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El genocidio franquista.Crimenes contra la humanidad
http://es.youtube.com/watch?v=DXMu1nTsPqo PARTE 1
http://es.youtube.com/watch?v=sPoBv0UmKEk PARTE 2
El abogado Joan Garcés en el programa de TVE 59 segundos, entrevistado por Ana Pastor.Los crímenes contra la humanidad del franquismo y su similitud con los cometidos en las dictaduras latinoamericanas. El abogado, que fue asesor de Salvador Allende, y actualmente lleva la causa de la nieta de Negrín contra los magistrados que han boicoteado la acción de Garzón, explica lo que se puede y debe hacer legalmente con la causa de la Memoria Histórica, qué son los crímenes contra la humanidad y por qué no prescriben.
Miles de niños secuestrados por la dictadura de Franco en España http://es.youtube.com/watch?v=wunwQzRYyeQ
Ricard Vinyes autor de "Los niños perdidos del franquismo" entrevistado en "La Noche en 24" .El libro que ha citado el juez Baltasar Garzón para denunciar que el robo de niños durante la dictadura franquista fue peor que el de Argentina. Los pequeños eran separados de sus madres al amparo del Patronato de Nuestra Señora de la Merced, que en el año 1943 tutelaba a más de 12.000 niños.
Las órdenes de exterminio del franquismo. Así mandaron matar a 130.000 españoles http://es.youtube.com/watch?v=QGJRQSRd8Yw
Asi dieron las ordenes de exterminar a más de 130.000 españoles los fascistas que hoy defienden el PP, UPyD, y Falange frente a la causa abierta por el juez Garzón. Noticias de la Sexta.
Debate en el Parlamento Europeo. 4 Julio 2006. Los partidos políticos salvo PP y ultraderecha condenan el franquismo
http://video.google.com/videoplay?docid=6942303775484297299&hl=es
Mayor Oreja y dos diputados de la ultraderecha polaca se niegan a condenar el franquismo. Vídeos con las intervenciones. "Europa dejó solos a los españoles en un gesto de traición contra la democracia que costaría muy caro a todos los europeos”. El reconocimiento quedó escrito en todos los idiomas en el Parlamento Europeo, que condenó el franquismo el 4 de Julio de 2006.Todos los Europarlamentarios salvo los del Partido Popular español, y dos polacos, uno de derecha, y otro de ultraderecha. Los ultras, como se puede ver en el vídeo con las intenvenciones del PP y la ultraderecha, la liaron parda.. Aunque el PP español consideró este debate un error, el presidente del Grupo Popular Europeo, el alemán Hans-Gert Pöttering, pidió la palabra para contradecir a los eurodiputados polacos que afirmaron que Franco y la iglesia salvaron a España. Fueron varios, algunos muy emotivos los apoyos de algunos europarlamentarios al reconocimiento de la democracia republicana, y la condena al régimen genocida franquista. (Integro, 40 minutos)
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martes, 2 de diciembre de 2008
lunes, 24 de noviembre de 2008
El genocidio franquista
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El genocidio franquista
PEDRO GUERRERO RUIZ
Hace 33 años que murió el militar golpista Francisco Franco, quien, después del levantamiento armado contra la legítima República española, se autoproclamó generalísimo e impuso, desde la fuerza de las armas, una dictadura fascista. Un régimen represor y cruel que duró mientras vivió el dictador. Su muerte y la posterior restauración democrática forman parte de la memoria del pueblo y la historia hace que jamás pueda olvidarse. Esto es cierto, tanto por la certeza de los acontecimientos bélicos como por las secuelas de los crímenes que se cometieron para eliminar a quienes defendían la República. Crímenes y secuestros que todavía perduran: miles de asesinados y niños y niñas arrancados de sus familias, educados contra la ideología de sus padres y entregados a un destino lejano al de su origen familiar. Esta terrible agresión a los derechos humanos y a las leyes se conoce como genocidio, que es tanto como decir "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos políticos". No soy jurista, ni falta que me hace, para entender que la pertenencia a cualquier grupo fascista o la alabanza del franquismo, sea cual sea la forma adoptada, debe ser prohibida y castigada por las leyes. En este sentido, una revisión de la Ley de la Memoria Histórica vendría a condenar no solamente los crímenes contra la humanidad del franquista sino también a los grupos o personas que fuesen favorables a esta ideología criminal. Un paso definitivo para la total restauración democrática sería, por tanto, la prohibición de estas organizaciones así como las opiniones fascistas, declarándoseles también actos de terrorismo contra dichos grupos o personas que pudieran defender el genocidio franquista. Digo lo anterior, sabiendo que la guerra española y sus secuelas han dejado tanta tristeza, tanta crueldad y tanta sangre en España que conviene que se conozca la veracidad de los hechos y se devuelva la dignidad a esas personas asesinadas, muchos de ellos sin enterramiento desde que se cometieron los crímenes. En este sentido no se puede entender que el Gobierno y los grupos políticos democráticos no hayan determinado ya el juicio a Franco y su dictadura, para que no sólo el Parlamento español sino la Justicia condenen aquel golpe de Estado fascista, y prohibiendo radicalmente su negra mitología manifestada en los símbolos de aquella dictadura. En este sentido, los que aún quedan en iglesias y calles deben ser retirados por los poderes públicos correspondientes (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos). Y si esto no fuese así, el Poder Judicial deberá obligar al cumplimiento de la ley, sobre todo cuando sabemos que, en muchas ocasiones, la derecha es reacia a cumplir con estos preceptos legales.
Todo lo demás, es darle vueltas a una idea cada vez más desafortunada: la de la no abrir viejas heridas, que es tanto como dejar sangrando en estado latente las que nos dejó el largo periodo del franquismo. Sólo con leyes que se cumplan y con actos que devuelvan la dignidad a los derrotados, que nunca vencidos, fuesen represaliados, secuestrados o asesinados, se podrá acabar con este ya largo juicio social de la historia más negra de España, y sobre todo para que la razón ideológica pase a enmarcarse a la legalidad constitucional en relación con estos crímenes contra la humanidad del genocidio franquista.
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El genocidio franquista
PEDRO GUERRERO RUIZ
Hace 33 años que murió el militar golpista Francisco Franco, quien, después del levantamiento armado contra la legítima República española, se autoproclamó generalísimo e impuso, desde la fuerza de las armas, una dictadura fascista. Un régimen represor y cruel que duró mientras vivió el dictador. Su muerte y la posterior restauración democrática forman parte de la memoria del pueblo y la historia hace que jamás pueda olvidarse. Esto es cierto, tanto por la certeza de los acontecimientos bélicos como por las secuelas de los crímenes que se cometieron para eliminar a quienes defendían la República. Crímenes y secuestros que todavía perduran: miles de asesinados y niños y niñas arrancados de sus familias, educados contra la ideología de sus padres y entregados a un destino lejano al de su origen familiar. Esta terrible agresión a los derechos humanos y a las leyes se conoce como genocidio, que es tanto como decir "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos políticos". No soy jurista, ni falta que me hace, para entender que la pertenencia a cualquier grupo fascista o la alabanza del franquismo, sea cual sea la forma adoptada, debe ser prohibida y castigada por las leyes. En este sentido, una revisión de la Ley de la Memoria Histórica vendría a condenar no solamente los crímenes contra la humanidad del franquista sino también a los grupos o personas que fuesen favorables a esta ideología criminal. Un paso definitivo para la total restauración democrática sería, por tanto, la prohibición de estas organizaciones así como las opiniones fascistas, declarándoseles también actos de terrorismo contra dichos grupos o personas que pudieran defender el genocidio franquista. Digo lo anterior, sabiendo que la guerra española y sus secuelas han dejado tanta tristeza, tanta crueldad y tanta sangre en España que conviene que se conozca la veracidad de los hechos y se devuelva la dignidad a esas personas asesinadas, muchos de ellos sin enterramiento desde que se cometieron los crímenes. En este sentido no se puede entender que el Gobierno y los grupos políticos democráticos no hayan determinado ya el juicio a Franco y su dictadura, para que no sólo el Parlamento español sino la Justicia condenen aquel golpe de Estado fascista, y prohibiendo radicalmente su negra mitología manifestada en los símbolos de aquella dictadura. En este sentido, los que aún quedan en iglesias y calles deben ser retirados por los poderes públicos correspondientes (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos). Y si esto no fuese así, el Poder Judicial deberá obligar al cumplimiento de la ley, sobre todo cuando sabemos que, en muchas ocasiones, la derecha es reacia a cumplir con estos preceptos legales.
Todo lo demás, es darle vueltas a una idea cada vez más desafortunada: la de la no abrir viejas heridas, que es tanto como dejar sangrando en estado latente las que nos dejó el largo periodo del franquismo. Sólo con leyes que se cumplan y con actos que devuelvan la dignidad a los derrotados, que nunca vencidos, fuesen represaliados, secuestrados o asesinados, se podrá acabar con este ya largo juicio social de la historia más negra de España, y sobre todo para que la razón ideológica pase a enmarcarse a la legalidad constitucional en relación con estos crímenes contra la humanidad del genocidio franquista.
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jueves, 6 de noviembre de 2008
El genocidio que arrasó Córdoba
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El genocidio que arrasó Córdoba
JESÚS CENTENO
Un total de 11.581 personas desaparecieron en Córdoba durante la guerra civil, según un nuevo libro
JESÚS CENTENO - Madrid - 06/11/2008 21:31
Todo se puede resumir en una cifra: 11.581. Es el número -brutal y probablemente incompleto- de personas desaparecidas en Córdoba durante la represión franquista, según el historiador Francisco Moreno Gómez. Este académico publicó ayer 1936. El genocidio franquista en Córdoba (Crítica), donde, tras 30 años de trabajo, concluye que Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía. Y que programó su ocultación con total impunidad.
Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía
La mayoría de las víctimas no tienen nombre. Fueron enterradas sin identificar y sus familiares murieron o se exiliaron. Perecieron sobre todo en 1936, bajo el llamado Terror de Don Bruno, es decir, del teniente coronel Bruno Ibañez, enviado "con carta blanca" por el general Queipo de Llano. Lo llamativo es que las derechas prepararon el alzamiento con meses de antelación -campañas de violencia callejera incluida- para promover la inestabilidad política y poner así a su favor al cuartel africanista, al casino latifundista y a la sacristía "cómplice e integrista".
Moreno Gómez dice que la represión franquista fue una auténtica guerra preventiva, sin escrúpulos ni miramientos. "Los fascistas mataron en todas partes, durante muchos años, de manera programada y ciega, en caliente y en frío", explica a Público el historiador, que ha hecho recuento.
Explica que se encarceló a miles de personas en la antigua prisión de Córdoba, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pero que muchos no llegaron a su destino. Unos 4.000 descansan cerca de los cementerios. El resto, unos 750, murieron debido a la insalubridad de las cárceles. A ellos hay que sumar 220 maquis muertos en la sierra y otros 160 aniquilados por servir de enlaces con los republicanos. También hubo 1.600 represaliados en la posguerra, 220 exterminados en los campos del III Reich y otras 4.500 personas que aún reposan en fosas comunes de la provincia.
Sometimiento y masacre
Si en Sevilla la resistencia obrera terminó en masacre y con amenazas de "justicia sumarísima", en Córdoba su gobernador civil hizo oídos sordos, "poniendo en evidencia su complicidad". Así, el 19 de julio, la provincia se despertó con 48 de los 75 municipios en manos del bando sublevado, aunque los Comités de Defensa de la República consiguieron mantener algunas zonas, como la cuenca minera de Peñarroya, que por algún tiempo se mantuvo leal a la República.
"El castigo se convirtió en un genocidio premeditado"
No obstante, terminada la resistencia, "el castigo se convirtió en un genocidio premeditado", que aumentó tras la visita de los generales Varela y Queipo de Llano: "Lo ocurrido sobrepasa y desborda la capacidad de síntesis de cualquier historiador. Sobrepasa la capacidad de cualquier mente humana. Y nunca conoceremos sus cifras exactas porque se emplearon todos los métodos posibles de la desaparición".
El autor explica que el exterminio comenzó con personalidades del Frente Popular, pero que después se extendió en forma de fusilamientos en masa. Por último, llegó la fase más espeluznante y bautizada como solución final, cuyo vendaval de sangre sumió en el pánico a toda la población. La mayoría cayó en los conocidos paseos: en el cortijo de El Telégrafo, en la carretera de Almadén, en la cuesta de Los Visos y en Alcoloea. Murieron concejales, ferroviarios, maestros, ingenieros... Y, sobre todo, gente de la cultura, como el poeta José María Alvariño, una de las mayores promesas de la poesía cordobesa del siglo XX, que desapareció en 1936.
El inframundo de las denuncias fue otro rasgo de la represión. Aparecían esbirros, aduladores y arribistas que se ofrecían como verdugos y delatores. Los registros domiciliarios y las detenciones eran un espectáculo cotidiano y el pueblo aprendió a vivir cercado: se fusilaba con acusaciones, como "por espía" o "por sospechoso". Hasta familias del campo, "por irse con los rojos". Era la arbitrariedad total, que es lo que más terror produce, "porque nadie, en esas circunstancias, puede sentirse seguro", concluye el historiador.
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El genocidio que arrasó Córdoba
JESÚS CENTENO
Un total de 11.581 personas desaparecieron en Córdoba durante la guerra civil, según un nuevo libro
JESÚS CENTENO - Madrid - 06/11/2008 21:31
Todo se puede resumir en una cifra: 11.581. Es el número -brutal y probablemente incompleto- de personas desaparecidas en Córdoba durante la represión franquista, según el historiador Francisco Moreno Gómez. Este académico publicó ayer 1936. El genocidio franquista en Córdoba (Crítica), donde, tras 30 años de trabajo, concluye que Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía. Y que programó su ocultación con total impunidad.
Franco planeó una matanza a sangre fría, al estilo de la Solución Final nazi contra la comunidad judía
La mayoría de las víctimas no tienen nombre. Fueron enterradas sin identificar y sus familiares murieron o se exiliaron. Perecieron sobre todo en 1936, bajo el llamado Terror de Don Bruno, es decir, del teniente coronel Bruno Ibañez, enviado "con carta blanca" por el general Queipo de Llano. Lo llamativo es que las derechas prepararon el alzamiento con meses de antelación -campañas de violencia callejera incluida- para promover la inestabilidad política y poner así a su favor al cuartel africanista, al casino latifundista y a la sacristía "cómplice e integrista".
Moreno Gómez dice que la represión franquista fue una auténtica guerra preventiva, sin escrúpulos ni miramientos. "Los fascistas mataron en todas partes, durante muchos años, de manera programada y ciega, en caliente y en frío", explica a Público el historiador, que ha hecho recuento.
Explica que se encarceló a miles de personas en la antigua prisión de Córdoba, en el Alcázar de los Reyes Cristianos, pero que muchos no llegaron a su destino. Unos 4.000 descansan cerca de los cementerios. El resto, unos 750, murieron debido a la insalubridad de las cárceles. A ellos hay que sumar 220 maquis muertos en la sierra y otros 160 aniquilados por servir de enlaces con los republicanos. También hubo 1.600 represaliados en la posguerra, 220 exterminados en los campos del III Reich y otras 4.500 personas que aún reposan en fosas comunes de la provincia.
Sometimiento y masacre
Si en Sevilla la resistencia obrera terminó en masacre y con amenazas de "justicia sumarísima", en Córdoba su gobernador civil hizo oídos sordos, "poniendo en evidencia su complicidad". Así, el 19 de julio, la provincia se despertó con 48 de los 75 municipios en manos del bando sublevado, aunque los Comités de Defensa de la República consiguieron mantener algunas zonas, como la cuenca minera de Peñarroya, que por algún tiempo se mantuvo leal a la República.
"El castigo se convirtió en un genocidio premeditado"
No obstante, terminada la resistencia, "el castigo se convirtió en un genocidio premeditado", que aumentó tras la visita de los generales Varela y Queipo de Llano: "Lo ocurrido sobrepasa y desborda la capacidad de síntesis de cualquier historiador. Sobrepasa la capacidad de cualquier mente humana. Y nunca conoceremos sus cifras exactas porque se emplearon todos los métodos posibles de la desaparición".
El autor explica que el exterminio comenzó con personalidades del Frente Popular, pero que después se extendió en forma de fusilamientos en masa. Por último, llegó la fase más espeluznante y bautizada como solución final, cuyo vendaval de sangre sumió en el pánico a toda la población. La mayoría cayó en los conocidos paseos: en el cortijo de El Telégrafo, en la carretera de Almadén, en la cuesta de Los Visos y en Alcoloea. Murieron concejales, ferroviarios, maestros, ingenieros... Y, sobre todo, gente de la cultura, como el poeta José María Alvariño, una de las mayores promesas de la poesía cordobesa del siglo XX, que desapareció en 1936.
El inframundo de las denuncias fue otro rasgo de la represión. Aparecían esbirros, aduladores y arribistas que se ofrecían como verdugos y delatores. Los registros domiciliarios y las detenciones eran un espectáculo cotidiano y el pueblo aprendió a vivir cercado: se fusilaba con acusaciones, como "por espía" o "por sospechoso". Hasta familias del campo, "por irse con los rojos". Era la arbitrariedad total, que es lo que más terror produce, "porque nadie, en esas circunstancias, puede sentirse seguro", concluye el historiador.
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lunes, 3 de noviembre de 2008
Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales.
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Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Las 40.000 víctimas del “terror rojo” son pocas comparadas con las más de 130.000 que se cobró la represión franquista
GUSTAVO VIDAL MANZANARES
El calendario de festejos y beatificaciones en lotes de a cien, confeccionado por los inefables Ratzinger y Rouco Varela, nos traslada a la gran tragedia española del siglo XX.
Nadie discute a la iglesia católica su derecho para formar equipos de beatos. Y mucho menos se la acusa de “reabrir viejas heridas”. Por ello indigna la hipocresía episcopal que lleva sus muertos a los cielos, pero que se rasga las sotanas cuando los otros tan sólo desean arrancar de la tierra a los suyos.
Rechinar de dientes
Mientras un bando nunca dejó de honrar a sus caídos, al otro sólo le quedaba rechinar los dientes. Cuando, hartos de apretar las mandíbulas, algunos han decidido apartar la tierra negra que cubre los huesos de los suyos, les han llovido burlas, improperios y acusaciones de “reabrir viejas heridas”. No, las llagas no se cerrarán hasta que el último hueso sea rescatado de la ignominia del barro y el olvido.
Resignación expirada
Por si esto no fuera suficiente, durante años ha habido que escuchar tópicos machacones del tipo de “todos fueron iguales” o “barbaridades se cometieron por igual en ambas partes”. Pero la resignación ante esta mentira ha expirado.
Los dos bandos no fueron iguales
Así, el historiador Francisco Espinosa acaba de alumbrar un documentado estudio sobre las atrocidades de nuestra guerra civil. En su obra se desmonta la indigna falsedad de “los dos bandos fueron iguales”. Reconozcamos que en la transición no podía airearse esta podredumbre, pero hoy esta investigación seria desmonta la falacia.
Cifras dispares
De este modo, las cifras del “terror rojo” apenas llegaron a 40.000 personas. Escalofriante, ciertamente, pero muy poco comparado con las más de 130.000 víctimas que se cobró la represión franquista. Cifra que, lejos de ser definitiva, va en aumento a medida que se profundiza en archivos y cunetas.
Plan de exterminio
Pero la diferencia fundamental no radica solo en el número de muertos, sino en que los sublevados perpetraron, según el documentado estudio de Francisco Espinosa, un “plan de exterminio desde el principio y valiéndose de los resortes del poder”. Algo que, además, encaja con las sucias palabras de Queipo de Llano a José López Pinto, jefe de los golpistas gaditanos… “¡Esto se acaba!, es preciso que antes hayas matado a todos los comunistas”.
Un genocidio, sin más
No estamos hablando de venganzas ciegas ejecutadas por partidas de incontrolados, no… estamos refiriéndonos a un plan bien medido, desde la cúspide de los sublevados, y con la finalidad de asesinar a todos los desafectos a la rebelión. Un genocidio, sin más.
Consejos y bandos
Para ejecutar su plan de asesinatos se sirvieron de dos instrumentos: los consejos sumarísimos de urgencia y los bandos de guerra. De esta manera, Espinosa nos muestra cómo el mapa de las fosas se superpone a los lugares donde el golpe militar fue triunfando.
La recuperación de la verdad
Hemos debido esperar tres décadas desde la Constitución para poder clamar esta verdad: ambos bandos no fueron iguales, no se cometieron las mismas barbaridades en las dos partes y, por supuestos, no se ejecutaron de igual manera.
Confiemos, por tanto, que la luz que ya va iluminando los huesos quebrados de las cunetas, alumbre también esta verdad histórica.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
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Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Las 40.000 víctimas del “terror rojo” son pocas comparadas con las más de 130.000 que se cobró la represión franquista
GUSTAVO VIDAL MANZANARES
El calendario de festejos y beatificaciones en lotes de a cien, confeccionado por los inefables Ratzinger y Rouco Varela, nos traslada a la gran tragedia española del siglo XX.
Nadie discute a la iglesia católica su derecho para formar equipos de beatos. Y mucho menos se la acusa de “reabrir viejas heridas”. Por ello indigna la hipocresía episcopal que lleva sus muertos a los cielos, pero que se rasga las sotanas cuando los otros tan sólo desean arrancar de la tierra a los suyos.
Rechinar de dientes
Mientras un bando nunca dejó de honrar a sus caídos, al otro sólo le quedaba rechinar los dientes. Cuando, hartos de apretar las mandíbulas, algunos han decidido apartar la tierra negra que cubre los huesos de los suyos, les han llovido burlas, improperios y acusaciones de “reabrir viejas heridas”. No, las llagas no se cerrarán hasta que el último hueso sea rescatado de la ignominia del barro y el olvido.
Resignación expirada
Por si esto no fuera suficiente, durante años ha habido que escuchar tópicos machacones del tipo de “todos fueron iguales” o “barbaridades se cometieron por igual en ambas partes”. Pero la resignación ante esta mentira ha expirado.
Los dos bandos no fueron iguales
Así, el historiador Francisco Espinosa acaba de alumbrar un documentado estudio sobre las atrocidades de nuestra guerra civil. En su obra se desmonta la indigna falsedad de “los dos bandos fueron iguales”. Reconozcamos que en la transición no podía airearse esta podredumbre, pero hoy esta investigación seria desmonta la falacia.
Cifras dispares
De este modo, las cifras del “terror rojo” apenas llegaron a 40.000 personas. Escalofriante, ciertamente, pero muy poco comparado con las más de 130.000 víctimas que se cobró la represión franquista. Cifra que, lejos de ser definitiva, va en aumento a medida que se profundiza en archivos y cunetas.
Plan de exterminio
Pero la diferencia fundamental no radica solo en el número de muertos, sino en que los sublevados perpetraron, según el documentado estudio de Francisco Espinosa, un “plan de exterminio desde el principio y valiéndose de los resortes del poder”. Algo que, además, encaja con las sucias palabras de Queipo de Llano a José López Pinto, jefe de los golpistas gaditanos… “¡Esto se acaba!, es preciso que antes hayas matado a todos los comunistas”.
Un genocidio, sin más
No estamos hablando de venganzas ciegas ejecutadas por partidas de incontrolados, no… estamos refiriéndonos a un plan bien medido, desde la cúspide de los sublevados, y con la finalidad de asesinar a todos los desafectos a la rebelión. Un genocidio, sin más.
Consejos y bandos
Para ejecutar su plan de asesinatos se sirvieron de dos instrumentos: los consejos sumarísimos de urgencia y los bandos de guerra. De esta manera, Espinosa nos muestra cómo el mapa de las fosas se superpone a los lugares donde el golpe militar fue triunfando.
La recuperación de la verdad
Hemos debido esperar tres décadas desde la Constitución para poder clamar esta verdad: ambos bandos no fueron iguales, no se cometieron las mismas barbaridades en las dos partes y, por supuestos, no se ejecutaron de igual manera.
Confiemos, por tanto, que la luz que ya va iluminando los huesos quebrados de las cunetas, alumbre también esta verdad histórica.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
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jueves, 30 de octubre de 2008
Un prolongado genocidio: Antonio Elorza.
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Un prolongado genocidio
ANTONIO ELORZA
España no se encuentra aislada en el mundo. Lo que muchos presentan como una jugada personalista de Garzón, calificado en estas mismas páginas de "juez campeador", se inserta en una larga marcha iniciada en 1945 para calificar y sancionar adecuadamente lo que hasta entonces fueron, en palabras de Churchill, "crímenes sin nombre". Hace poco el Tribunal Supremo de Italia ha dado el aldabonazo de condenar a Alemania a pagar una indemnización económica por la matanza cometida en 1944 por los soldados germanos en tres pueblecillos toscanos. Un antecedente que abre la puerta a una cascada futura de indemnizaciones. El transcurso del tiempo no ha borrado esos crímenes, ni en Francia los de Klaus Barbie y Papon, verdugo nazi uno y colaborador con el genocidio el otro.
Con los argumentos del fiscal Zaragoza no hubiera sido posible castigar a los criminales nazis
Lo cierto es que no fue fácil desde un principio lograr el encaje de tales crímenes en el ordenamiento jurídico. Desde un primer momento, surgió el obstáculo de que forjar un nuevo tipo de delito, el correspondiente a la acción hitleriana contra judíos y pueblos sometidos en Europa del Este, suponía quebrantar ante todo el principio de que la norma no debe ser aplicada retroactivamente, así como de modo complementario en décadas posteriores la exigencia de prescripción.
Lo primero, la no retroactividad, es una clave en la argumentación del recurso del fiscal Zaragoza contra el auto del juez Garzón. No sería posible aplicar una norma promulgada con posterioridad al delito que viene a sancionar. Claro que de este modo los crímenes peores de los nazis, el Holocausto en primer término, nunca hubiera podido ser castigado. Son bien conocidos los esfuerzos para tipificar ese nuevo crimen contra la humanidad, anunciado en Armenia en 1915, por parte del jurista Rafaël Lemkin, quien incluso acuñó al efecto el neologismo de genocidio hoy consagrado, al tiempo que lograba una definición precisa del mismo, en gran parte recogida en el texto aprobado por la Asamblea de la ONU en diciembre de 1948.
El recurso del fiscal Zaragoza acumula las objeciones jurídicas, pero pasa por alto, a mi juicio torticeramente, el aspecto esencial del auto de Garzón, más allá de sus posibles errores: la calificación de crimen de lesa humanidad del levantamiento militar de 1936 se basa no sólo en la rebelión contra el régimen republicano, sino en que la misma se hizo con la finalidad preconcebida de exterminar a un colectivo perfectamente delimitado, la izquierda política y cultural de España. Tal es la divisoria bien conocida desde Lemkin, que Zaragoza no debiera haber emborronado hablando de una supuesta "inquisición general". Puede haber un asesinato de masas, con responsables políticos identificables, como los que tuvieron lugar en Paracuellos y con las sacas sucesivas de noviembre del 36 en Madrid, pero en tales actos puntuales de barbarie estaliniana falta el móvil fijado de antemano para proceder a un aniquilamiento general, el distintivo del genocidio que en cambio sí conviene al Gran Terror de 1936-38.
Los textos de Franco, Mola y Queipo ofrecidos por Garzón ilustran perfectamente esa voluntad de suprimir a los dirigentes y los cuadros de la izquierda política y sindical, así como de llevar a cabo el "genocidio cultural", la eliminación de las élites democráticas. Mala calificación jurídica es asimilar tales palabras y tales comportamientos asesinos con una simple rebelión militar como la de Primo de Rivera en 1923. Y es que, además, hay testimonios inequívocos anteriores. La documentación del Archivo de Asuntos Exteriores francés conserva los informes del embajador Jean Herbette, quien en noviembre de 1935 recoge las posiciones enfrentadas de Gil Robles, partidario de "un régimen de autoridad" cuasi-dictatorial, sin golpe de Estado, y la de su colaborador el general Franco, defensor del "golpe de Estado que debiera desarrollar la tarea 'como una operación quirúrgica" (comillas de Herbette). Y bien que la llevaron a cabo de palabra y obra, siendo la más clara confirmación de que el genocidio constituía el núcleo del levantamiento que su lógica mortífera siguiera imperando después del fin de la guerra, prolongándose a mi modo de ver -y aquí discrepo de Garzón- hasta el asesinato judicial de Julián Grimau en 1963. Les faltó sólo la informática: los cientos de miles de fichas reunidas en el Archivo de Salamanca prueban su voluntad de consumar "la operación quirúrgica" puesta en marcha el mismo 17 de julio de 1936.
La transición democrática se hizo sobre la base de una reconciliación asimétrica, forzada por las circunstancias, y casi nadie pone en tela de juicio que ello fue una necesidad histórica, supuesto imprescindible para que aceptaran el cambio los poderosos residuos franquistas, con "la columna vertebral del régimen" en primer plano. Hoy, transcurridos 70 años, no debiera existir razón alguna para que la memoria histórica vaya más allá del imprescindible rescate de las víctimas de las fosas comunes. Una recuperación que limitada a ese gesto seguiría dejando impune a quienes conscientemente desencadenaron aquella orgía de muerte. De ahí la pertinencia de proceder a la adecuada calificación jurídica del genocidio franquista, sin olvidar los asesinatos masivos registrados en la España republicana, que no son lo mismo que crímenes republicanos. Los cometidos en la llamada zona nacional y desde 1939 sí son crímenes franquistas.
Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.
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Un prolongado genocidio
ANTONIO ELORZA
España no se encuentra aislada en el mundo. Lo que muchos presentan como una jugada personalista de Garzón, calificado en estas mismas páginas de "juez campeador", se inserta en una larga marcha iniciada en 1945 para calificar y sancionar adecuadamente lo que hasta entonces fueron, en palabras de Churchill, "crímenes sin nombre". Hace poco el Tribunal Supremo de Italia ha dado el aldabonazo de condenar a Alemania a pagar una indemnización económica por la matanza cometida en 1944 por los soldados germanos en tres pueblecillos toscanos. Un antecedente que abre la puerta a una cascada futura de indemnizaciones. El transcurso del tiempo no ha borrado esos crímenes, ni en Francia los de Klaus Barbie y Papon, verdugo nazi uno y colaborador con el genocidio el otro.
Con los argumentos del fiscal Zaragoza no hubiera sido posible castigar a los criminales nazis
Lo cierto es que no fue fácil desde un principio lograr el encaje de tales crímenes en el ordenamiento jurídico. Desde un primer momento, surgió el obstáculo de que forjar un nuevo tipo de delito, el correspondiente a la acción hitleriana contra judíos y pueblos sometidos en Europa del Este, suponía quebrantar ante todo el principio de que la norma no debe ser aplicada retroactivamente, así como de modo complementario en décadas posteriores la exigencia de prescripción.
Lo primero, la no retroactividad, es una clave en la argumentación del recurso del fiscal Zaragoza contra el auto del juez Garzón. No sería posible aplicar una norma promulgada con posterioridad al delito que viene a sancionar. Claro que de este modo los crímenes peores de los nazis, el Holocausto en primer término, nunca hubiera podido ser castigado. Son bien conocidos los esfuerzos para tipificar ese nuevo crimen contra la humanidad, anunciado en Armenia en 1915, por parte del jurista Rafaël Lemkin, quien incluso acuñó al efecto el neologismo de genocidio hoy consagrado, al tiempo que lograba una definición precisa del mismo, en gran parte recogida en el texto aprobado por la Asamblea de la ONU en diciembre de 1948.
El recurso del fiscal Zaragoza acumula las objeciones jurídicas, pero pasa por alto, a mi juicio torticeramente, el aspecto esencial del auto de Garzón, más allá de sus posibles errores: la calificación de crimen de lesa humanidad del levantamiento militar de 1936 se basa no sólo en la rebelión contra el régimen republicano, sino en que la misma se hizo con la finalidad preconcebida de exterminar a un colectivo perfectamente delimitado, la izquierda política y cultural de España. Tal es la divisoria bien conocida desde Lemkin, que Zaragoza no debiera haber emborronado hablando de una supuesta "inquisición general". Puede haber un asesinato de masas, con responsables políticos identificables, como los que tuvieron lugar en Paracuellos y con las sacas sucesivas de noviembre del 36 en Madrid, pero en tales actos puntuales de barbarie estaliniana falta el móvil fijado de antemano para proceder a un aniquilamiento general, el distintivo del genocidio que en cambio sí conviene al Gran Terror de 1936-38.
Los textos de Franco, Mola y Queipo ofrecidos por Garzón ilustran perfectamente esa voluntad de suprimir a los dirigentes y los cuadros de la izquierda política y sindical, así como de llevar a cabo el "genocidio cultural", la eliminación de las élites democráticas. Mala calificación jurídica es asimilar tales palabras y tales comportamientos asesinos con una simple rebelión militar como la de Primo de Rivera en 1923. Y es que, además, hay testimonios inequívocos anteriores. La documentación del Archivo de Asuntos Exteriores francés conserva los informes del embajador Jean Herbette, quien en noviembre de 1935 recoge las posiciones enfrentadas de Gil Robles, partidario de "un régimen de autoridad" cuasi-dictatorial, sin golpe de Estado, y la de su colaborador el general Franco, defensor del "golpe de Estado que debiera desarrollar la tarea 'como una operación quirúrgica" (comillas de Herbette). Y bien que la llevaron a cabo de palabra y obra, siendo la más clara confirmación de que el genocidio constituía el núcleo del levantamiento que su lógica mortífera siguiera imperando después del fin de la guerra, prolongándose a mi modo de ver -y aquí discrepo de Garzón- hasta el asesinato judicial de Julián Grimau en 1963. Les faltó sólo la informática: los cientos de miles de fichas reunidas en el Archivo de Salamanca prueban su voluntad de consumar "la operación quirúrgica" puesta en marcha el mismo 17 de julio de 1936.
La transición democrática se hizo sobre la base de una reconciliación asimétrica, forzada por las circunstancias, y casi nadie pone en tela de juicio que ello fue una necesidad histórica, supuesto imprescindible para que aceptaran el cambio los poderosos residuos franquistas, con "la columna vertebral del régimen" en primer plano. Hoy, transcurridos 70 años, no debiera existir razón alguna para que la memoria histórica vaya más allá del imprescindible rescate de las víctimas de las fosas comunes. Una recuperación que limitada a ese gesto seguiría dejando impune a quienes conscientemente desencadenaron aquella orgía de muerte. De ahí la pertinencia de proceder a la adecuada calificación jurídica del genocidio franquista, sin olvidar los asesinatos masivos registrados en la España republicana, que no son lo mismo que crímenes republicanos. Los cometidos en la llamada zona nacional y desde 1939 sí son crímenes franquistas.
Antonio Elorza es catedrático de Ciencia Política.
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jueves, 16 de octubre de 2008
Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil.
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Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil
El magistrado se declara competente al entender que se trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 16/10/2008 12:23
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crímenes los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado adopta la decisión al entender que se trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Además, Garzón ha autorizado las exhumaciones de 19 fosas supuestamente de víctimas de la Guerra Civil, entre las que se supone que están enterrados los restos del poeta granadino Federico García Lorca.
Contra altos organismos
En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos organismos de la nación —que competen a la Audiencia Nacional—, y no han prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se produjeron en aquellos años.
Garzón pide los certificados de defunción de Franco y otros 34 generales franquistas
En su auto, Garzón pide a los registros civiles los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 generales franquistas, a fin de poder declarar extinguida la responsabilidad penal que pudieran tener en el delito investigado.
Asímismo, el juez solicita al Ministerio del Interior que identifique al mayor número de dirigentes de la Falange Española entre junio de 1936 y diciembre de 1951 para imputarles o declarar extinguida su responsabilidad si hubieran fallecido.
Recopilación de datos
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.
De toda España
Exhumación del cadáver de un hombre asesinado en la Guerra Civil. (AFP)
El listado entregado a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Catalunya, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de Africa, 262 de Canarias y 7 de otros territorios. Andalucía tuvo 29.091 víctimas
Según el abogado de las asociaciones, Fernando Magán, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.
Investigar ambos bandos
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil".
Garzón ha explicado —a través del auto— que la investigación se realizará "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferencación alguna entre ellos".
El magistrado cree que la acción de la Justicia "debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos".
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Garzón investigará la represión franquista y exhumará las fosas
JOSÉ YOLDI -
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado hoy competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, al tratarse de desapariciones ilegales dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón acuerda además la exhumación de 19 fosas ya identificadas, entre ellas la supuesta fosa en la que se encuentra Lorca, "más todas aquellas que puedan resultar".
La justicia de los vencidos
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ver cobertura completa
Auto competencia memoria histórica
DOCUMENTO (PDF - 398,5Kb) - 16-10-2008
El juez señala en el auto de 68 páginas que el caso es competencia de la Audiencia Nacional al estar implicadas personas relacionadas con altas instituciones del Estado, entre ellas el dictador Francisco Franco Bahamondes y otros 34 acusados, en desapariciones ilegales, dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón argumenta que éste delito permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy al no haberse dado razón del paradero de cada uno de los desaparecidos. Sin embargo, al estar todos los 35 acusados fallecidos, el juez anticipa la extinción del caso y que serán los juzgados donde están cada una de las fosas o se hayan producido dichas desapariciones los que se harán cargo del caso.
En el auto especifica que "los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado".
También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento, informa EFE.
La Fiscalía se ha opuesto a que Garzón sea competente argumentando que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y de que en el momento en el que se produjeron los hechos eran considerados delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República. A este respecto Garzón argumenta en el auto que los delitos que se van a investigar estaban incluidos en "la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad". El juez interpreta también que la ley de Amnistía de 1977 no incluía los crímenes contra la Humanidad.
Garzón asegura en el auto que los sublevados el 18 de julio de 1936 "estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (...) en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia". El juez recoge en el escrito varios bandos de los generales golpistas en el que se llama, por ejemplo "a pasar por las armas a cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento Salvador de España".
Garzón inició las diligencias previas para ver si era competente para investigar las denuncias de desaparecidos realizadas en los dos últimos años, por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas, el sindicato CNT y varios particulares a lo largo de los dos últimos años.El juez recibió hace dos semanas un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres en el que se cifra en 114.266 desaparecidos.
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Memoria.- Zapatero evita valorar la decisión de Garzón y expresa ... Europa Press -
Garzón ordena la apertura de la fosa de García Lorca AFP -
Justicia española investigará sobre desaparecidos de la guerra y ... elEconomista.es -
Baltasar Garzón se declara competente para investigar las ... Agencia Atlas -
El juez Garzón investigará los crímenes de la Guerra Civil y del ... InfoBAE.com -
Juez Garzón abre la primera investigación sobre la Guerra Civil ... El Universal (Venezuela) -
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Garzón autoriza la exhumación de 19 fosas comunes de la Guerra Civil Antena 3 -
Garzón investigará los desaparecidos de la Guerra y pide el acta ... Libertad Digital -
Garzón se declara competente para investigar los desaparecidos en ... El País (España) -
Garzón investigará las desapariciones de la Guerra Civil Swissinfo -
El juez Garzón se declara competente para investigar los crímenes ... Granada Hoy -
Garzón se declara competente para investigar los crímenes del ... Público -
Garzón se declara competente para investigar las desapariciones ... RTVE -
Garzón demora la decisión de la que depende exhumar a LorcaLa Opinión de Granada -
Cautela judicial y expectación de las víctimas ante la decisión de ...La Voz de Galicia -
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Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y la Guerra Civil
El magistrado se declara competente al entender que se trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 16/10/2008 12:23
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crímenes los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado adopta la decisión al entender que se trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Además, Garzón ha autorizado las exhumaciones de 19 fosas supuestamente de víctimas de la Guerra Civil, entre las que se supone que están enterrados los restos del poeta granadino Federico García Lorca.
Contra altos organismos
En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos organismos de la nación —que competen a la Audiencia Nacional—, y no han prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se produjeron en aquellos años.
Garzón pide los certificados de defunción de Franco y otros 34 generales franquistas
En su auto, Garzón pide a los registros civiles los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 generales franquistas, a fin de poder declarar extinguida la responsabilidad penal que pudieran tener en el delito investigado.
Asímismo, el juez solicita al Ministerio del Interior que identifique al mayor número de dirigentes de la Falange Española entre junio de 1936 y diciembre de 1951 para imputarles o declarar extinguida su responsabilidad si hubieran fallecido.
Recopilación de datos
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.La Fiscalía, por su parte, solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella, al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.
De toda España
Exhumación del cadáver de un hombre asesinado en la Guerra Civil. (AFP)
El listado entregado a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Catalunya, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de Africa, 262 de Canarias y 7 de otros territorios. Andalucía tuvo 29.091 víctimas
Según el abogado de las asociaciones, Fernando Magán, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.
Investigar ambos bandos
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil".
Garzón ha explicado —a través del auto— que la investigación se realizará "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferencación alguna entre ellos".
El magistrado cree que la acción de la Justicia "debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos".
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Garzón investigará la represión franquista y exhumará las fosas
JOSÉ YOLDI -
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se ha declarado hoy competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo, al tratarse de desapariciones ilegales dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón acuerda además la exhumación de 19 fosas ya identificadas, entre ellas la supuesta fosa en la que se encuentra Lorca, "más todas aquellas que puedan resultar".
La justicia de los vencidos
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ver cobertura completa
Auto competencia memoria histórica
DOCUMENTO (PDF - 398,5Kb) - 16-10-2008
El juez señala en el auto de 68 páginas que el caso es competencia de la Audiencia Nacional al estar implicadas personas relacionadas con altas instituciones del Estado, entre ellas el dictador Francisco Franco Bahamondes y otros 34 acusados, en desapariciones ilegales, dentro del contexto de crímenes contra la Humanidad. Garzón argumenta que éste delito permanece en el tiempo y sigue existiendo a día de hoy al no haberse dado razón del paradero de cada uno de los desaparecidos. Sin embargo, al estar todos los 35 acusados fallecidos, el juez anticipa la extinción del caso y que serán los juzgados donde están cada una de las fosas o se hayan producido dichas desapariciones los que se harán cargo del caso.
En el auto especifica que "los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora, no aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado".
También reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento, informa EFE.
La Fiscalía se ha opuesto a que Garzón sea competente argumentando que los delitos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y de que en el momento en el que se produjeron los hechos eran considerados delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República. A este respecto Garzón argumenta en el auto que los delitos que se van a investigar estaban incluidos en "la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad". El juez interpreta también que la ley de Amnistía de 1977 no incluía los crímenes contra la Humanidad.
Garzón asegura en el auto que los sublevados el 18 de julio de 1936 "estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (...) en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia". El juez recoge en el escrito varios bandos de los generales golpistas en el que se llama, por ejemplo "a pasar por las armas a cuántos se opongan al triunfo del expresado Movimiento Salvador de España".
Garzón inició las diligencias previas para ver si era competente para investigar las denuncias de desaparecidos realizadas en los dos últimos años, por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de diferentes comunidades autónomas, el sindicato CNT y varios particulares a lo largo de los dos últimos años.El juez recibió hace dos semanas un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres en el que se cifra en 114.266 desaparecidos.
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Memoria.- Zapatero evita valorar la decisión de Garzón y expresa ... Europa Press -
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Justicia española investigará sobre desaparecidos de la guerra y ... elEconomista.es -
Baltasar Garzón se declara competente para investigar las ... Agencia Atlas -
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Memoria.- Garzón dice que no quiere revisar la Guerra Civil y ... Europa Press -
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Garzón investigará los desaparecidos de la Guerra y pide el acta ... Libertad Digital -
Garzón se declara competente para investigar los desaparecidos en ... El País (España) -
Garzón investigará las desapariciones de la Guerra Civil Swissinfo -
El juez Garzón se declara competente para investigar los crímenes ... Granada Hoy -
Garzón se declara competente para investigar los crímenes del ... Público -
Garzón se declara competente para investigar las desapariciones ... RTVE -
Garzón demora la decisión de la que depende exhumar a LorcaLa Opinión de Granada -
Cautela judicial y expectación de las víctimas ante la decisión de ...La Voz de Galicia -
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El delito de genocidio del régimen franquista, por fin. Manolo Saco.
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16 Oct 2008
El delito de genocidio del régimen franquista, por fin
00:46, por manolosaco
Está todo tan raro que el hecho de llegar acuerdos entre los grandes partidos puede ser considerado una actitud subversiva. De ello está teniendo pruebas sobradas estos días Mariano Rajoy, con algunos sectores del fundamentalismo de la estrategia de la tensión alarmados por lo que consideran una falta de firmeza de su líder. Todos ellos, convenientemente excitados por los medios de la ultraderecha mediática y episcopal. Aunque la historia explotó ya hace tiempo, con la defección de Oreja y San Gil, cuentan en los aledaños de Génova 13 que el malestar se está extendiendo ahora al ritmo con el que crecen las palmadas y las sonrisas que Rajoy le dedica a Zapatero.
Recordad que anteayer acordaron reavivar el Pacto de Toledo y formar la “Mesa de Reformas Estructurales” de la economía. Antes, ambos partidos, tal como nos anunció Rubalcaba, habían llegado a un acuerdo sobre la ley de las víctimas del terrorismo. No sé a dónde vamos a ir a parar.
Porque en este último punto sí que existen distintas sensibilidades que parecen irreconciliables. Para empezar, la propia definición de quién es víctima del terrorismo, y quién no, ralentizó durante décadas la lucha antiterrorista, un concepto que en lugar de unir a los demócratas sirvió de munición para el debate electoral más repugnante y suicida.
La derecha liderada por George W. Bush reparte los carnets internacionales de terrorista a su antojo, y nuestra derecha mimética dice amén. Salen y entran en la lista de los malos, al antojo de la CIA, Corea del Norte, Cuba, Irán, Libia… según vayan soplando los vientos de los intereses geoestratégicos.
La izquierda española, en cambio, exige el pago de una deuda histórica. Tiene pendiente desde hace sesenta años que alguien defina como terrorismo de Estado el ejercido por el régimen golpista, sus escuadrones falangistas de la muerte y los autores de las pantomimas de juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a miles de inocentes.
Los herederos políticos de aquellos bárbaros querrían jugar con la lista a su antojo, como hace el emperador Bush, y bautizar los crímenes de aquella guerra y postguerra española como “santa violencia”, en palabras que firmaría sin duda el santo farsante Escriva (más tarde Escribá) de Balaguer. Pero llegó Baltasar Garzón y mandó parar. El juez parece decidido a imputar por fin un delito de genocidio al régimen franquista, tras las denuncias presentadas por las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión posterior. Aunque tiene tantos sumarios pendientes en su juzgado que no sé hasta donde podrá o sabrá llegar.
En no pocos círculos jurídicos dudan de que esto sea el comienzo del gran juicio pendiente. Desconfían del edificio jurídico sobre el que está montado el sistema de denuncias. Pero llegue o no a buen puerto, me temo que para el PP aquellos muertos y desaparecidos jamás tendrán la consideración de víctimas del terrorismo a los que amparar con ley alguna. Y menos, aún, si lo dice Garzón.—————————————————————–
16 Oct 2008
El delito de genocidio del régimen franquista, por fin
00:46, por manolosaco
Está todo tan raro que el hecho de llegar acuerdos entre los grandes partidos puede ser considerado una actitud subversiva. De ello está teniendo pruebas sobradas estos días Mariano Rajoy, con algunos sectores del fundamentalismo de la estrategia de la tensión alarmados por lo que consideran una falta de firmeza de su líder. Todos ellos, convenientemente excitados por los medios de la ultraderecha mediática y episcopal. Aunque la historia explotó ya hace tiempo, con la defección de Oreja y San Gil, cuentan en los aledaños de Génova 13 que el malestar se está extendiendo ahora al ritmo con el que crecen las palmadas y las sonrisas que Rajoy le dedica a Zapatero.
Recordad que anteayer acordaron reavivar el Pacto de Toledo y formar la “Mesa de Reformas Estructurales” de la economía. Antes, ambos partidos, tal como nos anunció Rubalcaba, habían llegado a un acuerdo sobre la ley de las víctimas del terrorismo. No sé a dónde vamos a ir a parar.
Porque en este último punto sí que existen distintas sensibilidades que parecen irreconciliables. Para empezar, la propia definición de quién es víctima del terrorismo, y quién no, ralentizó durante décadas la lucha antiterrorista, un concepto que en lugar de unir a los demócratas sirvió de munición para el debate electoral más repugnante y suicida.
La derecha liderada por George W. Bush reparte los carnets internacionales de terrorista a su antojo, y nuestra derecha mimética dice amén. Salen y entran en la lista de los malos, al antojo de la CIA, Corea del Norte, Cuba, Irán, Libia… según vayan soplando los vientos de los intereses geoestratégicos.
La izquierda española, en cambio, exige el pago de una deuda histórica. Tiene pendiente desde hace sesenta años que alguien defina como terrorismo de Estado el ejercido por el régimen golpista, sus escuadrones falangistas de la muerte y los autores de las pantomimas de juicios sumarísimos que llevaron a la muerte a miles de inocentes.
Los herederos políticos de aquellos bárbaros querrían jugar con la lista a su antojo, como hace el emperador Bush, y bautizar los crímenes de aquella guerra y postguerra española como “santa violencia”, en palabras que firmaría sin duda el santo farsante Escriva (más tarde Escribá) de Balaguer. Pero llegó Baltasar Garzón y mandó parar. El juez parece decidido a imputar por fin un delito de genocidio al régimen franquista, tras las denuncias presentadas por las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión posterior. Aunque tiene tantos sumarios pendientes en su juzgado que no sé hasta donde podrá o sabrá llegar.
En no pocos círculos jurídicos dudan de que esto sea el comienzo del gran juicio pendiente. Desconfían del edificio jurídico sobre el que está montado el sistema de denuncias. Pero llegue o no a buen puerto, me temo que para el PP aquellos muertos y desaparecidos jamás tendrán la consideración de víctimas del terrorismo a los que amparar con ley alguna. Y menos, aún, si lo dice Garzón.—————————————————————–
miércoles, 15 de octubre de 2008
Garzón imputará al franquismo un delito de genocidio
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Garzón imputará al franquismo un delito de genocidio
Justicia pone a su disposición forenses para identificar restos
15.10.08 - COLPISA MADRID
El juez Baltasar Garzón ha decidido imputar un delito de genocidio al régimen franquista, según informaron ayer fuentes judiciales, en respuesta a las denuncias y querellas presentadas por una veintena de asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión desatada por la dictadura.
Estas fuentes precisaron que en los próximos días el magistrado dará a conocer una resolución en la que resolverá si es la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para investigarlo o si deben ser los distintos jueces naturales los que estudien cada caso concreto.
La decisión del juez Garzón llegará después de varias semanas de intensa actividad judicial en las que el magistrado pidió documentos e informes oficiales que involucraban a diferentes instituciones oficiales, caso de tres ministerios (Cultura, Defensa y Justicia), a varias alcaldías o a las cerca de 23.000 parroquias católicas de toda España.
Con ese material, el magistrado pretende poner los cimientos para identificar a las personas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936, tras el denominado Alzamiento Nacional, y durante los tres años de Guerra Civil y la posguerra, el primer franquismo que concluyó en 1948 tras ponerse fin a las juntas militares.
El pasado 6 de octubre, las propias organizaciones entregaron un censo orientativo con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 personas que sufrieron la violencia del conflicto fratricida y la posterior represión política del franquismo.
La resolución que prepara el juez Garzón deberá ordenar cómo investigar esos presuntos crímenes, para verificarlos, y sobre todo, organizar el proceso de recuperación de los restos mortales, reclamados por sus deudos.
Con este censo en la mano, el juez ha concluido, según las fuentes citadas, que estos desaparecidos son víctimas de una estrategia delictiva, un genocidio atribuible a los máximos responsables del Alzamiento Nacional y a los integrantes de las primeras juntas militares, decisión que habilita la adopción de soluciones a las reclamaciones de los familiares, que quieren localizar las fosas comunes, exhumar los cadáveres e identificarlos.
Toxicología
El Ministerio de Justicia remitió este lunes una carta al magistrado en la que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para realizar las pruebas forenses que sean necesarias. El ministro Mariano Fernández Bermejo destacó ayer que la Ley de Memoria Histórica reconoce y amplía derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
La resolución que perfila el juez Garzón debe despejar incógnitas como contra quién dirige la acción penal, dado que todos los autores han fallecido, o qué tribunal debe conducir la investigación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que el tribunal central no es competente porque cualquier responsabilidad penal prescribió con la amnistía general dictada antes de la aprobación de la Constitución de 1978, y los encargados de indagar son los jueces naturales del lugar en el que se produjo cada delito.
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La Memoria Histórica aún no tiene juez La Crónica de León - hace 15 horas
El Estado ayudará a identificar a las víctimas del franquismoAFP - hace 22 horasMADRID (AFP)
Garzón decide hoy si es competente para investigar los ...El País (España) - 14 Oct
Garzón no ha decidido todavía si es competente para investigar los ... La Razón Digital - 14 Oct 2008
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MEMORIA HISTÓRICA. JUSTICIA OFRECE A GARZÓN SUS SERVICIOS ...Discapnet (Comunicado de prensa) - 14 Oct
El Gobierno ofrece a Garzón ayuda del Instituto de Toxicología ... La Opinión de Tenerife - 14 Oct 2008
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Garzón imputará al franquismo un delito de genocidio
Justicia pone a su disposición forenses para identificar restos
15.10.08 - COLPISA MADRID
El juez Baltasar Garzón ha decidido imputar un delito de genocidio al régimen franquista, según informaron ayer fuentes judiciales, en respuesta a las denuncias y querellas presentadas por una veintena de asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y la represión desatada por la dictadura.
Estas fuentes precisaron que en los próximos días el magistrado dará a conocer una resolución en la que resolverá si es la Audiencia Nacional el órgano judicial competente para investigarlo o si deben ser los distintos jueces naturales los que estudien cada caso concreto.
La decisión del juez Garzón llegará después de varias semanas de intensa actividad judicial en las que el magistrado pidió documentos e informes oficiales que involucraban a diferentes instituciones oficiales, caso de tres ministerios (Cultura, Defensa y Justicia), a varias alcaldías o a las cerca de 23.000 parroquias católicas de toda España.
Con ese material, el magistrado pretende poner los cimientos para identificar a las personas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936, tras el denominado Alzamiento Nacional, y durante los tres años de Guerra Civil y la posguerra, el primer franquismo que concluyó en 1948 tras ponerse fin a las juntas militares.
El pasado 6 de octubre, las propias organizaciones entregaron un censo orientativo con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 personas que sufrieron la violencia del conflicto fratricida y la posterior represión política del franquismo.
La resolución que prepara el juez Garzón deberá ordenar cómo investigar esos presuntos crímenes, para verificarlos, y sobre todo, organizar el proceso de recuperación de los restos mortales, reclamados por sus deudos.
Con este censo en la mano, el juez ha concluido, según las fuentes citadas, que estos desaparecidos son víctimas de una estrategia delictiva, un genocidio atribuible a los máximos responsables del Alzamiento Nacional y a los integrantes de las primeras juntas militares, decisión que habilita la adopción de soluciones a las reclamaciones de los familiares, que quieren localizar las fosas comunes, exhumar los cadáveres e identificarlos.
Toxicología
El Ministerio de Justicia remitió este lunes una carta al magistrado en la que pone a su disposición los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para realizar las pruebas forenses que sean necesarias. El ministro Mariano Fernández Bermejo destacó ayer que la Ley de Memoria Histórica reconoce y amplía derechos a quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
La resolución que perfila el juez Garzón debe despejar incógnitas como contra quién dirige la acción penal, dado que todos los autores han fallecido, o qué tribunal debe conducir la investigación. La Fiscalía de la Audiencia Nacional defiende que el tribunal central no es competente porque cualquier responsabilidad penal prescribió con la amnistía general dictada antes de la aprobación de la Constitución de 1978, y los encargados de indagar son los jueces naturales del lugar en el que se produjo cada delito.
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lunes, 13 de octubre de 2008
1936:el genocidio franquista en Córdoba
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Recibido de AREMEHISA.
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El libro se venderá a 29'50 €, dentro de la colección Contrastes de Crítica,
y tiene aprox. 904 páginas.
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El libro se venderá a 29'50 €, dentro de la colección Contrastes de Crítica,
y tiene aprox. 904 páginas.
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TEXTO DEFINITIVO
"1936: El genocidio franquista en Córdoba"
Francisco Moreno Gómez
Este gran libro, que culmina treinta años de trabajo de Francisco Moreno Gómez, es mucho más que un estudio de la represión que acompañó al estallido de la guerra civil. Al llevar la investigación hasta lo sucedido pueblo a pueblo, día a día, no sólo aparece a plena luz la magnitud de las matanzas, sino que se desvela su naturaleza de represión preventiva sobre unos hombres y mujeres que ni eran culpables de violencias anteriores, ni representaban una amenaza revolucionaria.
Con ello es el propio significado del alzamiento del 18 de julio de 1936 el que cobra un nuevo sentido, que va más allá del golpe militar para mostrarse como una conspiración de la derecha y de los grupos fascistas, en cuarteles, casinos y sacristías, para acabar con el progreso de la política reformista de la República con un genocidio que facilitase establecer desde el primer momento un régimen de terror. Éste es, por ello, un libro que nos obligará a replantearnos el tema de los orígenes y la naturaleza de la guerra civil española.
Francisco Moreno Gómez es doctor en filosofía y letras y catedrático de Instituto en Getafe (Madrid). Es autor, entre otras obras, de La resistencia armada antifranquista (Crítica, 2001), La República y la guerra civil en Córdoba, La Masonería en Córdoba, La guerra civil en Córdoba, Córdoba en la posguerra (la represión y la guerrilla, 1939-1950) y coautor de Víctimas de la guerra civil, coordinado por Santos Juliá. Participa en el volumen de Morir, Matar, sobrevivir coordinado por Julián Casanova (Crítica, 2002).
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martes, 16 de septiembre de 2008
JUBILESE, SR. DON MANUEL FRAGA
JUBILESE, SR. DON MANUEL FRAGA
Jubílese de una vez, Don Manuel. Jubílese, y deje de ofender el buen nombre de los 25.000 españoles que partieron al exilio en el año 1939 después de la Guerra Civil española y que acabaron en México, con el cuerpo roto de cansancio y el alma pegada a cada rincón de los pueblos de España. No es de bien nacido olvidar que se fueron huyendo de un gobierno de corte fascista, que usted conoció muy bien, que al grito de ¡muerte a la inteligencia! odiaba la libertad y la cultura. De un gobierno compuesto por alimañas y crueles devora-hombres. De un gobierno que llenó España de presos, de cadáveres en las cunetas y de muertos de hambre. De un gobierno de incultos señoritos y de hipócritas curas de negra sotana y negro corazón. De un gobierno que años mas tarde usted apoyó, formando parte de él nada mas y nada menos en calidad de Ministro del gobierno de la nación.
Jubílese y que calle por fin la prepotencia que la impunidad de no rendir cuentas a las víctimas le da.
Recuerdo un poema que Antonio Machado, el gran poeta y hombre que precisamente murió en el exilio, compuso para Franco en el año 36. Hoy, mi humilde persona, descendiente de víctimas del golpe fascista del 36, quisiera dedicárselo a usted. Parece estar escrito también pensando en su persona.
“Hijo tuyo es también, Dios de bondades.
Cúrale con amargas soledades.
Haz que su infamia su castigo sea.”
Paqui Maqueda Fernández.
Jubílese de una vez, Don Manuel. Jubílese, y deje de ofender el buen nombre de los 25.000 españoles que partieron al exilio en el año 1939 después de la Guerra Civil española y que acabaron en México, con el cuerpo roto de cansancio y el alma pegada a cada rincón de los pueblos de España. No es de bien nacido olvidar que se fueron huyendo de un gobierno de corte fascista, que usted conoció muy bien, que al grito de ¡muerte a la inteligencia! odiaba la libertad y la cultura. De un gobierno compuesto por alimañas y crueles devora-hombres. De un gobierno que llenó España de presos, de cadáveres en las cunetas y de muertos de hambre. De un gobierno de incultos señoritos y de hipócritas curas de negra sotana y negro corazón. De un gobierno que años mas tarde usted apoyó, formando parte de él nada mas y nada menos en calidad de Ministro del gobierno de la nación.
Jubílese y que calle por fin la prepotencia que la impunidad de no rendir cuentas a las víctimas le da.
Recuerdo un poema que Antonio Machado, el gran poeta y hombre que precisamente murió en el exilio, compuso para Franco en el año 36. Hoy, mi humilde persona, descendiente de víctimas del golpe fascista del 36, quisiera dedicárselo a usted. Parece estar escrito también pensando en su persona.
“Hijo tuyo es también, Dios de bondades.
Cúrale con amargas soledades.
Haz que su infamia su castigo sea.”
Paqui Maqueda Fernández.
lunes, 8 de septiembre de 2008
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica,
Fuente: Rebelión.
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica
Luis Martín Cabrera (08-09-2008)
Luis Martín Cabrera
Rebelión
Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto del trabajo colectivo que hemos llevado a cabo entrevistando testigos de la represión franquista y militantes políticos, así como el resultado de mis propias investigaciones sobre la relación entre memoria y justicia en España y el Cono Sur. Cabe aclarar, sin embargo, que no pretendo hablar ni por estos testigos ni por las asociaciones, mis reflexiones son a título personal. No pretendo tampoco intervenir “a favor” del Juez Garzón muchas de cuyas actuaciones me parecen cuando menos cuestionable. Estas líneas son para apoyar a los familiares de las víctimas y a los militantes, frente al ruido y los malos entendidos diseminados por los medios de comunicación; son pues un intento de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos contra el proceso de recuperación de la memoria histórica en general y contra la reciente decisión del juez Garzón en particular.
Uno de las razones más frecuentemente invocadas por los sectores más conservadores de la sociedad española, y por algunos no tan conservadores, es que los dos bandos cometieron atrocidades y, por lo tanto, es mejor no remover el pasado. Habría que sospechar de este argumento, aunque sólo fuera porque es exactamente el mismo que utilizan los represores en Argentina, en Chile y en otras sociedades post-dictatoriales; dividir responsabilidades al cincuenta por ciento sólo puede ser un modo de lavar la conciencia personal. En el caso de España, vale la pena recordar además que la agresión partió del llamado “bando nacional”, los generales golpistas se sublevaron contra un gobierno legítimamente constituido y elegido democráticamente. En segundo lugar, el gobierno republicano siempre condenó los actos de violencia contra la población civil y en la medida de sus posibilidades trato de contener la violencia extrajudicial, mientras que los militares sublevados no sólo no condenaron la violencia contra sus enemigos, sino que la planificaron y la justificaron como parte de una “cruzada religiosa” que tenía como fin “purificar España”. Finalmente, las víctimas del llamado “bando nacional” recibieron reconocimiento público, compensaciones económicas y el beneplácito de las autoridades franquistas para humillar a los vencidos. ¿Por qué no hay víctimas del “bando nacional” en los juzgados? Tal vez porque ya enterraron a sus muertos o porque recibieron un Estanco, una cátedra universitaria o tierras del botín de guerra que se repartieron los vencedores. Para poder comparar hay que conocer la historia y las asimetrías de poder.
Por otro lado, en las discusiones sobre la decisión del Juez Garzón existe una confusión sistemática entre Guerra Civil y represión planificada o Genocidio durante y después de la guerra. Un buen porcentaje de los cadáveres sobre los que el Juez Garzón está solicitando información no son muertos en combate, no son soldados del bando republicano, aunque éstos por supuesto también merecen ser enterrados dignamente. Muchos de estos cadáveres que aparecen en fosas de Burgos, del Bierzo o de Málaga fueron asesinados vilmente en la retaguardia en la mayoría de los casos simplemente por su filiación política, porque tenían un proyecto político diferente para España, porque creían en los derechos de los trabajadores o, simplemente, por ejercer la libertad de pensamiento. Por lo tanto, hay que distinguir entre los muertos en combate y los muertos de una represión calculadamente planificada para eliminar la disidencia que además se extendió con mayor o menor intensidad hasta el final de la dictadura. El trabajo de las asociaciones y de los voluntarios ha puesto de manifiesto esta distinción mejor que ningún manual de historia y, por lo tanto, es competente que Garzón investigue si esta represión planificada constituye -- yo creo que sí-- un delito de lesa humanidad que como tal no puede prescribir ni ser amnistiado. Este argumento es además, el que utilizó mutatis mutandi el mismo Garzón para pedir la extradición de Pinochet. En Chile hay actualmente 3.000 desaparecidos, sólo entre Galicia y Cataluña hay más de 4.000, ¿a quién beneficia que sigamos sin contar los muertos que hay en las cunetas?
Mariano Rajoy, y con él grueso del partido popular, insiste en que todo esto sólo puede servir para reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas. Si algo nos ha enseñado el trabajo de campo, el contacto directo con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es justamente que las heridas nunca se cerraron, ¿cómo se pueden cerrar las heridas cuando se le niega a miles de personas el derecho al duelo, el derecho a conocer cómo murieron sus seres queridos y ha enterrarlos cómo y dónde ellos quieran? ¿Cómo se pueden cerrar las heridas cuando no se reconoce que la tortura es una agresión contra la dignidad del ser humano, cuando no hay ni siquiera una placa en la Puerta del Sol que reconozca que allí la policía de Franco torturó a miles de militantes políticos?
Demasiadas veces, de manera malintencionada se equipara la necesidad de abrir estas heridas a la luz pública con un deseo de revancha por parte de las víctimas. Ninguna de las personas con las que hemos hablado estos meses ha expresado nunca deseo de venganza. Por el contrario, la mayoría bien por miedo bien por pura generosidad se niega a nombrar a los responsables de sus sufrimientos. Las víctimas no piden venganza piden justicia y, para ello es necesario dar muchos pasos que no se han dado: entre otras cosas, hay que reconocer que lo que sucedió durante la Guerra Civil dictadura fue trágico (algo que La ley de memoria histórica sólo hace tímidamente y de manera puramente simbólica) , hay que reconocer que las ejecuciones sumarias fueron ilegales y que constituyeron crímenes contra la humanidad, hay que pedir responsabilidades legales y reparaciones económicas (Garzón puede ayudar en este extremo) y hay que preguntarse cuáles son los efectos que tiene este traumático pasado sobre nuestro presente.
Muchas personas de distintas posiciones ideológicas tal vez estén de acuerdo con lo expresado hasta aquí, pero sin embargo les parecerá que hay otros asuntos más importantes de los que ocuparse como por ejemplo la crisis económica. Semejantes argumentos prueban que antes de cerrar las heridas hay que abrir un proceso de reflexión colectivo en la sociedad española que no este sometido a una ley de punto final, a un cierre en falso. La cuestión de la memoria histórica no está desvinculada de la actual crisis económica y no sólo, porque algunas de las empresas del IBEX 35 hayan hecho su capital explotando presos políticos, sino también porque los pactos de la Moncloa, que establecieron el actual modelo económico que ningún partido quiere o puede cambiar, supusieron la coronación de un proceso de liberalización económica iniciado durante el aperturismo económico de los años sesenta. La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura no puede servir simplemente para construir un museo del horror, la emergencia de las memorias (la memoria comunista, anarquista, repúblicana, todas las memorias políticas reprimidas hasta ahora) debe servir para generar preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sólo así se podrá hacer justicia y se podrán cerrar las heridas.
En este sentido, hay que apoyar la iniciativa del Juez Garzón no como solución final, sino como un paso más en busca de la justicia. En Argentina, donde saben muy bien que una sentencia legal no es justicia (pero ayuda), el establecimiento de la existencia de 30.000 desaparecidos ha servido para que nadie pueda negar la brutalidad de la dictadura Argentina, a lo sumo la pueden justificar. En mi opinión, para las personas que hemos entrevistado estos meses sería sumamente importante que se hiciera un recuento de los desaparecidos que hay en España y que se abrieran procesos legales. Más allá de las sentencias y de las decisiones del juez Garzón estos procesos legales pueden ser un disparadero para hacernos ciertas preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Todo ello ayudaría a que muchas personas pierdan el miedo, porque lamentablemente hay todavía muchas personas, sobre todo en los pueblos, que no se animan a hablar por miedo a las represalias y, porque todavía perciben el discurso del odio en muchos sectores de la sociedad española. Quizá muchos piensen que todo lo que digo es imposible de llevar a cabo, que el sol de San Diego me ha calentado demasiado la cabeza, pero en este año que conmemoramos el aniversario del 68 hay que hacer nuestra una de sus consignas más conocidas: “seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Luis Martín Cabrera. Profesor Asistente de la Universidad de California, San Diego. Coordinador del Archivo Audivisual de la Guerra Civil y la dictadura franquist.
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica
Luis Martín Cabrera (08-09-2008)
Luis Martín Cabrera
Rebelión
Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto del trabajo colectivo que hemos llevado a cabo entrevistando testigos de la represión franquista y militantes políticos, así como el resultado de mis propias investigaciones sobre la relación entre memoria y justicia en España y el Cono Sur. Cabe aclarar, sin embargo, que no pretendo hablar ni por estos testigos ni por las asociaciones, mis reflexiones son a título personal. No pretendo tampoco intervenir “a favor” del Juez Garzón muchas de cuyas actuaciones me parecen cuando menos cuestionable. Estas líneas son para apoyar a los familiares de las víctimas y a los militantes, frente al ruido y los malos entendidos diseminados por los medios de comunicación; son pues un intento de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos contra el proceso de recuperación de la memoria histórica en general y contra la reciente decisión del juez Garzón en particular.
Uno de las razones más frecuentemente invocadas por los sectores más conservadores de la sociedad española, y por algunos no tan conservadores, es que los dos bandos cometieron atrocidades y, por lo tanto, es mejor no remover el pasado. Habría que sospechar de este argumento, aunque sólo fuera porque es exactamente el mismo que utilizan los represores en Argentina, en Chile y en otras sociedades post-dictatoriales; dividir responsabilidades al cincuenta por ciento sólo puede ser un modo de lavar la conciencia personal. En el caso de España, vale la pena recordar además que la agresión partió del llamado “bando nacional”, los generales golpistas se sublevaron contra un gobierno legítimamente constituido y elegido democráticamente. En segundo lugar, el gobierno republicano siempre condenó los actos de violencia contra la población civil y en la medida de sus posibilidades trato de contener la violencia extrajudicial, mientras que los militares sublevados no sólo no condenaron la violencia contra sus enemigos, sino que la planificaron y la justificaron como parte de una “cruzada religiosa” que tenía como fin “purificar España”. Finalmente, las víctimas del llamado “bando nacional” recibieron reconocimiento público, compensaciones económicas y el beneplácito de las autoridades franquistas para humillar a los vencidos. ¿Por qué no hay víctimas del “bando nacional” en los juzgados? Tal vez porque ya enterraron a sus muertos o porque recibieron un Estanco, una cátedra universitaria o tierras del botín de guerra que se repartieron los vencedores. Para poder comparar hay que conocer la historia y las asimetrías de poder.
Por otro lado, en las discusiones sobre la decisión del Juez Garzón existe una confusión sistemática entre Guerra Civil y represión planificada o Genocidio durante y después de la guerra. Un buen porcentaje de los cadáveres sobre los que el Juez Garzón está solicitando información no son muertos en combate, no son soldados del bando republicano, aunque éstos por supuesto también merecen ser enterrados dignamente. Muchos de estos cadáveres que aparecen en fosas de Burgos, del Bierzo o de Málaga fueron asesinados vilmente en la retaguardia en la mayoría de los casos simplemente por su filiación política, porque tenían un proyecto político diferente para España, porque creían en los derechos de los trabajadores o, simplemente, por ejercer la libertad de pensamiento. Por lo tanto, hay que distinguir entre los muertos en combate y los muertos de una represión calculadamente planificada para eliminar la disidencia que además se extendió con mayor o menor intensidad hasta el final de la dictadura. El trabajo de las asociaciones y de los voluntarios ha puesto de manifiesto esta distinción mejor que ningún manual de historia y, por lo tanto, es competente que Garzón investigue si esta represión planificada constituye -- yo creo que sí-- un delito de lesa humanidad que como tal no puede prescribir ni ser amnistiado. Este argumento es además, el que utilizó mutatis mutandi el mismo Garzón para pedir la extradición de Pinochet. En Chile hay actualmente 3.000 desaparecidos, sólo entre Galicia y Cataluña hay más de 4.000, ¿a quién beneficia que sigamos sin contar los muertos que hay en las cunetas?
Mariano Rajoy, y con él grueso del partido popular, insiste en que todo esto sólo puede servir para reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas. Si algo nos ha enseñado el trabajo de campo, el contacto directo con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es justamente que las heridas nunca se cerraron, ¿cómo se pueden cerrar las heridas cuando se le niega a miles de personas el derecho al duelo, el derecho a conocer cómo murieron sus seres queridos y ha enterrarlos cómo y dónde ellos quieran? ¿Cómo se pueden cerrar las heridas cuando no se reconoce que la tortura es una agresión contra la dignidad del ser humano, cuando no hay ni siquiera una placa en la Puerta del Sol que reconozca que allí la policía de Franco torturó a miles de militantes políticos?
Demasiadas veces, de manera malintencionada se equipara la necesidad de abrir estas heridas a la luz pública con un deseo de revancha por parte de las víctimas. Ninguna de las personas con las que hemos hablado estos meses ha expresado nunca deseo de venganza. Por el contrario, la mayoría bien por miedo bien por pura generosidad se niega a nombrar a los responsables de sus sufrimientos. Las víctimas no piden venganza piden justicia y, para ello es necesario dar muchos pasos que no se han dado: entre otras cosas, hay que reconocer que lo que sucedió durante la Guerra Civil dictadura fue trágico (algo que La ley de memoria histórica sólo hace tímidamente y de manera puramente simbólica) , hay que reconocer que las ejecuciones sumarias fueron ilegales y que constituyeron crímenes contra la humanidad, hay que pedir responsabilidades legales y reparaciones económicas (Garzón puede ayudar en este extremo) y hay que preguntarse cuáles son los efectos que tiene este traumático pasado sobre nuestro presente.
Muchas personas de distintas posiciones ideológicas tal vez estén de acuerdo con lo expresado hasta aquí, pero sin embargo les parecerá que hay otros asuntos más importantes de los que ocuparse como por ejemplo la crisis económica. Semejantes argumentos prueban que antes de cerrar las heridas hay que abrir un proceso de reflexión colectivo en la sociedad española que no este sometido a una ley de punto final, a un cierre en falso. La cuestión de la memoria histórica no está desvinculada de la actual crisis económica y no sólo, porque algunas de las empresas del IBEX 35 hayan hecho su capital explotando presos políticos, sino también porque los pactos de la Moncloa, que establecieron el actual modelo económico que ningún partido quiere o puede cambiar, supusieron la coronación de un proceso de liberalización económica iniciado durante el aperturismo económico de los años sesenta. La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura no puede servir simplemente para construir un museo del horror, la emergencia de las memorias (la memoria comunista, anarquista, repúblicana, todas las memorias políticas reprimidas hasta ahora) debe servir para generar preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sólo así se podrá hacer justicia y se podrán cerrar las heridas.
En este sentido, hay que apoyar la iniciativa del Juez Garzón no como solución final, sino como un paso más en busca de la justicia. En Argentina, donde saben muy bien que una sentencia legal no es justicia (pero ayuda), el establecimiento de la existencia de 30.000 desaparecidos ha servido para que nadie pueda negar la brutalidad de la dictadura Argentina, a lo sumo la pueden justificar. En mi opinión, para las personas que hemos entrevistado estos meses sería sumamente importante que se hiciera un recuento de los desaparecidos que hay en España y que se abrieran procesos legales. Más allá de las sentencias y de las decisiones del juez Garzón estos procesos legales pueden ser un disparadero para hacernos ciertas preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Todo ello ayudaría a que muchas personas pierdan el miedo, porque lamentablemente hay todavía muchas personas, sobre todo en los pueblos, que no se animan a hablar por miedo a las represalias y, porque todavía perciben el discurso del odio en muchos sectores de la sociedad española. Quizá muchos piensen que todo lo que digo es imposible de llevar a cabo, que el sol de San Diego me ha calentado demasiado la cabeza, pero en este año que conmemoramos el aniversario del 68 hay que hacer nuestra una de sus consignas más conocidas: “seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Luis Martín Cabrera. Profesor Asistente de la Universidad de California, San Diego. Coordinador del Archivo Audivisual de la Guerra Civil y la dictadura franquist.
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado.
Fuente: El Plural.
Gustavo Vidal Manzanares
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado
El grupo Jarcha interpretó una de las canciones más populares de la transición, “Libertad sin ira”, que comenzaba así: “Hace algún tiempo en este país hubo una guerra ……”. Treinta años después, con ira o sin ella, pero impulsados por una sed infinita de justicia, hemos de proclamar que… en este país hubo un genocidio.
Y me ciño a la definición de la RAE: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.
Este espíritu genocida lo confirmó el general Franco el 28 de julio de 1936 en su primera entrevista a la prensa extranjera: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid, avanzaré—gritó—tomaré la capital. Salvaré a España cueste lo que cueste” El entrevistador le pregunta si eso significa matar a la mitad de España que no comparta sus ideas políticas, y él respondió sin vacilación: “Repito, cueste lo que cueste” (Franco. Una biografía psicológica. P. 183. Enrique González Duro)
El Código penal se refiere en su artículo 607 al genocidio como “el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico…” De igual modo, el artículo 131,4 del mismo cuerpo legal establece que “Los delitos de genocidio… no prescribirán nunca”. Por otra parte, esta clase de ilícitos son competencia de la Audiencia Nacional y por ello están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Aunque la Ley del Registro Civil obliga a las administraciones a averiguar la procedencia de cada resto humano no identificado y sufragar los gastos correspondientes, desde posturas de la derecha se alega que todo esto es ”reabrir heridas” y “remover el pasado”. No, desgraciadamente, no es “pasado”. No es “pasado” porque las víctimas siguen todavía en cunetas y fosas anónimas. Y esto es un lamentable presente. Y hablamos de hombres y mujeres que un día soñaron con ser felices, jugaron, rieron, se enamoraron, fundaron familias, anhelaban ver crecer a sus hijos, envejecer junto a sus cónyuges, deleitarse con una buena música… es una vergüenza para la Humanidad y para España que seres humanos sigan pudriéndose en fosas y cunetas. Esto es una realidad. Muy presente.
Le duela a quien le duela. Respecto al “reabrir heridas”, me pregunto si pensarían igual cuando se tratara de enjuiciar a un etarra por un asesinato cometido hace veinte años… ¿hablarían en este caso de “ no reabrir heridas”?
Alimentados por vanidad y codicia y encarnando un cinismo nauseabundo, han brotado entre el estiércol de la vileza, los “revisionistas de la nada”. Engordan sus cuentas corrientes y sus egos atormentados ensalzando el franquismo y racionalizando la mala conciencia de quienes bien saben que su prosperidad y bienestar se construyó sobre lágrimas, terror, patios carcelarios, chorros de sangre y una violencia descomunal.
No faltan entre estos “revisionistas de la nada” los que antaño defendían posturas antitéticas mutadas súbitamente ante la perspectiva monetaria y el aplauso de papanatas.
Sin embargo, cada hueso desenterrado representará el alivio de hombres y mujeres que llevaban décadas esperando saber donde cayeron los restos de sus seres queridos. No se podrá juzgar ya a los militares que cosieron a su bocamanga estrellas oscurecidas de muerte, ni a los policías que adornaron su hoja de servicios con las confesiones obtenidas tras “hábiles interrogatorios”, nadie sentará en el banquillo a los tricornios charolados que, coronando cuerpos sin entrañas, arrancaron de sus casas a temblorosos padres de familia hacia viajes sin retorno.
Pero el día que el último hueso reclamado sea redimido de la ignominia de cunetas terrosas, el día que se selle la última sepultura digna, el día que los descendientes de aquellos desdichados puedan llevarlos a un cementerio y, ¿por qué no?, honrarlos con un funeral (católico, evangélico, judío… ¡qué mas da!), entonces podremos por fin hablar de pasado”.
gvidalmanzanares@gmail.com
(Por si alguien no lo sabe Gustavo Vidal Manzanares es hermano de César Vidal, de la COPE y otras cabeceras ultras). Jordi Grau.
Gustavo Vidal Manzanares
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado
El grupo Jarcha interpretó una de las canciones más populares de la transición, “Libertad sin ira”, que comenzaba así: “Hace algún tiempo en este país hubo una guerra ……”. Treinta años después, con ira o sin ella, pero impulsados por una sed infinita de justicia, hemos de proclamar que… en este país hubo un genocidio.
Y me ciño a la definición de la RAE: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.
Este espíritu genocida lo confirmó el general Franco el 28 de julio de 1936 en su primera entrevista a la prensa extranjera: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid, avanzaré—gritó—tomaré la capital. Salvaré a España cueste lo que cueste” El entrevistador le pregunta si eso significa matar a la mitad de España que no comparta sus ideas políticas, y él respondió sin vacilación: “Repito, cueste lo que cueste” (Franco. Una biografía psicológica. P. 183. Enrique González Duro)
El Código penal se refiere en su artículo 607 al genocidio como “el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico…” De igual modo, el artículo 131,4 del mismo cuerpo legal establece que “Los delitos de genocidio… no prescribirán nunca”. Por otra parte, esta clase de ilícitos son competencia de la Audiencia Nacional y por ello están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Aunque la Ley del Registro Civil obliga a las administraciones a averiguar la procedencia de cada resto humano no identificado y sufragar los gastos correspondientes, desde posturas de la derecha se alega que todo esto es ”reabrir heridas” y “remover el pasado”. No, desgraciadamente, no es “pasado”. No es “pasado” porque las víctimas siguen todavía en cunetas y fosas anónimas. Y esto es un lamentable presente. Y hablamos de hombres y mujeres que un día soñaron con ser felices, jugaron, rieron, se enamoraron, fundaron familias, anhelaban ver crecer a sus hijos, envejecer junto a sus cónyuges, deleitarse con una buena música… es una vergüenza para la Humanidad y para España que seres humanos sigan pudriéndose en fosas y cunetas. Esto es una realidad. Muy presente.
Le duela a quien le duela. Respecto al “reabrir heridas”, me pregunto si pensarían igual cuando se tratara de enjuiciar a un etarra por un asesinato cometido hace veinte años… ¿hablarían en este caso de “ no reabrir heridas”?
Alimentados por vanidad y codicia y encarnando un cinismo nauseabundo, han brotado entre el estiércol de la vileza, los “revisionistas de la nada”. Engordan sus cuentas corrientes y sus egos atormentados ensalzando el franquismo y racionalizando la mala conciencia de quienes bien saben que su prosperidad y bienestar se construyó sobre lágrimas, terror, patios carcelarios, chorros de sangre y una violencia descomunal.
No faltan entre estos “revisionistas de la nada” los que antaño defendían posturas antitéticas mutadas súbitamente ante la perspectiva monetaria y el aplauso de papanatas.
Sin embargo, cada hueso desenterrado representará el alivio de hombres y mujeres que llevaban décadas esperando saber donde cayeron los restos de sus seres queridos. No se podrá juzgar ya a los militares que cosieron a su bocamanga estrellas oscurecidas de muerte, ni a los policías que adornaron su hoja de servicios con las confesiones obtenidas tras “hábiles interrogatorios”, nadie sentará en el banquillo a los tricornios charolados que, coronando cuerpos sin entrañas, arrancaron de sus casas a temblorosos padres de familia hacia viajes sin retorno.
Pero el día que el último hueso reclamado sea redimido de la ignominia de cunetas terrosas, el día que se selle la última sepultura digna, el día que los descendientes de aquellos desdichados puedan llevarlos a un cementerio y, ¿por qué no?, honrarlos con un funeral (católico, evangélico, judío… ¡qué mas da!), entonces podremos por fin hablar de pasado”.
gvidalmanzanares@gmail.com
(Por si alguien no lo sabe Gustavo Vidal Manzanares es hermano de César Vidal, de la COPE y otras cabeceras ultras). Jordi Grau.
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