierdas fueron auténticamente masacrados.

Por otra parte, facilitaremos algunos datos sobre la magnitud de la limpieza política acaecida en Sartaguda y sobre los perfiles de las víctimas que contribuyen a explicar a la ciudadanía la significación de nuestra localidad como lugar de la memoria en relación con las víctimas del franquismo.

Sartaguda es el pueblo mártir por excelencia, con una tasa de 67,6 asesinados por cada 1.000 habitantes, una tasa que dobla la de los otros pueblos que también sobrepasaron los 30 asesinados (Cárcar, Lodosa y Mendavia). Desde otro punto de vista, en Sartaguda habría sido aniquilado el 40 % de los votantes masculinos de la candidatura de izquierdas, una cifra muy alta, si bien algo más baja que la estimada para otros pueblos como Allo, Marcilla, Corella o Funes.
Entrando en más detalles, la limpieza política se abatió esencialmente sobre unos segmentos de edades concretos: el 41% de los hombres de entre 25 y 29 años fueron exterminados, llegando esa proporción al 49% entre los hombres de entre 30 y 34 años. Fueron los jornaleros en general, pero sobre todo los jornaleros de las generaciones entre 20 y 39 años, los que sufrieron en sus carnes la mayor parte de la matanza. La proporción de jornaleros asesinados sobre el total de personas asesinadas por tramos de edades ascendió a cuatro de cada cinco en el tramo de 25 a 29, a tres de cada cuatro en los tramos de 20 a 24 y de 35 a 39, y a tres de cada cinco en el tramo de 30 a 34 años. Además, los jornaleros asesinados representaban una porción cuantiosa de los jornaleros totales. En los tramos de edad de 25 a 29 y de 30 a 34 fueron eliminados uno de cada dos braceros.

Por otra parte, de los 143 afiliados de la UGT que hemos encontrado en una lista de 1932, serían asesinados 45, perdiendo la vida en el frente 4. De los 55 asociados con que contaba la agrupación republicana de la localidad en 1931, la mayoría de filiación ugetista también, perderían la vida en manos de los golpistas nada menos que 23. También fueron aniquilados casi todos los cenetistas.
La limpieza política registrada en Sartaguda fue más abyecta si cabe si consideramos el hecho de que algunos clanes familiares padecieron la violencia asesina en una magnitud ciertamente espectacular. En la familia del alcalde, por ejemplo, hemos contabilizado once parientes asesinados. Para otros cinco clanes los datos son, asimismo, espantosos. Por último, hay que hablar de lo apropiado de la denominación pueblo de las viudas para la localidad. Si en 1935 se contabilizaban 12 viudas por debajo de los 55 años, en 1940 se computaban 59. Si en la primera fecha había solamente una viuda de menos de 40 años, en la segunda se relacionaban 40. Además, muchas mujeres añadieron al dolor por la pérdida de los seres queridos, amén de otras ofensas, el agravio de ser rapadas en público y de ser humilladas ante los vecinos.
En el libro mencionado se facilitan muchos más detalles y se profundiza en el tema de las causas y de los responsables. La barbarie registrada en 1936, cuya expresión máxima la encontramos en Sartaguda, no puede ser olvidada ni minimizada.

Juicio a la memoria.

Juicio a la memoria

El Cultural.es -

Agotado parecía el debate sobre la Memoria Histórica que sacudió la anterior legislatura, cuando el pasado 1 de septiembre volvía a disputarse con virulencia las portadas de los periódicos a raíz de la providencia dictada por el juez Baltasar Garzón. En ella solicitaba a ayuntamientos, parroquias y otras instancias la identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. Seis historiadores, Octavio Ruiz-Manjón, José Álvarez Junco, José Varela Ortega, Julián Casanova, Manuel Álvarez Tardío y Enrique Moradiellos dan su visión de la polémica.

Octavio Ruiz-Manjón: "Los historiadores llevamos tiempo soportando injerencias políticas"

Desde que José María Gironella pusiera en circulación la cifra de un millón de muertos, con su novela de 1961, el interés por las cifras, y los nombres, de las víctimas de la Guerra Civil no ha dejado de servir de acicate para la investigación y el conocimiento de aquellos hechos. La cifra que dio Gironella era más llamativa que ajustada, pero recogía estudios demográficos ya existentes en los que se combinaban las altas cifras de mortalidad de aquellos años con la disminución de nacimientos derivada de la coyuntura bélica. En cualquier caso, tuvo éxito y caló en la imaginación popular.

La muerte de Franco, por supuesto, permitió que de las cifras se pasara a los nombres, y que se conociera con gran detalle las circuns-tancias de la represión en uno y otro bando. Unos gobernantes que toleraron a unos miserables y, en el otro bando, unos miserables alentados por unos gobernantes contribuyeron a un baño de sangre, en el que los más bajos instintos trataron de ser justificados apelando a ideales políticos. Es difícil decidir cuál de esos dos comportamientos resulta más repugnante.

Por lo que hace referencia, más concretamente, a la represión de los partidarios de la República, la investigación de los historiadores ha permitido que hoy día se conozca muy detalladamente ese proceso. Los estudios locales dieron resultados muy significativos desde comienzos de los años ochenta (E. Nicolás, Herrero Balsa, Solé y Sabaté, Villarroya, Reig, Chaves, Gabarda, Sánchez Recio) y resulta, por lo menos, frívolo hablar de una “conspiración del silencio” respecto de estos temas. Más bien cabe asombrarse del elevado número de ignorantes sobre ellos… y de la buena acogida que tienen en algunas instancias políticas.

La ocurrencia que provoca ahora estas líneas parece aunar la frivolidad con la ignorancia, por cuanto parece desconocer lo muchísimo que hay escrito sobre el tema y porque banaliza, hasta límites sonrojantes, una técnica de investigación erizada de dificultades en la que son muchos los historiadores que llevan años trabajando seriamente. Los historiadores llevamos algún tiempo soportando las injerencias de políticos que pretenden determinar el sentido de nuestras refle-xiones por el pasado, tratando de fijar unos contenidos que son, por su propia naturaleza, permanentemente cambiantes, por la misma razón de que tampoco dejan de cambiar las preguntas que nos suscita ese pasado. Este fenómeno de injerencia no es privativo de España. El manifiesto de “Libertad para la Historia”, que firmaron, a comienzos del 2006, 19 reconocidos historiadores franceses, partía de la afirmación de que la historia no es ni una religión, ni una moral, ni es esclava de la actua-lidad, ni se puede reducir a la memoria. De ahí concluía que, en un Estado libre, la Historia no es un objeto jurídico y no le puede corresponder al Parlamento, ni a la autoridad judicial, determinar la verdad histórica. Ocurrencias como la que ahora nos ocupa no podrían tener una respuesta mejor.

José Álvarez Junco: "Para que estas reapariciones no desentierren malos sentimientos, todos deberíamos participar en ellas"

Éste es un tema que interesa a bastantes historiadores, sobre todo jóvenes –se ha dicho que es un rasgo característico de los “nietos de la Guerra”–, que están trabajando desde algunos años y que se han encontrado con muchos obstáculos, a veces por mala voluntad o falta de interés por parte de quienes tienen a su cargo esos fondos y otras simplemente por la mala organización de los archivos. La iniciativa de Garzón les ayudará. Y nos ayudará a todos, porque probablemente hará que la opinión española se entere del problema de la organización de nuestros archivos, que, aunque cada vez haya más excepciones, no es propia de un país de nuestro nivel.

¿Se reabren así las heridas o se da un justo reparo a los familiares de los desaparecidos? ¿Por qué tienen que ser dos alternativas excluyentes? Me parece que las dos cosas no son incompatibles: lo considero un justo reparo; pero eso no excluye que se pueda reabrir alguna herida. Sobre todo en contextos rurales, que son los más delicados, donde siguen viviendo los hijos o nietos de los fusilados quizás a unos cientos de metros de los hijos o nietos de los ejecutores de sus parientes. La familia de los represaliados, el día en que se les entreguen sus restos y puedan enterrarlos dignamente e incluso se les haga algún homenaje público, se sentirán aliviados y, de alguna forma, reivindicados ante el pueblo; pero la familia de los ejecutores, que seguramente lo saben, como lo sabe el resto del pueblo, es fácil que ese día sientan responsa-bilidad, vergüenza, incluso temor. Esto último, el temor, sin motivo alguno, porque repito que nadie piensa en exigir responsabilidades. Por otra parte, el pacto de la Transición consistió en cancelar aquellas responsabilidades y ese pacto sigue en pie. Pero lo que no hubo entonces, aunque a veces se diga lo contrario, fue un pacto de silencio.

Para que este tipo de reparaciones y homenajes no desentierren malos sentimientos, lo mejor sería que todos participáramos en ellos, demostrando así nuestra identificación con el sistema democrático actual por la vía práctica que consiste en distanciarnos de la barbarie de nuestros antepasados. Y esto vale para los dos lados. Ni la derecha ni la izquierda actuales deben conside-rarse herederas, porque no lo son, de aquella derecha fascista ni de aquella izquierda revolucionaria que, en nombre de ideales totalitarios, creyeron que era legítimo exterminar físicamente al adversario. Demostrémoslo. Y recordemos la recomendación del Azaña desengañado del final de la guerra: “Paz, piedad, perdón”.

José Varela Ortega: "Asentemos que la Memoria Histórica, en singular y con mayúsculas, sólo existe en la letra de regímenes autoritarios"

La pregunta –que podemos hacernos todos, en general, y la administración de justicia, en particular– es qué hace un juez revisando causas que han prescrito varias veces, en la medida que no han sido jurídicamente conceptuadas como genocidio –por muy numerosos y tremendos que fueran aquellos asesinatos cometidos hace más de 70 años. Aunque a casi todos también se nos alcanza que todo esto dará titulares en la prensa y en la TV. Si ése es el objetivo de nuestro juez mediático, la idea no es mala. Por fin, en efecto, desenterrará cadáveres, con gran aparato de propaganda y de un pasado remoto y, al tiempo, ayudará a enterrar cifras económicas, afortunadamente menos trágicas pero más actuales.

Mas allá de que ignoraba la competencia del señor Garzón como historiador, experto en métodos arqueológicos, no conozco muchos casos en que la propaganda y el trompeteo mediático haya ayudado a investigación alguna ni a la evaluación serena y ponderada de un trabajo histórico. La Historia no es propaganda ni justicia. Los historiadores no impartimos justicia ni damos clases de ética o de moral. Vemos las cosas desde el punto de vista de aquéllos que las hicieron, cuyos propósitos queremos adivinar y cuyas acciones relatar para comprenderlas, que no es lo mismo que aplaudirlas o denigrarlas. Las valoraciones caen fuera de nuestro negociado profesional. En concreto, los historiadores intentan descubrir, entender y relatar los horrores de la Guerra Civil con una lente ajustada a la exposición y comprensión que no al juicio. Otra cosa es que como personas decentes entendamos muy bien, simpaticemos y apoyemos el que los descendientes de las víctimas quieran recuperar sus restos, como forma de rehabilitar su recuerdo y darles un entierro digno. Pero todo ese ejercicio de reparación piadosa y justa poco tiene que ver con la Historia.

Dejemos sentado que la Memoria Histórica, así en singular y con mayúsculas, no existe mas que en la letra de regímenes autoritarios. La memoria es una facultad reservada a los individuos de nuestra especie. Sujetos colectivos y entes de razón carecen de ella. Recordamos sólo lo que hemos vivido personalmente. En la medida que son individuales, las memorias son múltiples y diversas. Hay, pues, miles o millones de “memorias”. Si hablamos de un suceso como la Guerra, lo que pueden recordar hoy los poquísimos que la padecieron y aún viven es lo que parcialmente sucedió en un lugar muy determinado, fruto de experiencias personales muy reducidas. La gente no se paseaba de un lado al otro del frente con un interés académico para evaluar objetivamente lo que sucedía. Bastante tenían con salvar la vida. 70 años después, el recuerdo ni siquiera es ya lo que vivieron, sino otro producto reelaborado, entreverado de vivencias y distorsionado por experiencias posteriores. En mi opinión, reflectores, tambores mediáticos y televisivos tienen un objetivo político que poco tiene que ver con la ayuda y reparación debida de lo que son tragedias personales y familiares.

Julián Casanova: "Lo que se plantea es compensar a las víctimas, no perseguir a los verdugos"

Yo siempre me he opuesto a abrir causas de culpabilidad criminal, tantos años después, y no creo que las peticiones de Garzón vayan por ese camino. Lo que se plantea es una justicia correctiva, de compensación a las víctimas, y no punitiva, que significaría perseguir a los verdugos. Al final, se desenterrarán menos cadáveres de los que se buscan –porque muchas de aquellas fosas han desaparecido para siempre, enterradas por el crecimiento urbano y el paso del tiempo– y si la tolerancia se antepone al conflicto, no tendría por qué haber problemas en esta recuperación del pasado.Todo lo que sea abrir caminos a la investigación ayuda al trabajo de los historiadores y, lo que es más importante, puede contribuir a ampliar los conocimientos que tenemos sobre el pasado.

En este caso, los más novedoso sería poder iniciar una investigación coordinada sobre los desaparecidos, es decir, sobre las personas que habiendo sido ase-sinadas no fueron nunca registradas o no fueron juzgadas ni ha quedado rastro de ellas. Eso incluye, evidentemente, el apoyo institucional a la búsqueda y apertura de fosas –también de los asesinados en el bando republicano sobre los que se conoce su identidad pero no el paradero–. Sobre las decenas de miles de personas ya registradas por numerosos estudios de historiadores, la petición de Garzón aportará pocas cosas. Y la parte más fácil de ejecutar es todo lo relacionado con el Valle de los Caídos. Allí hay muertos de los dos bandos, aunque la cantidad, proporción e identidad sólo será posible saberlas con un examen minucioso de esos libros de registros.

Los pasados traumáticos, de guerras y dictaduras, suelen provocar conflictos entre diferentes memorias, individuales y de grupos, entre distintas maneras de mirar a la Historia. Aunque a muchos españoles les parece que eso de tener memorias divididas y enfrentadas sólo nos pasa a nosotros, en realidad esa fractura ha ocurrido y ocurre en todos los países que sufrieron regímenes políticos criminales, como la Alemania nazi, la Rusia estalinista, las dictaduras militares del Cono Sur o la España de Franco. En esos casos, como declaró hace ya dos décadas el historiador conservador alemán Ernst Nolte a propósito del nazismo, el pasado no quiere irse. Y la memoria histórica, lejos de ser un terreno neutro, se convierte en un campo de batalla cultural, de apropiación de símbolos, y político. En ello estamos ahora en España, más de treinta años después de la muerte de Franco.

La sociedad que salió del franquismo y la que creció en las dos primeras décadas de la democracia mostró índices elevados de indiferencia hacia la causa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. La llegada al Gobierno de Zapatero abrió un nuevo ciclo. Por primera vez en la historia de una democracia que cumplía ya treinta años, el poder político tomaba la iniciativa para reparar esa injusticia histórica. Ése era el principal significado del Proyecto de Ley presentado a finales de julio de 2006, conocido como Ley de Memoria Histórica, y aprobado en el Congreso el otoño pasado. La Ley no entra en las diferentes interpretaciones del pasado, no intenta delimitar responsabilidades ni decidir sobre los culpables. Y tampoco ha creado una Comisión de la Verdad que, como en otros países, registre los mecanismos de muerte, violencia y tortura e identifique a las víctimas y a sus verdugos. Aún así, ha encontrado airadas reacciones políticas de la derecha –Rajoy declaró que anularía la Ley cuando el PP llegara al Gobierno–, de la Iglesia y de sus medios de comunicación. Y Esquerra Republicana tampoco la apoyó porque exige la anulación de los juicios del franquismo.

La democracia española necesita que esa Ley se aplique. Una Ley que integre las diversas memorias, pero que asuma que sólo las víctimas de la represión de los militares sublevados contra la República y de la violencia de la dictadura de Franco necesitan la reparación moral y el reconocimiento jurídico y político después de tantos años de vergonzosa marginación.El olvido no hará desaparecer el recuerdo de las víctimas, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados traumáticos, que vuelven a la superficie una y otra vez. El futuro de la memoria pasa por transmitir, hacer conocer, esas experiencias de violencia política y de violación de los derechos humanos a nuestros jóvenes, a quienes no formaron parte de esa historia.

Manuel Álvarez Tardío: "Si alguien piensa que todo es tan sencillo como abrir fosas y poner nombres, me temo que se equivoca"

Las transiciones a la democracia desde regímenes autoritarios nunca son procesos indoloros. Y menos cuando, como ocurrió en España, la dictadura no se hunde por sí sola y el camino a la democracia exige concesiones recíprocas. En ese caso, la Historia es positiva si se utiliza en la vida política para facilitar el pacto, esto es, como argamasa para levantar una conciencia colectiva que facilite la reconciliación. Lo peculiar del caso español no es que unos perdonaran a otros sino que todos admitieran implícitamente que las responsabilidades por un pasado traumático estaban ampliamente repartidas.

En España no se ha constituido en todo este tiempo una “comisión de la verdad” o algo parecido, pero los historiadores sí han hecho su trabajo, aunque no siempre en las mejores condiciones. No tenemos una única verdad, pero disponemos de resultados muy positivos en el tema de la represión, como demuestran algunas investigaciones recientes.

Sin embargo, la teoría de que una transición pactada, con una oposición débil, impidió hacer justicia a quienes murieron defendiendo la democracia en los años treinta, ha llevado en los últimos años a un afán por construir una verdad oficial que vincule la Constitución del 78 a la ideología de los vencidos. En la pasada legislatura pudimos comprobar el impacto negativo de una política que pretendía oficializar una verdad histórica basada en una descarada simplificación del problema político de la España republicana, utilizando sin escrúpulos a las víctimas de la represión franquista en la posguerra.

Ahora, cuando el temporal parecía amainar, un juez asume una tarea que, más allá de su dudosa viabilidad, presupone que la sociedad española ha sido anestesiada para no saber y que los políticos son incapaces de ofrecer soluciones a las demandas de los familiares de las víctimas. Pero nuestra Historia no necesita jueces sino historiadores con ganas de acercarse a la verdad, archivos mejor organizados y dotados y políticos dispuestos a facilitar la tarea investigadora sin que medie interés partidista. Son los historiadores y no los jueces los que pueden debatir sobre las razones de la quiebra de la democracia sin necesidad de publicar sentencias. Lo vienen haciendo desde hace mucho. Ellos saben que la cuestión de las víctimas, con independencia de su sufrimiento personal y el de sus familiares, está embarullada por la dificultad de clasificar a nuestros abuelos como demócratas y antidemócratas. Si algún juez piensa que todo es tan sencillo como abrir fosas y poner nombres y apellidos a los muertos y a sus verdugos, me temo que se equivoca.

Enrique Moradiellos: "¿Alguien podría negar a los familiares el derecho a enterrar dignamente a sus muertos?"

Hace tiempo que asistimos a ese conflicto de lecturas interpretativas sobre la Guerra Civil en el plano mediático y político, en gran medida creo que como efecto de la aguda crispación que ha dominado la dinámica del país en los últimos años. Basta comparar la diferencia que hubo entre la declaración de contenido histórico aprobada por unanimidad en el Congreso en noviembre de 2002 y la controversia que suscitó la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa de Garzón no creo que provoque mayor discusión que la ya existente durante la tramitación de la ley de 2007. Incluso pudiera servir para terminar de una vez por todas con la anomalía evidente que significa la existencia de fosas comunes con cadáveres de la Guerra Civil. ¿Alguien con sentido común –no ya político– podría negar a los familiares de los represaliados el derecho a localizar los cuerpos de sus antepasados? ¿Acaso enterrar dignamente a los últimos muertos de la Guerra no sería la mejor manera de cerrar simbólicamente una página trágica de la historia española?

No cabe duda de que la iniciativa podría facilitar el trabajo futuro de los historiadores si prosperase y consiguiera la apertura a la consulta pública de fondos documentales relevantes y hasta ahora inaccesibles, tanto de archivos oficiales como de archivos particulares. No en vano, quien dice Historia dice documento probatorio y el trabajo historiográfico se guía por una máxima indecli-nable: Quod non est in actis non est in mundo –De lo que no queda constancia física probatoria no cabe hablar con rigor y propiedad–. Por eso mismo el acceso libre a fondos documentales de interés para su crítica, cotejo y ponderación es una tarea primordial y básica para la historiografía.

Aunque sea casi inútil, quiero dejar constancia de mi rechazo profesional al uso del término Memoria Histórica en singular y en mayúscula. No hay tal cosa. Hay “memorias” sobre el pasado que son siempre plurales y en minúscula porque cada uno recuerda lo que vivió en primera persona o lo que le han contado. La Historia, como conoci-miento riguroso, surge de la criba de esos testimonios en conflicto y del cotejo de los mismos con la documentación material. Dicho esto, creo que ese pseudo-concepto evoca un conflicto de lecturas sobre la Guerra Civil virtualmente insoluble porque la contienda escindió al país en dos bandos, provocó una hemorragia de sangre de víctimas en ambas retaguardias y sus heridas quedaron oficializadas por un régimen basado en la división entre vencedores y vencidos que duró 40 años. Con un resultado final que hace tiempo ha empezado a ser cuestionado. Los familiares de unas víctimas –las ocasionadas por el bando republicano vencido– tuvieron la fortuna de ver sus cadáveres recuperados, honrados sus lugares de reposo y gratificados sus deudos y herederos. Otros familiares de víctimas –las ocasionadas por el bando franquista vencedor–, tuvieron que sufrir el oprobio de la vergüenza, hubieron de renunciar a recuperar sus cadáveres de las fosas comunes y carecieron de cualquier amparo oficial para sus deudos. Compensar esas situaciones no debería reabrir las viejas heridas, sino que debería contribuir a cicatrizarlas definitivamente. Pero es competencia de los agentes sociales y políticos que sea así y no de otro modo. Al fin y al cabo, hubo víctimas y verdugos en ambos bandos y no parece que tratar equitativamente a las víctimas suponga ninguna afrenta para nadie sensato a estas alturas.

¿DONDE ESTA?

¿DONDE ESTA?
IN MEMORIAN