Memoria Histórica. Esclavos del Franquismo.

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http://www.profesionalespcm.org/_php/CargaIndice.php?idSeccion=39

Memoria Histórica

ESCLAVOS DEL FRANQUISMO

“... medio millón de muertos, un cuarto de millón de exiliados dispersos en Francia, Rusia y varios países hispanoamericanos, 280.000 presos en cárceles y campos de concentración por los delitos más inverosímiles, miles de españoles heridos o mutilados por efectos de la guerra, produjeron un colapso en el mercado laboral de un país que necesitaba reconstruir sus infraestructuras y poner en funcionamiento empresas destrozadas o paralizadas por la guerra”.
Así explica el periodista Isaías Lafuente, en el inicio de su libro “Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo” (Temas de hoy), el contexto histórico, político, económico y social en el que la dictadura franquista puso en marcha uno de sus más bárbaros y lucrativos métodos de represión y, al mismo tiempo, uno de sus secretos mejor guardados hasta ahora. Otros libros, jornadas de debate y hasta programas de televisión intentan sacar a la luz esta página negra de nuestra Historia.

Por Jordi García Soler

Se trata de la explotación laboral sistemática de centenares de miles de prisioneros políticos republicanos por parte de la dictadura, que les utilizó de hecho como auténticos esclavos prácticamente hasta las mismas postrimerías del franquismo, en concreto hasta el año 1970, cuando todavía algunas empresas privadas españolas tenían a su servicio a presos políticos obligados a realizar trabajos forzados para ver reducidas sus fuertes condenas de cárcel.
Con prácticamente dos centenares de pueblos e incluso ciudades destruidos en más del 60% de sus construcciones y edificios, un cuarto de millón de viviendas particulares reducidas completamente a escombros y otras tantas convertidas también en inhabitables, más del 40% del muy reducido parque automovilístico y ferroviario nacional absolutamente destrozado e inservible, con un quebranto gravísimo en las redes ferroviarias y de carreteras, así como en todo tipo de construcciones e infraestructuras públicas afectadas por los bombardeos sufridos durante los tres últimos años, la España resultante de la guerra civil requería una ingente y económicamente muy cuantiosa labor de reconstrucción material.

Una deuda de casi 2.000 millones de pesetas oro con Alemania e Italia
Las inversiones públicas necesarias para hacer frente a esta reconstrucción eran realmente inasumibles por parte de un Estado cuya moneda oficial, la peseta, tenía en 1940 el 50% del valor que poseía antes del inicio de la guerra civil, apenas cuatro años antes, con una renta nacional que se había situado de repente al nivel existente en 1914 y con una renta per cápita inferior en un 14% a la de 1936, con tasas anuales de inflación que durante los años 40 oscilaron entre el 13 y el 23%, y con una población activa que se había visto reducida en más de medio millón de personas.
Con un país destrozado, empobrecido, apenas sin ningún tipo de producción industrial, con muy poco o nada que exportar, prácticamente sin otras relaciones comerciales que las entonces existentes con la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, y con ambos países aliados de la dictadura franquista exigiendo la devolución inmediata de la cuantiosa deuda contraída por Franco con ellos –1.200 millones y 600 millones de pesetas oro, respectivamente– a causa de sus importantes ayudas militares y financieras al bando franquista durante la guerra civil, de nada iban a servir las drásticas medidas de control económico impuestas por la dictadura. Unas medidas que, por otra parte, empobrecieron aún mucho más al conjunto de la población y enriquecieron de forma espectacular y repentina a un muy reducido número de estraperlistas y especuladores, todos ellos directa o indirectamente ligados a las estructuras del propio poder franquista.

En este contexto, como señala Isaías Lafuente en su ya citado libro, “Franco se inventó, con décadas de antelación, la primera Empresa de Trabajo Temporal que se implantó en España”. La constitución de aquella primera ETT se realizó mediante la creación del denominado Fichero Fisiotécnico en el que se recopilaron todo tipo de datos sobre centenares de miles de prisioneros políticos republicanos de toda España, para utilizarles como auténticos esclavos al servicio del Estado franquista en la reconstrucción del país.

Antes del término del mismo año 1939, en el Fichero Fisiotécnico del Patronato para la Redención de Penas figuraban ya formal y oficialmente censados 67.711 presos, reunidos en un total de 24 industrias y llegando a abarcar hasta 602 oficios distintos. De ellos, en la misma fecha, casi 13.000 estaban ya laboralmente colocados, esto es trabajando teóricamente al servicio del Estado, casi siempre en unas condiciones laborales y de vida infrahumanas, constantemente sometidos a todo tipo de vejaciones y malos tratos, y apenas sin recibir ningún tipo de salario o contraprestación económica, sólo con la esperanza de poder redimir parte de sus casi siempre muy largas condenas de prisión, impuestas mediante el uso y abuso sistemático de la Ley de Responsabilidades Políticas, a través de los trabajos forzados.

Como señalaba orgullosa y, sin duda, cínicamente el denominado Patronato para la Redención de Penas al referirse en uno de sus numerosos documentos oficiales de la época al mencionado Fichero Fisiotécnico, “pocas Bolsas de Trabajo contarán con una tal variedad de profesiones y aptitudes personales”.

A principios de 1941, esto es un par de años después de finalizada la guerra civil, constaban en el Fichero Fisiotécnico 103.369 penados, de ellos cerca de 10.000 mujeres, una cifra casi coincidente con la de los presos que entonces ya habían sido juzgados y condenados por los numerosos tribunales civiles y militares puestos en marcha en toda España durante aquellos años. Los más de 280.000 prisioneros políticos entonces encarcelados en toda España representaban el 10% del conjunto de la población activa del país y eran, en su gran mayoría, hombres de entre 20 y 40 años de edad. No obstante, los presos políticos seguían aumentando sin cesar durante aquellos años. Según ha podido documentar recientemente el historiador Antonio Miguel Bernal, sólo entre los años 1939 y 1943 el número de presos políticos del franquismo llegó a ser de más de 550.000, también con una muy clara mayoría de jóvenes entre ellos.

Aunque fue personalmente el propio Francisco Franco quien puso marcha este formidable negocio a costa de sus prisioneros políticos, iniciado ya de hecho en mayo de 1937, al parecer fue el jesuita José Antonio Pérez del Pulgar quien lo inventó e institucionalizó de forma oficial, mediante la constitución del llamado Sistema de Redención de Penas. En su texto de enero de 1939 titulado La solución que da España al problema de sus presos políticos –para mayor inri, editado por Publicaciones Redención–, dicho sacerdote no defendía ningún tipo de piedad ni clemencia para con los presos políticos del franquismo –“no puede exigirse a la justicia social que haga tabla rasa de cuanto ha ocurrido”–, sino que preconizaba para todos ellos poco menos que la aplicación de la Ley del Talión: “Es muy justo que los presos contribuyan con su trabajo a la reparación de los daños a los que contribuyeron con su cooperación a la rebelión marxista”.
Los campos de concentración franquistas

Así, de forma masiva, sistemática y organizada, la dictadura franquista utilizó, entre 1937 y 1970, a centenares de miles de prisioneros políticos como fuerza laboral barata, absolutamente dócil y completamente segura, casi siempre recluida en alguno de los numerosos campos de concentración creados al efecto por toda España –en el libro de Javier Rodrigo Sánchez La represión bajo el franquismo figuran documentados 72 campos de concentración, casi la mitad de ellos funcionando ya desde la misma guerra civil, con un total de aproximadamente unos 180.000 internados debidamente contabilizados–, con lo que además de conseguir pingües beneficios económicos consiguió descongestionar las numerosas cárceles existentes en todo el territorio nacional, todas ellas abarrotadas durante los años de la más inmediata posguerra a causa de las sucesivas oleadas de detenciones masivas que se produjeron en España entera al término de la guerra civil.

El Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas, eufemismo con el que se intentaba ocultar el nombre de los campos de concentración, fue en realidad el encargado de centralizar el uso y abuso que el franquismo hizo de sus prisioneros políticos como trabajadores forzados o esclavos, dando origen incluso, con la creación de sus campos de concentración y la instalación en las cercanías de las familias de algunos de los prisioneros en ellos internados, a la creación espontánea de nuevos núcleos de población surgidos entonces, como El Palmar de Troya, Dos Hermanas, Los Palacios o los barrios sevillanos de Torreblanca y Bellavista, aún en la actualidad formado en su gran mayoría por familiares de antiguos presos políticos esclavizados por el franquismo.

Empleados fundamentalmente en obras públicas de todo tipo –por ejemplo, en la construcción de carreteras, puentes, túneles, vías férreas, canales y marismas–, centenares de miles de prisioneros políticos del franquismo se vieron obligados al trabajo forzado, a modo de nuevos esclavos, tanto en obras tan impresionantes como las de la construcción del Valle de los Caídos –donde trabajaron hasta 1950 un total de cerca de 20.000 presos políticos, hasta la definitiva culminación de las obras de construcción tanto de los accesos por carretera como del monasterio y la cripta de aquella obra faraónica– o del pazo de Aday, como en muchas otras obras al servicio de la Iglesia católica –entre otras, los 15.000 crucifijos para escuelas y otros centros oficiales, que fueron facturados inmediatamente después de la guerra civil desde los Talleres Penitenciarios, cuya sede central era la cárcel de Alcalá de Henares– y, cada vez en mayor medida, al servicio de gran número de empresas privadas, casi todas ellas adjudicatarias y concesionarias del propio Estado.

Según recoge Isaías Lafuente en su documentado libro, fueron prisioneros políticos quienes construyeron obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, amén de saltos como los del Nansa y el Sil. Fueron, igualmente, prisioneros políticos del franquismo quienes reconstruyeron pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones. Trabajaron también en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete, Murcia y Cartagena, por ejemplo, y lo hicieron asimismo en gran cantidad de obras públicas, como en la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o la inconclusa Santander-Mediterráneo, así como en la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, y en carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Vielha...
Además de la construcción tanto de los accesos como del monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, fueron también prisioneros políticos del franquismo quienes construyeron desde aeropuertos como los de Sondica o Labacolla hasta estadios municipales como los de Valladolid y Palencia, pasando por cárceles como la de Carabanchel.

Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC.

Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones.

Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano, C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas ... ç

La Iglesia católica española, convertida prácticamente desde el mismo inicio de la guerra civil en uno de los más importantes e influyentes apoyos de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una “Cruzada”, se benefició asimismo del trabajo esclavo de gran número de prisioneros políticos del franquismo. Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como esclavos numerosos presos políticos de distintas regiones españoles, figuran las de la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen y los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares.

780 millones de euros de beneficios
El ya mencionado libro de Isaías Lafuente no es propiamente el primero en denunciar esta infamia criminal perpetrada por el franquismo, puesto que ya en 1969 Aroca Sardagna se refería a ello en su libro Los republicanos que no se exiliaron, y en 2000 Rafael Torres publicó otro importante volumen sobre esta cuestión, Los esclavos de Franco, el primero en documentar ya el trabajo forzado de gran número de prisioneros políticos del franquismo.

No obstante, Lafuente ha profundizado mucho más y da en su libro todo tipo de datos y documentación, llegando incluso a las cuantificación económica precisa de los beneficios obtenidos por el franquismo a costa de la práctica esclavitud de sus prisioneros políticos: más de 130.000 millones de pesetas, unos 780 millones de euros. Ello se deduce del estudio de las muy detalladas memorias anuales remitidas a Franco por el Patronato para la Redención de Penas entre 1939 y 1970, conservadas aún en los archivos de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Sólo entre los años 1939 y 1945, Franco dispuso mensualmente de una media de unos 10.000 presos políticos republicanos convertidos por él en sus esclavos, siendo en total durante aquellos años unos 110.000 los presos políticos laboralmente explotados en colonias, talleres, destacamentos penales y empresas privadas.

Carrero Blanco recibía el 75% del salario de los “esclavos”
El profesor Francisco Moreno Gómez ha cifrado el jornal medio de un preso político esclavizado por el franquismo en 4,75 pesetas, en el caso de ser un hombre con esposa y un hijo a su cargo y que estuviese al servicio de algún organismo público del Estado, y de 14 pesetas si trabajaba al servicio de una empresa privada, de las que sólo 50 céntimos iban a parar al propio preso, 3 pesetas eran destinadas a su familia, 1,40 eran retenidas en teoría para su alimentación y las 9,10 pesetas restantes iban a parar a Hacienda, aunque se ignora bajo qué concepto se les sometía oficialmente a tan cuantiosa exacción fiscal.

Este dinero era periódicamente ingresado por el Patronato para la Redención de Penas en una cuenta cifrada del Banco de España, a nombre del entonces subsecretario de Presidencia del Gobierno, Luis Carrero Blanco, conforme ha podido documentar y probar recientemente el ya citado profesor Antonio Miguel Bernal.

Catedrático de Historia del Pensamiento de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Antonio Miguel Bernal ha coordinado recientemente el interesante ciclo de conferencias que se ha celebrado en dicho centro universitario bajo el título Los presos del Canal. 1940-1962. Estas jornadas han sido organizadas por la universidad hispalense en colaboración con la fundación El Monte y el sindicato CGT, y se han dedicado al estudio de la utilización sistemática de prisioneros políticos andaluces como trabajadores forzados en las obras de construcción del canal Bajo del Guadalquivir, entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, de 150 kilómetros de longitud, 90 de los cuales fueron íntegramente realizados por unos 10.000 prisioneros políticos del franquismo, desde muy poco después del final de la guerra civil, y hasta más de dos décadas después, hasta el año 1962.

Tras el fuerte impacto causado por la reciente publicación del libro de Isaías Lafuente, estas jornadas sevillanas han contribuido a dar a conocer muchos otros aspectos sobre la feroz e implacable represión que el franquismo ejerció contra sus opositores, especialmente en la más inmediata posguerra, pero en realidad hasta más allá incluso de la muerte del propio dictador. El próximo mes de octubre, un importante congreso organizado conjuntamente en Barcelona por el Museu d’Història de Catalunya y el Grup de Recerca de l’Època Franquista del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, seguirá profundizando en estos temas, muy poco estudiados hasta ahora por los historiadores y, por tanto, todavía absolutamente desconocidos por la opinión pública.

Los campos de exterminio
Aunque se tenían algunas referencias merced a la publicación de las memorias de algunos antiguos presos políticos del franquismo, ha sido ahora cuando se ha documentado ya con rigor histórico la existencia en la España de la guerra y la posguerra civil de auténticos campos de exterminio. A diferencia de los campos de concentración, en los que los prisioneros políticos eran utilizados sistemáticamente como “esclavos” y donde en no pocos casos los internados fallecían también a causa de las pésimas condiciones de vida y trabajo a las que se encontraban sometidos, los campos de exterminio franquistas eran, al igual que sus homólogos nazis de tan triste recuerdo, centros destinados fundamental y casi exclusivamente a la pura y simple ejecución de sus internados.

El ya citado Antonio Miguel Bernal señalaba en las mentadas jornadas sevillanas que está perfectamente documentada la existencia en la población extremeña de Castuera de un campo de exterminio creado a principios de la guerra civil, inmediatamente después de la toma de Badajoz por las tropas franquistas, a mediados de agosto de 1936, en el que a diario se produjeron fusilamientos y donde existe un gran número de fosas llenas de cadáveres de presos políticos republicanos que allí fueron exterminados.

El propio profesor Bernal coordina un grupo de trabajo que estudia el papel desarrollado por determinados oficiales y médicos alemanes en algunos campos de concentración de la España franquista, durante la guerra civil y de forma muy en especial entre los años 1937 y 1938, ya que existen evidencias claras de que realizaron experimentos y prácticas de exterminio similares a las que poco después fueron llevadas a cabo de modo sistemático y masivo en los campos de exterminio nazis.

Otro de los historiadores asistentes a las mencionadas jornadas celebradas en Sevilla, el catalán Borja de Riquer, señalaba que en la España franquista se superaron los 140.000 fusilamientos, casi triplicando los 50.000 que se produjeron en las zonas de España controladas por la República. Más aun, el mismo historiador hacía notar que en el caso concreto de Andalucía esta relación se más que cuadruplicó, con 40.000 fusilamientos franquistas por 9.000 a cargo de los republicanos. De Riquer hizo notar que una vez terminada ya la guerra civil, entre 1939 y 1947, el franquismo ejecutó diariamente a una media de diez personas, con diez fusilamientos diarios, lo que representa cerca de 30.000 fusilamientos durante los ocho años después del fin de la guerra civil, a los que habría que añadir todavía los que se produjeron con posterioridad y hasta el mismo final de la dictadura.

Borja de Riquer destacó asimismo que la juventud republicana fue la principal víctima de la criminal represión franquista desatada al término de la guerra civil. En base a un estudio realizado sobre las quintas de la barcelonesa ciudad de Badalona entre los años 1936 y 1940, De Riquer subrayó que de los 2.256 jóvenes de entre 19 y 25 años de edad existentes en el censo de dicha ciudad en 1936, en 1940, 295 habían muerto, 234 habían sido considerados prófugos y 204 estaban encarcelados, con lo que un tercio de los jóvenes badaloneses, al finalizar la guerra civil, habían fallecido, estaban exiliados o habían sido encarcelados.

‘Los esclavos españoles de Hitler’
Éste es el título del último libro del historiador José Luis Rodríguez Jiménez, en el que se detalla otro oscuro y hasta ahora muy poco conocido aspecto de la represión franquista: el de la utilización de miles de ciudadanos españoles que Franco convirtió en víctimas propiciatorias del nazismo, después de haberles enviado para Alemania a trabajar en minas y fábricas, fundamentalmente con el objetivo de saldar la importante deuda económica contraída por el propio Franco con Hitler por su decidida ayuda militar y financiera al bando rebelde durante la guerra civil española, estimada en unos 400 millones de marcos, unos 1.200 millones de pesetas oro.

Según el profesor José Luis Rodríguez Jiménez, el contenido del convenio firmado el 21 de agosto de 1941 entre los gobiernos de España y Alemania, por el que al cabo de muy poco tiempo como mínimo 10.500 trabajadores españoles fueron enviados a la Alemania nazi, demuestra claramente que la voluntariedad de los allí enviados no es más que una burda patraña de la propaganda franquista.

Además de aquellos 10.500 obreros salidos desde España, el régimen nazi hizo que otros 40.000 ciudadanos españoles, todos ellos republicanos exiliados desde el final de la guerra civil en Francia, una vez este país fue ocupado por Alemania, se incorporasen voluntaria o forzosamente, a sus batallones de trabajo, mientras otros 12.000 republicanos españoles fueron a parar asimismo a diversos campos de concentración o de exterminio, evidentemente todos ellos de forma obligada.

La reciente reedición del documentado y voluminoso trabajo que escribiera la ya fallecida escritora barcelonesa Montserrat Roig bajo el título Els catalans als camps nazis (Edicions 62) es un testimonio desgarrador sobre las penalidades sufridas por gran número de republicanos españoles de ambos sexos en los campos de concentración o de exterminio creados por el nazismo. Aunque se ciñe en exclusiva a los deportados de origen catalán o con residencia en Cataluña, el riguroso libro de Montserrat Roig, así como la excelente novela del escritor catalán Joaquim Amat-Piniella “K.L.Reich” (Edicions 62), en la que rememora sus propias vivencias personales como deportado en el tristemente célebre campo nazi de exterminio de Mathausen, constituyen dos grandes testimonios de otra de las infamias perpetradas por el franquismo con sus opositores, ya que fue el cuñado de Franco y por aquel entonces ministro de Asuntos Exteriores de España, Ramón Serrano Suñer, quien se negó a reconocer la nacionalidad española a los exiliados republicanos que fueron exterminados en gran número en los campos nazis, padeciendo el total de ellos todo tipo de torturas, malos tratos y vejaciones mientras duró su cautiverio, en el que destacaron muchos de ellos como esforzados y heroicos resistentes. En Los esclavos españoles de Hitler el profesor José Luis Rodríguez Jiménez constata el engaño al que el franquismo sometió a los 10.500 “productores españoles” enviados a Alemania, en teoría de forma “voluntaria”, al igual que muchos de los españoles integrados en la célebre División Azul que combatió junto a las tropas nazis a las órdenes del general Muñoz Grandes. El propio régimen franquista, en sus estimaciones iniciales, calculó en aproximadamente 100.000 los “productores españoles” que debería enviar a trabajar a Alemania para cumplir completamente el acuerdo suscrito con las autoridades nazis para saldar definitivamente su deuda económica.
No obstante, tanto por el elevado coste económico que para el franquismo representaba aquella operación en gastos de organización, ropa, calzado y traslado, como porque ya a partir de 1942 comenzó a ser evidente incluso para los sectores falangistas más abiertamente partidarios del régimen hitleriano que la Alemania nazi sería derrotada por los aliados y el franquismo optó por empezar a alejarse de ella, lo cierto es que finalmente parece que fueron sólo 10.500 los trabajadores españoles que Franco convirtió realmente en “esclavos de Hitler”.

Con pésimas condiciones tanto de vida como de trabajo, aparentemente desconocedores tanto de su teórico y muy a menudo incumplido derecho a 20 días de vacaciones anuales como de que una importante parte de sus salarios quedaba retenida en los bancos alemanes como abono a cuenta de la deuda que la España de Franco tenía pendiente todavía con la Alemania nazi, los 105.000 “esclavos españoles de Hitler” padecieron también todo tipo de malos tratos y vejaciones, soportando penalidades sin cuento y sin que en ningún caso dispusieran del apoyo de las autoridades franquistas en defensa de sus legítimos derechos laborales.

Luis Rodríguez Jiménez ha documentado que al menos 25 de aquellos “productores españoles” fueron fusilados por los nazis para castigar sus protestas o rebeldías, así como que a pesar de que el grueso de ellos fueron repatriados a España ya a partir de 1943, cuando parecía definitivamente clara la derrota del nazismo, algunos de ellos optaron por quedarse en Alemania, donde al parecer algunos de ellos siguen viviendo. Muy pocos de aquellos miles de “productores españoles” convertidos por Franco en “esclavos de Hitler” parecen dispuestos ahora a recordar aquella tan lamentable experiencia. Sólo uno de ellos ha facilitado todo tipo de datos e informaciones a José Luis Rodríguez Jiménez.

“Los niños perdidos del franquismo”
TV3, la televisión autonómica catalana, sobrecogió recientemente a su audiencia con la emisión, en su prestigioso programa dominical de documentales 30 minuts, de dos excelentes trabajos realizados por Montse Armengou y Ricard Belis con asesoría del historiador Ricard Vinyes. Els nens perduts del franquisme (“Los niños perdidos del franquismo”) puso en evidencia la represión a la que se sometió a niños y mujeres en las cárceles durante la dictadura franquista, y muy especialmente durante la más inmediata posguerra, incluso con la “desaparición” de algunos de los hijos de las prisioneras políticas.

En un testimonio de un valor documental excepcional, algunas de aquellas mujeres narraron ante las cámaras su represión política, las torturas a que fueron sometidas y la separación de sus hijos, que en muchos casos murieron de inanición o enfermedad en las propias cárceles franquistas, mientras que en otros casos fueron dados en adopción, evidentemente sin autorización familiar ninguna y en un claro abuso del poder de la dictadura para con las víctimas de su represión.
Testimonios casi siempre desgarradores pero en todos los casos con una gran entereza de ánimo se acompañaron en ambos documentales de TV3 con referencias a textos oficiales, documentos e incluso el testimonio personal de la entonces máxima responsable del Auxilio Social, la viuda de Onésimo Redondo, que se manifestó al menos en apariencia absolutamente desconocedora de las denuncias que le fueron presentadas. De hecho aquellas constituyeron las primeras denuncias que se han dado a conocer públicamente en España acerca de la existencia de nuestros propios “desaparecidos”, en concreto hijos e hijas de madres republicanas a las que el franquismo, además de encarcelarlas como prisioneras políticas, les robó a sus hijos e hijas, muy a menudo con la ayuda de las monjas encargadas de la vigilancia de las prisiones de mujeres en aquellos años.

El fuerte impacto social causado por estos dos excelentes documentales, cuyos derechos de emisión han sido adquiridos ya por las televisiones autonómicas vasca y andaluza y al parecer en breve serán comprados también por Telemadrid, así como los altos niveles de audiencia conseguidos con ambas emisiones –fueron vistos por más de 800.000 telespectadores catalanes–, ha hecho que TV3 se decidiese a programar, durante este mes de marzo, otros importantes documentos televisivos sobre la represión franquista y las penalidades sufridas por los opositores a la dictadura, en el exilio o en el interior del país.

El primero de estos programas es Veus ofegades. Cartes d’un exili a França (“Voces ahogadas. Cartas de un exilio en Francia”), que descubre textos inéditos de cartas escritas por refugiados republicanos catalanes que vivieron entre 1939 y 1945 en Francia, que nunca llegaron a sus destinatarios ni fueron abiertas, y que tras haber sido archivadas salen ahora a la luz pública y constituyen un elocuente testimonio del exilio republicano. Otras emisiones serán las de varios episodios de Els maquis, la guerra silenciada (“Los maquis, la guerra silenciada”), en los que a partir de unos 60 testimonios se tratará sobre las actividades desarrolladas durante un cuarto de siglo en Cataluña por las guerrillas antifranquistas. Por último, el ciclo de programas históricos de la televisión autonómica catalana se cerrará con la reemisión de los dos capítulos de Els nens perduts del franquisme, así como con un debate moderado por Carles Francino sobre Franquisme: oblidar o recordar (“Franquismo: olvidar o recordar”).

Muy reciente es también la publicación de El TOP. La represión de la libertad (1963-1977) (Planeta), libro del que es autor el magistrado Juan José del Águila. El TOP, el siniestro Tribunal de Orden Público creado por la dictadura franquista como jurisdicción especial para la represión sistemática de toda la oposición, queda crudamente retratado en esta rigurosa y muy documentada tesis doctoral, en la que se demuestra con gran acopio de datos que no hubo en modo alguno una evolución ordenada, pacífica y conscientemente planificada de la dictadura hacia la democracia.

De la atenta lectura del interesante libro del magistrado Juan José del Águila se deduce, sin ningún genero de dudas, que la transición no ya del franquismo sino del posfranquismo a la democracia, a diferencia de lo que a menudo pretenden hacernos creer ahora algunos comentaristas partidarios del revisionismo histórico, sólo fue posible gracias a la lucha constante de la oposición democrática, ya que hasta más allá de la muerte del propio Franco, y en concreto hasta el 5 de enero de 1977 –esto es, menos de medio año antes de la celebración de las primeras elecciones democráticas después del final de la guerra civil–, el TOP siguió actuando como la permanente e implacable Inquisición. Juan José del Águila aporta en su interesante libro gran número de datos e informaciones sobre los numerosísimos procesos, procesados y afectados por las causas instruidas por el TOP a lo largo de sus prácticamente 14 años de existencia, desde su misma creación, en 1963, en sustitución de los anteriores tribunales especiales constituidos al final de la guerra civil, hasta su definitiva desaparición, a principios de 1977, más de un año después de la muerte del dictador.

A estas alturas de la Historia resulta interesante, y sobre todo muy revelador, observar, por ejemplo, que sólo en sus tres últimos años de existencia, de 1974 a 1976, el TOP instruyó el 60% de sus procedimientos judiciales contra todo tipo de opositores a la dictadura, así como que el 25% de dichas causas fueron instruidas ya una vez muerto el dictador. Es evidente que todo ello desmiente con absoluta rotundidad la teórica voluntad aperturista, reformista y democratizadora de quienes en aquellos años detentaban el poder y estaban en el Gobierno, puesto que fueron precisamente ellos quienes siguieron permitiendo, cuando no ya auspiciando o impulsando, la continuidad de la represión policial y judicial contra todos aquellos que verdaderamente luchaban por la recuperación de la democracia y la libertad en nuestro país, en contra de quienes sólo deseaban hacerle la cirugía estética a la dictadura para poder mantenerse aún en el poder.
Resulta asimismo interesante destacar que del libro de Juan José del Águila se deduce que en la estadística de los numerosísimos procesados por el TOP a lo largo de sus poco menos que 14 años de existencia ininterrumpida, Cataluña, con el 20% del total de los procesados por aquella juridisción especial, aparece como la comunidad más cuantiosamente reprimida durante toda su historia.

También es interesante comprobar que la gran mayoría de los procesados por el siniestro tribunal fueron fundamentalmente trabajadores y estudiantes menores de 35 años de edad.

Republicanos y antifranquistas convertidos en Esclavos.

Fuente: http://todoslosrostros.blogspot.com/

Republicanos y antifranquistas convertidos en Esclavos

Ya desde los primeros días del golpe fascista y franquista quisieron los sublevados servirse de la gratuita fuerza de trabajo de los prisioneros republicanos para obtener una mano de obra forzada, esclava y nada gravosa.

Junto con los incipientes campos de concentración, los rebeldes crearon también el sistema de trabajo forzado en su propio beneficio, al que en breve no tardaría en unirse –para su justificación jurídica-- el edificio ideológico del concepto de Redención de Penas por el Trabajo. El 1 de junio de 1937, en el número 224 del Boletín Oficial del Estado fascista se publicaba en Burgos el decreto número 281 de 28 de mayo anterior firmado por el traidor general Franco, por el que los golpistas determinaban que era preciso convertir a los prisioneros republicanos en mano laboral muy barata, que trabajase en la práctica en condiciones de esclavitud, siendo los prisioneros encuadrados en Batallones de Trabajadores (en adelante BT) militarizados, en los que todos estaban obligados a trabajar en lo que se les ordenase. O, como decía el propio Franco a través de dicho BOE, "el derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto quince del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo.... Tal derecho al trabajo, viene presidido por la idea de derecho función o de derecho deber, y en lo preciso, de derecho obligación”. Por el nuevo decreto, un derecho se convertía en una obligación para los presos, que se veían transformados así en forzados y en esclavos.

En su artículo tercero, el mencionado decreto venía a decir también: "Cobrarán en concepto de jornales, mientras trabajen como peones, la cantidad de dos pesetas al día, de las que se reservará una peseta con cincuenta céntimos para manutención del interesado, entregándosele los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana”. Y en su artículo cuarto "los presos y prisioneros de guerra tendrán la consideración de personal militarizado, debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos, en su consecuencia al Código de Justicia Militar y al Convenio de Ginebra de 27 de junio de 1929". Es decir, que un civil republicano ciudadano libre hasta su apresamiento, se veía convertido repentinamente en un prisionero militarizado al que podía aplicársele --en pleno estado de guerra "legal"--el Código de Justicia Militar con toda su rigurosidad, siendo amparado en teoría pero estándole vedado en la práctica cualquiera de los derechos que como prisionero le garantizaba la Convención de Ginebra de 1929, violados todos ellos por los vencedores (aplicando a los vencidos torturas, asesinatos, secuestro, censura, incomunicación, etc., y dejando por revocación de la legislación republicana sin efecto “la Orden del 24-4-1931 que establecía la libertad de conciencia de los reclusos y la de recibir toda clase de prensa; Orden del 12-5-31 para mejorar el régimen alimenticio de los presos; Decreto del 27-9-34 concediendo un suplemento extraordinario para manutención de internos e hijos de reclusos en su compañía. Ley del 2-10-35 por la que se ordena retirar con la mayor urgencia cadenas blancas, grillos e hierros de sujeción que quedaban en los establecimientos penitenciarios; circular del 30-11-31 disponiendo que los gastos de viajes, billetes de ferrocarril y ropa de penados libertados, aún cuando posean fondos de su pecunio, serán abonados por la Administración”, según narra I. Berdugo, en “El Misterio de Justicia en la España Nacional”, en “Justicia en guerra”).

Además, y en lo que se refiere al salario penal del preso, de cada 2 pesetas diarias en concepto de jornal, una y media se las quedaba el Estado, y la media restante le debía servir a los presos para comprarse botas, calcetines y gorras usadas que no estuvieran rotas, substituir los viejos uniformes por ropa de trabajo menos gastada, comprar si pudiera un nuevo petate sin piojos y alguna raída manta y enviar lo que sobrara (¡¿?!) a la famélica familia, la cual había sido --en represalia-- desprovista por los vencedores de toda suerte de ingresos en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.

La reducción de penas a cambio de trabajo se articulaba mediante el mecanismo de canjear un día de pena menos, por cada dos de trabajo, todo ello siempre a expensas de que el Jefe Militar, su Plana Mayor y el sacerdote penitenciario del Batallón de Trabajadores, Colonia Penitenciaria o Destacamento Penal certificaran y comprobaran que el preso demostraba, en sus obras y en la manifestación de sus nuevas “creencias” políticas y religiosas que se estaba integrando con la Nueva España de Franco y de la Falange.

Así, con este aparente objetivo teórico –pero con el real de aprovecharse de una mano de obra gratuita-- y como consecuencia de este decreto y de otras medidas "legislativas" y coercitivas de los golpistas, --como por ejemplo la Orden del Ministerio de Justicia de 1 de octubre de 1938 sobre “Redención de penas por el Trabajo” (aplicable a los presos que habían sido condenados por adhesión o auxilio a la rebelión)--, ya en los campos de concentración franquista y a los pocos días de su captura, los presos republicanos fueron clasificados según su grado de afinidad (adictos, dudosos y desafectos) con el Régimen franquista mediante el examen de una Comisión Clasificadora ( al principio de la Guerra, eran Comisiones adscritas a Cuerpos de Ejército, luego lo fueron a provincias y luego a los mismos campos de concentración). Esta Comisión --en función al periodo y frente de la guerra en el que tuviera lugar la captura-- solicita (en algunos casos y momentos, era el propio preso quien lo hacía) informes urgentes a la Falange local del entorno de procedencia del preso, Guardia Civil, Policía, sacerdote de la parroquia, vecinos e incluso profesores de instituto o colegio para obtener (o NO) avales y/o determinar el encuadramiento del preso en las categorías siguientes:

- Adictos o no hostiles al “Movimiento Nacional”´, o tipo A
- Desafectos sin responsabilidad, tipo B
- Desafectos con responsabilidad, tipo C
- Criminales comunes, tipoD

Los presos clasificados como A se consideraban que habían sido movilizados por el Ejército Republicano para oponerse a los sublevados en contra de su voluntad. Si no se encontraban en situación de ser llamados a filas porque su quinta no lo hubiera hecho (bien por tener poca edad, o por tenerla en exceso), estos presos eran puestos en libertad. Si los A ya estaban incluidos en una quinta movilizada, eran puestos en libertad para ser encuadrados inmediatamente en las filas de los golpistas-sublevados-alzados.

Los B, que se incorporaron al Ejército Republicano voluntariamente para defender la legalidad pero sin ejercer cargos de responsabilidad, pasaron directamente a campos de concentración donde tras un --por lo general-- prolongado periodo de tiempo se integraban en los BT. Y todo ello, sin perjuicio de que fueran remitidos a la Auditoria de Guerra para ser juzgados por delito de "adhesión a la rebelión militar" y condenados a pena de prisión.

Los C, es decir, los republicanos defensores de la legalidad que se incorporaron al ejército voluntariamente ejerciendo cargos de responsabilidad o también los civiles que se distinguieron notoriamente por realizar actividades contra los sublevados (simples militantes o y también dirigentes de partidos políticos, sindicatos, funcionarios distinguidos de ayuntamientos, diputaciones, consejos de defensa, periodistas, escritores, mandos, oficiales y suboficiales del Ejército Popular de la República, etc., etc) fueron todos ellos considerados como reos del delito de "rebelión militar" y tras su clasificación como tales por la Comisión, pasaban directamente a una prisión (central, o provincial) bajo la jurisdicción de la Auditoria de Guerra del Ejército de Ocupación, la cual les sometía a un juicio sumario (en ocasiones, indiscriminado, colectivo y grupal) del cual se originaban numerosísimas condenas a muerte o a prolongadísimas penas de prisión (en módulos o paquetes de 12 años y un día, 20 años y un día, 30 años y un día, etc). Diversas fuentes calculan que estas Auditorías de Guerra produjeron al menos 70.000 fusilamientos desde 1936 a 1939 y otros 125.000 desde el final de la guerra hasta casi la década de los 40.

Por último, existía la categoría D es decir, los definidos y clasificados como criminales comunes, quienes sin tener responsabilidad política ni estar encuadrados en ninguna de las categorías anteriores, "eran adheridos al Ejército Nacional" (adictos y algunos desafectos sin responsabilidad) o eran incorporados a los Batallones de Trabajadores (la mayoría de los criminales desafectos).

En resumen, los prisioneros de guerra republicanos clasificados como C y D (y algunos de la B) con causa judicial incoada, pasaban a depender de las Auditorías de Guerra para ser juzgados en Consejo de Guerra, cumpliendo en cárceles y prisiones las penas impuestas, como penados o reclusos-trabajadores, siendo utilizados posteriormente por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (creadas por Ley de 28 de septiembre de 1939) en obras e industria pública y particular y organizados en Colonias Penitenciarias, Destacamentos Penales, Batallones de Trabajadores (BT) o Agrupaciones de Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP). Nacían así los BT. Éstos eran unidades militarizadas y disciplinadas que servían para que los presos republicanos realizaran de forma esclava y forzada trabajos pesados y de alto riesgo durante la guerra en primera línea de frente o en retaguardia tras la misma, de cara a la reconstrucción de zonas dañadas y también para ser "alquilados" por empresas privadas ligadas al incipiente régimen, empresas que obtenían gracias a ello mano de obra muy barata por la que pagaban al Estado --dueño, amo y señor de esos forzados, a todos los efectos esclavos-- una cantidad muy inferior al salario real de un trabajador libre.

Para la puesta en marcha de este sistema de trabajo forzado, uno de los primeros pasos que dieron los vencedores fue la creación del llamado Fichero Fisiotécnico del Patronato en el que se recogían los datos de todos los reclusos penados. En la ficha que se abría al preso constaba el nombre y apellidos, edad, naturaleza y nombre de los padres, profesión u oficio detallando la especialidad. Estas fichas, firmadas por el capellán, el médico y director de cada prisión debían ser remitidas al fisiotécnico dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo del testimonio de la sentencia o notificación de la condena y todo ello con el propósito de proporcionar al Estado, a las Corporaciones, a las Empresas, oficiales y particulares, a la Iglesia y a la Falange gran número de trabajadores .... reclusos”.

A mediados de 1937 se creó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra, cuya oficina central se estableció en Burgos inmediatamente bajo la autoridad del coronel Luis Martín Pinillos. Y ésta Inspección comenzó por organizar, desde mediados de agosto de 1937 los tres primeros BT y Campos y Depósitos de prisioneros en Talavera de la Reina (Toledo), San Pedro de Cardeña (Burgos) y Sigüenza (Guadalajara), y sin dilación los de Lerma, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Monasterio de la Santa Espina, Medina de Rioseco, Vitoria, Palencia y Logroño. Se iniciaban así los fundamentos que regirían el “nuevo sistema penitenciario” español, basado en el proceso de Redención de Penas por el trabajo, de invención supuestamente inspirada por el propio Franco e impulsada (como vehículo de propaganda moral y religiosa entre los penados para conseguir su redención ) por su verdadera “alma mater”, el padre José Augusto Pérez del Pulgar.

Con ello, bajo el lema “La disciplina de un cuartel, la seriedad de un Banco y la caridad de un convento”, el 15 de diciembre de 1938 y dependiente del Ministerio de Justicia se constituyó el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, que en 1942 ampliaría su denominación bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Su presidente era el Jefe del Servicio Nacional de Prisiones y actuaban como vocales un inspector de prisiones; un miembro de la Secretaría Técnica de la jefatura del Servicio Nacional; un representante del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda, nombrado a propuesta del Ministerio de Interior; y un sacerdote o religioso (Pérez del Pulgar), nombrado a propuesta del Cardenal Primado; además contaría con Juntas Locales en todas aquellas ciudades y villas donde existiesen presos políticos, Juntas que estaban constituidas por un Presidente en representación de la Alcaldía –forzosamente falangista--, un vocal sacerdote designado por el Patronato y una secretaria y que tenían entre uno de sus objetivos “el mejoramiento espiritual y político de las familias de los presos y de estos mismos” al tiempo que intentaba “arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas de odio y antipatria”. Se hace así evidente que el entramado represivo franquista se extendía desde las celdas hasta el interior de los hogares, dependiendo la suerte del preso y las exiguas vituallas y cartillas de racionamiento de su familia, de la patente y manifiesta demostración de arrepentimiento cristiano frente al frío escrutinio de tanto fanatizado sacerdote franquista suelto.

Miles y miles de presos --con penas leves, de hasta 12 años-- eran obligados a ingresar en los BT si querían alcanzar la libertad, siempre y cuando se les supusiera arrepentidos y dispuestos a satisfacer un doble rescate para alcanzar su libertad: “un rescate físico de trabajo, en reclusión aflictiva, y un rescate espiritual con actos positivos” (ver el excelente trabajo "El Sistema de Redención de Penas y los Campos de Trabajo franquistas (Ourense 1938-1943)", de Julio Prada Rodríguez y Domingo Rodríguez Teijeiro (Universidad de Vigo) en http://www.cefid.uab.es/files/comunicII-3.pdf.

Los actos positivos que permitían el rescate espiritual debían estar encuadrados en la ortodoxia católica apostólica y romana y de su veracidad y fiabilidad debía dar fe el sacerdote franquista destinado en el campo de prisioneros o en el batallón de trabajadores, el cual debía evaluar los logros del penado en alcanzar una profunda instrucción religiosa, sin la cual no se haría acreedor a ser destinado a los Batallones o a ser examinado por la Junta de Libertad Condicional del penal, en la que figuraban falangistas, sacerdotes y monjas. Por su parte, el rescate físico adoptó la forma de la Redención de Penas por el Trabajo, siendo supuestamente uno de sus fines principales el "contribuir a la reconstrucción del país" con mano de obra esclava.

Como bien mencionan Julio Prada y Domingo Rodríguez, los teóricos franquistas postulaban que "el trabajo del recluso va a significar también una importante economía a los gastos penitenciarios del Estado en función de una serie de consideraciones. En primer lugar, reduce casi a la tercera parte el tiempo de reclusión (si los penados trabajan desde el día de su ingreso en la cárcel y al conjugarse la redención con los beneficios de la libertad condicional). En segundo lugar, se destina una parte del salario a las familias de los presos y de este modo se elimina una importante carga al Estado, que ve disminuir los ya de por sí reducidos gastos para la asistencia social a las familias de los reclusos. Finalmente, supone un importante beneficio para la Hacienda Pública que recibe la diferencia entre el salario real y lo que se entrega a los reclusos y a sus familias".

El trabajo de los reclusos se empleaba en obras de carácter estatal, provincial o municipal, pero también empresas de carácter privado, la Iglesia y la Falange van a recurrir a este tipo de mano de obra, con la preceptiva autorización previa del Patronato; de este modo para la distribución de los trabajadores comienzan a crearse batallones de trabajo, colonias penitenciarias militarizadas o diversos tipos de destacamentos. También se admite la posibilidad de redimir pena por el trabajo desempeñando diversos puestos en el interior de las prisiones –destinos, trabajos auxiliares, trabajos eventuales, talleres–.

Ya el 1 de enero de 1939, cuando la guerra estaba casi terminada pues sólo faltaban tres meses para su finalización, el estado numérico de los efectivos que formaban los BT, Unidades Especiales y Grupos en fábricas y talleres y encuadramiento era el siguiente: 119 batallones con 87.589 trabajadores, a las órdenes de 43 jefes, 61 capitanes, 182 tenientes, 456 alféreces, 26 capellanes, 33 médicos, 23 brigadas, 1.437 cabos y 9.114 soldados. Siguiendo instrucciones de la Jefatura de Campos de Concentración, estas agrupaciones disciplinarias iniciaron un proceso de reducción, agrupación y desaparición desde finales de 1939.

La disolución de los BT comenzaría a hacerse efectiva desde mediados de diciembre de 1942, creándose una nueva estructura de Unidades Disciplinarias organizadas inicialmente en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP), en los que se encuadraban entre otros a los condenados en firme o penados pendientes del cumplimiento de las penas impuestas en Consejos de Guerra por delitos de rebelión, es decir, por haber sido fieles al Estado y el gobierno republicano sirviendo en su ejército o destacándose por su actividad o militancia al servicio de la causa democrática y republicana.

A finales de julio de 1942, según un estadillo de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, conservado en el Archivo General Militar de Avila, eran casi 50.000 los hombres que todavía estaban presos en estos batallones. Su distribución era la siguiente: en BDST (núms. 1 al 54 y 91 al 96): 45.457; en BDT (Batallón 75): 933; en Depósitos de Concentración (transeúntes, incidencias, presos inútiles, etc.): 1.193 soldados trabajadores, 3 trabajadores “emboscados”, 74 trabajadores enviados por la Fiscalía Superior deTasas, y 1.312 extranjeros. También fueron muy numerosos los presos republicanos insertos como soldados trabajadores en las Colonias Penitenciarias Militarizadas y en los Destacamentos Penales.

Integrados en el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, las Colonias y los Destacamentos dependían de las autoridades militares, su vigilancia exterior de la Guardia Civil o unidades del Ejército franquista y el régimen interno estaba a cargo de oficiales del cuerpo de prisiones.

Inicialmente, las Agrupaciones –con más de 5.000 presos asignados a mediados de 1943-- estuvieron destinadas en el Canal del Bajo Guadalquivir, en Los Merinales, Sevilla; en el Canal de Montijo, en la Vega Baja del Guadiana, Badajoz; en “El Campamento de la Sal” para la construcción del Canal del Bajo Alberche y la presa de Cazalegas, cerca de Talavera de la Reina, Toledo; en el Canal de Rosarito, en Añover del Tajo, Toledo; en la Real Acequia del Jarama; en la construcción de la Academia de Infantería de Toledo; en las obras del ferrocarril minero de Samper de Calanda a Andorra en la provincia de Teruel; y en otros trabajos en Lérida, Madrid, Alcalá de Henares, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Vegas de Puebla Nueva (Toledo) y Sádaba (Zaragoza). Cada Agrupación estaba dirigida por un jefe del Ejército del cuerpo de Ingenieros, asistido por su Plana Mayor, compuesta por un oficial de Ingenieros, uno de Sanidad y uno de Intendencia. Todos ellos contaban con el auxilio material y espiritual de un capellán penitenciario castrense o de un resabiado sacerdote (en muchos casos, con pistola al cinto) incrustado en el Destacamento o Colonia, el cual había sido enviado por el Cardenalato o el Obispado y efectuaba labores de informador, proselitista y comisario político franquista.

Los reclusos que llegaban a Las Colonias Penitenciarias, Batallones de Trabajadores y Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (Penados o nó), y Destacamentos Penales, procedían de depósitos municipales donde la característica principal, hasta que se producía el traslado del detenido a otras prisiones de mayor entidad para su procesamiento, eran los malos tratos y la práctica de torturas a los presos. Muchos de los fallecidos en estos centros de encierro y de los enfermos crónicos que vieron enormemente reducida su esperanza de vida, lo fueron por la tensión generada al pasar por la situación-espera de sentencia del consejo de guerra, la falta de higiene, la mala alimentación y las enfermedades contraídas durante su reclusión, tales como enterocolitis, caquexia por desnutrición, bronquitis, tuberculosis, etc”.

En los Batallones, Colonias y Destacamentos había presos cualificados como “ingenieros, arquitectos, peritos, topógrafos, médicos, farmacéuticos, practicantes, contables, capataces, listeros, carpinteros, herreros, electricistas, hormigoneros y, sobre todo, peones” según Isaías Lafuente, en “Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo”. El trabajo esclavo instaurado por el franquismo “era un inmenso negocio que movía cientos de millones de pesetas”, para José Luis Gutiérrez Molina, en “Los Presos del canal. El servicio de colonias penitenciarias militarizadas y el canal del bajo Guadalquivir (1940-1967)”, y que, en 1957, era en realidad “un organismo ejecutor de obras del Estado, sin concurrir a subasta ni concurso, y que viene realizando aquellas que no interesan mayormente a los contratistas privados”, según confiesa el propio Luis Carrero Blanco en escrito dirigigo al Presidente del INI en noviembre de 1957. Pero lejos de redimir e integrar al preso republicano y antifranquista, en las Colonias, Batallones y Destacamentos se maltrataba, se castigaba, e incluso se fusilaba a los evadidos atrapados (ver página 36 de http://www.cefid.uab.es/files/comunicII-2b.pdf) estando claro para Gutiérrez Molina que “la regeneración moral del vencido, uno de los objetivos permanentes del nacional-catolicismo, la humillación y persecución de los recalcitrantes estuvieron acompañadas por su explotación económica más brutal”.

Las obras realizadas por los forzados de los BDSTP fueron numerosísimas, desde actuaciones mineras a forestales, obras públicas civiles, acondicionamiento de márgenes de ríos, reforzamiento de defensas militares y un larguísimo etc. Obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, saltos como los del Nansa y el Sil, reconstrucción de pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones, trabajos en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete, Murcia, Cartagena, etc., obras públicas, como la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o el inconcluso Santander-Mediterráneo (con el conocido Túnel de La Engaña, construido por los presos de Valdenoceda trasladados al Destacamento Penal de Pedrosa de Valdeporres), la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Biela, y como más emblemáticos para los vencedores y humillante para los derrotados, el monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, los aeropuertos de Sondica o Labacolla, los estadios municipales de Valladolid y Palencia, la cárcel de Carabanchel (embarcada ahora en un intento de derribo y liquidación de su planta y de su memoria por parte de las autoridades madrileñas), etc., etc., etc.

Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC. Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones. Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano, C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas, etc., etc.

La Iglesia católica española, el más importante e influyente apoyo de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una “Cruzada”, también se benefició de este Trabajo Esclavo. Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como forzados esclavos numerosos presos políticos, figuran las de la ya mencionada construcción del monasterio y cripta del Valle de los Caídos, la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen, los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares y una cantidad ingente de actuaciones mayores y menores en iglesias, conventos, monasterios, basílicas, seminarios, colegios, ermitas, etc., etc., etc.

A diferencia de los jerarcas nazis juzgados y condenados en Nüremberg por la esclavitud, las deportaciones y los asesinatos que cometieron, ninguna de los responsables políticos y militares franquistas del sistema de trabajo esclavo fue nunca juzgado ni reprobado por ello, ni durante el franquismo (evidentemente) ni durante el actual periodo monárquico constitucional (¿evidentemente, también?).

A diferencia de las empresas alemanas que han pedido perdón a las víctimas antinazis que esclavizaron, abonándolas también miles de millones en marcos --y en la actualidad, lo siguen haciendo en euros--, ninguna de las empresas españolas que se enriquecieron con este trabajo esclavo (o sus actuales empresas herederas, propietarias o subsidiarias) han pedido perdón a los forzados que fueron explotados por ellas y no han abonado nunca ni un céntimo en concepto de indemnizaciones.

A diferencia de las Iglesias católicas y de otras confesiones que en Alemania han pedido perdón por haberse beneficiado directamente del trabajo esclavo de judíos, gitanos, rusos, polacos, etc., la Iglesia Católica Apostólica y Romana de España nunca ha pedido perdón porque la solidez de su actual patrimonio inmobiliario se sustente en buena parte en el resultado de obras ejecutadas por prisioneros políticos republicano y antifranquistas encerrados y explotados en contra de su voluntad.