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Santiago Carrillo: 'España todavía no ha superado la Guerra Civil'
El histórico secretario general del Partido Comunista español (PCE) y uno de los actores de la 'transición' democrática, la España de hoy todavía no ha cerrado las 'heridas' del pasado, como demuestra la 'resistencia' de la derecha a una investigación judicial sobre el franquismo.
'La guerra todavía no la hemos superado, sobre todo la derecha', estima en una entrevista con la AFP quien fue secretario general del PCE entre 1960 y 1982.
'Las heridas de la guerra todavía están próximas' y 'España necesita un par de generaciones para que la gente no se sienta ligada a uno o otro bando en que lucharon', según Carrillo, de 93 años, que durante la Guerra Civil (1936-39) fue responsable de la defensa de Madrid en el bando del gobierno republicano de izquierdas.
Alega que la prueba es la 'resistencia' de la derecha española a que el juez Baltasar Garzón investigara la suerte de más de 100.000 desaparecidos de la guerra y la dictadura franquista (1939-75) , muchos de ellos enterrados en fosas comunes.
Garzón desistió de investigar hace dos semanas y el viernes pasado, la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, dictaminó que no es de su competencia.'La intención de Garzón ha sido buena.
Lo que él quería era lograr una condena del franquismo que todavía no se ha hecho en este país. Pero por la vía judicial, con la magistatura que tenemos no obtendremos este resultado', según Carrillo, que se retiró de la política en 1991.
Carrillo, que tras la guerra pasó 40 años en el exilio en Francia y tras la muerte de Franco, en 1975, participó en la redacción de la Constitución española tras la legalización del PCE en 1977, sigue siendo republicano pero apoya la monarquía en la coyuntura actual.
'Tenemos una monarquía como nunca hemos tenido en España, una monarquía neutral en la lucha de los partidos políticos, que no ha venido impuesta por la derecha y que no se inclina a favor de la derecha ni de la izquierda.
En esta situación, plantear el problema del régimen sería un error', estima.Su partido integra hoy la coalición Izquierda Unida (IU), que sólo obtuvo un diputado en las pasadas elecciones, contrariamente a la primera legislatura del Congreso de los Diputados (1979-82) en la que el PCE tenía 25 diputados.
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lunes, 1 de diciembre de 2008
domingo, 30 de noviembre de 2008
¿Se puede dar por cerrada la Guerra Civil? Gabriel Jackson.
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¿Se puede dar por cerrada la Guerra Civil?
GABRIEL JACKSON
Todas las guerras son crueles, y las guerras civiles parecen especialmente crueles porque dividen familias, clases sociales y hermandades profesionales dentro de un mismo país. Pero la forma de terminarlas puede influir de manera considerable en las actitudes de los supervivientes y de generaciones posteriores. En el caso de la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, la victoria del norte hizo que Estados Unidos siguiera siendo una sola nación y que se aboliera la esclavitud en toda esa nación, incluida la zona de la derrotada Confederación sudista. Inmediatamente después de la rendición del general Robert E. Lee, el presidente Abraham Lincoln y el general en jefe Ulysses Grant ordenaron a los líderes sudistas que disolvieran sus tropas, regresaran a sus casas y reanudaran sus ocupaciones en la vida civil. Como en todas las guerras, se habían producido asesinatos y crueldades innecesarias, pero no había habido campos de concentración para los vencidos ni una política de encarcelamiento prolongado ni ejecuciones sin fin por parte del gobierno victorioso.
La sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como un régimen criminal
El norte victorioso en EE UU no castigó con saña al sur como hizo Franco con los 'rojos'
A largo plazo, el fin de la guerra de secesión y la restauración de la democracia constitucional en los antiguos Estados confederados significaron también que, como la clase dirigente blanca volvió a sus posiciones de poder, los antiguos esclavos y sus hijos se vieron legalmente privados de los derechos que tenían los ciudadanos blancos. Hubo que esperar a la década de 1960, un siglo después de la guerra, tras la plena participación de soldados negros en la defensa de la democracia occidental en dos guerras mundiales y después de decenios de lucha de un movimiento de derechos civiles, para que un presidente blanco y originario del Sur, Lyndon Johnson, firmara las leyes de derechos civiles que, por fin, permitieron que los negros estadounidenses fueran ciudadanos de pleno derecho, hasta desembocar en el hecho de que acabemos de elegir a un presidente negro. Y, a lo largo del siglo XX, cuando personas del norte como el que esto escribe viajábamos por diversos Estados del sur, veíamos con frecuencia estatuas de Robert E. Lee y otros héroes políticos y militares de la Confederación derrotada, pero nunca se nos ocurrió exigir que quitaran esas estatuas.
¡Qué distintos fueron el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil en España! El propósito del alzamiento militar de julio no fue liberar a esclavos ni defender un Gobierno democrático legítimo, sino destruir el primer -y muy imperfecto- experimento de democracia política en España y eliminar físicamente, dentro o fuera del campo de batalla, a todos aquellos a quienes se consideraba comunistas, ateos, anarquistas, masones, etcétera. Después llegó una dictadura de 36 años que incluyó miles de ejecuciones políticas -más en el primer decenio- y la continuación de sentencias de cárcel por motivos políticos y de esporádicas condenas a muerte hasta al final.
Sin embargo, para inmensa fortuna del sufrido pueblo español, el joven rey designado por Franco como sucesor y una parte importante de los hijos de la clase media y alta que había apoyado a Franco se habían convencido poco a poco de que a España le era mucho más beneficiosa una democracia constitucional que la continuación del Movimiento. Esta actitud y la sed de libertad de los vencidos y sus descendientes hicieron posible la transición de una dictadura militar de derechas a una monarquía democrática constitucional.
¿Por qué, entonces, han vuelto a convertirse la Guerra Civil y la dictadura posterior en objeto de enconadas disputas en la conciencia pública española? El principal factor, en estos momentos, es la enorme diferencia de trato recibido por el recuerdo público de los muchos miles de víctimas de asesinatos según fueran personas partidarias del alzamiento militar o de la defensa de la república. Las víctimas de los paseos llevados a cabo por incontrolados anarquistas o agentes estalinistas recibieron honras fúnebres siempre que fue posible recuperar sus cuerpos y, en cualquier caso, durante toda la Guerra Civil y la dictadura de Franco, fueron objeto colectivo del homenaje de la Iglesia y el Estado. Las víctimas, mucho más numerosas, de las incursiones falangistas en las prisiones y los juicios en tribunales de guerra sin un mínimo de defensa legal, seguidos de enterramientos de masas en tumbas anónimas, sólo podían ser recordadas en asustado silencio por sus familiares y amigos. Mientras Franco vivía, cualquier homenaje a su memoria era imposible; en los primeros 20 o 30 años de la Monarquía constitucional, la mayoría de la gente permaneció callada porque no había seguridad de cuánto iba a durar la libertad recién adquirida o porque aceptaba de mejor o peor grado la idea de que era mejor olvidarse del pasado, no "remover las brasas" de una guerra que, al fin y al cabo, había terminado hacía más de 50 años.
En mi opinión, si la reconciliación general de los dos bandos de la Guerra Civil dependiera sólo de restaurar la dignidad de los asesinados por la derecha y por la izquierda, sería posible dar por zanjada la cuestión en el contexto de la actual Ley de Memoria Histórica. Por comparar, si la gran mayoría de los alemanes ha reconocido los crímenes del régimen nazi; si la gran mayoría de los estadounidenses ha reconocido los crímenes colectivos de la esclavitud y posteriormente la segregación; y si la mayoría de los surafricanos ha aprobado el final del apartheid, no cabe duda de que la inmensa mayoría de los españoles podría reconocer el carácter criminal de una represión que duró décadas y ejecutó a más de 100.000 no combatientes.
Sin embargo, lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en el que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud. Existe una parte pequeña pero sustancial de la población española que opina que la palabra República no fue más que un sinónimo de incompetencia y desorden, que recuerda la violencia laboral, las amenazas contra la Iglesia y la burguesía y las promesas de uno u otro tipo de revolución colectivista en la primavera de 1936. Para esa minoría sustancial, el alzamiento militar fue un esfuerzo justificado, un pronunciamiento tradicional español como método para restablecer el orden público. Esas personas, aunque reconocen la extrema crueldad del régimen de Franco, consideran que la izquierda revolucionaria fue más responsable de la Guerra Civil y sus terribles consecuencias que el alzamiento del 18 de julio.
En estas circunstancias, con la opinión nacional fuertemente dividida, la Ley de Memoria Histórica cumple el propósito justo de permitir que las familias que perdieron a miembros en la salvaje represión franquista descubran todo lo posible, entre 30 y 70 años después, de los restos físicos de sus seres queridos, y que vean sus nombres limpios de acusaciones penales injustas. El Gobierno actual también ha actuado de manera honorable al conceder la ciudadanía a los exiliados republicanos y sus hijos, así como a los miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon en defensa de la República. Y, desde luego, debería ser posible, aunque sin duda controvertido, anular por completo las condenas de prisión y muerte dictadas por los tribunales sin que se permitiera ninguna defensa ni se mostrara ninguna preocupación profesional por la veracidad de las acusaciones. Sin embargo, el trato reciente dado al esfuerzo del juez Garzón para documentar en la mayor medida posible las purgas mortales realizadas por los generales rebeldes y sus seguidores deja bien claro que muchos ciudadanos conservadores no creen que dichas purgas constituyeran crímenes contra la humanidad.
Existe un viejo dicho que siempre ha tenido un gran significado para mí como historiador: la verdad os hará libres. En realidad, me parece una frase demasiado categórica. Pero sí estoy convencido de que la voluntad de reconocer la verdad, por desagradable que sea, es un requisito indispensable para superar los recuerdos amargos que pueden transmitirse mientras no haya un relato claro, cualitativo y cuantitativo, de los crímenes cometidos por los militares rebeldes, la Falange, los "incontrolados", los agentes estalinistas y la escoria criminal que, en cualquier sociedad, se aprovecha de los odios de clase y la desintegración del orden público.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Gabriel Jackson es historiador estadounidense.
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¿Se puede dar por cerrada la Guerra Civil?
GABRIEL JACKSON
Todas las guerras son crueles, y las guerras civiles parecen especialmente crueles porque dividen familias, clases sociales y hermandades profesionales dentro de un mismo país. Pero la forma de terminarlas puede influir de manera considerable en las actitudes de los supervivientes y de generaciones posteriores. En el caso de la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, la victoria del norte hizo que Estados Unidos siguiera siendo una sola nación y que se aboliera la esclavitud en toda esa nación, incluida la zona de la derrotada Confederación sudista. Inmediatamente después de la rendición del general Robert E. Lee, el presidente Abraham Lincoln y el general en jefe Ulysses Grant ordenaron a los líderes sudistas que disolvieran sus tropas, regresaran a sus casas y reanudaran sus ocupaciones en la vida civil. Como en todas las guerras, se habían producido asesinatos y crueldades innecesarias, pero no había habido campos de concentración para los vencidos ni una política de encarcelamiento prolongado ni ejecuciones sin fin por parte del gobierno victorioso.
La sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como un régimen criminal
El norte victorioso en EE UU no castigó con saña al sur como hizo Franco con los 'rojos'
A largo plazo, el fin de la guerra de secesión y la restauración de la democracia constitucional en los antiguos Estados confederados significaron también que, como la clase dirigente blanca volvió a sus posiciones de poder, los antiguos esclavos y sus hijos se vieron legalmente privados de los derechos que tenían los ciudadanos blancos. Hubo que esperar a la década de 1960, un siglo después de la guerra, tras la plena participación de soldados negros en la defensa de la democracia occidental en dos guerras mundiales y después de decenios de lucha de un movimiento de derechos civiles, para que un presidente blanco y originario del Sur, Lyndon Johnson, firmara las leyes de derechos civiles que, por fin, permitieron que los negros estadounidenses fueran ciudadanos de pleno derecho, hasta desembocar en el hecho de que acabemos de elegir a un presidente negro. Y, a lo largo del siglo XX, cuando personas del norte como el que esto escribe viajábamos por diversos Estados del sur, veíamos con frecuencia estatuas de Robert E. Lee y otros héroes políticos y militares de la Confederación derrotada, pero nunca se nos ocurrió exigir que quitaran esas estatuas.
¡Qué distintos fueron el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil en España! El propósito del alzamiento militar de julio no fue liberar a esclavos ni defender un Gobierno democrático legítimo, sino destruir el primer -y muy imperfecto- experimento de democracia política en España y eliminar físicamente, dentro o fuera del campo de batalla, a todos aquellos a quienes se consideraba comunistas, ateos, anarquistas, masones, etcétera. Después llegó una dictadura de 36 años que incluyó miles de ejecuciones políticas -más en el primer decenio- y la continuación de sentencias de cárcel por motivos políticos y de esporádicas condenas a muerte hasta al final.
Sin embargo, para inmensa fortuna del sufrido pueblo español, el joven rey designado por Franco como sucesor y una parte importante de los hijos de la clase media y alta que había apoyado a Franco se habían convencido poco a poco de que a España le era mucho más beneficiosa una democracia constitucional que la continuación del Movimiento. Esta actitud y la sed de libertad de los vencidos y sus descendientes hicieron posible la transición de una dictadura militar de derechas a una monarquía democrática constitucional.
¿Por qué, entonces, han vuelto a convertirse la Guerra Civil y la dictadura posterior en objeto de enconadas disputas en la conciencia pública española? El principal factor, en estos momentos, es la enorme diferencia de trato recibido por el recuerdo público de los muchos miles de víctimas de asesinatos según fueran personas partidarias del alzamiento militar o de la defensa de la república. Las víctimas de los paseos llevados a cabo por incontrolados anarquistas o agentes estalinistas recibieron honras fúnebres siempre que fue posible recuperar sus cuerpos y, en cualquier caso, durante toda la Guerra Civil y la dictadura de Franco, fueron objeto colectivo del homenaje de la Iglesia y el Estado. Las víctimas, mucho más numerosas, de las incursiones falangistas en las prisiones y los juicios en tribunales de guerra sin un mínimo de defensa legal, seguidos de enterramientos de masas en tumbas anónimas, sólo podían ser recordadas en asustado silencio por sus familiares y amigos. Mientras Franco vivía, cualquier homenaje a su memoria era imposible; en los primeros 20 o 30 años de la Monarquía constitucional, la mayoría de la gente permaneció callada porque no había seguridad de cuánto iba a durar la libertad recién adquirida o porque aceptaba de mejor o peor grado la idea de que era mejor olvidarse del pasado, no "remover las brasas" de una guerra que, al fin y al cabo, había terminado hacía más de 50 años.
En mi opinión, si la reconciliación general de los dos bandos de la Guerra Civil dependiera sólo de restaurar la dignidad de los asesinados por la derecha y por la izquierda, sería posible dar por zanjada la cuestión en el contexto de la actual Ley de Memoria Histórica. Por comparar, si la gran mayoría de los alemanes ha reconocido los crímenes del régimen nazi; si la gran mayoría de los estadounidenses ha reconocido los crímenes colectivos de la esclavitud y posteriormente la segregación; y si la mayoría de los surafricanos ha aprobado el final del apartheid, no cabe duda de que la inmensa mayoría de los españoles podría reconocer el carácter criminal de una represión que duró décadas y ejecutó a más de 100.000 no combatientes.
Sin embargo, lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en el que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud. Existe una parte pequeña pero sustancial de la población española que opina que la palabra República no fue más que un sinónimo de incompetencia y desorden, que recuerda la violencia laboral, las amenazas contra la Iglesia y la burguesía y las promesas de uno u otro tipo de revolución colectivista en la primavera de 1936. Para esa minoría sustancial, el alzamiento militar fue un esfuerzo justificado, un pronunciamiento tradicional español como método para restablecer el orden público. Esas personas, aunque reconocen la extrema crueldad del régimen de Franco, consideran que la izquierda revolucionaria fue más responsable de la Guerra Civil y sus terribles consecuencias que el alzamiento del 18 de julio.
En estas circunstancias, con la opinión nacional fuertemente dividida, la Ley de Memoria Histórica cumple el propósito justo de permitir que las familias que perdieron a miembros en la salvaje represión franquista descubran todo lo posible, entre 30 y 70 años después, de los restos físicos de sus seres queridos, y que vean sus nombres limpios de acusaciones penales injustas. El Gobierno actual también ha actuado de manera honorable al conceder la ciudadanía a los exiliados republicanos y sus hijos, así como a los miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon en defensa de la República. Y, desde luego, debería ser posible, aunque sin duda controvertido, anular por completo las condenas de prisión y muerte dictadas por los tribunales sin que se permitiera ninguna defensa ni se mostrara ninguna preocupación profesional por la veracidad de las acusaciones. Sin embargo, el trato reciente dado al esfuerzo del juez Garzón para documentar en la mayor medida posible las purgas mortales realizadas por los generales rebeldes y sus seguidores deja bien claro que muchos ciudadanos conservadores no creen que dichas purgas constituyeran crímenes contra la humanidad.
Existe un viejo dicho que siempre ha tenido un gran significado para mí como historiador: la verdad os hará libres. En realidad, me parece una frase demasiado categórica. Pero sí estoy convencido de que la voluntad de reconocer la verdad, por desagradable que sea, es un requisito indispensable para superar los recuerdos amargos que pueden transmitirse mientras no haya un relato claro, cualitativo y cuantitativo, de los crímenes cometidos por los militares rebeldes, la Falange, los "incontrolados", los agentes estalinistas y la escoria criminal que, en cualquier sociedad, se aprovecha de los odios de clase y la desintegración del orden público.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Gabriel Jackson es historiador estadounidense.
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domingo, 9 de noviembre de 2008
La Asociación para el Recuerdo y la Dignidad recibe 14 peticiones más de exhumación de fusilados en la Guerra Civil
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La Asociación para el Recuerdo y la Dignidad recibe 14 peticiones ...
Soria
Ante las iniciativas del juez Garzón
La Asociación para el Recuerdo y la Dignidad recibe 14 peticiones más de exhumación de fusilados en la Guerra Civil
S.A.
La iniciativa del juez Baltasar Garzón para elaborar un censo de víctimas e investigar los fusilamientos que se produjeron durante la Guerra Civil Española [el Pleno de la Audiencia Nacional paralizó el pasado viernes las exhumaciones ordenadas por el magistrado] ha hecho aumentar en Soria el número de peticiones de localización y recuperación de los restos mortales de represaliados durante la contienda civil. La Asociación para el Recuerdo y la Dignidad de Soria cuenta ya con 14 peticiones de exhumaciones en la provincia.
"Hemos recibido muchísimas solicitudes", explica Iván Aparicio, "de familiares de personas afines a la II República o al bando sublevado". "En la búsqueda dramática de un familiar no hay diferencias", explica Aparicio, quien destacó que la asociación se muestra "abierta" a ayudar a todo el mundo, al margen de ideas políticas, que solicite el hallazgo de los restos mortales de un familiar represaliado durante la Guerra Civil Española.
Entre las solicitudes de exhumación que se han recibido ya destaca la efectuada por parientes de Anastasio Vitoria, en su día alcalde de Ágreda, que fue fusilado en el cementerio del Espino junto a Juan Antonio Gaya Tovar (padre del crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño). Otra de las peticiones la realiza la hija del que fuera concejal de Cultura de San Esteban de Gormaz. "La mujer, que tiene cerca de 90 años, quiere depositar unas flores en la tumba de su padre", relató el presidente de la Asociación para el Recuerdo y la Dignidad. "Sabemos que su cuerpo se encuentra en una fosa entre Barcones y Paredes de Sigüenza", explica. Además, les ha sido encomendada y ya empezado la investigación para conseguir encontrar los restos mortales de dos navarros, entre ellos el que fuera alcalde de Pitillas, que durante un tiempo lograron esconderse entre las poblaciones sorianas de Fuentebella y Sarnago.
También han recibido alguna petición que implicaría una apertura de la fosa del cementerio de Las Casas, "pero eso hay que estudiarlo bien, ir despacio, porque no sabemos cuánta gente puede haber ahí", apuntó Aparicio, quien señaló que queda pendiente encontrar la fosa de Quirico Esteban, un caso que se llevará ante la Audiencia Nacional con el objetivo de que se investigue en profundidad, puesto que saben que existen unas diligencias iniciadas ya en el año 1979.Los últimos pasos de la Fiscalía del Estado, que ha hecho paralizar el proceso iniciado por el juez Garzón no impediría llevar a cabo las exhumaciones solicitadas en Soria, paralizaría únicamente las ordenadas por la Audiencia Nacional.
No obstante, desde la Asociación para el Recuerdo y la Dignidad se destaca la importancia que tiene el que estas recuperaciones de los restos mortales de fusilados en la Guerra Civil se efectúe bajo el amparo y la legitimidad judicial. "Daría un cambio radical a todo", explica Iván Aparicio. En Soria se estima que más de 300 personas fueron fusiladas durante la contienda civil.
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La Asociación para el Recuerdo y la Dignidad recibe 14 peticiones ...
Soria
Ante las iniciativas del juez Garzón
La Asociación para el Recuerdo y la Dignidad recibe 14 peticiones más de exhumación de fusilados en la Guerra Civil
S.A.
La iniciativa del juez Baltasar Garzón para elaborar un censo de víctimas e investigar los fusilamientos que se produjeron durante la Guerra Civil Española [el Pleno de la Audiencia Nacional paralizó el pasado viernes las exhumaciones ordenadas por el magistrado] ha hecho aumentar en Soria el número de peticiones de localización y recuperación de los restos mortales de represaliados durante la contienda civil. La Asociación para el Recuerdo y la Dignidad de Soria cuenta ya con 14 peticiones de exhumaciones en la provincia.
"Hemos recibido muchísimas solicitudes", explica Iván Aparicio, "de familiares de personas afines a la II República o al bando sublevado". "En la búsqueda dramática de un familiar no hay diferencias", explica Aparicio, quien destacó que la asociación se muestra "abierta" a ayudar a todo el mundo, al margen de ideas políticas, que solicite el hallazgo de los restos mortales de un familiar represaliado durante la Guerra Civil Española.
Entre las solicitudes de exhumación que se han recibido ya destaca la efectuada por parientes de Anastasio Vitoria, en su día alcalde de Ágreda, que fue fusilado en el cementerio del Espino junto a Juan Antonio Gaya Tovar (padre del crítico de arte Juan Antonio Gaya Nuño). Otra de las peticiones la realiza la hija del que fuera concejal de Cultura de San Esteban de Gormaz. "La mujer, que tiene cerca de 90 años, quiere depositar unas flores en la tumba de su padre", relató el presidente de la Asociación para el Recuerdo y la Dignidad. "Sabemos que su cuerpo se encuentra en una fosa entre Barcones y Paredes de Sigüenza", explica. Además, les ha sido encomendada y ya empezado la investigación para conseguir encontrar los restos mortales de dos navarros, entre ellos el que fuera alcalde de Pitillas, que durante un tiempo lograron esconderse entre las poblaciones sorianas de Fuentebella y Sarnago.
También han recibido alguna petición que implicaría una apertura de la fosa del cementerio de Las Casas, "pero eso hay que estudiarlo bien, ir despacio, porque no sabemos cuánta gente puede haber ahí", apuntó Aparicio, quien señaló que queda pendiente encontrar la fosa de Quirico Esteban, un caso que se llevará ante la Audiencia Nacional con el objetivo de que se investigue en profundidad, puesto que saben que existen unas diligencias iniciadas ya en el año 1979.Los últimos pasos de la Fiscalía del Estado, que ha hecho paralizar el proceso iniciado por el juez Garzón no impediría llevar a cabo las exhumaciones solicitadas en Soria, paralizaría únicamente las ordenadas por la Audiencia Nacional.
No obstante, desde la Asociación para el Recuerdo y la Dignidad se destaca la importancia que tiene el que estas recuperaciones de los restos mortales de fusilados en la Guerra Civil se efectúe bajo el amparo y la legitimidad judicial. "Daría un cambio radical a todo", explica Iván Aparicio. En Soria se estima que más de 300 personas fueron fusiladas durante la contienda civil.
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lunes, 3 de noviembre de 2008
Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales.
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Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Las 40.000 víctimas del “terror rojo” son pocas comparadas con las más de 130.000 que se cobró la represión franquista
GUSTAVO VIDAL MANZANARES
El calendario de festejos y beatificaciones en lotes de a cien, confeccionado por los inefables Ratzinger y Rouco Varela, nos traslada a la gran tragedia española del siglo XX.
Nadie discute a la iglesia católica su derecho para formar equipos de beatos. Y mucho menos se la acusa de “reabrir viejas heridas”. Por ello indigna la hipocresía episcopal que lleva sus muertos a los cielos, pero que se rasga las sotanas cuando los otros tan sólo desean arrancar de la tierra a los suyos.
Rechinar de dientes
Mientras un bando nunca dejó de honrar a sus caídos, al otro sólo le quedaba rechinar los dientes. Cuando, hartos de apretar las mandíbulas, algunos han decidido apartar la tierra negra que cubre los huesos de los suyos, les han llovido burlas, improperios y acusaciones de “reabrir viejas heridas”. No, las llagas no se cerrarán hasta que el último hueso sea rescatado de la ignominia del barro y el olvido.
Resignación expirada
Por si esto no fuera suficiente, durante años ha habido que escuchar tópicos machacones del tipo de “todos fueron iguales” o “barbaridades se cometieron por igual en ambas partes”. Pero la resignación ante esta mentira ha expirado.
Los dos bandos no fueron iguales
Así, el historiador Francisco Espinosa acaba de alumbrar un documentado estudio sobre las atrocidades de nuestra guerra civil. En su obra se desmonta la indigna falsedad de “los dos bandos fueron iguales”. Reconozcamos que en la transición no podía airearse esta podredumbre, pero hoy esta investigación seria desmonta la falacia.
Cifras dispares
De este modo, las cifras del “terror rojo” apenas llegaron a 40.000 personas. Escalofriante, ciertamente, pero muy poco comparado con las más de 130.000 víctimas que se cobró la represión franquista. Cifra que, lejos de ser definitiva, va en aumento a medida que se profundiza en archivos y cunetas.
Plan de exterminio
Pero la diferencia fundamental no radica solo en el número de muertos, sino en que los sublevados perpetraron, según el documentado estudio de Francisco Espinosa, un “plan de exterminio desde el principio y valiéndose de los resortes del poder”. Algo que, además, encaja con las sucias palabras de Queipo de Llano a José López Pinto, jefe de los golpistas gaditanos… “¡Esto se acaba!, es preciso que antes hayas matado a todos los comunistas”.
Un genocidio, sin más
No estamos hablando de venganzas ciegas ejecutadas por partidas de incontrolados, no… estamos refiriéndonos a un plan bien medido, desde la cúspide de los sublevados, y con la finalidad de asesinar a todos los desafectos a la rebelión. Un genocidio, sin más.
Consejos y bandos
Para ejecutar su plan de asesinatos se sirvieron de dos instrumentos: los consejos sumarísimos de urgencia y los bandos de guerra. De esta manera, Espinosa nos muestra cómo el mapa de las fosas se superpone a los lugares donde el golpe militar fue triunfando.
La recuperación de la verdad
Hemos debido esperar tres décadas desde la Constitución para poder clamar esta verdad: ambos bandos no fueron iguales, no se cometieron las mismas barbaridades en las dos partes y, por supuestos, no se ejecutaron de igual manera.
Confiemos, por tanto, que la luz que ya va iluminando los huesos quebrados de las cunetas, alumbre también esta verdad histórica.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
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Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Guerra civil: ambos bandos no fueron iguales
Las 40.000 víctimas del “terror rojo” son pocas comparadas con las más de 130.000 que se cobró la represión franquista
GUSTAVO VIDAL MANZANARES
El calendario de festejos y beatificaciones en lotes de a cien, confeccionado por los inefables Ratzinger y Rouco Varela, nos traslada a la gran tragedia española del siglo XX.
Nadie discute a la iglesia católica su derecho para formar equipos de beatos. Y mucho menos se la acusa de “reabrir viejas heridas”. Por ello indigna la hipocresía episcopal que lleva sus muertos a los cielos, pero que se rasga las sotanas cuando los otros tan sólo desean arrancar de la tierra a los suyos.
Rechinar de dientes
Mientras un bando nunca dejó de honrar a sus caídos, al otro sólo le quedaba rechinar los dientes. Cuando, hartos de apretar las mandíbulas, algunos han decidido apartar la tierra negra que cubre los huesos de los suyos, les han llovido burlas, improperios y acusaciones de “reabrir viejas heridas”. No, las llagas no se cerrarán hasta que el último hueso sea rescatado de la ignominia del barro y el olvido.
Resignación expirada
Por si esto no fuera suficiente, durante años ha habido que escuchar tópicos machacones del tipo de “todos fueron iguales” o “barbaridades se cometieron por igual en ambas partes”. Pero la resignación ante esta mentira ha expirado.
Los dos bandos no fueron iguales
Así, el historiador Francisco Espinosa acaba de alumbrar un documentado estudio sobre las atrocidades de nuestra guerra civil. En su obra se desmonta la indigna falsedad de “los dos bandos fueron iguales”. Reconozcamos que en la transición no podía airearse esta podredumbre, pero hoy esta investigación seria desmonta la falacia.
Cifras dispares
De este modo, las cifras del “terror rojo” apenas llegaron a 40.000 personas. Escalofriante, ciertamente, pero muy poco comparado con las más de 130.000 víctimas que se cobró la represión franquista. Cifra que, lejos de ser definitiva, va en aumento a medida que se profundiza en archivos y cunetas.
Plan de exterminio
Pero la diferencia fundamental no radica solo en el número de muertos, sino en que los sublevados perpetraron, según el documentado estudio de Francisco Espinosa, un “plan de exterminio desde el principio y valiéndose de los resortes del poder”. Algo que, además, encaja con las sucias palabras de Queipo de Llano a José López Pinto, jefe de los golpistas gaditanos… “¡Esto se acaba!, es preciso que antes hayas matado a todos los comunistas”.
Un genocidio, sin más
No estamos hablando de venganzas ciegas ejecutadas por partidas de incontrolados, no… estamos refiriéndonos a un plan bien medido, desde la cúspide de los sublevados, y con la finalidad de asesinar a todos los desafectos a la rebelión. Un genocidio, sin más.
Consejos y bandos
Para ejecutar su plan de asesinatos se sirvieron de dos instrumentos: los consejos sumarísimos de urgencia y los bandos de guerra. De esta manera, Espinosa nos muestra cómo el mapa de las fosas se superpone a los lugares donde el golpe militar fue triunfando.
La recuperación de la verdad
Hemos debido esperar tres décadas desde la Constitución para poder clamar esta verdad: ambos bandos no fueron iguales, no se cometieron las mismas barbaridades en las dos partes y, por supuestos, no se ejecutaron de igual manera.
Confiemos, por tanto, que la luz que ya va iluminando los huesos quebrados de las cunetas, alumbre también esta verdad histórica.
Gustavo Vidal Manzanares es jurista y escritor
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domingo, 2 de noviembre de 2008
El Gobierno autoriza a investigadores de la guerra y el franquismo a obtener actas de defunción del Registro
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MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno permitirá la obtención de certificaciones de defunción del Registro Civil "cuando la petición se enmarque en investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición" o en investigaciones "que hayan obtenido cualquier tipo de apoyo institucional".
Así consta en una instrucción del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida a los encargados de los registros civiles con el fin de solventar las dudas que pueda suscitar la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que garantiza el derecho de acceso a los documentos depositados en archivos públicos sobre la guerra y el franquismo para investigaciones históricas.
La instrucción se refiere a la consulta de los libros de defunciones de los Registros Civiles -una cuestión en la que los jueces responsables han mantenido posiciones divergentes en los últimos años_ y recibió el pasado viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, junto a otras normas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
Esta norma prevé también que los investigadores puedan obtener notas simples -que tienen sólo carácter informativo, no oficial_ siempre que los datos necesarios para la investigación sean abstractos y no identifiquen individualmente a las personas y consultar directamente los libros en el horario que fijen los encargados del Registro, para no interferir en su funcionamiento ordinario.
En todo caso, precisa la instrucción, será la Dirección General de los Registros y del Notariado la encargada de certificar que existe un "interés legítimo" para acceder a los libros de defunción. El texto, elaborado por esta dirección general, pretende hacer compatible la garantía de acceso a los fondos públicos con la necesidad de proteger la integridad de los archivos y dar sólo una "publicidad restringida" cuando se trate de asuntos que afecten a la intimidad personal y familiar "que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada".
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Memoria.- El Gobierno autoriza a investigadores de la guerra y el ...
El Gobierno autoriza a investigadores de la guerra y el franquismo a obtener actas de defunción del Registro
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Memoria.- Garzón se declara competente para investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil y Franquismo (16/10/2008)
MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno permitirá la obtención de certificaciones de defunción del Registro Civil "cuando la petición se enmarque en investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición" o en investigaciones "que hayan obtenido cualquier tipo de apoyo institucional".
Así consta en una instrucción del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida a los encargados de los registros civiles con el fin de solventar las dudas que pueda suscitar la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que garantiza el derecho de acceso a los documentos depositados en archivos públicos sobre la guerra y el franquismo para investigaciones históricas.
La instrucción se refiere a la consulta de los libros de defunciones de los Registros Civiles -una cuestión en la que los jueces responsables han mantenido posiciones divergentes en los últimos años_ y recibió el pasado viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, junto a otras normas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
Esta norma prevé también que los investigadores puedan obtener notas simples -que tienen sólo carácter informativo, no oficial_ siempre que los datos necesarios para la investigación sean abstractos y no identifiquen individualmente a las personas y consultar directamente los libros en el horario que fijen los encargados del Registro, para no interferir en su funcionamiento ordinario.
En todo caso, precisa la instrucción, será la Dirección General de los Registros y del Notariado la encargada de certificar que existe un "interés legítimo" para acceder a los libros de defunción. El texto, elaborado por esta dirección general, pretende hacer compatible la garantía de acceso a los fondos públicos con la necesidad de proteger la integridad de los archivos y dar sólo una "publicidad restringida" cuando se trate de asuntos que afecten a la intimidad personal y familiar "que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada".
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jueves, 30 de octubre de 2008
Cuatro gijoneses denuncian ante Garzón la muerte de familiares en la Guerra Civil.
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Cuatro gijoneses denuncian ante Garzón la muerte de familiares en ...
Cuatro gijoneses denuncian ante Garzón la muerte de familiares en la Guerra Civil
M. C.
Los gijoneses José Peláez Prado, José García García, Alfonso Piney González y Miguel Ortiz de Guinea Argüelles se personaron el pasado viernes en el procedimiento abierto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para exigir responsabilidades por la represión durante la Guerra Civil y el franquismo. Los gijoneses, asimismo, han presentado denuncia por los delitos de detención ilegal y lesa humanidad por la muerte de seis personas, familiares de alguno de ellos, que están sepultadas en la fosa común de Oviedo y en la de La Reboria, en Infiesto. Además, también se denuncia la desaparición de otra persona en ese período. Los denunciantes anunciaron, asimismo, su intención de promover la creación de una asociación de familiares «de quienes fueron asesinados por defender la República, el Gobierno legal establecido» entonces, señaló José Peláez. Apuntan que la futura asociación se quiere mantener al margen de cualquier injerencia política. José García señala, por su parte, que de cara a la búsqueda de responsables, «en los pueblos todos saben quiénes apretaron el gatillo».
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Cuatro gijoneses denuncian ante Garzón la muerte de familiares en ...
Cuatro gijoneses denuncian ante Garzón la muerte de familiares en la Guerra Civil
M. C.
Los gijoneses José Peláez Prado, José García García, Alfonso Piney González y Miguel Ortiz de Guinea Argüelles se personaron el pasado viernes en el procedimiento abierto por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para exigir responsabilidades por la represión durante la Guerra Civil y el franquismo. Los gijoneses, asimismo, han presentado denuncia por los delitos de detención ilegal y lesa humanidad por la muerte de seis personas, familiares de alguno de ellos, que están sepultadas en la fosa común de Oviedo y en la de La Reboria, en Infiesto. Además, también se denuncia la desaparición de otra persona en ese período. Los denunciantes anunciaron, asimismo, su intención de promover la creación de una asociación de familiares «de quienes fueron asesinados por defender la República, el Gobierno legal establecido» entonces, señaló José Peláez. Apuntan que la futura asociación se quiere mantener al margen de cualquier injerencia política. José García señala, por su parte, que de cara a la búsqueda de responsables, «en los pueblos todos saben quiénes apretaron el gatillo».
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domingo, 19 de octubre de 2008
España rompe el "pacto de silencio" 70 años después de la Guerra Civil
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España rompe el "pacto de silencio" 70 años después de la Guerra Civil
España ha necesitado más de 30 años de democracia para romper el "pacto de silencio" establecido tras la muerte de Franco por los enemigos de la Guerra Civil, que de este modo pretendían contribuir a la reconciliación nacional.
El juez Baltasar Garzón lanzó el jueves la primera contribución de la justicia a un trabajo de memoria largamente pospuesto, al decidir investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39) y de la dictadura del general Francisco Franco (1939-75), víctimas, según él, de "crímenes contra la humanidad".
El magistrado ha abierto una instrucción que tiene por objetivo localizar e identificar más de 100.000 víctimas de la represión franquista, cuyos restos yacen en centenares de fosas comunes por todo el país.
Alrededor de la mitad, según los historiadores, fueron fusilados sumariamente en los años que siguieron a la victoria nacionalista.
Al hacer esto, el juez decidió, contra la opinión de la fiscalía, obviar la ley de amnistía de "crímenes políticos" de la época, aprobada en 1977, dos años después de la muerte de Franco para cerrar heridas.
Esta investigación, cuyo futuro es bastante incierto desde el punto de vista jurídico, constituye la última respuesta de las instituciones españolas a una exigencia ciudadana bastante reciente.
Hubo que esperar hasta principios de los años 2000 para que algunas asociaciones de de familiares de víctimas republicanas pusieran en primer plano un debate que la España moderna, próspera democracia integrada en la Unión Europea, creía haber definitivamente arreglado durante la "Transición" a la democracia.
Mientras en muchos pueblos los acontecimientos de esta óscura época seguían siendo tabú para numerosos ancianos, estas asociaciones reclamaron cada vez más insistentemente la contribución del Estado para rehabilitar a las víctimas olvidadas del franquismo.
Sin subvenciones al principio, basándose en testimonios, empezaron a abrir numerosas fosas comunes en las cunetas de las carreteras y a desenterrar esqueletos, cuyos cráneos tienen a menudo un amplio agujero, provocado por el tiro en la nuca de sus verdugos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) fue la primera en llevar a cabo las excavaciones, efectuando la mayor parte de las 4.000 exhumaciones que se han practicado en España desde 2000 en más de 170 fosas.
Bajo la presión de estas asociaciones, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un combatiente republicano fusilado, elaboró una controvertida ley de Memoria Histórica que fue finalmente aprobada en 2007.
Esta ley, que tiene por objetivo rehabilitar moralmente a las víctimas republicanas, insta al Estado a ayudar a la localización y exhumación de desaparecidos, prevé compensaciones financieras para sus familias y la retirada de símbolos franquistas de edificios públicos.
Señal de que las heridas están lejos de estar cerradas es que esta ley trajo consigo una gran polémica y descontento en varios sectores.
La izquierda le reprochaba al gobierno que no hubiera anulado los procesos sumarios de los tribunales franquistas, que fueron declarados sólo ilegítimos, y la derecha acusó a Zapatero de "reabrir inútilmente las heridas del pasado".
El decano de la política española, el senador Manuel Fraga, fundador del Partido Popular (PP, derecha) y ex ministro de Franco, calificó de "gravísimo error" y "disparate" la decisión de Garzón, alegando la amnistía de 1977.
Frente a esto, los cineastas españoles siguen volviendo una y otra vez a los dramas de la Guerra Civil y el periodo franquista.
Dos películas de éxito se estrenaron este año: "13 rosas", la historia real de 13 chicas fusiladas por los franquistas, y "Los girasoles ciegos", que representará a España en la preselección del Oscar a la Mejor película extranjera, sobre el drama de una pareja de izquierdas en los años 40.
Incluso el director Pedro Almodóvar anunció que su próxima película se basará en las memorias del poeta comunista Marcos Ana, que pasó 23 años en la cárcel bajo la dictadura franquista.
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España rompe el "pacto de silencio" 70 años después de la Guerra Civil
España ha necesitado más de 30 años de democracia para romper el "pacto de silencio" establecido tras la muerte de Franco por los enemigos de la Guerra Civil, que de este modo pretendían contribuir a la reconciliación nacional.
El juez Baltasar Garzón lanzó el jueves la primera contribución de la justicia a un trabajo de memoria largamente pospuesto, al decidir investigar sobre los desaparecidos de la Guerra Civil (1936-39) y de la dictadura del general Francisco Franco (1939-75), víctimas, según él, de "crímenes contra la humanidad".
El magistrado ha abierto una instrucción que tiene por objetivo localizar e identificar más de 100.000 víctimas de la represión franquista, cuyos restos yacen en centenares de fosas comunes por todo el país.
Alrededor de la mitad, según los historiadores, fueron fusilados sumariamente en los años que siguieron a la victoria nacionalista.
Al hacer esto, el juez decidió, contra la opinión de la fiscalía, obviar la ley de amnistía de "crímenes políticos" de la época, aprobada en 1977, dos años después de la muerte de Franco para cerrar heridas.
Esta investigación, cuyo futuro es bastante incierto desde el punto de vista jurídico, constituye la última respuesta de las instituciones españolas a una exigencia ciudadana bastante reciente.
Hubo que esperar hasta principios de los años 2000 para que algunas asociaciones de de familiares de víctimas republicanas pusieran en primer plano un debate que la España moderna, próspera democracia integrada en la Unión Europea, creía haber definitivamente arreglado durante la "Transición" a la democracia.
Mientras en muchos pueblos los acontecimientos de esta óscura época seguían siendo tabú para numerosos ancianos, estas asociaciones reclamaron cada vez más insistentemente la contribución del Estado para rehabilitar a las víctimas olvidadas del franquismo.
Sin subvenciones al principio, basándose en testimonios, empezaron a abrir numerosas fosas comunes en las cunetas de las carreteras y a desenterrar esqueletos, cuyos cráneos tienen a menudo un amplio agujero, provocado por el tiro en la nuca de sus verdugos.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) fue la primera en llevar a cabo las excavaciones, efectuando la mayor parte de las 4.000 exhumaciones que se han practicado en España desde 2000 en más de 170 fosas.
Bajo la presión de estas asociaciones, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, nieto de un combatiente republicano fusilado, elaboró una controvertida ley de Memoria Histórica que fue finalmente aprobada en 2007.
Esta ley, que tiene por objetivo rehabilitar moralmente a las víctimas republicanas, insta al Estado a ayudar a la localización y exhumación de desaparecidos, prevé compensaciones financieras para sus familias y la retirada de símbolos franquistas de edificios públicos.
Señal de que las heridas están lejos de estar cerradas es que esta ley trajo consigo una gran polémica y descontento en varios sectores.
La izquierda le reprochaba al gobierno que no hubiera anulado los procesos sumarios de los tribunales franquistas, que fueron declarados sólo ilegítimos, y la derecha acusó a Zapatero de "reabrir inútilmente las heridas del pasado".
El decano de la política española, el senador Manuel Fraga, fundador del Partido Popular (PP, derecha) y ex ministro de Franco, calificó de "gravísimo error" y "disparate" la decisión de Garzón, alegando la amnistía de 1977.
Frente a esto, los cineastas españoles siguen volviendo una y otra vez a los dramas de la Guerra Civil y el periodo franquista.
Dos películas de éxito se estrenaron este año: "13 rosas", la historia real de 13 chicas fusiladas por los franquistas, y "Los girasoles ciegos", que representará a España en la preselección del Oscar a la Mejor película extranjera, sobre el drama de una pareja de izquierdas en los años 40.
Incluso el director Pedro Almodóvar anunció que su próxima película se basará en las memorias del poeta comunista Marcos Ana, que pasó 23 años en la cárcel bajo la dictadura franquista.
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sábado, 18 de octubre de 2008
"Todavía viven responsables de crímenes de la Guerra Civil"
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"Todavía viven responsables de crímenes de la Guerra Civil"
MEMORIA HISTÓRICA
"Todavía viven responsables de crímenes de la Guerra Civil"
Muchos familiares de personas asesinadas en la Guerra Civil "estábamos esperando esta decisión desde hace mucho tiempo", afirma uno de los portavoces de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
EFE. Burgos
El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Burgos José María Rojas ha asegurado este sábado que la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes de la Guerra Civil ha supuesto "una inmensa alegría" y ha dicho que aún hay personas vivas a quienes se puede exigir responsabilidad.
Muchos familiares de personas asesinadas en la Guerra Civil "estábamos esperando esta decisión desde hace mucho tiempo", aunque hay que ser "prudentes" porque todavía el auto puede ser objeto de recurso, ha señalado Rojas. En su opinión, "no es comprensible" la oposición de algunas personas a que se investiguen los excesos de la Guerra Civil "a no ser que lo que pretendan es silenciar los crímenes hechos por ellos, sus padres o sus abuelos".
José María Rojas ha señalado que el auto deja claro que no hay reparación hasta que se puede localizar, recuperar e identificar el cuerpo de los desaparecidos. En su opinión se trata de delitos que no prescriben y quedan aún responsables vivos, razón por la que desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia burgalesa se han dado nombres de posibles responsables aún vivos.
"No pretendemos que se les haga nada, solo queremos que nos indiquen los lugares en los que hay fosas comunes con personas que fueron asesinadas en la Guerra Civil", ha precisado. En lo que se refiere a la provincia de Burgos, el juez Garzón ordena excavar las fosas de Valdenoceda, San Juan del Monte y Adrada de Aza, según Rojas, quien ha concretado que se trata de fosas que ya están excavadas.
No obstante, según ha precisado, aún está pendiente el proceso de identificación de muchas de los cuerpos encontrados y "esperamos que este proceso lo retome la Justicia". José María Rojas ha señalado que aún hay muchas fosas comunes sin excavar en la provincia de Burgos y prefieren "que las nuevas excavaciones se hagan por orden judicial".
Según el auto del juez Baltasar Garzón el número de desaparecidos contabilizados en Burgos se calcula en 4.800, el número más elevado de Castilla y León.
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"Todavía viven responsables de crímenes de la Guerra Civil"
MEMORIA HISTÓRICA
"Todavía viven responsables de crímenes de la Guerra Civil"
Muchos familiares de personas asesinadas en la Guerra Civil "estábamos esperando esta decisión desde hace mucho tiempo", afirma uno de los portavoces de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
EFE. Burgos
El portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Burgos José María Rojas ha asegurado este sábado que la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar los crímenes de la Guerra Civil ha supuesto "una inmensa alegría" y ha dicho que aún hay personas vivas a quienes se puede exigir responsabilidad.
Muchos familiares de personas asesinadas en la Guerra Civil "estábamos esperando esta decisión desde hace mucho tiempo", aunque hay que ser "prudentes" porque todavía el auto puede ser objeto de recurso, ha señalado Rojas. En su opinión, "no es comprensible" la oposición de algunas personas a que se investiguen los excesos de la Guerra Civil "a no ser que lo que pretendan es silenciar los crímenes hechos por ellos, sus padres o sus abuelos".
José María Rojas ha señalado que el auto deja claro que no hay reparación hasta que se puede localizar, recuperar e identificar el cuerpo de los desaparecidos. En su opinión se trata de delitos que no prescriben y quedan aún responsables vivos, razón por la que desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la provincia burgalesa se han dado nombres de posibles responsables aún vivos.
"No pretendemos que se les haga nada, solo queremos que nos indiquen los lugares en los que hay fosas comunes con personas que fueron asesinadas en la Guerra Civil", ha precisado. En lo que se refiere a la provincia de Burgos, el juez Garzón ordena excavar las fosas de Valdenoceda, San Juan del Monte y Adrada de Aza, según Rojas, quien ha concretado que se trata de fosas que ya están excavadas.
No obstante, según ha precisado, aún está pendiente el proceso de identificación de muchas de los cuerpos encontrados y "esperamos que este proceso lo retome la Justicia". José María Rojas ha señalado que aún hay muchas fosas comunes sin excavar en la provincia de Burgos y prefieren "que las nuevas excavaciones se hagan por orden judicial".
Según el auto del juez Baltasar Garzón el número de desaparecidos contabilizados en Burgos se calcula en 4.800, el número más elevado de Castilla y León.
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lunes, 13 de octubre de 2008
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra civil.
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El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de ...
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra civil
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados.
Bilbao.
El Gobierno vasco ya ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo registradas en Euskadi, tras recibir el requerimiento del juez para que facilitase los datos de que disponía el Departamento de Justicia, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería dirigida por Joseba Azkarraga.
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Junto con estos expedientes, el Departamento de Justicia también ha remitido a Garzón un informe sindical realizado en 1939, en el que consta el nombre de "desaparecidos forzosos" desde el año 1936.
La Consejería de Azkarraga ha abierto en Euskadi nueve fosas en las que se han encontrado restos humanos. Otras permanecen cerradas porque se desconoce quiénes fueron enterrados en ellas o por no existir solicitud de familiares, y otras tres han sido encontradas vacías.
Durante la comparecencia ante los medios de comunicación para presentar estos datos a finales del pasado mes de septiembre, el consejero de Justicia destacó la importancia de la actuación del juez Baltasar Garzón, que investiga el número de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, y confió en que sirva para que se revise la Ley de Memoria Histórica aprobada por las Cortes Generales, porque, en su opinión, adolece de "clamorosas carencias".Para Joseba Azkarraga, es necesario que "se individualicen las responsabilidades", porque los fusilamientos y desapariciones "fueron delitos, lo siguen siendo, y son imprescriptibles". (Ep)
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de ...
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra civil
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados.
Bilbao.
El Gobierno vasco ya ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo registradas en Euskadi, tras recibir el requerimiento del juez para que facilitase los datos de que disponía el Departamento de Justicia, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería dirigida por Joseba Azkarraga.
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Junto con estos expedientes, el Departamento de Justicia también ha remitido a Garzón un informe sindical realizado en 1939, en el que consta el nombre de "desaparecidos forzosos" desde el año 1936.
La Consejería de Azkarraga ha abierto en Euskadi nueve fosas en las que se han encontrado restos humanos. Otras permanecen cerradas porque se desconoce quiénes fueron enterrados en ellas o por no existir solicitud de familiares, y otras tres han sido encontradas vacías.
Durante la comparecencia ante los medios de comunicación para presentar estos datos a finales del pasado mes de septiembre, el consejero de Justicia destacó la importancia de la actuación del juez Baltasar Garzón, que investiga el número de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, y confió en que sirva para que se revise la Ley de Memoria Histórica aprobada por las Cortes Generales, porque, en su opinión, adolece de "clamorosas carencias".Para Joseba Azkarraga, es necesario que "se individualicen las responsabilidades", porque los fusilamientos y desapariciones "fueron delitos, lo siguen siendo, y son imprescriptibles". (Ep)
martes, 30 de septiembre de 2008
El diario del horror de la Guerra Civil.
El diario del horror de la Guerra Civil
Encarnació Martorell escribió entre los 12 y los 14 años "a escondidas" un dietario
EUROPA PRESS - Barcelona - 30/09/2008
El dietario Amb ulls de nena (Con ojos de niña) (Ara Llibres), obra de Encarnació Martorell, considerada la Anna Frank catalana, detalla las penurias que se vivieron en la retaguardia de la Guerra Civil española. La autora, que lo redactó de los 12 a los 14 años, recordó hoy en rueda de prensa que escribía "a escondidas" y que empezó a hacerlo desde el primer día del conflicto, porque le pareció que sería "una cosa importante en España".
La anotaciones de Martorell permanecieron en un altillo de su casa hasta que el investigador en pedagogía Salvador Domènech pasó en 2004 una encuesta a antiguos alumnos de la República, y Martorell le comentó que había hecho unas crónicas escolares porque había sido elegida cronista oficial por la directora, Anna Rubiés, y el profesorado de su escuela.
"Tuve la sensación de encontrar un tesoro", aseguró hoy Domènech, que fue el primero en leer las anotaciones de Martorell, que ni sus padres supieron que existían. "Cogía papel de la escuela y escribía con lápiz porque no podía usar tintero", pero no escribía cada día porque estaban "atareados con el racionamiento de la comida", por el que tenían que hacer "muchas colas".
El hambre es un tema "reiterativo" en sus memorias, indicó Martorell, aunque la vergüenza por llevar la ropa hecha jirones, los altibajos anímicos propios de la guerra y la pérdida de los seres queridos son temas de los que la joven también hablaba frecuetemente.
Martorell pasó la guerra en una vivienda de la calle Diputació número 458 de Barcelona, en la que escribía "para explayarse un poco" y, al releer esas memorias, descubrió que "había cosas que tenía medio olvidadas". Pese a que no parece molestarle que la llamen la Anna Frank catalana, Martorell puntualizó que su dietario es seis años anterior al de la niña.
El documental
'Amb ulls de nena' sale con una primera edición de 5.000 ejemplares, y el grupo Cultura 03 adquirió los derechos del documental que se emitirá el año que viene, en coproducción con TV3. Martorell, enferma de párkinson, avanzó que si el libro "tiene el éxito que muchos confían que tenga, parte de la recaudación" irá a una fundación de investigación del parkinson.
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Encarnació Martorell escribió entre los 12 y los 14 años "a escondidas" un dietario
EUROPA PRESS - Barcelona - 30/09/2008
El dietario Amb ulls de nena (Con ojos de niña) (Ara Llibres), obra de Encarnació Martorell, considerada la Anna Frank catalana, detalla las penurias que se vivieron en la retaguardia de la Guerra Civil española. La autora, que lo redactó de los 12 a los 14 años, recordó hoy en rueda de prensa que escribía "a escondidas" y que empezó a hacerlo desde el primer día del conflicto, porque le pareció que sería "una cosa importante en España".
La anotaciones de Martorell permanecieron en un altillo de su casa hasta que el investigador en pedagogía Salvador Domènech pasó en 2004 una encuesta a antiguos alumnos de la República, y Martorell le comentó que había hecho unas crónicas escolares porque había sido elegida cronista oficial por la directora, Anna Rubiés, y el profesorado de su escuela.
"Tuve la sensación de encontrar un tesoro", aseguró hoy Domènech, que fue el primero en leer las anotaciones de Martorell, que ni sus padres supieron que existían. "Cogía papel de la escuela y escribía con lápiz porque no podía usar tintero", pero no escribía cada día porque estaban "atareados con el racionamiento de la comida", por el que tenían que hacer "muchas colas".
El hambre es un tema "reiterativo" en sus memorias, indicó Martorell, aunque la vergüenza por llevar la ropa hecha jirones, los altibajos anímicos propios de la guerra y la pérdida de los seres queridos son temas de los que la joven también hablaba frecuetemente.
Martorell pasó la guerra en una vivienda de la calle Diputació número 458 de Barcelona, en la que escribía "para explayarse un poco" y, al releer esas memorias, descubrió que "había cosas que tenía medio olvidadas". Pese a que no parece molestarle que la llamen la Anna Frank catalana, Martorell puntualizó que su dietario es seis años anterior al de la niña.
El documental
'Amb ulls de nena' sale con una primera edición de 5.000 ejemplares, y el grupo Cultura 03 adquirió los derechos del documental que se emitirá el año que viene, en coproducción con TV3. Martorell, enferma de párkinson, avanzó que si el libro "tiene el éxito que muchos confían que tenga, parte de la recaudación" irá a una fundación de investigación del parkinson.
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lunes, 15 de septiembre de 2008
Rouco atribuye la Guerra Civil a que "el hombre había pecado mucho, sobre todo contra Dios"
Fuente: El Plural.
Defiende el Valle de los Caídos como “símbolo de reconciliación”
Rouco atribuye la Guerra Civil a que "el hombre había pecado mucho, sobre todo contra Dios"
S.C.
En una misa celebrada este domingo en la abadía benedictina del Valle de los Caídos, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de los obispos españoles, Antonio María Rouco Varela, defendió la continuidad del lugar como “símbolo de reconciliación” y superación de “divisiones y odios”. El cardenal aseguró que hace cincuenta años, cuando se concluyó la basílica que se empezó a construir tras la Guerra Civil, “el hombre había pecado mucho y sobre todo, contra Dios, y cuando se vive una etapa de negación de Dios es muy fácil que luego los hombres luchen entre ellos”.
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El cardenal de Madrid afirma que el Estado ha de limitar sus competencias sociales al orden...
Rouco ofició una misa vespertina en el Valle de los Caídos con motivo del cincuentenario de la fundación de su abadía y lo hizo con una homilía en la que defendía la validez del monumento como “símbolo de reconciliación” y aludía a la Guerra Civil como consecuencia de la negación previa de Dios. "El hombre había pecado mucho"Para el cardenal, la cruz que preside el conjunto del Valle de los Caídos “era y es señal de reconciliación de los hombres entre sí” y se erigió porque “entonces el hombre había pecado mucho y sobre todo, contra Dios, y cuando se vive una etapa de negación de Dios es muy fácil que luego los hombres luchen entre ellos”, según recoge el diario La Razón. Ahora también se está pecandoLas advertencias de que el pecado de “la negación de Dios” está muy extendido y que el Gobierno socialista ejerce un “laicismo radical” y excluyente con la Iglesia constituyen dos de los pilares del discurso actual de la jerarquía católica española. Por ejemplo, durante su discurso de investidura como honoris causa por la universidad católica CEU Cardenal Herrera, el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, advirtió de que “el problema radical de nuestra sociedad es la negación de Dios”, y que éste “asume cada día con más fuerza en algunos países la forma de un laicismo, más o menos oficial, radical e ideológico”. Además de la Guerra Civil, para el presidente de la Conferencia Episcopal la negación de Dios también fue el motivo de otros enfrentamientos bélicos como la Primera Guerra Mundial. Alabanzas de Rouco al abad cruzadoDurante su homilía de este domingo, Rouco alabó la labor de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, con cuyo abad, Anselmo Álvarez, concelebró la misa. Álvarez es un conocido defensor del franquismo que ha utilizado su abadía para celebrar misas de homenaje al dictador. En una entrevista publicada por El Mundo, el abad defendía que "Franco unió los símbolos de lo fundamental de España: cruz, templo y basílica” o que "lo español y lo católico van unidos" ya que "España se sostiene en Dios”. También alertaba del riesgo musulmán: "En 15 o 20 años, van a venir con su bagaje técnico pero también con el Corán bajo el brazo y vamos a tener que sacar nuestro Evangelio, si es que queda algún ejemplar para defendernos de esta invasión”.
Rouco ofició una misa vespertina en el Valle de los Caídos con motivo del cincuentenario de la fundación de su abadía y lo hizo con una homilía en la que defendía la validez del monumento como “símbolo de reconciliación” y aludía a la Guerra Civil como consecuencia de la negación previa de Dios. "El hombre había pecado mucho"Para el cardenal, la cruz que preside el conjunto del Valle de los Caídos “era y es señal de reconciliación de los hombres entre sí” y se erigió porque “entonces el hombre había pecado mucho y sobre todo, contra Dios, y cuando se vive una etapa de negación de Dios es muy fácil que luego los hombres luchen entre ellos”, según recoge el diario La Razón. Ahora también se está pecandoLas advertencias de que el pecado de “la negación de Dios” está muy extendido y que el Gobierno socialista ejerce un “laicismo radical” y excluyente con la Iglesia constituyen dos de los pilares del discurso actual de la jerarquía católica española. Por ejemplo, durante su discurso de investidura como honoris causa por la universidad católica CEU Cardenal Herrera, el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, advirtió de que “el problema radical de nuestra sociedad es la negación de Dios”, y que éste “asume cada día con más fuerza en algunos países la forma de un laicismo, más o menos oficial, radical e ideológico”. Además de la Guerra Civil, para el presidente de la Conferencia Episcopal la negación de Dios también fue el motivo de otros enfrentamientos bélicos como la Primera Guerra Mundial. Alabanzas de Rouco al abad cruzadoDurante su homilía de este domingo, Rouco alabó la labor de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, con cuyo abad, Anselmo Álvarez, concelebró la misa. Álvarez es un conocido defensor del franquismo que ha utilizado su abadía para celebrar misas de homenaje al dictador. En una entrevista publicada por El Mundo, el abad defendía que "Franco unió los símbolos de lo fundamental de España: cruz, templo y basílica” o que "lo español y lo católico van unidos" ya que "España se sostiene en Dios”. También alertaba del riesgo musulmán: "En 15 o 20 años, van a venir con su bagaje técnico pero también con el Corán bajo el brazo y vamos a tener que sacar nuestro Evangelio, si es que queda algún ejemplar para defendernos de esta invasión”.
Defiende el Valle de los Caídos como “símbolo de reconciliación”
Rouco atribuye la Guerra Civil a que "el hombre había pecado mucho, sobre todo contra Dios"
S.C.
En una misa celebrada este domingo en la abadía benedictina del Valle de los Caídos, el cardenal arzobispo de Madrid y presidente de los obispos españoles, Antonio María Rouco Varela, defendió la continuidad del lugar como “símbolo de reconciliación” y superación de “divisiones y odios”. El cardenal aseguró que hace cincuenta años, cuando se concluyó la basílica que se empezó a construir tras la Guerra Civil, “el hombre había pecado mucho y sobre todo, contra Dios, y cuando se vive una etapa de negación de Dios es muy fácil que luego los hombres luchen entre ellos”.
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Rouco ofició una misa vespertina en el Valle de los Caídos con motivo del cincuentenario de la fundación de su abadía y lo hizo con una homilía en la que defendía la validez del monumento como “símbolo de reconciliación” y aludía a la Guerra Civil como consecuencia de la negación previa de Dios. "El hombre había pecado mucho"Para el cardenal, la cruz que preside el conjunto del Valle de los Caídos “era y es señal de reconciliación de los hombres entre sí” y se erigió porque “entonces el hombre había pecado mucho y sobre todo, contra Dios, y cuando se vive una etapa de negación de Dios es muy fácil que luego los hombres luchen entre ellos”, según recoge el diario La Razón. Ahora también se está pecandoLas advertencias de que el pecado de “la negación de Dios” está muy extendido y que el Gobierno socialista ejerce un “laicismo radical” y excluyente con la Iglesia constituyen dos de los pilares del discurso actual de la jerarquía católica española. Por ejemplo, durante su discurso de investidura como honoris causa por la universidad católica CEU Cardenal Herrera, el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, advirtió de que “el problema radical de nuestra sociedad es la negación de Dios”, y que éste “asume cada día con más fuerza en algunos países la forma de un laicismo, más o menos oficial, radical e ideológico”. Además de la Guerra Civil, para el presidente de la Conferencia Episcopal la negación de Dios también fue el motivo de otros enfrentamientos bélicos como la Primera Guerra Mundial. Alabanzas de Rouco al abad cruzadoDurante su homilía de este domingo, Rouco alabó la labor de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, con cuyo abad, Anselmo Álvarez, concelebró la misa. Álvarez es un conocido defensor del franquismo que ha utilizado su abadía para celebrar misas de homenaje al dictador. En una entrevista publicada por El Mundo, el abad defendía que "Franco unió los símbolos de lo fundamental de España: cruz, templo y basílica” o que "lo español y lo católico van unidos" ya que "España se sostiene en Dios”. También alertaba del riesgo musulmán: "En 15 o 20 años, van a venir con su bagaje técnico pero también con el Corán bajo el brazo y vamos a tener que sacar nuestro Evangelio, si es que queda algún ejemplar para defendernos de esta invasión”.
Rouco ofició una misa vespertina en el Valle de los Caídos con motivo del cincuentenario de la fundación de su abadía y lo hizo con una homilía en la que defendía la validez del monumento como “símbolo de reconciliación” y aludía a la Guerra Civil como consecuencia de la negación previa de Dios. "El hombre había pecado mucho"Para el cardenal, la cruz que preside el conjunto del Valle de los Caídos “era y es señal de reconciliación de los hombres entre sí” y se erigió porque “entonces el hombre había pecado mucho y sobre todo, contra Dios, y cuando se vive una etapa de negación de Dios es muy fácil que luego los hombres luchen entre ellos”, según recoge el diario La Razón. Ahora también se está pecandoLas advertencias de que el pecado de “la negación de Dios” está muy extendido y que el Gobierno socialista ejerce un “laicismo radical” y excluyente con la Iglesia constituyen dos de los pilares del discurso actual de la jerarquía católica española. Por ejemplo, durante su discurso de investidura como honoris causa por la universidad católica CEU Cardenal Herrera, el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, advirtió de que “el problema radical de nuestra sociedad es la negación de Dios”, y que éste “asume cada día con más fuerza en algunos países la forma de un laicismo, más o menos oficial, radical e ideológico”. Además de la Guerra Civil, para el presidente de la Conferencia Episcopal la negación de Dios también fue el motivo de otros enfrentamientos bélicos como la Primera Guerra Mundial. Alabanzas de Rouco al abad cruzadoDurante su homilía de este domingo, Rouco alabó la labor de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos, con cuyo abad, Anselmo Álvarez, concelebró la misa. Álvarez es un conocido defensor del franquismo que ha utilizado su abadía para celebrar misas de homenaje al dictador. En una entrevista publicada por El Mundo, el abad defendía que "Franco unió los símbolos de lo fundamental de España: cruz, templo y basílica” o que "lo español y lo católico van unidos" ya que "España se sostiene en Dios”. También alertaba del riesgo musulmán: "En 15 o 20 años, van a venir con su bagaje técnico pero también con el Corán bajo el brazo y vamos a tener que sacar nuestro Evangelio, si es que queda algún ejemplar para defendernos de esta invasión”.
viernes, 12 de septiembre de 2008
miércoles, 10 de septiembre de 2008
Las demandas de las víctimas forzadas de la Guerra Civil y el franquismo. JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ.
Fuente: Público.
Las demandas de las víctimas forzadas de la Guerra Civil y el franquismo
08 Sep 2008
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Siempre que en España he interrogado a muy diversas personas sobre la situación de los desaparecidos en Argentina o Guatemala he encontrado como respuesta casi automática la indignación, la tristeza, la decidida apuesta por rebelarse ante tamaña injusticia. Es intolerable, suelen decirme, que un familiar desee recuperar los restos de su ser querido, enterrarlo con dignidad, y alguien le niegue tal derecho; y casi a renglón seguido, en la conversación surge una extensa serie de gruesos calificativos hacia las autoridades de aquellos países si, de hecho o de Derecho, toleran tal negativa o no la erradican de raíz. Consultaba entonces a esas mismas personas sobre los desaparecidos en la España de la Guerra Civil y el Franquismo, y lo que antes era tan evidente que parecía incluso estúpido preguntarlo, se tornaba en no pocas ocasiones en algo de una complejidad tendente al infinito, en un asunto delicado hasta el paroxismo, en un particular que en cualquier caso “no había necesidad alguna de andar removiendo”.
A pesar de los años que vengo trabajando en los procesos de transición a la democracia y/o la paz, y pese a las múltiples razones que pueden explicar esta cabriola argumental cuando del país de cada uno se trata, no puedo ocultar que el giro expuesto me sigue resultando profundamente decepcionante. Desde luego, a nadie se le ha de ocultar que muchos de los desarrollos y medidas adoptadas en y tras un proceso de transición son hijas de enormes dificultades, miedos, limitaciones, anhelos, y sin duda contradicciones; pero no es menos cierto que si nos referimos a las contradicciones que subyacen en el cambio de posicionamiento que apuntábamos, y que hoy arrecian singularmente, la confusión (interesada o no) adquiere una paternidad a prueba de la mejor buena fe.
De entre el amplio catálogo disponible, es el empeño en convertir esta cuestión en un eslabón más de la mal entendida confrontación ideológica/política lo que resulta más descorazonador. Es una mínima exigencia de Justicia lo que debería espolearnos en esta demanda. La guía no habría de ser otra que el restallar que se produce en nuestro interior ante situaciones que sabemos tan injustas como insoportables. El porqué, tan sólo el deseo de vivir en una sociedad que atienda a la desazón y el sufrimiento de una viuda, un hijo o una nieta que sólo quiere poder recuperar y enterrar dignamente a su ser amado. Negarse a ello parecería inhumano. Sostener que es demasiado tarde, o quizá demasiado pronto, impensable. Argüir que durante la “transición política” ya se hizo todo lo preciso, descabellado. Y pese a lo mucho que se ha dicho, es solamente esto lo que diversas asociaciones, tras años de transitar por un desierto institucional, han demandado ante la Audiencia Nacional. Esto es lo que ha de resolver el órgano jurisdiccional que el sistema de reparto previsto así decidió, el Juzgado Central de Instrucción Nº. 5. En definitiva, por referirnos a un texto internacional recientemente firmado por España, lo que se está exigiendo es sólo la materialización de algo tan esencial como que todas las víctimas de desaparición forzada (esto es, la persona que desapareció y “toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”), tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, los progresos y resultados de la investigación, la suerte de la persona desaparecida, y el respeto y la restitución de sus restos.Si nos alejamos mínimamente del clamor de todos los tambores que llevan meses resonando, si hacemos oídos sordos a insanas letanías sobre las revanchas, el reabrir de heridas, o los colores de unos u otros, pareciera poco menos que una pesadilla pensar que alguno de nuestros conciudadanos pudieran negarse a ello, salvo que estuviéramos en un modelo social propio de una distopía.
Ahora bien, obligados como parece a blandir la espada del Derecho en algo que tan sólo el sentido común debería haber resuelto hace ya lustros, ciertamente fecundos son también los campos jurídicos para todo tipo de confusiones (de nuevo, interesadas o no). Mas, de entre todas ellas merece la pena descartar aquéllas que se dirigen a demostrar que los responsables de los crímenes que se pudieron haber cometido ya no pueden o deben ser castigados, pues más allá de su rigor o acierto, no es esa la voluntad de aquéllos que han acudido a la Audiencia Nacional. Como tampoco es oportuno restringirse a lo que las normas internas pudieran o no decirnos, queramos o no que digan, pues por encima de ellas existen otras prescripciones que aunque habiten en el incomprendido mundo del Derecho internacional, son, ahora sí, de aplicación similar a una víctima argentina o española. Obligaciones internacionales que, una vez aceptadas por España, han de cumplirse y desde luego ser aplicadas por nuestros jueces. Y junto a ellas, conviven recomendaciones internacionales que también nos han de ayudar a no olvidar que el horror que toda persona de bien siente al conocer que se niega el derecho inalienable a recuperar los restos de un ser humano en un país lejano, ha de ser idéntico al que sintamos cuando se dificulta o niega lo mismo en nuestro país.
Que para ello debamos enzarzarnos, a estas alturas, en complejas luchas políticas o jurídicas, no resulta menos desolador por ya padecido en otras experiencias en el mundo.
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Las demandas de las víctimas forzadas de la Guerra Civil y el franquismo
08 Sep 2008
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
Siempre que en España he interrogado a muy diversas personas sobre la situación de los desaparecidos en Argentina o Guatemala he encontrado como respuesta casi automática la indignación, la tristeza, la decidida apuesta por rebelarse ante tamaña injusticia. Es intolerable, suelen decirme, que un familiar desee recuperar los restos de su ser querido, enterrarlo con dignidad, y alguien le niegue tal derecho; y casi a renglón seguido, en la conversación surge una extensa serie de gruesos calificativos hacia las autoridades de aquellos países si, de hecho o de Derecho, toleran tal negativa o no la erradican de raíz. Consultaba entonces a esas mismas personas sobre los desaparecidos en la España de la Guerra Civil y el Franquismo, y lo que antes era tan evidente que parecía incluso estúpido preguntarlo, se tornaba en no pocas ocasiones en algo de una complejidad tendente al infinito, en un asunto delicado hasta el paroxismo, en un particular que en cualquier caso “no había necesidad alguna de andar removiendo”.
A pesar de los años que vengo trabajando en los procesos de transición a la democracia y/o la paz, y pese a las múltiples razones que pueden explicar esta cabriola argumental cuando del país de cada uno se trata, no puedo ocultar que el giro expuesto me sigue resultando profundamente decepcionante. Desde luego, a nadie se le ha de ocultar que muchos de los desarrollos y medidas adoptadas en y tras un proceso de transición son hijas de enormes dificultades, miedos, limitaciones, anhelos, y sin duda contradicciones; pero no es menos cierto que si nos referimos a las contradicciones que subyacen en el cambio de posicionamiento que apuntábamos, y que hoy arrecian singularmente, la confusión (interesada o no) adquiere una paternidad a prueba de la mejor buena fe.
De entre el amplio catálogo disponible, es el empeño en convertir esta cuestión en un eslabón más de la mal entendida confrontación ideológica/política lo que resulta más descorazonador. Es una mínima exigencia de Justicia lo que debería espolearnos en esta demanda. La guía no habría de ser otra que el restallar que se produce en nuestro interior ante situaciones que sabemos tan injustas como insoportables. El porqué, tan sólo el deseo de vivir en una sociedad que atienda a la desazón y el sufrimiento de una viuda, un hijo o una nieta que sólo quiere poder recuperar y enterrar dignamente a su ser amado. Negarse a ello parecería inhumano. Sostener que es demasiado tarde, o quizá demasiado pronto, impensable. Argüir que durante la “transición política” ya se hizo todo lo preciso, descabellado. Y pese a lo mucho que se ha dicho, es solamente esto lo que diversas asociaciones, tras años de transitar por un desierto institucional, han demandado ante la Audiencia Nacional. Esto es lo que ha de resolver el órgano jurisdiccional que el sistema de reparto previsto así decidió, el Juzgado Central de Instrucción Nº. 5. En definitiva, por referirnos a un texto internacional recientemente firmado por España, lo que se está exigiendo es sólo la materialización de algo tan esencial como que todas las víctimas de desaparición forzada (esto es, la persona que desapareció y “toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada”), tienen el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, los progresos y resultados de la investigación, la suerte de la persona desaparecida, y el respeto y la restitución de sus restos.Si nos alejamos mínimamente del clamor de todos los tambores que llevan meses resonando, si hacemos oídos sordos a insanas letanías sobre las revanchas, el reabrir de heridas, o los colores de unos u otros, pareciera poco menos que una pesadilla pensar que alguno de nuestros conciudadanos pudieran negarse a ello, salvo que estuviéramos en un modelo social propio de una distopía.
Ahora bien, obligados como parece a blandir la espada del Derecho en algo que tan sólo el sentido común debería haber resuelto hace ya lustros, ciertamente fecundos son también los campos jurídicos para todo tipo de confusiones (de nuevo, interesadas o no). Mas, de entre todas ellas merece la pena descartar aquéllas que se dirigen a demostrar que los responsables de los crímenes que se pudieron haber cometido ya no pueden o deben ser castigados, pues más allá de su rigor o acierto, no es esa la voluntad de aquéllos que han acudido a la Audiencia Nacional. Como tampoco es oportuno restringirse a lo que las normas internas pudieran o no decirnos, queramos o no que digan, pues por encima de ellas existen otras prescripciones que aunque habiten en el incomprendido mundo del Derecho internacional, son, ahora sí, de aplicación similar a una víctima argentina o española. Obligaciones internacionales que, una vez aceptadas por España, han de cumplirse y desde luego ser aplicadas por nuestros jueces. Y junto a ellas, conviven recomendaciones internacionales que también nos han de ayudar a no olvidar que el horror que toda persona de bien siente al conocer que se niega el derecho inalienable a recuperar los restos de un ser humano en un país lejano, ha de ser idéntico al que sintamos cuando se dificulta o niega lo mismo en nuestro país.
Que para ello debamos enzarzarnos, a estas alturas, en complejas luchas políticas o jurídicas, no resulta menos desolador por ya padecido en otras experiencias en el mundo.
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales
Andalucía aporta datos de 21.951 víctimas del franquismo
Fuentes: El País, El Periódico, El Plural.
Andalucía aporta datos de 21.951 víctimas del franquismo
LIDIA JIMÉNEZ - Sevilla - 10/09/2008
Un total de 21.951 desaparecidos entre Andalucía, Badajoz y el norte de África. La Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA) presentó ayer en Sevilla el informe que enviará al juez Garzón sobre las víctimas del franquismo. Son más de 1.000 folios. Paqui Maqueda, presidenta de AMHyJA, aprovechó para denunciar la situación de las asociaciones de memoria histórica: "No podemos más. Cada día nos llaman cientos de personas que piden que se incluya a su familiar en el listado de desaparecidos", se quejaba tras declararse "exhausta".
Un hombre mayor, que no quiso identificarse, pasaba las hojas del dossier tras la presentación. Buscaba a alguien entre los 21.951 nombres. Maqueda le sorprendió con un dato: "Aquí no están todos. Éstos no suponen ni un 30% de los muertos reales". Tras años de investigación, sabe que hay muchísimos más: "Pero lleva tiempo identificar, documentar... y todavía hay mucho miedo", lamentó Maqueda. AMHyJA se personó ante el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional el 18 de julio de 2007. Y el juez la escuchó. "Por fin nos hicieron caso", celebraba Maqueda. Pero ya no dan abasto: "Pedimos que el Gobierno asuma este problema" que, según recalcó, es "muy barato" y sencillo.
"Si el gobierno fuera lo valiente que debe ser, crearía una oficina de atención para los familiares de las víctimas". Se trata de centralizar la información sobre los represaliados durante y después de la Guerra Civil para que "las familias reciban la atención y el respeto que merecen". "Sólo se necesitan cuatro ordenadores, dos sillas y un corazón que escuche", se emocionó Maqueda.
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MEMORIA HISTÓRICA
Andalucía envía a Garzón datos de 22.200 víctimas
JULIA CAMACHOSEVILLA
Los documentos en registros civiles y archivos constatan que más de 22.200 personas fueron fusiladas en Andalucía durante la guerra civil y los años del franquismo. Sus nombres han sido remitidos ya al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por parte de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHJA) y la CGT, que, no obstante, apuntan que esta cifra supone apenas un 30 por ciento del total de desaparecidos, aunque del resto no consta ningún archivo.
El informe, en tres tomos, incluye nombre, nacimiento, profesión, lugar y fecha de la desaparición, así como el origen de los datos. También se ha incluido un mapa con la ubicación de 402 fosas comunes en las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, la mayoría en cementerios locales.
El responsable sindical Cecilio Gordillo explicó que 14.137 nombres de su listado corresponden a andaluces; 7.623, a Extremadura; 262 a Ceuta y 3 a Melilla, mientras que 197 son del norte de África y 30 de otros territorios. Precisamente la falta de documentación es lo que diferencia las cifras entre entidades, ya que la pasada semana la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica estimaba en 8.608 los fusilados solo en Málaga, Almería y Jaén.Gordillo lamentó la actitud de la fiscalía al pedir el cierre de las diligencias y de aquellos que consideran el proceso judicial "la causa de los rojos o de Zapatero". Así, justificó su trabajo en el interés de las familias "en que se recupere la dignidad y el buen nombre" de los fallecidos.
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"No es la causa de los rojos o de Zapatero, ni se pretende buscar a los asesinos"
Envían a Garzón 22.252 nombres de víctimas andaluzas y extremeñas
ELPLURAL/AGENCIAS
La Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia y la CGT, personadas en las denuncias sobre desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, tienen preparado el envío mañana al juez Baltasar Garzón de un listado con los nombres de 22.252 asesinados en Andalucía, Extremadura y el norte de África, "perfectamente documentados".
Los dirigentes de la AMHJA -una de las entidades españolas denunciantes-, Rafael López y Paqui Maqueda, su abogado, Luis Ocaña, y el coordinador de la web www.todoslosnombres.org, Cecilio Gordillo (CGT), han presentado hoy en rueda de prensa los tres tomos en los que figuran los nombres de esas víctimas, nacimiento, profesión, lugar y fecha de la desaparición, y procedencia de la información. Gordillo piensa que, "en contra de lo que muchos han opinado, esto no es la causa general de los rojos o de Zapatero", ni pretenden "que se busque a los asesinos".
Sólo el 30%
De los 36.298 represaliados "documentados" en esa página web, creada en 2006 con ayuda de la Junta de Andalucía y que ahora patrocina el Ministerio de la Presidencia, sólo aportarán al juez de la Audiencia Nacional los 22.252 nombres de "asesinados y fusilados" en Andalucía, Extremadura y el norte de África. Esta cifra de muertos como consecuencia de la represión del golpe militar de 1936 "puede significar no más del 30 por ciento de las víctimas que hubo en los territorios" de los que tienen datos. Como ejemplo se ha destacado que en provincias como Granada, saben que hubo unas 7.000, pero sólo han podido documentar, para ese listado, a 30.
50.000 víctimas en Andalucía
De los nombres aportados a Garzón, ha precisado el coordinador de esa base de datos, 14.137 son andaluces, aunque los investigadores elevan a 48.332 las víctimas totales en Andalucía; 7.603 de Badajoz; 20 de Cáceres, donde hubo 1.680 según otras fuentes; 262 de Ceuta; 3 son de Melilla; 197 del norte de África; y 30 de otros territorios.
Procedencia
Sobre la procedencia de esas víctimas, en concreto las andaluzas, 3.939 son de Huelva, aunque los investigadores elevan la cifra total a 6.019; 3.152 de Sevilla, donde hubo 11.400 según otras fuentes -ha dicho-; 2.863 de Málaga (hubo 7.000 según otras fuentes); 1.652 de Jaén (de 3.040); 1.524 de Cádiz (de 3.500); 609 de Córdoba (de unas 10.000); 368 de Almería (de 373); y 30 de Granada (de unas 7.000). Campos de concentraciónTienen previsto pedir a Garzón que reclame al Ministerio de Cultura el listado que tiene con los más de 8.000 españoles que pasaron por campos de concentración y remitirán al juez, el mapa de fosas comunes que, tras un estudio financiado por la Junta, estas entidades hicieron de las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, donde identificaron 168, 118 y 116, respectivamente, así como los informes de las exhumaciones que han hecho en Zalamea (Huelva) y La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Comunicado IR.
Fuente: http://www.izqrepublicana.es/
Comunicado de prensa
IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZÓN DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO
Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo
Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.
Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.
La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.
Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.
PRECEDENTE RECIENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.
3 de septiembre de 2008Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana
Comunicado de prensa
IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZÓN DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO
Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo
Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.
Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.
La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.
Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.
PRECEDENTE RECIENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.
3 de septiembre de 2008Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana
lunes, 8 de septiembre de 2008
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica,
Fuente: Rebelión.
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica
Luis Martín Cabrera (08-09-2008)
Luis Martín Cabrera
Rebelión
Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto del trabajo colectivo que hemos llevado a cabo entrevistando testigos de la represión franquista y militantes políticos, así como el resultado de mis propias investigaciones sobre la relación entre memoria y justicia en España y el Cono Sur. Cabe aclarar, sin embargo, que no pretendo hablar ni por estos testigos ni por las asociaciones, mis reflexiones son a título personal. No pretendo tampoco intervenir “a favor” del Juez Garzón muchas de cuyas actuaciones me parecen cuando menos cuestionable. Estas líneas son para apoyar a los familiares de las víctimas y a los militantes, frente al ruido y los malos entendidos diseminados por los medios de comunicación; son pues un intento de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos contra el proceso de recuperación de la memoria histórica en general y contra la reciente decisión del juez Garzón en particular.
Uno de las razones más frecuentemente invocadas por los sectores más conservadores de la sociedad española, y por algunos no tan conservadores, es que los dos bandos cometieron atrocidades y, por lo tanto, es mejor no remover el pasado. Habría que sospechar de este argumento, aunque sólo fuera porque es exactamente el mismo que utilizan los represores en Argentina, en Chile y en otras sociedades post-dictatoriales; dividir responsabilidades al cincuenta por ciento sólo puede ser un modo de lavar la conciencia personal. En el caso de España, vale la pena recordar además que la agresión partió del llamado “bando nacional”, los generales golpistas se sublevaron contra un gobierno legítimamente constituido y elegido democráticamente. En segundo lugar, el gobierno republicano siempre condenó los actos de violencia contra la población civil y en la medida de sus posibilidades trato de contener la violencia extrajudicial, mientras que los militares sublevados no sólo no condenaron la violencia contra sus enemigos, sino que la planificaron y la justificaron como parte de una “cruzada religiosa” que tenía como fin “purificar España”. Finalmente, las víctimas del llamado “bando nacional” recibieron reconocimiento público, compensaciones económicas y el beneplácito de las autoridades franquistas para humillar a los vencidos. ¿Por qué no hay víctimas del “bando nacional” en los juzgados? Tal vez porque ya enterraron a sus muertos o porque recibieron un Estanco, una cátedra universitaria o tierras del botín de guerra que se repartieron los vencedores. Para poder comparar hay que conocer la historia y las asimetrías de poder.
Por otro lado, en las discusiones sobre la decisión del Juez Garzón existe una confusión sistemática entre Guerra Civil y represión planificada o Genocidio durante y después de la guerra. Un buen porcentaje de los cadáveres sobre los que el Juez Garzón está solicitando información no son muertos en combate, no son soldados del bando republicano, aunque éstos por supuesto también merecen ser enterrados dignamente. Muchos de estos cadáveres que aparecen en fosas de Burgos, del Bierzo o de Málaga fueron asesinados vilmente en la retaguardia en la mayoría de los casos simplemente por su filiación política, porque tenían un proyecto político diferente para España, porque creían en los derechos de los trabajadores o, simplemente, por ejercer la libertad de pensamiento. Por lo tanto, hay que distinguir entre los muertos en combate y los muertos de una represión calculadamente planificada para eliminar la disidencia que además se extendió con mayor o menor intensidad hasta el final de la dictadura. El trabajo de las asociaciones y de los voluntarios ha puesto de manifiesto esta distinción mejor que ningún manual de historia y, por lo tanto, es competente que Garzón investigue si esta represión planificada constituye -- yo creo que sí-- un delito de lesa humanidad que como tal no puede prescribir ni ser amnistiado. Este argumento es además, el que utilizó mutatis mutandi el mismo Garzón para pedir la extradición de Pinochet. En Chile hay actualmente 3.000 desaparecidos, sólo entre Galicia y Cataluña hay más de 4.000, ¿a quién beneficia que sigamos sin contar los muertos que hay en las cunetas?
Mariano Rajoy, y con él grueso del partido popular, insiste en que todo esto sólo puede servir para reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas. Si algo nos ha enseñado el trabajo de campo, el contacto directo con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es justamente que las heridas nunca se cerraron, ¿cómo se pueden cerrar las heridas cuando se le niega a miles de personas el derecho al duelo, el derecho a conocer cómo murieron sus seres queridos y ha enterrarlos cómo y dónde ellos quieran? ¿Cómo se pueden cerrar las heridas cuando no se reconoce que la tortura es una agresión contra la dignidad del ser humano, cuando no hay ni siquiera una placa en la Puerta del Sol que reconozca que allí la policía de Franco torturó a miles de militantes políticos?
Demasiadas veces, de manera malintencionada se equipara la necesidad de abrir estas heridas a la luz pública con un deseo de revancha por parte de las víctimas. Ninguna de las personas con las que hemos hablado estos meses ha expresado nunca deseo de venganza. Por el contrario, la mayoría bien por miedo bien por pura generosidad se niega a nombrar a los responsables de sus sufrimientos. Las víctimas no piden venganza piden justicia y, para ello es necesario dar muchos pasos que no se han dado: entre otras cosas, hay que reconocer que lo que sucedió durante la Guerra Civil dictadura fue trágico (algo que La ley de memoria histórica sólo hace tímidamente y de manera puramente simbólica) , hay que reconocer que las ejecuciones sumarias fueron ilegales y que constituyeron crímenes contra la humanidad, hay que pedir responsabilidades legales y reparaciones económicas (Garzón puede ayudar en este extremo) y hay que preguntarse cuáles son los efectos que tiene este traumático pasado sobre nuestro presente.
Muchas personas de distintas posiciones ideológicas tal vez estén de acuerdo con lo expresado hasta aquí, pero sin embargo les parecerá que hay otros asuntos más importantes de los que ocuparse como por ejemplo la crisis económica. Semejantes argumentos prueban que antes de cerrar las heridas hay que abrir un proceso de reflexión colectivo en la sociedad española que no este sometido a una ley de punto final, a un cierre en falso. La cuestión de la memoria histórica no está desvinculada de la actual crisis económica y no sólo, porque algunas de las empresas del IBEX 35 hayan hecho su capital explotando presos políticos, sino también porque los pactos de la Moncloa, que establecieron el actual modelo económico que ningún partido quiere o puede cambiar, supusieron la coronación de un proceso de liberalización económica iniciado durante el aperturismo económico de los años sesenta. La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura no puede servir simplemente para construir un museo del horror, la emergencia de las memorias (la memoria comunista, anarquista, repúblicana, todas las memorias políticas reprimidas hasta ahora) debe servir para generar preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sólo así se podrá hacer justicia y se podrán cerrar las heridas.
En este sentido, hay que apoyar la iniciativa del Juez Garzón no como solución final, sino como un paso más en busca de la justicia. En Argentina, donde saben muy bien que una sentencia legal no es justicia (pero ayuda), el establecimiento de la existencia de 30.000 desaparecidos ha servido para que nadie pueda negar la brutalidad de la dictadura Argentina, a lo sumo la pueden justificar. En mi opinión, para las personas que hemos entrevistado estos meses sería sumamente importante que se hiciera un recuento de los desaparecidos que hay en España y que se abrieran procesos legales. Más allá de las sentencias y de las decisiones del juez Garzón estos procesos legales pueden ser un disparadero para hacernos ciertas preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Todo ello ayudaría a que muchas personas pierdan el miedo, porque lamentablemente hay todavía muchas personas, sobre todo en los pueblos, que no se animan a hablar por miedo a las represalias y, porque todavía perciben el discurso del odio en muchos sectores de la sociedad española. Quizá muchos piensen que todo lo que digo es imposible de llevar a cabo, que el sol de San Diego me ha calentado demasiado la cabeza, pero en este año que conmemoramos el aniversario del 68 hay que hacer nuestra una de sus consignas más conocidas: “seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Luis Martín Cabrera. Profesor Asistente de la Universidad de California, San Diego. Coordinador del Archivo Audivisual de la Guerra Civil y la dictadura franquist.
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica
Luis Martín Cabrera (08-09-2008)
Luis Martín Cabrera
Rebelión
Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto del trabajo colectivo que hemos llevado a cabo entrevistando testigos de la represión franquista y militantes políticos, así como el resultado de mis propias investigaciones sobre la relación entre memoria y justicia en España y el Cono Sur. Cabe aclarar, sin embargo, que no pretendo hablar ni por estos testigos ni por las asociaciones, mis reflexiones son a título personal. No pretendo tampoco intervenir “a favor” del Juez Garzón muchas de cuyas actuaciones me parecen cuando menos cuestionable. Estas líneas son para apoyar a los familiares de las víctimas y a los militantes, frente al ruido y los malos entendidos diseminados por los medios de comunicación; son pues un intento de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos contra el proceso de recuperación de la memoria histórica en general y contra la reciente decisión del juez Garzón en particular.
Uno de las razones más frecuentemente invocadas por los sectores más conservadores de la sociedad española, y por algunos no tan conservadores, es que los dos bandos cometieron atrocidades y, por lo tanto, es mejor no remover el pasado. Habría que sospechar de este argumento, aunque sólo fuera porque es exactamente el mismo que utilizan los represores en Argentina, en Chile y en otras sociedades post-dictatoriales; dividir responsabilidades al cincuenta por ciento sólo puede ser un modo de lavar la conciencia personal. En el caso de España, vale la pena recordar además que la agresión partió del llamado “bando nacional”, los generales golpistas se sublevaron contra un gobierno legítimamente constituido y elegido democráticamente. En segundo lugar, el gobierno republicano siempre condenó los actos de violencia contra la población civil y en la medida de sus posibilidades trato de contener la violencia extrajudicial, mientras que los militares sublevados no sólo no condenaron la violencia contra sus enemigos, sino que la planificaron y la justificaron como parte de una “cruzada religiosa” que tenía como fin “purificar España”. Finalmente, las víctimas del llamado “bando nacional” recibieron reconocimiento público, compensaciones económicas y el beneplácito de las autoridades franquistas para humillar a los vencidos. ¿Por qué no hay víctimas del “bando nacional” en los juzgados? Tal vez porque ya enterraron a sus muertos o porque recibieron un Estanco, una cátedra universitaria o tierras del botín de guerra que se repartieron los vencedores. Para poder comparar hay que conocer la historia y las asimetrías de poder.
Por otro lado, en las discusiones sobre la decisión del Juez Garzón existe una confusión sistemática entre Guerra Civil y represión planificada o Genocidio durante y después de la guerra. Un buen porcentaje de los cadáveres sobre los que el Juez Garzón está solicitando información no son muertos en combate, no son soldados del bando republicano, aunque éstos por supuesto también merecen ser enterrados dignamente. Muchos de estos cadáveres que aparecen en fosas de Burgos, del Bierzo o de Málaga fueron asesinados vilmente en la retaguardia en la mayoría de los casos simplemente por su filiación política, porque tenían un proyecto político diferente para España, porque creían en los derechos de los trabajadores o, simplemente, por ejercer la libertad de pensamiento. Por lo tanto, hay que distinguir entre los muertos en combate y los muertos de una represión calculadamente planificada para eliminar la disidencia que además se extendió con mayor o menor intensidad hasta el final de la dictadura. El trabajo de las asociaciones y de los voluntarios ha puesto de manifiesto esta distinción mejor que ningún manual de historia y, por lo tanto, es competente que Garzón investigue si esta represión planificada constituye -- yo creo que sí-- un delito de lesa humanidad que como tal no puede prescribir ni ser amnistiado. Este argumento es además, el que utilizó mutatis mutandi el mismo Garzón para pedir la extradición de Pinochet. En Chile hay actualmente 3.000 desaparecidos, sólo entre Galicia y Cataluña hay más de 4.000, ¿a quién beneficia que sigamos sin contar los muertos que hay en las cunetas?
Mariano Rajoy, y con él grueso del partido popular, insiste en que todo esto sólo puede servir para reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas. Si algo nos ha enseñado el trabajo de campo, el contacto directo con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es justamente que las heridas nunca se cerraron, ¿cómo se pueden cerrar las heridas cuando se le niega a miles de personas el derecho al duelo, el derecho a conocer cómo murieron sus seres queridos y ha enterrarlos cómo y dónde ellos quieran? ¿Cómo se pueden cerrar las heridas cuando no se reconoce que la tortura es una agresión contra la dignidad del ser humano, cuando no hay ni siquiera una placa en la Puerta del Sol que reconozca que allí la policía de Franco torturó a miles de militantes políticos?
Demasiadas veces, de manera malintencionada se equipara la necesidad de abrir estas heridas a la luz pública con un deseo de revancha por parte de las víctimas. Ninguna de las personas con las que hemos hablado estos meses ha expresado nunca deseo de venganza. Por el contrario, la mayoría bien por miedo bien por pura generosidad se niega a nombrar a los responsables de sus sufrimientos. Las víctimas no piden venganza piden justicia y, para ello es necesario dar muchos pasos que no se han dado: entre otras cosas, hay que reconocer que lo que sucedió durante la Guerra Civil dictadura fue trágico (algo que La ley de memoria histórica sólo hace tímidamente y de manera puramente simbólica) , hay que reconocer que las ejecuciones sumarias fueron ilegales y que constituyeron crímenes contra la humanidad, hay que pedir responsabilidades legales y reparaciones económicas (Garzón puede ayudar en este extremo) y hay que preguntarse cuáles son los efectos que tiene este traumático pasado sobre nuestro presente.
Muchas personas de distintas posiciones ideológicas tal vez estén de acuerdo con lo expresado hasta aquí, pero sin embargo les parecerá que hay otros asuntos más importantes de los que ocuparse como por ejemplo la crisis económica. Semejantes argumentos prueban que antes de cerrar las heridas hay que abrir un proceso de reflexión colectivo en la sociedad española que no este sometido a una ley de punto final, a un cierre en falso. La cuestión de la memoria histórica no está desvinculada de la actual crisis económica y no sólo, porque algunas de las empresas del IBEX 35 hayan hecho su capital explotando presos políticos, sino también porque los pactos de la Moncloa, que establecieron el actual modelo económico que ningún partido quiere o puede cambiar, supusieron la coronación de un proceso de liberalización económica iniciado durante el aperturismo económico de los años sesenta. La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura no puede servir simplemente para construir un museo del horror, la emergencia de las memorias (la memoria comunista, anarquista, repúblicana, todas las memorias políticas reprimidas hasta ahora) debe servir para generar preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sólo así se podrá hacer justicia y se podrán cerrar las heridas.
En este sentido, hay que apoyar la iniciativa del Juez Garzón no como solución final, sino como un paso más en busca de la justicia. En Argentina, donde saben muy bien que una sentencia legal no es justicia (pero ayuda), el establecimiento de la existencia de 30.000 desaparecidos ha servido para que nadie pueda negar la brutalidad de la dictadura Argentina, a lo sumo la pueden justificar. En mi opinión, para las personas que hemos entrevistado estos meses sería sumamente importante que se hiciera un recuento de los desaparecidos que hay en España y que se abrieran procesos legales. Más allá de las sentencias y de las decisiones del juez Garzón estos procesos legales pueden ser un disparadero para hacernos ciertas preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Todo ello ayudaría a que muchas personas pierdan el miedo, porque lamentablemente hay todavía muchas personas, sobre todo en los pueblos, que no se animan a hablar por miedo a las represalias y, porque todavía perciben el discurso del odio en muchos sectores de la sociedad española. Quizá muchos piensen que todo lo que digo es imposible de llevar a cabo, que el sol de San Diego me ha calentado demasiado la cabeza, pero en este año que conmemoramos el aniversario del 68 hay que hacer nuestra una de sus consignas más conocidas: “seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Luis Martín Cabrera. Profesor Asistente de la Universidad de California, San Diego. Coordinador del Archivo Audivisual de la Guerra Civil y la dictadura franquist.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia.
Fuente: El Norte de Castilla.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica alerta de que la autovía a Leóncruzará por zonas donde hay muchos enterrados
ÍÑIGO SALINAS VALLADOLID
El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), Fernando Magán, calcula que hay «más de 3.000» cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil que todavía no han sido localizados en las fosas comunes de la provincia, mientras que en España la cifra rondaría los 130.000. Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que Magán valore «positivamente» la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. «Llevamos un año y medio poniendo denuncias y aportando documentación y ahora, por fin, parece que vamos a llegar a buen puerto», asegura. Pero los trabajos de localización de las «alrededor de ochenta fosas comunes» que la ARMHV calcula que hay en la provincia de Valladolid, el tratamiento de la documentación de los archivos y la identificación de los cuerpos es una tarea que, en más de una ocasión, se encuentra con más dificultades de las que se puedan imaginar, ya no sólo como consecuencia del trabajo de campo, sino también debido a las obras sobre el terreno que dañan los restos de la Guerra Civil o las recientes críticas del propio consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que dijo que las investigaciones que está llevando a cabo el juez Garzón no son más que una medida para «desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España». «Según las inscripciones del registro de Medina de Rioseco y los testimonios de varios testigos, en esa zona puede haber alrededor de cuarenta personas enterradas», advierte Del Olmo. Sin embargo, reconoce que la empresa de arqueología encargada de las obras tiene la orden de «actuar con cuidado y de avisarnos si encuentran restos de cuerpos para comenzar las exhumaciones». Del Olmo asegura que, si encuentran fosas, los trabajos de exhumación, «que los haríamos nosotros», durarán «pocos días», por lo que «no supondría un problema para la continuidad de las obras». Del Olmo no puede ocultar la «satisfacción» por el entendimiento entre la ARMHV y la empresa que lleva a cabo la construcción de la autovía. No en vano, «en algunas ocasiones, cuando encuentran fosas o cuerpos de fusilados durante la Guerra Civil lo ocultan. Por ejemplo, un vecino de Arévalo nos dijo que encontraron cuerpos y, en vez de avisar a los arqueólogos para que tomaran las medidas necesarias, cogieron las palas y de deshicieron de los muertos. Metieron los huesos en un camión y se los llevaron a otra parte», dice. Pero Del Olmo cree que, «desde hace unos seis años o así hay una sensibilidad mayor de la que había antes». Garzón emitió el primer día de septiembre una providencia con la que dio el primer paso para sacar a la luz judicial a las ejecuciones y desapariciones de más de 30.000 personas en España. El magistrado solicitó información a la Conferencia Episcopal Española, a los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, a los ministerios del Defensa y del Interior, al Archivo General de la Administración, al Centro Documental de la Memoria Histórica y al Valle de los Caídos. El juez de la Audiencia Nacional también requiere las circunstancias y fecha en que se dieron esos entierros y si constan en algún registro con el fin de aclarar todas las circunstancias posibles que rodearon a los fusilados.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica alerta de que la autovía a Leóncruzará por zonas donde hay muchos enterrados
ÍÑIGO SALINAS VALLADOLID
El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), Fernando Magán, calcula que hay «más de 3.000» cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil que todavía no han sido localizados en las fosas comunes de la provincia, mientras que en España la cifra rondaría los 130.000. Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que Magán valore «positivamente» la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. «Llevamos un año y medio poniendo denuncias y aportando documentación y ahora, por fin, parece que vamos a llegar a buen puerto», asegura. Pero los trabajos de localización de las «alrededor de ochenta fosas comunes» que la ARMHV calcula que hay en la provincia de Valladolid, el tratamiento de la documentación de los archivos y la identificación de los cuerpos es una tarea que, en más de una ocasión, se encuentra con más dificultades de las que se puedan imaginar, ya no sólo como consecuencia del trabajo de campo, sino también debido a las obras sobre el terreno que dañan los restos de la Guerra Civil o las recientes críticas del propio consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que dijo que las investigaciones que está llevando a cabo el juez Garzón no son más que una medida para «desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España». «Según las inscripciones del registro de Medina de Rioseco y los testimonios de varios testigos, en esa zona puede haber alrededor de cuarenta personas enterradas», advierte Del Olmo. Sin embargo, reconoce que la empresa de arqueología encargada de las obras tiene la orden de «actuar con cuidado y de avisarnos si encuentran restos de cuerpos para comenzar las exhumaciones». Del Olmo asegura que, si encuentran fosas, los trabajos de exhumación, «que los haríamos nosotros», durarán «pocos días», por lo que «no supondría un problema para la continuidad de las obras». Del Olmo no puede ocultar la «satisfacción» por el entendimiento entre la ARMHV y la empresa que lleva a cabo la construcción de la autovía. No en vano, «en algunas ocasiones, cuando encuentran fosas o cuerpos de fusilados durante la Guerra Civil lo ocultan. Por ejemplo, un vecino de Arévalo nos dijo que encontraron cuerpos y, en vez de avisar a los arqueólogos para que tomaran las medidas necesarias, cogieron las palas y de deshicieron de los muertos. Metieron los huesos en un camión y se los llevaron a otra parte», dice. Pero Del Olmo cree que, «desde hace unos seis años o así hay una sensibilidad mayor de la que había antes». Garzón emitió el primer día de septiembre una providencia con la que dio el primer paso para sacar a la luz judicial a las ejecuciones y desapariciones de más de 30.000 personas en España. El magistrado solicitó información a la Conferencia Episcopal Española, a los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, a los ministerios del Defensa y del Interior, al Archivo General de la Administración, al Centro Documental de la Memoria Histórica y al Valle de los Caídos. El juez de la Audiencia Nacional también requiere las circunstancias y fecha en que se dieron esos entierros y si constan en algún registro con el fin de aclarar todas las circunstancias posibles que rodearon a los fusilados.
CRÍTICAS
Contra la Junta
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró la semana pasada que «la investigación sobre la Guerra Civil es para desviar la atención de la crisis económica». Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría en las distintas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, que no tardaron en calificar las declaraciones «como una ofensa que demuestra, como mínimo, un desconocimiento pleno del asunto y, en el peor de los casos, una manipulación intoxicadora. Es un atentado contra la dignidad de muchas personas que no saben dónde están sus familiares desaparecidos y anhelan encontrarlos para enterrarlos dignamente. Todos los demócratas nos debemos sentir afectados cuando se habla de derechos humanos», dice un comunicado redactado y firmado por Manuel Escarda, representante de la Plataforma de Víctimas de la Desaparición Forzada del Franquismo y miembro de la ARMHV.
INTERVENCIÓN JUDICIAL
Baltasar Garzón
La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, que está integrada por las asociaciones de memoria histórica que presentaron el 14 de diciembre del 2006 y el 18 de julio del año pasado una denuncia ante la Audiencia Nacional, lograron su objetivo de que la Audiencia Nacional y, en concreto el juez Baltasar Garzón, practicara diligencias para esclarecer la situación de los miles de fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo para, si procede, «declarar la responsabilidad del Estado en esta materia».
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Guerra y dictadura en el cine español. Julián Casanova.
Fuente: El País.
Guerra y dictadura en el cine español
JULIÁN CASANOVA (Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.)
En los largos años de silencio impuesto por la dictadura de Franco, la literatura y el cine encendían de vez en cuando la llama del recuerdo. Entre los cineastas, el que más lo hizo, desafiando a la censura y a la miseria intelectual, fue Carlos Saura. En sus películas, desde La caza, de 1965, hasta ¡Ay, Carmela!, de 1990, pasando por Ana y los lobos (1972) o La prima Angélica (1973), siempre hubo un lugar para el recuerdo. Recuerdos de la guerra, de su violencia e intolerancia. Recuerdos del franquismo, de su represión, doble moral e hipocresía.
La historia de la Guerra Civil no es un territorio exclusivo de los historiadores
Para recuperar el pasado necesitamos del cine, de su eficacia narrativa y del poder de sus imágenes
La mirada a ese pasado traumático, de guerra y dictadura, persiste en el cine español, 70 años después de la Guerra Civil y más de 30 desde la muerte de Franco. Y el cine, como ocurre con los libros de historia o con las opiniones y testimonios difundidos en los medios de comunicación, transmite una clara tensión entre diferentes memorias, individuales y de grupo, y la proyecta sobre el presente y sus debates políticos y culturales. ¿Es bueno y saludable que el cine no huya de ese pasado y saque a la luz sus partes más ocultas y reprimidas? ¿Qué usos de la memoria nos propone el cine en la actualidad? ¿Quiénes son sus destinatarios?
El hecho de que la memoria, o más bien las memorias enfrentadas, se haya convertido en los últimos años en España en eje importante de discusión política indica, por un lado, la fuerza del legado de la Guerra Civil y del franquismo, de un pasado que no quiere irse ni ser olvidado, y, por otro, la confrontación entre historia y recuerdos. Los hechos más significativos de la Guerra Civil han sido ya investigados y las preguntas más relevantes están resueltas, pero esa historia no es un territorio exclusivo de los historiadores y, en cualquier caso, lo que enseñamos los historiadores en las universidades y en nuestros libros no es lo mismo que lo que la mayoría de los ciudadanos que nacieron durante la dictadura o en los primeros años de la actual democracia pudieron leer en los libros de texto del bachillerato. Además, millones de personas nunca estudiaron la Guerra Civil, o porque no hicieron bachillerato o porque nadie les contó la guerra en las asignaturas de historia.
Una cosa, por lo tanto, son las narraciones y análisis de los historiadores, y otra muy diferente las percepciones que millones de españoles pudieron y han podido formarse a través de la propaganda oficial franquista, de lo que oían en sus casas o de las diversas representaciones divulgadas en los medios de comunicación, en la literatura, en documentales o en el cine. Treinta años de democracia, sin embargo, no han sido suficientes para borrar la cultura del miedo que el franquismo implantó. La mirada libre a ese pasado traumático suscita, por otro lado, un enérgico rechazo entre numerosas personas que, aunque agradecidas a Franco y a su dictadura, se habían acomodado ya a la democracia y habían ajustado su memoria a los nuevos tiempos. Estudiar la guerra y la dictadura o buscar los restos de los asesinados por militares y falangistas significa para ellos "reabrir las heridas del pasado", por citar las palabras tantas veces utilizadas por Mariano Rajoy.
Frente a esa cultura del miedo y del olvido, una parte del cine español, pequeña pero muy significativa, explora hoy con sus imágenes la España de los perdedores. Es una reconstrucción que tiene mucho de recuperación ideológica, de memoria de militancia y de reivindicación de la herencia de los vencidos. Pero es también una lucha contra el falseamiento de los hechos del pasado, la creación de una memoria nueva y ejemplar que difiere bastante del lugar que la memoria ocupaba en las célebres películas de los años sesenta de Carlos Saura, Luis Buñuel o Luis García Berlanga.
Desde el principio de su carrera, a Saura le interesó mucho reflejar el pasado violento de una sociedad que vivía todavía fracturada bajo la represión y miseria de la dictadura. La caza, la película que además le abrió caminos de fama por los prestigiosos premios que obtuvo, es el mejor ejemplo. Sabemos desde el primer instante que en el escenario donde los cuatro protagonistas van a cazar conejos murió mucha gente en la Guerra Civil. "A montones murieron aquí", le dice José (Ismael Merlo) a Enrique (Emilio Gutiérrez Caba), enseñanza y recuerdo del mayor al joven.
Todo en esa película recuerda a la guerra. José, el propietario del coto de caza, tiene escondido en una cueva un esqueleto de un muerto de la guerra. Los tres hombres mayores, a quienes el pasado persigue y el presente no les permite ser felices, se matan entre ellos. Sólo el joven queda vivo, no sabemos si para seguir recordando, prisionero del pasado, o como esperanza de cambio. Porque mientras los mayores preparan el enfrentamiento, con sus recuerdos, conversaciones, reproches y violencia contenida, el joven escucha música moderna en la radio y baila el twist con la sobrina del guardia de la finca.
Esa tensión entre la tradición y la modernidad preside el cine de Saura, como el de Buñuel en Viridiana (1961) o el de Berlanga en El verdugo (1964). Saura recuerda, y los que vemos su cine recordamos, cómo era esa España de Franco de los años sesenta y setenta, entre la tradición y la modernidad. Es un viaje a través de la memoria y el tiempo, que tanto nos interesa a los historiadores. Hay una España que ha desaparecido, pero no del todo, miserable y primitiva, y otra moderna que nace, aunque no puede dominar todavía y matar a la vieja. Y en todo caso, la modernidad no es capaz de tragarse la historia, el pasado violento, que sale una y otra vez a través del recuerdo de los protagonistas de sus películas.
"Cuánta crueldad, cuánta estupidez, cuánta mezquindad", dice mamá-Rafaela Aparicio en Mamá cumple 100 años (1979), al recordar la guerra. "Cuánto sufrimiento inútil, cuánto sacrificio inútil".
De esa reflexión general sobre "¿cómo fue posible aquella tragedia?", el cine actual ha pasado a la batalla por la memoria, a la lucha contra la indiferencia como forma de olvido social. Se narran la resistencia a la opresión y las ilusiones perdidas (Silencio roto, Montxo Armendáriz, 2001), la represión y la apología que los vencedores hicieron de la violencia (Las 13 rosas, Emilio Martínez-Lázaro, 2007), la muerte de la República y de la cultura (La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda, 1999), o la complicidad del clero en la persecución y el asesinato (Los girasoles ciegos, José Luis Cuerda, 2008). En todos esos casos, y mucho más en Salvador (Manuel Huerga, 2008), aparece de forma muy clara la responsabilidad política, criminal y moral de los vencedores de la guerra y de quienes proyectaron la violencia sobre la sociedad española durante décadas. Se trata, en suma, de un viaje al pasado a través del testimonio (Soldados de Salamina, David Trueba, 2002), porque no hay memoria sin sujetos, del mismo modo que no hay historia sin reconstrucción fidedigna de los hechos.
El retorno de ese pasado oculto y reprimido desorienta y enfada a muchos. El presente condiciona y obstaculiza, sin duda, esa recuperación del pasado. Para abordarla, necesitamos del cine, de su eficacia narrativa y del poder de sus imágenes. Un cine que no sea sólo un instrumento de denuncia, sino que aporte también una voluntad de conocimiento, que convierta al pasado en lección de tolerancia para los jóvenes. Recorridos ya esos caminos, debería ser el momento de dejar de lado el impulso reivindicativo, la memoria testimonial de los vencidos, para adentrarse en visiones más críticas y plurales de los horrores que la guerra y la dictadura generaron.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
Guerra y dictadura en el cine español
JULIÁN CASANOVA (Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.)
En los largos años de silencio impuesto por la dictadura de Franco, la literatura y el cine encendían de vez en cuando la llama del recuerdo. Entre los cineastas, el que más lo hizo, desafiando a la censura y a la miseria intelectual, fue Carlos Saura. En sus películas, desde La caza, de 1965, hasta ¡Ay, Carmela!, de 1990, pasando por Ana y los lobos (1972) o La prima Angélica (1973), siempre hubo un lugar para el recuerdo. Recuerdos de la guerra, de su violencia e intolerancia. Recuerdos del franquismo, de su represión, doble moral e hipocresía.
La historia de la Guerra Civil no es un territorio exclusivo de los historiadores
Para recuperar el pasado necesitamos del cine, de su eficacia narrativa y del poder de sus imágenes
La mirada a ese pasado traumático, de guerra y dictadura, persiste en el cine español, 70 años después de la Guerra Civil y más de 30 desde la muerte de Franco. Y el cine, como ocurre con los libros de historia o con las opiniones y testimonios difundidos en los medios de comunicación, transmite una clara tensión entre diferentes memorias, individuales y de grupo, y la proyecta sobre el presente y sus debates políticos y culturales. ¿Es bueno y saludable que el cine no huya de ese pasado y saque a la luz sus partes más ocultas y reprimidas? ¿Qué usos de la memoria nos propone el cine en la actualidad? ¿Quiénes son sus destinatarios?
El hecho de que la memoria, o más bien las memorias enfrentadas, se haya convertido en los últimos años en España en eje importante de discusión política indica, por un lado, la fuerza del legado de la Guerra Civil y del franquismo, de un pasado que no quiere irse ni ser olvidado, y, por otro, la confrontación entre historia y recuerdos. Los hechos más significativos de la Guerra Civil han sido ya investigados y las preguntas más relevantes están resueltas, pero esa historia no es un territorio exclusivo de los historiadores y, en cualquier caso, lo que enseñamos los historiadores en las universidades y en nuestros libros no es lo mismo que lo que la mayoría de los ciudadanos que nacieron durante la dictadura o en los primeros años de la actual democracia pudieron leer en los libros de texto del bachillerato. Además, millones de personas nunca estudiaron la Guerra Civil, o porque no hicieron bachillerato o porque nadie les contó la guerra en las asignaturas de historia.
Una cosa, por lo tanto, son las narraciones y análisis de los historiadores, y otra muy diferente las percepciones que millones de españoles pudieron y han podido formarse a través de la propaganda oficial franquista, de lo que oían en sus casas o de las diversas representaciones divulgadas en los medios de comunicación, en la literatura, en documentales o en el cine. Treinta años de democracia, sin embargo, no han sido suficientes para borrar la cultura del miedo que el franquismo implantó. La mirada libre a ese pasado traumático suscita, por otro lado, un enérgico rechazo entre numerosas personas que, aunque agradecidas a Franco y a su dictadura, se habían acomodado ya a la democracia y habían ajustado su memoria a los nuevos tiempos. Estudiar la guerra y la dictadura o buscar los restos de los asesinados por militares y falangistas significa para ellos "reabrir las heridas del pasado", por citar las palabras tantas veces utilizadas por Mariano Rajoy.
Frente a esa cultura del miedo y del olvido, una parte del cine español, pequeña pero muy significativa, explora hoy con sus imágenes la España de los perdedores. Es una reconstrucción que tiene mucho de recuperación ideológica, de memoria de militancia y de reivindicación de la herencia de los vencidos. Pero es también una lucha contra el falseamiento de los hechos del pasado, la creación de una memoria nueva y ejemplar que difiere bastante del lugar que la memoria ocupaba en las célebres películas de los años sesenta de Carlos Saura, Luis Buñuel o Luis García Berlanga.
Desde el principio de su carrera, a Saura le interesó mucho reflejar el pasado violento de una sociedad que vivía todavía fracturada bajo la represión y miseria de la dictadura. La caza, la película que además le abrió caminos de fama por los prestigiosos premios que obtuvo, es el mejor ejemplo. Sabemos desde el primer instante que en el escenario donde los cuatro protagonistas van a cazar conejos murió mucha gente en la Guerra Civil. "A montones murieron aquí", le dice José (Ismael Merlo) a Enrique (Emilio Gutiérrez Caba), enseñanza y recuerdo del mayor al joven.
Todo en esa película recuerda a la guerra. José, el propietario del coto de caza, tiene escondido en una cueva un esqueleto de un muerto de la guerra. Los tres hombres mayores, a quienes el pasado persigue y el presente no les permite ser felices, se matan entre ellos. Sólo el joven queda vivo, no sabemos si para seguir recordando, prisionero del pasado, o como esperanza de cambio. Porque mientras los mayores preparan el enfrentamiento, con sus recuerdos, conversaciones, reproches y violencia contenida, el joven escucha música moderna en la radio y baila el twist con la sobrina del guardia de la finca.
Esa tensión entre la tradición y la modernidad preside el cine de Saura, como el de Buñuel en Viridiana (1961) o el de Berlanga en El verdugo (1964). Saura recuerda, y los que vemos su cine recordamos, cómo era esa España de Franco de los años sesenta y setenta, entre la tradición y la modernidad. Es un viaje a través de la memoria y el tiempo, que tanto nos interesa a los historiadores. Hay una España que ha desaparecido, pero no del todo, miserable y primitiva, y otra moderna que nace, aunque no puede dominar todavía y matar a la vieja. Y en todo caso, la modernidad no es capaz de tragarse la historia, el pasado violento, que sale una y otra vez a través del recuerdo de los protagonistas de sus películas.
"Cuánta crueldad, cuánta estupidez, cuánta mezquindad", dice mamá-Rafaela Aparicio en Mamá cumple 100 años (1979), al recordar la guerra. "Cuánto sufrimiento inútil, cuánto sacrificio inútil".
De esa reflexión general sobre "¿cómo fue posible aquella tragedia?", el cine actual ha pasado a la batalla por la memoria, a la lucha contra la indiferencia como forma de olvido social. Se narran la resistencia a la opresión y las ilusiones perdidas (Silencio roto, Montxo Armendáriz, 2001), la represión y la apología que los vencedores hicieron de la violencia (Las 13 rosas, Emilio Martínez-Lázaro, 2007), la muerte de la República y de la cultura (La lengua de las mariposas, José Luis Cuerda, 1999), o la complicidad del clero en la persecución y el asesinato (Los girasoles ciegos, José Luis Cuerda, 2008). En todos esos casos, y mucho más en Salvador (Manuel Huerga, 2008), aparece de forma muy clara la responsabilidad política, criminal y moral de los vencedores de la guerra y de quienes proyectaron la violencia sobre la sociedad española durante décadas. Se trata, en suma, de un viaje al pasado a través del testimonio (Soldados de Salamina, David Trueba, 2002), porque no hay memoria sin sujetos, del mismo modo que no hay historia sin reconstrucción fidedigna de los hechos.
El retorno de ese pasado oculto y reprimido desorienta y enfada a muchos. El presente condiciona y obstaculiza, sin duda, esa recuperación del pasado. Para abordarla, necesitamos del cine, de su eficacia narrativa y del poder de sus imágenes. Un cine que no sea sólo un instrumento de denuncia, sino que aporte también una voluntad de conocimiento, que convierta al pasado en lección de tolerancia para los jóvenes. Recorridos ya esos caminos, debería ser el momento de dejar de lado el impulso reivindicativo, la memoria testimonial de los vencidos, para adentrarse en visiones más críticas y plurales de los horrores que la guerra y la dictadura generaron.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
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