Fuente: Noticias de Guipúzcoa.
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/09/06/sociedad/gipuzkoa/d06gip6.1237677.php
El listado de fusilados y desaparecidos en la Guerra asciende a 1.100 personas en Gipuzkoa
todas ellas compondrían el censo que pretende elaborar el juez baltasar garzón
Tanto Aranzadi como el colectivo Ahaztuak creen que la medida cubre un vacío judicial histórico en este ámbito
miguel cifuentes donostia.
Más de 2.500 personas desaparecidas en la CAV, 1.100 de ellas en Gipuzkoa. Ésas son, según datos facilitados por Aranzadi, las cifras que dejó la Guerra Civil en forma de asesinatos cometidos "irregularmente", es decir, fuera de una acción de combate. Fusilados en su mayor parte después de ser detenidos y encarcelados tras el alzamiento militar de 1936, todos ellos componen el listado de víctimas no oficiales, de los muertos sin nombre que dejó la represión de esos años.
El paso del tiempo y la labor de familiares e investigadores ha permitido localizar los restos de muchos de ellos. Otros, en cambio, siguen sin tener un lugar de descanso. Las dificultades y el oscurantismo han marcado, hasta la fecha, el descubrimiento de un camino que no por desconocido ha dejado de recorrerse. Al menos, así lo aseguran muchos de quienes se han sumergido en ese proceso. Convencidos de ello, y de que la justicia les asiste, varias familias han recurrido a ese poder judicial para reclamar, cuando menos, el reconocimiento de los hechos.
La solicitud realizada a principios de esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para recabar información con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes ha supuesto un antes y un después. "Es positiva, sobre todo, porque refuerza lo que reclamaban muchas familias. Cada paso que se da es un avance", asegura Paco Etxeberria, director de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha exhumado desde el año 2000 restos de más de 300 víctimas de la Guerra Civil.
Etxeberria recuerda que "a cualquier víctima" le asisten unos derechos y sostiene que, en este caso, uno de ellos no se está cumpliendo. "Existen tres pilares: el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. ¿Qué está ocurriendo con la intervención de Garzón? Que se ha puesto en marcha, quizás, el pilar de esos tres que hasta el presente no funcionaba, el de la justicia. El conocimiento de la verdad se desarrolla a base de colaboraciones, del trabajo de universitarios y académicos, del impulso político... y el de la reparación se lleva a cabo con actos de reconocimiento público, publicaciones u homenajes. Faltaba el de la justicia", señala.
Así, aunque reconoce no saber "cómo evolucionará" esa solicitud, sí cree que servirá, al menos, para otorgar una mayor tutela, garantía y coordinación en la investigación de los hechos. Para que, entre otras cosas, la Policía Judicial pueda ir a un archivo eclesiástico y, si se niega a facilitar información, presentar una orden.
sin rastro de algunos En su opinión, Garzón pretende acreditar tres cosas. "Primero, que aquellas desapariciones fueron generalizadas en toda España. Segundo, que fueron muertes violentas, verdaderos crímenes. Y tercero, que hasta ahora, en 70 años, a esas víctimas nadie les ha hecho caso. Hay ejemplos de personas a las que ni siquiera se les inscribió en el registro civil, de las que no había documento oficial que acreditara su muerte", apunta.
Agrega, además, que lo que ha hecho el magistrado no está muy lejos de lo que dice la Ley de la Memoria Histórica, que los archivos se tienen que hacer públicos a todos cuantos necesiten información para aclarar estos temas. "No puede haber un archivo que te escatime información. No sólo los de Salamanca, sino los de las instituciones penitenciarias o los de la Policía. Y no me extraña que haya dado órdenes para que se vaya a algunos ayuntamientos que no estaban facilitando información o a la Iglesia, al Valle de los Caídos, desde donde no se estaba queriendo ofrecer esa información", opina.
En relación a los listados de víctimas, asegura que en la actualidad existen algunos "muy aproximados" en cada provincia, gracias en buena parte a la labor realizada por académicos, historiadores y gente del ámbito universitario. "Ahora Garzón quiere recogerlos todos", comenta.
A juicio de Marcelo Álvarez, portavoz del colectivo Ahaztuak 1936-1977, que trabaja para recuperar la memoria de todas esas víctimas, la decisión del magistrado "deja en evidencia el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo". "Estos hechos muestran que el compromiso de tantas personas está dando sus frutos, que no sólo hemos conseguido mantener el debate sobre la denuncia política del franquismo y sus consecuencias, sino que cada vez es más evidente la necesidad de seguir reivindicando la memoria de todos los represaliados como una herramienta democrática de presente y futuro", afirma.
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"Ya es hora de que se sepa la verdad"
Una vida entera de sufrimiento callado, de no saber el paradero de un familiar que un día desapareció sin que se dejara rastro de ello. Siete décadas después, muchos son los que claman para que se saque a la luz la verdad de todo aquello
"buscar la verdad es un objetivo legítimo y necesario si se quiere administrar algo de justicia, aunque a veces no logremos obtener ni siquiera un trozo de esa verdad". Son palabras de Paco Etxeberria, director del Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, durante el discurso que realizó con motivo de la recepción, hace ahora dos años, del Premio Gipuzkoa Derechos Humanos. Dedicó el galardón "a las víctimas olvidadas" y tuvo una mención especial para una de las familiares de esas víctimas presente en el evento, María Ángeles Ibáñez.
Esta donostiarra de 72 años perdió a su padre, Agustín Ibáñez, el 7 de noviembre de 1936. Era uno de los trabajadores de la Fábrica de Gas que recientemente han sido identificados por Aranzadi, con la colaboración de la asociación Katin-Txiki, en la fosa de Iragorri, en Oiartzun. "Se llevaron a la cárcel de Ondarreta a los cinco que estaban realizando el turno en aquel momento. Dos días después, el 9 de noviembre, los sacaron a dar el paseo . Nosotros, mi madre, mis dos hermanos y yo, estábamos por aquel entonces en Bilbao y nos enteramos a través de una vecina de Donostia", recuerda, mientras extiende sobre la mesa del salón de su casa todos los recuerdos y documentos que guarda de su padre. Desde entonces, asegura, su madre no fue la misma. "Se apagó".
Con el paso de los años, María Ángeles decidió indagar entre los objetos que guardaba su madre y comprobó que ella no mentía cuando decía que le habían fusilado. Entonces siguió adelante. Ahora, tras contactar con Aranzadi y localizar los restos de su padre, sabe que el camino iniciado era el correcto. "No es una cuestión de odio, sino simplemente de justicia. Es hora de que se sepa la verdad, de que la gente que está en una situación como la mía empiece a hablar. En aquella época nos enseñaron a callar. Ahora hay que hablar", asegura, mientras confía en que la solicitud realizada esta misma semana por Garzón para recabar información no se quede en saco roto.
El dolor de no saber en décadas cuál fue el destino final de un familiar tras la Guerra Civil y la posterior represión fue y es compartido por otras muchas personas en Euskadi. Belén Larrea, de 42 años y natural de Bilbao, tuvo conocimiento hace dos años, gracias a la mediación del colectivo Ahaztuak 1936-1977, de la localización de los restos de su abuelo, Emiliano Vian, en un pequeño pueblo de Palencia. "Mi madre se murió sin saber dónde había sido enterrado. No hay derecho", lamenta.
la tragedia de no saber nada
"Es inhumano"
Belén confía, por ello, en que la solicitud de Garzón sirva para avanzar en el esclarecimiento de lo que sucedió. "Ya era hora. Ocurrieron verdaderas barbaridades y no ha habido justicia. Hay quien aún no sabe dónde están sus familiares. Es inhumano. Las heridas se cerrarán cuando haya justicia, y la justicia llegará cuando haya verdad", opina.
"Seguimos teniendo la esperanza de saber dónde está. Confiamos en que, por algún lado, aparezca algo que nos lleve hasta él", reconoce, por su parte, Imanol Rodríguez, sobre la desaparición de su tío-abuelo Jesús Basauri, en la localidad vizcaína de Berango. Tras ser apresado por soldados italianos, se le perdió la pista un día en el que fue llevado hasta el Ayuntamiento a realizar algún papeleo. "Un vecino nos dijo que se lo habían llevado en dirección a Algorta, pero no supimos nada más. También dijeron que lo habían visto en el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, pero nunca se ha llegado a acreditar", señala.
Sin salir de ese territorio, Juan Rasines, de Barakaldo, e Iñaki García, de Galdakao, aportan otros testimonios sobre la misma tragedia. Mi padre estuvo varios meses en la cárcel de Santoña. Después de un falso juicio, fue condenado a muerte y fusilado. Un día fui con mi madre a llevarle comida y ropa a la prisión y nos dijeron que ya no le hacía falta", recuerda el primero, que hace no demasiado decidió contactar también con Ahaztuak 1936-1977 para tratar de localizar a su padre, del que supo que se encontraba enterrado en un cementerio cántabro.
"Nos dijeron que mi tío se había ahogado tras saltar al agua en alta mar, pero no me lo creía. Siempre tuvimos la duda", afirma el segundo, que finalmente ha podido saber que este familiar descansa en el mismo cementerio que Rasines.ç
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