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Memoria.- La Xunta coordinará la exhumación de fosas de la Guerra ...
Memoria.- La Xunta coordinará la exhumación de fosas de la Guerra Civil en una acto de "justicia"
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El Imelga y el Instituto de Medicina Legal de la USC realizarán "con honor" los análisis forenses y genéticos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Cultura coordinará las labores de localización e identificación de restos humanos de las personas desaparecidas por la represión franquista durante la Guerra Civil y de las que se desconoce su paradero en un acto de "justicia" con los familiares y las víctimas.
En rueda de prensa en la que estuvieron los responsables del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y del Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago de Compostela (Imlus), y el rector de la institución académica, Senén Barro, la responsable del departamento autonómico explicó que las tareas se desarrollarán en los casos en que los familiares o las asociaciones que los representen "lo soliciten".
A este respecto, precisó que, al tratarse de fosas comunes, hay que "ponderar" las decisiones de los familiares de las personas enterradas para poder exhumar los cadáveres, tal y como establecen los distintos protocolos, incluidos los de la ONU. De este modo, tramitará las peticiones para la apertura de fosas y la identificación de los cadáveres, amparándose en la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
Todo el proceso estará enmarcado en este texto legal, que fija que los descendientes directos de las víctimas o las entidades que actúen en su nombre son los que pueden reclamar la recuperación de los restos soterrados en fosas.
Por su parte, los dos institutos de Medicina Legal realizarán funciones "complementarias" para la identificación de los restos encontrados. Así, el Imelga desarrollará un labor forense, mientras que la institución dependiente de la USC hará los análisis genéticos, para los que precisará la colaboración de los familiares.
Ánxela Bugallo resaltó la acción "generosa" de ambos institutos para ejecutar esta iniciativa, ya que ambas permiten "que sea una realidad" y "dar un paso más" en la recuperación de la memoria. Asimismo, mostró su "satisfacción" por que las "instituciones públicas asuman lo que hasta ahora tenía que hacer la sociedad civil", y apuntó que constituye un avance para cumplir con lo que "reclamaba" la ciudadanía.
CON "HONOR"
En el acto público también participó el director del Imelga, Benito López de Abajo, y la secretaria del Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago (Imlus), Victoria Lareu, quienes subrayaron que su participación supone "un honor" para las instituciones que representan.
Benito López de Abajo apuntó que este trabajo significa una "muestra" de que "se están cumpliendo los objetivos" del instituto. Además, advirtió de que será una tarea "lenta" por sus características, aunque avisó de que "nadie tenga duda de que se llegará al final".
Por su parte, la secretaria del Imlus expresó su "agradecimiento" por participar de un proyecto "muy importante" y garantizó que se pondrán "todos los medios técnicos y personales" disponibles para trabajar. "Al cien por cien", apostilló.
Al hilo de esta cuestión, el rector de la USC, Senén Barro, aprovechó para destacar que la institución académica "tiene como misión poner el conocimiento al servicio de la sociedad gallega" y ve una muestra de ello la firma del convenio de colaboración. Además, citó otras colaboraciones de la USC como en el análisis genético del hijo de Enmanuel, el hijo de Clara Rojas --rehén de las FARC que dio a luz en cautiverio--.
TRABAJO LENTO
Los expertos coincidieron en que el trabajo será "lento" debido a las autorizaciones de las que se debe disponer, sobre lo que Ánxela Bugallo matizó que se deberán "priorizar" las solicitudes en función de lo que los asesores determinen. Aunque el plazo para reclamar la exhumación todavía no está abierto oficialmente, se pueden realizar las peticiones "en cualquier momento" en la consellería.
En este momento, están identificadas 26 fosas en Galicia, cuyas características son "peculiares" frente a las demás del Estado. El director del proyecto explicó que, tras el análisis de cuatro, las fosas en Galicia están dispersas y acumulan un número de cadáveres menor que en otros lugares.
La apertura de las fosas estará a cargo de equipos profesionales arqueológicos, con métodos científicos y respetando los procesos arqueológicos marcados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la consellería. Este equipo, formado por tres investigadores, es el autor del mapa actual de fosas.
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viernes, 7 de noviembre de 2008
jueves, 6 de noviembre de 2008
Ian Gibson: "Nada va a impedir" buscar a Lorca, pero yo "no quiero ver"
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Ian Gibson: "Nada va a impedir" buscar a Lorca, pero yo "no quiero ...
Ian Gibson: "Nada va a impedir" buscar a Lorca, pero yo "no quiero ver"
MADRID (AFP) —
Ian Gibson, biógrafo de Federico García Lorca, fusilado durante la Guerra Civil, está seguro de que "nada va a poder impedir" la búsqueda de los restos del "poeta español más famoso del siglo", aunque él "no podría aguantar el dolor" de verlos.
"Tengo confianza total en que se va a buscar. Nada lo va a poder impedir", "esto está en marcha" y "la familia no creo que pueda influir nada a estas alturas". "El proceso es imparable", declaró Gibson en una entrevista a la AFP.
Para este hispanista irlandés "es muy malo para todo el mundo, para la familia de Lorca, que haya tantas versiones" sobre su paradero.
Sobre él se barajan dos lugares cercanos en la provincia de Granada, donde fue fusilado por milicianos de la sublevación de derechas a mediados de agosto de 1936, un mes después del comienzo de la Guerra Civil (1936-1939).
El biógrafo, de 69 años, cree que "Lorca estaría en contra de su propia familia, porque hay otras personas enterradas con él y sus familias quieren encontrarlos".
Los familiares se oponían a que se exhumen sus restos, frente a los parientes de tres personas probablemente enterradas junto a él, el maestro de escuela Dióscoro Galindo, y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, en la provincia de Granada (Andalucía, sur), donde vivía el poeta.
Pero el juez Baltasar Garzón autorizó el 16 de octubre la apertura de varias fosas donde pueden encontrarse los cuerpos de desaparecidos de la guerra, además de anunciar que investigará el paradero de más de 100.000 personas y las circunstancias de su muerte durante este período y la represión de los primeros años de la dictadura de Franco (1939-1975).
La justicia local ya ha recibido la autorización y un equipo de la universidad de Granada prepara la apertura de la fosa, que podría retrasarse hasta comienzos del próximo año debido a las lluvias.
Ante esta evidencia, la familia, resignada, y después de mostrarse dividida sobre la apertura de la fosa, ha decidido presenciar los trabajos y pidió a un juez que se hagan en la intimidad para evitar que se convierta en "un circo mediático".
Para el escritor irlandés, encontrar el cuerpo de este poeta comprometido con los gobiernos republicanos de izquierdas ayudaría a conocer las circunstancias de su muerte, "si lo torturaron antes de matarlo". "Yo creo que sí".
Además "es una cuestión de decencia, de justicia", ya que "lo que pasó en la postguerra fue un crimen masivo" y "a nadie se le ocurre dejar a un abuelo en la cuneta".
Y encontrar los restos de Lorca "daría un impulso tremendo" al proceso de búsqueda de los desaparecidos, ya que "estamos hablando del poeta español más famoso del siglo y más traducido de todos los tiempos" y del "desaparecido más famoso de la Guerra Civil". "Es importante para el mundo".
Pero Gibson, que en 1966 visitó el lugar que le señalaba el enterrador de Lorca, Manuel Castilla, y que documentó en su biografía (1971), no quiere asistir a la exhumación.
"No quiero ver, no podría aguantar el dolor de ver los restos de Lorca. Mme daría un infarto", asegura.
La investigación de la muerte del poeta "caló tan profundamente en mí que no puedo olvidarlo. He convivido con su obra, su sufrimiento, su condición de gay en una sociedad machista. Estoy absolutamente identificado con su mensaje", describe.
Miembros de la familia de Lorca alegaban que si se abre la fosa, el lugar perdería su magia, lo que para Gibson es "ridículo".
"El meollo es que el Estado ayude a las familias a buscar a sus muertos y darles un entierro digno. Si no quieren sacar a Lorca, pueden dejarlo ahí", estima.
El hispanista sitúa la fosa en un punto entre los términos municipales de Alfacar y Víznar, pero otros indicios la sitúan a unos 600 metros, en el paraje llamado El Caracolar, lo que aquél tampoco descarta.
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La fosa de Lorca se abrirá en la intimidad
El Correo Gallego -
La familia de Lorca pidió personarse para estar informada y ...
Ideal Digital -
"Sería inconcebible que los familiares de Lorca no estuvieran en ...
El País (España) -
La familia Lorca podrá asistir a la exhumación
elplural.com -
Presenciará familia de García Lorca apertura exhumación del poeta
El Universal (México) -
La Audiencia Nacional autoriza a familiares de Lorca presenciar la ...
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Juicio al franquismo: Autorizada la presencia de los familiares de ...
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El juez autoriza que los familiares de Lorca presencien la ...
La Opinión de Tenerife -
La fosa de Lorca se abrirá en la intimidad por petición familiar
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Memoria histórica. el juez autoriza a los familiares de lorca ...
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Entrada Libre -
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MADRID (AFP) —
Ian Gibson, biógrafo de Federico García Lorca, fusilado durante la Guerra Civil, está seguro de que "nada va a poder impedir" la búsqueda de los restos del "poeta español más famoso del siglo", aunque él "no podría aguantar el dolor" de verlos.
"Tengo confianza total en que se va a buscar. Nada lo va a poder impedir", "esto está en marcha" y "la familia no creo que pueda influir nada a estas alturas". "El proceso es imparable", declaró Gibson en una entrevista a la AFP.
Para este hispanista irlandés "es muy malo para todo el mundo, para la familia de Lorca, que haya tantas versiones" sobre su paradero.
Sobre él se barajan dos lugares cercanos en la provincia de Granada, donde fue fusilado por milicianos de la sublevación de derechas a mediados de agosto de 1936, un mes después del comienzo de la Guerra Civil (1936-1939).
El biógrafo, de 69 años, cree que "Lorca estaría en contra de su propia familia, porque hay otras personas enterradas con él y sus familias quieren encontrarlos".
Los familiares se oponían a que se exhumen sus restos, frente a los parientes de tres personas probablemente enterradas junto a él, el maestro de escuela Dióscoro Galindo, y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, en la provincia de Granada (Andalucía, sur), donde vivía el poeta.
Pero el juez Baltasar Garzón autorizó el 16 de octubre la apertura de varias fosas donde pueden encontrarse los cuerpos de desaparecidos de la guerra, además de anunciar que investigará el paradero de más de 100.000 personas y las circunstancias de su muerte durante este período y la represión de los primeros años de la dictadura de Franco (1939-1975).
La justicia local ya ha recibido la autorización y un equipo de la universidad de Granada prepara la apertura de la fosa, que podría retrasarse hasta comienzos del próximo año debido a las lluvias.
Ante esta evidencia, la familia, resignada, y después de mostrarse dividida sobre la apertura de la fosa, ha decidido presenciar los trabajos y pidió a un juez que se hagan en la intimidad para evitar que se convierta en "un circo mediático".
Para el escritor irlandés, encontrar el cuerpo de este poeta comprometido con los gobiernos republicanos de izquierdas ayudaría a conocer las circunstancias de su muerte, "si lo torturaron antes de matarlo". "Yo creo que sí".
Además "es una cuestión de decencia, de justicia", ya que "lo que pasó en la postguerra fue un crimen masivo" y "a nadie se le ocurre dejar a un abuelo en la cuneta".
Y encontrar los restos de Lorca "daría un impulso tremendo" al proceso de búsqueda de los desaparecidos, ya que "estamos hablando del poeta español más famoso del siglo y más traducido de todos los tiempos" y del "desaparecido más famoso de la Guerra Civil". "Es importante para el mundo".
Pero Gibson, que en 1966 visitó el lugar que le señalaba el enterrador de Lorca, Manuel Castilla, y que documentó en su biografía (1971), no quiere asistir a la exhumación.
"No quiero ver, no podría aguantar el dolor de ver los restos de Lorca. Mme daría un infarto", asegura.
La investigación de la muerte del poeta "caló tan profundamente en mí que no puedo olvidarlo. He convivido con su obra, su sufrimiento, su condición de gay en una sociedad machista. Estoy absolutamente identificado con su mensaje", describe.
Miembros de la familia de Lorca alegaban que si se abre la fosa, el lugar perdería su magia, lo que para Gibson es "ridículo".
"El meollo es que el Estado ayude a las familias a buscar a sus muertos y darles un entierro digno. Si no quieren sacar a Lorca, pueden dejarlo ahí", estima.
El hispanista sitúa la fosa en un punto entre los términos municipales de Alfacar y Víznar, pero otros indicios la sitúan a unos 600 metros, en el paraje llamado El Caracolar, lo que aquél tampoco descarta.
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El Consistorio puertorrealeño colabora con la Asociación de la Memoria Histórica local en la localización de fosas comunes.
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El Consistorio puertorrealeño colabora con la Asociación de la ...
El Consistorio puertorrealeño colabora con la Asociación de la Memoria Histórica local en la localización de fosas comunes
La colaboración municipal consiste, amén de la expedición de los permisos necesarios para la intervención, la limpieza del terreno en el que se presume la ubicación de fosas comunes, con el fin de hacer posible la realización de un estudio del subsuelo. Según la asociación, se supone que las fosas se encuentran a lo largo de las tapias norte y este del cementerio de San Roque de la localidad.
REDACCIÓN. 05-11-2008
El Ayuntamiento puertorrealeño está colaborando con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Social y Política de la Villa en la localización de fosas comunes que, según la asociación, se supone que se encuentran a lo largo de las tapias norte y este del cementerio de San Roque de la localidad.
Según lo acordado en la reunión que miembros de esta entidad mantuvieron con el teniente de alcalde Salvador Catalán, que ostenta la responsabilidad en los asuntos que tienen que ver con el cementerio, a finales del mes de septiembre, en estos días el Consistorio ha sufragado con fondos municipales una primera intervención en el lugar solicitado por los técnicos que auxilian a la asociación.
La colaboración municipal consiste, amén de la expedición de los permisos necesarios para la intervención, la limpieza del terreno en el que se presume la ubicación de fosas comunes, con el fin de hacer posible la realización de un estudio del subsuelo.
Según informaron fuentes municipales a DIARIO Bahía de Cádiz, Salvador Catalán ha podido conocer que el estudio pretendido por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica local por medio de radar 3D no ha sido finalmente posible, optándose en su defecto por realizar prospecciones a lo largo de la franja mencionada, para lo cual también han contado con el apoyo administrativo y económico del Ayuntamiento.
El responsable municipal ha reiterado la disposición del Gobierno municipal de IU en colaborar con la asociación, en la medida en que esté en su mano, para hacer posible los objetivos de ésta en relación con la recuperación de las fosas comunes que se encuentran en la localidad.
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El Consistorio puertorrealeño colabora con la Asociación de la ...
El Consistorio puertorrealeño colabora con la Asociación de la Memoria Histórica local en la localización de fosas comunes
La colaboración municipal consiste, amén de la expedición de los permisos necesarios para la intervención, la limpieza del terreno en el que se presume la ubicación de fosas comunes, con el fin de hacer posible la realización de un estudio del subsuelo. Según la asociación, se supone que las fosas se encuentran a lo largo de las tapias norte y este del cementerio de San Roque de la localidad.
REDACCIÓN. 05-11-2008
El Ayuntamiento puertorrealeño está colaborando con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Social y Política de la Villa en la localización de fosas comunes que, según la asociación, se supone que se encuentran a lo largo de las tapias norte y este del cementerio de San Roque de la localidad.
Según lo acordado en la reunión que miembros de esta entidad mantuvieron con el teniente de alcalde Salvador Catalán, que ostenta la responsabilidad en los asuntos que tienen que ver con el cementerio, a finales del mes de septiembre, en estos días el Consistorio ha sufragado con fondos municipales una primera intervención en el lugar solicitado por los técnicos que auxilian a la asociación.
La colaboración municipal consiste, amén de la expedición de los permisos necesarios para la intervención, la limpieza del terreno en el que se presume la ubicación de fosas comunes, con el fin de hacer posible la realización de un estudio del subsuelo.
Según informaron fuentes municipales a DIARIO Bahía de Cádiz, Salvador Catalán ha podido conocer que el estudio pretendido por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica local por medio de radar 3D no ha sido finalmente posible, optándose en su defecto por realizar prospecciones a lo largo de la franja mencionada, para lo cual también han contado con el apoyo administrativo y económico del Ayuntamiento.
El responsable municipal ha reiterado la disposición del Gobierno municipal de IU en colaborar con la asociación, en la medida en que esté en su mano, para hacer posible los objetivos de ésta en relación con la recuperación de las fosas comunes que se encuentran en la localidad.
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miércoles, 5 de noviembre de 2008
La investigación judicial retrasa la exhumación de la fosa de Lorca
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La investigación judicial retrasa la exhumación de la fosa de Lorca
La Guardia Civil está comprobando la veracidad de los datos recogidos en el mapa de fosas de la provincia, según la orden de la juez responsable de la causa abierta contra la represión franquista.
DIEGO MÁRQUEZ.
La Policía Judicial de la Guardia Civil se reunió ayer con miembros de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica para analizar la marcha de los trabajos para la exhumación de los restos de la única fosa cuya apertura está prevista dentro del proceso judicial iniciado por la Audiencia Nacional contra la represión franquista.
La Guardia Civil investiga el mapa de fosas que han puesto a su disposición los historiadores Rafael Gil Bracero y Maribel Brenes. Ambos pertenecen a la asociación y esta última asesora al juez Garzón en esta causa. Los agentes de la Policía Judicial investigan, por orden de la magistrada del Juzgado número 2 de Granada, encargada del caso en la provincia, la veracidad de los datos recogidos en las tesis doctorales que dan forma al mapa de fosas que obra en su poder y cuyas coordenadas son las mismas que el que la Universidad de Granada hizo llegar al juez Garzón. Ello podría conllevar años si tuvieran que verificar con las fuentes los datos recogidos de todas las fosas que habría en la provincia, principalmente en las zonas de la Vega y la Alpujarra. Pero no. La única información en la que se centran ahora mismo los investigadores policiales es en la que existe sobre la fosa en la que estarían enterrados los restos del poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Las dos exhumaciones previstas en Moraleda de Zafayona y Diezma no se ven afectadas por estas pesquisas ya que están fuera del proceso judicial abierto por Garzón. Al estar ubicadas en cementerios, no es el juez quien ha de ordenar su apertura.
Fuentes del Instituto Armado confirmaron ayer que se están desarrollando estas investigaciones, si bien la naturaleza de las mismas impide que puedan aportar más detalles. Sin embargo, en el entorno de la Asociación de la Memoria Histórica consideran que estas pesquisas pueden prolongarse durante más de un mes.Entre otras fuentes de información que consultará la Guardia Civil, estarán algunos de los descendentes directos de los desaparecidos mencionados. Ni Nieves Galindo ni el nieto de Francisco Galadí habían recibido a día de ayer ninguna llamada de la Policía Judicial. Laura García Lorca tampoco ha tenido noticia de este proceso. Las investigaciones de la Guardia Civil en cualquier caso sí ralentizan y retrasan la exhumación de los restos que se buscarán en el Caracoral, en Víznar, y en Alfacar. El empeoramiento del tiempo propio del otoño significa que la máquina georradar que se ha de pasar previamente a los trabajos de apertura de la fosa no pueda trabajar con normalidad. Sí podrían hacerse los trabajos de excavación con lluvia, según lo previsto, pero no con nieve, por ejemplo. Así que desde la asociación de la memoria histórica tienen poca confianza en que el proceso pueda realizarse antes de que finalice el año. Y más bien apuntan a la próxima primavera, como ayer también reconocía Miguel Botella, el director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada (UGR). Botella explicó ayer a la agencia Efe que, según las previsiones meteorológicas, a partir del 15 de noviembre habrá unas dos semanas de tiempo estable, si bien después no se podrá trabajar "al menos hasta primavera", apuntó.
En este sentido, recordó que el territorio donde se efectuarán las exhumaciones se encuentra a 1.200 metros de altura, por lo que es "necesario" que haga buen tiempo para el desarrollo de esta actividad.
El investigador de la UGR informó de que esta institución ya ha elaborado el informe sobre el proyecto de exhumación que precisa las etapas científicas que habrá que cubrir.
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La investigación judicial retrasa la exhumación de la fosa de Lorca
La Guardia Civil está comprobando la veracidad de los datos recogidos en el mapa de fosas de la provincia, según la orden de la juez responsable de la causa abierta contra la represión franquista.
DIEGO MÁRQUEZ.
La Policía Judicial de la Guardia Civil se reunió ayer con miembros de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica para analizar la marcha de los trabajos para la exhumación de los restos de la única fosa cuya apertura está prevista dentro del proceso judicial iniciado por la Audiencia Nacional contra la represión franquista.
La Guardia Civil investiga el mapa de fosas que han puesto a su disposición los historiadores Rafael Gil Bracero y Maribel Brenes. Ambos pertenecen a la asociación y esta última asesora al juez Garzón en esta causa. Los agentes de la Policía Judicial investigan, por orden de la magistrada del Juzgado número 2 de Granada, encargada del caso en la provincia, la veracidad de los datos recogidos en las tesis doctorales que dan forma al mapa de fosas que obra en su poder y cuyas coordenadas son las mismas que el que la Universidad de Granada hizo llegar al juez Garzón. Ello podría conllevar años si tuvieran que verificar con las fuentes los datos recogidos de todas las fosas que habría en la provincia, principalmente en las zonas de la Vega y la Alpujarra. Pero no. La única información en la que se centran ahora mismo los investigadores policiales es en la que existe sobre la fosa en la que estarían enterrados los restos del poeta Federico García Lorca, el maestro Dióscoro Galindo y los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas. Las dos exhumaciones previstas en Moraleda de Zafayona y Diezma no se ven afectadas por estas pesquisas ya que están fuera del proceso judicial abierto por Garzón. Al estar ubicadas en cementerios, no es el juez quien ha de ordenar su apertura.
Fuentes del Instituto Armado confirmaron ayer que se están desarrollando estas investigaciones, si bien la naturaleza de las mismas impide que puedan aportar más detalles. Sin embargo, en el entorno de la Asociación de la Memoria Histórica consideran que estas pesquisas pueden prolongarse durante más de un mes.Entre otras fuentes de información que consultará la Guardia Civil, estarán algunos de los descendentes directos de los desaparecidos mencionados. Ni Nieves Galindo ni el nieto de Francisco Galadí habían recibido a día de ayer ninguna llamada de la Policía Judicial. Laura García Lorca tampoco ha tenido noticia de este proceso. Las investigaciones de la Guardia Civil en cualquier caso sí ralentizan y retrasan la exhumación de los restos que se buscarán en el Caracoral, en Víznar, y en Alfacar. El empeoramiento del tiempo propio del otoño significa que la máquina georradar que se ha de pasar previamente a los trabajos de apertura de la fosa no pueda trabajar con normalidad. Sí podrían hacerse los trabajos de excavación con lluvia, según lo previsto, pero no con nieve, por ejemplo. Así que desde la asociación de la memoria histórica tienen poca confianza en que el proceso pueda realizarse antes de que finalice el año. Y más bien apuntan a la próxima primavera, como ayer también reconocía Miguel Botella, el director del Laboratorio de Antropología de la Universidad de Granada (UGR). Botella explicó ayer a la agencia Efe que, según las previsiones meteorológicas, a partir del 15 de noviembre habrá unas dos semanas de tiempo estable, si bien después no se podrá trabajar "al menos hasta primavera", apuntó.
En este sentido, recordó que el territorio donde se efectuarán las exhumaciones se encuentra a 1.200 metros de altura, por lo que es "necesario" que haga buen tiempo para el desarrollo de esta actividad.
El investigador de la UGR informó de que esta institución ya ha elaborado el informe sobre el proyecto de exhumación que precisa las etapas científicas que habrá que cubrir.
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martes, 30 de septiembre de 2008
Córdoba: el próximo viernes 3 de Octubre se inician los trabajos en la fosa común del cementerio de la Salud.
Córdoba: el próximo viernes 3 de Octubre se inician los trabajos en la fosa común del cementerio de la Salud.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi es la entidad encargada por la familia de Luis Dorado Luque, diputado malagueño del PSOE fusilado en Córdoba, de hacer los trabajos de localización de la fosa común, con el apoyo económico del Ministerio de la Presidencia y el asesoramiento jurídico de la CGT de Málaga.
Los primeros trabajos de documentación han contado con el apoyo del historiador Francisco Espinosa Maestre y Francisco Moreno Gómez, que han suministrado información relativa a los archivos militares y del libro del cementerio (hoy desaparecido). También se está buscando documentación en los archivos de Instituciones Penitenciarias.
El viernes día 3 de Octubre, a partir de las 9,30 horas, un georadar comenzará a analizar el suelo donde según todas las noticias se encuentra la fosa común. Los datos serán analizados posteriormente y se decidirá la zona más adecuada para iniciar los trabajos de exhumación.
Cecilio Gordillo, Coord. http://www.todoslosnombres.org/
todoslosnombres@cgt.es / 695.276656
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A Dios rogando y con el mazo dando.
Por Antonio Gutiérrez Dorado.
A Dios rogando y con el mazo dando es lo que hemos padecido desde la muerte del Caudillo hasta hoy que, por fin parece, hay luz verde del Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de la fosa del cementerio de la Salud, donde se encuentran inhumados los cuerpos de Antonio Acuña, Antonio Bujalance, Bautista Garcés, Joaquín García- Hidalgo y mi abuelo Luis Dorado, todos ellos diputados de la Republica, a los que desgraciadamente el destino los junto, en el cuartel de artillería de san Rafael de Córdoba, en espera de la Bestia criminal y guerrera que la madrugada del 18 de Julio del 36 despertó con furia y saña asesina en nuestra tierra Andaluza hasta alcanzar toda la tierra española ahogándola en sangre inocente del pueblo que, con su sola fuerza, intento resistirse.
Setenta y dos años después de este crimen impune ,me dispongo a exhumar la fosa e identificar el cadáver de mi abuelo. De hecho hasta la muerte del General Franco vivíamos en estado de Guerra y en la Transición se proclamo una Amnistía y otras leyes compensatorias que en cierta medida estaban destinadas a rehabilitar y compensar a las victimas republicanas y a sus familiares pero en la mejor tradición española las Leyes se respetan pero no se cumplen .
Tengo viva en mi memoria, el día que recibí la partida de defunción de mi abuelo que el registro civil de Córdoba expedía a petición mía en 1978, mi estupor al observar en el recuadro de anotación: Varón Desconocido; también cuando, me presente en el registro civil de Antequera en 1993, con la sentencia del juzgado de instrucción nº 11 de Málaga, ordenando se anotara en la partida de nacimiento de mi Abuelo la nota de declaración voluntaria de fallecimiento que el juez acaba de promulgar, la negativa de la funcionaria que me atendió a cumplir la ordenes del Juez.
En ese año culminaban todos mis esfuerzos por el reconocimiento de la viudedad de mi abuela a los que el Estado español me obligo sin atender nuestros requerimientos de que se nos aplicara la ley de Amnistía y la de 1979 destinada a compensación médico–farmacéutica para las viudas y huérfanos.
Pensar en exhumar por esas fechas tempranas de la transición era una locura pues el miedo todavía paralizaba a los familiares de las victimas y ellas mismas eran victimas de la represión brutal del fallecido genocida y sus secuaces que intentaban un apaño para continuar en el mando. Una vez que se declaro fallecido a mi Abuelo sentimos como un mazo las intenciones del Estado de cerrar cualquier intento de verdad, recuperación y reparación. Mi amada y admirada Abuela, que tanta ignominia y sufrimiento sufrió, me tranquilizo diciéndome: “no sufras por esta nueva humillación, Felipe González esta atado y no puede hacer otra cosa”. En 1996 murió mi abuela a la edad de 97 años sin poder alcanzar justicia.
Pero la fuerza que radica en la dignidad de las personas es contagiosa: la lealtad, la entrega, la fidelidad y el sacrificio a la memoria de su esposo, arrebatado y vilmente asesinado, prendieron en mi para recoger el testigo y darle la satisfacción de realizar lo que hace unas décadas no pudimos hacer; este esfuerzo y persistencia que he realizado son para ella y mi madre, su única hija viva, y el resto de la familia en la diáspora del exilio.
Llegar a alcanzar lo logrado no ha sido fácil, tengo que agradecerle a muchas personas su apoyo e inestimable ayuda. A la CGT, a los investigadores que desinteresadamente me han aportado las informaciones pertinentes para que al día de hoy tenga presentada mi Madre denuncia documentada sobre estos hechos en el juzgado nº5 de la AN cuyo titular es el juez Baltasar Garzón.
Al Ayuntamiento de Córdoba que en todo momento me ofreció su colaboración pero que a la hora de la Verdad, cuando he recibido la subvención para la prospección, exhumación e identificación de mi abuelo, otorgada por el Ministerio de la Presidencia, parece que le ha entrado el pánico escénico y a puesto objeciones para autorizar la exhumación hasta que por fin parece que la Señora Alcaldesa Rosa Aguilar se decide no sólo a respetar la ley de la Memoria sino también a cumplirla.
Ahora sólo nos queda que el señor juez Baltasar Garzón admita a trámite nuestra denuncia para esclareces estos hechos y alcanzar justicia y que el Congreso de los Diputados se reivindique así mismo en la memoria de sus mártires.
...............................................................................................................................
más información sobre Luis Dorado Luque, Bujalance y Acuña en http://www.todoslosnombres.org/ MICROBIOGRAFIAS.
La Sociedad de Ciencias Aranzadi es la entidad encargada por la familia de Luis Dorado Luque, diputado malagueño del PSOE fusilado en Córdoba, de hacer los trabajos de localización de la fosa común, con el apoyo económico del Ministerio de la Presidencia y el asesoramiento jurídico de la CGT de Málaga.
Los primeros trabajos de documentación han contado con el apoyo del historiador Francisco Espinosa Maestre y Francisco Moreno Gómez, que han suministrado información relativa a los archivos militares y del libro del cementerio (hoy desaparecido). También se está buscando documentación en los archivos de Instituciones Penitenciarias.
El viernes día 3 de Octubre, a partir de las 9,30 horas, un georadar comenzará a analizar el suelo donde según todas las noticias se encuentra la fosa común. Los datos serán analizados posteriormente y se decidirá la zona más adecuada para iniciar los trabajos de exhumación.
Cecilio Gordillo, Coord. http://www.todoslosnombres.org/
todoslosnombres@cgt.es / 695.276656
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A Dios rogando y con el mazo dando.
Por Antonio Gutiérrez Dorado.
A Dios rogando y con el mazo dando es lo que hemos padecido desde la muerte del Caudillo hasta hoy que, por fin parece, hay luz verde del Ayuntamiento de Córdoba para la exhumación de la fosa del cementerio de la Salud, donde se encuentran inhumados los cuerpos de Antonio Acuña, Antonio Bujalance, Bautista Garcés, Joaquín García- Hidalgo y mi abuelo Luis Dorado, todos ellos diputados de la Republica, a los que desgraciadamente el destino los junto, en el cuartel de artillería de san Rafael de Córdoba, en espera de la Bestia criminal y guerrera que la madrugada del 18 de Julio del 36 despertó con furia y saña asesina en nuestra tierra Andaluza hasta alcanzar toda la tierra española ahogándola en sangre inocente del pueblo que, con su sola fuerza, intento resistirse.
Setenta y dos años después de este crimen impune ,me dispongo a exhumar la fosa e identificar el cadáver de mi abuelo. De hecho hasta la muerte del General Franco vivíamos en estado de Guerra y en la Transición se proclamo una Amnistía y otras leyes compensatorias que en cierta medida estaban destinadas a rehabilitar y compensar a las victimas republicanas y a sus familiares pero en la mejor tradición española las Leyes se respetan pero no se cumplen .
Tengo viva en mi memoria, el día que recibí la partida de defunción de mi abuelo que el registro civil de Córdoba expedía a petición mía en 1978, mi estupor al observar en el recuadro de anotación: Varón Desconocido; también cuando, me presente en el registro civil de Antequera en 1993, con la sentencia del juzgado de instrucción nº 11 de Málaga, ordenando se anotara en la partida de nacimiento de mi Abuelo la nota de declaración voluntaria de fallecimiento que el juez acaba de promulgar, la negativa de la funcionaria que me atendió a cumplir la ordenes del Juez.
En ese año culminaban todos mis esfuerzos por el reconocimiento de la viudedad de mi abuela a los que el Estado español me obligo sin atender nuestros requerimientos de que se nos aplicara la ley de Amnistía y la de 1979 destinada a compensación médico–farmacéutica para las viudas y huérfanos.
Pensar en exhumar por esas fechas tempranas de la transición era una locura pues el miedo todavía paralizaba a los familiares de las victimas y ellas mismas eran victimas de la represión brutal del fallecido genocida y sus secuaces que intentaban un apaño para continuar en el mando. Una vez que se declaro fallecido a mi Abuelo sentimos como un mazo las intenciones del Estado de cerrar cualquier intento de verdad, recuperación y reparación. Mi amada y admirada Abuela, que tanta ignominia y sufrimiento sufrió, me tranquilizo diciéndome: “no sufras por esta nueva humillación, Felipe González esta atado y no puede hacer otra cosa”. En 1996 murió mi abuela a la edad de 97 años sin poder alcanzar justicia.
Pero la fuerza que radica en la dignidad de las personas es contagiosa: la lealtad, la entrega, la fidelidad y el sacrificio a la memoria de su esposo, arrebatado y vilmente asesinado, prendieron en mi para recoger el testigo y darle la satisfacción de realizar lo que hace unas décadas no pudimos hacer; este esfuerzo y persistencia que he realizado son para ella y mi madre, su única hija viva, y el resto de la familia en la diáspora del exilio.
Llegar a alcanzar lo logrado no ha sido fácil, tengo que agradecerle a muchas personas su apoyo e inestimable ayuda. A la CGT, a los investigadores que desinteresadamente me han aportado las informaciones pertinentes para que al día de hoy tenga presentada mi Madre denuncia documentada sobre estos hechos en el juzgado nº5 de la AN cuyo titular es el juez Baltasar Garzón.
Al Ayuntamiento de Córdoba que en todo momento me ofreció su colaboración pero que a la hora de la Verdad, cuando he recibido la subvención para la prospección, exhumación e identificación de mi abuelo, otorgada por el Ministerio de la Presidencia, parece que le ha entrado el pánico escénico y a puesto objeciones para autorizar la exhumación hasta que por fin parece que la Señora Alcaldesa Rosa Aguilar se decide no sólo a respetar la ley de la Memoria sino también a cumplirla.
Ahora sólo nos queda que el señor juez Baltasar Garzón admita a trámite nuestra denuncia para esclareces estos hechos y alcanzar justicia y que el Congreso de los Diputados se reivindique así mismo en la memoria de sus mártires.
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más información sobre Luis Dorado Luque, Bujalance y Acuña en http://www.todoslosnombres.org/ MICROBIOGRAFIAS.
Zaragoza.- Pleno.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de Garzón la documentación sobre los desaparecidos en la Guerra.
Fuente: http://www.europapress.es/
Zaragoza.- Pleno.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de Garzón la documentación sobre los desaparecidos en la Guerra
ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó hoy una moción de Izquierda Unida (IU) que pide al consistorio que ponga a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuantos informes, datos o listas tenga en su haber para contribuir a la tarea emprendida por asociaciones en defensa de la memoria sobre la identificación de desaparecidos, fusilados y enterrrados en fosas comunes con motivo de la Guerra Civil española.
Esta petición fue apoyada por todos los grupos salvo por el Partido Popular. La moción incluía un segundo punto, aprobado por unanimidad, que solicita que se levante un monumento en el entorno de la antigua cárcel de Torrero en memoria y homenaje a las personas que sufrieron prisión por causas políticas y por la libertad y la democracia.
El portavoz de IU, José Manuel Alonso, explicó que la cárcel de Torrero fue demolida y está pendiente de un plan de urbanización en su entorno y también están por definir algunos de los equipamientos que puedan realizarse en la zona, entre los que él propuso el monumento. El concejal precisó que el objetivo de la moción es "recuperar la memoria" y dar la posibilidad "de que muchas familias puedan recuperar a sus muertos y enterrarlos con dignidad".
El consejero municipal de Presidencia, Fernando Gimeno, se mostró a favor de las dos solicitudes. Según aclaró, el Ayuntamiento "facilitará toda la información a cualquier petición que hagan los jueces" y recordó que en el cementerio de Zaragoza hay un monolito dedicado a los fallecidos por la democracia.
El concejal del PP, Sebastián Contín, explicó que su grupo no podía apoyar la primera petición porque "resucita fantasmas de la peor historia de España y suscita rencores y divisiones", además de que señaló que todavía no se ha determinado si la Audiencia Nacional es competente o no para investigar esta causa.
"Desde el punto de vista jurídico --agregó-- es un sinsentido e incluso se podría decir que una provocación" y va "en contra de las acciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideró prescritas las denuncias formuladas por las asociaciones" en defensa de la memoria.
Además, "nadie nos podrá acusar de no estar con las víctimas, sean del bando que sean, porque siempre nos hemos colocado a su lado" y mencionó algunas iniciativas apoyadas por el PP de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil. Asimismo, Contín se mostró a favor de la creación de un monumento "siempre que honre la memoria de todos los que sufrieron prisión por casuas políticas".
POR JUSTICIA
La concejal de CHA, Carmen Gallego, estimó oportuno apoyar a la moción por "justicia y dignidad humana" e indicó que su partido ya había promovido otras acciones políticas "para recuperar la memoria" y para subvencionar proyectos de investigación a estudios sobre los desaparecidos en la Guerra Civil.
"Estamos totalmente de acuerdo en facilitar datos" y propuso que se tengan en cuenta "los estudios que hay de la ciudad de Zaragoza y de enterramientos colectivos". También apoyó la creación de un monumento y pidió que se recuerde "a las mujeres anónimas que han llegado a morir de igual manera y que incluso han tenido hijos en la cárcel, algo que nos parece totalmente indigno".
Zaragoza.- Pleno.- El Ayuntamiento pondrá a disposición de Garzón la documentación sobre los desaparecidos en la Guerra
ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó hoy una moción de Izquierda Unida (IU) que pide al consistorio que ponga a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón cuantos informes, datos o listas tenga en su haber para contribuir a la tarea emprendida por asociaciones en defensa de la memoria sobre la identificación de desaparecidos, fusilados y enterrrados en fosas comunes con motivo de la Guerra Civil española.
Esta petición fue apoyada por todos los grupos salvo por el Partido Popular. La moción incluía un segundo punto, aprobado por unanimidad, que solicita que se levante un monumento en el entorno de la antigua cárcel de Torrero en memoria y homenaje a las personas que sufrieron prisión por causas políticas y por la libertad y la democracia.
El portavoz de IU, José Manuel Alonso, explicó que la cárcel de Torrero fue demolida y está pendiente de un plan de urbanización en su entorno y también están por definir algunos de los equipamientos que puedan realizarse en la zona, entre los que él propuso el monumento. El concejal precisó que el objetivo de la moción es "recuperar la memoria" y dar la posibilidad "de que muchas familias puedan recuperar a sus muertos y enterrarlos con dignidad".
El consejero municipal de Presidencia, Fernando Gimeno, se mostró a favor de las dos solicitudes. Según aclaró, el Ayuntamiento "facilitará toda la información a cualquier petición que hagan los jueces" y recordó que en el cementerio de Zaragoza hay un monolito dedicado a los fallecidos por la democracia.
El concejal del PP, Sebastián Contín, explicó que su grupo no podía apoyar la primera petición porque "resucita fantasmas de la peor historia de España y suscita rencores y divisiones", además de que señaló que todavía no se ha determinado si la Audiencia Nacional es competente o no para investigar esta causa.
"Desde el punto de vista jurídico --agregó-- es un sinsentido e incluso se podría decir que una provocación" y va "en contra de las acciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que consideró prescritas las denuncias formuladas por las asociaciones" en defensa de la memoria.
Además, "nadie nos podrá acusar de no estar con las víctimas, sean del bando que sean, porque siempre nos hemos colocado a su lado" y mencionó algunas iniciativas apoyadas por el PP de apoyo a las víctimas de la Guerra Civil. Asimismo, Contín se mostró a favor de la creación de un monumento "siempre que honre la memoria de todos los que sufrieron prisión por casuas políticas".
POR JUSTICIA
La concejal de CHA, Carmen Gallego, estimó oportuno apoyar a la moción por "justicia y dignidad humana" e indicó que su partido ya había promovido otras acciones políticas "para recuperar la memoria" y para subvencionar proyectos de investigación a estudios sobre los desaparecidos en la Guerra Civil.
"Estamos totalmente de acuerdo en facilitar datos" y propuso que se tengan en cuenta "los estudios que hay de la ciudad de Zaragoza y de enterramientos colectivos". También apoyó la creación de un monumento y pidió que se recuerde "a las mujeres anónimas que han llegado a morir de igual manera y que incluso han tenido hijos en la cárcel, algo que nos parece totalmente indigno".
martes, 9 de septiembre de 2008
10 RAZONES PARA NO ABRIR LAS FOSAS COMUNES
1. El olor.
2. Las obras reducirán los arcenes, con el consiguiente peligro para los peatones y los ciclistas.
3. Alteración del ambiente natural de los gusanos, con consecuencias impredecibles para esta especie.
4. Hay gente que igual no quiere que la saquen de las fosas, ¿se les ha consultado algo a ellos?
5. El terreno libre de cadáveres será inmediatamente recalificado para que hagan dinero los de siempre.
6. La cremación de todos esos cadáveres liberará muchísimo CO2, lo cual es malísimo para el medioambiente.
7. La ubicación de las fosas no está documentada, por lo que alguno puede tomarse la justicia por su mano y hacerse una avería cavando justo encima de los cables de la luz.
8. Algunas fosas pueden encontrarse debajo de carreteras, y lo que no puede ser es que tengamos que desviar el tráfico pudiendo desviar la Historia.
9. El riesgo de la pérdida de perspectiva: se empieza abriendo fosas comunes y se acaba diciendo que un bando era bueno y el otro malo.
10. No ha pasado el tiempo suficiente. Todo el mundo sabe que la justicia no debe aplicarse hasta pasadas, al menos, 10 generaciones. Por aquello de no reabrir viejas heridas.
lunes, 8 de septiembre de 2008
Sebastián Fernández: «En Málaga se produjo un absoluto genocidio ...
EXPERTO. Desde hace dos años, Sebastián Fernández dirige los trabajos de exhumación en el cementerio de San Rafael. / YOLANDA MONTIEL
Fuente: Sur.es
Sebastián Fernández: «En Málaga se produjo un absoluto genocidio ...
«Es importante que la ciudadanía comprenda que aquella barbarie no puede volver a repetirse jamás». «A muchos les obligaron a cavar la fosa en los terrenos del camposanto, los pusieron al borde y fueron fusilados»
08.09.08 - GEMA MARTÍNEZ
Desde hace dos años, Sebastián Fernández dirige los trabajos de exhumación en el cementerio de San Rafael. / YOLANDA MONTIEL
Es profesor de Arqueología e Historia de la Universidad de Málaga, y acaba de ser nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde hace dos años dirige al equipo que lleva a cabo la exhumación de los restos de los miles de fusilados en Málaga durante la Guerra Civil y el franquismo, y que acabaron en las fosas comunes del cementerio de San Rafael. A Sebastián Fernández, su carrera profesional le ha llevado a realizar excavaciones en necrópolis musulmanas, romanas, prehistóricas y visigodas. Ha desenterrado esqueletos de monjes y restos de 3.500 años antes de Cristo, pero nada puede compararse con lo que ha visto en el camposanto malagueño. Miles y miles de restos de fusilados a pie de fosa, con el tiro de gracia, con las manos atadas con alambres. Bastantes mujeres, algunas embarazadas y muchas con la medalla de la Virgen del Carmen. Invidentes, párrocos... «Una barbarie», recalca.
El juez Baltasar Garzón busca datos para enjuiciar al franquismo por un delito de genocidio. En alguna ocasión, usted ha utilizado esa palabra para referirse a lo que ocurrió en Málaga a partir del año 37.
Una guerra civil no es deseable. Es algo horrible. Pero lo más grave, bajo mi punto de vista, es la persecución y el absoluto genocidio que se realiza después, en la posguerra. Málaga es ocupada por las tropas de Franco en febrero del 37, y hasta el 51 se estuvo fusilando en el cementerio de San Rafael. Cuando iniciamos los trabajos de exhumación (16 de octubre de 2006), teníamos una relación de unas 2.500 personas. Ahora ya hay más de 4.400 documentadas y ya hemos exhumado 2.300.
Al hablar de las exhumaciones, hay voces que alertan de que se están abriendo viejas heridas.Creo que es todo lo contrario: se cierran heridas.
Es importante que la ciudadanía comprenda que la barbarie que ocurrió en la guerra y en la posguerra no se puede repetir jamás. Para mí, lo que he visto en San Rafael, ha supuesto un impacto muy fuerte.¿Por no esperado?
No esperaba esa barbaridad. Cuando he visto la disposición de los cuerpos, el tiro de gracia, las manos amarradas con alambres... Ha sido muy fuerte. He tenido que cambiar a gente del equipo porque se quedaban bloqueados encima de un esqueleto. Bloqueados. Imagínese un día, y otro día...
¿En qué años se producen más fusilamientos?
El 37 fue horrible. Las primeras seis fosas que hemos exhumados corresponden a ese año. Por término medio, en cada fosa -que tiene unas dimensiones de diez metros de longitud por tres de anchura- hay 250 esqueletos. La cifra de fusilamientos es desorbitada. En el caso de Málaga, los peores años fueron el 37 y el 39.
¿Qué revelan los restos?
Su disposición es totalmente dispar. Nunca aparecen bien colocados, pero sí de cúbito supino, de cúbito prono... Hay párrocos. Lo sabemos porque portaban en las manos crucifijos de grandes dimensiones y había restos de sotanas. Sabemos que uno de ellos es el cura de Mijas. Había un caso espeluznante de un esqueleto que parece que se mantuvo con vida, que intentó salir y que ahí le fallaron las fuerzas. Está como de rodillas, agarrado a lo que es el perfil de la fosa. En otro, hemos encontrado en la garganta una especie de pañuelo. Se lo debieron hacer tragar.
Tremendo.
También entre los familiares hay casos muy especiales, como el de la señora Paca. Su padre llegó muerto al cementerio y el sepulturero era amigo de él. Le dijo al piquete que lo dejara a un lado, que él lo enterraría. Le dio una sepultura 'regular' (con los brazos cruzados) y avisó a su esposa. Desde entonces, la esposa puso un ramito de flores en el lugar. Luego continuó su hija. Por eso sabíamos la localización de una fosa. Su padre medía 1,56 metros y en esos momentos calzaba unos botines buenos. En el momento en el que descubrimos un esqueleto en una posición 'normal' y con esas características supimos que era él.
Es decir, que se pueden identificar ya algunos restos.
Hay que tener en cuenta una cosa: la Asociación Por la Memoria Histórica lleva funcionando años. Son 400 socios y hablamos de 4.500 personas. Estamos esperando a que los familiares pierdan el miedo... Muchos tienen miedo.
¿Miedo a qué?
Miedo a hablar o a ser identificados como nietos de... Hace cinco años, la ciudadanía malagueña desconocía que en el cementerio de San Rafael había 4.500 personas represaliadas por el régimen franquista. No lo sabían. Muchos de los malagueños castizos sabían que en San Rafael habían tenido lugar los fusilamientos, pero de ninguna manera de esa forma masiva. Tenemos en los listados personas de todos los pueblos de Málaga, y gente de Córdoba, de Almería... Aquí en Málaga fue un genocidio absoluto. Yo empleo la palabra porque lo que ocurrió fue una barbaridad. Muchos fueron fusilados a pie de fosa. Les obligaron a cavar la fosa, los pusieron al borde y fueron fusilados. Debió ser algo realmente espeluznante.
Después del ruido, ¿vendrán las nueces?
Fuente: La Voz de Cádiz.
Foto no publicada: Ana Avila (AMHyJA) 28.02.2008/ frente al Teatro de la Maestranza (Sevilla)/ entrega de medalla de Andalucía a Baltasar Garzón. De izquierda a derecha: Juan Pérez Silva (hijo “Libertaria”), Paqui Maqueda (AMHyJA), José L. Gutiérrez y Cecilio Gordillo (RMHSA de CGT.A).
Después del ruido, ¿vendrán las nueces?
La Voz de Cádiz/ OPINION. 04.09.2008 –
José L. Gutiérrez Molina. historiador.
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La que se ha armado a cuenta del requerimiento de información que, sobre el número y circunstancias de las desapariciones realizadas por los golpistas de 1936, ha realizado el juez Baltasar Garzón a diversas instituciones y a los demandantes que se presentaron hace un año ante su juzgado. Páginas enteras en los periódicos, cabeceras de telediarios y opiniones y exabruptos para todos los gustos. Que si es competente o no para ello, que si sólo se quieren reabrir las heridas y cosas peores, que si hay otros problemas más importantes en esta España de los más de dos millones y medio de parados, que si en realidad lo que se busca es dar carpetazo, de una vez por todas, a las demandas tirando por elevación y, además, sin puntería porque a quienes se ha dirigido no son los más adecuados, etc. Seguramente el lector conocerá otras reacciones y puntos de vista que se me escapen. Incluyendo la afición a focos, cámaras y micrófonos del titular de la Sala 5ª de la Audiencia Nacional.
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En la mayoría de los casos cada uno tendrá una parte de razón: los de no reabrir heridas para mantener las cuotas de victoria e impunidad que les regalaron las políticas de olvido y silencio de la Transición; la Iglesia Católica, que no es de este mundo; los que piensan que la vida es fundamentalmente un asunto de juridicidad, porque les pone ante un asunto apasionante donde ejercer sus habilidades; los políticos, porque piensan sacar tajada de un asunto que siempre les ha quemado los dedos, a los de uno y otro signo. Aunque siga siendo impresentable e incomprensible que un partido político niegue a una parte de los ciudadanos de este país a que cumplan siquiera con el derecho y el deber civil y humano de ver inscritos y enterrados dignamente a sus deudos.
Igual de lamentable es que otros de la llamada izquierda sigan mareando la perdiz, hablando con la boca chica y prefiriendo la oscuridad y el silencio a las luces, taquígrafos y pedagogía cívica. Por poner un ejemplo reciente, la exhumación realizada este verano en Grazalema de la llamada fosa de las mujeres. Sin olvidar que, de las más de un centenar de asociaciones, foros, grupos de trabajo, secretarías de la memoria existentes en España surgidas a finales de los 90, sólo se han personado ante Garzón 14. De ellas ni una sola de las organizaciones -partidos y sindicatos- que tienen sus muertos en cunetas y fosas comunes. Aunque muchos de éstos últimos llenan diariamente de opiniones los medios de comunicación.
El movimiento se demuestra andando. Así que lo mejor en estos casos es fijarse en quienes están empeñados en recuperar cuerpos, vidas y memoria sin esperar que otros lo hagan por ellos, incluso supliendo lo que debería ser una obligación para quienes ocupan la pesada responsabilidad de ser un servidor público. En Cádiz tenemos un caso que, por ejemplar y haber sido uno de los denunciados ante Garzón, puede servirnos de piedra de toque para separar el grano de la paja en este tumulto mediático. Me refiero a la desaparición de María Silva Cruz, La Libertaria.
María es una más de las secuestradas y desaparecidas, legal y físicamente, a consecuencia de las acciones de los golpistas de julio de 1936. Como en otros tantos casos, hoy las circunstancias de su muerte se encuentran difuminadas por el tiempo transcurrido, el miedo y el silencio hasta el punto de desconocer el lugar de su asesinato y de su entierro. Así que la mayoría de las instituciones a las que ha pedido información Garzón poco podrán aportar. A no ser que los Ministerios de Interior y Defensa respondan de una manera más convincente de lo que lo han hecho hasta ahora a las peticiones del juez y, como ayer informaba LA VOZ, a los requerimientos de los interesados. A pesar del ruido, la situación para este caso no parece que vaya a cambiar mucho o, por lo menos, hay que mantener la cautela.
Por sus circunstancias, salvó la vida en 1933 durante la Segunda República en la conocida matanza de Casas Viejas y fue asesinada en 1936. La resolución de la desaparición de María serviría de piedra de toque para el nivel de compromiso que la Administración está dispuesta a llegar en estos asuntos. Al igual que en otros que rodean a este lugar simbólico de la Historia social contemporánea española. Baste recordar todavía recientes acontecimientos e iniciativas ciudadanas, sin el menor apoyo institucional y a costa del propio patrimonio, como la publicación del libro sobre el Carnaval del antropólogo Jerome Mintz.Hay quienes dicen que existen otros asuntos más importantes. Así sucede desde 1975. Antes, parece obvio, nadie duda de que poco se podía esperar. Ni los recursos a emplear ni el impacto social, justifica que España siga teniendo miles de ciudadanos desaparecidos ya entrado el siglo XXI. Tampoco parece que esté en el ánimo de familiares y miembros de asociaciones de que se impida la investigación de ningún otro hecho parecido. No es cuestión de nervios ni de gritos sino de entender de una vez que los derechos son para todos, no sólo para unos. Haya pasado el tiempo que haya pasado.
Por las reacciones conocidas no parece que este país, como en tantas otras cosas, vaya a entrar en este asunto por el camino que cabía esperar de una sociedad madura. Precisamente porque tras 30 años de democracia se ha hecho de todo menos crear una ciudadanía consciente y preparada. Ahora, cuando llegan las vacas flacas, los nervios afloran y las carencias se ponen más aún de manifiesto. Independientemente de en lo que queden todos los fuegos artificiales de estos días, estoy seguro de que, aunque sea por hacernos un favor a nosotros mismos, habrán -habremos- ciudadanos que continuaremos solos o acompañados, con mayor o menor apoyo; intentando que el sufrimiento de personas como Juan Pérez Silva o Catalina Silva Cruz, hijo y hermana de María, pueda verse mitigado y que un día puedan, como se ha escrito en el blog Desde la Historia de Casas Viejas, llenar ese hueco que corroe sus entrañas. Las de ellos y otros muchos. Que la cosecha, tras el ruido, sea abundante.
Foto no publicada: Ana Avila (AMHyJA) 28.02.2008/ frente al Teatro de la Maestranza (Sevilla)/ entrega de medalla de Andalucía a Baltasar Garzón. De izquierda a derecha: Juan Pérez Silva (hijo “Libertaria”), Paqui Maqueda (AMHyJA), José L. Gutiérrez y Cecilio Gordillo (RMHSA de CGT.A).
Después del ruido, ¿vendrán las nueces?
La Voz de Cádiz/ OPINION. 04.09.2008 –
José L. Gutiérrez Molina. historiador.
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La que se ha armado a cuenta del requerimiento de información que, sobre el número y circunstancias de las desapariciones realizadas por los golpistas de 1936, ha realizado el juez Baltasar Garzón a diversas instituciones y a los demandantes que se presentaron hace un año ante su juzgado. Páginas enteras en los periódicos, cabeceras de telediarios y opiniones y exabruptos para todos los gustos. Que si es competente o no para ello, que si sólo se quieren reabrir las heridas y cosas peores, que si hay otros problemas más importantes en esta España de los más de dos millones y medio de parados, que si en realidad lo que se busca es dar carpetazo, de una vez por todas, a las demandas tirando por elevación y, además, sin puntería porque a quienes se ha dirigido no son los más adecuados, etc. Seguramente el lector conocerá otras reacciones y puntos de vista que se me escapen. Incluyendo la afición a focos, cámaras y micrófonos del titular de la Sala 5ª de la Audiencia Nacional.
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En la mayoría de los casos cada uno tendrá una parte de razón: los de no reabrir heridas para mantener las cuotas de victoria e impunidad que les regalaron las políticas de olvido y silencio de la Transición; la Iglesia Católica, que no es de este mundo; los que piensan que la vida es fundamentalmente un asunto de juridicidad, porque les pone ante un asunto apasionante donde ejercer sus habilidades; los políticos, porque piensan sacar tajada de un asunto que siempre les ha quemado los dedos, a los de uno y otro signo. Aunque siga siendo impresentable e incomprensible que un partido político niegue a una parte de los ciudadanos de este país a que cumplan siquiera con el derecho y el deber civil y humano de ver inscritos y enterrados dignamente a sus deudos.
Igual de lamentable es que otros de la llamada izquierda sigan mareando la perdiz, hablando con la boca chica y prefiriendo la oscuridad y el silencio a las luces, taquígrafos y pedagogía cívica. Por poner un ejemplo reciente, la exhumación realizada este verano en Grazalema de la llamada fosa de las mujeres. Sin olvidar que, de las más de un centenar de asociaciones, foros, grupos de trabajo, secretarías de la memoria existentes en España surgidas a finales de los 90, sólo se han personado ante Garzón 14. De ellas ni una sola de las organizaciones -partidos y sindicatos- que tienen sus muertos en cunetas y fosas comunes. Aunque muchos de éstos últimos llenan diariamente de opiniones los medios de comunicación.
El movimiento se demuestra andando. Así que lo mejor en estos casos es fijarse en quienes están empeñados en recuperar cuerpos, vidas y memoria sin esperar que otros lo hagan por ellos, incluso supliendo lo que debería ser una obligación para quienes ocupan la pesada responsabilidad de ser un servidor público. En Cádiz tenemos un caso que, por ejemplar y haber sido uno de los denunciados ante Garzón, puede servirnos de piedra de toque para separar el grano de la paja en este tumulto mediático. Me refiero a la desaparición de María Silva Cruz, La Libertaria.
María es una más de las secuestradas y desaparecidas, legal y físicamente, a consecuencia de las acciones de los golpistas de julio de 1936. Como en otros tantos casos, hoy las circunstancias de su muerte se encuentran difuminadas por el tiempo transcurrido, el miedo y el silencio hasta el punto de desconocer el lugar de su asesinato y de su entierro. Así que la mayoría de las instituciones a las que ha pedido información Garzón poco podrán aportar. A no ser que los Ministerios de Interior y Defensa respondan de una manera más convincente de lo que lo han hecho hasta ahora a las peticiones del juez y, como ayer informaba LA VOZ, a los requerimientos de los interesados. A pesar del ruido, la situación para este caso no parece que vaya a cambiar mucho o, por lo menos, hay que mantener la cautela.
Por sus circunstancias, salvó la vida en 1933 durante la Segunda República en la conocida matanza de Casas Viejas y fue asesinada en 1936. La resolución de la desaparición de María serviría de piedra de toque para el nivel de compromiso que la Administración está dispuesta a llegar en estos asuntos. Al igual que en otros que rodean a este lugar simbólico de la Historia social contemporánea española. Baste recordar todavía recientes acontecimientos e iniciativas ciudadanas, sin el menor apoyo institucional y a costa del propio patrimonio, como la publicación del libro sobre el Carnaval del antropólogo Jerome Mintz.Hay quienes dicen que existen otros asuntos más importantes. Así sucede desde 1975. Antes, parece obvio, nadie duda de que poco se podía esperar. Ni los recursos a emplear ni el impacto social, justifica que España siga teniendo miles de ciudadanos desaparecidos ya entrado el siglo XXI. Tampoco parece que esté en el ánimo de familiares y miembros de asociaciones de que se impida la investigación de ningún otro hecho parecido. No es cuestión de nervios ni de gritos sino de entender de una vez que los derechos son para todos, no sólo para unos. Haya pasado el tiempo que haya pasado.
Por las reacciones conocidas no parece que este país, como en tantas otras cosas, vaya a entrar en este asunto por el camino que cabía esperar de una sociedad madura. Precisamente porque tras 30 años de democracia se ha hecho de todo menos crear una ciudadanía consciente y preparada. Ahora, cuando llegan las vacas flacas, los nervios afloran y las carencias se ponen más aún de manifiesto. Independientemente de en lo que queden todos los fuegos artificiales de estos días, estoy seguro de que, aunque sea por hacernos un favor a nosotros mismos, habrán -habremos- ciudadanos que continuaremos solos o acompañados, con mayor o menor apoyo; intentando que el sufrimiento de personas como Juan Pérez Silva o Catalina Silva Cruz, hijo y hermana de María, pueda verse mitigado y que un día puedan, como se ha escrito en el blog Desde la Historia de Casas Viejas, llenar ese hueco que corroe sus entrañas. Las de ellos y otros muchos. Que la cosecha, tras el ruido, sea abundante.
Susana aviva la memoria de los políticos.
Fuente: Correo de Andalucía.
Sevilla Carmen Rengel 08/09/2008
Susana tenía cinco años cuando mataron a su padre. No sabe si acabaron con él a golpes o si lo fusilaron. No sabe dónde está enterrado, si es que lo está. Por eso lleva años batallando con el Ayuntamiento, pidiendo reuniones y entrevistándose con políticos “que se hacen los sordos”. Tras el impulso de Garzón a la investigación, espera, todo va a cambiar.
“Digo yo que si lo ordena un juez, y más un juez como éste, el Ayuntamiento tendrá que ayudar de una vez, ¿no?”. La voz de Susana Vecino suena entre triste e indignada, entre ilusionada y escéptica, entre cansada y fuerte. Lleva toda la vida aguardando el momento de devolver la dignidad a su padre, Antonio, muerto en los primeros meses de la Guerra Civil. Nunca supo cómo moverse, a qué puerta llamar, qué tecla tocar.
Sólo hace unos cinco años, a través de los medios de comunicación, conoció el trabajo de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, contactó con uno de sus portavoces, Cecilio Gordillo, y comenzó su lucha. “He escrito mil veces al Ayuntamiento, he asistido a reuniones en las que todo el mundo nos sonríe y nos pone buena cara pero nadie nos da soluciones... Y estoy cansada. Ha llegado el momento de que hagan algo”, añade.
Cuando Susana escucha que el Gobierno local ha dado orden ya al Archivo Histórico para que rescate las fichas de unos 8.000 represaliados de la contienda y su posguerra, guarda silencio, suspira y responde: “No me fío de las buenas palabras. Quiero ver la lista y quiero saber qué pasó con mi padre”. Dice que nunca ha recibido respuesta a su petición de un censo de víctimas. Que “hay mucha gente perdida y muchas cuentas que ajustar”. Que necesita “irse” sabiendo lo que pasó.
Su caso es un ejemplo, otro más, de pasado amargo y heridas por cerrar. Otra pregunta sobre la guerra que ha pasado de generación en generación y todavía sigue sin respuesta. Emocionada, relata que a su padre lo sacaron de su casa, en Ciudad Jardín, porque un policía retirado lo denunció a las autoridades de la ciudad tras el alzamiento nacional. Antonio Vecino, de 30 años, simpatizaba con el Partido Comunista, pero “nunca” fue un dirigente político.
“Mi padre se dedicaba a su oficio y pensaba como pensaba. Ya está”, apuntilla su hija. Afirma que el vecino que lo delató le tenía “envidia” porque Antonio siempre encontraba trabajo, siempre sobrevivía, pese a los malos tiempos. “Mi padre era mecánico en una fábrica de corcho y, cuando cerró por la guerra, montó un kiosco de chucherías. No nos iba mal y eso hay quien no lo perdonaba”, explica Susana.
Desde su casa de Miraflores, a sus 77 años, la mujer asegura que su progenitor estuvo unos dos meses preso, tiempo en el que su madre o su abuela, sin falta, le llevaron cada día su desayuno, su comida y su cena a Capitanía, el cuartel general donde lo retenían. Era lo único que podían hacer por él. Susana pudo verlo allí gracias a una vecina. “Era muy risueña, muy simpática; se acercó a los soldados, con su uniforme de criada, y los convenció para que me dejaran ver a mi padre. Yo entré y estuve con él unos minutos. Fue la última vez que lo vi”, recuerda. Ella era entonces la mayor de tres hermanos, y apenas tenía cinco años.
Un día, cuando su madre, Josefa, fue hasta los calabozos, se encontró con la temida respuesta. Que se fuera, que se marchara, que su esposo no estaba allí. Es como si hubiera desaparecido. Eso, en aquellos días, significaba lo que significaba. Nada bueno.
Ahí comenzó la búsqueda que aún no ha acabado. “Mi abuelo –explica Susana– se fue corriendo al cementerio, a ver si lo encontraba en la tapia de San Fernando en que se hacían los fusilamientos. Lo hizo muchos días, vio muchas fosas, pero siempre lo echaban de allí y no podía ver si mi padre estaba entre los muertos”. Por eso nadie de los suyos supo nunca, ni sabe hoy, dónde está.
Represalias
Eso es lo que escuchaba en todos los colegios de Sevilla. No había sitio para los hijos de un muerto que no estaba legalmente muerto. Mientras, mantenía a los suyos cosiendo lo que podía. Todo se complicó cuando su abuela, que trabajaba en Aviación, fue despedida. “Toda la vida penando”, resume Susana. Ahora, rozando los 80, reconoce que sólo quiere “un poco de justicia y de paz”. “A ver si este juez me lo da de una vez”.
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado.
Fuente: El Plural.
Gustavo Vidal Manzanares
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado
El grupo Jarcha interpretó una de las canciones más populares de la transición, “Libertad sin ira”, que comenzaba así: “Hace algún tiempo en este país hubo una guerra ……”. Treinta años después, con ira o sin ella, pero impulsados por una sed infinita de justicia, hemos de proclamar que… en este país hubo un genocidio.
Y me ciño a la definición de la RAE: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.
Este espíritu genocida lo confirmó el general Franco el 28 de julio de 1936 en su primera entrevista a la prensa extranjera: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid, avanzaré—gritó—tomaré la capital. Salvaré a España cueste lo que cueste” El entrevistador le pregunta si eso significa matar a la mitad de España que no comparta sus ideas políticas, y él respondió sin vacilación: “Repito, cueste lo que cueste” (Franco. Una biografía psicológica. P. 183. Enrique González Duro)
El Código penal se refiere en su artículo 607 al genocidio como “el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico…” De igual modo, el artículo 131,4 del mismo cuerpo legal establece que “Los delitos de genocidio… no prescribirán nunca”. Por otra parte, esta clase de ilícitos son competencia de la Audiencia Nacional y por ello están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Aunque la Ley del Registro Civil obliga a las administraciones a averiguar la procedencia de cada resto humano no identificado y sufragar los gastos correspondientes, desde posturas de la derecha se alega que todo esto es ”reabrir heridas” y “remover el pasado”. No, desgraciadamente, no es “pasado”. No es “pasado” porque las víctimas siguen todavía en cunetas y fosas anónimas. Y esto es un lamentable presente. Y hablamos de hombres y mujeres que un día soñaron con ser felices, jugaron, rieron, se enamoraron, fundaron familias, anhelaban ver crecer a sus hijos, envejecer junto a sus cónyuges, deleitarse con una buena música… es una vergüenza para la Humanidad y para España que seres humanos sigan pudriéndose en fosas y cunetas. Esto es una realidad. Muy presente.
Le duela a quien le duela. Respecto al “reabrir heridas”, me pregunto si pensarían igual cuando se tratara de enjuiciar a un etarra por un asesinato cometido hace veinte años… ¿hablarían en este caso de “ no reabrir heridas”?
Alimentados por vanidad y codicia y encarnando un cinismo nauseabundo, han brotado entre el estiércol de la vileza, los “revisionistas de la nada”. Engordan sus cuentas corrientes y sus egos atormentados ensalzando el franquismo y racionalizando la mala conciencia de quienes bien saben que su prosperidad y bienestar se construyó sobre lágrimas, terror, patios carcelarios, chorros de sangre y una violencia descomunal.
No faltan entre estos “revisionistas de la nada” los que antaño defendían posturas antitéticas mutadas súbitamente ante la perspectiva monetaria y el aplauso de papanatas.
Sin embargo, cada hueso desenterrado representará el alivio de hombres y mujeres que llevaban décadas esperando saber donde cayeron los restos de sus seres queridos. No se podrá juzgar ya a los militares que cosieron a su bocamanga estrellas oscurecidas de muerte, ni a los policías que adornaron su hoja de servicios con las confesiones obtenidas tras “hábiles interrogatorios”, nadie sentará en el banquillo a los tricornios charolados que, coronando cuerpos sin entrañas, arrancaron de sus casas a temblorosos padres de familia hacia viajes sin retorno.
Pero el día que el último hueso reclamado sea redimido de la ignominia de cunetas terrosas, el día que se selle la última sepultura digna, el día que los descendientes de aquellos desdichados puedan llevarlos a un cementerio y, ¿por qué no?, honrarlos con un funeral (católico, evangélico, judío… ¡qué mas da!), entonces podremos por fin hablar de pasado”.
gvidalmanzanares@gmail.com
(Por si alguien no lo sabe Gustavo Vidal Manzanares es hermano de César Vidal, de la COPE y otras cabeceras ultras). Jordi Grau.
Gustavo Vidal Manzanares
Víctimas del franquismo: Presente, no pasado
El grupo Jarcha interpretó una de las canciones más populares de la transición, “Libertad sin ira”, que comenzaba así: “Hace algún tiempo en este país hubo una guerra ……”. Treinta años después, con ira o sin ella, pero impulsados por una sed infinita de justicia, hemos de proclamar que… en este país hubo un genocidio.
Y me ciño a la definición de la RAE: “Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad”.
Este espíritu genocida lo confirmó el general Franco el 28 de julio de 1936 en su primera entrevista a la prensa extranjera: “No habrá compromiso ni tregua, seguiré preparando mi avance hacia Madrid, avanzaré—gritó—tomaré la capital. Salvaré a España cueste lo que cueste” El entrevistador le pregunta si eso significa matar a la mitad de España que no comparta sus ideas políticas, y él respondió sin vacilación: “Repito, cueste lo que cueste” (Franco. Una biografía psicológica. P. 183. Enrique González Duro)
El Código penal se refiere en su artículo 607 al genocidio como “el propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico…” De igual modo, el artículo 131,4 del mismo cuerpo legal establece que “Los delitos de genocidio… no prescribirán nunca”. Por otra parte, esta clase de ilícitos son competencia de la Audiencia Nacional y por ello están siendo investigados por el juez Baltasar Garzón.
Aunque la Ley del Registro Civil obliga a las administraciones a averiguar la procedencia de cada resto humano no identificado y sufragar los gastos correspondientes, desde posturas de la derecha se alega que todo esto es ”reabrir heridas” y “remover el pasado”. No, desgraciadamente, no es “pasado”. No es “pasado” porque las víctimas siguen todavía en cunetas y fosas anónimas. Y esto es un lamentable presente. Y hablamos de hombres y mujeres que un día soñaron con ser felices, jugaron, rieron, se enamoraron, fundaron familias, anhelaban ver crecer a sus hijos, envejecer junto a sus cónyuges, deleitarse con una buena música… es una vergüenza para la Humanidad y para España que seres humanos sigan pudriéndose en fosas y cunetas. Esto es una realidad. Muy presente.
Le duela a quien le duela. Respecto al “reabrir heridas”, me pregunto si pensarían igual cuando se tratara de enjuiciar a un etarra por un asesinato cometido hace veinte años… ¿hablarían en este caso de “ no reabrir heridas”?
Alimentados por vanidad y codicia y encarnando un cinismo nauseabundo, han brotado entre el estiércol de la vileza, los “revisionistas de la nada”. Engordan sus cuentas corrientes y sus egos atormentados ensalzando el franquismo y racionalizando la mala conciencia de quienes bien saben que su prosperidad y bienestar se construyó sobre lágrimas, terror, patios carcelarios, chorros de sangre y una violencia descomunal.
No faltan entre estos “revisionistas de la nada” los que antaño defendían posturas antitéticas mutadas súbitamente ante la perspectiva monetaria y el aplauso de papanatas.
Sin embargo, cada hueso desenterrado representará el alivio de hombres y mujeres que llevaban décadas esperando saber donde cayeron los restos de sus seres queridos. No se podrá juzgar ya a los militares que cosieron a su bocamanga estrellas oscurecidas de muerte, ni a los policías que adornaron su hoja de servicios con las confesiones obtenidas tras “hábiles interrogatorios”, nadie sentará en el banquillo a los tricornios charolados que, coronando cuerpos sin entrañas, arrancaron de sus casas a temblorosos padres de familia hacia viajes sin retorno.
Pero el día que el último hueso reclamado sea redimido de la ignominia de cunetas terrosas, el día que se selle la última sepultura digna, el día que los descendientes de aquellos desdichados puedan llevarlos a un cementerio y, ¿por qué no?, honrarlos con un funeral (católico, evangélico, judío… ¡qué mas da!), entonces podremos por fin hablar de pasado”.
gvidalmanzanares@gmail.com
(Por si alguien no lo sabe Gustavo Vidal Manzanares es hermano de César Vidal, de la COPE y otras cabeceras ultras). Jordi Grau.
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Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia.
Fuente: El Norte de Castilla.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica alerta de que la autovía a Leóncruzará por zonas donde hay muchos enterrados
ÍÑIGO SALINAS VALLADOLID
El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), Fernando Magán, calcula que hay «más de 3.000» cuerpos de personas fusiladas durante la Guerra Civil que todavía no han sido localizados en las fosas comunes de la provincia, mientras que en España la cifra rondaría los 130.000. Con estas cifras sobre la mesa, no es de extrañar que Magán valore «positivamente» la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. «Llevamos un año y medio poniendo denuncias y aportando documentación y ahora, por fin, parece que vamos a llegar a buen puerto», asegura. Pero los trabajos de localización de las «alrededor de ochenta fosas comunes» que la ARMHV calcula que hay en la provincia de Valladolid, el tratamiento de la documentación de los archivos y la identificación de los cuerpos es una tarea que, en más de una ocasión, se encuentra con más dificultades de las que se puedan imaginar, ya no sólo como consecuencia del trabajo de campo, sino también debido a las obras sobre el terreno que dañan los restos de la Guerra Civil o las recientes críticas del propio consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, que dijo que las investigaciones que está llevando a cabo el juez Garzón no son más que una medida para «desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España». «Según las inscripciones del registro de Medina de Rioseco y los testimonios de varios testigos, en esa zona puede haber alrededor de cuarenta personas enterradas», advierte Del Olmo. Sin embargo, reconoce que la empresa de arqueología encargada de las obras tiene la orden de «actuar con cuidado y de avisarnos si encuentran restos de cuerpos para comenzar las exhumaciones». Del Olmo asegura que, si encuentran fosas, los trabajos de exhumación, «que los haríamos nosotros», durarán «pocos días», por lo que «no supondría un problema para la continuidad de las obras». Del Olmo no puede ocultar la «satisfacción» por el entendimiento entre la ARMHV y la empresa que lleva a cabo la construcción de la autovía. No en vano, «en algunas ocasiones, cuando encuentran fosas o cuerpos de fusilados durante la Guerra Civil lo ocultan. Por ejemplo, un vecino de Arévalo nos dijo que encontraron cuerpos y, en vez de avisar a los arqueólogos para que tomaran las medidas necesarias, cogieron las palas y de deshicieron de los muertos. Metieron los huesos en un camión y se los llevaron a otra parte», dice. Pero Del Olmo cree que, «desde hace unos seis años o así hay una sensibilidad mayor de la que había antes». Garzón emitió el primer día de septiembre una providencia con la que dio el primer paso para sacar a la luz judicial a las ejecuciones y desapariciones de más de 30.000 personas en España. El magistrado solicitó información a la Conferencia Episcopal Española, a los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, a los ministerios del Defensa y del Interior, al Archivo General de la Administración, al Centro Documental de la Memoria Histórica y al Valle de los Caídos. El juez de la Audiencia Nacional también requiere las circunstancias y fecha en que se dieron esos entierros y si constan en algún registro con el fin de aclarar todas las circunstancias posibles que rodearon a los fusilados.
Tres mil fusilados en la Guerra Civil aún no han sido localizados en 80 fosas de la provincia
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CRÍTICAS
Contra la Junta
El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró la semana pasada que «la investigación sobre la Guerra Civil es para desviar la atención de la crisis económica». Estas palabras cayeron como un jarro de agua fría en las distintas asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, que no tardaron en calificar las declaraciones «como una ofensa que demuestra, como mínimo, un desconocimiento pleno del asunto y, en el peor de los casos, una manipulación intoxicadora. Es un atentado contra la dignidad de muchas personas que no saben dónde están sus familiares desaparecidos y anhelan encontrarlos para enterrarlos dignamente. Todos los demócratas nos debemos sentir afectados cuando se habla de derechos humanos», dice un comunicado redactado y firmado por Manuel Escarda, representante de la Plataforma de Víctimas de la Desaparición Forzada del Franquismo y miembro de la ARMHV.
INTERVENCIÓN JUDICIAL
Baltasar Garzón
La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, que está integrada por las asociaciones de memoria histórica que presentaron el 14 de diciembre del 2006 y el 18 de julio del año pasado una denuncia ante la Audiencia Nacional, lograron su objetivo de que la Audiencia Nacional y, en concreto el juez Baltasar Garzón, practicara diligencias para esclarecer la situación de los miles de fusilados durante la Guerra Civil y el Franquismo para, si procede, «declarar la responsabilidad del Estado en esta materia».
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País Valencià: La memoria recuperada
Fuente: El País.
La memoria recuperada
La iniciativa del juez Garzón moviliza a asociaciones y familiares de víctimas
XAVIER ALIAGA - Valencia - 08/09/2008
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de pedir información para crear un censo de fusilados, enterrados en fosas comunes y desaparecidos de la represión franquista, ha sido interpretada como un espaldarazo por parte de las asociaciones para la recuperación de la memoria que operan en la Comunidad Valenciana y por las personas que todavía conservan alguna esperanza de localizar los restos de sus familiares. Con matices, todos aplauden una iniciativa que, además, algunos consideran que atenúa las "graves carencias" de la Ley de Memoria Histórica.
"El fenómeno de la fosa común es más importante en otras comunidades"
Portaceli, en Serra, Benagéber, Orihuela y Catarroja son sitios donde investigar
La Gavilla Verde, una asociación radicada en Santa Cruz de Moya (Cuenca), pero de ámbito estatal, ha solicitado poder exhumar los restos de 18 personas ejecutadas en 1947 por colaboración con los maquis y que están en fosas comunes de los cementerios de Benagéber y Albalat dels Tarongers. Para el presidente de este colectivo, Pedro Peinado, "el tema de los desaparecidos era una laguna de la ley, pero con el auto de Garzón se está impartiendo justicia. No se trata de perseguir a personas que ya habrán muerto en su mayoría como de reconocer que el Estado realizó ejecuciones masivas incluso años después de la guerra. Eso no debe quedar impune".
Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria, asegura que el movimiento en la Audiencia "está suponiendo un revulsivo". "Más allá de dónde se llegue, hay un colectivo de gente que está buscando a padres y abuelos y que por fin se sienten arropados y nos llaman porque han perdido el miedo y la vergüenza a hablar". Alonso añade que el tema de la memoria "es especial aquí porque tenemos unas autoridades autonómicas y municipales con una actitud muy hostil hacia nosotros", en referencia a la Generalitat y a los ayuntamientos de Valencia y Alicante, gobernados por el PP. Precisamente, el portavoz de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria, el escritor Enrique Cerdán Tato, cree también que se abren nuevas expectativas. "En el cementerio no se han hecho las exhumaciones y excavaciones necesarias y esta orden nos viene al pelo. Ahora no sólo podemos exigir a las autoridades competentes sino que existe un mandato judicial que nos respalda". Sin salir de la provincia, la Comisión para la Memoria Histórica de Orihuela y Callosa del Segura asegura que existen más de un centenar de fusilados desaparecidos en estas poblaciones.
Amparo Salvador, del Fòrum per la Memòria, argumenta que para documentar una persona desaparecida "se necesitan muchos datos y existe un problema grave con la documentación que se destruyó. Hay quien tiene mucha, como la Iglesia, y no quiere colaborar, de ahí la importancia que se pida desde un juzgado. Es un hecho sin precedentes". Salvador no atribuye el mérito a Garzón sino a "las asociaciones que han puesto las denuncias en la Audiencia Nacional para que se investigue si la violencia ejercida sobre la población civil es causa de genocidio".
El impulso de la Audiencia no significa que vaya a ser fácil la localización de desaparecidos. Entidades como la Comissió per la Veritat exigen una investigación a fondo en numerosos puntos, pero el historiador Ricard Camil Torres avanza que en la Comunidad Valenciana "el fenómeno de la fosa común no tiene tanta importancia como en otras comunidades por el hecho de ser territorio conquistado a última hora". Además de Albalat y Benagéber, de la fosa de Paterna y del controvertido caso del cementerio de Valencia, donde existen graves discrepancias sobre los muertos atribuibles directamente a la represión franquista, Torres apunta al campo de concentración de Portaceli, en Serra. Otros posibles casos se sitúan en Moncofa y Catarroja, pero Torres advierte que "como historiadores hemos de manejarnos con cautela". A la espera de más fosas, el resto de desaparecidos estarían desperdigados en cunetas y cementerios de toda la geografía española, lo que haría necesario "disponer de algún registro en todas las provincias". Y ni así sería sencillo. Detrás de todo esto están las vivencias concretas, como la de un nonagenario de Montesa, que no quiere ser identificado, a quien le gustaría encontrar a su padre, caído en Madrid. O de María José Albert, una vecina de Alcossebre que busca a su abuelo, Domingo Rubio, pero que no sabe "ni por dónde comenzar". De él conserva sus últimas cartas, datadas en los Pirineos. "Era un hombre sencillo de Borriol, casi un niño, que no entendía nada y que contaba que tenía mucho frío y que lo estaba pasando muy mal. Me da mucha pena que pueda caer en el olvido", cuenta.
La memoria recuperada
La iniciativa del juez Garzón moviliza a asociaciones y familiares de víctimas
XAVIER ALIAGA - Valencia - 08/09/2008
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de pedir información para crear un censo de fusilados, enterrados en fosas comunes y desaparecidos de la represión franquista, ha sido interpretada como un espaldarazo por parte de las asociaciones para la recuperación de la memoria que operan en la Comunidad Valenciana y por las personas que todavía conservan alguna esperanza de localizar los restos de sus familiares. Con matices, todos aplauden una iniciativa que, además, algunos consideran que atenúa las "graves carencias" de la Ley de Memoria Histórica.
"El fenómeno de la fosa común es más importante en otras comunidades"
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La Gavilla Verde, una asociación radicada en Santa Cruz de Moya (Cuenca), pero de ámbito estatal, ha solicitado poder exhumar los restos de 18 personas ejecutadas en 1947 por colaboración con los maquis y que están en fosas comunes de los cementerios de Benagéber y Albalat dels Tarongers. Para el presidente de este colectivo, Pedro Peinado, "el tema de los desaparecidos era una laguna de la ley, pero con el auto de Garzón se está impartiendo justicia. No se trata de perseguir a personas que ya habrán muerto en su mayoría como de reconocer que el Estado realizó ejecuciones masivas incluso años después de la guerra. Eso no debe quedar impune".
Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria, asegura que el movimiento en la Audiencia "está suponiendo un revulsivo". "Más allá de dónde se llegue, hay un colectivo de gente que está buscando a padres y abuelos y que por fin se sienten arropados y nos llaman porque han perdido el miedo y la vergüenza a hablar". Alonso añade que el tema de la memoria "es especial aquí porque tenemos unas autoridades autonómicas y municipales con una actitud muy hostil hacia nosotros", en referencia a la Generalitat y a los ayuntamientos de Valencia y Alicante, gobernados por el PP. Precisamente, el portavoz de la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria, el escritor Enrique Cerdán Tato, cree también que se abren nuevas expectativas. "En el cementerio no se han hecho las exhumaciones y excavaciones necesarias y esta orden nos viene al pelo. Ahora no sólo podemos exigir a las autoridades competentes sino que existe un mandato judicial que nos respalda". Sin salir de la provincia, la Comisión para la Memoria Histórica de Orihuela y Callosa del Segura asegura que existen más de un centenar de fusilados desaparecidos en estas poblaciones.
Amparo Salvador, del Fòrum per la Memòria, argumenta que para documentar una persona desaparecida "se necesitan muchos datos y existe un problema grave con la documentación que se destruyó. Hay quien tiene mucha, como la Iglesia, y no quiere colaborar, de ahí la importancia que se pida desde un juzgado. Es un hecho sin precedentes". Salvador no atribuye el mérito a Garzón sino a "las asociaciones que han puesto las denuncias en la Audiencia Nacional para que se investigue si la violencia ejercida sobre la población civil es causa de genocidio".
El impulso de la Audiencia no significa que vaya a ser fácil la localización de desaparecidos. Entidades como la Comissió per la Veritat exigen una investigación a fondo en numerosos puntos, pero el historiador Ricard Camil Torres avanza que en la Comunidad Valenciana "el fenómeno de la fosa común no tiene tanta importancia como en otras comunidades por el hecho de ser territorio conquistado a última hora". Además de Albalat y Benagéber, de la fosa de Paterna y del controvertido caso del cementerio de Valencia, donde existen graves discrepancias sobre los muertos atribuibles directamente a la represión franquista, Torres apunta al campo de concentración de Portaceli, en Serra. Otros posibles casos se sitúan en Moncofa y Catarroja, pero Torres advierte que "como historiadores hemos de manejarnos con cautela". A la espera de más fosas, el resto de desaparecidos estarían desperdigados en cunetas y cementerios de toda la geografía española, lo que haría necesario "disponer de algún registro en todas las provincias". Y ni así sería sencillo. Detrás de todo esto están las vivencias concretas, como la de un nonagenario de Montesa, que no quiere ser identificado, a quien le gustaría encontrar a su padre, caído en Madrid. O de María José Albert, una vecina de Alcossebre que busca a su abuelo, Domingo Rubio, pero que no sabe "ni por dónde comenzar". De él conserva sus últimas cartas, datadas en los Pirineos. "Era un hombre sencillo de Borriol, casi un niño, que no entendía nada y que contaba que tenía mucho frío y que lo estaba pasando muy mal. Me da mucha pena que pueda caer en el olvido", cuenta.
La justicia de los vencidos
Fuente: El País.
La justicia de los vencidos
JOSÉ YOLDI
Garzón busca desaparecidos de la guerra porque los delitos son permanentes mientras las víctimas no aparezcan.
Nunca hubo paz para los vencidos. Hubo dolor en los dos bandos, pero sólo uno fue el vencedor. Y los vencedores escribieron la historia y ajustaron cuentas. Ahora, los que defendieron la legalidad frente a los golpistas reclaman justicia.
El juez podría concluir que Franco cometió crímenes contra la Humanidad
El juez recaba una lista de la que se pueda inferir un plan de eliminación
La iniciativa de Garzón pidiendo datos a cuatro ministerios, a otros tantos ayuntamientos y a la Conferencia Episcopal sobre desaparecidos y fosas comunes de la época de la Guerra Civil y de la posguerra ha originado un gran revuelo. Y eso que todavía todo está en una fase muy preliminar, en la que, por medio de dos providencias, el juez trata de obtener información antes de pronunciarse sobre si es competente o no para investigar la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica por crímenes contra la Humanidad atribuidos al régimen del general Franco.
El PP, con Rajoy a la cabeza, reprocha a Garzón que quiera "reabrir las heridas del pasado", mientras las asociaciones judiciales le critican por considerar que la localización de víctimas y la apertura de fosas es una tarea que corresponde al Ejecutivo y que debe ser gestionada por la vía administrativa. Las invectivas se extienden a que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar genocidios o crímenes contra la Humanidad, salvo que se hayan cometido en el extranjero, y a que, como alegó el fiscal en el escrito en el que se oponía a la apertura del proceso, los posibles delitos cometidos están prescritos o amparados por la ley de Amnistía aprobada por las Cortes en 1977.
Varias de estas críticas tienen buena parte de razón, aunque, por el momento, Garzón está haciendo sus deberes.
Resulta que, por aplicación de la jurisdicción universal, con la bendición del Tribunal Supremo y el Constitucional, en la Audiencia Nacional existen procesos abiertos por genocidio o crímenes contra la Humanidad, terrorismo y torturas por hechos ocurridos en lugares tan dispares como Guatemala, China, Tíbet (dos causas), Palestina, Sáhara Occidental y Ruanda (a pesar de que hay un tribunal internacional para juzgar el genocidio en ese país). También se persigue a cuatro nazis por su participación en las matanzas en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y ya se han cerrado causas por las atrocidades cometidas en las dictaduras argentina y chilena.
Precisamente desde que, con la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, la justicia española se convirtió en el perseguidor de los genocidios en todo el mundo, los países implicados han criticado que no hiciera en casa lo que con tanto entusiasmo hace fuera.
La crítica no es del todo justa, porque lo cierto es que la Audiencia investigó y castigó los crímenes de Estado de los GAL de 1982 a 1986, pero otros atentados anteriores, como el asesinato del dirigente etarra José Miguel Beñarán, Argala -uno de los ideólogos de ETA, que murió en Anglet (Francia) en diciembre de 1978 por la explosión de una bomba en su vehículo cinco años después de que él hubiera activado el artefacto explosivo que hizo volar por los aires el coche en el que viajaba el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco-, nunca se persiguieron en España. Tampoco lo había sido la represión del régimen franquista. Hasta ahora.
Los juristas habrán advertido que Garzón reclama especialmente datos sobre desaparecidos. Es lógico, porque la legislación internacional sobre Derechos Humanos reconoce que las desapariciones forzosas constituyen un delito permanente mientras las víctimas continúen en paradero desconocido. Ésa es la base por la que actualmente el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, investiga la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, Pertur.
De las providencias de Garzón se deduce que el juez busca elaborar una lista de desaparecidos en toda España de la que se pudiera inferir la existencia de un plan sistemático para eliminar a los disidentes políticos, lo mismo que en 1976 hicieron los milicos argentinos y que sirvió para condenar en España al capitán de corbeta Adolfo Scilingo por crímenes contra la Humanidad.
Pero los desaparecidos son sólo el aspecto menos polémico del caso. En la represión que siguió a la guerra hubo otras conductas: torturas, asesinatos, incautaciones de bienes, adopciones por los vencedores de hijos de republicanos represaliados, o persecuciones políticas de profesores y otros trabajadores disidentes. Hoy en día esos actos constituirían delito de crímenes contra la Humanidad.
Pero, y esa es otra de las objeciones que se plantean, según la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España, nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Y los hechos a investigar ocurrieron a partir del 17 de julio de 1936, mientras que la mayoría de la legislación internacional sobre derechos humanos parte de los juicios de Nuremberg contra los jefes nazis, de 1945. Las ejecuciones y desapariciones de la Guerra Civil y la posguerra, al menos aparentemente, no podrían tipificarse como crímenes contra la Humanidad porque en 1936 no se llamaban así.
Sin embargo, expertos en Derecho Internacional sostienen que la persecución de Garzón sobre esos hechos estaría habilitada por la llamada "cláusula Martens", que forma parte de todos los convenios sobre conflictos armados desde que se incluyó en el preámbulo del II Convenio de La Haya de 1899 y que se consolidó en el Reglamento de La Haya de 1907, en el que se fundamentó la doctrina de Nuremberg. Esta cláusula, defendida por el delegado ruso Fiódor Martens en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, incorporaba el derecho consuetudinario a los tratados internacionales y establecía que los abusos de los vencedores sobre los prisioneros o sobre los vencidos debían ser interpretados conforme al derecho común y a los usos entre naciones civilizadas y a las leyes de la humanidad y a la conciencia pública; es decir, que eran constitutivos de delito.
De modo que esta cláusula permitiría la investigación y persecución de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra, por parte del bando nacional o del republicano. Se podría investigar el paradero de los desaparecidos, reabrir fosas comunes para identificar a las víctimas e investigar otros delitos. De confirmar los datos que figuran en las denuncias de las 13 asociaciones, y en el mejor de los casos, Garzón podría llegar a concluir que el general Franco y su régimen, tanto durante la Guerra Civil como en la posguerra, cometieron crímenes contra la Humanidad, aunque previsiblemente él debería, una vez establecida la existencia de delitos imprescriptibles, derivar los casos concretos a los jueces del lugar donde aparecieron los cadáveres o se cometieron los crímenes.
Los responsables de esos delitos, los generales que se alzaron en armas contra la República, están todos muertos, y no parece que se pretenda buscar la responsabilidad penal individual de nadie por algún crimen aislado. De forma que, se declare Garzón competente o no, el caso camina hacia el archivo en la vía penal.
Todavía hay más objeciones, porque la fiscalía de la Audiencia solicitó en su momento que no se admitieran las denuncias de las 13 asociaciones por entender que aunque los hechos eran constitutivos de delitos, éstos han prescrito y en todo caso les es de aplicación la Ley de Amnistía de 1977. Esta postura es diferente de la que la propia Fiscalía sostiene en el caso Pertur, en el que ha respaldado la investigación del juez Fernando Andreu, aunque la desaparición del etarra en Francia, ocurrida en junio de 1976, sea también anterior a la citada norma.
No obstante, la aplicación de la Ley de Amnistía también resulta controvertida, puesto que, como ha recordado el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, los tribunales internacionales de Derechos Humanos están declarando la falta de validez jurídica de las leyes de Amnistía aprobadas en diversos estados, como Perú, Chile o Argentina, por entender que afectan a derechos inderogables. Así ha ocurrido en los últimos años, por ejemplo, con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 anuló las leyes de amnistía de Perú en las sentencias del caso de la matanza de La Cantuta, y de Chile, en la del asesinato del comunista Luis Alfredo Almonacid. También la Corte Suprema de Argentina derogó las leyes de Obediencia Debida y de Punto final, que de hecho concedían la amnistía a los jefes militares responsables de la dictadura argentina entre 1976 y 1983.
Por si no fuera poco, como todo en derecho es opinable y dado que los razonamientos expuestos no son pacíficos, sino que cada uno tiene su propio punto de vista, es muy probable que la Sala de lo Penal de la Audiencia acabe tomando cartas en el asunto y ordene el archivo de las actuaciones por entender que no es competente para investigar genocidios o delitos contra la Humanidad cometidos en España.
De todas formas, los asuntos serios hay que tomarlos con calma y paciencia, porque en este asunto todavía estamos en los fotogramas de presentación de la película y todo el mundo, incluido el que esto escribe, se está pronunciando sobre si al final ganan los buenos.
___
La justicia de los vencidos
JOSÉ YOLDI
Garzón busca desaparecidos de la guerra porque los delitos son permanentes mientras las víctimas no aparezcan.
Nunca hubo paz para los vencidos. Hubo dolor en los dos bandos, pero sólo uno fue el vencedor. Y los vencedores escribieron la historia y ajustaron cuentas. Ahora, los que defendieron la legalidad frente a los golpistas reclaman justicia.
El juez podría concluir que Franco cometió crímenes contra la Humanidad
El juez recaba una lista de la que se pueda inferir un plan de eliminación
La iniciativa de Garzón pidiendo datos a cuatro ministerios, a otros tantos ayuntamientos y a la Conferencia Episcopal sobre desaparecidos y fosas comunes de la época de la Guerra Civil y de la posguerra ha originado un gran revuelo. Y eso que todavía todo está en una fase muy preliminar, en la que, por medio de dos providencias, el juez trata de obtener información antes de pronunciarse sobre si es competente o no para investigar la denuncia presentada por 13 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica por crímenes contra la Humanidad atribuidos al régimen del general Franco.
El PP, con Rajoy a la cabeza, reprocha a Garzón que quiera "reabrir las heridas del pasado", mientras las asociaciones judiciales le critican por considerar que la localización de víctimas y la apertura de fosas es una tarea que corresponde al Ejecutivo y que debe ser gestionada por la vía administrativa. Las invectivas se extienden a que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar genocidios o crímenes contra la Humanidad, salvo que se hayan cometido en el extranjero, y a que, como alegó el fiscal en el escrito en el que se oponía a la apertura del proceso, los posibles delitos cometidos están prescritos o amparados por la ley de Amnistía aprobada por las Cortes en 1977.
Varias de estas críticas tienen buena parte de razón, aunque, por el momento, Garzón está haciendo sus deberes.
Resulta que, por aplicación de la jurisdicción universal, con la bendición del Tribunal Supremo y el Constitucional, en la Audiencia Nacional existen procesos abiertos por genocidio o crímenes contra la Humanidad, terrorismo y torturas por hechos ocurridos en lugares tan dispares como Guatemala, China, Tíbet (dos causas), Palestina, Sáhara Occidental y Ruanda (a pesar de que hay un tribunal internacional para juzgar el genocidio en ese país). También se persigue a cuatro nazis por su participación en las matanzas en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, y ya se han cerrado causas por las atrocidades cometidas en las dictaduras argentina y chilena.
Precisamente desde que, con la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, la justicia española se convirtió en el perseguidor de los genocidios en todo el mundo, los países implicados han criticado que no hiciera en casa lo que con tanto entusiasmo hace fuera.
La crítica no es del todo justa, porque lo cierto es que la Audiencia investigó y castigó los crímenes de Estado de los GAL de 1982 a 1986, pero otros atentados anteriores, como el asesinato del dirigente etarra José Miguel Beñarán, Argala -uno de los ideólogos de ETA, que murió en Anglet (Francia) en diciembre de 1978 por la explosión de una bomba en su vehículo cinco años después de que él hubiera activado el artefacto explosivo que hizo volar por los aires el coche en el que viajaba el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco-, nunca se persiguieron en España. Tampoco lo había sido la represión del régimen franquista. Hasta ahora.
Los juristas habrán advertido que Garzón reclama especialmente datos sobre desaparecidos. Es lógico, porque la legislación internacional sobre Derechos Humanos reconoce que las desapariciones forzosas constituyen un delito permanente mientras las víctimas continúen en paradero desconocido. Ésa es la base por la que actualmente el juez Fernando Andreu, de la Audiencia Nacional, investiga la desaparición del dirigente de ETA Eduardo Moreno Bergareche, Pertur.
De las providencias de Garzón se deduce que el juez busca elaborar una lista de desaparecidos en toda España de la que se pudiera inferir la existencia de un plan sistemático para eliminar a los disidentes políticos, lo mismo que en 1976 hicieron los milicos argentinos y que sirvió para condenar en España al capitán de corbeta Adolfo Scilingo por crímenes contra la Humanidad.
Pero los desaparecidos son sólo el aspecto menos polémico del caso. En la represión que siguió a la guerra hubo otras conductas: torturas, asesinatos, incautaciones de bienes, adopciones por los vencedores de hijos de republicanos represaliados, o persecuciones políticas de profesores y otros trabajadores disidentes. Hoy en día esos actos constituirían delito de crímenes contra la Humanidad.
Pero, y esa es otra de las objeciones que se plantean, según la Constitución y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscrito por España, nadie puede ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Y los hechos a investigar ocurrieron a partir del 17 de julio de 1936, mientras que la mayoría de la legislación internacional sobre derechos humanos parte de los juicios de Nuremberg contra los jefes nazis, de 1945. Las ejecuciones y desapariciones de la Guerra Civil y la posguerra, al menos aparentemente, no podrían tipificarse como crímenes contra la Humanidad porque en 1936 no se llamaban así.
Sin embargo, expertos en Derecho Internacional sostienen que la persecución de Garzón sobre esos hechos estaría habilitada por la llamada "cláusula Martens", que forma parte de todos los convenios sobre conflictos armados desde que se incluyó en el preámbulo del II Convenio de La Haya de 1899 y que se consolidó en el Reglamento de La Haya de 1907, en el que se fundamentó la doctrina de Nuremberg. Esta cláusula, defendida por el delegado ruso Fiódor Martens en la Conferencia de la Paz de La Haya de 1899, incorporaba el derecho consuetudinario a los tratados internacionales y establecía que los abusos de los vencedores sobre los prisioneros o sobre los vencidos debían ser interpretados conforme al derecho común y a los usos entre naciones civilizadas y a las leyes de la humanidad y a la conciencia pública; es decir, que eran constitutivos de delito.
De modo que esta cláusula permitiría la investigación y persecución de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra, por parte del bando nacional o del republicano. Se podría investigar el paradero de los desaparecidos, reabrir fosas comunes para identificar a las víctimas e investigar otros delitos. De confirmar los datos que figuran en las denuncias de las 13 asociaciones, y en el mejor de los casos, Garzón podría llegar a concluir que el general Franco y su régimen, tanto durante la Guerra Civil como en la posguerra, cometieron crímenes contra la Humanidad, aunque previsiblemente él debería, una vez establecida la existencia de delitos imprescriptibles, derivar los casos concretos a los jueces del lugar donde aparecieron los cadáveres o se cometieron los crímenes.
Los responsables de esos delitos, los generales que se alzaron en armas contra la República, están todos muertos, y no parece que se pretenda buscar la responsabilidad penal individual de nadie por algún crimen aislado. De forma que, se declare Garzón competente o no, el caso camina hacia el archivo en la vía penal.
Todavía hay más objeciones, porque la fiscalía de la Audiencia solicitó en su momento que no se admitieran las denuncias de las 13 asociaciones por entender que aunque los hechos eran constitutivos de delitos, éstos han prescrito y en todo caso les es de aplicación la Ley de Amnistía de 1977. Esta postura es diferente de la que la propia Fiscalía sostiene en el caso Pertur, en el que ha respaldado la investigación del juez Fernando Andreu, aunque la desaparición del etarra en Francia, ocurrida en junio de 1976, sea también anterior a la citada norma.
No obstante, la aplicación de la Ley de Amnistía también resulta controvertida, puesto que, como ha recordado el magistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín, los tribunales internacionales de Derechos Humanos están declarando la falta de validez jurídica de las leyes de Amnistía aprobadas en diversos estados, como Perú, Chile o Argentina, por entender que afectan a derechos inderogables. Así ha ocurrido en los últimos años, por ejemplo, con los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2006 anuló las leyes de amnistía de Perú en las sentencias del caso de la matanza de La Cantuta, y de Chile, en la del asesinato del comunista Luis Alfredo Almonacid. También la Corte Suprema de Argentina derogó las leyes de Obediencia Debida y de Punto final, que de hecho concedían la amnistía a los jefes militares responsables de la dictadura argentina entre 1976 y 1983.
Por si no fuera poco, como todo en derecho es opinable y dado que los razonamientos expuestos no son pacíficos, sino que cada uno tiene su propio punto de vista, es muy probable que la Sala de lo Penal de la Audiencia acabe tomando cartas en el asunto y ordene el archivo de las actuaciones por entender que no es competente para investigar genocidios o delitos contra la Humanidad cometidos en España.
De todas formas, los asuntos serios hay que tomarlos con calma y paciencia, porque en este asunto todavía estamos en los fotogramas de presentación de la película y todo el mundo, incluido el que esto escribe, se está pronunciando sobre si al final ganan los buenos.
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Granada: La memoria contra el olvido
Fuente: El Ideal.
http://www.ideal.es/granada/20080907/granada/memoria-contra-olvido-20080907.html
GRANADA
La memoria contra el olvido
La Alpujarra concentra el mayor número de personas enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil. Testigos o depositarios de aquellos hechos aún mantienen vivo el recuerdo (Ideal.es, 07-09-2008)
JULIO de 1936. Un grupo armado recorre Torvizcón y, de casa en casa, arrancan a veinte vecinos. Nunca más los volvieron a ver. De allí los llevaron al barranco de El Carrizal, en Órgiva -hasta donde se desplazaban vecinos de Motril 'a matar' a cambio de una botella de anís-, les tiraron un tiro y los cubrieron con cal. Años más tarde, en unas obras de ensanche de la carretera, quedó al descubierto la fosa donde fueron enterrados y, según el testimonio oral que recogió el historiador Juan González Blasco del que fuera guardián de El Carrizal (ya fallecido), los huesos los trasladaron al paraje de Fuente de Mariano, a la entrada de Órgiva, junto a la primera y más antigua gasolinera de la Alpujarra.
Agosto de 1936. La guerra vive su mes más despiadado y sangriento. También el de mayor descontrol. En esta misma localidad detienen a Manuel Rueda, su hijo y otros tres hombres de nombre desconocido. El mismo procedimiento. Idéntica saña. Los llevan a un barranco -en esta ocasión al de Alcázar, también conocido por Ácula- cavan una fosa, los matan y sus cuerpos los cubren con tierra. Nada más se supo de ellos.
El destino sí propició que se tuvieran noticias certeras sobre las últimas horas que vivieron otras 25 personas de Torvizcón que el 14 de agosto fueron detenidas y, al día siguiente, transportadas, fusiladas y anónimamente enterradas en los Llanos de Contra, en el Valle de Lecrín. Aniceto Góngora Montero era uno de ellos. Tenía 20 años y, al igual que su familia y la mayoría de jóvenes de la localidad, leales republicanos. Una sobrina, Pilar Góngora Nocete, de 55 años, ha custodiado la memoria de su historia a través del recuerdo que le transmitió su padre, José Agustín, que murió en 2004 a los 80 años de edad.
Aquel 14 de agosto
La historia comienza -que no termina hasta que desentierren sus restos y el de sus compañeros y los depositen en el cementerio de su localidad natal- aquel 14 de agosto de 1936 cuando en la casa de José María y Francisca se presentó la Guardia Civil preguntando por Aniceto, uno de sus cinco hijos. Estaba en el campo recogiendo carbón y, con la ingenuidad de quienes tienen la conciencia limpia y creen que los demás también la tienen, mandaron a Agustín a buscarlo. Pero nada más llegar a la casa fue detenido. Ninguna explicación. Ninguna respuesta. «Mi padre tuvo siempre la pena de que él fue quien lo buscó», dice Pilar, aunque piensa que la muerte de su tío quizás no pudo evitarse. Iban a por su familia y otros cuantos más. Todos en una lista. Con nombres y apellidos. El abuelo de Pilar también estaba en ella pero tuvo más suerte. Huyó al campo, se escondió en un zarzal y oculto permaneció durante una semana hasta que el pueblo estuvo bajo control del ejército republicano. Fue entonces cuando la huida la emprendieron los instigadores de las 52 detenciones y ejecuciones de personas de izquierdas que hubo en Torvizcón, entre ellas, un médico llamado don Manuel y un pequeño grupo de adeptos a la sublevación franquista.
Sí. Huyeron, pero con ellos se llevaron a aquel grupo de 25 personas entre las que se encontraba Aniceto. Lo hicieron en el camión de un vecino de la localidad al que obligaron dirigirse al Valle de Lecrín. Allí, esperando, estaba la casualidad, ese no se sabe qué, que para unos se presenta como un haz esclarecedor y, para otros, como una guadaña.
Los han matado
Fabián conducía la carreta que transportaba a la abuela de Aniceto desde Granada hasta Torvizcón. Al salir de Lecrín, en los Llanos de Contra, se encontraron con un hombre al que rápidamente reconocieron: era un vecino del pueblo al que vieron llorando junto al camino. Preguntas y respuestas. Había salido despavorido al ver que quienes habían utilizado su camión eran verdugos que llevaban a sus víctimas «como borregos al matadero», afirma Pilar. Fabián se acercó a ver lo que pasaba. En un bancal estaba abierta una fosa. Los colocaron en fila y, uno a uno, fueron cayendo en aquella lejana tierra donde quedó sepultada su vida y, con ella, la del olvido colectivo.
No venganza. Sí justicia
A Pilar Góngora le es difícil olvidar las atrocidades de aquella guerra que su padres y abuelos les contaban a ella y a sus otros cinco hermanos. Recordar, por ejemplo, cuando su madre Ana -que en la contienda tenía unos 10 años- rememoraba el día que estaba guardando cabras en el barranco Verdevique (Cástaras), cerca del paraje Los Morenos, se escondió atemorizada al ver unos guardias civiles que comenzaron a matar a un grupo de unas diez personas, entre ellas, un niño de 14 años. Pero lo peor no fue lo que vio sino lo que oyó. Y oyó las palabras que aquel niño le dirigió a uno de sus verdugos:
-¿Me vas a matar que soy tu hijo?
Ana cerró los ojos y escuchó el disparo. En verdad era su hijo. Todo el mundo de la zona lo sabía. Se trataba de un hijo ilegítimo.
«Quienes perdimos algún familiar republicano en la guerra y no sabemos que pasó con ellos ni donde están enterrados, no buscamos venganza -¿de quién nos vámos a vengar?, se pregunta Pilar-. Lo único que reclamamos es que se reconozca que los mataron y que no murieron en su cama. Porque lo más sorprendente es que en el caso de mi tío Aniceto, como en el de otros muchos, nos hemos encontrado con que su partida de defunción existe pero, en ella, se especifica que la causa de su fallecimiento fue por muerte natural».
Alfonso Morón Carrión, de 79 años, es otro vecino de Torvizcón que era sólo un niño cuando estalló la guerra. Sus recuerdos son vagos excepto los que les tocó vivir a su familia cuando su padre fue víctima de una estafa -compró en Cádiar 20 ovejas y 20 borregos que habían sido robados- y pasó los tres años de la contienda en la cárcel de Baza, recogiendo esparto por las mañanas y haciendo enseres por la tarde en el patio de la prisión.
Poco más. No habla de fusilados, desaparecidos ni de fosas comunes. Al menos, no quiere hablar. Sí lo hace de muchas mujeres que vivían en cortijadas de Torvizcón y de otros pueblos cercanos a quienes, tras finalizar la guerra, les rapaban la cabeza para señalarlas como 'rojas' aunque en muchos casos lo que se escondía era una venganza de tipo amoroso no satisfecho.
Pilar también lo rememora porque en su familia se vivió de cerca este caso. «Una noche se presentaron en casa de mi tía Dolores -hermana de mi padre y de Aniceto- unos individuos para pelarla. En la vivienda sólo se encontraban ella, la abuela y tres hermanos. La abuela se opuso a que la puerta se abriera pero Dolores respondió:
-¿Cómo que no! Ahora mismo la abro. Tú coge la hoz --les dijo a sus hermanos- tú el rastrillo y tú el azadón, que yo cogeré el hacha».
Dolores abrió la puerta. Ninguno de aquellos espontáneos barberos se atrevió a traspasar el umbral.
Cárcel y represión
Y es que el coraje de muchas mujeres durante y después de la Guerra Civil aún la recuerdan muchos alpujarreños. A José Manuel Jiménez Antequera, de 54 años, se lo contaba su abuelo Antonio cuando él era un niño. Historias que le impactaban porque su generación era otra y le costaba trabajo comprender que a muchas mujeres las apresaran, desraizaran de sus casas y familias y se las llevaran a un cortijo de la zona -hoy habitado por extranjeros que readaptaron como prisión- donde, de vez en cuando, las sacaban en grupo para ser fusiladas.
-¿Ves el hueco que hay en ese montículo?, le decía Antonio a su nieto cada vez que pasaban por el camino que une la Contraviesa con Cádiar, donde acudían al mercado a vender animales, productos de la tierra o moler el trigo.
-Pues ahí, hay decenas de personas enterradas de los dos bandos, le comentaba.
Allí, en Los Cipreses
Antonio estaba en el bando nacional -como muchos lo siguen llamando- al igual que Manuel Galdeano Ortega, de 86 años, a quien cuando le preguntamos sobre la gran fosa común en el paraje donde José Manuel nos condujo, exclamó con los brazos en alto:
-¿Cómo no voy a conocerla si esa finca se llama Los Cipreses y era de mi padre!.
Manuel Galdeano ha regentado la Venta del Tarugo, que su padre compró en 1909, y que los republicanos utilizaron durante casi un año como cárcel de unos 70 presos «de derechas» que construyeron la carretera que va desde la Venta del Mediodía al Haza del Lino. Con una memoria privilegiada aún evoca aquella partida de quince vecinos de Albondón que fueron fusilados y enterrados en la zona. «Los llevaban atados de dos en dos con una cuerda en las muñecas. A Los Cipreces trajeron a siete, entre ellos un niño de 14 años que era el mozo del alcalde de Albondón y otro al que llamábamos 'Vida larga' porque logró cortar la cuerda, saltar del camión y huir a Málaga. Pero, ¿sabe? -dice Manuel-. Lo del mozo fue muy cruel. Cuando el alcalde entregó la lista de quienes había que fusilar, alguien le comentó:
-¿A éste también?
-A éste el primero, respondió la primera autoridad. Puede que sea el cordel de nuestra garganta el día de mañana.
Quienes murieron en Los Cipreses ni tan siquiera llegaron a ser sepultados. Fueron tres lugareños -Frasquito 'el del Pescaero', Francisco 'el Colorín' y Eulogio del cortijo Los Cósares- los que se encargaron de cubrirlos con tierra pues los animales estaban devorando sus cuerpos.
Y es que sus verdugos tenían prisa. Prisa por llevar a los restantes detenidos hasta el cortijo de El Castillejo, en Cástaras, para rematar su cometido. Allí, los colocaron en lo alto del muro de un puente y les fueron pegando un tiro para que directamente cayeran al vacío. A todos, menos a uno que aprovechando la confusión se tiró él mismo, se hizo el muerto y logró huir. Para los demás, nada de fosas y sepulturas. En este caso, el odio encontró de compañeros de viaje el desprecio por la vida y el olvido.
mvfernandez@ideal.es
http://www.ideal.es/granada/20080907/granada/memoria-contra-olvido-20080907.html
GRANADA
La memoria contra el olvido
La Alpujarra concentra el mayor número de personas enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil. Testigos o depositarios de aquellos hechos aún mantienen vivo el recuerdo (Ideal.es, 07-09-2008)
JULIO de 1936. Un grupo armado recorre Torvizcón y, de casa en casa, arrancan a veinte vecinos. Nunca más los volvieron a ver. De allí los llevaron al barranco de El Carrizal, en Órgiva -hasta donde se desplazaban vecinos de Motril 'a matar' a cambio de una botella de anís-, les tiraron un tiro y los cubrieron con cal. Años más tarde, en unas obras de ensanche de la carretera, quedó al descubierto la fosa donde fueron enterrados y, según el testimonio oral que recogió el historiador Juan González Blasco del que fuera guardián de El Carrizal (ya fallecido), los huesos los trasladaron al paraje de Fuente de Mariano, a la entrada de Órgiva, junto a la primera y más antigua gasolinera de la Alpujarra.
Agosto de 1936. La guerra vive su mes más despiadado y sangriento. También el de mayor descontrol. En esta misma localidad detienen a Manuel Rueda, su hijo y otros tres hombres de nombre desconocido. El mismo procedimiento. Idéntica saña. Los llevan a un barranco -en esta ocasión al de Alcázar, también conocido por Ácula- cavan una fosa, los matan y sus cuerpos los cubren con tierra. Nada más se supo de ellos.
El destino sí propició que se tuvieran noticias certeras sobre las últimas horas que vivieron otras 25 personas de Torvizcón que el 14 de agosto fueron detenidas y, al día siguiente, transportadas, fusiladas y anónimamente enterradas en los Llanos de Contra, en el Valle de Lecrín. Aniceto Góngora Montero era uno de ellos. Tenía 20 años y, al igual que su familia y la mayoría de jóvenes de la localidad, leales republicanos. Una sobrina, Pilar Góngora Nocete, de 55 años, ha custodiado la memoria de su historia a través del recuerdo que le transmitió su padre, José Agustín, que murió en 2004 a los 80 años de edad.
Aquel 14 de agosto
La historia comienza -que no termina hasta que desentierren sus restos y el de sus compañeros y los depositen en el cementerio de su localidad natal- aquel 14 de agosto de 1936 cuando en la casa de José María y Francisca se presentó la Guardia Civil preguntando por Aniceto, uno de sus cinco hijos. Estaba en el campo recogiendo carbón y, con la ingenuidad de quienes tienen la conciencia limpia y creen que los demás también la tienen, mandaron a Agustín a buscarlo. Pero nada más llegar a la casa fue detenido. Ninguna explicación. Ninguna respuesta. «Mi padre tuvo siempre la pena de que él fue quien lo buscó», dice Pilar, aunque piensa que la muerte de su tío quizás no pudo evitarse. Iban a por su familia y otros cuantos más. Todos en una lista. Con nombres y apellidos. El abuelo de Pilar también estaba en ella pero tuvo más suerte. Huyó al campo, se escondió en un zarzal y oculto permaneció durante una semana hasta que el pueblo estuvo bajo control del ejército republicano. Fue entonces cuando la huida la emprendieron los instigadores de las 52 detenciones y ejecuciones de personas de izquierdas que hubo en Torvizcón, entre ellas, un médico llamado don Manuel y un pequeño grupo de adeptos a la sublevación franquista.
Sí. Huyeron, pero con ellos se llevaron a aquel grupo de 25 personas entre las que se encontraba Aniceto. Lo hicieron en el camión de un vecino de la localidad al que obligaron dirigirse al Valle de Lecrín. Allí, esperando, estaba la casualidad, ese no se sabe qué, que para unos se presenta como un haz esclarecedor y, para otros, como una guadaña.
Los han matado
Fabián conducía la carreta que transportaba a la abuela de Aniceto desde Granada hasta Torvizcón. Al salir de Lecrín, en los Llanos de Contra, se encontraron con un hombre al que rápidamente reconocieron: era un vecino del pueblo al que vieron llorando junto al camino. Preguntas y respuestas. Había salido despavorido al ver que quienes habían utilizado su camión eran verdugos que llevaban a sus víctimas «como borregos al matadero», afirma Pilar. Fabián se acercó a ver lo que pasaba. En un bancal estaba abierta una fosa. Los colocaron en fila y, uno a uno, fueron cayendo en aquella lejana tierra donde quedó sepultada su vida y, con ella, la del olvido colectivo.
No venganza. Sí justicia
A Pilar Góngora le es difícil olvidar las atrocidades de aquella guerra que su padres y abuelos les contaban a ella y a sus otros cinco hermanos. Recordar, por ejemplo, cuando su madre Ana -que en la contienda tenía unos 10 años- rememoraba el día que estaba guardando cabras en el barranco Verdevique (Cástaras), cerca del paraje Los Morenos, se escondió atemorizada al ver unos guardias civiles que comenzaron a matar a un grupo de unas diez personas, entre ellas, un niño de 14 años. Pero lo peor no fue lo que vio sino lo que oyó. Y oyó las palabras que aquel niño le dirigió a uno de sus verdugos:
-¿Me vas a matar que soy tu hijo?
Ana cerró los ojos y escuchó el disparo. En verdad era su hijo. Todo el mundo de la zona lo sabía. Se trataba de un hijo ilegítimo.
«Quienes perdimos algún familiar republicano en la guerra y no sabemos que pasó con ellos ni donde están enterrados, no buscamos venganza -¿de quién nos vámos a vengar?, se pregunta Pilar-. Lo único que reclamamos es que se reconozca que los mataron y que no murieron en su cama. Porque lo más sorprendente es que en el caso de mi tío Aniceto, como en el de otros muchos, nos hemos encontrado con que su partida de defunción existe pero, en ella, se especifica que la causa de su fallecimiento fue por muerte natural».
Alfonso Morón Carrión, de 79 años, es otro vecino de Torvizcón que era sólo un niño cuando estalló la guerra. Sus recuerdos son vagos excepto los que les tocó vivir a su familia cuando su padre fue víctima de una estafa -compró en Cádiar 20 ovejas y 20 borregos que habían sido robados- y pasó los tres años de la contienda en la cárcel de Baza, recogiendo esparto por las mañanas y haciendo enseres por la tarde en el patio de la prisión.
Poco más. No habla de fusilados, desaparecidos ni de fosas comunes. Al menos, no quiere hablar. Sí lo hace de muchas mujeres que vivían en cortijadas de Torvizcón y de otros pueblos cercanos a quienes, tras finalizar la guerra, les rapaban la cabeza para señalarlas como 'rojas' aunque en muchos casos lo que se escondía era una venganza de tipo amoroso no satisfecho.
Pilar también lo rememora porque en su familia se vivió de cerca este caso. «Una noche se presentaron en casa de mi tía Dolores -hermana de mi padre y de Aniceto- unos individuos para pelarla. En la vivienda sólo se encontraban ella, la abuela y tres hermanos. La abuela se opuso a que la puerta se abriera pero Dolores respondió:
-¿Cómo que no! Ahora mismo la abro. Tú coge la hoz --les dijo a sus hermanos- tú el rastrillo y tú el azadón, que yo cogeré el hacha».
Dolores abrió la puerta. Ninguno de aquellos espontáneos barberos se atrevió a traspasar el umbral.
Cárcel y represión
Y es que el coraje de muchas mujeres durante y después de la Guerra Civil aún la recuerdan muchos alpujarreños. A José Manuel Jiménez Antequera, de 54 años, se lo contaba su abuelo Antonio cuando él era un niño. Historias que le impactaban porque su generación era otra y le costaba trabajo comprender que a muchas mujeres las apresaran, desraizaran de sus casas y familias y se las llevaran a un cortijo de la zona -hoy habitado por extranjeros que readaptaron como prisión- donde, de vez en cuando, las sacaban en grupo para ser fusiladas.
-¿Ves el hueco que hay en ese montículo?, le decía Antonio a su nieto cada vez que pasaban por el camino que une la Contraviesa con Cádiar, donde acudían al mercado a vender animales, productos de la tierra o moler el trigo.
-Pues ahí, hay decenas de personas enterradas de los dos bandos, le comentaba.
Allí, en Los Cipreses
Antonio estaba en el bando nacional -como muchos lo siguen llamando- al igual que Manuel Galdeano Ortega, de 86 años, a quien cuando le preguntamos sobre la gran fosa común en el paraje donde José Manuel nos condujo, exclamó con los brazos en alto:
-¿Cómo no voy a conocerla si esa finca se llama Los Cipreses y era de mi padre!.
Manuel Galdeano ha regentado la Venta del Tarugo, que su padre compró en 1909, y que los republicanos utilizaron durante casi un año como cárcel de unos 70 presos «de derechas» que construyeron la carretera que va desde la Venta del Mediodía al Haza del Lino. Con una memoria privilegiada aún evoca aquella partida de quince vecinos de Albondón que fueron fusilados y enterrados en la zona. «Los llevaban atados de dos en dos con una cuerda en las muñecas. A Los Cipreces trajeron a siete, entre ellos un niño de 14 años que era el mozo del alcalde de Albondón y otro al que llamábamos 'Vida larga' porque logró cortar la cuerda, saltar del camión y huir a Málaga. Pero, ¿sabe? -dice Manuel-. Lo del mozo fue muy cruel. Cuando el alcalde entregó la lista de quienes había que fusilar, alguien le comentó:
-¿A éste también?
-A éste el primero, respondió la primera autoridad. Puede que sea el cordel de nuestra garganta el día de mañana.
Quienes murieron en Los Cipreses ni tan siquiera llegaron a ser sepultados. Fueron tres lugareños -Frasquito 'el del Pescaero', Francisco 'el Colorín' y Eulogio del cortijo Los Cósares- los que se encargaron de cubrirlos con tierra pues los animales estaban devorando sus cuerpos.
Y es que sus verdugos tenían prisa. Prisa por llevar a los restantes detenidos hasta el cortijo de El Castillejo, en Cástaras, para rematar su cometido. Allí, los colocaron en lo alto del muro de un puente y les fueron pegando un tiro para que directamente cayeran al vacío. A todos, menos a uno que aprovechando la confusión se tiró él mismo, se hizo el muerto y logró huir. Para los demás, nada de fosas y sepulturas. En este caso, el odio encontró de compañeros de viaje el desprecio por la vida y el olvido.
mvfernandez@ideal.es
El listado de fusilados y desaparecidos en la Guerra asciende a 1.100 personas en Gipuzkoa
Fuente: Noticias de Guipúzcoa.
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/09/06/sociedad/gipuzkoa/d06gip6.1237677.php
El listado de fusilados y desaparecidos en la Guerra asciende a 1.100 personas en Gipuzkoa
todas ellas compondrían el censo que pretende elaborar el juez baltasar garzón
Tanto Aranzadi como el colectivo Ahaztuak creen que la medida cubre un vacío judicial histórico en este ámbito
miguel cifuentes donostia.
Más de 2.500 personas desaparecidas en la CAV, 1.100 de ellas en Gipuzkoa. Ésas son, según datos facilitados por Aranzadi, las cifras que dejó la Guerra Civil en forma de asesinatos cometidos "irregularmente", es decir, fuera de una acción de combate. Fusilados en su mayor parte después de ser detenidos y encarcelados tras el alzamiento militar de 1936, todos ellos componen el listado de víctimas no oficiales, de los muertos sin nombre que dejó la represión de esos años.
El paso del tiempo y la labor de familiares e investigadores ha permitido localizar los restos de muchos de ellos. Otros, en cambio, siguen sin tener un lugar de descanso. Las dificultades y el oscurantismo han marcado, hasta la fecha, el descubrimiento de un camino que no por desconocido ha dejado de recorrerse. Al menos, así lo aseguran muchos de quienes se han sumergido en ese proceso. Convencidos de ello, y de que la justicia les asiste, varias familias han recurrido a ese poder judicial para reclamar, cuando menos, el reconocimiento de los hechos.
La solicitud realizada a principios de esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para recabar información con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes ha supuesto un antes y un después. "Es positiva, sobre todo, porque refuerza lo que reclamaban muchas familias. Cada paso que se da es un avance", asegura Paco Etxeberria, director de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha exhumado desde el año 2000 restos de más de 300 víctimas de la Guerra Civil.
Etxeberria recuerda que "a cualquier víctima" le asisten unos derechos y sostiene que, en este caso, uno de ellos no se está cumpliendo. "Existen tres pilares: el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. ¿Qué está ocurriendo con la intervención de Garzón? Que se ha puesto en marcha, quizás, el pilar de esos tres que hasta el presente no funcionaba, el de la justicia. El conocimiento de la verdad se desarrolla a base de colaboraciones, del trabajo de universitarios y académicos, del impulso político... y el de la reparación se lleva a cabo con actos de reconocimiento público, publicaciones u homenajes. Faltaba el de la justicia", señala.
Así, aunque reconoce no saber "cómo evolucionará" esa solicitud, sí cree que servirá, al menos, para otorgar una mayor tutela, garantía y coordinación en la investigación de los hechos. Para que, entre otras cosas, la Policía Judicial pueda ir a un archivo eclesiástico y, si se niega a facilitar información, presentar una orden.
sin rastro de algunos En su opinión, Garzón pretende acreditar tres cosas. "Primero, que aquellas desapariciones fueron generalizadas en toda España. Segundo, que fueron muertes violentas, verdaderos crímenes. Y tercero, que hasta ahora, en 70 años, a esas víctimas nadie les ha hecho caso. Hay ejemplos de personas a las que ni siquiera se les inscribió en el registro civil, de las que no había documento oficial que acreditara su muerte", apunta.
Agrega, además, que lo que ha hecho el magistrado no está muy lejos de lo que dice la Ley de la Memoria Histórica, que los archivos se tienen que hacer públicos a todos cuantos necesiten información para aclarar estos temas. "No puede haber un archivo que te escatime información. No sólo los de Salamanca, sino los de las instituciones penitenciarias o los de la Policía. Y no me extraña que haya dado órdenes para que se vaya a algunos ayuntamientos que no estaban facilitando información o a la Iglesia, al Valle de los Caídos, desde donde no se estaba queriendo ofrecer esa información", opina.
En relación a los listados de víctimas, asegura que en la actualidad existen algunos "muy aproximados" en cada provincia, gracias en buena parte a la labor realizada por académicos, historiadores y gente del ámbito universitario. "Ahora Garzón quiere recogerlos todos", comenta.
A juicio de Marcelo Álvarez, portavoz del colectivo Ahaztuak 1936-1977, que trabaja para recuperar la memoria de todas esas víctimas, la decisión del magistrado "deja en evidencia el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo". "Estos hechos muestran que el compromiso de tantas personas está dando sus frutos, que no sólo hemos conseguido mantener el debate sobre la denuncia política del franquismo y sus consecuencias, sino que cada vez es más evidente la necesidad de seguir reivindicando la memoria de todos los represaliados como una herramienta democrática de presente y futuro", afirma.
___
"Ya es hora de que se sepa la verdad"
Una vida entera de sufrimiento callado, de no saber el paradero de un familiar que un día desapareció sin que se dejara rastro de ello. Siete décadas después, muchos son los que claman para que se saque a la luz la verdad de todo aquello
"buscar la verdad es un objetivo legítimo y necesario si se quiere administrar algo de justicia, aunque a veces no logremos obtener ni siquiera un trozo de esa verdad". Son palabras de Paco Etxeberria, director del Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, durante el discurso que realizó con motivo de la recepción, hace ahora dos años, del Premio Gipuzkoa Derechos Humanos. Dedicó el galardón "a las víctimas olvidadas" y tuvo una mención especial para una de las familiares de esas víctimas presente en el evento, María Ángeles Ibáñez.
Esta donostiarra de 72 años perdió a su padre, Agustín Ibáñez, el 7 de noviembre de 1936. Era uno de los trabajadores de la Fábrica de Gas que recientemente han sido identificados por Aranzadi, con la colaboración de la asociación Katin-Txiki, en la fosa de Iragorri, en Oiartzun. "Se llevaron a la cárcel de Ondarreta a los cinco que estaban realizando el turno en aquel momento. Dos días después, el 9 de noviembre, los sacaron a dar el paseo . Nosotros, mi madre, mis dos hermanos y yo, estábamos por aquel entonces en Bilbao y nos enteramos a través de una vecina de Donostia", recuerda, mientras extiende sobre la mesa del salón de su casa todos los recuerdos y documentos que guarda de su padre. Desde entonces, asegura, su madre no fue la misma. "Se apagó".
Con el paso de los años, María Ángeles decidió indagar entre los objetos que guardaba su madre y comprobó que ella no mentía cuando decía que le habían fusilado. Entonces siguió adelante. Ahora, tras contactar con Aranzadi y localizar los restos de su padre, sabe que el camino iniciado era el correcto. "No es una cuestión de odio, sino simplemente de justicia. Es hora de que se sepa la verdad, de que la gente que está en una situación como la mía empiece a hablar. En aquella época nos enseñaron a callar. Ahora hay que hablar", asegura, mientras confía en que la solicitud realizada esta misma semana por Garzón para recabar información no se quede en saco roto.
El dolor de no saber en décadas cuál fue el destino final de un familiar tras la Guerra Civil y la posterior represión fue y es compartido por otras muchas personas en Euskadi. Belén Larrea, de 42 años y natural de Bilbao, tuvo conocimiento hace dos años, gracias a la mediación del colectivo Ahaztuak 1936-1977, de la localización de los restos de su abuelo, Emiliano Vian, en un pequeño pueblo de Palencia. "Mi madre se murió sin saber dónde había sido enterrado. No hay derecho", lamenta.
la tragedia de no saber nada
"Es inhumano"
Belén confía, por ello, en que la solicitud de Garzón sirva para avanzar en el esclarecimiento de lo que sucedió. "Ya era hora. Ocurrieron verdaderas barbaridades y no ha habido justicia. Hay quien aún no sabe dónde están sus familiares. Es inhumano. Las heridas se cerrarán cuando haya justicia, y la justicia llegará cuando haya verdad", opina.
"Seguimos teniendo la esperanza de saber dónde está. Confiamos en que, por algún lado, aparezca algo que nos lleve hasta él", reconoce, por su parte, Imanol Rodríguez, sobre la desaparición de su tío-abuelo Jesús Basauri, en la localidad vizcaína de Berango. Tras ser apresado por soldados italianos, se le perdió la pista un día en el que fue llevado hasta el Ayuntamiento a realizar algún papeleo. "Un vecino nos dijo que se lo habían llevado en dirección a Algorta, pero no supimos nada más. También dijeron que lo habían visto en el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, pero nunca se ha llegado a acreditar", señala.
Sin salir de ese territorio, Juan Rasines, de Barakaldo, e Iñaki García, de Galdakao, aportan otros testimonios sobre la misma tragedia. Mi padre estuvo varios meses en la cárcel de Santoña. Después de un falso juicio, fue condenado a muerte y fusilado. Un día fui con mi madre a llevarle comida y ropa a la prisión y nos dijeron que ya no le hacía falta", recuerda el primero, que hace no demasiado decidió contactar también con Ahaztuak 1936-1977 para tratar de localizar a su padre, del que supo que se encontraba enterrado en un cementerio cántabro.
"Nos dijeron que mi tío se había ahogado tras saltar al agua en alta mar, pero no me lo creía. Siempre tuvimos la duda", afirma el segundo, que finalmente ha podido saber que este familiar descansa en el mismo cementerio que Rasines.ç
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2008/09/06/sociedad/gipuzkoa/d06gip6.1237677.php
El listado de fusilados y desaparecidos en la Guerra asciende a 1.100 personas en Gipuzkoa
todas ellas compondrían el censo que pretende elaborar el juez baltasar garzón
Tanto Aranzadi como el colectivo Ahaztuak creen que la medida cubre un vacío judicial histórico en este ámbito
miguel cifuentes donostia.
Más de 2.500 personas desaparecidas en la CAV, 1.100 de ellas en Gipuzkoa. Ésas son, según datos facilitados por Aranzadi, las cifras que dejó la Guerra Civil en forma de asesinatos cometidos "irregularmente", es decir, fuera de una acción de combate. Fusilados en su mayor parte después de ser detenidos y encarcelados tras el alzamiento militar de 1936, todos ellos componen el listado de víctimas no oficiales, de los muertos sin nombre que dejó la represión de esos años.
El paso del tiempo y la labor de familiares e investigadores ha permitido localizar los restos de muchos de ellos. Otros, en cambio, siguen sin tener un lugar de descanso. Las dificultades y el oscurantismo han marcado, hasta la fecha, el descubrimiento de un camino que no por desconocido ha dejado de recorrerse. Al menos, así lo aseguran muchos de quienes se han sumergido en ese proceso. Convencidos de ello, y de que la justicia les asiste, varias familias han recurrido a ese poder judicial para reclamar, cuando menos, el reconocimiento de los hechos.
La solicitud realizada a principios de esta semana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para recabar información con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes ha supuesto un antes y un después. "Es positiva, sobre todo, porque refuerza lo que reclamaban muchas familias. Cada paso que se da es un avance", asegura Paco Etxeberria, director de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que ha exhumado desde el año 2000 restos de más de 300 víctimas de la Guerra Civil.
Etxeberria recuerda que "a cualquier víctima" le asisten unos derechos y sostiene que, en este caso, uno de ellos no se está cumpliendo. "Existen tres pilares: el derecho a conocer la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación. ¿Qué está ocurriendo con la intervención de Garzón? Que se ha puesto en marcha, quizás, el pilar de esos tres que hasta el presente no funcionaba, el de la justicia. El conocimiento de la verdad se desarrolla a base de colaboraciones, del trabajo de universitarios y académicos, del impulso político... y el de la reparación se lleva a cabo con actos de reconocimiento público, publicaciones u homenajes. Faltaba el de la justicia", señala.
Así, aunque reconoce no saber "cómo evolucionará" esa solicitud, sí cree que servirá, al menos, para otorgar una mayor tutela, garantía y coordinación en la investigación de los hechos. Para que, entre otras cosas, la Policía Judicial pueda ir a un archivo eclesiástico y, si se niega a facilitar información, presentar una orden.
sin rastro de algunos En su opinión, Garzón pretende acreditar tres cosas. "Primero, que aquellas desapariciones fueron generalizadas en toda España. Segundo, que fueron muertes violentas, verdaderos crímenes. Y tercero, que hasta ahora, en 70 años, a esas víctimas nadie les ha hecho caso. Hay ejemplos de personas a las que ni siquiera se les inscribió en el registro civil, de las que no había documento oficial que acreditara su muerte", apunta.
Agrega, además, que lo que ha hecho el magistrado no está muy lejos de lo que dice la Ley de la Memoria Histórica, que los archivos se tienen que hacer públicos a todos cuantos necesiten información para aclarar estos temas. "No puede haber un archivo que te escatime información. No sólo los de Salamanca, sino los de las instituciones penitenciarias o los de la Policía. Y no me extraña que haya dado órdenes para que se vaya a algunos ayuntamientos que no estaban facilitando información o a la Iglesia, al Valle de los Caídos, desde donde no se estaba queriendo ofrecer esa información", opina.
En relación a los listados de víctimas, asegura que en la actualidad existen algunos "muy aproximados" en cada provincia, gracias en buena parte a la labor realizada por académicos, historiadores y gente del ámbito universitario. "Ahora Garzón quiere recogerlos todos", comenta.
A juicio de Marcelo Álvarez, portavoz del colectivo Ahaztuak 1936-1977, que trabaja para recuperar la memoria de todas esas víctimas, la decisión del magistrado "deja en evidencia el vacío existente hasta hoy día en el Estado español en lo que respecta a cauces y medidas reales para la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo". "Estos hechos muestran que el compromiso de tantas personas está dando sus frutos, que no sólo hemos conseguido mantener el debate sobre la denuncia política del franquismo y sus consecuencias, sino que cada vez es más evidente la necesidad de seguir reivindicando la memoria de todos los represaliados como una herramienta democrática de presente y futuro", afirma.
___
"Ya es hora de que se sepa la verdad"
Una vida entera de sufrimiento callado, de no saber el paradero de un familiar que un día desapareció sin que se dejara rastro de ello. Siete décadas después, muchos son los que claman para que se saque a la luz la verdad de todo aquello
"buscar la verdad es un objetivo legítimo y necesario si se quiere administrar algo de justicia, aunque a veces no logremos obtener ni siquiera un trozo de esa verdad". Son palabras de Paco Etxeberria, director del Departamento de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, durante el discurso que realizó con motivo de la recepción, hace ahora dos años, del Premio Gipuzkoa Derechos Humanos. Dedicó el galardón "a las víctimas olvidadas" y tuvo una mención especial para una de las familiares de esas víctimas presente en el evento, María Ángeles Ibáñez.
Esta donostiarra de 72 años perdió a su padre, Agustín Ibáñez, el 7 de noviembre de 1936. Era uno de los trabajadores de la Fábrica de Gas que recientemente han sido identificados por Aranzadi, con la colaboración de la asociación Katin-Txiki, en la fosa de Iragorri, en Oiartzun. "Se llevaron a la cárcel de Ondarreta a los cinco que estaban realizando el turno en aquel momento. Dos días después, el 9 de noviembre, los sacaron a dar el paseo . Nosotros, mi madre, mis dos hermanos y yo, estábamos por aquel entonces en Bilbao y nos enteramos a través de una vecina de Donostia", recuerda, mientras extiende sobre la mesa del salón de su casa todos los recuerdos y documentos que guarda de su padre. Desde entonces, asegura, su madre no fue la misma. "Se apagó".
Con el paso de los años, María Ángeles decidió indagar entre los objetos que guardaba su madre y comprobó que ella no mentía cuando decía que le habían fusilado. Entonces siguió adelante. Ahora, tras contactar con Aranzadi y localizar los restos de su padre, sabe que el camino iniciado era el correcto. "No es una cuestión de odio, sino simplemente de justicia. Es hora de que se sepa la verdad, de que la gente que está en una situación como la mía empiece a hablar. En aquella época nos enseñaron a callar. Ahora hay que hablar", asegura, mientras confía en que la solicitud realizada esta misma semana por Garzón para recabar información no se quede en saco roto.
El dolor de no saber en décadas cuál fue el destino final de un familiar tras la Guerra Civil y la posterior represión fue y es compartido por otras muchas personas en Euskadi. Belén Larrea, de 42 años y natural de Bilbao, tuvo conocimiento hace dos años, gracias a la mediación del colectivo Ahaztuak 1936-1977, de la localización de los restos de su abuelo, Emiliano Vian, en un pequeño pueblo de Palencia. "Mi madre se murió sin saber dónde había sido enterrado. No hay derecho", lamenta.
la tragedia de no saber nada
"Es inhumano"
Belén confía, por ello, en que la solicitud de Garzón sirva para avanzar en el esclarecimiento de lo que sucedió. "Ya era hora. Ocurrieron verdaderas barbaridades y no ha habido justicia. Hay quien aún no sabe dónde están sus familiares. Es inhumano. Las heridas se cerrarán cuando haya justicia, y la justicia llegará cuando haya verdad", opina.
"Seguimos teniendo la esperanza de saber dónde está. Confiamos en que, por algún lado, aparezca algo que nos lleve hasta él", reconoce, por su parte, Imanol Rodríguez, sobre la desaparición de su tío-abuelo Jesús Basauri, en la localidad vizcaína de Berango. Tras ser apresado por soldados italianos, se le perdió la pista un día en el que fue llevado hasta el Ayuntamiento a realizar algún papeleo. "Un vecino nos dijo que se lo habían llevado en dirección a Algorta, pero no supimos nada más. También dijeron que lo habían visto en el fuerte de San Cristóbal, en Pamplona, pero nunca se ha llegado a acreditar", señala.
Sin salir de ese territorio, Juan Rasines, de Barakaldo, e Iñaki García, de Galdakao, aportan otros testimonios sobre la misma tragedia. Mi padre estuvo varios meses en la cárcel de Santoña. Después de un falso juicio, fue condenado a muerte y fusilado. Un día fui con mi madre a llevarle comida y ropa a la prisión y nos dijeron que ya no le hacía falta", recuerda el primero, que hace no demasiado decidió contactar también con Ahaztuak 1936-1977 para tratar de localizar a su padre, del que supo que se encontraba enterrado en un cementerio cántabro.
"Nos dijeron que mi tío se había ahogado tras saltar al agua en alta mar, pero no me lo creía. Siempre tuvimos la duda", afirma el segundo, que finalmente ha podido saber que este familiar descansa en el mismo cementerio que Rasines.ç
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