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Registran 37.700 represaliados del franquismo en Andalucía
Málaga Hoy -
El proyecto 'Todos los nombres' creará una base de datos con la tipología de los afectados
Efe / Rincón De La Victoria Actualizado 30.11.2008 - 05:00
El proyecto Todos los nombres ha registrado a 37.700 represaliados por el franquismo en Andalucía, de los que 2.000 fueron víctimas, según explicaron sus responsables durante la clausura de las Jornadas de Recuperación de Memoria Histórica celebradas en Rincón de la Victoria. El proyecto es una iniciativa de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y la Confederación General del Trabajo en Andalucía para la creación de una base de datos con toda la información disponible sobre la represión de la Guerra Civil y la posguerra, organizada según la tipología de los afectados. El coordinador regional del proyecto, Cecilio Gordillo, explicó que a través de la web www.todoslosnombres.org , se pueden realizar consultas sobre desaparecidos, fusilados, exiliados o presos en cárceles y campos de concentración.
Las jornadas, que comenzaron el pasado jueves y que han contado con más de 300 participantes finalizaron ayer con los testimonios de personas que sufrieron la represión política con motivo de la contienda civil española y durante la posguerra. En los días previos, se han abordado temáticas como el fenómeno de los maquis en la Axarquía o la presencia de los habitantes de esta comarca en el campo de concentración de Mauthausen, y para ello, se ha contado con los relatos de supervivientes o familiares de los presos del recinto de exterminio nazi.
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domingo, 30 de noviembre de 2008
jueves, 6 de noviembre de 2008
El genocidio que arrasó Córdoba
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El genocidio que arrasó Córdoba
JESÚS CENTENO
Un total de 11.581 personas desaparecieron en Córdoba durante la guerra civil, según un nuevo libro
JESÚS CENTENO - Madrid - 06/11/2008 21:31
Todo se puede resumir en una cifra: 11.581. Es el número -brutal y probablemente incompleto- de personas desaparecidas en Córdoba durante la represión franquista, según el historiador Francisco Moreno Gómez. Este académico publicó ayer 1936. El genocidio franquista en Córdoba (Crítica), donde, tras 30 años de trabajo, concluye que Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía. Y que programó su ocultación con total impunidad.
Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía
La mayoría de las víctimas no tienen nombre. Fueron enterradas sin identificar y sus familiares murieron o se exiliaron. Perecieron sobre todo en 1936, bajo el llamado Terror de Don Bruno, es decir, del teniente coronel Bruno Ibañez, enviado "con carta blanca" por el general Queipo de Llano. Lo llamativo es que las derechas prepararon el alzamiento con meses de antelación -campañas de violencia callejera incluida- para promover la inestabilidad política y poner así a su favor al cuartel africanista, al casino latifundista y a la sacristía "cómplice e integrista".
Moreno Gómez dice que la represión franquista fue una auténtica guerra preventiva, sin escrúpulos ni miramientos. "Los fascistas mataron en todas partes, durante muchos años, de manera programada y ciega, en caliente y en frío", explica a Público el historiador, que ha hecho recuento.
Explica que se encarceló a miles de personas en la antigua prisión de Córdoba, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pero que muchos no llegaron a su destino. Unos 4.000 descansan cerca de los cementerios. El resto, unos 750, murieron debido a la insalubridad de las cárceles. A ellos hay que sumar 220 maquis muertos en la sierra y otros 160 aniquilados por servir de enlaces con los republicanos. También hubo 1.600 represaliados en la posguerra, 220 exterminados en los campos del III Reich y otras 4.500 personas que aún reposan en fosas comunes de la provincia.
Sometimiento y masacre
Si en Sevilla la resistencia obrera terminó en masacre y con amenazas de "justicia sumarísima", en Córdoba su gobernador civil hizo oídos sordos, "poniendo en evidencia su complicidad". Así, el 19 de julio, la provincia se despertó con 48 de los 75 municipios en manos del bando sublevado, aunque los Comités de Defensa de la República consiguieron mantener algunas zonas, como la cuenca minera de Peñarroya, que por algún tiempo se mantuvo leal a la República.
"El castigo se convirtió en un genocidio premeditado"
No obstante, terminada la resistencia, "el castigo se convirtió en un genocidio premeditado", que aumentó tras la visita de los generales Varela y Queipo de Llano: "Lo ocurrido sobrepasa y desborda la capacidad de síntesis de cualquier historiador. Sobrepasa la capacidad de cualquier mente humana. Y nunca conoceremos sus cifras exactas porque se emplearon todos los métodos posibles de la desaparición".
El autor explica que el exterminio comenzó con personalidades del Frente Popular, pero que después se extendió en forma de fusilamientos en masa. Por último, llegó la fase más espeluznante y bautizada como solución final, cuyo vendaval de sangre sumió en el pánico a toda la población. La mayoría cayó en los conocidos paseos: en el cortijo de El Telégrafo, en la carretera de Almadén, en la cuesta de Los Visos y en Alcoloea. Murieron concejales, ferroviarios, maestros, ingenieros... Y, sobre todo, gente de la cultura, como el poeta José María Alvariño, una de las mayores promesas de la poesía cordobesa del siglo XX, que desapareció en 1936.
El inframundo de las denuncias fue otro rasgo de la represión. Aparecían esbirros, aduladores y arribistas que se ofrecían como verdugos y delatores. Los registros domiciliarios y las detenciones eran un espectáculo cotidiano y el pueblo aprendió a vivir cercado: se fusilaba con acusaciones, como "por espía" o "por sospechoso". Hasta familias del campo, "por irse con los rojos". Era la arbitrariedad total, que es lo que más terror produce, "porque nadie, en esas circunstancias, puede sentirse seguro", concluye el historiador.
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El genocidio que arrasó Córdoba
JESÚS CENTENO
Un total de 11.581 personas desaparecieron en Córdoba durante la guerra civil, según un nuevo libro
JESÚS CENTENO - Madrid - 06/11/2008 21:31
Todo se puede resumir en una cifra: 11.581. Es el número -brutal y probablemente incompleto- de personas desaparecidas en Córdoba durante la represión franquista, según el historiador Francisco Moreno Gómez. Este académico publicó ayer 1936. El genocidio franquista en Córdoba (Crítica), donde, tras 30 años de trabajo, concluye que Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía. Y que programó su ocultación con total impunidad.
Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía
La mayoría de las víctimas no tienen nombre. Fueron enterradas sin identificar y sus familiares murieron o se exiliaron. Perecieron sobre todo en 1936, bajo el llamado Terror de Don Bruno, es decir, del teniente coronel Bruno Ibañez, enviado "con carta blanca" por el general Queipo de Llano. Lo llamativo es que las derechas prepararon el alzamiento con meses de antelación -campañas de violencia callejera incluida- para promover la inestabilidad política y poner así a su favor al cuartel africanista, al casino latifundista y a la sacristía "cómplice e integrista".
Moreno Gómez dice que la represión franquista fue una auténtica guerra preventiva, sin escrúpulos ni miramientos. "Los fascistas mataron en todas partes, durante muchos años, de manera programada y ciega, en caliente y en frío", explica a Público el historiador, que ha hecho recuento.
Explica que se encarceló a miles de personas en la antigua prisión de Córdoba, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pero que muchos no llegaron a su destino. Unos 4.000 descansan cerca de los cementerios. El resto, unos 750, murieron debido a la insalubridad de las cárceles. A ellos hay que sumar 220 maquis muertos en la sierra y otros 160 aniquilados por servir de enlaces con los republicanos. También hubo 1.600 represaliados en la posguerra, 220 exterminados en los campos del III Reich y otras 4.500 personas que aún reposan en fosas comunes de la provincia.
Sometimiento y masacre
Si en Sevilla la resistencia obrera terminó en masacre y con amenazas de "justicia sumarísima", en Córdoba su gobernador civil hizo oídos sordos, "poniendo en evidencia su complicidad". Así, el 19 de julio, la provincia se despertó con 48 de los 75 municipios en manos del bando sublevado, aunque los Comités de Defensa de la República consiguieron mantener algunas zonas, como la cuenca minera de Peñarroya, que por algún tiempo se mantuvo leal a la República.
"El castigo se convirtió en un genocidio premeditado"
No obstante, terminada la resistencia, "el castigo se convirtió en un genocidio premeditado", que aumentó tras la visita de los generales Varela y Queipo de Llano: "Lo ocurrido sobrepasa y desborda la capacidad de síntesis de cualquier historiador. Sobrepasa la capacidad de cualquier mente humana. Y nunca conoceremos sus cifras exactas porque se emplearon todos los métodos posibles de la desaparición".
El autor explica que el exterminio comenzó con personalidades del Frente Popular, pero que después se extendió en forma de fusilamientos en masa. Por último, llegó la fase más espeluznante y bautizada como solución final, cuyo vendaval de sangre sumió en el pánico a toda la población. La mayoría cayó en los conocidos paseos: en el cortijo de El Telégrafo, en la carretera de Almadén, en la cuesta de Los Visos y en Alcoloea. Murieron concejales, ferroviarios, maestros, ingenieros... Y, sobre todo, gente de la cultura, como el poeta José María Alvariño, una de las mayores promesas de la poesía cordobesa del siglo XX, que desapareció en 1936.
El inframundo de las denuncias fue otro rasgo de la represión. Aparecían esbirros, aduladores y arribistas que se ofrecían como verdugos y delatores. Los registros domiciliarios y las detenciones eran un espectáculo cotidiano y el pueblo aprendió a vivir cercado: se fusilaba con acusaciones, como "por espía" o "por sospechoso". Hasta familias del campo, "por irse con los rojos". Era la arbitrariedad total, que es lo que más terror produce, "porque nadie, en esas circunstancias, puede sentirse seguro", concluye el historiador.
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lunes, 3 de noviembre de 2008
La Asociación de la Memoria Histórica reunirá datos para entregarlos a Garzón
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La Asociación de la Memoria Histórica reunirá datos para ...
MERIDA
La Asociación de la Memoria Histórica reunirá datos para entregarlos a Garzón
La entidad espera un acuerdo con el Consistorio para el monumento a los represaliados
JUAN SORIANO
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y comarca hará todo lo posible para ayudar al juez Baltasar Garzón en la causa abierta contra los crímenes del franquismo. La entidad anima a todas las personas que guarden información sobre los represaliados durante y después de la guerra civil a que aporten los datos para ponerlos a disposición del magistrado en caso de que sea necesario para el desarrollo de su investigación.
El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Mérida, Manuel Sánchez, lanzó ayer esta petición en el acto que cada 1 de noviembre se celebra junto al cementerio emeritense para recordar a las personas que, según se cree, fueron fusiladas y enterradas a las tapias del camposanto.
Sánchez solicita la aportación de nombres, cartas, direcciones, fotos... Cualquier dato que sirva para aportar luz sobre las personas que se cree que fueron represaliadas, ya que en la actualidad sólo se ha identificado con exactitud a unas cien víctimas.Unas 70 personas, algo menos que en convocatorias anteriores, acudieron un año más a la cita. Entre ellas se encontraban varios miembros del Gobierno local, encabezados por el alcalde de Mérida, Ángel Calle.
La excavación tan demandada por la asociación que se llevó a cabo junto al cementerio el pasado verano, en el área donde se encontraron unos huesos durante la construcción del cerramiento del Jardín Botánico, no aportó nuevos restos. «Sabíamos de antemano que no iba a haber nada más, pero hay más sitio por excavar», apunta Sánchez.
Monumento recordatorio
Además de aplaudir la causa abierta por Garzón desde la Audiencia Nacional y de reclamar que se derogue la Ley de Amnistía de 1977, el acto de ayer también sirvió para solicitar al Consistorio emeritense que aporte su colaboración para construir un monumento recordatorio a los represaliados, que permita «venir a traer flores a nuestros familiares», como apuntó Manuel Sánchez.
El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica asegura que el Gobierno local ya conoce el proyecto y el presupuesto para su ejecución, de lo que se encargará el artesano herrero Fragoso a partir del diseño elaborado por Ángel Cervera. Pero es necesario que el Consistorio adelante el 20% para que comience a trabajar con garantías.
Sin embargo, el primer edil emeritense afirma que desconoce la petición, pero no pondrá ningún reparo a entregar por adelantado el dinero que sea necesario para la construcción del monumento. «En cuanto nos digan quién es el artesano y cuánto es, nosotros disponemos del dinero presupuestado», recuerda Calle.
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La Asociación de la Memoria Histórica reunirá datos para ...
MERIDA
La Asociación de la Memoria Histórica reunirá datos para entregarlos a Garzón
La entidad espera un acuerdo con el Consistorio para el monumento a los represaliados
JUAN SORIANO
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mérida y comarca hará todo lo posible para ayudar al juez Baltasar Garzón en la causa abierta contra los crímenes del franquismo. La entidad anima a todas las personas que guarden información sobre los represaliados durante y después de la guerra civil a que aporten los datos para ponerlos a disposición del magistrado en caso de que sea necesario para el desarrollo de su investigación.
El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Mérida, Manuel Sánchez, lanzó ayer esta petición en el acto que cada 1 de noviembre se celebra junto al cementerio emeritense para recordar a las personas que, según se cree, fueron fusiladas y enterradas a las tapias del camposanto.
Sánchez solicita la aportación de nombres, cartas, direcciones, fotos... Cualquier dato que sirva para aportar luz sobre las personas que se cree que fueron represaliadas, ya que en la actualidad sólo se ha identificado con exactitud a unas cien víctimas.Unas 70 personas, algo menos que en convocatorias anteriores, acudieron un año más a la cita. Entre ellas se encontraban varios miembros del Gobierno local, encabezados por el alcalde de Mérida, Ángel Calle.
La excavación tan demandada por la asociación que se llevó a cabo junto al cementerio el pasado verano, en el área donde se encontraron unos huesos durante la construcción del cerramiento del Jardín Botánico, no aportó nuevos restos. «Sabíamos de antemano que no iba a haber nada más, pero hay más sitio por excavar», apunta Sánchez.
Monumento recordatorio
Además de aplaudir la causa abierta por Garzón desde la Audiencia Nacional y de reclamar que se derogue la Ley de Amnistía de 1977, el acto de ayer también sirvió para solicitar al Consistorio emeritense que aporte su colaboración para construir un monumento recordatorio a los represaliados, que permita «venir a traer flores a nuestros familiares», como apuntó Manuel Sánchez.
El presidente de la Asociación de la Memoria Histórica asegura que el Gobierno local ya conoce el proyecto y el presupuesto para su ejecución, de lo que se encargará el artesano herrero Fragoso a partir del diseño elaborado por Ángel Cervera. Pero es necesario que el Consistorio adelante el 20% para que comience a trabajar con garantías.
Sin embargo, el primer edil emeritense afirma que desconoce la petición, pero no pondrá ningún reparo a entregar por adelantado el dinero que sea necesario para la construcción del monumento. «En cuanto nos digan quién es el artesano y cuánto es, nosotros disponemos del dinero presupuestado», recuerda Calle.
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domingo, 26 de octubre de 2008
Huesos secos en medio de la vega
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Huesos secos en medio de la vega
El 16 de noviembre de 1938 un decreto de la Jefatura del Estado establecía, "previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas", que "en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista".
Setenta años después, aquellas placas, para “inmortal recuerdo”, permanecen en las fachadas de muchos templos; mientras que, por toda España, hay “territorios sembrados de horror”: más de 30.000 cuerpos de ciudadanos siguen en fosas comunes en cunetas, barrancos, pozos y cementerios. Sus familiares reclaman esos cuerpos.
Las heridas no estaban cerradas, estaban ocultas. Todo lo descubierto es luz (Ef 5,14). “Durante los 36 años de la dictadura de Franco, los perdedores de la Guerra Civil no podían hablar en público de sus sufrimientos personales ni de las pérdidas padecidas por sus familias…” (Gabriel Jackson). Los obispos (con la excepción del cardenal Vidal y Barraquer, de Barcelona, y Mateo Múgica, de Vitoria), apoyaron la sublevación, el Movimiento, justificándolo como “cruzada”: el advenimiento de la República era visto por la Iglesia española como una traición inadmisible a la vieja alianza entre el trono y el altar.
Llama la atención la doble vara de medir de los obispos: acusan al Gobierno de hacer una ley “selectiva” con la Ley de la Memoria Histórica, mientras ellos llevaban décadas preparando la recuperación de la memoria de sus “mártires” (una iniciativa que los papas Juan XXIII y Pablo VI habían frenado), materializada, a la par que se tramitaba en el parlamento la Ley de Memoria Histórica, con la beatificación en Roma de 498 “mártires” de la Guerra Civil: “un aliento para fomentar la reconciliación” decía el portavoz episcopal. Entre ellos no estaban los 16 sacerdotes vascos asesinados por las tropas de Franco.
MEMORIA HISTORICA ¿Cruzada o locura? es una valiosa y valiente reflexión del sacerdote abulense Jesús López Sáez, responsable del a Comunidad de Ayala, sobre el comportamiento de la Iglesia durante la Guerra Civil y la violenta posguerra. El librito-catequesis se cierra con este capítulo: Huesos secos en medio de la vega, un pasaje del profeta Ezequiel. “Una cosa es dar la vida por Cristo y otra cosa muy distinta quitársela a los demás en nombre de Cristo”. Muchos de esos huesos secos fueron víctimas de un Régimen cuyo Caudillo fue deificado por la Iglesia, al que entronizaba bajo palio en los templos y en las procesiones. “Las guerras tienen caídos en uno y otro bando; las represiones políticas tienen víctimas, pero sólo las persecuciones religiosas tienen mártires”, alegan los obispos.
En el libro Maestros de la República; los otros santos, los otros mártires, la autora, M. Antonia Iglesias, católica, recuerda que “en todas estas historias siempre sale un cura”, actuando como emisario político del Régimen, delatando ("de ideas marxistas, ateo, no asiste a misa"), calumniando, confesando y perdonando en nombre de Dios a gentes honestas enviadas al paredón sin pecado y sin delito. Testigo “privilegiado” de aquella locura es el fraile vasco Gumersindo de Estella (nombre religioso de Martín Zubeldía Inda).
Poco entusiasta con el Movimiento -“la violencia no es cristiana”, meditaba- estando en Pamplona fue conminado por su superior a tomar el primer tren hacia Zaragoza: “... estaré mejor allí que aquí, porque aquí no vivo entre hermanos, sino entre espías y acusadores falsos” le contestó. Allí estuvo de capellán en la cárcel de Torrero. En sus escalofriantes memorias, Fusilados en Zaragoza. 1936-1939, este capuchino, que conocía el destino de muchos presos que acababan ante el pelotón de fusilamiento denuncia la complicidad de un clero empeñado “en acreditar con un sello divino una empresa pasional de odio y violencia”. Y este “detalle”: el cardenal primado Gomá, antes de morir, se confesó con Gumersindo, que había confesado a tantos reos fusilados.
“En los primeros meses de la Guerra Civil, los ‘paseos’ contribuyeron enormemente a desacreditar a la República ... Pero los Gobiernos de Madrid y Burgos tenían una actitud fundamentalmente distinta en cuanto al asesinato como instrumento político ... Los tres gobiernos de guerra, los de Giral, Largo Caballero y Juan Negrín, trabajaron sin descanso para reinstaurar una policía civil y procedimientos judiciales y carcelarios normales, y, a mediados de 1937, habían acabado con los peores abusos, excepto los cometidos en las prisiones estalinistas paralelas.
En los territorios controlados por el Gobierno de Burgos, la ejecución sumaria de masones, comunistas, dirigentes sindicales maestros acusados de difundir propaganda izquierdista, campesinos y obreros sospechosos de oponerse a la dictadura... era política corriente. Hubo militares decentes que intentaron contener a los ‘escuadrones de la muerte’, pero los generales Franco, Mola y Queipo de LLano, junto con sus partidarios de la Iglesia y sus organizaciones laicas, no hablaron jamás de restringir las purgas sangrientas.
Como los asesinados en zona republicana eran, muchas veces, ciudadanos prominentes que habían compartido negocios, colegios y vacaciones con las clases altas europeas, los ‘paseos’ causaron gran impresión internacional, mientras que las muertes silenciadas de pobres desconocidos en las zonas gobernadas por los militares tuvieron poco impacto internacional…” (“El reconocimiento del pasado trágico”, Gabriel Jackson, El País, 2/04/06). Alfonso M. Thió, sacerdote jesuita perseguido, da este testimonio revelador: él estaba dando una tanda de ejercicios fuera de la ciudad, cuando una patrulla anarquista registró la casa. El jesuita pudo escapar, escondiéndose en un bosque cercano. Allí, solo en la noche, pensaba en las raíces de aquella persecución: “Era evidente que la nueva sociedad que surgía en aquellos días rechazaba de una manera rotunda a Jesucristo y a sus ministros.
Me preguntaba: ¿rechazan a los ministros por causa de Jesús o rechazan a Jesús por causa de sus ministros? La primera hipótesis es muy halagüeña, pero la segunda es también posible, y en el rechazarla de plano ¿no habrá nada de fariseísmo?” (Los Jesuitas en el Levante Rojo, Miquel Batllori, historiador). El día después del desfile de la victoria, en la iglesia de Santa Bárbara, Franco se acercó al altar, llevado bajo palio por miembros del Gobierno. “Nunca he incensado con tanta satisfacción como lo hago ahora con V.E." le dijo al caudillo el obispo de Madrid, Eijo Garay. El general depositó su espada a los pies del Santo Cristo, leyó una oración y se hincó de rodillas ante el cardenal Gomá, que le bendijo. Ambos se fundieron en un abrazo. “La Iglesia había triunfado en una guerra civil, que para ella había supuesto una verdadera hecatombe, pero de la que salió restablecida en la plenitud de su poder.
Había sido, después de mártir, verdugo, por completo desprovista de conmiseración para los vencidos; todo lo contrario, no sólo vencedora sino vengativa: sus clérigos habían asistido a la ejecución de decenas de miles de prisioneros una vez la guerra terminada, sosteniendo con su presencia y su palabra una estrategia de depuración y limpieza” (Santos Juliá, Historias de las dos Españas). “No sé quién concibió el último parte de guerra del 1 de abril de 1939. Los redactores no actuaron presos de la embriaguez o el ardor del triunfo. De manera clara, admonitoria y lacónica avisaban, como en las guerras de Roma, que no habría piedad con el vencido ... Sólo una mente perversa es capaz de planificar una especie de ’solución final selectiva’ al estilo del nazismo ...
Recordar la memoria de muchas gentes honradas, la mayoría muy humildes, mártires y héroes anónimos, que muy posiblemente nunca tendrán el reconocimiento por parte de una Institución que proclama ser la guardiana de la doctrina de Cristo, es un noble acto de humanidad para ‘poner un punto final a un agravio histórico, haciendo real y efectivo su clamor de Paz, Piedad y Perdón.
Ahora, además, es la hora de la justicia” (“Cautivos y desarmados”, Martín Pallín, magistrado T.S. El País 1/04/06). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamentó la oportunidad perdida cuando Juan Pablo II estuvo en España, el 3 y 4 de mayo de 2003, para canonizar al sacerdote padre Poveda, asesinado el 28 de julio de 1936: “habría sido la oportunidad para que la Iglesia hubiera perdonado y pedido perdón por la colaboración que tuvo con la dictadura franquista, y haber reconocido así a las miles de familias que buscan todavía a sus seres queridos”.
Braulio Hernández Martínez (Licenciado en Filosofía )
Huesos secos en medio de la vega
El 16 de noviembre de 1938 un decreto de la Jefatura del Estado establecía, "previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas", que "en los muros de cada parroquia figurara una inscripción que contenga los nombres de sus Caídos, ya en la presente Cruzada, ya víctimas de la revolución marxista".
Setenta años después, aquellas placas, para “inmortal recuerdo”, permanecen en las fachadas de muchos templos; mientras que, por toda España, hay “territorios sembrados de horror”: más de 30.000 cuerpos de ciudadanos siguen en fosas comunes en cunetas, barrancos, pozos y cementerios. Sus familiares reclaman esos cuerpos.
Las heridas no estaban cerradas, estaban ocultas. Todo lo descubierto es luz (Ef 5,14). “Durante los 36 años de la dictadura de Franco, los perdedores de la Guerra Civil no podían hablar en público de sus sufrimientos personales ni de las pérdidas padecidas por sus familias…” (Gabriel Jackson). Los obispos (con la excepción del cardenal Vidal y Barraquer, de Barcelona, y Mateo Múgica, de Vitoria), apoyaron la sublevación, el Movimiento, justificándolo como “cruzada”: el advenimiento de la República era visto por la Iglesia española como una traición inadmisible a la vieja alianza entre el trono y el altar.
Llama la atención la doble vara de medir de los obispos: acusan al Gobierno de hacer una ley “selectiva” con la Ley de la Memoria Histórica, mientras ellos llevaban décadas preparando la recuperación de la memoria de sus “mártires” (una iniciativa que los papas Juan XXIII y Pablo VI habían frenado), materializada, a la par que se tramitaba en el parlamento la Ley de Memoria Histórica, con la beatificación en Roma de 498 “mártires” de la Guerra Civil: “un aliento para fomentar la reconciliación” decía el portavoz episcopal. Entre ellos no estaban los 16 sacerdotes vascos asesinados por las tropas de Franco.
MEMORIA HISTORICA ¿Cruzada o locura? es una valiosa y valiente reflexión del sacerdote abulense Jesús López Sáez, responsable del a Comunidad de Ayala, sobre el comportamiento de la Iglesia durante la Guerra Civil y la violenta posguerra. El librito-catequesis se cierra con este capítulo: Huesos secos en medio de la vega, un pasaje del profeta Ezequiel. “Una cosa es dar la vida por Cristo y otra cosa muy distinta quitársela a los demás en nombre de Cristo”. Muchos de esos huesos secos fueron víctimas de un Régimen cuyo Caudillo fue deificado por la Iglesia, al que entronizaba bajo palio en los templos y en las procesiones. “Las guerras tienen caídos en uno y otro bando; las represiones políticas tienen víctimas, pero sólo las persecuciones religiosas tienen mártires”, alegan los obispos.
En el libro Maestros de la República; los otros santos, los otros mártires, la autora, M. Antonia Iglesias, católica, recuerda que “en todas estas historias siempre sale un cura”, actuando como emisario político del Régimen, delatando ("de ideas marxistas, ateo, no asiste a misa"), calumniando, confesando y perdonando en nombre de Dios a gentes honestas enviadas al paredón sin pecado y sin delito. Testigo “privilegiado” de aquella locura es el fraile vasco Gumersindo de Estella (nombre religioso de Martín Zubeldía Inda).
Poco entusiasta con el Movimiento -“la violencia no es cristiana”, meditaba- estando en Pamplona fue conminado por su superior a tomar el primer tren hacia Zaragoza: “... estaré mejor allí que aquí, porque aquí no vivo entre hermanos, sino entre espías y acusadores falsos” le contestó. Allí estuvo de capellán en la cárcel de Torrero. En sus escalofriantes memorias, Fusilados en Zaragoza. 1936-1939, este capuchino, que conocía el destino de muchos presos que acababan ante el pelotón de fusilamiento denuncia la complicidad de un clero empeñado “en acreditar con un sello divino una empresa pasional de odio y violencia”. Y este “detalle”: el cardenal primado Gomá, antes de morir, se confesó con Gumersindo, que había confesado a tantos reos fusilados.
“En los primeros meses de la Guerra Civil, los ‘paseos’ contribuyeron enormemente a desacreditar a la República ... Pero los Gobiernos de Madrid y Burgos tenían una actitud fundamentalmente distinta en cuanto al asesinato como instrumento político ... Los tres gobiernos de guerra, los de Giral, Largo Caballero y Juan Negrín, trabajaron sin descanso para reinstaurar una policía civil y procedimientos judiciales y carcelarios normales, y, a mediados de 1937, habían acabado con los peores abusos, excepto los cometidos en las prisiones estalinistas paralelas.
En los territorios controlados por el Gobierno de Burgos, la ejecución sumaria de masones, comunistas, dirigentes sindicales maestros acusados de difundir propaganda izquierdista, campesinos y obreros sospechosos de oponerse a la dictadura... era política corriente. Hubo militares decentes que intentaron contener a los ‘escuadrones de la muerte’, pero los generales Franco, Mola y Queipo de LLano, junto con sus partidarios de la Iglesia y sus organizaciones laicas, no hablaron jamás de restringir las purgas sangrientas.
Como los asesinados en zona republicana eran, muchas veces, ciudadanos prominentes que habían compartido negocios, colegios y vacaciones con las clases altas europeas, los ‘paseos’ causaron gran impresión internacional, mientras que las muertes silenciadas de pobres desconocidos en las zonas gobernadas por los militares tuvieron poco impacto internacional…” (“El reconocimiento del pasado trágico”, Gabriel Jackson, El País, 2/04/06). Alfonso M. Thió, sacerdote jesuita perseguido, da este testimonio revelador: él estaba dando una tanda de ejercicios fuera de la ciudad, cuando una patrulla anarquista registró la casa. El jesuita pudo escapar, escondiéndose en un bosque cercano. Allí, solo en la noche, pensaba en las raíces de aquella persecución: “Era evidente que la nueva sociedad que surgía en aquellos días rechazaba de una manera rotunda a Jesucristo y a sus ministros.
Me preguntaba: ¿rechazan a los ministros por causa de Jesús o rechazan a Jesús por causa de sus ministros? La primera hipótesis es muy halagüeña, pero la segunda es también posible, y en el rechazarla de plano ¿no habrá nada de fariseísmo?” (Los Jesuitas en el Levante Rojo, Miquel Batllori, historiador). El día después del desfile de la victoria, en la iglesia de Santa Bárbara, Franco se acercó al altar, llevado bajo palio por miembros del Gobierno. “Nunca he incensado con tanta satisfacción como lo hago ahora con V.E." le dijo al caudillo el obispo de Madrid, Eijo Garay. El general depositó su espada a los pies del Santo Cristo, leyó una oración y se hincó de rodillas ante el cardenal Gomá, que le bendijo. Ambos se fundieron en un abrazo. “La Iglesia había triunfado en una guerra civil, que para ella había supuesto una verdadera hecatombe, pero de la que salió restablecida en la plenitud de su poder.
Había sido, después de mártir, verdugo, por completo desprovista de conmiseración para los vencidos; todo lo contrario, no sólo vencedora sino vengativa: sus clérigos habían asistido a la ejecución de decenas de miles de prisioneros una vez la guerra terminada, sosteniendo con su presencia y su palabra una estrategia de depuración y limpieza” (Santos Juliá, Historias de las dos Españas). “No sé quién concibió el último parte de guerra del 1 de abril de 1939. Los redactores no actuaron presos de la embriaguez o el ardor del triunfo. De manera clara, admonitoria y lacónica avisaban, como en las guerras de Roma, que no habría piedad con el vencido ... Sólo una mente perversa es capaz de planificar una especie de ’solución final selectiva’ al estilo del nazismo ...
Recordar la memoria de muchas gentes honradas, la mayoría muy humildes, mártires y héroes anónimos, que muy posiblemente nunca tendrán el reconocimiento por parte de una Institución que proclama ser la guardiana de la doctrina de Cristo, es un noble acto de humanidad para ‘poner un punto final a un agravio histórico, haciendo real y efectivo su clamor de Paz, Piedad y Perdón.
Ahora, además, es la hora de la justicia” (“Cautivos y desarmados”, Martín Pallín, magistrado T.S. El País 1/04/06). La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lamentó la oportunidad perdida cuando Juan Pablo II estuvo en España, el 3 y 4 de mayo de 2003, para canonizar al sacerdote padre Poveda, asesinado el 28 de julio de 1936: “habría sido la oportunidad para que la Iglesia hubiera perdonado y pedido perdón por la colaboración que tuvo con la dictadura franquista, y haber reconocido así a las miles de familias que buscan todavía a sus seres queridos”.
Braulio Hernández Martínez (Licenciado en Filosofía )
sábado, 18 de octubre de 2008
Los represaliados del franquismo piden al PSOE que mejore las indemnizaciones.
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Los represaliados del franquismo piden al PSOE que mejore las indemnizaciones
Efe, Valencia
La Asociación de Ex-Presos Sociales del franquismo se reunió ayer en el Congreso con diputados del PSOE y ERC para pedir que en los Presupuestos de 2009 aumente la cuantía de sus indemnizaciones por la represión sufrida y para que éstas no se basen sólo en el tiempo pasado en prisión sino en los daños morales.
Así lo explicó Antoni Ruiz, presidente de esta asociación que engloba a homosexuales, lesbianas y transexuales represaliados durante la dictadura franquista.
Ruiz señaló que las indemnizaciones previstas por el Gobierno son "injustas, ridículas y casi ofensivas". Según explicó, se pagaría dos mil euros a todas aquellas personas que hubieran ingresado en prisión por su condición sexual, seis mil para quienes hubieran estado más de tres años presos y otros mil cien euros por cada tres años adicionales recluidos en la cárcel.
Daños moralesEsta diferencia es, a juicio de Ruiz, "totalmente injusta", ya que desde la asociación se considera que no se debe medir sólo el tiempo pasado en prisión, sino valorar "cómo se les destrozó la vida, la homofobia que sufrieron, los daños y perjuicios creados, o la imposibilidad de desarrollarse personal, laboral o culturalmente".
Por su parte, el diputado socialista Juan José Pérez Tapias dijo que la reunión con los miembros de la Asociación fue "muy satisfactoria y fructífera", y señaló que su grupo parlamentario estudiará las enmiendas propuestas para mejorar las indemnizaciones.
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Los represaliados del franquismo piden al PSOE que mejore las indemnizaciones
Efe, Valencia
La Asociación de Ex-Presos Sociales del franquismo se reunió ayer en el Congreso con diputados del PSOE y ERC para pedir que en los Presupuestos de 2009 aumente la cuantía de sus indemnizaciones por la represión sufrida y para que éstas no se basen sólo en el tiempo pasado en prisión sino en los daños morales.
Así lo explicó Antoni Ruiz, presidente de esta asociación que engloba a homosexuales, lesbianas y transexuales represaliados durante la dictadura franquista.
Ruiz señaló que las indemnizaciones previstas por el Gobierno son "injustas, ridículas y casi ofensivas". Según explicó, se pagaría dos mil euros a todas aquellas personas que hubieran ingresado en prisión por su condición sexual, seis mil para quienes hubieran estado más de tres años presos y otros mil cien euros por cada tres años adicionales recluidos en la cárcel.
Daños moralesEsta diferencia es, a juicio de Ruiz, "totalmente injusta", ya que desde la asociación se considera que no se debe medir sólo el tiempo pasado en prisión, sino valorar "cómo se les destrozó la vida, la homofobia que sufrieron, los daños y perjuicios creados, o la imposibilidad de desarrollarse personal, laboral o culturalmente".
Por su parte, el diputado socialista Juan José Pérez Tapias dijo que la reunión con los miembros de la Asociación fue "muy satisfactoria y fructífera", y señaló que su grupo parlamentario estudiará las enmiendas propuestas para mejorar las indemnizaciones.
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martes, 14 de octubre de 2008
Garzón se declarará competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo
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Garzón se declarará competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo
Tras determinar que los delitos, denunciados por la Asociación de la Memoria Histórica, se ajustan a la competencia de la Audiencia Nacional
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 13-10-2008
El juez Baltasar Garzón se declarará este martes competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. La resolución, que se ha aprobado esta misma tarde, contesta a la denuncia hecha por la Asociación de la Memoria Histórica.
El juez Garzón va a notificar el auto por el que se declara competente para investigar la denuncia presentada por la Asociación de la Memoria Histórica el pasado mes de diciembre de 2006.
Después de varias semanas de intensa actividad judicial en la que el magistrado requirió documentos e informes oficiales sobre las desapariciones del franquismo, Garzón ha decidido finalmente aceptar la investigación y continuar con el procedimiento penal.
En principio, por tratarse de un delito permanente por las desapariciones forzadas cuyas víctimas todavía no han aparecido.
El juez acepta por tanto la investigación al ajustarse a las competencias que tiene marcada por ley la Audiencia Nacional; aunque la Fiscalía de este organismo dice todo lo contrario, que no se pueden investigar estas denuncias y que, en todo caso, deberían hacerlo los juzgados de cada localidad donde existan evidencias y pruebas de estos enterramientos franquistas.
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Garzón se declara hoy competente para investigar el franquismo
La Fiscalía sostiene que la Audiencia Nacional no tiene competencia para admitir a trámite las denuncias presentadas por distintas asociaciones.
PÚBLICO - Madrid - 14/10/2008 00:09
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá hoy que es competente para identificar a los más de 130.000 desaparecidos durante el franquismo y enterrados en fosas comunes, según informó anoche la cadena Ser. Así, el magistrado admitirá a trámite las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica han ido presentando a partir de 2007 en la Audiencia Nacional.
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
El magistrado considera que la Audiencia Nacional tiene potestad para investigar el genocidio franquista tal como le ha solicitado la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, la Fiscalía del alto tribunal, que dirige Javier Zaragoza, ya ha avanzado que recurrirá el auto. El Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos. Será la Sala de lo Penal, compuesta por tres magistrados, la que deberá dirimir el recurso del fiscal.
Garzón se declarará competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo
Tras determinar que los delitos, denunciados por la Asociación de la Memoria Histórica, se ajustan a la competencia de la Audiencia Nacional
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 13-10-2008
El juez Baltasar Garzón se declarará este martes competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. La resolución, que se ha aprobado esta misma tarde, contesta a la denuncia hecha por la Asociación de la Memoria Histórica.
El juez Garzón va a notificar el auto por el que se declara competente para investigar la denuncia presentada por la Asociación de la Memoria Histórica el pasado mes de diciembre de 2006.
Después de varias semanas de intensa actividad judicial en la que el magistrado requirió documentos e informes oficiales sobre las desapariciones del franquismo, Garzón ha decidido finalmente aceptar la investigación y continuar con el procedimiento penal.
En principio, por tratarse de un delito permanente por las desapariciones forzadas cuyas víctimas todavía no han aparecido.
El juez acepta por tanto la investigación al ajustarse a las competencias que tiene marcada por ley la Audiencia Nacional; aunque la Fiscalía de este organismo dice todo lo contrario, que no se pueden investigar estas denuncias y que, en todo caso, deberían hacerlo los juzgados de cada localidad donde existan evidencias y pruebas de estos enterramientos franquistas.
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Garzón se declara hoy competente para investigar el franquismo
La Fiscalía sostiene que la Audiencia Nacional no tiene competencia para admitir a trámite las denuncias presentadas por distintas asociaciones.
PÚBLICO - Madrid - 14/10/2008 00:09
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá hoy que es competente para identificar a los más de 130.000 desaparecidos durante el franquismo y enterrados en fosas comunes, según informó anoche la cadena Ser. Así, el magistrado admitirá a trámite las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica han ido presentando a partir de 2007 en la Audiencia Nacional.
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
El magistrado considera que la Audiencia Nacional tiene potestad para investigar el genocidio franquista tal como le ha solicitado la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, la Fiscalía del alto tribunal, que dirige Javier Zaragoza, ya ha avanzado que recurrirá el auto. El Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos. Será la Sala de lo Penal, compuesta por tres magistrados, la que deberá dirimir el recurso del fiscal.
martes, 7 de octubre de 2008
La lista de desaparecidos le crece al juez Garzón
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La lista de desaparecidos le crece al juez Garzón
.A. MADRID
El juez Garzón tiene que tomar la decisión de si admite a trámite la querella presentada por 22 asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica por la que le instan a investigar las desapariciones que se produjeron durante la Guerra Civil y el franquismo. Una querella sobre la que, conviene recordar, la Fiscalía solicitó la inadmisión a trámite al considerar que los hechos prescribieron en 1977 con la aprobación de la Ley de Amnistía. Pese ello, el pasado 22 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se encontró con un primer listado que incluía 130.137 nombres. Una cifra que muchos historiadores, expertos estudiosos de ese periodo, consideran que se encontraba algo inflada por mor de repeticiones o contabilizaciones erróneas o imprecisas.
A Garzón también le debió parecer excesiva y solicitó a las asociaciones que repasaran los datos, cribaran los nombres, eliminaran a los repetidos y presentaran una enumeración actualizada. Les dio una semana para entregar un «listado único» que incluyera la filiación de los desaparecidos y su posible ubicación.Ayer llegó ese recuento y, en lugar de disminuir, ha aumentado. Exactamente en 3.571 nombres, para totalizar 133.708 supuestas víctimas.
El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó a las puertas del juzgado que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado las informaciones que han sido remitidas por los gobiernos autonómicos de Galicia y el País Vasco.
Y no queda ahí el crecimiento de víctimas, pues a esta relación, que, por cierto, no se ha cotejado con los datos de ninguno de los cuatro ayuntamientos a los que el juez solicitó información (Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba), los querellantes tienen previsto incorporar en los próximos días los nombres de desaparecidos recogidos por el ejecutivo autonómico asturiano.
Andalucía y Valencia, en cabeza
El listado entregado a Baltasar Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos; Valencia, con 28.892, y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido los nombres de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares, 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de África, 262 de Canarias y siete de otros territorios.
Magán se mostró convencido de que la petición de los querellantes, entre los que se encuentran 22 asociaciones y diez particulares, es «jurídicamente sostenible en línea con los precedentes que se han producido anteriormente en la Audiencia Nacional». «Pronto tendremos el auto que esperamos», vaticinó.
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Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas El País (España) -
Una lista revela 133.708 desaparecidos en la Guerra Civil, 2007 de ...La Rioja -
Justicia española recibe una nueva lista de desaparecidos de la ... AFP -
Las asociaciones presentan a Garzón un listado único con los ... Europa Press -
Garzón buscará a más de 130.000 represaliados del franquismo El Periódico de Aragón -
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La lista de desaparecidos le crece al juez Garzón
.A. MADRID
El juez Garzón tiene que tomar la decisión de si admite a trámite la querella presentada por 22 asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica por la que le instan a investigar las desapariciones que se produjeron durante la Guerra Civil y el franquismo. Una querella sobre la que, conviene recordar, la Fiscalía solicitó la inadmisión a trámite al considerar que los hechos prescribieron en 1977 con la aprobación de la Ley de Amnistía. Pese ello, el pasado 22 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se encontró con un primer listado que incluía 130.137 nombres. Una cifra que muchos historiadores, expertos estudiosos de ese periodo, consideran que se encontraba algo inflada por mor de repeticiones o contabilizaciones erróneas o imprecisas.
A Garzón también le debió parecer excesiva y solicitó a las asociaciones que repasaran los datos, cribaran los nombres, eliminaran a los repetidos y presentaran una enumeración actualizada. Les dio una semana para entregar un «listado único» que incluyera la filiación de los desaparecidos y su posible ubicación.Ayer llegó ese recuento y, en lugar de disminuir, ha aumentado. Exactamente en 3.571 nombres, para totalizar 133.708 supuestas víctimas.
El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó a las puertas del juzgado que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado las informaciones que han sido remitidas por los gobiernos autonómicos de Galicia y el País Vasco.
Y no queda ahí el crecimiento de víctimas, pues a esta relación, que, por cierto, no se ha cotejado con los datos de ninguno de los cuatro ayuntamientos a los que el juez solicitó información (Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba), los querellantes tienen previsto incorporar en los próximos días los nombres de desaparecidos recogidos por el ejecutivo autonómico asturiano.
Andalucía y Valencia, en cabeza
El listado entregado a Baltasar Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos; Valencia, con 28.892, y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido los nombres de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares, 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de África, 262 de Canarias y siete de otros territorios.
Magán se mostró convencido de que la petición de los querellantes, entre los que se encuentran 22 asociaciones y diez particulares, es «jurídicamente sostenible en línea con los precedentes que se han producido anteriormente en la Audiencia Nacional». «Pronto tendremos el auto que esperamos», vaticinó.
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Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas El País (España) -
Una lista revela 133.708 desaparecidos en la Guerra Civil, 2007 de ...La Rioja -
Justicia española recibe una nueva lista de desaparecidos de la ... AFP -
Las asociaciones presentan a Garzón un listado único con los ... Europa Press -
Garzón buscará a más de 130.000 represaliados del franquismo El Periódico de Aragón -
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lunes, 6 de octubre de 2008
Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
http://www.elpais.com/espana/
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Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
CARLOS E. CUÉ
Todos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigación
Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católica
Se hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.
El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.
Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.
Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.
Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.
Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista.
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Murió por pedir el Estatuto
ROSA BIOT
Un ladrillazo mató a Miquel Grau en octubre de 1977
Un ladrillazo lo derribó la noche del 6 de octubre de 1977. Miquel Grau militaba en el Moviment Comunista del País Valencià y se encontraba pegando carteles a favor del Estatuto de Autonomía en Alicante. Un ultra, cuya familia vivía en el edificio donde Miquel y otros tres compañeros estaban pegando los carteles, lanzó el objeto sobre los rojos que vio en la calle. Grau murió diez días después. Tenía 22 años.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
"Fueron diez días en que vives como en una nube. Quieres creer que no es así, pero lo es", recuerda, como una pesadilla, José Ramón Grau, uno de los tres hermanos del joven asesinado, que sólo tenía entonces 17 años. Luego vino el multitudinario entierro, sin precedentes en Alicante, al que acudieron el 18 de octubre alrededor de 18.000 personas. La policía no dejó que el impresionante cortejo llegara hasta el cementerio, como recuerda el grupo valenciano Al Tall en una canción homenaje al joven asesinado, que se convirtió en una de las piezas más conocidas de la veterana formación folk y cuyo estribillo reza: "Per cridar 'vull l'Estatut', a Miquel assassinaren" ("Por gritar 'quiero el Estatuto', a Miquel asesinaron"). Eran tiempos muy tensos. También de compromiso, recuerda José Ramón, que al igual que su hermano participó desde pronto en manifestaciones, primero en defensa de la democracia y después para tomar posición por otros muchos motivos.
Miquel Grau se ha convertido, tres décadas después, en la última víctima de la Transición, de acuerdo con uno de los cuatro decretos que el Gobierno envió el pasado viernes al Consejo de Estado para iniciar el desarrollo de la Ley de Memoria y que contempla indemnizaciones para "personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)".
Se ha fijado una fecha tan precisa porque el Ejecutivo ha acudido a un elemento "objetivo" para marcar el período. Es la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Aquella norma amnistió los delitos políticos anteriores al 6 de octubre de ese año, el día del atentado contra Miquel; es decir, puso un límite a la Transición.
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Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
CARLOS E. CUÉ
Todos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigación
Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católica
Se hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.
El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.
Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.
Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.
Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.
Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista.
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Murió por pedir el Estatuto
ROSA BIOT
Un ladrillazo mató a Miquel Grau en octubre de 1977
Un ladrillazo lo derribó la noche del 6 de octubre de 1977. Miquel Grau militaba en el Moviment Comunista del País Valencià y se encontraba pegando carteles a favor del Estatuto de Autonomía en Alicante. Un ultra, cuya familia vivía en el edificio donde Miquel y otros tres compañeros estaban pegando los carteles, lanzó el objeto sobre los rojos que vio en la calle. Grau murió diez días después. Tenía 22 años.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
"Fueron diez días en que vives como en una nube. Quieres creer que no es así, pero lo es", recuerda, como una pesadilla, José Ramón Grau, uno de los tres hermanos del joven asesinado, que sólo tenía entonces 17 años. Luego vino el multitudinario entierro, sin precedentes en Alicante, al que acudieron el 18 de octubre alrededor de 18.000 personas. La policía no dejó que el impresionante cortejo llegara hasta el cementerio, como recuerda el grupo valenciano Al Tall en una canción homenaje al joven asesinado, que se convirtió en una de las piezas más conocidas de la veterana formación folk y cuyo estribillo reza: "Per cridar 'vull l'Estatut', a Miquel assassinaren" ("Por gritar 'quiero el Estatuto', a Miquel asesinaron"). Eran tiempos muy tensos. También de compromiso, recuerda José Ramón, que al igual que su hermano participó desde pronto en manifestaciones, primero en defensa de la democracia y después para tomar posición por otros muchos motivos.
Miquel Grau se ha convertido, tres décadas después, en la última víctima de la Transición, de acuerdo con uno de los cuatro decretos que el Gobierno envió el pasado viernes al Consejo de Estado para iniciar el desarrollo de la Ley de Memoria y que contempla indemnizaciones para "personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)".
Se ha fijado una fecha tan precisa porque el Ejecutivo ha acudido a un elemento "objetivo" para marcar el período. Es la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Aquella norma amnistió los delitos políticos anteriores al 6 de octubre de ese año, el día del atentado contra Miquel; es decir, puso un límite a la Transición.
La represión de los homosexuales en el franquismo. Los textos legales
La represión de los homosexuales en el franquismo. Los textos legales
Escrito por: Eduardo Montagut Contreras el 01 Sep 2008 - URL Permanente
(Julio de 2007) Textos legales de represión de la homosexualidad
Incluyo extractos de unos textos legales que he encontrado. Interesa destacar que la ley de 1933 de vagos y maleantes no mencionaba a los homosexuales. Fue la extensión legal de la ley de 1954 la que incluyó a los homosexuales a esta categoría, como explica el profesor Francisco Ugarte Pérez, que es el autor de estos extractos:
Ley de 4 de agosto de 1.933 de Vagos y maleantes con extensión del 15 de julio de 1.954
Capítulo I
Art. 2º. Podrán ser declaradas en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad de la presente Ley (Reg., 1):
1º. Los vagos habituales2º. Los homosexuales, rufianes y proxenetas(Comentario: En otros artículos, aparecen recogidos los mendigos profesionales)
(Art. 4º), quienes explotan juegos prohibidos
(Art. 5º), sujetos ebrios y toxicómanos habituales
(Art. 6º), quienes maltratan a los animales, árboles, plantas o cosas
(Art. 13). Los homosexuales no aparecían en el Art. 2º de la ley de 1.933; se les incluyó en la ampliación de 1.954.)
Capítulo II. Medidas de seguridad
Art. 4º. Son medidas de seguridad:
1º. Internado en un Establecimiento de régimen de trabajo o Colonias agrícolas por tiempo indeterminado, que no podrá exceder de tres años (Reg., 4, 11 y 13).
2º. Internado en un Establecimiento de custodia por tiempo indeterminado no inferior a un año y que no podrá exceder de cinco años (Reg., 4, 11 y 16).
3º. Aislamiento curativo en Casas de Templanza por tiempo absolutamente indeterminado (Reg., 4, 17).
Capítulo III. Aplicación de las medidas de seguridad
Art. 6º, 2º. A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que viven de la mendicidad ajena, explotan menores de edad, enfermos mentales o lesionados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:
a) Internado en un Establecimiento de trabajo o Colonia agrícola. Los homosexuales a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.
b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.
c) Sumisión a la vigilancia de los Delegados. Ley 16/1970 de 4 de agosto de Peligrosidad y rehabilitación social
Capítulo Primero. De los estados de peligrosidad.
Art. 2º. Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes (…):
1º. Los vagos habituales
2º. Los rufianes y proxenetas
3º. Los que realicen actos de homosexualidad (Comentario: En otros artículos, aparecen mencionados quienes ejercen la prostitución
(Art. 4º), quienes comercien o exhiban pornografía
(Art. 5º), los mendigos habituales
(Art. 6º), los ebrios habituales y toxicómanos
(Art. 7º), los traficantes de drogas
(Art. 8º), quienes porten armas sin justificación
(Art. 11º), quienes conduzcan peligrosamente
(Art. 13º), etc.).
Capítulo II. De las medidas de seguridad.
Art. 5º. Son medidas de seguridad:
Primera.
Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso dentro del cuadro de clasificación que reglamentariamente se establezca, por tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años, cuando se trate de internamiento en establecimiento de custodia, y por el tiempo mínimo que fije la sentencia o el auto de revisión y máximo de tres años, cuando se imponga internamiento en establecimiento de trabajo.
Segunda.
Internamiento en un establecimiento de reeducación por tiempo no inferior a tres meses ni superior a tres años.
Tercera. Internamiento en un establecimiento de preservación hasta su curación o hasta que, en su defecto, cese el estado de peligrosidad social.
Capítulo III. De la aplicación de las medidas de seguridad.
Art. 6º. 3º. A los que realicen actos de homosexualidad y a los que habitualmente ejerzan la prostitución se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de reeducación
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados.
Disposiciones Finales: Se deroga la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1.933, y sus complementarias o modificativas de 23 de noviembre de 1.935, 4 de mayo de 1.948, 15 de julio de 1.954 y 24 de abril de 1.958.
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/ES/ESHU/Represion.doc
Escrito por: Eduardo Montagut Contreras el 01 Sep 2008 - URL Permanente
(Julio de 2007) Textos legales de represión de la homosexualidad
Incluyo extractos de unos textos legales que he encontrado. Interesa destacar que la ley de 1933 de vagos y maleantes no mencionaba a los homosexuales. Fue la extensión legal de la ley de 1954 la que incluyó a los homosexuales a esta categoría, como explica el profesor Francisco Ugarte Pérez, que es el autor de estos extractos:
Ley de 4 de agosto de 1.933 de Vagos y maleantes con extensión del 15 de julio de 1.954
Capítulo I
Art. 2º. Podrán ser declaradas en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad de la presente Ley (Reg., 1):
1º. Los vagos habituales2º. Los homosexuales, rufianes y proxenetas(Comentario: En otros artículos, aparecen recogidos los mendigos profesionales)
(Art. 4º), quienes explotan juegos prohibidos
(Art. 5º), sujetos ebrios y toxicómanos habituales
(Art. 6º), quienes maltratan a los animales, árboles, plantas o cosas
(Art. 13). Los homosexuales no aparecían en el Art. 2º de la ley de 1.933; se les incluyó en la ampliación de 1.954.)
Capítulo II. Medidas de seguridad
Art. 4º. Son medidas de seguridad:
1º. Internado en un Establecimiento de régimen de trabajo o Colonias agrícolas por tiempo indeterminado, que no podrá exceder de tres años (Reg., 4, 11 y 13).
2º. Internado en un Establecimiento de custodia por tiempo indeterminado no inferior a un año y que no podrá exceder de cinco años (Reg., 4, 11 y 16).
3º. Aislamiento curativo en Casas de Templanza por tiempo absolutamente indeterminado (Reg., 4, 17).
Capítulo III. Aplicación de las medidas de seguridad
Art. 6º, 2º. A los homosexuales, rufianes y proxenetas, a los mendigos profesionales y a los que viven de la mendicidad ajena, explotan menores de edad, enfermos mentales o lesionados, se les aplicarán, para que las cumplan todas sucesivamente, las medidas siguientes:
a) Internado en un Establecimiento de trabajo o Colonia agrícola. Los homosexuales a esta medida de seguridad deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás.
b) Prohibición de residir en determinado lugar o territorio y obligación de declarar su domicilio.
c) Sumisión a la vigilancia de los Delegados. Ley 16/1970 de 4 de agosto de Peligrosidad y rehabilitación social
Capítulo Primero. De los estados de peligrosidad.
Art. 2º. Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes (…):
1º. Los vagos habituales
2º. Los rufianes y proxenetas
3º. Los que realicen actos de homosexualidad (Comentario: En otros artículos, aparecen mencionados quienes ejercen la prostitución
(Art. 4º), quienes comercien o exhiban pornografía
(Art. 5º), los mendigos habituales
(Art. 6º), los ebrios habituales y toxicómanos
(Art. 7º), los traficantes de drogas
(Art. 8º), quienes porten armas sin justificación
(Art. 11º), quienes conduzcan peligrosamente
(Art. 13º), etc.).
Capítulo II. De las medidas de seguridad.
Art. 5º. Son medidas de seguridad:
Primera.
Internamiento en un establecimiento de custodia o trabajo adecuado a la personalidad del sujeto peligroso dentro del cuadro de clasificación que reglamentariamente se establezca, por tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años, cuando se trate de internamiento en establecimiento de custodia, y por el tiempo mínimo que fije la sentencia o el auto de revisión y máximo de tres años, cuando se imponga internamiento en establecimiento de trabajo.
Segunda.
Internamiento en un establecimiento de reeducación por tiempo no inferior a tres meses ni superior a tres años.
Tercera. Internamiento en un establecimiento de preservación hasta su curación o hasta que, en su defecto, cese el estado de peligrosidad social.
Capítulo III. De la aplicación de las medidas de seguridad.
Art. 6º. 3º. A los que realicen actos de homosexualidad y a los que habitualmente ejerzan la prostitución se les impondrán, para su cumplimiento sucesivo, las siguientes medidas:
a) Internamiento en un establecimiento de reeducación
b) Prohibición de residir en el lugar o territorio que se designe o de visitar ciertos lugares o establecimientos públicos, y sumisión a la vigilancia de los delegados.
Disposiciones Finales: Se deroga la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1.933, y sus complementarias o modificativas de 23 de noviembre de 1.935, 4 de mayo de 1.948, 15 de julio de 1.954 y 24 de abril de 1.958.
http://www.uc3m.es/uc3m/gral/ES/ESHU/Represion.doc
sábado, 4 de octubre de 2008
Las indemnizaciones a los gays represaliados serán modificadas
http://www.levante-emv.com/
Las indemnizaciones a los gays represaliados serán modificadas
El Gobierno se ofrece a negociar en el marco de los presupuestos
José Parrilla, Valencia
La Vicepresidencia del Gobierno ha informado que el documento aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros en el que se fijaban las indemnizaciones a los homosexuales represaliados por el franquismo no es definitivo y puede ser rectificado. Trata de aplacar así las críticas recibidas desde la Asociación Ex-Presos Sociales de Valencia, impulsora de la iniciativa, y desde las organizaciones de Gays y Lesbianas, que consideran ridículas las cantidades estipuladas.
El documento aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de septiembre establece una indemnización única de 2.000 euros para quienes pasaran de uno a seis meses en prisión; 4.000 para quienes estuvieran hasta tres años; y 6.010 si estuvieron más de ese tiempo. Además, se elimina la pensión vitalicia que había sido pactada previamente con los grupos parlamentarios.
Ante a este documento, la Asociación Ex-Presos Sociales, acusó al Gobierno de "oportunista" y de haberles humillado, pues sus expectativas eran mucho mejores en todos los sentidos. Así mismo, La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales emitió una nota de prensa en la que asegura que "la propuesta de indemnización del Gobierno para las y los homosexuales y transexuales apresados por su orientación sexual o identidad de género durante la dictadura de Franco son insuficientes y los criterios para su cálculo, completamente inadecuados".
A su juicio, "centrar el pago de las indemnizaciones en el tiempo en prisión y no sumar a ello las medidas de alejamiento de sus domicilios (destierro) es evadir la verdadera duración de la condena interpuesta por el franquismo a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales".
En comparación con las indemnizaciones concedidas a otro tipo de represaliados, la Federación las considera "abiertamente discriminatorias".
Reacción del GobiernoPero el Gobierno no ha tardado en reaccionar y ha precisado que este asunto no está cerrado.Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno aseguraron a Levante-EMV que el documento aprobado por el Consejo de Ministros es una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado que puede ser enmendada, negociada y rectificada a lo largo de su tramitación parlamentaria.
Las fuentes confirmaron que, pese a la crisis, la cantidad que se destinará a este fin en los presupuestos de 2009 se mantiene en dos millones de euros, lo que demuestra, en su opinión, el compromiso del Gobierno con los afectados. "Este es el primer Gobierno que ha reconocido a este colectivo, tanto moral como económicamente", dijeron.Ayer mismo, la Asociación Ex-Presos Sociales aseguró haber sido requerida por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para tratar este asunto e iniciar negociaciones en los próximos días. Confía, por tanto, en que la rectificación sea posible y satisfactoria.
Las indemnizaciones a los gays represaliados serán modificadas
El Gobierno se ofrece a negociar en el marco de los presupuestos
José Parrilla, Valencia
La Vicepresidencia del Gobierno ha informado que el documento aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros en el que se fijaban las indemnizaciones a los homosexuales represaliados por el franquismo no es definitivo y puede ser rectificado. Trata de aplacar así las críticas recibidas desde la Asociación Ex-Presos Sociales de Valencia, impulsora de la iniciativa, y desde las organizaciones de Gays y Lesbianas, que consideran ridículas las cantidades estipuladas.
El documento aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de septiembre establece una indemnización única de 2.000 euros para quienes pasaran de uno a seis meses en prisión; 4.000 para quienes estuvieran hasta tres años; y 6.010 si estuvieron más de ese tiempo. Además, se elimina la pensión vitalicia que había sido pactada previamente con los grupos parlamentarios.
Ante a este documento, la Asociación Ex-Presos Sociales, acusó al Gobierno de "oportunista" y de haberles humillado, pues sus expectativas eran mucho mejores en todos los sentidos. Así mismo, La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales emitió una nota de prensa en la que asegura que "la propuesta de indemnización del Gobierno para las y los homosexuales y transexuales apresados por su orientación sexual o identidad de género durante la dictadura de Franco son insuficientes y los criterios para su cálculo, completamente inadecuados".
A su juicio, "centrar el pago de las indemnizaciones en el tiempo en prisión y no sumar a ello las medidas de alejamiento de sus domicilios (destierro) es evadir la verdadera duración de la condena interpuesta por el franquismo a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales".
En comparación con las indemnizaciones concedidas a otro tipo de represaliados, la Federación las considera "abiertamente discriminatorias".
Reacción del GobiernoPero el Gobierno no ha tardado en reaccionar y ha precisado que este asunto no está cerrado.Fuentes de la Vicepresidencia del Gobierno aseguraron a Levante-EMV que el documento aprobado por el Consejo de Ministros es una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado que puede ser enmendada, negociada y rectificada a lo largo de su tramitación parlamentaria.
Las fuentes confirmaron que, pese a la crisis, la cantidad que se destinará a este fin en los presupuestos de 2009 se mantiene en dos millones de euros, lo que demuestra, en su opinión, el compromiso del Gobierno con los afectados. "Este es el primer Gobierno que ha reconocido a este colectivo, tanto moral como económicamente", dijeron.Ayer mismo, la Asociación Ex-Presos Sociales aseguró haber sido requerida por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para tratar este asunto e iniciar negociaciones en los próximos días. Confía, por tanto, en que la rectificación sea posible y satisfactoria.
viernes, 3 de octubre de 2008
Memoria.- Ayuntamiento de Toledo remitirá a la Audiencia Nacional datos de unos 1.300 represaliados entre 1936 y 1942.
http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-memoria-ayuntamiento-toledo-remitira-audiencia-nacional-datos-1300-represaliados-1936-1942-20081003135631.html
Memoria.- Ayuntamiento de Toledo remitirá a la Audiencia Nacional ... datos de unos 1,300 represaliados entre 1936 y 1942,
Noticias relacionadas
Recuperación Histórica de Mérida llevará a la Audiencia Nacional los casos de "desapariciones forzadas" en la ciudad
AMP.- Memoria.- La Xunta enviará a Garzón un censo de víctimas en la Guerra Civil y un mapa de "lugares de represión"
La Generalitat identifica 179 fosas comunes de la Guerra Civil y 2.171 desaparecidos
La Generalitat enviará el censo de desaparecidos y el mapa de fosas de Catalunya a Garzón
El Gobierno vasco dispone de un listado de 8.650 casos de fusilados y fallecidos en Euskadi entre 1936 y 1942
TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Toledo entregará a la Audiencia Nacional, una copia del Libro del Cementerio de la capital regional, con los datos de los años 1936 a 1942 que registran más de 1.300 enterramientos, "a la espera de una posible resolución".
El concejal y segundo teniente alcalde en el Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio, en declaraciones a Europa Press, explicó que los datos responden a la "necesidad de esclarecer la memoria de los represaliados del franquismo", por lo que, "esperamos que la información aportada por el Consistorio sea tenida en cuenta por el juez Garzón".
El concejal señaló que el informe muestra la identificación de los nombres y del número de fosas encontradas, a los que se suma una copia del Libro de Registro del Cementerio Municipal, que recoge los datos concretos de los desaparecidos.
La documentación, que se remitirá la próxima semana al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, registra los datos encontrados desde el mes de septiembre de 1936, fecha en la que las tropas franquistas llegan a la ciudad, hasta 1943.
La investigación llevada a cabo se centra en el Patio 42 del cementerio de la ciudad, en el cual, desde comienzos del mes de septiembre, aparecen más de 40 fosas comunes bajo el epígrafe de desconocidos. Posteriormente, explicó San Emeterio, se registraron más entradas a partir del año 1937 hasta finales de 1938, en las que aparecen registrados tanto los nombres, como los apellidos de los fallecidos.
Por su parte, la Audiencia Nacional, que da esta oportunidad a través de la normativa de Memoria Histórica, "será quien, si tiene a bien ampliar la investigación, ofrezca al Ayuntamiento una posible resolución".
San Emeterio adelantó, por último, que el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto para dignificar estas fosas comunes del Cementerio Municipal y la ubicación de un monumento en homenaje a las personas que "murieron en defensa del gobierno legítimo de la República Española".
DATOS REGISTRADOS
El desmantelamiento del Patio número 42 del cementerio municipal de Toledo comenzó en 2002, fecha en la que, a través del Libro del Cementerio, que es un documento oficial donde se registran de forma minuciosa y exhaustiva todas las inhumaciones que se producen en la ciudad, se comprobó que, desde el 22 de septiembre de 1936, se registraron y enterraron en dicho patio, primeros milicianos con nombre y apellido que mueren en el primer asalto al Alcázar.
Esta situación cambia a partir del día 27 de septiembre y se mantendrá hasta enero de 1937, mientras que, durante estos meses se les registra como desconocidos contabilizándose un total de 905 personas. A partir de 1937 los registros aparecen con el nombre y apellidos del fallecido, sin otros datos como edad, o causa de la muerte contabilizándose un total de 92 personas.
Desde enero a julio de 1940 se utiliza el Patio 19, concretamente en los tramos 85, 87 y 88; desde finales de julio hasta diciembre del mismo año el Patio 31 en los tramos 84, 91, 95, 97, 96 y 103; así como el tramo 77 del Patio 43.
Durante los años 1941 y 1942, los patios utilizados para enterrar a los represaliados fueron el Patio 31 en el tramo 106; el Patio 17 en los tramos 153, 13; 47 y 46; y Patio 43 en el tramo 108.
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TOLEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Toledo entregará a la Audiencia Nacional, una copia del Libro del Cementerio de la capital regional, con los datos de los años 1936 a 1942 que registran más de 1.300 enterramientos, "a la espera de una posible resolución".
El concejal y segundo teniente alcalde en el Ayuntamiento de Toledo, Aurelio San Emeterio, en declaraciones a Europa Press, explicó que los datos responden a la "necesidad de esclarecer la memoria de los represaliados del franquismo", por lo que, "esperamos que la información aportada por el Consistorio sea tenida en cuenta por el juez Garzón".
El concejal señaló que el informe muestra la identificación de los nombres y del número de fosas encontradas, a los que se suma una copia del Libro de Registro del Cementerio Municipal, que recoge los datos concretos de los desaparecidos.
La documentación, que se remitirá la próxima semana al Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, registra los datos encontrados desde el mes de septiembre de 1936, fecha en la que las tropas franquistas llegan a la ciudad, hasta 1943.
La investigación llevada a cabo se centra en el Patio 42 del cementerio de la ciudad, en el cual, desde comienzos del mes de septiembre, aparecen más de 40 fosas comunes bajo el epígrafe de desconocidos. Posteriormente, explicó San Emeterio, se registraron más entradas a partir del año 1937 hasta finales de 1938, en las que aparecen registrados tanto los nombres, como los apellidos de los fallecidos.
Por su parte, la Audiencia Nacional, que da esta oportunidad a través de la normativa de Memoria Histórica, "será quien, si tiene a bien ampliar la investigación, ofrezca al Ayuntamiento una posible resolución".
San Emeterio adelantó, por último, que el Ayuntamiento está trabajando en un proyecto para dignificar estas fosas comunes del Cementerio Municipal y la ubicación de un monumento en homenaje a las personas que "murieron en defensa del gobierno legítimo de la República Española".
DATOS REGISTRADOS
El desmantelamiento del Patio número 42 del cementerio municipal de Toledo comenzó en 2002, fecha en la que, a través del Libro del Cementerio, que es un documento oficial donde se registran de forma minuciosa y exhaustiva todas las inhumaciones que se producen en la ciudad, se comprobó que, desde el 22 de septiembre de 1936, se registraron y enterraron en dicho patio, primeros milicianos con nombre y apellido que mueren en el primer asalto al Alcázar.
Esta situación cambia a partir del día 27 de septiembre y se mantendrá hasta enero de 1937, mientras que, durante estos meses se les registra como desconocidos contabilizándose un total de 905 personas. A partir de 1937 los registros aparecen con el nombre y apellidos del fallecido, sin otros datos como edad, o causa de la muerte contabilizándose un total de 92 personas.
Desde enero a julio de 1940 se utiliza el Patio 19, concretamente en los tramos 85, 87 y 88; desde finales de julio hasta diciembre del mismo año el Patio 31 en los tramos 84, 91, 95, 97, 96 y 103; así como el tramo 77 del Patio 43.
Durante los años 1941 y 1942, los patios utilizados para enterrar a los represaliados fueron el Patio 31 en el tramo 106; el Patio 17 en los tramos 153, 13; 47 y 46; y Patio 43 en el tramo 108.
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Los represaliados de Franco tendrán un reconocimiento oficial del estatus de víctima.
http://www.elpais.com/
Los represaliados de Franco tendrán un reconocimiento oficial del estatus de víctima
CARLOS E. CUÉ
El Gobierno da luz verde a cuatro reales decretos para desarrollar la Ley de Memoria
El Gobierno acelera la aplicación de la ley de memoria, prácticamente estancada desde que entró en vigor en enero de este año. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana cuatro reales decretos, y entre ellos uno que desarrolla por primera vez en la historia democrática el reconocimiento oficial del estatus de víctima del franquismo. El Ministerio de Justicia expedirá un certificado -de valor simbólico, ya que no otorga derechos económicos- a todas las víctimas y sus familiares en reconocimiento de que sus fusilamientos, encarcelamientos, torturas o trabajos forzados por motivos políticos fueron injustos. La democracia repara así el daño moral causado por la dictadura y rehabilita el nombre de todos los represaliados.
No todos fueron Lorca
Texto íntegro del proyecto de ley de Memoria Histórica
DOCUMENTO (DOC - 114Kb) - 10-10-2007
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ver cobertura completa
Las asociaciones de memoria pedían la anulación de todos los juicios, pero el Gobierno ha optado por esta vía simbólica sobre todo por la presión del mundo judicial, contrario a una revisión completa de la justicia franquista. El Gobierno, con los otros tres reales decretos, también resuelve un problema pendiente hace 30 años: el de las personas que ni fueron fusiladas por el franquismo -cuyos familiares fueron reparados económicamente en los 80- ni se pudieron acoger a la ley de víctimas del terrorismo, en la que se incluyen todos los asesinados desde 1968, año del primer muerto a manos de ETA, Melitón Manzanas. Son víctimas que, como los cinco fallecidos a manos de la policía en Vitoria en 1976, se habían quedado fuera de todas las reparaciones. El Gobierno establece una reparación de 135.000 euros (la misma que reciben las víctimas del terrorismo) para los familiares directos de estas personas.
Los otros dos decretos permiten obtener la nacionalidad española a los brigadistas internacionales sin renunciar a la suya (algunos países lo exigían) y recuperar documentos de carácter privado (correspondencia familiar, por ejemplo) que fueron incautados y permanecen en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que con esto se pretende desarrollar la ley -aún quedan los puntos más polémicos, como el mapa de fosas o la eliminación de los símbolos franquistas- y "hacer justicia" con los represaliados.
1.300 víctimas más para Garzón
El Ayuntamiento de Toledo va a remitir al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un informe con 1.300 víctimas, la mayoría sin identificar, de represaliados del franquismo entre los años 1936 y 1946 y que yacen en más de cuarenta fosas comunes del cementerio toledano. Así lo ha anunciado hoy el concejal portavoz de IU en el Ayuntamiento toledano, Aurelio San Emeterio, quien explicó que la decisión ha sido tomada por acuerdo de los grupos municipales del PSOE e IU, que gobiernan en coalición en el consistorio toledano tras las pasadas elecciones locales.
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El Gobierno recupera la memoria Público -
Las víctimas del franquismo consiguen, por fin, su reconocimiento ... elplural.com -
El Gobierno propone una indemnización de 135.000 euros para los ... COPE -
Los represaliados del franquismo tendrán el reconocimiento del ... 20 minutos -
El Gobierno aprueba cuatro decretos para impulsar la Ley de ...Cadena Ser -
Memoria.- IU se queja la tardanza en la aplicación de la ley y ... Europa Press -
El Gobierno promueve cuatro Reales decretos para potenciar la Ley ... elEconomista.es -
El Gobierno dará la nacionalidad española a los integrantes de las ... Hazte Oir -
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Los represaliados de Franco tendrán un reconocimiento oficial del estatus de víctima
CARLOS E. CUÉ
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El Gobierno acelera la aplicación de la ley de memoria, prácticamente estancada desde que entró en vigor en enero de este año. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana cuatro reales decretos, y entre ellos uno que desarrolla por primera vez en la historia democrática el reconocimiento oficial del estatus de víctima del franquismo. El Ministerio de Justicia expedirá un certificado -de valor simbólico, ya que no otorga derechos económicos- a todas las víctimas y sus familiares en reconocimiento de que sus fusilamientos, encarcelamientos, torturas o trabajos forzados por motivos políticos fueron injustos. La democracia repara así el daño moral causado por la dictadura y rehabilita el nombre de todos los represaliados.
No todos fueron Lorca
Texto íntegro del proyecto de ley de Memoria Histórica
DOCUMENTO (DOC - 114Kb) - 10-10-2007
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ver cobertura completa
Las asociaciones de memoria pedían la anulación de todos los juicios, pero el Gobierno ha optado por esta vía simbólica sobre todo por la presión del mundo judicial, contrario a una revisión completa de la justicia franquista. El Gobierno, con los otros tres reales decretos, también resuelve un problema pendiente hace 30 años: el de las personas que ni fueron fusiladas por el franquismo -cuyos familiares fueron reparados económicamente en los 80- ni se pudieron acoger a la ley de víctimas del terrorismo, en la que se incluyen todos los asesinados desde 1968, año del primer muerto a manos de ETA, Melitón Manzanas. Son víctimas que, como los cinco fallecidos a manos de la policía en Vitoria en 1976, se habían quedado fuera de todas las reparaciones. El Gobierno establece una reparación de 135.000 euros (la misma que reciben las víctimas del terrorismo) para los familiares directos de estas personas.
Los otros dos decretos permiten obtener la nacionalidad española a los brigadistas internacionales sin renunciar a la suya (algunos países lo exigían) y recuperar documentos de carácter privado (correspondencia familiar, por ejemplo) que fueron incautados y permanecen en el archivo de la Guerra Civil en Salamanca. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega ha explicado que con esto se pretende desarrollar la ley -aún quedan los puntos más polémicos, como el mapa de fosas o la eliminación de los símbolos franquistas- y "hacer justicia" con los represaliados.
1.300 víctimas más para Garzón
El Ayuntamiento de Toledo va a remitir al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un informe con 1.300 víctimas, la mayoría sin identificar, de represaliados del franquismo entre los años 1936 y 1946 y que yacen en más de cuarenta fosas comunes del cementerio toledano. Así lo ha anunciado hoy el concejal portavoz de IU en el Ayuntamiento toledano, Aurelio San Emeterio, quien explicó que la decisión ha sido tomada por acuerdo de los grupos municipales del PSOE e IU, que gobiernan en coalición en el consistorio toledano tras las pasadas elecciones locales.
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miércoles, 1 de octubre de 2008
Revés a los gays represaliados
Fuente: http://www.levante-emv.com/
Revés a los gays represaliados
Consideran una "humillación" las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno
José Parrilla, Valencia
El Consejo de Ministros del pasado viernes echó un jarro de agua fría sobre el colectivo de homosexuales represaliados durante el Franquismo. El Ejecutivo aprobó el reglamento por el que se regulan las indemnizaciones y la valoración no puede ser peor. "Esto es una burla, una humillación", aseguró a Levante-EMV el presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales, Antonio Ruiz, que desde su sede de Xirivella ha llevado las negociaciones previas.Esta asociación había conseguido, tras largas conversaciones, arrancar al Gobierno un compromiso para indemnizar a los homosexuales que fueron encarcelados durante el Franquismo al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes y la posterior Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social. Es más, los grupos aceptaron una propuesta de Iniciativa per Catalunya e incluyeron en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2008 una partida de dos millones de euros para hacer frente a esas indemnizaciones. Aunque no se fijó una cantidad, la previsión sobre la que trabajaron los negociadores era de una paga inicial de 12.000 euros a cada uno y una pensión vitalicia de 600 euros al mes.
Con esta creencia durante un año se ha trabajado en la recopilación de nombres y documentación, llegándose a la cifra de un centenar de afectados que estarían en condiciones de tener esta compensación económica -ya hubo una moral en el Congreso de los Diputados- a todos sus sufrimientos.
Frustración
Pero el reglamento que debe regular esas indemnizaciones "lo ha frustrado todo". El texto fue aprobado en el último Consejo de Ministros y la propuesta es de una paga única de 2.000 euros para quienes estuvieran de uno a seis meses en prisión; de 4.000 para quienes estuvieran de seis meses a tres años; y de 6.010 euros para los que estuvieran tres años o más. Y de la pensión vitalicia nada de nada.
Para Antonio Ruiz, se trata de una "tomadura de pelo", "una burla", "una humillación" del Gobierno a todos los represaliados. De entrada, lamenta que no se les haya consultado antes de llevar esta propuesta al Consejo de Ministros. Y luego se siente frustrado por las indemnizaciones previstas, sobre todo teniendo en cuenta que fueron "condenados a trabajos forzados, desterrados y sometidos a tratamientos al más puro estilo nazi". Según Ruiz, esta cantidad es muy inferior a la que percibieron los presos políticos, que es lo que deberían haber percibido ellos con el añadido, incluso, del IPC desde el año 1990, fecha en la que aquellos cobraron sus compensaciones.
Se trata, por tanto, de una "marginación" respecto al resto de represaliados y de un "engaño" por parte del Gobierno, al que acusa de "oportunista". Antonio Ruiz, que aún confía en alcanzar una solución, no descarta que este recorte tenga su origen en la crisis del país. Según dice, "si al final se conceden estas cantidades, al Gobierno le va a sobrar un millón y medio de euros que le vendrá muy bien para otras cosas".
Revés a los gays represaliados
Consideran una "humillación" las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno
José Parrilla, Valencia
El Consejo de Ministros del pasado viernes echó un jarro de agua fría sobre el colectivo de homosexuales represaliados durante el Franquismo. El Ejecutivo aprobó el reglamento por el que se regulan las indemnizaciones y la valoración no puede ser peor. "Esto es una burla, una humillación", aseguró a Levante-EMV el presidente de la Asociación Ex-Presos Sociales, Antonio Ruiz, que desde su sede de Xirivella ha llevado las negociaciones previas.Esta asociación había conseguido, tras largas conversaciones, arrancar al Gobierno un compromiso para indemnizar a los homosexuales que fueron encarcelados durante el Franquismo al amparo de la Ley de Vagos y Maleantes y la posterior Ley de Rehabilitación y Peligrosidad Social. Es más, los grupos aceptaron una propuesta de Iniciativa per Catalunya e incluyeron en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 2008 una partida de dos millones de euros para hacer frente a esas indemnizaciones. Aunque no se fijó una cantidad, la previsión sobre la que trabajaron los negociadores era de una paga inicial de 12.000 euros a cada uno y una pensión vitalicia de 600 euros al mes.
Con esta creencia durante un año se ha trabajado en la recopilación de nombres y documentación, llegándose a la cifra de un centenar de afectados que estarían en condiciones de tener esta compensación económica -ya hubo una moral en el Congreso de los Diputados- a todos sus sufrimientos.
Frustración
Pero el reglamento que debe regular esas indemnizaciones "lo ha frustrado todo". El texto fue aprobado en el último Consejo de Ministros y la propuesta es de una paga única de 2.000 euros para quienes estuvieran de uno a seis meses en prisión; de 4.000 para quienes estuvieran de seis meses a tres años; y de 6.010 euros para los que estuvieran tres años o más. Y de la pensión vitalicia nada de nada.
Para Antonio Ruiz, se trata de una "tomadura de pelo", "una burla", "una humillación" del Gobierno a todos los represaliados. De entrada, lamenta que no se les haya consultado antes de llevar esta propuesta al Consejo de Ministros. Y luego se siente frustrado por las indemnizaciones previstas, sobre todo teniendo en cuenta que fueron "condenados a trabajos forzados, desterrados y sometidos a tratamientos al más puro estilo nazi". Según Ruiz, esta cantidad es muy inferior a la que percibieron los presos políticos, que es lo que deberían haber percibido ellos con el añadido, incluso, del IPC desde el año 1990, fecha en la que aquellos cobraron sus compensaciones.
Se trata, por tanto, de una "marginación" respecto al resto de represaliados y de un "engaño" por parte del Gobierno, al que acusa de "oportunista". Antonio Ruiz, que aún confía en alcanzar una solución, no descarta que este recorte tenga su origen en la crisis del país. Según dice, "si al final se conceden estas cantidades, al Gobierno le va a sobrar un millón y medio de euros que le vendrá muy bien para otras cosas".
martes, 30 de septiembre de 2008
Los homosexuales condenados en el franquismo serán indemnizados
Fuente: http://www.publico.es/
Los homosexuales condenados en el franquismo serán indemnizados
El Estado pagará entre los 2.000 euros, para aquellos que permanecieron entre dos y seis meses en prisión, y los 6.010 euros, para los que estuvieron tres o más años.
EUROPA PRESS - Madrid - 30/09/2008 14:02
El Estado pagará a los homosexuales que fueron encarcelados durante la época del franquismo por su condición sexual, con cifras que varían entre los 2.000 euros para aquellos que permanecieron entre dos y seis meses en prisión y los 6.010 euros para los que estuvieron tres o más años, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2009.
Así, a los homosexuales que fueron encarcelados entre seis meses y tres años, el Gobierno concederá una indemnización de 4.000 euros.
Estas personas fueron enviadas a prisión en aplicación de la Ley de 1953 que modificó la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 o de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1974.
La normativa establece que en caso de que estas personas hayan fallecido, el beneficiario será el cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la persona que hubiera convivido con el beneficiario con análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
Comisión para cada caso
Las solicitudes para recibir este dinero serán estudiadas por una Comisión que estará presidida por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas e integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Hacienda, que será el encargado de abonar el importe.
Junto con la solicitud, los interesados deberán entregar un documento que acredite la decisión judicial o resolución administrativa que les envió a prisión, así como un certificado que atestigüe el periodo de tiempo que permanecieron en la cárcel.
La Comisión podrá no requerir la decisión judicial
No obstante, la Comisión podrá no requerir dichos documentos si considera que quedan suficientemente acreditados los hechos en el expediente.
Además, los familiares de las personas fallecidas "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democrático" durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977, recibirán 135.000 euros, "en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte".
Los homosexuales condenados en el franquismo serán indemnizados
El Estado pagará entre los 2.000 euros, para aquellos que permanecieron entre dos y seis meses en prisión, y los 6.010 euros, para los que estuvieron tres o más años.
EUROPA PRESS - Madrid - 30/09/2008 14:02
El Estado pagará a los homosexuales que fueron encarcelados durante la época del franquismo por su condición sexual, con cifras que varían entre los 2.000 euros para aquellos que permanecieron entre dos y seis meses en prisión y los 6.010 euros para los que estuvieron tres o más años, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2009.
Así, a los homosexuales que fueron encarcelados entre seis meses y tres años, el Gobierno concederá una indemnización de 4.000 euros.
Estas personas fueron enviadas a prisión en aplicación de la Ley de 1953 que modificó la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 o de la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1974.
La normativa establece que en caso de que estas personas hayan fallecido, el beneficiario será el cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la persona que hubiera convivido con el beneficiario con análoga relación de afectividad a la del cónyuge durante, al menos, los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
Comisión para cada caso
Las solicitudes para recibir este dinero serán estudiadas por una Comisión que estará presidida por la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas e integrada por representantes de los Ministerios de Justicia, Interior y Economía y Hacienda, que será el encargado de abonar el importe.
Junto con la solicitud, los interesados deberán entregar un documento que acredite la decisión judicial o resolución administrativa que les envió a prisión, así como un certificado que atestigüe el periodo de tiempo que permanecieron en la cárcel.
La Comisión podrá no requerir la decisión judicial
No obstante, la Comisión podrá no requerir dichos documentos si considera que quedan suficientemente acreditados los hechos en el expediente.
Además, los familiares de las personas fallecidas "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democrático" durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977, recibirán 135.000 euros, "en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte".
lunes, 22 de septiembre de 2008
Ángel Rodríguez Gallardo: ´Hay que juzgar los crímenes de Franco, no basta con hacer homenajes y abrir fosas´
Fuente: http://www.laopinioncoruna.es/default.jsp?pRef=2008092100_0_0
ángel rodríguez gallardo, Portavoz de la Comisión por la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas
Ángel Rodríguez Gallardo: "Hay que juzgar los crímenes de Franco, no basta con hacer homenajes y abrir fosas"
"El Estado debe ocuparse de la investigación, localización y exhumación de los desaparecidos. Su inactividad durante décadas ha desembocado en una situación de impunidad absoluta".
R. PRIETO. A CORUÑA.
-¿Qué expectativas tiene puestas en la investigación abierta por Garzón sobre los desaparecidos del franquismo?
-Las asociaciones que pusimos la denuncia creemos que se puede abrir un nuevo contexto en el proceso de recuperación de la memoria histórica. La apelación a la justicia y la posibilidad de que esta se manifieste sobre los crímenes del franquismo varía la perspectiva política y civil. Administraciones estatales y autonómicas habrán de ajustarse a las decisiones de los jueces, de momento a entregar los datos sobre los represaliados y desaparecidos del franquismo. En algunos casos, son datos que los investigadores no hemos podido consultar jamás.
-¿El objetivo es pedir responsabilidades penales para los implicados en las desapariciones de la dictadura de Franco?
-El principal escollo legal es ese. Ninguno de los responsables penales está vivo, pero eso no debería entorpecer que se tomasen decisiones jurídicas sobre los delitos cometidos por el franquismo, entre ellos la responsabilidad del Estado en la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos o en obligar a las instituciones vinculadas a la represión a realizar manifestaciones públicas de perdón. En cualquier caso, el régimen se alargó hasta 1975, y los 39 años de duración están sin juzgar.
-Resulta paradójico que en la Audiencia Nacional sean juzgados militares argentinos por la dictadura en el país austral y que en España no se celebren juicios por los asesinatos cometidos durante el franquismo.
-Una de las consecuencias de la Transición española fue que no se hablase y que no se investigase sobre lo ocurrido durante el franquismo. Desaparecida la generación de la Guerra Civil, sus nietos han descubierto el horror en el que vivieron sus abuelos. Unos quieren recuperar sus cuerpos, otros quieren una reparación pública por tanto años de silencio y abandono, los hay que quieren que nuestros jueces discriminen si el uso de la violencia ejercitado por el régimen franquista puede ser considerado un crimen contra la humanidad. El recuerdo de las torturas, los asesinados y los desaparecidos sobrevuela nuestra memoria y lo hará hasta que el Poder Judicial español o internacional no condene al franquismo como un régimen genocida.
-¿Cuánto tiempo puede llevar elaborar un censo de desaparecidos de la dictadura?-Depende de los medios. Pero si es bajo amparo judicial menos de 33 años, que es lo que llevamos de periodo democrático, tiempo en el que los poderes políticos, con su inactividad, no han colaborado para poder hacer ese censo de desaparecidos.-Pese a que ahora todos los colectivos de la memoria histórica están implicados en el caso, en la denuncia interpuesta hace más de un año sólo estaban ocho asociaciones, en Galicia sólo la que usted preside.
-La dinámica de las asociaciones ha estado mediatizada preferentemente por las actividades de homenaje a los represaliados, y, en ciertos casos, muy condicionada por las pautas establecidas desde la Consellería de Cultura, quien en ocasiones ha encapsulado esa dinámica en fórmulas propias de actividades culturales. Además, la exhumación de restos ha carecido de predicamento en Galicia. Algunos colectivos pensamos que no es sólo necesario recuperar la memoria de los represaliados de tu pueblo, homenajearlos o exhumar sus cuerpos, sino también reparar el déficit democrático que supone no haber juzgado los crímenes del franquismo.
-La Ley de la Memoria Histórica delega en el asociaciones e incluso familiares de desaparecidos la investigación, localización y exhumación de los desaparecidos. ¿Qué papel le queda al Estado?
-Obviamente, debe ser el Estado el responsable de hacer todo esto. Durante 33 años no lo ha hecho. Es hora de que se ocupe de ello. Durante décadas los familiares de los desaparecidos han sufrido por esa inactividad del Estado. Esto ha desembocado en una situación de impunidad absoluta, es decir, en la inexistencia de cualquier responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria, en una insostenible indefensión, en la imposibilidad de ejercer el derecho a un recurso factible para lograr una reparación efectiva delante de la Justicia. Esta situación los convierte también en víctimas.
-Pase lo que pase en el proceso judicial, ¿seguirá con el trabajo de investigación?
-Si no conseguimos una respuesta judicial interna, recurriremos a las instancias internacionales para que sean ellas las que determinen que los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo no prescriben, y, por tanto, aunque algunos de esos crímenes tengan setenta y dos años constituyen delitos permanentes mientras las víctimas se encuentren en paradero desconocido.
ángel rodríguez gallardo, Portavoz de la Comisión por la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas
Ángel Rodríguez Gallardo: "Hay que juzgar los crímenes de Franco, no basta con hacer homenajes y abrir fosas"
"El Estado debe ocuparse de la investigación, localización y exhumación de los desaparecidos. Su inactividad durante décadas ha desembocado en una situación de impunidad absoluta".
R. PRIETO. A CORUÑA.
-¿Qué expectativas tiene puestas en la investigación abierta por Garzón sobre los desaparecidos del franquismo?
-Las asociaciones que pusimos la denuncia creemos que se puede abrir un nuevo contexto en el proceso de recuperación de la memoria histórica. La apelación a la justicia y la posibilidad de que esta se manifieste sobre los crímenes del franquismo varía la perspectiva política y civil. Administraciones estatales y autonómicas habrán de ajustarse a las decisiones de los jueces, de momento a entregar los datos sobre los represaliados y desaparecidos del franquismo. En algunos casos, son datos que los investigadores no hemos podido consultar jamás.
-¿El objetivo es pedir responsabilidades penales para los implicados en las desapariciones de la dictadura de Franco?
-El principal escollo legal es ese. Ninguno de los responsables penales está vivo, pero eso no debería entorpecer que se tomasen decisiones jurídicas sobre los delitos cometidos por el franquismo, entre ellos la responsabilidad del Estado en la recuperación de los cuerpos de los desaparecidos o en obligar a las instituciones vinculadas a la represión a realizar manifestaciones públicas de perdón. En cualquier caso, el régimen se alargó hasta 1975, y los 39 años de duración están sin juzgar.
-Resulta paradójico que en la Audiencia Nacional sean juzgados militares argentinos por la dictadura en el país austral y que en España no se celebren juicios por los asesinatos cometidos durante el franquismo.
-Una de las consecuencias de la Transición española fue que no se hablase y que no se investigase sobre lo ocurrido durante el franquismo. Desaparecida la generación de la Guerra Civil, sus nietos han descubierto el horror en el que vivieron sus abuelos. Unos quieren recuperar sus cuerpos, otros quieren una reparación pública por tanto años de silencio y abandono, los hay que quieren que nuestros jueces discriminen si el uso de la violencia ejercitado por el régimen franquista puede ser considerado un crimen contra la humanidad. El recuerdo de las torturas, los asesinados y los desaparecidos sobrevuela nuestra memoria y lo hará hasta que el Poder Judicial español o internacional no condene al franquismo como un régimen genocida.
-¿Cuánto tiempo puede llevar elaborar un censo de desaparecidos de la dictadura?-Depende de los medios. Pero si es bajo amparo judicial menos de 33 años, que es lo que llevamos de periodo democrático, tiempo en el que los poderes políticos, con su inactividad, no han colaborado para poder hacer ese censo de desaparecidos.-Pese a que ahora todos los colectivos de la memoria histórica están implicados en el caso, en la denuncia interpuesta hace más de un año sólo estaban ocho asociaciones, en Galicia sólo la que usted preside.
-La dinámica de las asociaciones ha estado mediatizada preferentemente por las actividades de homenaje a los represaliados, y, en ciertos casos, muy condicionada por las pautas establecidas desde la Consellería de Cultura, quien en ocasiones ha encapsulado esa dinámica en fórmulas propias de actividades culturales. Además, la exhumación de restos ha carecido de predicamento en Galicia. Algunos colectivos pensamos que no es sólo necesario recuperar la memoria de los represaliados de tu pueblo, homenajearlos o exhumar sus cuerpos, sino también reparar el déficit democrático que supone no haber juzgado los crímenes del franquismo.
-La Ley de la Memoria Histórica delega en el asociaciones e incluso familiares de desaparecidos la investigación, localización y exhumación de los desaparecidos. ¿Qué papel le queda al Estado?
-Obviamente, debe ser el Estado el responsable de hacer todo esto. Durante 33 años no lo ha hecho. Es hora de que se ocupe de ello. Durante décadas los familiares de los desaparecidos han sufrido por esa inactividad del Estado. Esto ha desembocado en una situación de impunidad absoluta, es decir, en la inexistencia de cualquier responsabilidad penal, civil, administrativa o disciplinaria, en una insostenible indefensión, en la imposibilidad de ejercer el derecho a un recurso factible para lograr una reparación efectiva delante de la Justicia. Esta situación los convierte también en víctimas.
-Pase lo que pase en el proceso judicial, ¿seguirá con el trabajo de investigación?
-Si no conseguimos una respuesta judicial interna, recurriremos a las instancias internacionales para que sean ellas las que determinen que los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo no prescriben, y, por tanto, aunque algunos de esos crímenes tengan setenta y dos años constituyen delitos permanentes mientras las víctimas se encuentren en paradero desconocido.
domingo, 21 de septiembre de 2008
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Republicanos y antifranquistas convertidos en Esclavos.
Fuente: http://todoslosrostros.blogspot.com/
Republicanos y antifranquistas convertidos en Esclavos
Ya desde los primeros días del golpe fascista y franquista quisieron los sublevados servirse de la gratuita fuerza de trabajo de los prisioneros republicanos para obtener una mano de obra forzada, esclava y nada gravosa.
Junto con los incipientes campos de concentración, los rebeldes crearon también el sistema de trabajo forzado en su propio beneficio, al que en breve no tardaría en unirse –para su justificación jurídica-- el edificio ideológico del concepto de Redención de Penas por el Trabajo. El 1 de junio de 1937, en el número 224 del Boletín Oficial del Estado fascista se publicaba en Burgos el decreto número 281 de 28 de mayo anterior firmado por el traidor general Franco, por el que los golpistas determinaban que era preciso convertir a los prisioneros republicanos en mano laboral muy barata, que trabajase en la práctica en condiciones de esclavitud, siendo los prisioneros encuadrados en Batallones de Trabajadores (en adelante BT) militarizados, en los que todos estaban obligados a trabajar en lo que se les ordenase. O, como decía el propio Franco a través de dicho BOE, "el derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto quince del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo.... Tal derecho al trabajo, viene presidido por la idea de derecho función o de derecho deber, y en lo preciso, de derecho obligación”. Por el nuevo decreto, un derecho se convertía en una obligación para los presos, que se veían transformados así en forzados y en esclavos.
En su artículo tercero, el mencionado decreto venía a decir también: "Cobrarán en concepto de jornales, mientras trabajen como peones, la cantidad de dos pesetas al día, de las que se reservará una peseta con cincuenta céntimos para manutención del interesado, entregándosele los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana”. Y en su artículo cuarto "los presos y prisioneros de guerra tendrán la consideración de personal militarizado, debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos, en su consecuencia al Código de Justicia Militar y al Convenio de Ginebra de 27 de junio de 1929". Es decir, que un civil republicano ciudadano libre hasta su apresamiento, se veía convertido repentinamente en un prisionero militarizado al que podía aplicársele --en pleno estado de guerra "legal"--el Código de Justicia Militar con toda su rigurosidad, siendo amparado en teoría pero estándole vedado en la práctica cualquiera de los derechos que como prisionero le garantizaba la Convención de Ginebra de 1929, violados todos ellos por los vencedores (aplicando a los vencidos torturas, asesinatos, secuestro, censura, incomunicación, etc., y dejando por revocación de la legislación republicana sin efecto “la Orden del 24-4-1931 que establecía la libertad de conciencia de los reclusos y la de recibir toda clase de prensa; Orden del 12-5-31 para mejorar el régimen alimenticio de los presos; Decreto del 27-9-34 concediendo un suplemento extraordinario para manutención de internos e hijos de reclusos en su compañía. Ley del 2-10-35 por la que se ordena retirar con la mayor urgencia cadenas blancas, grillos e hierros de sujeción que quedaban en los establecimientos penitenciarios; circular del 30-11-31 disponiendo que los gastos de viajes, billetes de ferrocarril y ropa de penados libertados, aún cuando posean fondos de su pecunio, serán abonados por la Administración”, según narra I. Berdugo, en “El Misterio de Justicia en la España Nacional”, en “Justicia en guerra”).
Además, y en lo que se refiere al salario penal del preso, de cada 2 pesetas diarias en concepto de jornal, una y media se las quedaba el Estado, y la media restante le debía servir a los presos para comprarse botas, calcetines y gorras usadas que no estuvieran rotas, substituir los viejos uniformes por ropa de trabajo menos gastada, comprar si pudiera un nuevo petate sin piojos y alguna raída manta y enviar lo que sobrara (¡¿?!) a la famélica familia, la cual había sido --en represalia-- desprovista por los vencedores de toda suerte de ingresos en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.
La reducción de penas a cambio de trabajo se articulaba mediante el mecanismo de canjear un día de pena menos, por cada dos de trabajo, todo ello siempre a expensas de que el Jefe Militar, su Plana Mayor y el sacerdote penitenciario del Batallón de Trabajadores, Colonia Penitenciaria o Destacamento Penal certificaran y comprobaran que el preso demostraba, en sus obras y en la manifestación de sus nuevas “creencias” políticas y religiosas que se estaba integrando con la Nueva España de Franco y de la Falange.
Así, con este aparente objetivo teórico –pero con el real de aprovecharse de una mano de obra gratuita-- y como consecuencia de este decreto y de otras medidas "legislativas" y coercitivas de los golpistas, --como por ejemplo la Orden del Ministerio de Justicia de 1 de octubre de 1938 sobre “Redención de penas por el Trabajo” (aplicable a los presos que habían sido condenados por adhesión o auxilio a la rebelión)--, ya en los campos de concentración franquista y a los pocos días de su captura, los presos republicanos fueron clasificados según su grado de afinidad (adictos, dudosos y desafectos) con el Régimen franquista mediante el examen de una Comisión Clasificadora ( al principio de la Guerra, eran Comisiones adscritas a Cuerpos de Ejército, luego lo fueron a provincias y luego a los mismos campos de concentración). Esta Comisión --en función al periodo y frente de la guerra en el que tuviera lugar la captura-- solicita (en algunos casos y momentos, era el propio preso quien lo hacía) informes urgentes a la Falange local del entorno de procedencia del preso, Guardia Civil, Policía, sacerdote de la parroquia, vecinos e incluso profesores de instituto o colegio para obtener (o NO) avales y/o determinar el encuadramiento del preso en las categorías siguientes:
- Adictos o no hostiles al “Movimiento Nacional”´, o tipo A
- Desafectos sin responsabilidad, tipo B
- Desafectos con responsabilidad, tipo C
- Criminales comunes, tipoD
Los presos clasificados como A se consideraban que habían sido movilizados por el Ejército Republicano para oponerse a los sublevados en contra de su voluntad. Si no se encontraban en situación de ser llamados a filas porque su quinta no lo hubiera hecho (bien por tener poca edad, o por tenerla en exceso), estos presos eran puestos en libertad. Si los A ya estaban incluidos en una quinta movilizada, eran puestos en libertad para ser encuadrados inmediatamente en las filas de los golpistas-sublevados-alzados.
Los B, que se incorporaron al Ejército Republicano voluntariamente para defender la legalidad pero sin ejercer cargos de responsabilidad, pasaron directamente a campos de concentración donde tras un --por lo general-- prolongado periodo de tiempo se integraban en los BT. Y todo ello, sin perjuicio de que fueran remitidos a la Auditoria de Guerra para ser juzgados por delito de "adhesión a la rebelión militar" y condenados a pena de prisión.
Los C, es decir, los republicanos defensores de la legalidad que se incorporaron al ejército voluntariamente ejerciendo cargos de responsabilidad o también los civiles que se distinguieron notoriamente por realizar actividades contra los sublevados (simples militantes o y también dirigentes de partidos políticos, sindicatos, funcionarios distinguidos de ayuntamientos, diputaciones, consejos de defensa, periodistas, escritores, mandos, oficiales y suboficiales del Ejército Popular de la República, etc., etc) fueron todos ellos considerados como reos del delito de "rebelión militar" y tras su clasificación como tales por la Comisión, pasaban directamente a una prisión (central, o provincial) bajo la jurisdicción de la Auditoria de Guerra del Ejército de Ocupación, la cual les sometía a un juicio sumario (en ocasiones, indiscriminado, colectivo y grupal) del cual se originaban numerosísimas condenas a muerte o a prolongadísimas penas de prisión (en módulos o paquetes de 12 años y un día, 20 años y un día, 30 años y un día, etc). Diversas fuentes calculan que estas Auditorías de Guerra produjeron al menos 70.000 fusilamientos desde 1936 a 1939 y otros 125.000 desde el final de la guerra hasta casi la década de los 40.
Por último, existía la categoría D es decir, los definidos y clasificados como criminales comunes, quienes sin tener responsabilidad política ni estar encuadrados en ninguna de las categorías anteriores, "eran adheridos al Ejército Nacional" (adictos y algunos desafectos sin responsabilidad) o eran incorporados a los Batallones de Trabajadores (la mayoría de los criminales desafectos).
En resumen, los prisioneros de guerra republicanos clasificados como C y D (y algunos de la B) con causa judicial incoada, pasaban a depender de las Auditorías de Guerra para ser juzgados en Consejo de Guerra, cumpliendo en cárceles y prisiones las penas impuestas, como penados o reclusos-trabajadores, siendo utilizados posteriormente por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (creadas por Ley de 28 de septiembre de 1939) en obras e industria pública y particular y organizados en Colonias Penitenciarias, Destacamentos Penales, Batallones de Trabajadores (BT) o Agrupaciones de Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP). Nacían así los BT. Éstos eran unidades militarizadas y disciplinadas que servían para que los presos republicanos realizaran de forma esclava y forzada trabajos pesados y de alto riesgo durante la guerra en primera línea de frente o en retaguardia tras la misma, de cara a la reconstrucción de zonas dañadas y también para ser "alquilados" por empresas privadas ligadas al incipiente régimen, empresas que obtenían gracias a ello mano de obra muy barata por la que pagaban al Estado --dueño, amo y señor de esos forzados, a todos los efectos esclavos-- una cantidad muy inferior al salario real de un trabajador libre.
Para la puesta en marcha de este sistema de trabajo forzado, uno de los primeros pasos que dieron los vencedores fue la creación del llamado Fichero Fisiotécnico del Patronato en el que se recogían los datos de todos los reclusos penados. En la ficha que se abría al preso constaba el nombre y apellidos, edad, naturaleza y nombre de los padres, profesión u oficio detallando la especialidad. Estas fichas, firmadas por el capellán, el médico y director de cada prisión debían ser remitidas al fisiotécnico dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo del testimonio de la sentencia o notificación de la condena y todo ello con el propósito de proporcionar al Estado, a las Corporaciones, a las Empresas, oficiales y particulares, a la Iglesia y a la Falange gran número de trabajadores .... reclusos”.
A mediados de 1937 se creó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra, cuya oficina central se estableció en Burgos inmediatamente bajo la autoridad del coronel Luis Martín Pinillos. Y ésta Inspección comenzó por organizar, desde mediados de agosto de 1937 los tres primeros BT y Campos y Depósitos de prisioneros en Talavera de la Reina (Toledo), San Pedro de Cardeña (Burgos) y Sigüenza (Guadalajara), y sin dilación los de Lerma, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Monasterio de la Santa Espina, Medina de Rioseco, Vitoria, Palencia y Logroño. Se iniciaban así los fundamentos que regirían el “nuevo sistema penitenciario” español, basado en el proceso de Redención de Penas por el trabajo, de invención supuestamente inspirada por el propio Franco e impulsada (como vehículo de propaganda moral y religiosa entre los penados para conseguir su redención ) por su verdadera “alma mater”, el padre José Augusto Pérez del Pulgar.
Con ello, bajo el lema “La disciplina de un cuartel, la seriedad de un Banco y la caridad de un convento”, el 15 de diciembre de 1938 y dependiente del Ministerio de Justicia se constituyó el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, que en 1942 ampliaría su denominación bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Su presidente era el Jefe del Servicio Nacional de Prisiones y actuaban como vocales un inspector de prisiones; un miembro de la Secretaría Técnica de la jefatura del Servicio Nacional; un representante del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda, nombrado a propuesta del Ministerio de Interior; y un sacerdote o religioso (Pérez del Pulgar), nombrado a propuesta del Cardenal Primado; además contaría con Juntas Locales en todas aquellas ciudades y villas donde existiesen presos políticos, Juntas que estaban constituidas por un Presidente en representación de la Alcaldía –forzosamente falangista--, un vocal sacerdote designado por el Patronato y una secretaria y que tenían entre uno de sus objetivos “el mejoramiento espiritual y político de las familias de los presos y de estos mismos” al tiempo que intentaba “arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas de odio y antipatria”. Se hace así evidente que el entramado represivo franquista se extendía desde las celdas hasta el interior de los hogares, dependiendo la suerte del preso y las exiguas vituallas y cartillas de racionamiento de su familia, de la patente y manifiesta demostración de arrepentimiento cristiano frente al frío escrutinio de tanto fanatizado sacerdote franquista suelto.
Miles y miles de presos --con penas leves, de hasta 12 años-- eran obligados a ingresar en los BT si querían alcanzar la libertad, siempre y cuando se les supusiera arrepentidos y dispuestos a satisfacer un doble rescate para alcanzar su libertad: “un rescate físico de trabajo, en reclusión aflictiva, y un rescate espiritual con actos positivos” (ver el excelente trabajo "El Sistema de Redención de Penas y los Campos de Trabajo franquistas (Ourense 1938-1943)", de Julio Prada Rodríguez y Domingo Rodríguez Teijeiro (Universidad de Vigo) en http://www.cefid.uab.es/files/comunicII-3.pdf.
Los actos positivos que permitían el rescate espiritual debían estar encuadrados en la ortodoxia católica apostólica y romana y de su veracidad y fiabilidad debía dar fe el sacerdote franquista destinado en el campo de prisioneros o en el batallón de trabajadores, el cual debía evaluar los logros del penado en alcanzar una profunda instrucción religiosa, sin la cual no se haría acreedor a ser destinado a los Batallones o a ser examinado por la Junta de Libertad Condicional del penal, en la que figuraban falangistas, sacerdotes y monjas. Por su parte, el rescate físico adoptó la forma de la Redención de Penas por el Trabajo, siendo supuestamente uno de sus fines principales el "contribuir a la reconstrucción del país" con mano de obra esclava.
Como bien mencionan Julio Prada y Domingo Rodríguez, los teóricos franquistas postulaban que "el trabajo del recluso va a significar también una importante economía a los gastos penitenciarios del Estado en función de una serie de consideraciones. En primer lugar, reduce casi a la tercera parte el tiempo de reclusión (si los penados trabajan desde el día de su ingreso en la cárcel y al conjugarse la redención con los beneficios de la libertad condicional). En segundo lugar, se destina una parte del salario a las familias de los presos y de este modo se elimina una importante carga al Estado, que ve disminuir los ya de por sí reducidos gastos para la asistencia social a las familias de los reclusos. Finalmente, supone un importante beneficio para la Hacienda Pública que recibe la diferencia entre el salario real y lo que se entrega a los reclusos y a sus familias".
El trabajo de los reclusos se empleaba en obras de carácter estatal, provincial o municipal, pero también empresas de carácter privado, la Iglesia y la Falange van a recurrir a este tipo de mano de obra, con la preceptiva autorización previa del Patronato; de este modo para la distribución de los trabajadores comienzan a crearse batallones de trabajo, colonias penitenciarias militarizadas o diversos tipos de destacamentos. También se admite la posibilidad de redimir pena por el trabajo desempeñando diversos puestos en el interior de las prisiones –destinos, trabajos auxiliares, trabajos eventuales, talleres–.
Ya el 1 de enero de 1939, cuando la guerra estaba casi terminada pues sólo faltaban tres meses para su finalización, el estado numérico de los efectivos que formaban los BT, Unidades Especiales y Grupos en fábricas y talleres y encuadramiento era el siguiente: 119 batallones con 87.589 trabajadores, a las órdenes de 43 jefes, 61 capitanes, 182 tenientes, 456 alféreces, 26 capellanes, 33 médicos, 23 brigadas, 1.437 cabos y 9.114 soldados. Siguiendo instrucciones de la Jefatura de Campos de Concentración, estas agrupaciones disciplinarias iniciaron un proceso de reducción, agrupación y desaparición desde finales de 1939.
La disolución de los BT comenzaría a hacerse efectiva desde mediados de diciembre de 1942, creándose una nueva estructura de Unidades Disciplinarias organizadas inicialmente en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP), en los que se encuadraban entre otros a los condenados en firme o penados pendientes del cumplimiento de las penas impuestas en Consejos de Guerra por delitos de rebelión, es decir, por haber sido fieles al Estado y el gobierno republicano sirviendo en su ejército o destacándose por su actividad o militancia al servicio de la causa democrática y republicana.
A finales de julio de 1942, según un estadillo de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, conservado en el Archivo General Militar de Avila, eran casi 50.000 los hombres que todavía estaban presos en estos batallones. Su distribución era la siguiente: en BDST (núms. 1 al 54 y 91 al 96): 45.457; en BDT (Batallón 75): 933; en Depósitos de Concentración (transeúntes, incidencias, presos inútiles, etc.): 1.193 soldados trabajadores, 3 trabajadores “emboscados”, 74 trabajadores enviados por la Fiscalía Superior deTasas, y 1.312 extranjeros. También fueron muy numerosos los presos republicanos insertos como soldados trabajadores en las Colonias Penitenciarias Militarizadas y en los Destacamentos Penales.
Integrados en el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, las Colonias y los Destacamentos dependían de las autoridades militares, su vigilancia exterior de la Guardia Civil o unidades del Ejército franquista y el régimen interno estaba a cargo de oficiales del cuerpo de prisiones.
Inicialmente, las Agrupaciones –con más de 5.000 presos asignados a mediados de 1943-- estuvieron destinadas en el Canal del Bajo Guadalquivir, en Los Merinales, Sevilla; en el Canal de Montijo, en la Vega Baja del Guadiana, Badajoz; en “El Campamento de la Sal” para la construcción del Canal del Bajo Alberche y la presa de Cazalegas, cerca de Talavera de la Reina, Toledo; en el Canal de Rosarito, en Añover del Tajo, Toledo; en la Real Acequia del Jarama; en la construcción de la Academia de Infantería de Toledo; en las obras del ferrocarril minero de Samper de Calanda a Andorra en la provincia de Teruel; y en otros trabajos en Lérida, Madrid, Alcalá de Henares, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Vegas de Puebla Nueva (Toledo) y Sádaba (Zaragoza). Cada Agrupación estaba dirigida por un jefe del Ejército del cuerpo de Ingenieros, asistido por su Plana Mayor, compuesta por un oficial de Ingenieros, uno de Sanidad y uno de Intendencia. Todos ellos contaban con el auxilio material y espiritual de un capellán penitenciario castrense o de un resabiado sacerdote (en muchos casos, con pistola al cinto) incrustado en el Destacamento o Colonia, el cual había sido enviado por el Cardenalato o el Obispado y efectuaba labores de informador, proselitista y comisario político franquista.
Los reclusos que llegaban a Las Colonias Penitenciarias, Batallones de Trabajadores y Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (Penados o nó), y Destacamentos Penales, procedían de depósitos municipales donde la característica principal, hasta que se producía el traslado del detenido a otras prisiones de mayor entidad para su procesamiento, eran los malos tratos y la práctica de torturas a los presos. Muchos de los fallecidos en estos centros de encierro y de los enfermos crónicos que vieron enormemente reducida su esperanza de vida, lo fueron por la tensión generada al pasar por la situación-espera de sentencia del consejo de guerra, la falta de higiene, la mala alimentación y las enfermedades contraídas durante su reclusión, tales como enterocolitis, caquexia por desnutrición, bronquitis, tuberculosis, etc”.
En los Batallones, Colonias y Destacamentos había presos cualificados como “ingenieros, arquitectos, peritos, topógrafos, médicos, farmacéuticos, practicantes, contables, capataces, listeros, carpinteros, herreros, electricistas, hormigoneros y, sobre todo, peones” según Isaías Lafuente, en “Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo”. El trabajo esclavo instaurado por el franquismo “era un inmenso negocio que movía cientos de millones de pesetas”, para José Luis Gutiérrez Molina, en “Los Presos del canal. El servicio de colonias penitenciarias militarizadas y el canal del bajo Guadalquivir (1940-1967)”, y que, en 1957, era en realidad “un organismo ejecutor de obras del Estado, sin concurrir a subasta ni concurso, y que viene realizando aquellas que no interesan mayormente a los contratistas privados”, según confiesa el propio Luis Carrero Blanco en escrito dirigigo al Presidente del INI en noviembre de 1957. Pero lejos de redimir e integrar al preso republicano y antifranquista, en las Colonias, Batallones y Destacamentos se maltrataba, se castigaba, e incluso se fusilaba a los evadidos atrapados (ver página 36 de http://www.cefid.uab.es/files/comunicII-2b.pdf) estando claro para Gutiérrez Molina que “la regeneración moral del vencido, uno de los objetivos permanentes del nacional-catolicismo, la humillación y persecución de los recalcitrantes estuvieron acompañadas por su explotación económica más brutal”.
Las obras realizadas por los forzados de los BDSTP fueron numerosísimas, desde actuaciones mineras a forestales, obras públicas civiles, acondicionamiento de márgenes de ríos, reforzamiento de defensas militares y un larguísimo etc. Obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, saltos como los del Nansa y el Sil, reconstrucción de pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones, trabajos en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete, Murcia, Cartagena, etc., obras públicas, como la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o el inconcluso Santander-Mediterráneo (con el conocido Túnel de La Engaña, construido por los presos de Valdenoceda trasladados al Destacamento Penal de Pedrosa de Valdeporres), la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Biela, y como más emblemáticos para los vencedores y humillante para los derrotados, el monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, los aeropuertos de Sondica o Labacolla, los estadios municipales de Valladolid y Palencia, la cárcel de Carabanchel (embarcada ahora en un intento de derribo y liquidación de su planta y de su memoria por parte de las autoridades madrileñas), etc., etc., etc.
Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC. Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones. Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano, C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas, etc., etc.
La Iglesia católica española, el más importante e influyente apoyo de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una “Cruzada”, también se benefició de este Trabajo Esclavo. Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como forzados esclavos numerosos presos políticos, figuran las de la ya mencionada construcción del monasterio y cripta del Valle de los Caídos, la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen, los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares y una cantidad ingente de actuaciones mayores y menores en iglesias, conventos, monasterios, basílicas, seminarios, colegios, ermitas, etc., etc., etc.
A diferencia de los jerarcas nazis juzgados y condenados en Nüremberg por la esclavitud, las deportaciones y los asesinatos que cometieron, ninguna de los responsables políticos y militares franquistas del sistema de trabajo esclavo fue nunca juzgado ni reprobado por ello, ni durante el franquismo (evidentemente) ni durante el actual periodo monárquico constitucional (¿evidentemente, también?).
A diferencia de las empresas alemanas que han pedido perdón a las víctimas antinazis que esclavizaron, abonándolas también miles de millones en marcos --y en la actualidad, lo siguen haciendo en euros--, ninguna de las empresas españolas que se enriquecieron con este trabajo esclavo (o sus actuales empresas herederas, propietarias o subsidiarias) han pedido perdón a los forzados que fueron explotados por ellas y no han abonado nunca ni un céntimo en concepto de indemnizaciones.
A diferencia de las Iglesias católicas y de otras confesiones que en Alemania han pedido perdón por haberse beneficiado directamente del trabajo esclavo de judíos, gitanos, rusos, polacos, etc., la Iglesia Católica Apostólica y Romana de España nunca ha pedido perdón porque la solidez de su actual patrimonio inmobiliario se sustente en buena parte en el resultado de obras ejecutadas por prisioneros políticos republicano y antifranquistas encerrados y explotados en contra de su voluntad.
Republicanos y antifranquistas convertidos en Esclavos
Ya desde los primeros días del golpe fascista y franquista quisieron los sublevados servirse de la gratuita fuerza de trabajo de los prisioneros republicanos para obtener una mano de obra forzada, esclava y nada gravosa.
Junto con los incipientes campos de concentración, los rebeldes crearon también el sistema de trabajo forzado en su propio beneficio, al que en breve no tardaría en unirse –para su justificación jurídica-- el edificio ideológico del concepto de Redención de Penas por el Trabajo. El 1 de junio de 1937, en el número 224 del Boletín Oficial del Estado fascista se publicaba en Burgos el decreto número 281 de 28 de mayo anterior firmado por el traidor general Franco, por el que los golpistas determinaban que era preciso convertir a los prisioneros republicanos en mano laboral muy barata, que trabajase en la práctica en condiciones de esclavitud, siendo los prisioneros encuadrados en Batallones de Trabajadores (en adelante BT) militarizados, en los que todos estaban obligados a trabajar en lo que se les ordenase. O, como decía el propio Franco a través de dicho BOE, "el derecho al trabajo, que tienen todos los españoles, como principio básico declarado en el punto quince del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, no ha de ser regateado por el Nuevo Estado a los prisioneros y presos rojos, en tanto en cuanto no se oponga, en su desarrollo, a las previsiones que en orden a vigilancia merecen, quienes olvidaron los más elementales deberes de patriotismo.... Tal derecho al trabajo, viene presidido por la idea de derecho función o de derecho deber, y en lo preciso, de derecho obligación”. Por el nuevo decreto, un derecho se convertía en una obligación para los presos, que se veían transformados así en forzados y en esclavos.
En su artículo tercero, el mencionado decreto venía a decir también: "Cobrarán en concepto de jornales, mientras trabajen como peones, la cantidad de dos pesetas al día, de las que se reservará una peseta con cincuenta céntimos para manutención del interesado, entregándosele los cincuenta céntimos restantes al terminar la semana”. Y en su artículo cuarto "los presos y prisioneros de guerra tendrán la consideración de personal militarizado, debiendo vestir el uniforme que se designará, y quedando sujetos, en su consecuencia al Código de Justicia Militar y al Convenio de Ginebra de 27 de junio de 1929". Es decir, que un civil republicano ciudadano libre hasta su apresamiento, se veía convertido repentinamente en un prisionero militarizado al que podía aplicársele --en pleno estado de guerra "legal"--el Código de Justicia Militar con toda su rigurosidad, siendo amparado en teoría pero estándole vedado en la práctica cualquiera de los derechos que como prisionero le garantizaba la Convención de Ginebra de 1929, violados todos ellos por los vencedores (aplicando a los vencidos torturas, asesinatos, secuestro, censura, incomunicación, etc., y dejando por revocación de la legislación republicana sin efecto “la Orden del 24-4-1931 que establecía la libertad de conciencia de los reclusos y la de recibir toda clase de prensa; Orden del 12-5-31 para mejorar el régimen alimenticio de los presos; Decreto del 27-9-34 concediendo un suplemento extraordinario para manutención de internos e hijos de reclusos en su compañía. Ley del 2-10-35 por la que se ordena retirar con la mayor urgencia cadenas blancas, grillos e hierros de sujeción que quedaban en los establecimientos penitenciarios; circular del 30-11-31 disponiendo que los gastos de viajes, billetes de ferrocarril y ropa de penados libertados, aún cuando posean fondos de su pecunio, serán abonados por la Administración”, según narra I. Berdugo, en “El Misterio de Justicia en la España Nacional”, en “Justicia en guerra”).
Además, y en lo que se refiere al salario penal del preso, de cada 2 pesetas diarias en concepto de jornal, una y media se las quedaba el Estado, y la media restante le debía servir a los presos para comprarse botas, calcetines y gorras usadas que no estuvieran rotas, substituir los viejos uniformes por ropa de trabajo menos gastada, comprar si pudiera un nuevo petate sin piojos y alguna raída manta y enviar lo que sobrara (¡¿?!) a la famélica familia, la cual había sido --en represalia-- desprovista por los vencedores de toda suerte de ingresos en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas.
La reducción de penas a cambio de trabajo se articulaba mediante el mecanismo de canjear un día de pena menos, por cada dos de trabajo, todo ello siempre a expensas de que el Jefe Militar, su Plana Mayor y el sacerdote penitenciario del Batallón de Trabajadores, Colonia Penitenciaria o Destacamento Penal certificaran y comprobaran que el preso demostraba, en sus obras y en la manifestación de sus nuevas “creencias” políticas y religiosas que se estaba integrando con la Nueva España de Franco y de la Falange.
Así, con este aparente objetivo teórico –pero con el real de aprovecharse de una mano de obra gratuita-- y como consecuencia de este decreto y de otras medidas "legislativas" y coercitivas de los golpistas, --como por ejemplo la Orden del Ministerio de Justicia de 1 de octubre de 1938 sobre “Redención de penas por el Trabajo” (aplicable a los presos que habían sido condenados por adhesión o auxilio a la rebelión)--, ya en los campos de concentración franquista y a los pocos días de su captura, los presos republicanos fueron clasificados según su grado de afinidad (adictos, dudosos y desafectos) con el Régimen franquista mediante el examen de una Comisión Clasificadora ( al principio de la Guerra, eran Comisiones adscritas a Cuerpos de Ejército, luego lo fueron a provincias y luego a los mismos campos de concentración). Esta Comisión --en función al periodo y frente de la guerra en el que tuviera lugar la captura-- solicita (en algunos casos y momentos, era el propio preso quien lo hacía) informes urgentes a la Falange local del entorno de procedencia del preso, Guardia Civil, Policía, sacerdote de la parroquia, vecinos e incluso profesores de instituto o colegio para obtener (o NO) avales y/o determinar el encuadramiento del preso en las categorías siguientes:
- Adictos o no hostiles al “Movimiento Nacional”´, o tipo A
- Desafectos sin responsabilidad, tipo B
- Desafectos con responsabilidad, tipo C
- Criminales comunes, tipoD
Los presos clasificados como A se consideraban que habían sido movilizados por el Ejército Republicano para oponerse a los sublevados en contra de su voluntad. Si no se encontraban en situación de ser llamados a filas porque su quinta no lo hubiera hecho (bien por tener poca edad, o por tenerla en exceso), estos presos eran puestos en libertad. Si los A ya estaban incluidos en una quinta movilizada, eran puestos en libertad para ser encuadrados inmediatamente en las filas de los golpistas-sublevados-alzados.
Los B, que se incorporaron al Ejército Republicano voluntariamente para defender la legalidad pero sin ejercer cargos de responsabilidad, pasaron directamente a campos de concentración donde tras un --por lo general-- prolongado periodo de tiempo se integraban en los BT. Y todo ello, sin perjuicio de que fueran remitidos a la Auditoria de Guerra para ser juzgados por delito de "adhesión a la rebelión militar" y condenados a pena de prisión.
Los C, es decir, los republicanos defensores de la legalidad que se incorporaron al ejército voluntariamente ejerciendo cargos de responsabilidad o también los civiles que se distinguieron notoriamente por realizar actividades contra los sublevados (simples militantes o y también dirigentes de partidos políticos, sindicatos, funcionarios distinguidos de ayuntamientos, diputaciones, consejos de defensa, periodistas, escritores, mandos, oficiales y suboficiales del Ejército Popular de la República, etc., etc) fueron todos ellos considerados como reos del delito de "rebelión militar" y tras su clasificación como tales por la Comisión, pasaban directamente a una prisión (central, o provincial) bajo la jurisdicción de la Auditoria de Guerra del Ejército de Ocupación, la cual les sometía a un juicio sumario (en ocasiones, indiscriminado, colectivo y grupal) del cual se originaban numerosísimas condenas a muerte o a prolongadísimas penas de prisión (en módulos o paquetes de 12 años y un día, 20 años y un día, 30 años y un día, etc). Diversas fuentes calculan que estas Auditorías de Guerra produjeron al menos 70.000 fusilamientos desde 1936 a 1939 y otros 125.000 desde el final de la guerra hasta casi la década de los 40.
Por último, existía la categoría D es decir, los definidos y clasificados como criminales comunes, quienes sin tener responsabilidad política ni estar encuadrados en ninguna de las categorías anteriores, "eran adheridos al Ejército Nacional" (adictos y algunos desafectos sin responsabilidad) o eran incorporados a los Batallones de Trabajadores (la mayoría de los criminales desafectos).
En resumen, los prisioneros de guerra republicanos clasificados como C y D (y algunos de la B) con causa judicial incoada, pasaban a depender de las Auditorías de Guerra para ser juzgados en Consejo de Guerra, cumpliendo en cárceles y prisiones las penas impuestas, como penados o reclusos-trabajadores, siendo utilizados posteriormente por el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas (creadas por Ley de 28 de septiembre de 1939) en obras e industria pública y particular y organizados en Colonias Penitenciarias, Destacamentos Penales, Batallones de Trabajadores (BT) o Agrupaciones de Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP). Nacían así los BT. Éstos eran unidades militarizadas y disciplinadas que servían para que los presos republicanos realizaran de forma esclava y forzada trabajos pesados y de alto riesgo durante la guerra en primera línea de frente o en retaguardia tras la misma, de cara a la reconstrucción de zonas dañadas y también para ser "alquilados" por empresas privadas ligadas al incipiente régimen, empresas que obtenían gracias a ello mano de obra muy barata por la que pagaban al Estado --dueño, amo y señor de esos forzados, a todos los efectos esclavos-- una cantidad muy inferior al salario real de un trabajador libre.
Para la puesta en marcha de este sistema de trabajo forzado, uno de los primeros pasos que dieron los vencedores fue la creación del llamado Fichero Fisiotécnico del Patronato en el que se recogían los datos de todos los reclusos penados. En la ficha que se abría al preso constaba el nombre y apellidos, edad, naturaleza y nombre de los padres, profesión u oficio detallando la especialidad. Estas fichas, firmadas por el capellán, el médico y director de cada prisión debían ser remitidas al fisiotécnico dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al recibo del testimonio de la sentencia o notificación de la condena y todo ello con el propósito de proporcionar al Estado, a las Corporaciones, a las Empresas, oficiales y particulares, a la Iglesia y a la Falange gran número de trabajadores .... reclusos”.
A mediados de 1937 se creó la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra, cuya oficina central se estableció en Burgos inmediatamente bajo la autoridad del coronel Luis Martín Pinillos. Y ésta Inspección comenzó por organizar, desde mediados de agosto de 1937 los tres primeros BT y Campos y Depósitos de prisioneros en Talavera de la Reina (Toledo), San Pedro de Cardeña (Burgos) y Sigüenza (Guadalajara), y sin dilación los de Lerma, Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Monasterio de la Santa Espina, Medina de Rioseco, Vitoria, Palencia y Logroño. Se iniciaban así los fundamentos que regirían el “nuevo sistema penitenciario” español, basado en el proceso de Redención de Penas por el trabajo, de invención supuestamente inspirada por el propio Franco e impulsada (como vehículo de propaganda moral y religiosa entre los penados para conseguir su redención ) por su verdadera “alma mater”, el padre José Augusto Pérez del Pulgar.
Con ello, bajo el lema “La disciplina de un cuartel, la seriedad de un Banco y la caridad de un convento”, el 15 de diciembre de 1938 y dependiente del Ministerio de Justicia se constituyó el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, que en 1942 ampliaría su denominación bajo la advocación de Nuestra Señora de la Merced. Su presidente era el Jefe del Servicio Nacional de Prisiones y actuaban como vocales un inspector de prisiones; un miembro de la Secretaría Técnica de la jefatura del Servicio Nacional; un representante del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda, nombrado a propuesta del Ministerio de Interior; y un sacerdote o religioso (Pérez del Pulgar), nombrado a propuesta del Cardenal Primado; además contaría con Juntas Locales en todas aquellas ciudades y villas donde existiesen presos políticos, Juntas que estaban constituidas por un Presidente en representación de la Alcaldía –forzosamente falangista--, un vocal sacerdote designado por el Patronato y una secretaria y que tenían entre uno de sus objetivos “el mejoramiento espiritual y político de las familias de los presos y de estos mismos” al tiempo que intentaba “arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas de odio y antipatria”. Se hace así evidente que el entramado represivo franquista se extendía desde las celdas hasta el interior de los hogares, dependiendo la suerte del preso y las exiguas vituallas y cartillas de racionamiento de su familia, de la patente y manifiesta demostración de arrepentimiento cristiano frente al frío escrutinio de tanto fanatizado sacerdote franquista suelto.
Miles y miles de presos --con penas leves, de hasta 12 años-- eran obligados a ingresar en los BT si querían alcanzar la libertad, siempre y cuando se les supusiera arrepentidos y dispuestos a satisfacer un doble rescate para alcanzar su libertad: “un rescate físico de trabajo, en reclusión aflictiva, y un rescate espiritual con actos positivos” (ver el excelente trabajo "El Sistema de Redención de Penas y los Campos de Trabajo franquistas (Ourense 1938-1943)", de Julio Prada Rodríguez y Domingo Rodríguez Teijeiro (Universidad de Vigo) en http://www.cefid.uab.es/files/comunicII-3.pdf.
Los actos positivos que permitían el rescate espiritual debían estar encuadrados en la ortodoxia católica apostólica y romana y de su veracidad y fiabilidad debía dar fe el sacerdote franquista destinado en el campo de prisioneros o en el batallón de trabajadores, el cual debía evaluar los logros del penado en alcanzar una profunda instrucción religiosa, sin la cual no se haría acreedor a ser destinado a los Batallones o a ser examinado por la Junta de Libertad Condicional del penal, en la que figuraban falangistas, sacerdotes y monjas. Por su parte, el rescate físico adoptó la forma de la Redención de Penas por el Trabajo, siendo supuestamente uno de sus fines principales el "contribuir a la reconstrucción del país" con mano de obra esclava.
Como bien mencionan Julio Prada y Domingo Rodríguez, los teóricos franquistas postulaban que "el trabajo del recluso va a significar también una importante economía a los gastos penitenciarios del Estado en función de una serie de consideraciones. En primer lugar, reduce casi a la tercera parte el tiempo de reclusión (si los penados trabajan desde el día de su ingreso en la cárcel y al conjugarse la redención con los beneficios de la libertad condicional). En segundo lugar, se destina una parte del salario a las familias de los presos y de este modo se elimina una importante carga al Estado, que ve disminuir los ya de por sí reducidos gastos para la asistencia social a las familias de los reclusos. Finalmente, supone un importante beneficio para la Hacienda Pública que recibe la diferencia entre el salario real y lo que se entrega a los reclusos y a sus familias".
El trabajo de los reclusos se empleaba en obras de carácter estatal, provincial o municipal, pero también empresas de carácter privado, la Iglesia y la Falange van a recurrir a este tipo de mano de obra, con la preceptiva autorización previa del Patronato; de este modo para la distribución de los trabajadores comienzan a crearse batallones de trabajo, colonias penitenciarias militarizadas o diversos tipos de destacamentos. También se admite la posibilidad de redimir pena por el trabajo desempeñando diversos puestos en el interior de las prisiones –destinos, trabajos auxiliares, trabajos eventuales, talleres–.
Ya el 1 de enero de 1939, cuando la guerra estaba casi terminada pues sólo faltaban tres meses para su finalización, el estado numérico de los efectivos que formaban los BT, Unidades Especiales y Grupos en fábricas y talleres y encuadramiento era el siguiente: 119 batallones con 87.589 trabajadores, a las órdenes de 43 jefes, 61 capitanes, 182 tenientes, 456 alféreces, 26 capellanes, 33 médicos, 23 brigadas, 1.437 cabos y 9.114 soldados. Siguiendo instrucciones de la Jefatura de Campos de Concentración, estas agrupaciones disciplinarias iniciaron un proceso de reducción, agrupación y desaparición desde finales de 1939.
La disolución de los BT comenzaría a hacerse efectiva desde mediados de diciembre de 1942, creándose una nueva estructura de Unidades Disciplinarias organizadas inicialmente en Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP), en los que se encuadraban entre otros a los condenados en firme o penados pendientes del cumplimiento de las penas impuestas en Consejos de Guerra por delitos de rebelión, es decir, por haber sido fieles al Estado y el gobierno republicano sirviendo en su ejército o destacándose por su actividad o militancia al servicio de la causa democrática y republicana.
A finales de julio de 1942, según un estadillo de la Jefatura de Campos de Concentración y Batallones Disciplinarios, conservado en el Archivo General Militar de Avila, eran casi 50.000 los hombres que todavía estaban presos en estos batallones. Su distribución era la siguiente: en BDST (núms. 1 al 54 y 91 al 96): 45.457; en BDT (Batallón 75): 933; en Depósitos de Concentración (transeúntes, incidencias, presos inútiles, etc.): 1.193 soldados trabajadores, 3 trabajadores “emboscados”, 74 trabajadores enviados por la Fiscalía Superior deTasas, y 1.312 extranjeros. También fueron muy numerosos los presos republicanos insertos como soldados trabajadores en las Colonias Penitenciarias Militarizadas y en los Destacamentos Penales.
Integrados en el sistema de Redención de Penas por el Trabajo, las Colonias y los Destacamentos dependían de las autoridades militares, su vigilancia exterior de la Guardia Civil o unidades del Ejército franquista y el régimen interno estaba a cargo de oficiales del cuerpo de prisiones.
Inicialmente, las Agrupaciones –con más de 5.000 presos asignados a mediados de 1943-- estuvieron destinadas en el Canal del Bajo Guadalquivir, en Los Merinales, Sevilla; en el Canal de Montijo, en la Vega Baja del Guadiana, Badajoz; en “El Campamento de la Sal” para la construcción del Canal del Bajo Alberche y la presa de Cazalegas, cerca de Talavera de la Reina, Toledo; en el Canal de Rosarito, en Añover del Tajo, Toledo; en la Real Acequia del Jarama; en la construcción de la Academia de Infantería de Toledo; en las obras del ferrocarril minero de Samper de Calanda a Andorra en la provincia de Teruel; y en otros trabajos en Lérida, Madrid, Alcalá de Henares, Navalmoral de la Mata (Cáceres), Vegas de Puebla Nueva (Toledo) y Sádaba (Zaragoza). Cada Agrupación estaba dirigida por un jefe del Ejército del cuerpo de Ingenieros, asistido por su Plana Mayor, compuesta por un oficial de Ingenieros, uno de Sanidad y uno de Intendencia. Todos ellos contaban con el auxilio material y espiritual de un capellán penitenciario castrense o de un resabiado sacerdote (en muchos casos, con pistola al cinto) incrustado en el Destacamento o Colonia, el cual había sido enviado por el Cardenalato o el Obispado y efectuaba labores de informador, proselitista y comisario político franquista.
Los reclusos que llegaban a Las Colonias Penitenciarias, Batallones de Trabajadores y Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores (Penados o nó), y Destacamentos Penales, procedían de depósitos municipales donde la característica principal, hasta que se producía el traslado del detenido a otras prisiones de mayor entidad para su procesamiento, eran los malos tratos y la práctica de torturas a los presos. Muchos de los fallecidos en estos centros de encierro y de los enfermos crónicos que vieron enormemente reducida su esperanza de vida, lo fueron por la tensión generada al pasar por la situación-espera de sentencia del consejo de guerra, la falta de higiene, la mala alimentación y las enfermedades contraídas durante su reclusión, tales como enterocolitis, caquexia por desnutrición, bronquitis, tuberculosis, etc”.
En los Batallones, Colonias y Destacamentos había presos cualificados como “ingenieros, arquitectos, peritos, topógrafos, médicos, farmacéuticos, practicantes, contables, capataces, listeros, carpinteros, herreros, electricistas, hormigoneros y, sobre todo, peones” según Isaías Lafuente, en “Esclavos por la patria. La explotación de los presos bajo el franquismo”. El trabajo esclavo instaurado por el franquismo “era un inmenso negocio que movía cientos de millones de pesetas”, para José Luis Gutiérrez Molina, en “Los Presos del canal. El servicio de colonias penitenciarias militarizadas y el canal del bajo Guadalquivir (1940-1967)”, y que, en 1957, era en realidad “un organismo ejecutor de obras del Estado, sin concurrir a subasta ni concurso, y que viene realizando aquellas que no interesan mayormente a los contratistas privados”, según confiesa el propio Luis Carrero Blanco en escrito dirigigo al Presidente del INI en noviembre de 1957. Pero lejos de redimir e integrar al preso republicano y antifranquista, en las Colonias, Batallones y Destacamentos se maltrataba, se castigaba, e incluso se fusilaba a los evadidos atrapados (ver página 36 de http://www.cefid.uab.es/files/comunicII-2b.pdf) estando claro para Gutiérrez Molina que “la regeneración moral del vencido, uno de los objetivos permanentes del nacional-catolicismo, la humillación y persecución de los recalcitrantes estuvieron acompañadas por su explotación económica más brutal”.
Las obras realizadas por los forzados de los BDSTP fueron numerosísimas, desde actuaciones mineras a forestales, obras públicas civiles, acondicionamiento de márgenes de ríos, reforzamiento de defensas militares y un larguísimo etc. Obras hidráulicas como los embalses del Ebro, Benagéver, Entrepeñas, Pálmaces, Mediano, Riosequillo, Revenga, Barasona, Mansilla de la Sierra, González Lacasa, El Cenajo, Torre del Águila, Barrios de Luna, Yesa, San Esteban y Linares, la Real Acequia del Jarama, canales como el Bajo del Guadalquivir, Bajo del Alberche, Montijo, Jarama, Bárdenas, Monegros, Toro-Zamora, Bierzo, Badarán y Linares del Arroyo, saltos como los del Nansa y el Sil, reconstrucción de pueblos y ciudades como Belchite, Brunete, Oviedo, Teruel, Toledo, Huesca, Lleida, Gernika, Amorebieta, Éibar, Potes, Quinto de Ebro, Mediana de Aragón, Puebla de Albortón, Boadilla del Monte, Villamanín, Vilanova de la Barca, Sabiñánigo o Figueres, entre muchas otras poblaciones, trabajos en las minas de mercurio de Almadén, en los pozos Maria Luisa, Fondón y San Mamés de Duro Felguera, en las minas de antracita de Fabero y en muchas otras empresas mineras, en Asturias, Leñón, Pontevedra, Lleida, Ourense, Teruel, Albacete, Murcia, Cartagena, etc., obras públicas, como la construcción del ferrocarril Madrid-Burgos, Zamora-A Coruña, Tudela de Veguin a Lugo de Llanera, Pedernales-Bermeo o el inconcluso Santander-Mediterráneo (con el conocido Túnel de La Engaña, construido por los presos de Valdenoceda trasladados al Destacamento Penal de Pedrosa de Valdeporres), la primera estación ferroviaria de Chamartín, en Madrid, carreteras como las de Canfranc, de la carretera de A Coruña a El Escorial, variantes de carreteras como las de Madrid-Valencia Puerto Contreras, Honrubia, Oropesa, los puertos del Escudo y del Arzobispo, el túnel de Biela, y como más emblemáticos para los vencedores y humillante para los derrotados, el monasterio y la cripta del Valle de los Caídos, los aeropuertos de Sondica o Labacolla, los estadios municipales de Valladolid y Palencia, la cárcel de Carabanchel (embarcada ahora en un intento de derribo y liquidación de su planta y de su memoria por parte de las autoridades madrileñas), etc., etc., etc.
Entre las empresas privadas españolas que más frecuentemente tuvieron a su servicio como trabajadores forzados a prisioneros políticos del franquismo figuraron en lugar muy destacado y constante Dragados y Construcciones, Banús, A. Marroquín, San Román, Hermanos Nicolás Gómez y Construcciones ABC. Algunas de estas empresas privadas se lucraron con el trabajo forzado y apenas pagado de gran número de prisioneros políticos del franquismo por espacio de más de dos décadas, como lo hizo en concreto la empresa Dragados y Construcciones fundamentalmente en la construcción de gran número de pantanos, mientras que en el caso de Banús lo hicieron todavía hasta el año 1969 en todo tipo de obras y construcciones. Otras empresas que tuvieron a presos políticos trabajando a su servicio fueron, por ejemplo, Babcock-Wilcox, Carbones Asturianos, Constructora Naval, Industrias Egaña, Talleres La Trefilera, Plasencia de las Armas, Esperanza y Compañía SA, Talleres Murga, Cementos Portland-Iberia, Cementos Asland, Metro de Madrid, Riegos Asfálticos, Sacristán, Portolés y Compañía, Sicot, José M. Padró, Carbonífera Palomar, Montes de Galicia, A.Villalón, E.Osis, Elizarrán, Hidro Nitro Española, Minas del Bierzo, Experiencias Industriales, Gutiérrez Oliva, A.Carretero, Sanz Bueno, Salvador Cuota, Maquinista y Fundición del Ebro, Regino Criado, Ferrocarriles y Minas, Antracitas Gaiztarro, Múgica-Arellano y Cía, Minero Siderúrgica de Orallo, ECIA, Vías y Riegos, Duro-Felguera, C.Peña, Julián A. Expósito, Cimentaciones y Obras, E.Medrano, C.Mardellano, D.L.Pastora, M.Llagostera, I.Arribalaga, J.Dobarco, Sociedad Marcor, Ramón Echave, SAFA, Burés, Industrias Artísticas Agrupadas, etc., etc.
La Iglesia católica española, el más importante e influyente apoyo de Franco tras haber declarado formal y oficialmente que la insurrección militar era una “Cruzada”, también se benefició de este Trabajo Esclavo. Entre otras construcciones para la Iglesia católica en las que fueron obligados a trabajar como forzados esclavos numerosos presos políticos, figuran las de la ya mencionada construcción del monasterio y cripta del Valle de los Caídos, la reconstrucción de la catedral y el seminario de Vic, el colegio de los escolapios de San Antón en Madrid, el seminario orensano de Ervedelos, la vallisoletana iglesia del Carmen, los conventos de las madres adoratrices de Cartagena, Valladolid y Alcalá de Henares y una cantidad ingente de actuaciones mayores y menores en iglesias, conventos, monasterios, basílicas, seminarios, colegios, ermitas, etc., etc., etc.
A diferencia de los jerarcas nazis juzgados y condenados en Nüremberg por la esclavitud, las deportaciones y los asesinatos que cometieron, ninguna de los responsables políticos y militares franquistas del sistema de trabajo esclavo fue nunca juzgado ni reprobado por ello, ni durante el franquismo (evidentemente) ni durante el actual periodo monárquico constitucional (¿evidentemente, también?).
A diferencia de las empresas alemanas que han pedido perdón a las víctimas antinazis que esclavizaron, abonándolas también miles de millones en marcos --y en la actualidad, lo siguen haciendo en euros--, ninguna de las empresas españolas que se enriquecieron con este trabajo esclavo (o sus actuales empresas herederas, propietarias o subsidiarias) han pedido perdón a los forzados que fueron explotados por ellas y no han abonado nunca ni un céntimo en concepto de indemnizaciones.
A diferencia de las Iglesias católicas y de otras confesiones que en Alemania han pedido perdón por haberse beneficiado directamente del trabajo esclavo de judíos, gitanos, rusos, polacos, etc., la Iglesia Católica Apostólica y Romana de España nunca ha pedido perdón porque la solidez de su actual patrimonio inmobiliario se sustente en buena parte en el resultado de obras ejecutadas por prisioneros políticos republicano y antifranquistas encerrados y explotados en contra de su voluntad.
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