martes, 11 de noviembre de 2008

Las asociaciones tildan de «estafa» la ley de Memoria tras el parón de las exhumaciones.

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Las asociaciones tildan de «estafa» la ley de Memoria tras el parón de las exhumaciones

La vicepresidenta De la Vega muestra «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y UGT la rechaza

Oviedo / Madrid, L. Á. VEGA / Agencias

La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de la Guerra Civil ha suscitado indignación entre las entidades implicadas en este proceso, y las asturianas no son excepción. Víctor Luis Álvarez, presidente de Memoria Histórica Asturiana, aseguró ayer que no duda de que es el Gobierno quien bloquea las exhumaciones. «El fiscal Zaragoza depende del fiscal general, Conde-Pumpido, y éste, del Gobierno», indicó. Para Álvarez, «la ley de Memoria ha resultado una estafa, no vale para nada y sólo ha servido para engañar a los ciudadanos, con el apoyo de Llamazares». En realidad, dijo, «no hay voluntad política». Y afirmó que el abuelo del fiscal general Luciano Conde-Pumpido firmó miles de condenas a muerte.

Las cifras de la represión franquista en Asturias no están claras. Para Todos los Nombres rondan los 22.000. Para Memoria Histórica Asturiana hubo 3.000 y 4.000 fusilados tras consejo de guerra y otros tantos desaparecidos. Víctor Luis Álvarez no niega asesinatos en el lado republicano (unas 2.100 víctimas), pero indica que fue «incontrolada» , mientras que la franquista fue «sistemática y organizada».

El actual proceso «debería haber terminado con juicios, como ocurrió en Francia y Alemania», opinó Álvarez. Indicó, sin embargo, que hay abierta una vía en Estados Unidos, donde hay varios nazis del campo de Mauthausen pendientes de extradición a España y cuyo juicio podría demostrar el ánimo exterminador de la Falange, Serrano Súñez y todo el régimen franquista.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró ayer el «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y recalcó que los mecanismos judiciales determinarán el «fin último» de la iniciativa. También reclamó el necesario «sosiego y rigor» para abordar una cuestión tan peliaguda como ésta. Y mantuvo que las iniciativas incluidas en la ley de Memoria Histórica siguen adelante.
En la misma línea se expresó ayer el presidente del PSOE andaluz, Manuel Chaves, quien afirmó que «en un Estado de derecho hay que acatar las decisiones judiciales». Menos de acuerdo se mostró UGT, que considera que la decisión de la Audiencia Nacional «no está justificada, dado que no hay ningún perjuicio para las partes ni se provoca indefensión». El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, celebró que la Audiencia haya dicho «que hay jueces que deberían ocuparse de cosas distintas».

*Fuente: La Nueva España, 9 de noviembre de 2008
http://www.lne. es:80/secciones/ noticia.jsp? pRef=2008110900_ 43_694395_ _Espana-asociaci ones-tildan- estafa-Memoria- tras-paron- exhumaciones
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