Fuente: http://www.europapress.es/
Zaragoza.- Pleno.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de Garzón la documentación sobre los desaparecidos en la Guerra
ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó hoy una moción de Izquierda Unida (IU) que pide al consistorio que ponga a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuantos informes, datos o listas tenga en su haber para contribuir a la tarea emprendida por asociaciones en defensa de la memoria sobre la identificación de desaparecidos, fusilados y enterrrados en fosas comunes con motivo de la Guerra Civil española.
Esta petición fue apoyada por todos los grupos salvo por el Partido Popular. La moción incluía un segundo punto, aprobado por unanimidad, que solicita que se levante un monumento en el entorno de la antigua cárcel de Torrero en memoria y homenaje a las personas que sufrieron prisión por causas políticas y por la libertad y la democracia.
El portavoz de IU, José Manuel Alonso, explicó que la cárcel de Torrero fue demolida y está pendiente de un plan de urbanización en su entorno y también están por definir algunos de los equipamientos que puedan realizarse en la zona, entre los que él propuso el monumento. El concejal precisó que el objetivo de la moción es "recuperar la memoria" y dar la posibilidad "de que muchas familias puedan recuperar a sus muertos y enterrarlos con dignidad".
El consejero municipal de Presidencia, Fernando Gimeno, se mostró a favor de las dos solicitudes. Según aclaró, el Ayuntamiento "facilitará toda la información a cualquier petición que hagan los jueces" y recordó que en el cementerio de Zaragoza hay un monolito dedicado a los fallecidos por la democracia.
El concejal del PP, Sebastián Contín, explicó que su grupo no podía apoyar la primera petición porque "resucita fantasmas de la peor historia de España y suscita rencores y divisiones", además de que señaló que todavía no se ha determinado si la Audiencia Nacional es competente o no para investigar esta causa.
"Desde el punto de vista jurídico --agregó-- es un sinsentido e incluso se podría decir que una provocación" y va "en contra de las acciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideró prescritas las denuncias formuladas por las asociaciones" en defensa de la memoria.
Además, "nadie nos podrá acusar de no estar con las víctimas, sean del bando que sean, porque siempre nos hemos colocado a su lado" y mencionó algunas iniciativas apoyadas por el PP de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil. Asimismo, Contín se mostró a favor de la creación de un monumento "siempre que honre la memoria de todos los que sufrieron prisión por casuas políticas".
POR JUSTICIA
La concejal de CHA, Carmen Gallego, estimó oportuno apoyar a la moción por "justicia y dignidad humana" e indicó que su partido ya había promovido otras acciones políticas "para recuperar la memoria" y para subvencionar proyectos de investigación a estudios sobre los desaparecidos en la Guerra Civil.
"Estamos totalmente de acuerdo en facilitar datos" y propuso que se tengan en cuenta "los estudios que hay de la ciudad de Zaragoza y de enterramientos colectivos". También apoyó la creación de un monumento y pidió que se recuerde "a las mujeres anónimas que han llegado a morir de igual manera y que incluso han tenido hijos en la cárcel, algo que nos parece totalmente indigno".
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martes, 30 de septiembre de 2008
Francia y Alemania homenajean a Companys.
Fuente: www.publico.es
Francia y Alemania homenajean a Companys
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político. Se permanece a la espera de que España anule su jucio
FERRAN CASAS - Barcelona - 29/09/2008 23:02
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político en homenaje a quien, durante seis años, ocupó sus dependencias, el president Companys. Bajo el impulso de la Comissió de la Dignitat y con el apoyo del vicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, los cónsules de Francia y Alemania en la capital catalana, Pascal Brice y Christine Gläser, se citaron ante un público que, expectante, tomaba nota de sus palabras estableciendo incómodas comparaciones.
Un proceso grotesco
Companys, que sustituyó en el cargo a Francesc Macià en 1934, fue un político complejo y de carácter difícil, al que guió su "lealtad" a una Catalunya que gobernó como pudo en un momento crítico y a una República por la que se batió el cobre durante su dilatada carrera. En ello coincidieron los oradores que, al glosar su figura, recordaron su trágico final. El president cruzó en febrero del 39 la frontera con el lehendakari Aguirre poco después de la caída de Barcelona. Al cabo de unos meses, la Gestapo lo capturó en la Francia ocupada, de donde no quiso huir obsesionado en no separarse de su hijo deficiente y de los catalanes de los campos de refugiados, y lo entregó a Franco. Después, "interrogatorios, torturas y vejaciones", recordó Carod, en la madrileña Puerta del Sol y en Barcelona, en el Castillo de Montjuic, lo peor. Como tantos otros republicanos y catalanistas, el president tuvo un juicio grotesco y fue fusilado un 15 de octubre de 1940 en una madrugada que heló la ciudad.
Francia y Alemania daban tributo a un político asesinado por ser president de la Generalitat, con el que Franco quiso "dar ejemplo" y que, en boca de la cónsul alemana, encarnaba "la democracia, la humanidad y la solidaridad". El representante francés equiparó a Companys a los resistentes franceses. Evitó, eso sí, pedir perdón de forma explícita por la implicación francesa en el fusilamiento del primer presidente elegido democráticamente. Recordó que en su día la República Francesa ya reconoció su "responsabilidad" por el colaboracionismo.
Brice, que aseguró que cada país tiene sus "ritmos", admitió al final de su parlamento cierta "arrogancia": "No sólo nosotros hemos sido combatientes por la libertad", señaló.
Aceptar la culpa
Su compañera alemana hizo más por agradar al auditorio. "Aceptamos nuestra culpa y intentamos aprender de la historia, pese a que a veces pasan años en reconocer casos concretos", aseguró. Gläser indicó que los ajustes de cuentas con la historia evitan "nuevos totalitarismos".
Carod se felicitó que Alemania y Francia cumplieran y lo hicieran con ese tono, "pero aún no ha hablado todo el mundo en la rehabilitación pública de Companys. Falta la voz última, definitiva y concluyente de la España democrática para anular su proceso judicial sin más dilación".
Josep Cruanyes, de la Comissió, cargó contra la Ley de la Memoria y pidió al Govern que se ocupe directamente de que el Estado resuelva el asunto "sin hacerlo recaer sobre su familia o provocar que estos se vean sometidos a la humillante circunstancia de pedir para un presidente democrático un certificado ministerial". Lo mismo exigió para Joan Peiró, Manuel Carrasco, Federic Rahola, Domènec Latorre y tantos otros.
El sobrio acto contó con la lectura de la oda a Companys del polifacético Joan Brossa a cargo del actor Jordi Dauder. "... i obrirà solcs l'esquerra catalana" ("abrirá zanjas la izquierda catalana") rezan sus últimos versos. Su vergonzante y ejemplar caso lo intenta ante el muro del olvido de la Transición.
¿Por qué fusilaron a Lluís Companys?, por David Miró
DAVID MIRÓ - 30/09/2008 08:25
El president de la Generalitat, Lluís Companys, fue cazado como un perro por la Gestapo y la policía franquista en el norte de Francia el 13 de agosto de 1940. El 29 de septiembre fue entregado a las autoridades del régimen y el 15 de octubre fusilado en el castillo de Montjuïc.
El consejo de guerra fue una auténtica farsa, tal como demuestra el escaso tiempo que pasó entre la detención y su ajusticiamiento. Se trató de una venganza de Franco contra los catalanes en la figura de su president. Ese fue su delito.
Ahora, la Generalitat pretende traer a su nieta, que vive en México, para que pida personalmente ante el Ministerio de Justicia un certificado de reparación, paso previo necesario para poder iniciar el proceso judicial que culmine con la anulación del consejo de guerra.
La iniciativa resulta cuanto menos decepcionante. ¿No debería ser la propia Generalitat la que iniciase todo el proceso en nombre de todos los catalanes? ¿Por qué hay que trasladar esa responsabilidad al ámbito familiar? ¿Y qué pasará con las víctimas que no tengan a nadie para iniciar un farragoso proceso judicial?
Si Companys fue asesinado por ser president, debe ser la Generalitat la que encabece la causa ante la justicia española. Y no esconderse tras la nieta de nadie.
Francia y Alemania homenajean a Companys
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político. Se permanece a la espera de que España anule su jucio
FERRAN CASAS - Barcelona - 29/09/2008 23:02
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político en homenaje a quien, durante seis años, ocupó sus dependencias, el president Companys. Bajo el impulso de la Comissió de la Dignitat y con el apoyo del vicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, los cónsules de Francia y Alemania en la capital catalana, Pascal Brice y Christine Gläser, se citaron ante un público que, expectante, tomaba nota de sus palabras estableciendo incómodas comparaciones.
Un proceso grotesco
Companys, que sustituyó en el cargo a Francesc Macià en 1934, fue un político complejo y de carácter difícil, al que guió su "lealtad" a una Catalunya que gobernó como pudo en un momento crítico y a una República por la que se batió el cobre durante su dilatada carrera. En ello coincidieron los oradores que, al glosar su figura, recordaron su trágico final. El president cruzó en febrero del 39 la frontera con el lehendakari Aguirre poco después de la caída de Barcelona. Al cabo de unos meses, la Gestapo lo capturó en la Francia ocupada, de donde no quiso huir obsesionado en no separarse de su hijo deficiente y de los catalanes de los campos de refugiados, y lo entregó a Franco. Después, "interrogatorios, torturas y vejaciones", recordó Carod, en la madrileña Puerta del Sol y en Barcelona, en el Castillo de Montjuic, lo peor. Como tantos otros republicanos y catalanistas, el president tuvo un juicio grotesco y fue fusilado un 15 de octubre de 1940 en una madrugada que heló la ciudad.
Francia y Alemania daban tributo a un político asesinado por ser president de la Generalitat, con el que Franco quiso "dar ejemplo" y que, en boca de la cónsul alemana, encarnaba "la democracia, la humanidad y la solidaridad". El representante francés equiparó a Companys a los resistentes franceses. Evitó, eso sí, pedir perdón de forma explícita por la implicación francesa en el fusilamiento del primer presidente elegido democráticamente. Recordó que en su día la República Francesa ya reconoció su "responsabilidad" por el colaboracionismo.
Brice, que aseguró que cada país tiene sus "ritmos", admitió al final de su parlamento cierta "arrogancia": "No sólo nosotros hemos sido combatientes por la libertad", señaló.
Aceptar la culpa
Su compañera alemana hizo más por agradar al auditorio. "Aceptamos nuestra culpa y intentamos aprender de la historia, pese a que a veces pasan años en reconocer casos concretos", aseguró. Gläser indicó que los ajustes de cuentas con la historia evitan "nuevos totalitarismos".
Carod se felicitó que Alemania y Francia cumplieran y lo hicieran con ese tono, "pero aún no ha hablado todo el mundo en la rehabilitación pública de Companys. Falta la voz última, definitiva y concluyente de la España democrática para anular su proceso judicial sin más dilación".
Josep Cruanyes, de la Comissió, cargó contra la Ley de la Memoria y pidió al Govern que se ocupe directamente de que el Estado resuelva el asunto "sin hacerlo recaer sobre su familia o provocar que estos se vean sometidos a la humillante circunstancia de pedir para un presidente democrático un certificado ministerial". Lo mismo exigió para Joan Peiró, Manuel Carrasco, Federic Rahola, Domènec Latorre y tantos otros.
El sobrio acto contó con la lectura de la oda a Companys del polifacético Joan Brossa a cargo del actor Jordi Dauder. "... i obrirà solcs l'esquerra catalana" ("abrirá zanjas la izquierda catalana") rezan sus últimos versos. Su vergonzante y ejemplar caso lo intenta ante el muro del olvido de la Transición.
¿Por qué fusilaron a Lluís Companys?, por David Miró
DAVID MIRÓ - 30/09/2008 08:25
El president de la Generalitat, Lluís Companys, fue cazado como un perro por la Gestapo y la policía franquista en el norte de Francia el 13 de agosto de 1940. El 29 de septiembre fue entregado a las autoridades del régimen y el 15 de octubre fusilado en el castillo de Montjuïc.
El consejo de guerra fue una auténtica farsa, tal como demuestra el escaso tiempo que pasó entre la detención y su ajusticiamiento. Se trató de una venganza de Franco contra los catalanes en la figura de su president. Ese fue su delito.
Ahora, la Generalitat pretende traer a su nieta, que vive en México, para que pida personalmente ante el Ministerio de Justicia un certificado de reparación, paso previo necesario para poder iniciar el proceso judicial que culmine con la anulación del consejo de guerra.
La iniciativa resulta cuanto menos decepcionante. ¿No debería ser la propia Generalitat la que iniciase todo el proceso en nombre de todos los catalanes? ¿Por qué hay que trasladar esa responsabilidad al ámbito familiar? ¿Y qué pasará con las víctimas que no tengan a nadie para iniciar un farragoso proceso judicial?
Si Companys fue asesinado por ser president, debe ser la Generalitat la que encabece la causa ante la justicia española. Y no esconderse tras la nieta de nadie.
lunes, 29 de septiembre de 2008
Los obispados de Lleida y Urgell, dispuestos a colaborar con el juez Garzón
Fuente: http://www.lamanyana.es/web/index.html
Los obispados de Lleida y Urgell, dispuestos a colaborar con el juez Garzón
Lleida - L.A. Pérez de la Pinta 2008-09-30
Los obispados de Lleida y Urgell están dispuestos a colaborar con el juez Baltasar Garzón en su recién emprendida labor de recopilación de datos sobre las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos. Por el momento, señalan uno y otro obispado, el juez no se ha puesto en contacto con ellos, pero ambos están dispuestos a colaborar si lo que se solicita no entra en conflicto con la legislación que regula el uso de datos de particulares. El dato se facilitó ayer, el mismo día en que el cementerio de Lleida acogía una misa en honor del beato Francesc Castelló, fusilado en setiembre de 1936, tras ser condenado a muerte por el Tribunal Popular entonces constituido en la capital del Segrià.
La semana pasada Garzón amplió su investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la posguerra a los represaliados por el bando republicano al requerir al Archivo General de la Administración los fondos de los tribunales populares que actuaron durante la guerra en Madrid. Estos fondos figuran en la llamada Causa General franquista, un proceso que el régimen dictatorial instruyó, según indicaron en su día fuentes del régimen, contra “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Sobre el asunto, y desde el obispado de Lleida, el vicario general Joan Ramon Ezquerra aseguraba ayer estar a la espera de instrucciones de la Conferencia Episcopal para proceder si alguien requiere datos sobre los desaparecidos en Lleida. El obispado de Urgell se manifestó de modo idéntico y desde Solsona no hubo declaraciones.
La semana pasada, el portavoz de la Conferencia Episcopal Juan Antonio Martínez Camino aseguró acerca de las peticiones de Garzón, estar dispuesto a “hacer todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la ley”. Camino indicó además que los archivos que el juez quiere consultar son públicos y, por tanto, todo el que quiera acceder a ellos “puede hacerlo de acuerdo con la reglamentación dictada para proteger esas informaciones”. Pese a eso, el portavoz remarcó que no existe ningún pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal acerca de la Ley de Memoria Histórica. Tras conocer sus palabras, Garzón reclamó a la Conferencia que haga llegar su requerimiento a las diferentes diócesis españolas para que éstas lo remitan después a cada una de las más de 23.000 parroquias que funcionan actualmente en España.
Lo indicado por Martínez Camino la semana pasada fue prácticamente lo mismo que señalaron ayer el obispado de Lleida y el de Urgell. El vicario general de la primera de ambas diócesis recordó así de nuevo el carácter público de los archivos y aseguró que su obispado no tiene nada que ocultar: “En estos archivos sólo hay nombres y fechas de funerales y no habrá ningún problema si se nos solicita que los facilitemos a quien sea. Lo que no sé muy bien es para qué pueden servir estas listas, porque la información que contienen es muy limitada”. El obispado de Urgell mostró ayer también su predisposición a colaborar con Garzón o “con quien sea necesario”, aunque indicaron que toda colaboración deberá producirse respetando la normativa de protección de datos. “En estos archivos aparece información relativa a particulares y en algún caso estos datos pueden facilitarse sólo con el consentimiento de los familiares de la persona a la que se refieren. Si esta normativa se respeta, facilitaremos lo que convenga”.
La Ley de Memoria Histórica no fue valorada por ninguno de los dos obispados leridanos con los que ayer se pudo contactar. Unos y otros se remitieron a lo señalado por monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el portavoz de la Conferencia Episcopal, que pedía el viernes que la Ley de Memoria Histórica no se convierta “en un enfrentamiento ideológico y político”.
Los obispados de Lleida y Urgell, dispuestos a colaborar con el juez Garzón
Lleida - L.A. Pérez de la Pinta 2008-09-30
Los obispados de Lleida y Urgell están dispuestos a colaborar con el juez Baltasar Garzón en su recién emprendida labor de recopilación de datos sobre las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos. Por el momento, señalan uno y otro obispado, el juez no se ha puesto en contacto con ellos, pero ambos están dispuestos a colaborar si lo que se solicita no entra en conflicto con la legislación que regula el uso de datos de particulares. El dato se facilitó ayer, el mismo día en que el cementerio de Lleida acogía una misa en honor del beato Francesc Castelló, fusilado en setiembre de 1936, tras ser condenado a muerte por el Tribunal Popular entonces constituido en la capital del Segrià.
La semana pasada Garzón amplió su investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la posguerra a los represaliados por el bando republicano al requerir al Archivo General de la Administración los fondos de los tribunales populares que actuaron durante la guerra en Madrid. Estos fondos figuran en la llamada Causa General franquista, un proceso que el régimen dictatorial instruyó, según indicaron en su día fuentes del régimen, contra “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Sobre el asunto, y desde el obispado de Lleida, el vicario general Joan Ramon Ezquerra aseguraba ayer estar a la espera de instrucciones de la Conferencia Episcopal para proceder si alguien requiere datos sobre los desaparecidos en Lleida. El obispado de Urgell se manifestó de modo idéntico y desde Solsona no hubo declaraciones.
La semana pasada, el portavoz de la Conferencia Episcopal Juan Antonio Martínez Camino aseguró acerca de las peticiones de Garzón, estar dispuesto a “hacer todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la ley”. Camino indicó además que los archivos que el juez quiere consultar son públicos y, por tanto, todo el que quiera acceder a ellos “puede hacerlo de acuerdo con la reglamentación dictada para proteger esas informaciones”. Pese a eso, el portavoz remarcó que no existe ningún pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal acerca de la Ley de Memoria Histórica. Tras conocer sus palabras, Garzón reclamó a la Conferencia que haga llegar su requerimiento a las diferentes diócesis españolas para que éstas lo remitan después a cada una de las más de 23.000 parroquias que funcionan actualmente en España.
Lo indicado por Martínez Camino la semana pasada fue prácticamente lo mismo que señalaron ayer el obispado de Lleida y el de Urgell. El vicario general de la primera de ambas diócesis recordó así de nuevo el carácter público de los archivos y aseguró que su obispado no tiene nada que ocultar: “En estos archivos sólo hay nombres y fechas de funerales y no habrá ningún problema si se nos solicita que los facilitemos a quien sea. Lo que no sé muy bien es para qué pueden servir estas listas, porque la información que contienen es muy limitada”. El obispado de Urgell mostró ayer también su predisposición a colaborar con Garzón o “con quien sea necesario”, aunque indicaron que toda colaboración deberá producirse respetando la normativa de protección de datos. “En estos archivos aparece información relativa a particulares y en algún caso estos datos pueden facilitarse sólo con el consentimiento de los familiares de la persona a la que se refieren. Si esta normativa se respeta, facilitaremos lo que convenga”.
La Ley de Memoria Histórica no fue valorada por ninguno de los dos obispados leridanos con los que ayer se pudo contactar. Unos y otros se remitieron a lo señalado por monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el portavoz de la Conferencia Episcopal, que pedía el viernes que la Ley de Memoria Histórica no se convierta “en un enfrentamiento ideológico y político”.
domingo, 28 de septiembre de 2008
Fusilados por la Justicia Nacional. Félix Población.
Fuente: http://www.publico.es/
Fusilados por la Justicia Nacional
28 Sep 2008
FELIX POBLACIÓN
Entre la copiosa y valiosa documentación conservada en el que fuera Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, figuran miles de expedientes de los ciudadanos españoles represaliados por el franquismo durante el conflicto armado y la subsiguiente y larga dictadura. Ya fuera por su adscripción a sindicatos, organizaciones o partidos políticos proscritos ulteriormente por el régimen del llamado Glorioso Movimiento Nacional (GMN) del 18 de Julio, o por simpatizar simplemente con un ideario progresista, sus vidas quedaron marcadas por el delito de pensar, expresarse y asociarse libremente durante el régimen republicano, precedente del actual régimen democrático.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo actuó, una vez terminada la Guerra Civil, con toda contundencia. De su puntual, detallada y rigurosa ejecutoria tenemos hoy constancia gracias al fondo documental consultable en el CDMH. Si, como dijo en este mismo periódico hace unas fechas Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, “los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y los vivos”, la aportación del mencionado centro ante el genocidio franquista será fundamental.
Una lectura minuciosa de la documentación allí depositada que incumbe a ese tribunal nos permite observar que en muchos de los expedientes se da como razón del sobreseimiento definitivo del encausado el fallecimiento de éste. En no pocos de esos casos la muerte pudo deberse a la aplicación del conocido como Bando de Guerra por parte del Ejército rebelde, aunque en ocasiones se pretende disimular esa ejecución con expresiones como “muerto por arma de fuego, hemorragia cerebral o hemorragia interna”. A veces, incluso, se da como único motivo, sin más, el “haberse opuesto al GMN”, en cuyo caso procede afirmar según los ejecutores que la víctima fue “fusilada por la Justicia Nacional”.
El profesor Juan Antonio Ferrer Benimeli señala como caso más ilustrativo de esas falacias tergiversadoras el del periodista masón Manuel Marín Sancho, profesor de Literatura y archivero del Ayuntamiento de Zaragoza. Marín Sancho, fundador de la revista naturista Amanecer y del club también naturista Helios, fue fusilado el 1 de diciembre de 1936, pero al día siguiente su inscripción en el Registro Civil de Defunciones constaba así: “Falleció y fue autopsiado en el día de hoy, a consecuencia de fractura de cráneo y hemorragia interna, según resulta de certificación facultativa y reconocimiento practicado”.
Hace algunas semanas, el juez Baltasar Garzón dictó una providencia para que, después de haber procedido la Audiencia Nacional en investigar durante años las desapariciones de ciudadanos durante los regímenes dictatoriales de América Latina, y hasta en China y Ruanda, se deje por fin de ignorar las que tuvieron lugar durante la contienda de 1936 y el franquismo en España, más de treinta años después del inicio formal del vigente periodo democrático. Las listas recientemente entregadas cifran el número de víctimas en torno a ciento cuarenta mil. Se da la paradoja de que el juez Garzón no se apoyó en la llamada Ley de Memoria Histórica para tomar esa tardía y necesaria decisión, sino en las incongruencias e insuficiencias jurídicas de la misma, pues el objetivo perseguido por la citada providencia quedaba hasta la fecha, en virtud de esa ley, en manos de los particulares, no en las del Estado democrático al que debería competer.
Es de suma coherencia con la razón y objetivos de la entidad que el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, con la recién inaugurada y al parecer ambiciosa proyección que lo define, colabore en la investigación y búsqueda de los desaparecidos más olvidados de una dictadura de casi cuarenta años por parte de una democracia de más de treinta. No faltan en el CDMH expedientes en los que las víctimas mortales del franquismo tienen como ficha descriptiva de su desaparición, además de una defunción no certificada, unas palabras mecanografiadas que indican escueta y desoladoramente “muerto en la carretera o en el camino” de tal o cual localidad. Tal referencia puede ser quizá la seña más flagrante que podamos tener por escrito de un asesinato impune y de la posterior desaparición de la víctima durante la represión fascista en la Guerra Civil.
Que esos y otros muchos nombres, enterrados durante decenios en las cunetas y las fosas del olvido, hayan tenido que esperar tanto tiempo para asomarse a la luz de la justicia es una deuda difícilmente justificable, porque, como dijo mi admirado escritor y poeta Mario Benedetti, con relación a otros desaparecidos más jóvenes que hablaban nuestro mismo idioma al otro lado del Océano, es posible que hayan extraviado la brújula/ y hoy vaguen preguntando/ dónde carajo queda el buen amor/ porque vienen del odio.
El pasado 26 de diciembre las Cortes Generales aprobaron la Ley de la Memoria Histórica, que en su artículo 15 especifica que “es obligación de las administraciones públicas tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Salamanca, a través de su CDMH, puede prestar una valiosa colaboración en el hallazgo de las víctimas desaparecidas como consecuencia de aquel periodo histórico. Por eso, que permanezcan expuestos en aquella capital hasta veinticuatro símbolos franquista resulta cuando menos un desatino, máxime si para colmarlo sigue siendo Francisco Franco hijo adoptivo y alcalde honorario de la ciudad.
Felix Población es escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica
Fusilados por la Justicia Nacional
28 Sep 2008
FELIX POBLACIÓN
Entre la copiosa y valiosa documentación conservada en el que fuera Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, figuran miles de expedientes de los ciudadanos españoles represaliados por el franquismo durante el conflicto armado y la subsiguiente y larga dictadura. Ya fuera por su adscripción a sindicatos, organizaciones o partidos políticos proscritos ulteriormente por el régimen del llamado Glorioso Movimiento Nacional (GMN) del 18 de Julio, o por simpatizar simplemente con un ideario progresista, sus vidas quedaron marcadas por el delito de pensar, expresarse y asociarse libremente durante el régimen republicano, precedente del actual régimen democrático.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo actuó, una vez terminada la Guerra Civil, con toda contundencia. De su puntual, detallada y rigurosa ejecutoria tenemos hoy constancia gracias al fondo documental consultable en el CDMH. Si, como dijo en este mismo periódico hace unas fechas Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, “los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y los vivos”, la aportación del mencionado centro ante el genocidio franquista será fundamental.
Una lectura minuciosa de la documentación allí depositada que incumbe a ese tribunal nos permite observar que en muchos de los expedientes se da como razón del sobreseimiento definitivo del encausado el fallecimiento de éste. En no pocos de esos casos la muerte pudo deberse a la aplicación del conocido como Bando de Guerra por parte del Ejército rebelde, aunque en ocasiones se pretende disimular esa ejecución con expresiones como “muerto por arma de fuego, hemorragia cerebral o hemorragia interna”. A veces, incluso, se da como único motivo, sin más, el “haberse opuesto al GMN”, en cuyo caso procede afirmar según los ejecutores que la víctima fue “fusilada por la Justicia Nacional”.
El profesor Juan Antonio Ferrer Benimeli señala como caso más ilustrativo de esas falacias tergiversadoras el del periodista masón Manuel Marín Sancho, profesor de Literatura y archivero del Ayuntamiento de Zaragoza. Marín Sancho, fundador de la revista naturista Amanecer y del club también naturista Helios, fue fusilado el 1 de diciembre de 1936, pero al día siguiente su inscripción en el Registro Civil de Defunciones constaba así: “Falleció y fue autopsiado en el día de hoy, a consecuencia de fractura de cráneo y hemorragia interna, según resulta de certificación facultativa y reconocimiento practicado”.
Hace algunas semanas, el juez Baltasar Garzón dictó una providencia para que, después de haber procedido la Audiencia Nacional en investigar durante años las desapariciones de ciudadanos durante los regímenes dictatoriales de América Latina, y hasta en China y Ruanda, se deje por fin de ignorar las que tuvieron lugar durante la contienda de 1936 y el franquismo en España, más de treinta años después del inicio formal del vigente periodo democrático. Las listas recientemente entregadas cifran el número de víctimas en torno a ciento cuarenta mil. Se da la paradoja de que el juez Garzón no se apoyó en la llamada Ley de Memoria Histórica para tomar esa tardía y necesaria decisión, sino en las incongruencias e insuficiencias jurídicas de la misma, pues el objetivo perseguido por la citada providencia quedaba hasta la fecha, en virtud de esa ley, en manos de los particulares, no en las del Estado democrático al que debería competer.
Es de suma coherencia con la razón y objetivos de la entidad que el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, con la recién inaugurada y al parecer ambiciosa proyección que lo define, colabore en la investigación y búsqueda de los desaparecidos más olvidados de una dictadura de casi cuarenta años por parte de una democracia de más de treinta. No faltan en el CDMH expedientes en los que las víctimas mortales del franquismo tienen como ficha descriptiva de su desaparición, además de una defunción no certificada, unas palabras mecanografiadas que indican escueta y desoladoramente “muerto en la carretera o en el camino” de tal o cual localidad. Tal referencia puede ser quizá la seña más flagrante que podamos tener por escrito de un asesinato impune y de la posterior desaparición de la víctima durante la represión fascista en la Guerra Civil.
Que esos y otros muchos nombres, enterrados durante decenios en las cunetas y las fosas del olvido, hayan tenido que esperar tanto tiempo para asomarse a la luz de la justicia es una deuda difícilmente justificable, porque, como dijo mi admirado escritor y poeta Mario Benedetti, con relación a otros desaparecidos más jóvenes que hablaban nuestro mismo idioma al otro lado del Océano, es posible que hayan extraviado la brújula/ y hoy vaguen preguntando/ dónde carajo queda el buen amor/ porque vienen del odio.
El pasado 26 de diciembre las Cortes Generales aprobaron la Ley de la Memoria Histórica, que en su artículo 15 especifica que “es obligación de las administraciones públicas tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Salamanca, a través de su CDMH, puede prestar una valiosa colaboración en el hallazgo de las víctimas desaparecidas como consecuencia de aquel periodo histórico. Por eso, que permanezcan expuestos en aquella capital hasta veinticuatro símbolos franquista resulta cuando menos un desatino, máxime si para colmarlo sigue siendo Francisco Franco hijo adoptivo y alcalde honorario de la ciudad.
Felix Población es escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica
sábado, 27 de septiembre de 2008
JOSÉ LUIS CUERDA: «La postura de la Iglesia ante la Memoria Histórica es inaceptable»
JOSÉ LUIS CUERDA
«La postura de la Iglesia ante la Memoria Histórica es inaceptable»
«Me parece suicida querer olvidar algo que forma parte de nuestro pasado»
Pendueles, P. GALLEGO
El director José Luis Cuerda (Albacete, 1947) participó ayer en los Encuentros en Verines, dedicados en esta 24.ª edición a la relación entre literatura y cine a través de la figura de Rafael Azcona. Además de su último trabajo, en su producción cinematográfica destacan «Amanece, que no es poco», «El bosque animado» o «La lengua de las mariposas».
«Los girasoles ciegos», basada en la novela homónima del ya desaparecido Alberto Méndez, podría ser elegida hoy candidata a la lucha por el «Oscar» a la mejor película en lengua no inglesa. Sus competidoras son «Sangre de mayo», de Garci, y «Siete mesas de billar francés», de Gracia Querejeta.
A pesar de sus 25 años en el mundo del cine, ésta sería la primera vez que Cuerda ve cómo una película suya es elegida por la Academia para poder competir por el «Oscar».
-¿Qué pasará si «Los girasoles ciegos» fuese la elegida?
-Pues que estaré encantado. Una de las tres es la que va a salir, y cualquiera de ellas representaría perfectamente al cine español, pero qué quiere que le diga, me encantaría que fuese la mía. Por el reparto, por Alberto y por la historia.
-¿Qué le diría a Alberto Méndez si pudiese decirle algo?
-No sé qué le diría. O quizá no le diría nada. Lo mejor de su trabajo ha quedado en su novela. Estoy en contacto con su familia y sólo espero que el libro se siga vendiendo y leyendo.
-¿Qué opina de la ley de Memoria Histórica?
-Ellos hicieron cosas que no quieren que se sepan. Y la postura de la Iglesia me parece inaceptable, no sé cómo la jerarquía católica puede atreverse a dictar normas morales, no me cabe en la cabeza.
-¿Su película hubiese sido distinta con un reparto diferente?
-Sí, totalmente, claro. Y peor. Los actores están inmejorables.
-¿Qué le parece que los Encuentros de Verines se hayan dedicado a Rafael Azcona?
-Por la parte que me toca como persona que se dedica al cine, muy de agradecer. Porque así como Azcona no entendía por qué tardaban tanto en darle el Nobel de Literatura a Woody Allen, nosotros debemos exigir que el mundo de la literatura acepte como uno de los suyos a Rafael. Este homenaje me parece de justicia y de agradecer.
-¿Está por reconocer la contribución a la literatura que hacen los guionistas?
-En el caso de Rafael (Azcona) creo que es evidente, siendo como era un novelista que había derivado hacia el cine. Era un excelente escritor y un enorme lector.
-¿Películas como «Los girasoles ciegos» contribuyen a recuperar la Memoria Histórica?
-Bueno, es que a mí me parece suicida el querer olvidar algo que ha pasado. En realidad, los seres humanos sólo somos pasado, es lo único que somos. Ahora mismo somos un almacén de todo lo que ha pasado y de todo lo que les ha pasado a los nuestros. De lo que ha pasado en este país y de lo que ha pasado en todo el mundo. El presente se acaba al decir la «e» de presente. Y el futuro se nos va a hacer puñetas como se nos caiga una teja encima a los que estamos aquí.
-¿Cree que servirá para algo la iniciativa del juez Garzón?
-Hombre, está sirviendo, al menos para sacar a la luz las historias de los que desaparecieron.
«La postura de la Iglesia ante la Memoria Histórica es inaceptable»
«Me parece suicida querer olvidar algo que forma parte de nuestro pasado»
Pendueles, P. GALLEGO
El director José Luis Cuerda (Albacete, 1947) participó ayer en los Encuentros en Verines, dedicados en esta 24.ª edición a la relación entre literatura y cine a través de la figura de Rafael Azcona. Además de su último trabajo, en su producción cinematográfica destacan «Amanece, que no es poco», «El bosque animado» o «La lengua de las mariposas».
«Los girasoles ciegos», basada en la novela homónima del ya desaparecido Alberto Méndez, podría ser elegida hoy candidata a la lucha por el «Oscar» a la mejor película en lengua no inglesa. Sus competidoras son «Sangre de mayo», de Garci, y «Siete mesas de billar francés», de Gracia Querejeta.
A pesar de sus 25 años en el mundo del cine, ésta sería la primera vez que Cuerda ve cómo una película suya es elegida por la Academia para poder competir por el «Oscar».
-¿Qué pasará si «Los girasoles ciegos» fuese la elegida?
-Pues que estaré encantado. Una de las tres es la que va a salir, y cualquiera de ellas representaría perfectamente al cine español, pero qué quiere que le diga, me encantaría que fuese la mía. Por el reparto, por Alberto y por la historia.
-¿Qué le diría a Alberto Méndez si pudiese decirle algo?
-No sé qué le diría. O quizá no le diría nada. Lo mejor de su trabajo ha quedado en su novela. Estoy en contacto con su familia y sólo espero que el libro se siga vendiendo y leyendo.
-¿Qué opina de la ley de Memoria Histórica?
-Ellos hicieron cosas que no quieren que se sepan. Y la postura de la Iglesia me parece inaceptable, no sé cómo la jerarquía católica puede atreverse a dictar normas morales, no me cabe en la cabeza.
-¿Su película hubiese sido distinta con un reparto diferente?
-Sí, totalmente, claro. Y peor. Los actores están inmejorables.
-¿Qué le parece que los Encuentros de Verines se hayan dedicado a Rafael Azcona?
-Por la parte que me toca como persona que se dedica al cine, muy de agradecer. Porque así como Azcona no entendía por qué tardaban tanto en darle el Nobel de Literatura a Woody Allen, nosotros debemos exigir que el mundo de la literatura acepte como uno de los suyos a Rafael. Este homenaje me parece de justicia y de agradecer.
-¿Está por reconocer la contribución a la literatura que hacen los guionistas?
-En el caso de Rafael (Azcona) creo que es evidente, siendo como era un novelista que había derivado hacia el cine. Era un excelente escritor y un enorme lector.
-¿Películas como «Los girasoles ciegos» contribuyen a recuperar la Memoria Histórica?
-Bueno, es que a mí me parece suicida el querer olvidar algo que ha pasado. En realidad, los seres humanos sólo somos pasado, es lo único que somos. Ahora mismo somos un almacén de todo lo que ha pasado y de todo lo que les ha pasado a los nuestros. De lo que ha pasado en este país y de lo que ha pasado en todo el mundo. El presente se acaba al decir la «e» de presente. Y el futuro se nos va a hacer puñetas como se nos caiga una teja encima a los que estamos aquí.
-¿Cree que servirá para algo la iniciativa del juez Garzón?
-Hombre, está sirviendo, al menos para sacar a la luz las historias de los que desaparecieron.
lunes, 22 de septiembre de 2008
Mañana se trasladan a Garzón las listas represaliados.
Navarra traslada mañana a Garzón la lista de los cerca de 4.000 ... fusilados.
la asociación de familiares pide que indague la localización de todos los desaparecidos
Pese a la ardua labor, hay esperanza de que este trámite previsto en la ley de sus frutos y restituya
Pamplona.
La relación de los cerca de cuatro mil fusilados y desparecidos durante la Guerra Civil y años posteriores en Navarra será depositada mañana en la Audiencia nacional para que el juez Baltasar Garzón elabore la lista de represaliados y emprenda las acciones legales oportunas que permitan la localización de sus cuerpos y la información sobre las circunstancias que rodearon sus desapariciones. La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra se persona en esta causa y será Teo Goldaracena quien se encargue de desplazarse a Madrid para depositar este material.
Junto a la relación de represaliados navarros, sobre la mesa del juez Garzón serán depositadas las listas que han recabado las diversas asociaciones de Memoria Histórica que trabajan para rescatar del olvido a todas estas personas tan injustamente tratadas por la historia oficial. Uno de los letrados que representan a estas asociaciones, Fernando Magán, señaló recientemente que llevarán datos de "todas las provincias españolas cuya cifra de desaparecidos puede alcanzar los 130.000". Magán añadió que los nombres de las personas desaparecidas y los lugares de las fosas comunes que han podido ser recopilados proceden de varias fuentes: de investigaciones privadas, de estudios realizados por historiadores y de la búsqueda llevada a cabo por multitud de asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
búsqueda de oficio El Juez Baltasar Garzón ha tomado una iniciativa basada en la Ley de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Se trata de una petición de documentación que, a todas luces, desborda todo lo conocido hasta ahora: Garzón quiere entrar en los archivos de los ayuntamientos, parroquias, etcétera, para que se identifiquen a las víctimas que comenzaron a desaparecer a partir del 17 de julio de 1936, víspera del alzamiento.
La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra tiene la esperanza de que esta acción judicial sirva para reimpulsar un movimiento de búsqueda que se inició en Navarra en el año 1978. "Para nosotros es importante que se reconozca oficialmente que hubo represión franquista y que fue arbitraria y cruel". Pero, en opinión de Joseba Ezeolaza, es también fundamental para restituir a estas personas que "a partir del auto de Garzón ya no sea necesario solicitar la demanda de información sino que se facilite de oficio".
En Navarra se dispone de un listado que, en principio, completaría la relación de desaparecidos que se ha conocido hasta ahora pero nunca se podrá cerrar esta relación por los años transcurridos, la cantidad de información perdida al fallecer testigos directos y por los datos tan incompletos que conservan los archivos históricos, diocesanos, parroquiales y municipales sobre las personas represaliadas.
La carencia principal, según apuntaron Joseba Ezeolaza y Teo Goldaracena, es la referida a los lugares donde fueron enterrados los fusilados. "Se trata de tumbas muy dispersas". La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra es consciente de la ardua labor que queda por hacer ya que en los rescates iniciados en 1978 hubo muy buena voluntad, mucho esfuerzo, mucho dolor pero pocos medios, ningún apoyo oficial y escasas posibilidades de identificar correctamente todos los restos localizados.
La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ...El País (España) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entrega ... Granada digital -
Navarra traslada mañana a Garzón la lista de los cerca de 4.000 ... Noticias de Navarra -
Memoria y desmemoria histórica. kaosenlared.net -
Memoria.- Las asociaciones denunciantes presentarán el lunes a ... elEconomista.es
Más de 7.000 gallegos fueron ejecutados durante el franquismo La Opinión A Coruña
La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón una lista con ... Faro de Vigo
Galicia tuvo 7.000 represaliados muertos y unas cien fosas, según ... soitu.es -
La Comisión de Ponteareas estima que en Galicia hubo hasta 7.000 ...El Correo Gallego -
La Comisión de Ponteareas cifra en Galicia 7.000 represaliados ...El Mercurio Digital -
El precio de las ideasXornal -
La asociación de memoria histórica de Aragón hará llegar el lunes ... Aragón Digital -
Entre 1.500 y 2000 represaliados leoneses estarán sobre la mesa ... leonoticias.com
Garzón recibirá un listado de 130.000 víctimas del genocidio ... La República -
Las asociaciones de memoría histórica enviarán el día 22 a Garzón ... ecodiario
Las Asociaciones de Memoria Histórica entregarán la documentación ... Cadena Ser
la asociación de familiares pide que indague la localización de todos los desaparecidos
Pese a la ardua labor, hay esperanza de que este trámite previsto en la ley de sus frutos y restituya
Pamplona.
La relación de los cerca de cuatro mil fusilados y desparecidos durante la Guerra Civil y años posteriores en Navarra será depositada mañana en la Audiencia nacional para que el juez Baltasar Garzón elabore la lista de represaliados y emprenda las acciones legales oportunas que permitan la localización de sus cuerpos y la información sobre las circunstancias que rodearon sus desapariciones. La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra se persona en esta causa y será Teo Goldaracena quien se encargue de desplazarse a Madrid para depositar este material.
Junto a la relación de represaliados navarros, sobre la mesa del juez Garzón serán depositadas las listas que han recabado las diversas asociaciones de Memoria Histórica que trabajan para rescatar del olvido a todas estas personas tan injustamente tratadas por la historia oficial. Uno de los letrados que representan a estas asociaciones, Fernando Magán, señaló recientemente que llevarán datos de "todas las provincias españolas cuya cifra de desaparecidos puede alcanzar los 130.000". Magán añadió que los nombres de las personas desaparecidas y los lugares de las fosas comunes que han podido ser recopilados proceden de varias fuentes: de investigaciones privadas, de estudios realizados por historiadores y de la búsqueda llevada a cabo por multitud de asociaciones de recuperación de la memoria histórica.
búsqueda de oficio El Juez Baltasar Garzón ha tomado una iniciativa basada en la Ley de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Se trata de una petición de documentación que, a todas luces, desborda todo lo conocido hasta ahora: Garzón quiere entrar en los archivos de los ayuntamientos, parroquias, etcétera, para que se identifiquen a las víctimas que comenzaron a desaparecer a partir del 17 de julio de 1936, víspera del alzamiento.
La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra tiene la esperanza de que esta acción judicial sirva para reimpulsar un movimiento de búsqueda que se inició en Navarra en el año 1978. "Para nosotros es importante que se reconozca oficialmente que hubo represión franquista y que fue arbitraria y cruel". Pero, en opinión de Joseba Ezeolaza, es también fundamental para restituir a estas personas que "a partir del auto de Garzón ya no sea necesario solicitar la demanda de información sino que se facilite de oficio".
En Navarra se dispone de un listado que, en principio, completaría la relación de desaparecidos que se ha conocido hasta ahora pero nunca se podrá cerrar esta relación por los años transcurridos, la cantidad de información perdida al fallecer testigos directos y por los datos tan incompletos que conservan los archivos históricos, diocesanos, parroquiales y municipales sobre las personas represaliadas.
La carencia principal, según apuntaron Joseba Ezeolaza y Teo Goldaracena, es la referida a los lugares donde fueron enterrados los fusilados. "Se trata de tumbas muy dispersas". La Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra es consciente de la ardua labor que queda por hacer ya que en los rescates iniciados en 1978 hubo muy buena voluntad, mucho esfuerzo, mucho dolor pero pocos medios, ningún apoyo oficial y escasas posibilidades de identificar correctamente todos los restos localizados.
La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ...El País (España) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica entrega ... Granada digital -
Navarra traslada mañana a Garzón la lista de los cerca de 4.000 ... Noticias de Navarra -
Memoria y desmemoria histórica. kaosenlared.net -
Memoria.- Las asociaciones denunciantes presentarán el lunes a ... elEconomista.es
Más de 7.000 gallegos fueron ejecutados durante el franquismo La Opinión A Coruña
La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón una lista con ... Faro de Vigo
Galicia tuvo 7.000 represaliados muertos y unas cien fosas, según ... soitu.es -
La Comisión de Ponteareas estima que en Galicia hubo hasta 7.000 ...El Correo Gallego -
La Comisión de Ponteareas cifra en Galicia 7.000 represaliados ...El Mercurio Digital -
El precio de las ideasXornal -
La asociación de memoria histórica de Aragón hará llegar el lunes ... Aragón Digital -
Entre 1.500 y 2000 represaliados leoneses estarán sobre la mesa ... leonoticias.com
Garzón recibirá un listado de 130.000 víctimas del genocidio ... La República -
Las asociaciones de memoría histórica enviarán el día 22 a Garzón ... ecodiario
Las Asociaciones de Memoria Histórica entregarán la documentación ... Cadena Ser
domingo, 21 de septiembre de 2008
Dos artículos de Información de Alacant.
Fuente: http://www.diarioinformacion.com/
JOSÉ LUIS FERRIS
De fosas y poetas
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva más de ocho años reivindicando una falacia. Su propósito de remover las tierras de este maravilloso país para sacar de sus fosas a miles de fusilados durante la contienda civil y la posterior represión franquista ha sido, hasta ahora, una costosa aventura que ha generado emocionadas adhesiones y bastante desdén oficial. Cuando en octubre de 2000, Emilio Silva (fundador con Santiago Macías de la ARMH) echó mano de su amor propio y de un grupo de voluntarios para exhumar los restos de su abuelo de un pedregal de Priaranza del Bierzo, los medios técnicos y el apoyo legal con los que contaba eran primitivos y escasos: algunos testimonios, un viejo plano y una pala excavadora subvencionada por el citado municipio leonés. Tres años después, sin embargo, las cosas se prometieron distintas gracias al anuncio de la inmediata recuperación de los restos del poeta Federico García Lorca. Hasta entonces, las víctimas rescatadas de las cunetas y los barrancos eran seres anónimos que habían sufrido la venganza cainita de sus verdugos en plena refriega civil o en los años inmediatamente posteriores a la barbarie, pero a partir del anunciado proceso de exhumación, la labor de la ARMH prometió ser otra cosa. De hecho, en aquellos meses de 2003, los medios se tomaron más en serio que nunca la heroica tarea de rescatar a esa legión de muertos olvidados que yacía, a millares, bajo el suelo de España. Hablaban de la intervención de más de cuarenta expertos (antropólogos, historiadores, genetistas y geólogos) en la operación de rescate del poeta, además del empleo de georradares, ondas electromagnéticas, cámaras en tres dimensiones, estudios de ADN, escáner con láser, etc. En síntesis, todo un despliegue científico y económico auspiciado sin reservas por la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y el ayuntamiento de Alfacar que, pese a todo el interés manifiesto, se quedó en papel de humo.Estos días, cinco años después del frustrado rescate de Lorca, el caso de la exhumación se ha reabierto con más interés y más expectación que entonces gracias a una aparente polémica que se ha resuelto de modo razonable y ejemplar. Recordemos los antecedentes:La madrugada del 18 de agosto de 1936, en el camino que une las poblaciones granadinas de Alfacar y Víznar, cerca de la Fuente de Aynadamar, fueron fusilados cuatro hombres que, poco después, serían enterrados junto a un olivo por un adolescente llamado Manuel Castilla. Aquellos muertos aparentemente anónimos tenían nombre y apellido: Dióscoro Galindo, maestro de escuela, Francisco Galadí y Juan Arcollas, banderilleros, y Federico García Lorca, poeta. Setenta y dos años después de la matanza, la nieta del maestro Galindo, Nieves Galindo, y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, solicitaron al juez Garzón la admisión a trámite del proyecto de exhumación de Dióscoro Galindo y de Francisco Galadí y la orden de levantamiento de los cadáveres. La petición, no obstante, chocaba con la oposición manifiesta de la familia de Lorca que, desde 2003, se había negado a la apertura del enterramiento clandestino por razones poco argumentadas. Pues bien, tras unos días de debate nacional sobre el asunto, tras la solicitud por parte de Garzón de un censo estatal de víctimas (fusilados y desaparecidos de ambos bandos) de la Guerra Civil con vistas a una posible declaración de genocidio, los herederos del poeta granadino han dado marcha atrás y han reconocido "el derecho legítimo de las familias a recuperar los restos de sus seres queridos", cuestión que no anula dos exigencias fundamentales que Laura García Lorca, portavoz de la familia, ha preferido aclarar: que el acto de exhumación de los cadáveres no se convierta en un "espectáculo mediático" (para lo que pide "el máximo respeto, privacidad e intimidad") y que se cumpla el deseo legítimo de los parientes del poeta de que los restos de Lorca "reposen para siempre donde están", preservando así el barranco de Víznar como "lugar de la memoria colectiva, pública y civil". No hay nada más reconfortante y balsámico que el sentido común, la tolerancia y el propósito de concordia y de acuerdo. Los familiares del poeta han dado una lección de respeto hacia aquéllos (familiares también de desaparecidos y fusilados) que, setenta y dos años después, aún sufren las secuelas de la ignominia, el olvido y el miedo. Y entender algo así y aceptarlo con la debida deferencia es un síntoma claro de madurez y de voluntad conciliadora. Ya sé que para muchos la memoria es impertinente e incómoda, radicaliza el sentido de la justicia, pone a prueba nuestras convicciones morales, cuestiona la legitimidad de un país educado en olvido y abre heridas que, para millones de seres, aún estaban por cerrar. Lo que también sé es que el momento ha llegado y que la cultura de la memoria se encuentra en su punto justo de cocción y en manos de generaciones suficientemente alejadas tanto de la hagiografía como del ajuste de cuentas, capacitadas como nunca y sin levantar sospecha para romper el silencio, para devolver la dignidad a tantos muertos (civiles en su mayor parte) que permanecen todavía bajo tierra y sin duelo, sin el derecho elemental a una simple despedida.De cualquier modo, todo cuanto llevo escrito en este artículo podría estar demás si mi lectura del tema, es decir, la de la exhumación de cuerpos de represaliados, se ciñera a Derecho y al cumplimiento de las leyes por parte del Estado. Según éstas, los enterramientos clandestinos (¿qué otra cosa son las cunetas y las fosas?) y la sepultura ilícita de cadáveres son competencia de la Administración, del Estado, y está entre sus obligaciones ocuparse de ello y no inhibirse del asunto dejándolo en manos de asociaciones altruistas o de la Audiencia Nacional. No hay excusa, pues, para que en las tierras de este país, bajo el polvo de sus cunetas, sus barrancos o en el olvido de sus fosas comunes, más de 40.000 españoles pidan desde sus restos un lugar entre los suyos. Estoy convencido de que este momento es bueno para paliar los desmanes. El tiempo de los "héroes" ha pasado y ya va siendo hora de ocuparse de sus víctimas.
___
JESÚS NAVARRO ALBEROLA
¿Dónde está el cielo republicano?
A Rafael Pérez Cantó lo fusilaron en el cementerio de Alicante el 3 de octubre de 1940. Tenía 24 años, cultivados de amor hacia sus padres, amigos por todo el pueblo y siendo un trabajador ejemplar. Su acta de defunción no dice mucho: solamente que murió por orden del Juzgado Militar nº 1. Sin un cómo ni un porqué. Su madre se enteró de la muerte de su único hijo cuando al día siguiente fue a llevarle, como todas las semanas de un año de calvario y terror, comida y consuelo. Lo reconoció por uno de los jerséis de lana que con tanto amor le había hecho sin pensar que iba a ser su mortaja. Diez años después, Aurora, aquella madre, pudo enterrarlo en el cementerio de Novelda. Diez años suplicando el traslado de una fosa común, diez años después otra vez el jersey; gracias a él sabía que ese esqueleto era su hijo, su amado y único hijo Rafael.
Manuel Valero Alberola corrió la misma suerte. El 2 de enero de 1938, bajo una fuerte nevada, Manolito, gran deportista y aficionado a la fotografía, se encontraba en el frente de Teruel y fue malherido en una pierna. Operado, con la pierna amputada, aún mantenía fuerzas para regresar a casa con los suyos. Las emocionantes cartas que escribió en el frente así lo atestiguan. Pero el día 14 de ese mismo mes, la aviación nacional bombardeó un tren sanitario en la estación de Rubielos de Mora y allí murió Manuel. Terminada la guerra, Encarnación, su madre, comprueba desesperada, día tras día, que su hijo no se encuentra entre los jóvenes que van regresando al pueblo. Al no saber leer, una vecina la ayuda a buscar, en vano, el nombre de su hijo en las listas oficiales. Finalmente, en 1941, llegó la baja de defunción al Ayuntamiento, pero la familia todavía desconoce dónde fue enterrado.
Sus historias, junto a la de otros dos chicos noveldenses, pudieron leerse en la revista de fiestas "Betania" del año 2006 (www.betania2006.com ). Esas madres, Aurora y Encarnación, y sus hijos desaparecidos, simbolizan las decenas de miles de madres de la Guerra Civil que sufrieron el dolor de perder a sus hijos en una guerra fraticida. Su angustia no conoce de pueblos, lugares o fronteras, y ha de ser reconocida de una vez, honrada, aceptada y respetada. La humillación que tuvieron que sufrir durante esos años es muy difícil expresarla con palabras.
Aquellas madres, religiosas y creyentes, iban a misa a diario para comprobar, desalentadas, que en la cruz de la fachada de la iglesia no aparecía, entre los nombres de los caídos por España, el de sus hijos. La mayoría de esas mujeres vivieron con la pena de no saber dónde se encontraban los cuerpos de sus hijos, de sus hermanos o de sus padres y, lo que es peor, vivían con la indiferencia, el olvido y el desprecio de la mayoría de sus paisanos. El bando republicano merece ese reconocimiento. Es la deuda histórica que tiene este país con aquellos que también murieron por España, pero no por la España que ganó, sino por la que estuvo perdiendo durante cuarenta años. Esos cuarenta años sirvieron, entre otras cosas, de reconocimiento y homenaje para el bando nacional, homenajes merecidos, ya que los crímenes fueron igual de brutales. Años más tarde, durante la Transición, se decidió no tocar el tema, quizá por el miedo de todos a que volviera la guerra. Más años de paciencia, de olvido, de silencio. Por ello, ahora es el momento de rendirle cuentas al pasado, cerrar la herida y como las historias de Rafael y Manolito, ponerles nombres y apellidos a los restos que aún siguen en las cunetas, que todavía esperan, en las fosas comunes de los cementerios, una familia que los entierre dignamente. Esa es la manera, como dice Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, de "reparar una injusticia histórica".
El Partido Popular, que inicia ahora con un valiente Mariano Rajoy a la cabeza un nuevo camino rompiendo las ataduras con un PP más anclado en el pasado, tiene la oportunidad inmejorable de demostrar con hechos que ya no tiene nada que ver con la derecha española de la Dictadura, de demostrar que es un partido liberal, de centro conservador, pero sin querer conservar en el olvido lo que pasó en aquellos desgraciados años. Nadie quiere reabrir heridas, nadie desea desenterrar el hacha de guerra.
Y si en algún momento la iniciativa del juez Garzón derivara a esto, sería un grave error y una gran equivocación. Lo único que pretenden las familias de los desaparecidos y muertos del bando republicano es poder quitarse el luto eterno de sus corazones, poder recibir el consuelo que nunca tuvieron. Tener, por fin, pena de duelo y no la tristeza amarga del abandono y del olvido.
Hoy en día, la cruz con los caídos por Dios y por España perdura en algunas iglesias como triste señal de lo que nunca tuvo que ocurrir. En Novelda la quitaron de la parroquia en los años 80. Sin embargo, no es suficiente para una reconciliación verdadera, ya que el olvido, el pasar página, como dice Paul Preston, no es la reconciliación. Hace falta un homenaje a todas las víctimas de nuestra Guerra Civil, a todas, sin distinciones, ni bandos, ni excusas. Sin debates huecos ni nuevas venganzas. Sólo así conseguiremos que en nuestro país muera el rencor y el triste invento de las "dos Españas".
No hubo dos Españas. Únicamente había una, disparándose a sí misma balas cargadas de vacío. Por su parte, la Iglesia católica española debe también hacer un ejercicio de autocrítica para no perder el tren del futuro. Es verdad que, dentro de toda esa barbarie atroz que supuso la guerra, se quemaron iglesias y se asesinaron sacerdotes y párrocos, pero eso no justifica de ningún modo lo que ocurrió después: obispos que, tras dar la bendición, se quedaban con la palma hacia abajo, brazo derecho en alto, bajo un palio de camisas azules, águilas, cabezas engominadas y el brillo metálico de las pistolas, todos con el orgullo indeleble de quien sabe que no había llegado la paz, sino la victoria. Y entre aquellos feligreses, Aurora y Encarnación, las madres de Rafael y Manolito, y las miles y miles de madres en toda España que no podían hablar, que no podían confesar su dolor, que murieron con esa desgarradora tristeza en la garganta que les impedía gritar, que se ahogaban en las lágrimas que destilaba sin parar su enorme soledad.
La Iglesia debe reconocerlo con valentía, entregando toda la información que disponga y admitiendo sus errores, para que al fin, aunque hayan transcurrido más de setenta años, aquellas madres que perdieron sus hijos en una guerra absurda sepan, desde su cielo provisional, dónde está el cielo republicano.
Jesús Navarro Alberola es empresario.
JOSÉ LUIS FERRIS
De fosas y poetas
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lleva más de ocho años reivindicando una falacia. Su propósito de remover las tierras de este maravilloso país para sacar de sus fosas a miles de fusilados durante la contienda civil y la posterior represión franquista ha sido, hasta ahora, una costosa aventura que ha generado emocionadas adhesiones y bastante desdén oficial. Cuando en octubre de 2000, Emilio Silva (fundador con Santiago Macías de la ARMH) echó mano de su amor propio y de un grupo de voluntarios para exhumar los restos de su abuelo de un pedregal de Priaranza del Bierzo, los medios técnicos y el apoyo legal con los que contaba eran primitivos y escasos: algunos testimonios, un viejo plano y una pala excavadora subvencionada por el citado municipio leonés. Tres años después, sin embargo, las cosas se prometieron distintas gracias al anuncio de la inmediata recuperación de los restos del poeta Federico García Lorca. Hasta entonces, las víctimas rescatadas de las cunetas y los barrancos eran seres anónimos que habían sufrido la venganza cainita de sus verdugos en plena refriega civil o en los años inmediatamente posteriores a la barbarie, pero a partir del anunciado proceso de exhumación, la labor de la ARMH prometió ser otra cosa. De hecho, en aquellos meses de 2003, los medios se tomaron más en serio que nunca la heroica tarea de rescatar a esa legión de muertos olvidados que yacía, a millares, bajo el suelo de España. Hablaban de la intervención de más de cuarenta expertos (antropólogos, historiadores, genetistas y geólogos) en la operación de rescate del poeta, además del empleo de georradares, ondas electromagnéticas, cámaras en tres dimensiones, estudios de ADN, escáner con láser, etc. En síntesis, todo un despliegue científico y económico auspiciado sin reservas por la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada y el ayuntamiento de Alfacar que, pese a todo el interés manifiesto, se quedó en papel de humo.Estos días, cinco años después del frustrado rescate de Lorca, el caso de la exhumación se ha reabierto con más interés y más expectación que entonces gracias a una aparente polémica que se ha resuelto de modo razonable y ejemplar. Recordemos los antecedentes:La madrugada del 18 de agosto de 1936, en el camino que une las poblaciones granadinas de Alfacar y Víznar, cerca de la Fuente de Aynadamar, fueron fusilados cuatro hombres que, poco después, serían enterrados junto a un olivo por un adolescente llamado Manuel Castilla. Aquellos muertos aparentemente anónimos tenían nombre y apellido: Dióscoro Galindo, maestro de escuela, Francisco Galadí y Juan Arcollas, banderilleros, y Federico García Lorca, poeta. Setenta y dos años después de la matanza, la nieta del maestro Galindo, Nieves Galindo, y la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, solicitaron al juez Garzón la admisión a trámite del proyecto de exhumación de Dióscoro Galindo y de Francisco Galadí y la orden de levantamiento de los cadáveres. La petición, no obstante, chocaba con la oposición manifiesta de la familia de Lorca que, desde 2003, se había negado a la apertura del enterramiento clandestino por razones poco argumentadas. Pues bien, tras unos días de debate nacional sobre el asunto, tras la solicitud por parte de Garzón de un censo estatal de víctimas (fusilados y desaparecidos de ambos bandos) de la Guerra Civil con vistas a una posible declaración de genocidio, los herederos del poeta granadino han dado marcha atrás y han reconocido "el derecho legítimo de las familias a recuperar los restos de sus seres queridos", cuestión que no anula dos exigencias fundamentales que Laura García Lorca, portavoz de la familia, ha preferido aclarar: que el acto de exhumación de los cadáveres no se convierta en un "espectáculo mediático" (para lo que pide "el máximo respeto, privacidad e intimidad") y que se cumpla el deseo legítimo de los parientes del poeta de que los restos de Lorca "reposen para siempre donde están", preservando así el barranco de Víznar como "lugar de la memoria colectiva, pública y civil". No hay nada más reconfortante y balsámico que el sentido común, la tolerancia y el propósito de concordia y de acuerdo. Los familiares del poeta han dado una lección de respeto hacia aquéllos (familiares también de desaparecidos y fusilados) que, setenta y dos años después, aún sufren las secuelas de la ignominia, el olvido y el miedo. Y entender algo así y aceptarlo con la debida deferencia es un síntoma claro de madurez y de voluntad conciliadora. Ya sé que para muchos la memoria es impertinente e incómoda, radicaliza el sentido de la justicia, pone a prueba nuestras convicciones morales, cuestiona la legitimidad de un país educado en olvido y abre heridas que, para millones de seres, aún estaban por cerrar. Lo que también sé es que el momento ha llegado y que la cultura de la memoria se encuentra en su punto justo de cocción y en manos de generaciones suficientemente alejadas tanto de la hagiografía como del ajuste de cuentas, capacitadas como nunca y sin levantar sospecha para romper el silencio, para devolver la dignidad a tantos muertos (civiles en su mayor parte) que permanecen todavía bajo tierra y sin duelo, sin el derecho elemental a una simple despedida.De cualquier modo, todo cuanto llevo escrito en este artículo podría estar demás si mi lectura del tema, es decir, la de la exhumación de cuerpos de represaliados, se ciñera a Derecho y al cumplimiento de las leyes por parte del Estado. Según éstas, los enterramientos clandestinos (¿qué otra cosa son las cunetas y las fosas?) y la sepultura ilícita de cadáveres son competencia de la Administración, del Estado, y está entre sus obligaciones ocuparse de ello y no inhibirse del asunto dejándolo en manos de asociaciones altruistas o de la Audiencia Nacional. No hay excusa, pues, para que en las tierras de este país, bajo el polvo de sus cunetas, sus barrancos o en el olvido de sus fosas comunes, más de 40.000 españoles pidan desde sus restos un lugar entre los suyos. Estoy convencido de que este momento es bueno para paliar los desmanes. El tiempo de los "héroes" ha pasado y ya va siendo hora de ocuparse de sus víctimas.
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JESÚS NAVARRO ALBEROLA
¿Dónde está el cielo republicano?
A Rafael Pérez Cantó lo fusilaron en el cementerio de Alicante el 3 de octubre de 1940. Tenía 24 años, cultivados de amor hacia sus padres, amigos por todo el pueblo y siendo un trabajador ejemplar. Su acta de defunción no dice mucho: solamente que murió por orden del Juzgado Militar nº 1. Sin un cómo ni un porqué. Su madre se enteró de la muerte de su único hijo cuando al día siguiente fue a llevarle, como todas las semanas de un año de calvario y terror, comida y consuelo. Lo reconoció por uno de los jerséis de lana que con tanto amor le había hecho sin pensar que iba a ser su mortaja. Diez años después, Aurora, aquella madre, pudo enterrarlo en el cementerio de Novelda. Diez años suplicando el traslado de una fosa común, diez años después otra vez el jersey; gracias a él sabía que ese esqueleto era su hijo, su amado y único hijo Rafael.
Manuel Valero Alberola corrió la misma suerte. El 2 de enero de 1938, bajo una fuerte nevada, Manolito, gran deportista y aficionado a la fotografía, se encontraba en el frente de Teruel y fue malherido en una pierna. Operado, con la pierna amputada, aún mantenía fuerzas para regresar a casa con los suyos. Las emocionantes cartas que escribió en el frente así lo atestiguan. Pero el día 14 de ese mismo mes, la aviación nacional bombardeó un tren sanitario en la estación de Rubielos de Mora y allí murió Manuel. Terminada la guerra, Encarnación, su madre, comprueba desesperada, día tras día, que su hijo no se encuentra entre los jóvenes que van regresando al pueblo. Al no saber leer, una vecina la ayuda a buscar, en vano, el nombre de su hijo en las listas oficiales. Finalmente, en 1941, llegó la baja de defunción al Ayuntamiento, pero la familia todavía desconoce dónde fue enterrado.
Sus historias, junto a la de otros dos chicos noveldenses, pudieron leerse en la revista de fiestas "Betania" del año 2006 (www.betania2006.com ). Esas madres, Aurora y Encarnación, y sus hijos desaparecidos, simbolizan las decenas de miles de madres de la Guerra Civil que sufrieron el dolor de perder a sus hijos en una guerra fraticida. Su angustia no conoce de pueblos, lugares o fronteras, y ha de ser reconocida de una vez, honrada, aceptada y respetada. La humillación que tuvieron que sufrir durante esos años es muy difícil expresarla con palabras.
Aquellas madres, religiosas y creyentes, iban a misa a diario para comprobar, desalentadas, que en la cruz de la fachada de la iglesia no aparecía, entre los nombres de los caídos por España, el de sus hijos. La mayoría de esas mujeres vivieron con la pena de no saber dónde se encontraban los cuerpos de sus hijos, de sus hermanos o de sus padres y, lo que es peor, vivían con la indiferencia, el olvido y el desprecio de la mayoría de sus paisanos. El bando republicano merece ese reconocimiento. Es la deuda histórica que tiene este país con aquellos que también murieron por España, pero no por la España que ganó, sino por la que estuvo perdiendo durante cuarenta años. Esos cuarenta años sirvieron, entre otras cosas, de reconocimiento y homenaje para el bando nacional, homenajes merecidos, ya que los crímenes fueron igual de brutales. Años más tarde, durante la Transición, se decidió no tocar el tema, quizá por el miedo de todos a que volviera la guerra. Más años de paciencia, de olvido, de silencio. Por ello, ahora es el momento de rendirle cuentas al pasado, cerrar la herida y como las historias de Rafael y Manolito, ponerles nombres y apellidos a los restos que aún siguen en las cunetas, que todavía esperan, en las fosas comunes de los cementerios, una familia que los entierre dignamente. Esa es la manera, como dice Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, de "reparar una injusticia histórica".
El Partido Popular, que inicia ahora con un valiente Mariano Rajoy a la cabeza un nuevo camino rompiendo las ataduras con un PP más anclado en el pasado, tiene la oportunidad inmejorable de demostrar con hechos que ya no tiene nada que ver con la derecha española de la Dictadura, de demostrar que es un partido liberal, de centro conservador, pero sin querer conservar en el olvido lo que pasó en aquellos desgraciados años. Nadie quiere reabrir heridas, nadie desea desenterrar el hacha de guerra.
Y si en algún momento la iniciativa del juez Garzón derivara a esto, sería un grave error y una gran equivocación. Lo único que pretenden las familias de los desaparecidos y muertos del bando republicano es poder quitarse el luto eterno de sus corazones, poder recibir el consuelo que nunca tuvieron. Tener, por fin, pena de duelo y no la tristeza amarga del abandono y del olvido.
Hoy en día, la cruz con los caídos por Dios y por España perdura en algunas iglesias como triste señal de lo que nunca tuvo que ocurrir. En Novelda la quitaron de la parroquia en los años 80. Sin embargo, no es suficiente para una reconciliación verdadera, ya que el olvido, el pasar página, como dice Paul Preston, no es la reconciliación. Hace falta un homenaje a todas las víctimas de nuestra Guerra Civil, a todas, sin distinciones, ni bandos, ni excusas. Sin debates huecos ni nuevas venganzas. Sólo así conseguiremos que en nuestro país muera el rencor y el triste invento de las "dos Españas".
No hubo dos Españas. Únicamente había una, disparándose a sí misma balas cargadas de vacío. Por su parte, la Iglesia católica española debe también hacer un ejercicio de autocrítica para no perder el tren del futuro. Es verdad que, dentro de toda esa barbarie atroz que supuso la guerra, se quemaron iglesias y se asesinaron sacerdotes y párrocos, pero eso no justifica de ningún modo lo que ocurrió después: obispos que, tras dar la bendición, se quedaban con la palma hacia abajo, brazo derecho en alto, bajo un palio de camisas azules, águilas, cabezas engominadas y el brillo metálico de las pistolas, todos con el orgullo indeleble de quien sabe que no había llegado la paz, sino la victoria. Y entre aquellos feligreses, Aurora y Encarnación, las madres de Rafael y Manolito, y las miles y miles de madres en toda España que no podían hablar, que no podían confesar su dolor, que murieron con esa desgarradora tristeza en la garganta que les impedía gritar, que se ahogaban en las lágrimas que destilaba sin parar su enorme soledad.
La Iglesia debe reconocerlo con valentía, entregando toda la información que disponga y admitiendo sus errores, para que al fin, aunque hayan transcurrido más de setenta años, aquellas madres que perdieron sus hijos en una guerra absurda sepan, desde su cielo provisional, dónde está el cielo republicano.
Jesús Navarro Alberola es empresario.
Homenaje a los 34 fusilados de la Font de la Figuera (València).
Fuente: http://www.levante-emv.com/
Recuerdo. Familiares de los fusilados tocan el nombre de sus seres queridos, ayer en el cementerio de la Font.
Paco Cerdà, XàtivaLa ya de por sí cruel guerra civil tuvo un desalmado epílogo: los fusilamientos cometidos acabada la contienda. A 34 republicanos de la Font de la Figuera asesinados en estas trágicas circunstancias se les rindió ayer homenaje en la localidad con un monumento descubierto en el cementerio municipal. Más de 200 personas participaron en un acto impulsado por el PSPV al que se sumaron las otras tres formaciones representadas en el consistorio: PP -que gobierna en minoría-, Bloc y UV. La escultura, obra del artista local Jesús Pérez Gramage, representa un libro abierto en el que se han labrado los nombres, la edad y la fecha de fusilamiento de las 34 víctimas. Aquellos dolorosos asesinatos no son historia sino memoria para Rafael Castellote, de 87 años y vecino de la Font. Él combatió en la guerra civil. Uno de los fusilados a los que se honraba, Ángel Lladosa era "como un hermano". A Ángel y a su padre los fusilaron el mismo día y sus restos reposan en Paterna. Para entender de dónde venimosCastellote asegura que "este monumento tenía que haberse hecho mucho antes para que la juventud se entere de dónde venimos. Sólo así podremos entender dónde estamos y a dónde queremos ir. No podemos olvidar nuestra historia. A mí me han detenido, me han metido en la prisión, me han torturadoÉ Me han hecho sufrir mucho y es conveniente que no se olvide", cuenta de carrerilla.Muy cerca se encuentra Enrique Ángel, que tenía sólo once meses cuando fusilaron a su padre. "Esa fue la herencia que me dejaron", cuenta. Ahora tiene 69 años y asegura que a su padre lo mataron "por venganza personal". Lo apresaron, se lo llevaron a un campo de concentración de Albatera, fue trasladado a la cárcel de Valencia y a los seis meses de estar preso, una de sus hermanas acudió a visitarlo y le informaron que ya había "fallecido". "Este monumento llega a los 70 años, pero por lo menos nos da la satisfacción del reconocimiento", explica.La muerte en un pueblo tan pequeño obligó también a exilios forzosos. Fue el caso de la familia de Vicente Barberá Lluch, fusilado en 1942 por ser familiar del general republicano Vicente Rojo. A Barberá lo mataron en el campo mientras trabajaba. Dos tiros por la espalda. Su nieto Vicente Pérez Barberá contaba ayer que "mi madre y mi tía han vivido siempre con el estigma del fusilamiento. Y como estaba mal visto y en un pueblo pequeño la presión era tan grande, salieron hacia Onil y abandonaron la Font de la Figuera". Este familiar señalaba que "no recuperaremos a nuestro abuelo pero sí al menos el honor y la dignidad".
Recuerdo. Familiares de los fusilados tocan el nombre de sus seres queridos, ayer en el cementerio de la Font.
Paco Cerdà, XàtivaLa ya de por sí cruel guerra civil tuvo un desalmado epílogo: los fusilamientos cometidos acabada la contienda. A 34 republicanos de la Font de la Figuera asesinados en estas trágicas circunstancias se les rindió ayer homenaje en la localidad con un monumento descubierto en el cementerio municipal. Más de 200 personas participaron en un acto impulsado por el PSPV al que se sumaron las otras tres formaciones representadas en el consistorio: PP -que gobierna en minoría-, Bloc y UV. La escultura, obra del artista local Jesús Pérez Gramage, representa un libro abierto en el que se han labrado los nombres, la edad y la fecha de fusilamiento de las 34 víctimas. Aquellos dolorosos asesinatos no son historia sino memoria para Rafael Castellote, de 87 años y vecino de la Font. Él combatió en la guerra civil. Uno de los fusilados a los que se honraba, Ángel Lladosa era "como un hermano". A Ángel y a su padre los fusilaron el mismo día y sus restos reposan en Paterna. Para entender de dónde venimosCastellote asegura que "este monumento tenía que haberse hecho mucho antes para que la juventud se entere de dónde venimos. Sólo así podremos entender dónde estamos y a dónde queremos ir. No podemos olvidar nuestra historia. A mí me han detenido, me han metido en la prisión, me han torturadoÉ Me han hecho sufrir mucho y es conveniente que no se olvide", cuenta de carrerilla.Muy cerca se encuentra Enrique Ángel, que tenía sólo once meses cuando fusilaron a su padre. "Esa fue la herencia que me dejaron", cuenta. Ahora tiene 69 años y asegura que a su padre lo mataron "por venganza personal". Lo apresaron, se lo llevaron a un campo de concentración de Albatera, fue trasladado a la cárcel de Valencia y a los seis meses de estar preso, una de sus hermanas acudió a visitarlo y le informaron que ya había "fallecido". "Este monumento llega a los 70 años, pero por lo menos nos da la satisfacción del reconocimiento", explica.La muerte en un pueblo tan pequeño obligó también a exilios forzosos. Fue el caso de la familia de Vicente Barberá Lluch, fusilado en 1942 por ser familiar del general republicano Vicente Rojo. A Barberá lo mataron en el campo mientras trabajaba. Dos tiros por la espalda. Su nieto Vicente Pérez Barberá contaba ayer que "mi madre y mi tía han vivido siempre con el estigma del fusilamiento. Y como estaba mal visto y en un pueblo pequeño la presión era tan grande, salieron hacia Onil y abandonaron la Font de la Figuera". Este familiar señalaba que "no recuperaremos a nuestro abuelo pero sí al menos el honor y la dignidad".
viernes, 19 de septiembre de 2008
La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados.
Fuente: http://www.elpais.com/espana/galicia/
La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados
MARÍA FERNÁNDEZ
El colectivo estima que las víctimas reales del franquismo duplican esa cifra
En 1936, Domingo Páramos trabajaba de cerrajero en el pueblo de Caldelas de Tui (Pontevedra). Como miembro del comité de defensa de la República y simpatizante de la CNT, estaba sensibilizado con la situación política española. El 4 de octubre de 1936 fue asesinado junto con otras cuatro personas del Baixo Miño y enterrado en una fosa común en Mondariz.
Años después, su nieta averiguó que el régimen franquista había exhumado en la década de los 50 su cadáver para trasladarlo a la cripta del Valle de los Caídos. No fue el único baile de restos ordenado por Franco. Se calcula que otros 25.000 cuerpos fueron desenterrados, la mayoría de republicanos católicos, y descansan en columbarios del monumento de San Lorenzo del Escorial.
Junto con otras 3.557, esta historia formará parte del dossier que la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas enviará el próximo lunes al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El colectivo asume y amplía la investigación interuniversitaria impulsada por la Consellería de Cultura sobre la represión en Galicia.
La documentación incluye un vídeo sobre las exhumaciones realizadas en fosas comunes de Ponteareas y testimonios de personas que hablan de otros lugares donde fueron enterrados los cuerpos de los represaliados, como los cementerios de O Porriño o Baiona (Pontevedra). La Xunta calcula que hay 26 fosas en toda la Comunidad Autónoma. La de Serantes, en A Coruña, es una de las mayores, con 200 cuerpos dispuestos en hileras.
"Nuestra intención es demostrar que el franquismo cometió crímenes contra la humanidad", reflexionaba ayer Ángel Rodríguez, portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas. Es el único colectivo gallego presente en la denuncia y que forma parte de la Plataforma de víctimas de desapariciones forzadas. Desde hace tres años intentan de manera sistemática conocer las historias de los ejecutados y saber cuántas muertes se produjeron tras un juicio militar y cuántos fueron los "paseados". Se calcula que, en Galicia, unas 1.900 personas fueron detenidas, torturadas, fusiladas y enterradas lejos de su lugar de origen, sin juicio. Son las "desapariciones forzadas o involuntarias", un término jurídico que implica la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye un crimen de lesa humanidad.
Junto con un portavoz de Amnistía Internacional, Ángel Rodríguez explicó que estas primeras aproximaciones se han hecho teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y del archivo militar de Ferrol. Son los casos "claros" de represaliados. Por ello, calcula que, teniendo en cuenta otra documentación, las víctimas podrían ascender a las 7.000 personas en el periodo comprendido entre 1936 y 1950.
Para Amnistía Internacional, es necesario que el Gobierno cumpla con la Ley de Memoria Histórica y haga un mapa nacional de fosas comunes.
La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados
MARÍA FERNÁNDEZ
El colectivo estima que las víctimas reales del franquismo duplican esa cifra
En 1936, Domingo Páramos trabajaba de cerrajero en el pueblo de Caldelas de Tui (Pontevedra). Como miembro del comité de defensa de la República y simpatizante de la CNT, estaba sensibilizado con la situación política española. El 4 de octubre de 1936 fue asesinado junto con otras cuatro personas del Baixo Miño y enterrado en una fosa común en Mondariz.
Años después, su nieta averiguó que el régimen franquista había exhumado en la década de los 50 su cadáver para trasladarlo a la cripta del Valle de los Caídos. No fue el único baile de restos ordenado por Franco. Se calcula que otros 25.000 cuerpos fueron desenterrados, la mayoría de republicanos católicos, y descansan en columbarios del monumento de San Lorenzo del Escorial.
Junto con otras 3.557, esta historia formará parte del dossier que la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas enviará el próximo lunes al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El colectivo asume y amplía la investigación interuniversitaria impulsada por la Consellería de Cultura sobre la represión en Galicia.
La documentación incluye un vídeo sobre las exhumaciones realizadas en fosas comunes de Ponteareas y testimonios de personas que hablan de otros lugares donde fueron enterrados los cuerpos de los represaliados, como los cementerios de O Porriño o Baiona (Pontevedra). La Xunta calcula que hay 26 fosas en toda la Comunidad Autónoma. La de Serantes, en A Coruña, es una de las mayores, con 200 cuerpos dispuestos en hileras.
"Nuestra intención es demostrar que el franquismo cometió crímenes contra la humanidad", reflexionaba ayer Ángel Rodríguez, portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica de Ponteareas. Es el único colectivo gallego presente en la denuncia y que forma parte de la Plataforma de víctimas de desapariciones forzadas. Desde hace tres años intentan de manera sistemática conocer las historias de los ejecutados y saber cuántas muertes se produjeron tras un juicio militar y cuántos fueron los "paseados". Se calcula que, en Galicia, unas 1.900 personas fueron detenidas, torturadas, fusiladas y enterradas lejos de su lugar de origen, sin juicio. Son las "desapariciones forzadas o involuntarias", un término jurídico que implica la violación de múltiples derechos humanos y que, cometido en determinadas circunstancias, constituye un crimen de lesa humanidad.
Junto con un portavoz de Amnistía Internacional, Ángel Rodríguez explicó que estas primeras aproximaciones se han hecho teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y del archivo militar de Ferrol. Son los casos "claros" de represaliados. Por ello, calcula que, teniendo en cuenta otra documentación, las víctimas podrían ascender a las 7.000 personas en el periodo comprendido entre 1936 y 1950.
Para Amnistía Internacional, es necesario que el Gobierno cumpla con la Ley de Memoria Histórica y haga un mapa nacional de fosas comunes.
martes, 16 de septiembre de 2008
Gil Bracero entrega a la UGR mañana el listado con los 5.000 fusilados.
Fuente: Granada Hoy.
http://www.granadahoy.com/
Gil Bracero entrega a la UGR mañana el listado con los 5.000 fusilados
Granada Hoy -
Funcionarios de la Universidad y el Ayuntamiento continúan la búsqueda en los archivos
E. LL. / Granada Actualizado 16.09.2008 - 01:00
"Sin prisa pero sin pausa". Así califica el portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan Antonio Mérida, el trabajo que los funcionarios del Archivo Histórico Municipal y del cementerio de San José realizan estos días a efectos de obtener la información requerida por el juez Garzón sobre los enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil y el franquismo. Mientras el Ayuntamiento y la Universidad, entidades a las que el juez de la Audiencia Nacional ha remitido la providencia, continúan la búsqueda, el historiador y alcalde de Pulianas, Rafael Gil Bracero, tiene previsto entregar mañana al Rectorado el listado documentado que ha elaborado con alrededor de 5.000 fusilados en la provincia durante la Guerra Civil y el franquismo. El listado irá acompañado de un dossier con las referencias históricas y circunstancias que acontecieron. Una vez presentado a la institución académica, el listado será remitido a la Audiencia Nacional . Aunque el mapa de fosas elaborado hace un año cifra en más de 12.000 los enterrados en fosas comunes de la provincia, hasta ahora han logrado documentar estos 5.000, de los que unos 600 figuran en los registros como "desconocidos", por lo que, a diferencia del resto, éstos no se acompañan del nombre y apellido.
Ver todos los artículos sobre este tema
http://www.granadahoy.com/
Gil Bracero entrega a la UGR mañana el listado con los 5.000 fusilados
Granada Hoy -
Funcionarios de la Universidad y el Ayuntamiento continúan la búsqueda en los archivos
E. LL. / Granada Actualizado 16.09.2008 - 01:00
"Sin prisa pero sin pausa". Así califica el portavoz del equipo de gobierno municipal, Juan Antonio Mérida, el trabajo que los funcionarios del Archivo Histórico Municipal y del cementerio de San José realizan estos días a efectos de obtener la información requerida por el juez Garzón sobre los enterrados en fosas comunes durante la Guerra Civil y el franquismo. Mientras el Ayuntamiento y la Universidad, entidades a las que el juez de la Audiencia Nacional ha remitido la providencia, continúan la búsqueda, el historiador y alcalde de Pulianas, Rafael Gil Bracero, tiene previsto entregar mañana al Rectorado el listado documentado que ha elaborado con alrededor de 5.000 fusilados en la provincia durante la Guerra Civil y el franquismo. El listado irá acompañado de un dossier con las referencias históricas y circunstancias que acontecieron. Una vez presentado a la institución académica, el listado será remitido a la Audiencia Nacional . Aunque el mapa de fosas elaborado hace un año cifra en más de 12.000 los enterrados en fosas comunes de la provincia, hasta ahora han logrado documentar estos 5.000, de los que unos 600 figuran en los registros como "desconocidos", por lo que, a diferencia del resto, éstos no se acompañan del nombre y apellido.
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domingo, 14 de septiembre de 2008
Tutti i rossi fucilati.
Fuente: Diario de Mallorca.
Reportaje. Memoria Histórica. Guerra Civil
ROSA FERRIOL. PALMA.
"Tutti i rossi fucilati"
Bajo el lema "todos los rojos fusilados", los falangistas protagonizaron una represión indiscriminada el trágico verano del 36
ROSA FERRIOL. PALMA. No eran ni prostitutas ni milicianas, simplemente eran cinco enfermeras que se alistaron para ayudar a los necesitados cuando estalló la Guerra Civil española. Pero en aquel trágico verano de 1936 que el fin fuera una labor social, era lo de menos. Mandaba el fusil y las órdenes eran claras: "Tutti i rossi fucilati". "Todos los rojos fusilados" fue el lema del conde Rossi, que personificó la represión fascista en Mallorca.Las enfermeras llegaron a la isla el 16 de agosto de 1936 con el desembarco en Punta Amer del capitán Bayo, que permaneció fiel a la República en los primeros compases de la contienda y fue el encargado de dirigir la invasión de Mallorca. La reconquista fracasó y las tropas tuvieron que reembarcarse el 4 de septiembre tras recibir órdenes del Gobierno. El frente republicano abarcaba desde Artà hasta Porto Cristo. No todos llegaron a tiempo a subir al barco. Unas 200 personas quedaron en tierra, la mayoría fueron fusiladas en la playa de sa Coma. Otras, como las enfermeras, corrieron la misma desgracia pero hasta llegar a la carabina pasaron un brutal calvario. Fueron acusadas primero de prostitutas y luego de milicianas. Antoni Tugores, escritor y autor del libro Manacor, la guerra a casa, detalla que los falangistas las trasladaron a Manacor. "Debían disfrutar de ellas". Pasaron un examen ginecológico, las exhibieron por distintos municipios del centro de la isla, las violaron y, una vez satisfechos sexualmente, las apuntaron con el fusil y las mataron el 5 de septiembre. Explica que dos de ellas, Daria y Mercedes, eran unas hermanas nacidas en México que cuando estalló la contienda se encontraban en Cataluña y se alistaron como enfermeras para desarrollar una labor social. Otra de las enfermeras se llamaba Teresa. El escritor de Manacor indica que supieron de ella debido a un libro que escribió una miliciana y que salió a la luz años después de la tragedia. De las otras dos, los historiadores no saben nada.El asesinato de las enfermeras es un ejemplo de la feroz represión que vivió Mallorca desde el 16 de agosto de 1936, fecha del desembarco de las tropas de Bayo, hasta abril de 1937. El filólogo Josep Massot i Muntaner, autoridad indiscutida sobre la Guerra Civil en Mallorca, comenta que durante estos meses "la represión fue indiscriminada" ya que "sistemáticamente fusilaban a todos los capturados". Tugores detalla que el 17 de agosto hubo una "gran masacre en el cementerio viejo de Manacor". Los datos cifran en 200 los asesinados aquel día, aunque él lo rebaja a un centenar. La capital del Llevant, Porreres y Palma fueron los municipios donde se derramó más sangre roja durante la contienda civil. El autor de Porreres, desfilades de dia afusellaments de nit, Tomeu Garí, ha revelado algunas crueldades. Durante la noche del 16 al 17 de agosto asesinaron a 31 porrerencs. Garí cuenta que a quince les encerraron en una escuela. Al día siguiente fueron trasladados al antiguo cementerio de Manacor, fueron fusilados y quemados en una hoguera. "También asesinaron a todo el ayuntamiento republicano", recuerda.El camí de la Creu, donde por las noches fusilaban a los rojos en Porreres, aún guarda muchos recuerdos. La ahijada del alcalde, Maria Ripoll Garau, regresaba de fora vila con su primo y su madre. Se enfangó toda. No era barro, era sangre republicana. La niña se empeñaba en tirar los zapatos a la basura. Su madre no lo permitió porque era "sangre de gente buena", por ello, las lavó y la niña pudo volverse a calzar unos zapatos que en su día se ensuciaron de sangre roja."Fueron muchas las tardes que los niños pasaron jugando en la Creu", relata Garí. Su entretenimiento: quitar las balas que la noche anterior impactaron en una puerta, que "todavía hoy conserva los agujeros". Algunas noches se imponía una tregua en el camí de la Creu. Un paro que no duraba ni treinta minutos. Las primeras noches que Tòfol, un niño de 14 años, iba a recoger la leche de las possessions, los falangistas aparcaban su fusil. Tras su paso, volvía a oír los disparos. Tomeu Garí asegura que en Porreres fallecieron unas 130 personas, aunque "probablemente fueron muchos más".Tugores añade que los falangistas registraban casas y possessions en busca de republicanos. El historiador Arnau Company indica que se practicaron "detenciones masivas en los pueblos". Luego, añade, los trasladaban a las prisiones de Can Mir y del Castell de Bellver. Si un familiar ocultaba a los falangistas el escondite del objetivo, no tenían ningún remordimiento y le disparaban. También murió mucha gente en las cunetas de las carreteras. Tugores recuerda que iban sacando a gente de las prisiones para su, en teoría, "puesta en libertad". Una libertad que era sinónimo de escopeta. El procedimiento era el mismo: salían de prisión, los metían en un camión que los conducía a los cementerios de Manacor, Palma o Porreres, los colocaban ante una pared y los asesinaban a golpe de fusil.Josep Massot señala que el conde Rossi personificó la represión fascista en la isla. Llegó a finales de agosto de 1936 y recorrió todos los pueblos hasta diciembre, cuando abandonó la isla. En todos, el mismo discurso: Tutti i rossi fucilati. Massot resalta que los mallorquines no sabían italiano pero que los que vivieron la Guerra Civil aún repiten estas palabras de tanto que lo oyeron. Una de las prácticas preferidas de los fascistas y del italiano era hacer beber aceite de ricino. "Les obligaba a tragar hasta un litro, fueron muchos los que fallecieron debido a esta práctica", se lamenta Massot. Un colectivo que también sufrió la humillación de los falangistas fueron las viudas. "Lo pasaron muy mal", afirmó Tugores, quien asegura que también las obligaban a beber aceite de ricino.Víctimas de todo tipoLas víctimas no se limitaron ni mucho menos a los políticos republicanos. Maestros, funcionarios, periodistas o escritores también sufrieron. "Hubo mucha represión contra la cultura", recalca Tugores. Los falangistas mataron al director del semanario Nosotros. También asesinaron a su hermano por no querer revelar su escondite. Los dibujantes acabaron siendo víctimas de las armas nacionales, igual que todos aquellos que colaboraron con el semanario. "Los maestros simbolizaron el espíritu de la República", apunta Tugores. En Manacor fueron encarcelados unos 600 docentes. La mayoría quedaron inhabilitados, sólo volvieron a ejercer, recuerda Tugores, los que se mostraron "muy adictos al Movimiento". El historiador palmesano Joan Mas comenta que en el ayuntamiento de Palma se abrieron expedientes a los funcionarios, los que tuvieron alguna relación sindical perdieron su puesto de trabajo. Maestros y funcionarios tuvieron que firmar un escrito de adhesión al Frente Nacional, cuenta Mas. Y es que "la represión no siempre fue por causas políticas", especifica Company. "Se mezclaron cuestiones económicas, peleas personales o de noviazgo. Se aprovechaba la situación para asesinar a los contrarios". Las envidias tuvieron parte de protagonismo. Joan Roca era un maestro paralítico que vivía en Porreres con la hermana del que fue alcalde franquista, Enric Julià. Un día después de tomar posesión, los falangistas fueron a por el docente y lo asesinaron. El motivo: el alcalde tenía miedo de que Joan se quedara con la herencia de su hermana.El historiador de Manacor describe que el clima de terror se agudizó por culpa del gobernador civil Mateu Torres Bestard, que fue ayudante de Franco cuando era comandante militar entre los años 1933 y 1935. De agosto a abril de 1937 fueron meses auténticamente sangrientos. "El cambio llegó con la destitución de Mateu Torres", indica Tugores. Con su sustituto, Josep Quint Zaforteza, "la represión tomó otro aire". Massot explica que a partir del abril de 1937 se instauró la "represión legal". Se celebraban consejos de guerra, aunque fueran "ficticios". Un ejemplo fue el juicio al alcalde republicano de Palma, Emili Darder. Tanto el obispo de Mallorca como religiosas testificaron en su defensa. Fue en vano. "Lo mataron para dar ejemplo", señala Massot. Igual que al diputado Alexandre Jaume o Antoni Mateu, alcalde de Inca. Joan Mas comenta que el asesinato de Emili Darder en febrero de 1937 fue "como un espectáculo". El historiador dice que muchos ciudadanos acudieron al cementerio de Palma para presenciar el fusilamiento. Incluso, relata, muchas mujeres aplaudieron los disparos.En febrero de 1939 llegó la ley de responsabilidades políticas. Los falangistas se quedaban con los bienes y propiedades de los republicanos. "Tenía carácter retroactivo", añade Tugores. La multa se diseñaba a medida. Si la infracción era pequeña pero el inculpado era rico, la sanción era enorme. Si era pobre, no tanto. Sea como fuere, las sanciones económicas no tuvieron punto de comparación con el sangriento verano de 1936 que dejó centenares de muertos. Los historiadores cifran entre dos mil y tres mil los fallecidos en la isla durante la guerra.
Reportaje. Memoria Histórica. Guerra Civil
ROSA FERRIOL. PALMA.
"Tutti i rossi fucilati"
Bajo el lema "todos los rojos fusilados", los falangistas protagonizaron una represión indiscriminada el trágico verano del 36
ROSA FERRIOL. PALMA. No eran ni prostitutas ni milicianas, simplemente eran cinco enfermeras que se alistaron para ayudar a los necesitados cuando estalló la Guerra Civil española. Pero en aquel trágico verano de 1936 que el fin fuera una labor social, era lo de menos. Mandaba el fusil y las órdenes eran claras: "Tutti i rossi fucilati". "Todos los rojos fusilados" fue el lema del conde Rossi, que personificó la represión fascista en Mallorca.Las enfermeras llegaron a la isla el 16 de agosto de 1936 con el desembarco en Punta Amer del capitán Bayo, que permaneció fiel a la República en los primeros compases de la contienda y fue el encargado de dirigir la invasión de Mallorca. La reconquista fracasó y las tropas tuvieron que reembarcarse el 4 de septiembre tras recibir órdenes del Gobierno. El frente republicano abarcaba desde Artà hasta Porto Cristo. No todos llegaron a tiempo a subir al barco. Unas 200 personas quedaron en tierra, la mayoría fueron fusiladas en la playa de sa Coma. Otras, como las enfermeras, corrieron la misma desgracia pero hasta llegar a la carabina pasaron un brutal calvario. Fueron acusadas primero de prostitutas y luego de milicianas. Antoni Tugores, escritor y autor del libro Manacor, la guerra a casa, detalla que los falangistas las trasladaron a Manacor. "Debían disfrutar de ellas". Pasaron un examen ginecológico, las exhibieron por distintos municipios del centro de la isla, las violaron y, una vez satisfechos sexualmente, las apuntaron con el fusil y las mataron el 5 de septiembre. Explica que dos de ellas, Daria y Mercedes, eran unas hermanas nacidas en México que cuando estalló la contienda se encontraban en Cataluña y se alistaron como enfermeras para desarrollar una labor social. Otra de las enfermeras se llamaba Teresa. El escritor de Manacor indica que supieron de ella debido a un libro que escribió una miliciana y que salió a la luz años después de la tragedia. De las otras dos, los historiadores no saben nada.El asesinato de las enfermeras es un ejemplo de la feroz represión que vivió Mallorca desde el 16 de agosto de 1936, fecha del desembarco de las tropas de Bayo, hasta abril de 1937. El filólogo Josep Massot i Muntaner, autoridad indiscutida sobre la Guerra Civil en Mallorca, comenta que durante estos meses "la represión fue indiscriminada" ya que "sistemáticamente fusilaban a todos los capturados". Tugores detalla que el 17 de agosto hubo una "gran masacre en el cementerio viejo de Manacor". Los datos cifran en 200 los asesinados aquel día, aunque él lo rebaja a un centenar. La capital del Llevant, Porreres y Palma fueron los municipios donde se derramó más sangre roja durante la contienda civil. El autor de Porreres, desfilades de dia afusellaments de nit, Tomeu Garí, ha revelado algunas crueldades. Durante la noche del 16 al 17 de agosto asesinaron a 31 porrerencs. Garí cuenta que a quince les encerraron en una escuela. Al día siguiente fueron trasladados al antiguo cementerio de Manacor, fueron fusilados y quemados en una hoguera. "También asesinaron a todo el ayuntamiento republicano", recuerda.El camí de la Creu, donde por las noches fusilaban a los rojos en Porreres, aún guarda muchos recuerdos. La ahijada del alcalde, Maria Ripoll Garau, regresaba de fora vila con su primo y su madre. Se enfangó toda. No era barro, era sangre republicana. La niña se empeñaba en tirar los zapatos a la basura. Su madre no lo permitió porque era "sangre de gente buena", por ello, las lavó y la niña pudo volverse a calzar unos zapatos que en su día se ensuciaron de sangre roja."Fueron muchas las tardes que los niños pasaron jugando en la Creu", relata Garí. Su entretenimiento: quitar las balas que la noche anterior impactaron en una puerta, que "todavía hoy conserva los agujeros". Algunas noches se imponía una tregua en el camí de la Creu. Un paro que no duraba ni treinta minutos. Las primeras noches que Tòfol, un niño de 14 años, iba a recoger la leche de las possessions, los falangistas aparcaban su fusil. Tras su paso, volvía a oír los disparos. Tomeu Garí asegura que en Porreres fallecieron unas 130 personas, aunque "probablemente fueron muchos más".Tugores añade que los falangistas registraban casas y possessions en busca de republicanos. El historiador Arnau Company indica que se practicaron "detenciones masivas en los pueblos". Luego, añade, los trasladaban a las prisiones de Can Mir y del Castell de Bellver. Si un familiar ocultaba a los falangistas el escondite del objetivo, no tenían ningún remordimiento y le disparaban. También murió mucha gente en las cunetas de las carreteras. Tugores recuerda que iban sacando a gente de las prisiones para su, en teoría, "puesta en libertad". Una libertad que era sinónimo de escopeta. El procedimiento era el mismo: salían de prisión, los metían en un camión que los conducía a los cementerios de Manacor, Palma o Porreres, los colocaban ante una pared y los asesinaban a golpe de fusil.Josep Massot señala que el conde Rossi personificó la represión fascista en la isla. Llegó a finales de agosto de 1936 y recorrió todos los pueblos hasta diciembre, cuando abandonó la isla. En todos, el mismo discurso: Tutti i rossi fucilati. Massot resalta que los mallorquines no sabían italiano pero que los que vivieron la Guerra Civil aún repiten estas palabras de tanto que lo oyeron. Una de las prácticas preferidas de los fascistas y del italiano era hacer beber aceite de ricino. "Les obligaba a tragar hasta un litro, fueron muchos los que fallecieron debido a esta práctica", se lamenta Massot. Un colectivo que también sufrió la humillación de los falangistas fueron las viudas. "Lo pasaron muy mal", afirmó Tugores, quien asegura que también las obligaban a beber aceite de ricino.Víctimas de todo tipoLas víctimas no se limitaron ni mucho menos a los políticos republicanos. Maestros, funcionarios, periodistas o escritores también sufrieron. "Hubo mucha represión contra la cultura", recalca Tugores. Los falangistas mataron al director del semanario Nosotros. También asesinaron a su hermano por no querer revelar su escondite. Los dibujantes acabaron siendo víctimas de las armas nacionales, igual que todos aquellos que colaboraron con el semanario. "Los maestros simbolizaron el espíritu de la República", apunta Tugores. En Manacor fueron encarcelados unos 600 docentes. La mayoría quedaron inhabilitados, sólo volvieron a ejercer, recuerda Tugores, los que se mostraron "muy adictos al Movimiento". El historiador palmesano Joan Mas comenta que en el ayuntamiento de Palma se abrieron expedientes a los funcionarios, los que tuvieron alguna relación sindical perdieron su puesto de trabajo. Maestros y funcionarios tuvieron que firmar un escrito de adhesión al Frente Nacional, cuenta Mas. Y es que "la represión no siempre fue por causas políticas", especifica Company. "Se mezclaron cuestiones económicas, peleas personales o de noviazgo. Se aprovechaba la situación para asesinar a los contrarios". Las envidias tuvieron parte de protagonismo. Joan Roca era un maestro paralítico que vivía en Porreres con la hermana del que fue alcalde franquista, Enric Julià. Un día después de tomar posesión, los falangistas fueron a por el docente y lo asesinaron. El motivo: el alcalde tenía miedo de que Joan se quedara con la herencia de su hermana.El historiador de Manacor describe que el clima de terror se agudizó por culpa del gobernador civil Mateu Torres Bestard, que fue ayudante de Franco cuando era comandante militar entre los años 1933 y 1935. De agosto a abril de 1937 fueron meses auténticamente sangrientos. "El cambio llegó con la destitución de Mateu Torres", indica Tugores. Con su sustituto, Josep Quint Zaforteza, "la represión tomó otro aire". Massot explica que a partir del abril de 1937 se instauró la "represión legal". Se celebraban consejos de guerra, aunque fueran "ficticios". Un ejemplo fue el juicio al alcalde republicano de Palma, Emili Darder. Tanto el obispo de Mallorca como religiosas testificaron en su defensa. Fue en vano. "Lo mataron para dar ejemplo", señala Massot. Igual que al diputado Alexandre Jaume o Antoni Mateu, alcalde de Inca. Joan Mas comenta que el asesinato de Emili Darder en febrero de 1937 fue "como un espectáculo". El historiador dice que muchos ciudadanos acudieron al cementerio de Palma para presenciar el fusilamiento. Incluso, relata, muchas mujeres aplaudieron los disparos.En febrero de 1939 llegó la ley de responsabilidades políticas. Los falangistas se quedaban con los bienes y propiedades de los republicanos. "Tenía carácter retroactivo", añade Tugores. La multa se diseñaba a medida. Si la infracción era pequeña pero el inculpado era rico, la sanción era enorme. Si era pobre, no tanto. Sea como fuere, las sanciones económicas no tuvieron punto de comparación con el sangriento verano de 1936 que dejó centenares de muertos. Los historiadores cifran entre dos mil y tres mil los fallecidos en la isla durante la guerra.
lunes, 8 de septiembre de 2008
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica,
Fuente: Rebelión.
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica
Luis Martín Cabrera (08-09-2008)
Luis Martín Cabrera
Rebelión
Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto del trabajo colectivo que hemos llevado a cabo entrevistando testigos de la represión franquista y militantes políticos, así como el resultado de mis propias investigaciones sobre la relación entre memoria y justicia en España y el Cono Sur. Cabe aclarar, sin embargo, que no pretendo hablar ni por estos testigos ni por las asociaciones, mis reflexiones son a título personal. No pretendo tampoco intervenir “a favor” del Juez Garzón muchas de cuyas actuaciones me parecen cuando menos cuestionable. Estas líneas son para apoyar a los familiares de las víctimas y a los militantes, frente al ruido y los malos entendidos diseminados por los medios de comunicación; son pues un intento de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos contra el proceso de recuperación de la memoria histórica en general y contra la reciente decisión del juez Garzón en particular.
Uno de las razones más frecuentemente invocadas por los sectores más conservadores de la sociedad española, y por algunos no tan conservadores, es que los dos bandos cometieron atrocidades y, por lo tanto, es mejor no remover el pasado. Habría que sospechar de este argumento, aunque sólo fuera porque es exactamente el mismo que utilizan los represores en Argentina, en Chile y en otras sociedades post-dictatoriales; dividir responsabilidades al cincuenta por ciento sólo puede ser un modo de lavar la conciencia personal. En el caso de España, vale la pena recordar además que la agresión partió del llamado “bando nacional”, los generales golpistas se sublevaron contra un gobierno legítimamente constituido y elegido democráticamente. En segundo lugar, el gobierno republicano siempre condenó los actos de violencia contra la población civil y en la medida de sus posibilidades trato de contener la violencia extrajudicial, mientras que los militares sublevados no sólo no condenaron la violencia contra sus enemigos, sino que la planificaron y la justificaron como parte de una “cruzada religiosa” que tenía como fin “purificar España”. Finalmente, las víctimas del llamado “bando nacional” recibieron reconocimiento público, compensaciones económicas y el beneplácito de las autoridades franquistas para humillar a los vencidos. ¿Por qué no hay víctimas del “bando nacional” en los juzgados? Tal vez porque ya enterraron a sus muertos o porque recibieron un Estanco, una cátedra universitaria o tierras del botín de guerra que se repartieron los vencedores. Para poder comparar hay que conocer la historia y las asimetrías de poder.
Por otro lado, en las discusiones sobre la decisión del Juez Garzón existe una confusión sistemática entre Guerra Civil y represión planificada o Genocidio durante y después de la guerra. Un buen porcentaje de los cadáveres sobre los que el Juez Garzón está solicitando información no son muertos en combate, no son soldados del bando republicano, aunque éstos por supuesto también merecen ser enterrados dignamente. Muchos de estos cadáveres que aparecen en fosas de Burgos, del Bierzo o de Málaga fueron asesinados vilmente en la retaguardia en la mayoría de los casos simplemente por su filiación política, porque tenían un proyecto político diferente para España, porque creían en los derechos de los trabajadores o, simplemente, por ejercer la libertad de pensamiento. Por lo tanto, hay que distinguir entre los muertos en combate y los muertos de una represión calculadamente planificada para eliminar la disidencia que además se extendió con mayor o menor intensidad hasta el final de la dictadura. El trabajo de las asociaciones y de los voluntarios ha puesto de manifiesto esta distinción mejor que ningún manual de historia y, por lo tanto, es competente que Garzón investigue si esta represión planificada constituye -- yo creo que sí-- un delito de lesa humanidad que como tal no puede prescribir ni ser amnistiado. Este argumento es además, el que utilizó mutatis mutandi el mismo Garzón para pedir la extradición de Pinochet. En Chile hay actualmente 3.000 desaparecidos, sólo entre Galicia y Cataluña hay más de 4.000, ¿a quién beneficia que sigamos sin contar los muertos que hay en las cunetas?
Mariano Rajoy, y con él grueso del partido popular, insiste en que todo esto sólo puede servir para reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas. Si algo nos ha enseñado el trabajo de campo, el contacto directo con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es justamente que las heridas nunca se cerraron, ¿cómo se pueden cerrar las heridas cuando se le niega a miles de personas el derecho al duelo, el derecho a conocer cómo murieron sus seres queridos y ha enterrarlos cómo y dónde ellos quieran? ¿Cómo se pueden cerrar las heridas cuando no se reconoce que la tortura es una agresión contra la dignidad del ser humano, cuando no hay ni siquiera una placa en la Puerta del Sol que reconozca que allí la policía de Franco torturó a miles de militantes políticos?
Demasiadas veces, de manera malintencionada se equipara la necesidad de abrir estas heridas a la luz pública con un deseo de revancha por parte de las víctimas. Ninguna de las personas con las que hemos hablado estos meses ha expresado nunca deseo de venganza. Por el contrario, la mayoría bien por miedo bien por pura generosidad se niega a nombrar a los responsables de sus sufrimientos. Las víctimas no piden venganza piden justicia y, para ello es necesario dar muchos pasos que no se han dado: entre otras cosas, hay que reconocer que lo que sucedió durante la Guerra Civil dictadura fue trágico (algo que La ley de memoria histórica sólo hace tímidamente y de manera puramente simbólica) , hay que reconocer que las ejecuciones sumarias fueron ilegales y que constituyeron crímenes contra la humanidad, hay que pedir responsabilidades legales y reparaciones económicas (Garzón puede ayudar en este extremo) y hay que preguntarse cuáles son los efectos que tiene este traumático pasado sobre nuestro presente.
Muchas personas de distintas posiciones ideológicas tal vez estén de acuerdo con lo expresado hasta aquí, pero sin embargo les parecerá que hay otros asuntos más importantes de los que ocuparse como por ejemplo la crisis económica. Semejantes argumentos prueban que antes de cerrar las heridas hay que abrir un proceso de reflexión colectivo en la sociedad española que no este sometido a una ley de punto final, a un cierre en falso. La cuestión de la memoria histórica no está desvinculada de la actual crisis económica y no sólo, porque algunas de las empresas del IBEX 35 hayan hecho su capital explotando presos políticos, sino también porque los pactos de la Moncloa, que establecieron el actual modelo económico que ningún partido quiere o puede cambiar, supusieron la coronación de un proceso de liberalización económica iniciado durante el aperturismo económico de los años sesenta. La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura no puede servir simplemente para construir un museo del horror, la emergencia de las memorias (la memoria comunista, anarquista, repúblicana, todas las memorias políticas reprimidas hasta ahora) debe servir para generar preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sólo así se podrá hacer justicia y se podrán cerrar las heridas.
En este sentido, hay que apoyar la iniciativa del Juez Garzón no como solución final, sino como un paso más en busca de la justicia. En Argentina, donde saben muy bien que una sentencia legal no es justicia (pero ayuda), el establecimiento de la existencia de 30.000 desaparecidos ha servido para que nadie pueda negar la brutalidad de la dictadura Argentina, a lo sumo la pueden justificar. En mi opinión, para las personas que hemos entrevistado estos meses sería sumamente importante que se hiciera un recuento de los desaparecidos que hay en España y que se abrieran procesos legales. Más allá de las sentencias y de las decisiones del juez Garzón estos procesos legales pueden ser un disparadero para hacernos ciertas preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Todo ello ayudaría a que muchas personas pierdan el miedo, porque lamentablemente hay todavía muchas personas, sobre todo en los pueblos, que no se animan a hablar por miedo a las represalias y, porque todavía perciben el discurso del odio en muchos sectores de la sociedad española. Quizá muchos piensen que todo lo que digo es imposible de llevar a cabo, que el sol de San Diego me ha calentado demasiado la cabeza, pero en este año que conmemoramos el aniversario del 68 hay que hacer nuestra una de sus consignas más conocidas: “seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Luis Martín Cabrera. Profesor Asistente de la Universidad de California, San Diego. Coordinador del Archivo Audivisual de la Guerra Civil y la dictadura franquist.
Reflexiones sobre la intervención del Juez Garzón en el proceso de Recuperación de la memoria histórica
Luis Martín Cabrera (08-09-2008)
Luis Martín Cabrera
Rebelión
Durante los dos últimos veranos he colaborado con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y con otras asociaciones en la creación de un Archivo Audiovisual de la Guerra Civil y la dictadura que formará parte de los fondos de la Universidad de California en San Diego. Las siguientes reflexiones son producto del trabajo colectivo que hemos llevado a cabo entrevistando testigos de la represión franquista y militantes políticos, así como el resultado de mis propias investigaciones sobre la relación entre memoria y justicia en España y el Cono Sur. Cabe aclarar, sin embargo, que no pretendo hablar ni por estos testigos ni por las asociaciones, mis reflexiones son a título personal. No pretendo tampoco intervenir “a favor” del Juez Garzón muchas de cuyas actuaciones me parecen cuando menos cuestionable. Estas líneas son para apoyar a los familiares de las víctimas y a los militantes, frente al ruido y los malos entendidos diseminados por los medios de comunicación; son pues un intento de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos contra el proceso de recuperación de la memoria histórica en general y contra la reciente decisión del juez Garzón en particular.
Uno de las razones más frecuentemente invocadas por los sectores más conservadores de la sociedad española, y por algunos no tan conservadores, es que los dos bandos cometieron atrocidades y, por lo tanto, es mejor no remover el pasado. Habría que sospechar de este argumento, aunque sólo fuera porque es exactamente el mismo que utilizan los represores en Argentina, en Chile y en otras sociedades post-dictatoriales; dividir responsabilidades al cincuenta por ciento sólo puede ser un modo de lavar la conciencia personal. En el caso de España, vale la pena recordar además que la agresión partió del llamado “bando nacional”, los generales golpistas se sublevaron contra un gobierno legítimamente constituido y elegido democráticamente. En segundo lugar, el gobierno republicano siempre condenó los actos de violencia contra la población civil y en la medida de sus posibilidades trato de contener la violencia extrajudicial, mientras que los militares sublevados no sólo no condenaron la violencia contra sus enemigos, sino que la planificaron y la justificaron como parte de una “cruzada religiosa” que tenía como fin “purificar España”. Finalmente, las víctimas del llamado “bando nacional” recibieron reconocimiento público, compensaciones económicas y el beneplácito de las autoridades franquistas para humillar a los vencidos. ¿Por qué no hay víctimas del “bando nacional” en los juzgados? Tal vez porque ya enterraron a sus muertos o porque recibieron un Estanco, una cátedra universitaria o tierras del botín de guerra que se repartieron los vencedores. Para poder comparar hay que conocer la historia y las asimetrías de poder.
Por otro lado, en las discusiones sobre la decisión del Juez Garzón existe una confusión sistemática entre Guerra Civil y represión planificada o Genocidio durante y después de la guerra. Un buen porcentaje de los cadáveres sobre los que el Juez Garzón está solicitando información no son muertos en combate, no son soldados del bando republicano, aunque éstos por supuesto también merecen ser enterrados dignamente. Muchos de estos cadáveres que aparecen en fosas de Burgos, del Bierzo o de Málaga fueron asesinados vilmente en la retaguardia en la mayoría de los casos simplemente por su filiación política, porque tenían un proyecto político diferente para España, porque creían en los derechos de los trabajadores o, simplemente, por ejercer la libertad de pensamiento. Por lo tanto, hay que distinguir entre los muertos en combate y los muertos de una represión calculadamente planificada para eliminar la disidencia que además se extendió con mayor o menor intensidad hasta el final de la dictadura. El trabajo de las asociaciones y de los voluntarios ha puesto de manifiesto esta distinción mejor que ningún manual de historia y, por lo tanto, es competente que Garzón investigue si esta represión planificada constituye -- yo creo que sí-- un delito de lesa humanidad que como tal no puede prescribir ni ser amnistiado. Este argumento es además, el que utilizó mutatis mutandi el mismo Garzón para pedir la extradición de Pinochet. En Chile hay actualmente 3.000 desaparecidos, sólo entre Galicia y Cataluña hay más de 4.000, ¿a quién beneficia que sigamos sin contar los muertos que hay en las cunetas?
Mariano Rajoy, y con él grueso del partido popular, insiste en que todo esto sólo puede servir para reabrir viejas heridas que ya estaban cicatrizadas. Si algo nos ha enseñado el trabajo de campo, el contacto directo con las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura es justamente que las heridas nunca se cerraron, ¿cómo se pueden cerrar las heridas cuando se le niega a miles de personas el derecho al duelo, el derecho a conocer cómo murieron sus seres queridos y ha enterrarlos cómo y dónde ellos quieran? ¿Cómo se pueden cerrar las heridas cuando no se reconoce que la tortura es una agresión contra la dignidad del ser humano, cuando no hay ni siquiera una placa en la Puerta del Sol que reconozca que allí la policía de Franco torturó a miles de militantes políticos?
Demasiadas veces, de manera malintencionada se equipara la necesidad de abrir estas heridas a la luz pública con un deseo de revancha por parte de las víctimas. Ninguna de las personas con las que hemos hablado estos meses ha expresado nunca deseo de venganza. Por el contrario, la mayoría bien por miedo bien por pura generosidad se niega a nombrar a los responsables de sus sufrimientos. Las víctimas no piden venganza piden justicia y, para ello es necesario dar muchos pasos que no se han dado: entre otras cosas, hay que reconocer que lo que sucedió durante la Guerra Civil dictadura fue trágico (algo que La ley de memoria histórica sólo hace tímidamente y de manera puramente simbólica) , hay que reconocer que las ejecuciones sumarias fueron ilegales y que constituyeron crímenes contra la humanidad, hay que pedir responsabilidades legales y reparaciones económicas (Garzón puede ayudar en este extremo) y hay que preguntarse cuáles son los efectos que tiene este traumático pasado sobre nuestro presente.
Muchas personas de distintas posiciones ideológicas tal vez estén de acuerdo con lo expresado hasta aquí, pero sin embargo les parecerá que hay otros asuntos más importantes de los que ocuparse como por ejemplo la crisis económica. Semejantes argumentos prueban que antes de cerrar las heridas hay que abrir un proceso de reflexión colectivo en la sociedad española que no este sometido a una ley de punto final, a un cierre en falso. La cuestión de la memoria histórica no está desvinculada de la actual crisis económica y no sólo, porque algunas de las empresas del IBEX 35 hayan hecho su capital explotando presos políticos, sino también porque los pactos de la Moncloa, que establecieron el actual modelo económico que ningún partido quiere o puede cambiar, supusieron la coronación de un proceso de liberalización económica iniciado durante el aperturismo económico de los años sesenta. La recuperación de la memoria de la Guerra Civil y la dictadura no puede servir simplemente para construir un museo del horror, la emergencia de las memorias (la memoria comunista, anarquista, repúblicana, todas las memorias políticas reprimidas hasta ahora) debe servir para generar preguntas sobre la sociedad en la que vivimos, sólo así se podrá hacer justicia y se podrán cerrar las heridas.
En este sentido, hay que apoyar la iniciativa del Juez Garzón no como solución final, sino como un paso más en busca de la justicia. En Argentina, donde saben muy bien que una sentencia legal no es justicia (pero ayuda), el establecimiento de la existencia de 30.000 desaparecidos ha servido para que nadie pueda negar la brutalidad de la dictadura Argentina, a lo sumo la pueden justificar. En mi opinión, para las personas que hemos entrevistado estos meses sería sumamente importante que se hiciera un recuento de los desaparecidos que hay en España y que se abrieran procesos legales. Más allá de las sentencias y de las decisiones del juez Garzón estos procesos legales pueden ser un disparadero para hacernos ciertas preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacer en voz alta. Todo ello ayudaría a que muchas personas pierdan el miedo, porque lamentablemente hay todavía muchas personas, sobre todo en los pueblos, que no se animan a hablar por miedo a las represalias y, porque todavía perciben el discurso del odio en muchos sectores de la sociedad española. Quizá muchos piensen que todo lo que digo es imposible de llevar a cabo, que el sol de San Diego me ha calentado demasiado la cabeza, pero en este año que conmemoramos el aniversario del 68 hay que hacer nuestra una de sus consignas más conocidas: “seamos realistas, pidamos lo imposible”.
Luis Martín Cabrera. Profesor Asistente de la Universidad de California, San Diego. Coordinador del Archivo Audivisual de la Guerra Civil y la dictadura franquist.
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado.
Fuente: El Plural.
Gustavo Vidal Manzanares
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado
El grupo Jarcha interpretó una de las canciones más populares de la transición, “Libertad sin ira”, que comenzaba así: “Hace algún tiempo en este país hubo una guerra ……”. Treinta años después, con ira o sin ella, pero impulsados por una sed infinita de justicia, hemos de proclamar que… en este país hubo un genocidio.
Y me ciño a la definición de la RAE: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.
Este espíritu genocida lo confirmó el general Franco el 28 de julio de 1936 en su primera entrevista a la prensa extranjera: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid, avanzaré—gritó—tomaré la capital. Salvaré a España cueste lo que cueste” El entrevistador le pregunta si eso significa matar a la mitad de España que no comparta sus ideas políticas, y él respondió sin vacilación: “Repito, cueste lo que cueste” (Franco. Una biografía psicológica. P. 183. Enrique González Duro)
El Código penal se refiere en su artículo 607 al genocidio como “el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico…” De igual modo, el artículo 131,4 del mismo cuerpo legal establece que “Los delitos de genocidio… no prescribirán nunca”. Por otra parte, esta clase de ilícitos son competencia de la Audiencia Nacional y por ello están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Aunque la Ley del Registro Civil obliga a las administraciones a averiguar la procedencia de cada resto humano no identificado y sufragar los gastos correspondientes, desde posturas de la derecha se alega que todo esto es ”reabrir heridas” y “remover el pasado”. No, desgraciadamente, no es “pasado”. No es “pasado” porque las víctimas siguen todavía en cunetas y fosas anónimas. Y esto es un lamentable presente. Y hablamos de hombres y mujeres que un día soñaron con ser felices, jugaron, rieron, se enamoraron, fundaron familias, anhelaban ver crecer a sus hijos, envejecer junto a sus cónyuges, deleitarse con una buena música… es una vergüenza para la Humanidad y para España que seres humanos sigan pudriéndose en fosas y cunetas. Esto es una realidad. Muy presente.
Le duela a quien le duela. Respecto al “reabrir heridas”, me pregunto si pensarían igual cuando se tratara de enjuiciar a un etarra por un asesinato cometido hace veinte años… ¿hablarían en este caso de “ no reabrir heridas”?
Alimentados por vanidad y codicia y encarnando un cinismo nauseabundo, han brotado entre el estiércol de la vileza, los “revisionistas de la nada”. Engordan sus cuentas corrientes y sus egos atormentados ensalzando el franquismo y racionalizando la mala conciencia de quienes bien saben que su prosperidad y bienestar se construyó sobre lágrimas, terror, patios carcelarios, chorros de sangre y una violencia descomunal.
No faltan entre estos “revisionistas de la nada” los que antaño defendían posturas antitéticas mutadas súbitamente ante la perspectiva monetaria y el aplauso de papanatas.
Sin embargo, cada hueso desenterrado representará el alivio de hombres y mujeres que llevaban décadas esperando saber donde cayeron los restos de sus seres queridos. No se podrá juzgar ya a los militares que cosieron a su bocamanga estrellas oscurecidas de muerte, ni a los policías que adornaron su hoja de servicios con las confesiones obtenidas tras “hábiles interrogatorios”, nadie sentará en el banquillo a los tricornios charolados que, coronando cuerpos sin entrañas, arrancaron de sus casas a temblorosos padres de familia hacia viajes sin retorno.
Pero el día que el último hueso reclamado sea redimido de la ignominia de cunetas terrosas, el día que se selle la última sepultura digna, el día que los descendientes de aquellos desdichados puedan llevarlos a un cementerio y, ¿por qué no?, honrarlos con un funeral (católico, evangélico, judío… ¡qué mas da!), entonces podremos por fin hablar de pasado”.
gvidalmanzanares@gmail.com
(Por si alguien no lo sabe Gustavo Vidal Manzanares es hermano de César Vidal, de la COPE y otras cabeceras ultras). Jordi Grau.
Gustavo Vidal Manzanares
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado
El grupo Jarcha interpretó una de las canciones más populares de la transición, “Libertad sin ira”, que comenzaba así: “Hace algún tiempo en este país hubo una guerra ……”. Treinta años después, con ira o sin ella, pero impulsados por una sed infinita de justicia, hemos de proclamar que… en este país hubo un genocidio.
Y me ciño a la definición de la RAE: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.
Este espíritu genocida lo confirmó el general Franco el 28 de julio de 1936 en su primera entrevista a la prensa extranjera: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid, avanzaré—gritó—tomaré la capital. Salvaré a España cueste lo que cueste” El entrevistador le pregunta si eso significa matar a la mitad de España que no comparta sus ideas políticas, y él respondió sin vacilación: “Repito, cueste lo que cueste” (Franco. Una biografía psicológica. P. 183. Enrique González Duro)
El Código penal se refiere en su artículo 607 al genocidio como “el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico…” De igual modo, el artículo 131,4 del mismo cuerpo legal establece que “Los delitos de genocidio… no prescribirán nunca”. Por otra parte, esta clase de ilícitos son competencia de la Audiencia Nacional y por ello están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Aunque la Ley del Registro Civil obliga a las administraciones a averiguar la procedencia de cada resto humano no identificado y sufragar los gastos correspondientes, desde posturas de la derecha se alega que todo esto es ”reabrir heridas” y “remover el pasado”. No, desgraciadamente, no es “pasado”. No es “pasado” porque las víctimas siguen todavía en cunetas y fosas anónimas. Y esto es un lamentable presente. Y hablamos de hombres y mujeres que un día soñaron con ser felices, jugaron, rieron, se enamoraron, fundaron familias, anhelaban ver crecer a sus hijos, envejecer junto a sus cónyuges, deleitarse con una buena música… es una vergüenza para la Humanidad y para España que seres humanos sigan pudriéndose en fosas y cunetas. Esto es una realidad. Muy presente.
Le duela a quien le duela. Respecto al “reabrir heridas”, me pregunto si pensarían igual cuando se tratara de enjuiciar a un etarra por un asesinato cometido hace veinte años… ¿hablarían en este caso de “ no reabrir heridas”?
Alimentados por vanidad y codicia y encarnando un cinismo nauseabundo, han brotado entre el estiércol de la vileza, los “revisionistas de la nada”. Engordan sus cuentas corrientes y sus egos atormentados ensalzando el franquismo y racionalizando la mala conciencia de quienes bien saben que su prosperidad y bienestar se construyó sobre lágrimas, terror, patios carcelarios, chorros de sangre y una violencia descomunal.
No faltan entre estos “revisionistas de la nada” los que antaño defendían posturas antitéticas mutadas súbitamente ante la perspectiva monetaria y el aplauso de papanatas.
Sin embargo, cada hueso desenterrado representará el alivio de hombres y mujeres que llevaban décadas esperando saber donde cayeron los restos de sus seres queridos. No se podrá juzgar ya a los militares que cosieron a su bocamanga estrellas oscurecidas de muerte, ni a los policías que adornaron su hoja de servicios con las confesiones obtenidas tras “hábiles interrogatorios”, nadie sentará en el banquillo a los tricornios charolados que, coronando cuerpos sin entrañas, arrancaron de sus casas a temblorosos padres de familia hacia viajes sin retorno.
Pero el día que el último hueso reclamado sea redimido de la ignominia de cunetas terrosas, el día que se selle la última sepultura digna, el día que los descendientes de aquellos desdichados puedan llevarlos a un cementerio y, ¿por qué no?, honrarlos con un funeral (católico, evangélico, judío… ¡qué mas da!), entonces podremos por fin hablar de pasado”.
gvidalmanzanares@gmail.com
(Por si alguien no lo sabe Gustavo Vidal Manzanares es hermano de César Vidal, de la COPE y otras cabeceras ultras). Jordi Grau.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia.
Fuente: El Norte de Castilla.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica alerta de que la autovía a Leóncruzará por zonas donde hay muchos enterrados
ÍÑIGO SALINAS VALLADOLID
El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), Fernando Magán, calcula que hay «más de 3.000» cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil que todavía no han sido localizados en las fosas comunes de la provincia, mientras que en España la cifra rondaría los 130.000. Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que Magán valore «positivamente» la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. «Llevamos un año y medio poniendo denuncias y aportando documentación y ahora, por fin, parece que vamos a llegar a buen puerto», asegura. Pero los trabajos de localización de las «alrededor de ochenta fosas comunes» que la ARMHV calcula que hay en la provincia de Valladolid, el tratamiento de la documentación de los archivos y la identificación de los cuerpos es una tarea que, en más de una ocasión, se encuentra con más dificultades de las que se puedan imaginar, ya no sólo como consecuencia del trabajo de campo, sino también debido a las obras sobre el terreno que dañan los restos de la Guerra Civil o las recientes críticas del propio consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que dijo que las investigaciones que está llevando a cabo el juez Garzón no son más que una medida para «desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España». «Según las inscripciones del registro de Medina de Rioseco y los testimonios de varios testigos, en esa zona puede haber alrededor de cuarenta personas enterradas», advierte Del Olmo. Sin embargo, reconoce que la empresa de arqueología encargada de las obras tiene la orden de «actuar con cuidado y de avisarnos si encuentran restos de cuerpos para comenzar las exhumaciones». Del Olmo asegura que, si encuentran fosas, los trabajos de exhumación, «que los haríamos nosotros», durarán «pocos días», por lo que «no supondría un problema para la continuidad de las obras». Del Olmo no puede ocultar la «satisfacción» por el entendimiento entre la ARMHV y la empresa que lleva a cabo la construcción de la autovía. No en vano, «en algunas ocasiones, cuando encuentran fosas o cuerpos de fusilados durante la Guerra Civil lo ocultan. Por ejemplo, un vecino de Arévalo nos dijo que encontraron cuerpos y, en vez de avisar a los arqueólogos para que tomaran las medidas necesarias, cogieron las palas y de deshicieron de los muertos. Metieron los huesos en un camión y se los llevaron a otra parte», dice. Pero Del Olmo cree que, «desde hace unos seis años o así hay una sensibilidad mayor de la que había antes». Garzón emitió el primer día de septiembre una providencia con la que dio el primer paso para sacar a la luz judicial a las ejecuciones y desapariciones de más de 30.000 personas en España. El magistrado solicitó información a la Conferencia Episcopal Española, a los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, a los ministerios del Defensa y del Interior, al Archivo General de la Administración, al Centro Documental de la Memoria Histórica y al Valle de los Caídos. El juez de la Audiencia Nacional también requiere las circunstancias y fecha en que se dieron esos entierros y si constan en algún registro con el fin de aclarar todas las circunstancias posibles que rodearon a los fusilados.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica alerta de que la autovía a Leóncruzará por zonas donde hay muchos enterrados
ÍÑIGO SALINAS VALLADOLID
El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), Fernando Magán, calcula que hay «más de 3.000» cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil que todavía no han sido localizados en las fosas comunes de la provincia, mientras que en España la cifra rondaría los 130.000. Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que Magán valore «positivamente» la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. «Llevamos un año y medio poniendo denuncias y aportando documentación y ahora, por fin, parece que vamos a llegar a buen puerto», asegura. Pero los trabajos de localización de las «alrededor de ochenta fosas comunes» que la ARMHV calcula que hay en la provincia de Valladolid, el tratamiento de la documentación de los archivos y la identificación de los cuerpos es una tarea que, en más de una ocasión, se encuentra con más dificultades de las que se puedan imaginar, ya no sólo como consecuencia del trabajo de campo, sino también debido a las obras sobre el terreno que dañan los restos de la Guerra Civil o las recientes críticas del propio consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que dijo que las investigaciones que está llevando a cabo el juez Garzón no son más que una medida para «desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España». «Según las inscripciones del registro de Medina de Rioseco y los testimonios de varios testigos, en esa zona puede haber alrededor de cuarenta personas enterradas», advierte Del Olmo. Sin embargo, reconoce que la empresa de arqueología encargada de las obras tiene la orden de «actuar con cuidado y de avisarnos si encuentran restos de cuerpos para comenzar las exhumaciones». Del Olmo asegura que, si encuentran fosas, los trabajos de exhumación, «que los haríamos nosotros», durarán «pocos días», por lo que «no supondría un problema para la continuidad de las obras». Del Olmo no puede ocultar la «satisfacción» por el entendimiento entre la ARMHV y la empresa que lleva a cabo la construcción de la autovía. No en vano, «en algunas ocasiones, cuando encuentran fosas o cuerpos de fusilados durante la Guerra Civil lo ocultan. Por ejemplo, un vecino de Arévalo nos dijo que encontraron cuerpos y, en vez de avisar a los arqueólogos para que tomaran las medidas necesarias, cogieron las palas y de deshicieron de los muertos. Metieron los huesos en un camión y se los llevaron a otra parte», dice. Pero Del Olmo cree que, «desde hace unos seis años o así hay una sensibilidad mayor de la que había antes». Garzón emitió el primer día de septiembre una providencia con la que dio el primer paso para sacar a la luz judicial a las ejecuciones y desapariciones de más de 30.000 personas en España. El magistrado solicitó información a la Conferencia Episcopal Española, a los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, a los ministerios del Defensa y del Interior, al Archivo General de la Administración, al Centro Documental de la Memoria Histórica y al Valle de los Caídos. El juez de la Audiencia Nacional también requiere las circunstancias y fecha en que se dieron esos entierros y si constan en algún registro con el fin de aclarar todas las circunstancias posibles que rodearon a los fusilados.
CRÍTICAS
Contra la Junta
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró la semana pasada que «la investigación sobre la Guerra Civil es para desviar la atención de la crisis económica». Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría en las distintas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, que no tardaron en calificar las declaraciones «como una ofensa que demuestra, como mínimo, un desconocimiento pleno del asunto y, en el peor de los casos, una manipulación intoxicadora. Es un atentado contra la dignidad de muchas personas que no saben dónde están sus familiares desaparecidos y anhelan encontrarlos para enterrarlos dignamente. Todos los demócratas nos debemos sentir afectados cuando se habla de derechos humanos», dice un comunicado redactado y firmado por Manuel Escarda, representante de la Plataforma de Víctimas de la Desaparición Forzada del Franquismo y miembro de la ARMHV.
INTERVENCIÓN JUDICIAL
Baltasar Garzón
La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, que está integrada por las asociaciones de memoria histórica que presentaron el 14 de diciembre del 2006 y el 18 de julio del año pasado una denuncia ante la Audiencia Nacional, lograron su objetivo de que la Audiencia Nacional y, en concreto el juez Baltasar Garzón, practicara diligencias para esclarecer la situación de los miles de fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo para, si procede, «declarar la responsabilidad del Estado en esta materia».
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Granada: La memoria contra el olvido
Fuente: El Ideal.
http://www.ideal.es/granada/20080907/granada/memoria-contra-olvido-20080907.html
GRANADA
La memoria contra el olvido
La Alpujarra concentra el mayor número de personas enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil. Testigos o depositarios de aquellos hechos aún mantienen vivo el recuerdo (Ideal.es, 07-09-2008)
JULIO de 1936. Un grupo armado recorre Torvizcón y, de casa en casa, arrancan a veinte vecinos. Nunca más los volvieron a ver. De allí los llevaron al barranco de El Carrizal, en Órgiva -hasta donde se desplazaban vecinos de Motril 'a matar' a cambio de una botella de anís-, les tiraron un tiro y los cubrieron con cal. Años más tarde, en unas obras de ensanche de la carretera, quedó al descubierto la fosa donde fueron enterrados y, según el testimonio oral que recogió el historiador Juan González Blasco del que fuera guardián de El Carrizal (ya fallecido), los huesos los trasladaron al paraje de Fuente de Mariano, a la entrada de Órgiva, junto a la primera y más antigua gasolinera de la Alpujarra.
Agosto de 1936. La guerra vive su mes más despiadado y sangriento. También el de mayor descontrol. En esta misma localidad detienen a Manuel Rueda, su hijo y otros tres hombres de nombre desconocido. El mismo procedimiento. Idéntica saña. Los llevan a un barranco -en esta ocasión al de Alcázar, también conocido por Ácula- cavan una fosa, los matan y sus cuerpos los cubren con tierra. Nada más se supo de ellos.
El destino sí propició que se tuvieran noticias certeras sobre las últimas horas que vivieron otras 25 personas de Torvizcón que el 14 de agosto fueron detenidas y, al día siguiente, transportadas, fusiladas y anónimamente enterradas en los Llanos de Contra, en el Valle de Lecrín. Aniceto Góngora Montero era uno de ellos. Tenía 20 años y, al igual que su familia y la mayoría de jóvenes de la localidad, leales republicanos. Una sobrina, Pilar Góngora Nocete, de 55 años, ha custodiado la memoria de su historia a través del recuerdo que le transmitió su padre, José Agustín, que murió en 2004 a los 80 años de edad.
Aquel 14 de agosto
La historia comienza -que no termina hasta que desentierren sus restos y el de sus compañeros y los depositen en el cementerio de su localidad natal- aquel 14 de agosto de 1936 cuando en la casa de José María y Francisca se presentó la Guardia Civil preguntando por Aniceto, uno de sus cinco hijos. Estaba en el campo recogiendo carbón y, con la ingenuidad de quienes tienen la conciencia limpia y creen que los demás también la tienen, mandaron a Agustín a buscarlo. Pero nada más llegar a la casa fue detenido. Ninguna explicación. Ninguna respuesta. «Mi padre tuvo siempre la pena de que él fue quien lo buscó», dice Pilar, aunque piensa que la muerte de su tío quizás no pudo evitarse. Iban a por su familia y otros cuantos más. Todos en una lista. Con nombres y apellidos. El abuelo de Pilar también estaba en ella pero tuvo más suerte. Huyó al campo, se escondió en un zarzal y oculto permaneció durante una semana hasta que el pueblo estuvo bajo control del ejército republicano. Fue entonces cuando la huida la emprendieron los instigadores de las 52 detenciones y ejecuciones de personas de izquierdas que hubo en Torvizcón, entre ellas, un médico llamado don Manuel y un pequeño grupo de adeptos a la sublevación franquista.
Sí. Huyeron, pero con ellos se llevaron a aquel grupo de 25 personas entre las que se encontraba Aniceto. Lo hicieron en el camión de un vecino de la localidad al que obligaron dirigirse al Valle de Lecrín. Allí, esperando, estaba la casualidad, ese no se sabe qué, que para unos se presenta como un haz esclarecedor y, para otros, como una guadaña.
Los han matado
Fabián conducía la carreta que transportaba a la abuela de Aniceto desde Granada hasta Torvizcón. Al salir de Lecrín, en los Llanos de Contra, se encontraron con un hombre al que rápidamente reconocieron: era un vecino del pueblo al que vieron llorando junto al camino. Preguntas y respuestas. Había salido despavorido al ver que quienes habían utilizado su camión eran verdugos que llevaban a sus víctimas «como borregos al matadero», afirma Pilar. Fabián se acercó a ver lo que pasaba. En un bancal estaba abierta una fosa. Los colocaron en fila y, uno a uno, fueron cayendo en aquella lejana tierra donde quedó sepultada su vida y, con ella, la del olvido colectivo.
No venganza. Sí justicia
A Pilar Góngora le es difícil olvidar las atrocidades de aquella guerra que su padres y abuelos les contaban a ella y a sus otros cinco hermanos. Recordar, por ejemplo, cuando su madre Ana -que en la contienda tenía unos 10 años- rememoraba el día que estaba guardando cabras en el barranco Verdevique (Cástaras), cerca del paraje Los Morenos, se escondió atemorizada al ver unos guardias civiles que comenzaron a matar a un grupo de unas diez personas, entre ellas, un niño de 14 años. Pero lo peor no fue lo que vio sino lo que oyó. Y oyó las palabras que aquel niño le dirigió a uno de sus verdugos:
-¿Me vas a matar que soy tu hijo?
Ana cerró los ojos y escuchó el disparo. En verdad era su hijo. Todo el mundo de la zona lo sabía. Se trataba de un hijo ilegítimo.
«Quienes perdimos algún familiar republicano en la guerra y no sabemos que pasó con ellos ni donde están enterrados, no buscamos venganza -¿de quién nos vámos a vengar?, se pregunta Pilar-. Lo único que reclamamos es que se reconozca que los mataron y que no murieron en su cama. Porque lo más sorprendente es que en el caso de mi tío Aniceto, como en el de otros muchos, nos hemos encontrado con que su partida de defunción existe pero, en ella, se especifica que la causa de su fallecimiento fue por muerte natural».
Alfonso Morón Carrión, de 79 años, es otro vecino de Torvizcón que era sólo un niño cuando estalló la guerra. Sus recuerdos son vagos excepto los que les tocó vivir a su familia cuando su padre fue víctima de una estafa -compró en Cádiar 20 ovejas y 20 borregos que habían sido robados- y pasó los tres años de la contienda en la cárcel de Baza, recogiendo esparto por las mañanas y haciendo enseres por la tarde en el patio de la prisión.
Poco más. No habla de fusilados, desaparecidos ni de fosas comunes. Al menos, no quiere hablar. Sí lo hace de muchas mujeres que vivían en cortijadas de Torvizcón y de otros pueblos cercanos a quienes, tras finalizar la guerra, les rapaban la cabeza para señalarlas como 'rojas' aunque en muchos casos lo que se escondía era una venganza de tipo amoroso no satisfecho.
Pilar también lo rememora porque en su familia se vivió de cerca este caso. «Una noche se presentaron en casa de mi tía Dolores -hermana de mi padre y de Aniceto- unos individuos para pelarla. En la vivienda sólo se encontraban ella, la abuela y tres hermanos. La abuela se opuso a que la puerta se abriera pero Dolores respondió:
-¿Cómo que no! Ahora mismo la abro. Tú coge la hoz --les dijo a sus hermanos- tú el rastrillo y tú el azadón, que yo cogeré el hacha».
Dolores abrió la puerta. Ninguno de aquellos espontáneos barberos se atrevió a traspasar el umbral.
Cárcel y represión
Y es que el coraje de muchas mujeres durante y después de la Guerra Civil aún la recuerdan muchos alpujarreños. A José Manuel Jiménez Antequera, de 54 años, se lo contaba su abuelo Antonio cuando él era un niño. Historias que le impactaban porque su generación era otra y le costaba trabajo comprender que a muchas mujeres las apresaran, desraizaran de sus casas y familias y se las llevaran a un cortijo de la zona -hoy habitado por extranjeros que readaptaron como prisión- donde, de vez en cuando, las sacaban en grupo para ser fusiladas.
-¿Ves el hueco que hay en ese montículo?, le decía Antonio a su nieto cada vez que pasaban por el camino que une la Contraviesa con Cádiar, donde acudían al mercado a vender animales, productos de la tierra o moler el trigo.
-Pues ahí, hay decenas de personas enterradas de los dos bandos, le comentaba.
Allí, en Los Cipreses
Antonio estaba en el bando nacional -como muchos lo siguen llamando- al igual que Manuel Galdeano Ortega, de 86 años, a quien cuando le preguntamos sobre la gran fosa común en el paraje donde José Manuel nos condujo, exclamó con los brazos en alto:
-¿Cómo no voy a conocerla si esa finca se llama Los Cipreses y era de mi padre!.
Manuel Galdeano ha regentado la Venta del Tarugo, que su padre compró en 1909, y que los republicanos utilizaron durante casi un año como cárcel de unos 70 presos «de derechas» que construyeron la carretera que va desde la Venta del Mediodía al Haza del Lino. Con una memoria privilegiada aún evoca aquella partida de quince vecinos de Albondón que fueron fusilados y enterrados en la zona. «Los llevaban atados de dos en dos con una cuerda en las muñecas. A Los Cipreces trajeron a siete, entre ellos un niño de 14 años que era el mozo del alcalde de Albondón y otro al que llamábamos 'Vida larga' porque logró cortar la cuerda, saltar del camión y huir a Málaga. Pero, ¿sabe? -dice Manuel-. Lo del mozo fue muy cruel. Cuando el alcalde entregó la lista de quienes había que fusilar, alguien le comentó:
-¿A éste también?
-A éste el primero, respondió la primera autoridad. Puede que sea el cordel de nuestra garganta el día de mañana.
Quienes murieron en Los Cipreses ni tan siquiera llegaron a ser sepultados. Fueron tres lugareños -Frasquito 'el del Pescaero', Francisco 'el Colorín' y Eulogio del cortijo Los Cósares- los que se encargaron de cubrirlos con tierra pues los animales estaban devorando sus cuerpos.
Y es que sus verdugos tenían prisa. Prisa por llevar a los restantes detenidos hasta el cortijo de El Castillejo, en Cástaras, para rematar su cometido. Allí, los colocaron en lo alto del muro de un puente y les fueron pegando un tiro para que directamente cayeran al vacío. A todos, menos a uno que aprovechando la confusión se tiró él mismo, se hizo el muerto y logró huir. Para los demás, nada de fosas y sepulturas. En este caso, el odio encontró de compañeros de viaje el desprecio por la vida y el olvido.
mvfernandez@ideal.es
http://www.ideal.es/granada/20080907/granada/memoria-contra-olvido-20080907.html
GRANADA
La memoria contra el olvido
La Alpujarra concentra el mayor número de personas enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil. Testigos o depositarios de aquellos hechos aún mantienen vivo el recuerdo (Ideal.es, 07-09-2008)
JULIO de 1936. Un grupo armado recorre Torvizcón y, de casa en casa, arrancan a veinte vecinos. Nunca más los volvieron a ver. De allí los llevaron al barranco de El Carrizal, en Órgiva -hasta donde se desplazaban vecinos de Motril 'a matar' a cambio de una botella de anís-, les tiraron un tiro y los cubrieron con cal. Años más tarde, en unas obras de ensanche de la carretera, quedó al descubierto la fosa donde fueron enterrados y, según el testimonio oral que recogió el historiador Juan González Blasco del que fuera guardián de El Carrizal (ya fallecido), los huesos los trasladaron al paraje de Fuente de Mariano, a la entrada de Órgiva, junto a la primera y más antigua gasolinera de la Alpujarra.
Agosto de 1936. La guerra vive su mes más despiadado y sangriento. También el de mayor descontrol. En esta misma localidad detienen a Manuel Rueda, su hijo y otros tres hombres de nombre desconocido. El mismo procedimiento. Idéntica saña. Los llevan a un barranco -en esta ocasión al de Alcázar, también conocido por Ácula- cavan una fosa, los matan y sus cuerpos los cubren con tierra. Nada más se supo de ellos.
El destino sí propició que se tuvieran noticias certeras sobre las últimas horas que vivieron otras 25 personas de Torvizcón que el 14 de agosto fueron detenidas y, al día siguiente, transportadas, fusiladas y anónimamente enterradas en los Llanos de Contra, en el Valle de Lecrín. Aniceto Góngora Montero era uno de ellos. Tenía 20 años y, al igual que su familia y la mayoría de jóvenes de la localidad, leales republicanos. Una sobrina, Pilar Góngora Nocete, de 55 años, ha custodiado la memoria de su historia a través del recuerdo que le transmitió su padre, José Agustín, que murió en 2004 a los 80 años de edad.
Aquel 14 de agosto
La historia comienza -que no termina hasta que desentierren sus restos y el de sus compañeros y los depositen en el cementerio de su localidad natal- aquel 14 de agosto de 1936 cuando en la casa de José María y Francisca se presentó la Guardia Civil preguntando por Aniceto, uno de sus cinco hijos. Estaba en el campo recogiendo carbón y, con la ingenuidad de quienes tienen la conciencia limpia y creen que los demás también la tienen, mandaron a Agustín a buscarlo. Pero nada más llegar a la casa fue detenido. Ninguna explicación. Ninguna respuesta. «Mi padre tuvo siempre la pena de que él fue quien lo buscó», dice Pilar, aunque piensa que la muerte de su tío quizás no pudo evitarse. Iban a por su familia y otros cuantos más. Todos en una lista. Con nombres y apellidos. El abuelo de Pilar también estaba en ella pero tuvo más suerte. Huyó al campo, se escondió en un zarzal y oculto permaneció durante una semana hasta que el pueblo estuvo bajo control del ejército republicano. Fue entonces cuando la huida la emprendieron los instigadores de las 52 detenciones y ejecuciones de personas de izquierdas que hubo en Torvizcón, entre ellas, un médico llamado don Manuel y un pequeño grupo de adeptos a la sublevación franquista.
Sí. Huyeron, pero con ellos se llevaron a aquel grupo de 25 personas entre las que se encontraba Aniceto. Lo hicieron en el camión de un vecino de la localidad al que obligaron dirigirse al Valle de Lecrín. Allí, esperando, estaba la casualidad, ese no se sabe qué, que para unos se presenta como un haz esclarecedor y, para otros, como una guadaña.
Los han matado
Fabián conducía la carreta que transportaba a la abuela de Aniceto desde Granada hasta Torvizcón. Al salir de Lecrín, en los Llanos de Contra, se encontraron con un hombre al que rápidamente reconocieron: era un vecino del pueblo al que vieron llorando junto al camino. Preguntas y respuestas. Había salido despavorido al ver que quienes habían utilizado su camión eran verdugos que llevaban a sus víctimas «como borregos al matadero», afirma Pilar. Fabián se acercó a ver lo que pasaba. En un bancal estaba abierta una fosa. Los colocaron en fila y, uno a uno, fueron cayendo en aquella lejana tierra donde quedó sepultada su vida y, con ella, la del olvido colectivo.
No venganza. Sí justicia
A Pilar Góngora le es difícil olvidar las atrocidades de aquella guerra que su padres y abuelos les contaban a ella y a sus otros cinco hermanos. Recordar, por ejemplo, cuando su madre Ana -que en la contienda tenía unos 10 años- rememoraba el día que estaba guardando cabras en el barranco Verdevique (Cástaras), cerca del paraje Los Morenos, se escondió atemorizada al ver unos guardias civiles que comenzaron a matar a un grupo de unas diez personas, entre ellas, un niño de 14 años. Pero lo peor no fue lo que vio sino lo que oyó. Y oyó las palabras que aquel niño le dirigió a uno de sus verdugos:
-¿Me vas a matar que soy tu hijo?
Ana cerró los ojos y escuchó el disparo. En verdad era su hijo. Todo el mundo de la zona lo sabía. Se trataba de un hijo ilegítimo.
«Quienes perdimos algún familiar republicano en la guerra y no sabemos que pasó con ellos ni donde están enterrados, no buscamos venganza -¿de quién nos vámos a vengar?, se pregunta Pilar-. Lo único que reclamamos es que se reconozca que los mataron y que no murieron en su cama. Porque lo más sorprendente es que en el caso de mi tío Aniceto, como en el de otros muchos, nos hemos encontrado con que su partida de defunción existe pero, en ella, se especifica que la causa de su fallecimiento fue por muerte natural».
Alfonso Morón Carrión, de 79 años, es otro vecino de Torvizcón que era sólo un niño cuando estalló la guerra. Sus recuerdos son vagos excepto los que les tocó vivir a su familia cuando su padre fue víctima de una estafa -compró en Cádiar 20 ovejas y 20 borregos que habían sido robados- y pasó los tres años de la contienda en la cárcel de Baza, recogiendo esparto por las mañanas y haciendo enseres por la tarde en el patio de la prisión.
Poco más. No habla de fusilados, desaparecidos ni de fosas comunes. Al menos, no quiere hablar. Sí lo hace de muchas mujeres que vivían en cortijadas de Torvizcón y de otros pueblos cercanos a quienes, tras finalizar la guerra, les rapaban la cabeza para señalarlas como 'rojas' aunque en muchos casos lo que se escondía era una venganza de tipo amoroso no satisfecho.
Pilar también lo rememora porque en su familia se vivió de cerca este caso. «Una noche se presentaron en casa de mi tía Dolores -hermana de mi padre y de Aniceto- unos individuos para pelarla. En la vivienda sólo se encontraban ella, la abuela y tres hermanos. La abuela se opuso a que la puerta se abriera pero Dolores respondió:
-¿Cómo que no! Ahora mismo la abro. Tú coge la hoz --les dijo a sus hermanos- tú el rastrillo y tú el azadón, que yo cogeré el hacha».
Dolores abrió la puerta. Ninguno de aquellos espontáneos barberos se atrevió a traspasar el umbral.
Cárcel y represión
Y es que el coraje de muchas mujeres durante y después de la Guerra Civil aún la recuerdan muchos alpujarreños. A José Manuel Jiménez Antequera, de 54 años, se lo contaba su abuelo Antonio cuando él era un niño. Historias que le impactaban porque su generación era otra y le costaba trabajo comprender que a muchas mujeres las apresaran, desraizaran de sus casas y familias y se las llevaran a un cortijo de la zona -hoy habitado por extranjeros que readaptaron como prisión- donde, de vez en cuando, las sacaban en grupo para ser fusiladas.
-¿Ves el hueco que hay en ese montículo?, le decía Antonio a su nieto cada vez que pasaban por el camino que une la Contraviesa con Cádiar, donde acudían al mercado a vender animales, productos de la tierra o moler el trigo.
-Pues ahí, hay decenas de personas enterradas de los dos bandos, le comentaba.
Allí, en Los Cipreses
Antonio estaba en el bando nacional -como muchos lo siguen llamando- al igual que Manuel Galdeano Ortega, de 86 años, a quien cuando le preguntamos sobre la gran fosa común en el paraje donde José Manuel nos condujo, exclamó con los brazos en alto:
-¿Cómo no voy a conocerla si esa finca se llama Los Cipreses y era de mi padre!.
Manuel Galdeano ha regentado la Venta del Tarugo, que su padre compró en 1909, y que los republicanos utilizaron durante casi un año como cárcel de unos 70 presos «de derechas» que construyeron la carretera que va desde la Venta del Mediodía al Haza del Lino. Con una memoria privilegiada aún evoca aquella partida de quince vecinos de Albondón que fueron fusilados y enterrados en la zona. «Los llevaban atados de dos en dos con una cuerda en las muñecas. A Los Cipreces trajeron a siete, entre ellos un niño de 14 años que era el mozo del alcalde de Albondón y otro al que llamábamos 'Vida larga' porque logró cortar la cuerda, saltar del camión y huir a Málaga. Pero, ¿sabe? -dice Manuel-. Lo del mozo fue muy cruel. Cuando el alcalde entregó la lista de quienes había que fusilar, alguien le comentó:
-¿A éste también?
-A éste el primero, respondió la primera autoridad. Puede que sea el cordel de nuestra garganta el día de mañana.
Quienes murieron en Los Cipreses ni tan siquiera llegaron a ser sepultados. Fueron tres lugareños -Frasquito 'el del Pescaero', Francisco 'el Colorín' y Eulogio del cortijo Los Cósares- los que se encargaron de cubrirlos con tierra pues los animales estaban devorando sus cuerpos.
Y es que sus verdugos tenían prisa. Prisa por llevar a los restantes detenidos hasta el cortijo de El Castillejo, en Cástaras, para rematar su cometido. Allí, los colocaron en lo alto del muro de un puente y les fueron pegando un tiro para que directamente cayeran al vacío. A todos, menos a uno que aprovechando la confusión se tiró él mismo, se hizo el muerto y logró huir. Para los demás, nada de fosas y sepulturas. En este caso, el odio encontró de compañeros de viaje el desprecio por la vida y el olvido.
mvfernandez@ideal.es
domingo, 7 de septiembre de 2008
Lourenzo Fernández Prieto, Director do proxecto ´As vítimas, os nomes, as voces, os lugares´: ´O franquismo non ten herdeiros pero hai temor a remover
Fuente: El Faro de Vigo.
Lourenzo Fernández Prieto, Director do proxecto "As vítimas, os nomes, as voces, os lugares": "O franquismo non ten herdeiros pero hai temor a remover o pasado"
"É un asunto delicado por abrir debates que ó mellor non se poden pechar"
XERARDO PORTO / SANTIAGO
O catedrático Lourenzo Fernández Prieto ultima a listaxe dos mortos durante o franquismo para enviarlla ao xuíz da Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Quedará traballo por facer, pero estarán postas as bases para un Centro da Memoria que investigue toda a ditadura. Até o final. E o profesor reclama converter todos eses coñecementos en Historia, para deixar de estar presos das dúas memorias enfrentadas.- Aquí só se fai o estudo dun bando?- En Galicia non hai dous bandos, só hai un. Se o traballo se circunscribe a Galicia, unicamente estudamos a represión franquista. Pero se se estuda dende Madrid ou Cataluña, o tema é moito máis complexo. - Foi complexa a investigación?- Levamos investigando case dous anos e medio. Foi difícil na medida en que houbo que percorrer moitos lugares, moitos arquivos municipais, rexistros civís... Houbo un equipo traballando en Ferrol durante meses nos arquivos militares, da Mariña e de Terra. E fixéronse moitas entrevistas movéndose por toda Galicia, e todo con transporte público. Agora, o equipo de investigación dispón dun coche, pero antes nin iso. Os fondos sempre son limitados.- Que espera a xente atopar nos arquivos da Igrexa?- Non o sei, supoño que será para poder cotexar os nomes. Os rexistros parroquiais recollen o nome e a data de defunción, pero non aportan máis información cos rexistros civís. Serven para cotexar os datos.- Que pode aportar a intervención do xuíz Garzón?-É un paso máis na naturalización social. O que aporta xudicialmente xa se verá, pero atende un asunto que nunca tratara. A xente coñecía e sufría o tema; viñeron os historiadores; convertiuse nun asunto social cando os netos se preocuparon. Os netos son os que din: queremos saber onde están os mortos. E aínda que haxa un baleiro legal, pedimos os permisos e furamos. E abrimos as foxas. Como non imos saber isto se o saben os arxentinos! E avanzamos. Logo hai unha naturalización política do asunto, coa lei da Memoria Histórica. E agora un xuíz quere coñecer o número de desaparecidos, para saber se hai un delito de xenocidio. Iso é o significativo. E moita publicidade. Nós, dende onte, tivemos unha morea de chamadas pedindo información. "Meu avó chamábase...", aparece nos rexistros?". - É suficiente a colaboración da administración autonómica?- A declaración do 2006 como Ano da Memoria polo novo Goberno supuxo un avance notabilísimo. Para poder entrar en xulgados e rexistros civís, que antes non se podía. Para que a xente queira contar e colaborar. E convertir o que antes era unha lacra, en algo que alguén desexa coñecer. Antes había máis portas pechadas, pero non só na administración, senón en xeral. Había menos vontade de coñecer. Hai comunidades autónomas, non vou decir cales, nas que os meus colegas teñen multitudes de problemas para acceder á información.- Entón o cambio de Goberno foi decisivo- Efectivamente. Aí está o pulo e a naturalización que fixo a delaración do Ano da Memoria, que primeiro se fixo en Galicia antes que a nivel estatal.- O anterior goberno poñía atrancos?- Non é tanto un problema de gobernos como de impulso político e opinión pública.- Quen se ten que facer cargo de excavar as 26 foxas comúns e os 11 puntos de afundimento?- A realidade é que dende o 2000, que se excavou a primeira, a iniciativa é particular, e os poderes públicos, que coñecen o asunto, non actúan en consecuencia. O caso é que non sei porque non se fixo, cada un tén a súa resposta. Que se debese de facer parece o máis razoable. É evidente que é un asunto delicado por abrir debates que ao mellor non se sabe como se poden pechar. É un pasado incómodo. Unha consecuencia da acción de Garzón pode ser un respaldo xudicial para actuar tamén políticamente, pois é evidente que en ningún sitio están actuando as administracións. - Tén que ter medo a dereita, ou a Igrexa, do que poida saír da investigación?- Eu creo que o franquismo non ten herdeiros. Todo o mundo deberíase comportar coma se o franquismo non tivese herdeiros. Agora, non hai novidade con outros países como Francia ou Italia, hai un comportamento semellante, de temor a remover o pasado. O coñecemento, converter todo iso en historia, é bo para todo o mundo: para a democracia e para a sociedade. Ninguén debe sentirse herdeiro do franquismo e, en todo caso, o que se sinta así debe liberarse. - Porque o medo logo?- O conflito foi hai 70 anos, e hoxe vivimos unha situación distinta. Todos temos unha visión do pasado: dun bando ou doutro. E a democracia non fixo ningún esforzo para resolver este problema. Seguimos en parte coas propias mentiras que o réxime construiu. Hai que limpar as mentiras do franquismo.
Lourenzo Fernández Prieto, Director do proxecto "As vítimas, os nomes, as voces, os lugares": "O franquismo non ten herdeiros pero hai temor a remover o pasado"
"É un asunto delicado por abrir debates que ó mellor non se poden pechar"
XERARDO PORTO / SANTIAGO
O catedrático Lourenzo Fernández Prieto ultima a listaxe dos mortos durante o franquismo para enviarlla ao xuíz da Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Quedará traballo por facer, pero estarán postas as bases para un Centro da Memoria que investigue toda a ditadura. Até o final. E o profesor reclama converter todos eses coñecementos en Historia, para deixar de estar presos das dúas memorias enfrentadas.- Aquí só se fai o estudo dun bando?- En Galicia non hai dous bandos, só hai un. Se o traballo se circunscribe a Galicia, unicamente estudamos a represión franquista. Pero se se estuda dende Madrid ou Cataluña, o tema é moito máis complexo. - Foi complexa a investigación?- Levamos investigando case dous anos e medio. Foi difícil na medida en que houbo que percorrer moitos lugares, moitos arquivos municipais, rexistros civís... Houbo un equipo traballando en Ferrol durante meses nos arquivos militares, da Mariña e de Terra. E fixéronse moitas entrevistas movéndose por toda Galicia, e todo con transporte público. Agora, o equipo de investigación dispón dun coche, pero antes nin iso. Os fondos sempre son limitados.- Que espera a xente atopar nos arquivos da Igrexa?- Non o sei, supoño que será para poder cotexar os nomes. Os rexistros parroquiais recollen o nome e a data de defunción, pero non aportan máis información cos rexistros civís. Serven para cotexar os datos.- Que pode aportar a intervención do xuíz Garzón?-É un paso máis na naturalización social. O que aporta xudicialmente xa se verá, pero atende un asunto que nunca tratara. A xente coñecía e sufría o tema; viñeron os historiadores; convertiuse nun asunto social cando os netos se preocuparon. Os netos son os que din: queremos saber onde están os mortos. E aínda que haxa un baleiro legal, pedimos os permisos e furamos. E abrimos as foxas. Como non imos saber isto se o saben os arxentinos! E avanzamos. Logo hai unha naturalización política do asunto, coa lei da Memoria Histórica. E agora un xuíz quere coñecer o número de desaparecidos, para saber se hai un delito de xenocidio. Iso é o significativo. E moita publicidade. Nós, dende onte, tivemos unha morea de chamadas pedindo información. "Meu avó chamábase...", aparece nos rexistros?". - É suficiente a colaboración da administración autonómica?- A declaración do 2006 como Ano da Memoria polo novo Goberno supuxo un avance notabilísimo. Para poder entrar en xulgados e rexistros civís, que antes non se podía. Para que a xente queira contar e colaborar. E convertir o que antes era unha lacra, en algo que alguén desexa coñecer. Antes había máis portas pechadas, pero non só na administración, senón en xeral. Había menos vontade de coñecer. Hai comunidades autónomas, non vou decir cales, nas que os meus colegas teñen multitudes de problemas para acceder á información.- Entón o cambio de Goberno foi decisivo- Efectivamente. Aí está o pulo e a naturalización que fixo a delaración do Ano da Memoria, que primeiro se fixo en Galicia antes que a nivel estatal.- O anterior goberno poñía atrancos?- Non é tanto un problema de gobernos como de impulso político e opinión pública.- Quen se ten que facer cargo de excavar as 26 foxas comúns e os 11 puntos de afundimento?- A realidade é que dende o 2000, que se excavou a primeira, a iniciativa é particular, e os poderes públicos, que coñecen o asunto, non actúan en consecuencia. O caso é que non sei porque non se fixo, cada un tén a súa resposta. Que se debese de facer parece o máis razoable. É evidente que é un asunto delicado por abrir debates que ao mellor non se sabe como se poden pechar. É un pasado incómodo. Unha consecuencia da acción de Garzón pode ser un respaldo xudicial para actuar tamén políticamente, pois é evidente que en ningún sitio están actuando as administracións. - Tén que ter medo a dereita, ou a Igrexa, do que poida saír da investigación?- Eu creo que o franquismo non ten herdeiros. Todo o mundo deberíase comportar coma se o franquismo non tivese herdeiros. Agora, non hai novidade con outros países como Francia ou Italia, hai un comportamento semellante, de temor a remover o pasado. O coñecemento, converter todo iso en historia, é bo para todo o mundo: para a democracia e para a sociedade. Ninguén debe sentirse herdeiro do franquismo e, en todo caso, o que se sinta así debe liberarse. - Porque o medo logo?- O conflito foi hai 70 anos, e hoxe vivimos unha situación distinta. Todos temos unha visión do pasado: dun bando ou doutro. E a democracia non fixo ningún esforzo para resolver este problema. Seguimos en parte coas propias mentiras que o réxime construiu. Hai que limpar as mentiras do franquismo.
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