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Memoria.- La Xunta coordinará la exhumación de fosas de la Guerra ...
Memoria.- La Xunta coordinará la exhumación de fosas de la Guerra Civil en una acto de "justicia"
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El Imelga y el Instituto de Medicina Legal de la USC realizarán "con honor" los análisis forenses y genéticos
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consellería de Cultura coordinará las labores de localización e identificación de restos humanos de las personas desaparecidas por la represión franquista durante la Guerra Civil y de las que se desconoce su paradero en un acto de "justicia" con los familiares y las víctimas.
En rueda de prensa en la que estuvieron los responsables del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) y del Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago de Compostela (Imlus), y el rector de la institución académica, Senén Barro, la responsable del departamento autonómico explicó que las tareas se desarrollarán en los casos en que los familiares o las asociaciones que los representen "lo soliciten".
A este respecto, precisó que, al tratarse de fosas comunes, hay que "ponderar" las decisiones de los familiares de las personas enterradas para poder exhumar los cadáveres, tal y como establecen los distintos protocolos, incluidos los de la ONU. De este modo, tramitará las peticiones para la apertura de fosas y la identificación de los cadáveres, amparándose en la Ley 52/2007 de Memoria Histórica.
Todo el proceso estará enmarcado en este texto legal, que fija que los descendientes directos de las víctimas o las entidades que actúen en su nombre son los que pueden reclamar la recuperación de los restos soterrados en fosas.
Por su parte, los dos institutos de Medicina Legal realizarán funciones "complementarias" para la identificación de los restos encontrados. Así, el Imelga desarrollará un labor forense, mientras que la institución dependiente de la USC hará los análisis genéticos, para los que precisará la colaboración de los familiares.
Ánxela Bugallo resaltó la acción "generosa" de ambos institutos para ejecutar esta iniciativa, ya que ambas permiten "que sea una realidad" y "dar un paso más" en la recuperación de la memoria. Asimismo, mostró su "satisfacción" por que las "instituciones públicas asuman lo que hasta ahora tenía que hacer la sociedad civil", y apuntó que constituye un avance para cumplir con lo que "reclamaba" la ciudadanía.
CON "HONOR"
En el acto público también participó el director del Imelga, Benito López de Abajo, y la secretaria del Instituto de Medicina Legal de la Universidade de Santiago (Imlus), Victoria Lareu, quienes subrayaron que su participación supone "un honor" para las instituciones que representan.
Benito López de Abajo apuntó que este trabajo significa una "muestra" de que "se están cumpliendo los objetivos" del instituto. Además, advirtió de que será una tarea "lenta" por sus características, aunque avisó de que "nadie tenga duda de que se llegará al final".
Por su parte, la secretaria del Imlus expresó su "agradecimiento" por participar de un proyecto "muy importante" y garantizó que se pondrán "todos los medios técnicos y personales" disponibles para trabajar. "Al cien por cien", apostilló.
Al hilo de esta cuestión, el rector de la USC, Senén Barro, aprovechó para destacar que la institución académica "tiene como misión poner el conocimiento al servicio de la sociedad gallega" y ve una muestra de ello la firma del convenio de colaboración. Además, citó otras colaboraciones de la USC como en el análisis genético del hijo de Enmanuel, el hijo de Clara Rojas --rehén de las FARC que dio a luz en cautiverio--.
TRABAJO LENTO
Los expertos coincidieron en que el trabajo será "lento" debido a las autorizaciones de las que se debe disponer, sobre lo que Ánxela Bugallo matizó que se deberán "priorizar" las solicitudes en función de lo que los asesores determinen. Aunque el plazo para reclamar la exhumación todavía no está abierto oficialmente, se pueden realizar las peticiones "en cualquier momento" en la consellería.
En este momento, están identificadas 26 fosas en Galicia, cuyas características son "peculiares" frente a las demás del Estado. El director del proyecto explicó que, tras el análisis de cuatro, las fosas en Galicia están dispersas y acumulan un número de cadáveres menor que en otros lugares.
La apertura de las fosas estará a cargo de equipos profesionales arqueológicos, con métodos científicos y respetando los procesos arqueológicos marcados por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la consellería. Este equipo, formado por tres investigadores, es el autor del mapa actual de fosas.
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viernes, 7 de noviembre de 2008
domingo, 12 de octubre de 2008
El PPdeG apoya por primera vez la supresión de símbolos franquistas
El PPdeG apoya por primera vez la supresión de símbolos franquistas La Voz de Galicia -
El debate del estado de la autonomía dio un giro inesperado en su sesión de clausura y las reproches que el martes se cruzaron los socios de la Xunta, de un lado, y la oposición popular, del otro, se tornaron ayer en el material para colocar los primeros cimientos de un consenso político que todavía está por ver si se construye del todo o si acaba desplomándose. El Parlamento restableció el entendimiento en asuntos como el gallego, el control de las infraestructuras o el voto exterior, propiciando incluso que el PPdeG se prestara por primera vez a apoyar la eliminación de los símbolos franquistas de las calles y de los edificios públicos.
La resolución vinculada a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica fue impulsada conjuntamente por el PSdeG y el Bloque, solo una semana después de que los diputados del PP optaran por abandonar el pleno de la Cámara en señal de protesta porque el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, los acusó de ter un «código xenético reaccionario que vén do franquismo». Los socios del bipartito intentaron testar con su resolución si el plante de los populares era sincero o tan solo mediático, y acabaron topándose con algo inaudito en Galicia.
El PP ya apoyó en el Congreso, en noviembre del 2002, una propuesta de respaldo a las víctimas del franquismo, que se convirtió en una condena implícita a la dictadura. Pero nunca se había producido un apoyo explícito a lo que dicta la Ley de Memoria Histórica, de la que los populares se desmarcaron. Ayer sí se logró este consenso para «dignificar» a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, para eliminar los símbolos de la dictadura y colaborar en la identificación de las personas enterradas en fosas comunes.
Aymerich se congratuló de que en este asunto el PP entre «no mesmo campo de xogo», mientras el socialista Fernández Leiceaga destacó que el regreso al consenso en el gallego «era absolutamente necesario». Manuel Ruiz Rivas (PPdeG), en cambio, lo que agradeció es que los demás grupos se avinieran a un pacto para equiparar «a todas as vítimas» de la Guerra Civil.
Al final, el pleno aprobó 44 resoluciones, aceptando el bipartito 13 de las 584 promovidas por el PP. El líder popular, Núñez Feijoo, tomó la palabra para ofrecer formalmente al bipartito una reunión para consensuar los presupuestos de la Xunta, la financiación autonómica y la ejecución de las obras del Estado en Galicia. Pero habrá que aguardar a la respuesta.
El debate del estado de la autonomía dio un giro inesperado en su sesión de clausura y las reproches que el martes se cruzaron los socios de la Xunta, de un lado, y la oposición popular, del otro, se tornaron ayer en el material para colocar los primeros cimientos de un consenso político que todavía está por ver si se construye del todo o si acaba desplomándose. El Parlamento restableció el entendimiento en asuntos como el gallego, el control de las infraestructuras o el voto exterior, propiciando incluso que el PPdeG se prestara por primera vez a apoyar la eliminación de los símbolos franquistas de las calles y de los edificios públicos.
La resolución vinculada a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica fue impulsada conjuntamente por el PSdeG y el Bloque, solo una semana después de que los diputados del PP optaran por abandonar el pleno de la Cámara en señal de protesta porque el portavoz del BNG, Carlos Aymerich, los acusó de ter un «código xenético reaccionario que vén do franquismo». Los socios del bipartito intentaron testar con su resolución si el plante de los populares era sincero o tan solo mediático, y acabaron topándose con algo inaudito en Galicia.
El PP ya apoyó en el Congreso, en noviembre del 2002, una propuesta de respaldo a las víctimas del franquismo, que se convirtió en una condena implícita a la dictadura. Pero nunca se había producido un apoyo explícito a lo que dicta la Ley de Memoria Histórica, de la que los populares se desmarcaron. Ayer sí se logró este consenso para «dignificar» a las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, para eliminar los símbolos de la dictadura y colaborar en la identificación de las personas enterradas en fosas comunes.
Aymerich se congratuló de que en este asunto el PP entre «no mesmo campo de xogo», mientras el socialista Fernández Leiceaga destacó que el regreso al consenso en el gallego «era absolutamente necesario». Manuel Ruiz Rivas (PPdeG), en cambio, lo que agradeció es que los demás grupos se avinieran a un pacto para equiparar «a todas as vítimas» de la Guerra Civil.
Al final, el pleno aprobó 44 resoluciones, aceptando el bipartito 13 de las 584 promovidas por el PP. El líder popular, Núñez Feijoo, tomó la palabra para ofrecer formalmente al bipartito una reunión para consensuar los presupuestos de la Xunta, la financiación autonómica y la ejecución de las obras del Estado en Galicia. Pero habrá que aguardar a la respuesta.
viernes, 19 de septiembre de 2008
Galicia.
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O xuíz Garzón recibirá o informe sobre as vítimas da represalia franquista na zona de Ponteareas:
http://www.agalega.info/videos/?emi=4158&corte=2008-09-18&hora=14:48:51&canle=tvg1
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memoria histórica
La Comisión de Ponteareas estima que en Galicia hubo hasta 7.000 represaliados entre 1936 y 1950
Amnistía Internacional denuncia demoras en la aplicación de la Ley de la Memoria y pide que se garantice la ‘reparación a las víctimas’
18-09-2008
La Comisión por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra) estimó que en Galicia puede haber hasta 7.000 represaliados entre 1936 y 1950, de los cuales unos 5.000 habrían muerto durante la Guerra Civil.
Así lo afirmó en Vigo el portavoz del colectivo gallego, Angel Rodríguez, en una rueda de prensa en la que dio a conocer el conjunto de documentación que la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, de la que forma parte la asociación de Ponteareas, entregará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el próximo día 22.Este colectivo gallego interpuso una denuncia en 2006 y, a raíz de ella y de otras pertenecientes a otros puntos de España, el magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido recientemente información sobre represaliados mediante una orden judicial.Rodríguez explicó que su colectivo entregará los datos que ha recopilado en el partido judicial de Ponteareas y además en la ciudad de La Coruña, en este caso, gracias a la colaboración de la Comisión por la Memoria Histórica de esta ciudad. Asimismo, se adjuntará material audiovisual sobre las exhumaciones de fosas realizadas en la localidad pontevedresa y se incluirá datos de particulares que no han encontrado los cuerpos de los allegados en los lugares donde fueron enterrados, por haber sido reenviados al Valle de los Caídos.También se asumirá la investigación interuniversitaria impulsada por la Consellería de Cultura, donde se cifra el número de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil en 3.558, de las que más de 70 fueron mujeres. De este total, 1.950 fueron ‘paseados’ y, en lo que respecta a la provincia de Pontevedra hubo casi 1.000 represaliados.En este sentido, Angel Rodríguez explicó que estas primeras aproximaciones se han hecho teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y el vaciado del archivo militar de Ferrol, lo que suponen los ‘represaliados claros’. Por ello, estimó que, teniendo en cuenta otra documentación, las víctimas podrían llegar a las 5.000 personas (entre 1936 y 1939) e incluso ascender a las 7.000 en el periodo de 1936 y 1950.
Asimismo, recordó que la Consellería de Cultura ha calculado que en la comunidad existen 26 fosas en toda Galicia, cantidad que juzgó baja y consideró que incluso puede llegar a haber un centenar. De hecho la Comisión de Ponteareas ha constatado la existencia de 8 en esta localidad.
DOCUMENTACION
Toda la documentación recabada por el colectivo gallego, junto a la recopilada por el resto de asociaciones que forman la Plataforma, se entregará en próximo día 22 en la Audiencia Nacional, en formato electrónico y con los datos organizados por comunidades autónomas.Rodríguez confió en que esta aportación de datos contenga información ‘suficiente’ para abrir un proceso por unas acciones que los colectivos denunciantes consideran ‘crímenes contra la humanidad’.Asimismo, afirmó esperar en que los requerimientos judiciales de información de que dispone la Administración pública sirva para ‘airear’ esta documentación, con la que, según afirmó, se podrá elaborar un ‘inventario definitivo’ de víctimas de la represión del Franquismo.Por su parte, el portavoz del Amnistía Internacional en Galicia, Alberto Estévez, lamentó que, nueve meses después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, ‘todavía no se han elaborado los reglamentos para la creación de un mapa de fosas y para la puesta en marcha de un protocolo para la adecuada exhumación de los cuerpos’.Asimismo, manifestó su satisfacción a raíz de la intervención judicial al tiempo que pidió que, de celebrarse un proceso, ‘se garanticen los derechos de la verdad, justicia y reparación a las víctimas’.
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Más de 7.000 gallegos fueron ejecutados durante el franquismo
02:50 La única asociación gallega que denunció ante la Audiencia Nacional las desapariciones del franquismo confía en que se abra un juicio por "crímenes contra la humanidad".
R. PRIETO. A CORUÑA.
Su investigación de años en archivos y fosas de la Guerra Civil llegará el próximo lunes al despacho del juez Baltasar Garzón. Lejos de la cifra de desaparecidos estimada por la Xunta a través de un estudio encargado a las tres universidades gallegas -3.558-, la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, el único colectivo gallego que se sumó en 2006 a la denuncia interpuesta por ocho asociaciones ante la Audiencia Nacional por los crímenes del franquismo, calcula que fueron más de 7.000 los represaliados gallegos ejecutados entre 1936 y 1959, de los que unos 5.000 fallecieron durante la Guerra Civil.
Con la documentación que los colectivos de la memoria históricas enviarán el lunes a Garzón, el juez elaborará un censo de desaparecidos del franquismo -unos 130.000 según las asociaciones promotoras de la denuncia- y determinará si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es o no competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Proceso judicialPara el portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez, los datos que aportarán en la Audiencia Nacional tienen información "suficiente" para abrir un proceso judicial por "crímenes contra la humanidad". En cuanto a la investigación encargada por la Consellería de Cultura a las tres universidades gallegas, Rodríguez apuntó que se trata de "aproximaciones" teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y el vaciado del archivo militar de Ferrol, lo que suponen "represaliados claros". Por ello, estimó que teniendo en cuenta los testimonios de familiares y testigos de los paseados del franquismo, la cifra de represaliados ejecutados en Galicia durante la dictadura se eleva a 7.000.
En una conferencia en la sede de Amnistía Internacional en Vigo, Rodríguez manifestó su confianza en que los requerimientos judiciales de información de que dispone la Administración sirvan para "airear" esta documentación, con la que se podrá elaborar un censo "definitivo" de víctimas.En su intervención, el portavoz de AI, Alberto Estévez, cargó contra el Gobierno central asegurando que si el Ejecutivo hubiese puesto en práctica todos los mecanismos reflejados en la ley de la memoria histórica el proceso se podría haber agilizado.
Más de cien fosas con ´paseados´
Durante los años más duros del franquismo, muchos mantuvieron encendida una luz entre las tinieblas de la represión.
R. PRIETO. A CORUÑA.
Hoy, viejos y todavía temblorosos rebuscan en sus recuerdos y señalan el sitio donde están enterrados los más de 7.000 gallegos desaparecidos. Algunos siempre supieron dónde descansan esos cuerpos vencidos. Aún hoy van a rezar a sus muertos en cunetas, montes o tapias de cementerios. Otros no saben dónde están enterrados familiares. Las fosas del franquismo se reparten por toda Galicia. En total, más de un centenar. Más de 200 familias gallegas ya se han puesto en contacto con colectivos de la memoria histórica para recuperar los restos de sus desaparecidos durante el franquismo. De las más de 100 fosas exhumadas en España desde el año 2000 por arqueólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nueve excavaciones se hicieron en Galicia, donde se recuperaron los restos de 33 víctimas. La próxima semana iniciarán los trabajos de exhumación de una fosa común en el atrio de una iglesia de Quiroga (Lugo) pese a la falta de colaboración de los vecinos.
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La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón una lista con 7.000 represaliados gallegos
Los expedientes que se han podido comprobar abarcan desde 1936 hasta 1950
KARINA SÁNCHEZ / VIGO
Más de 7.000 represaliados en toda Galicia entre 1936 y 1950. Estas cifras fueron presentadas ayer por Anxo Rodríguez, portavoz de la Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas, la única organización gallega perteneciente a la Plataforma de Víctimas de Desapariciones forzadas, y el portavoz de Amnistía Internacional en Galicia, Alberto Estévez que dieron a conocer la documentación sobre represaliados que entregarán al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el próximo día 22 a las 11.00 horas. "Son datos para que o xuíz Garzón decida que o que aconteceu durante o franquismo foi unha represión sistemática que produciu un número de represaliados e desaparecidos moi alto e que así decida que son crimes contra a humanidade".
En diciembre de 2006 el colectivo gallego presentó una demanda ante la Audiencia Nacional para pedir a la justicia su intervención en la localización del paradero de los desaparecidos durante la Guerra Civil. A partir de esta denuncia y la de otras organizaciones españolas el magistrado Baltasar Garzón pidió recientemente información sobre los represaliados mediante una orden judicial.
Documentación
"Presentamos os nosos propios datos, tanto de represaliados coma de desaparecidos no noso territorio, con datos do Partido Xudicial de Ponteareas e da Coruña que nos achegou a Comisión pola Memoria Histórica desa cidade", enumera Rodríguez. También, asumen la investigación interuniversitaria impulsada por la Consellería de Cultura que cifra el número de represaliados durante la Guerra Civil en 3.558 de los que más de 70 fueron mujeres y 1950 "paseados". Según los datos relacionados con la provincia de Pontevedra se contabilizan hasta 1.000 víctimas.
A esta documentación se añadirá un material audiovisual sobre las exhumaciones de fosas de Ponteareas y datos de particulares que no encontraron los cadáveres de sus familiares donde estaban enterrados porque fueron enviados al Valle de los Caídos. De esta forma el colectivo gallego denunció "a inactividade por parte do Estado español dende hai máis de 33 anos para recuperar os corpos dos represaliados". La organización gallega, teniendo en cuenta otras documentaciones como actas de defunción de los registros civiles y el archivo militar de Ferrol estima que "as vítimas poderían chegar ás 5.000 persoas (entre 1936 e 1939) e ascender a 7.000 no período de 1936 e 1950.Por otra parte, Estévez, lamentó que nueve meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, "aínda non se elaboraron os regulamentos para a creación dun mapa de foxas e para a posta en marcha dun protocolo para a axeitada exhumación dos corpos". Así mismo, manifestó su satisfacción a raíz de la intervención xudicial.
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La Comisión de Ponteareas estima que en Galicia hubo hasta 7.000 represaliados entre 1936 y 1950
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La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados.
http://www.elpais.com/espana/galicia/La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados
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http://www.agalega.info/videos/?emi=4158&corte=2008-09-18&hora=14:48:51&canle=tvg1
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memoria histórica
La Comisión de Ponteareas estima que en Galicia hubo hasta 7.000 represaliados entre 1936 y 1950
Amnistía Internacional denuncia demoras en la aplicación de la Ley de la Memoria y pide que se garantice la ‘reparación a las víctimas’
18-09-2008
La Comisión por la Memoria Histórica de Ponteareas (Pontevedra) estimó que en Galicia puede haber hasta 7.000 represaliados entre 1936 y 1950, de los cuales unos 5.000 habrían muerto durante la Guerra Civil.
Así lo afirmó en Vigo el portavoz del colectivo gallego, Angel Rodríguez, en una rueda de prensa en la que dio a conocer el conjunto de documentación que la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, de la que forma parte la asociación de Ponteareas, entregará al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón el próximo día 22.Este colectivo gallego interpuso una denuncia en 2006 y, a raíz de ella y de otras pertenecientes a otros puntos de España, el magistrado de la Audiencia Nacional ha pedido recientemente información sobre represaliados mediante una orden judicial.Rodríguez explicó que su colectivo entregará los datos que ha recopilado en el partido judicial de Ponteareas y además en la ciudad de La Coruña, en este caso, gracias a la colaboración de la Comisión por la Memoria Histórica de esta ciudad. Asimismo, se adjuntará material audiovisual sobre las exhumaciones de fosas realizadas en la localidad pontevedresa y se incluirá datos de particulares que no han encontrado los cuerpos de los allegados en los lugares donde fueron enterrados, por haber sido reenviados al Valle de los Caídos.También se asumirá la investigación interuniversitaria impulsada por la Consellería de Cultura, donde se cifra el número de víctimas de la represión franquista durante la Guerra Civil en 3.558, de las que más de 70 fueron mujeres. De este total, 1.950 fueron ‘paseados’ y, en lo que respecta a la provincia de Pontevedra hubo casi 1.000 represaliados.En este sentido, Angel Rodríguez explicó que estas primeras aproximaciones se han hecho teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y el vaciado del archivo militar de Ferrol, lo que suponen los ‘represaliados claros’. Por ello, estimó que, teniendo en cuenta otra documentación, las víctimas podrían llegar a las 5.000 personas (entre 1936 y 1939) e incluso ascender a las 7.000 en el periodo de 1936 y 1950.
Asimismo, recordó que la Consellería de Cultura ha calculado que en la comunidad existen 26 fosas en toda Galicia, cantidad que juzgó baja y consideró que incluso puede llegar a haber un centenar. De hecho la Comisión de Ponteareas ha constatado la existencia de 8 en esta localidad.
DOCUMENTACION
Toda la documentación recabada por el colectivo gallego, junto a la recopilada por el resto de asociaciones que forman la Plataforma, se entregará en próximo día 22 en la Audiencia Nacional, en formato electrónico y con los datos organizados por comunidades autónomas.Rodríguez confió en que esta aportación de datos contenga información ‘suficiente’ para abrir un proceso por unas acciones que los colectivos denunciantes consideran ‘crímenes contra la humanidad’.Asimismo, afirmó esperar en que los requerimientos judiciales de información de que dispone la Administración pública sirva para ‘airear’ esta documentación, con la que, según afirmó, se podrá elaborar un ‘inventario definitivo’ de víctimas de la represión del Franquismo.Por su parte, el portavoz del Amnistía Internacional en Galicia, Alberto Estévez, lamentó que, nueve meses después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, ‘todavía no se han elaborado los reglamentos para la creación de un mapa de fosas y para la puesta en marcha de un protocolo para la adecuada exhumación de los cuerpos’.Asimismo, manifestó su satisfacción a raíz de la intervención judicial al tiempo que pidió que, de celebrarse un proceso, ‘se garanticen los derechos de la verdad, justicia y reparación a las víctimas’.
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Más de 7.000 gallegos fueron ejecutados durante el franquismo
02:50 La única asociación gallega que denunció ante la Audiencia Nacional las desapariciones del franquismo confía en que se abra un juicio por "crímenes contra la humanidad".
R. PRIETO. A CORUÑA.
Su investigación de años en archivos y fosas de la Guerra Civil llegará el próximo lunes al despacho del juez Baltasar Garzón. Lejos de la cifra de desaparecidos estimada por la Xunta a través de un estudio encargado a las tres universidades gallegas -3.558-, la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, el único colectivo gallego que se sumó en 2006 a la denuncia interpuesta por ocho asociaciones ante la Audiencia Nacional por los crímenes del franquismo, calcula que fueron más de 7.000 los represaliados gallegos ejecutados entre 1936 y 1959, de los que unos 5.000 fallecieron durante la Guerra Civil.
Con la documentación que los colectivos de la memoria históricas enviarán el lunes a Garzón, el juez elaborará un censo de desaparecidos del franquismo -unos 130.000 según las asociaciones promotoras de la denuncia- y determinará si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es o no competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Proceso judicialPara el portavoz de la Comisión de la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez, los datos que aportarán en la Audiencia Nacional tienen información "suficiente" para abrir un proceso judicial por "crímenes contra la humanidad". En cuanto a la investigación encargada por la Consellería de Cultura a las tres universidades gallegas, Rodríguez apuntó que se trata de "aproximaciones" teniendo en cuenta las actas de defunción de los registros civiles y el vaciado del archivo militar de Ferrol, lo que suponen "represaliados claros". Por ello, estimó que teniendo en cuenta los testimonios de familiares y testigos de los paseados del franquismo, la cifra de represaliados ejecutados en Galicia durante la dictadura se eleva a 7.000.
En una conferencia en la sede de Amnistía Internacional en Vigo, Rodríguez manifestó su confianza en que los requerimientos judiciales de información de que dispone la Administración sirvan para "airear" esta documentación, con la que se podrá elaborar un censo "definitivo" de víctimas.En su intervención, el portavoz de AI, Alberto Estévez, cargó contra el Gobierno central asegurando que si el Ejecutivo hubiese puesto en práctica todos los mecanismos reflejados en la ley de la memoria histórica el proceso se podría haber agilizado.
Más de cien fosas con ´paseados´
Durante los años más duros del franquismo, muchos mantuvieron encendida una luz entre las tinieblas de la represión.
R. PRIETO. A CORUÑA.
Hoy, viejos y todavía temblorosos rebuscan en sus recuerdos y señalan el sitio donde están enterrados los más de 7.000 gallegos desaparecidos. Algunos siempre supieron dónde descansan esos cuerpos vencidos. Aún hoy van a rezar a sus muertos en cunetas, montes o tapias de cementerios. Otros no saben dónde están enterrados familiares. Las fosas del franquismo se reparten por toda Galicia. En total, más de un centenar. Más de 200 familias gallegas ya se han puesto en contacto con colectivos de la memoria histórica para recuperar los restos de sus desaparecidos durante el franquismo. De las más de 100 fosas exhumadas en España desde el año 2000 por arqueólogos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nueve excavaciones se hicieron en Galicia, donde se recuperaron los restos de 33 víctimas. La próxima semana iniciarán los trabajos de exhumación de una fosa común en el atrio de una iglesia de Quiroga (Lugo) pese a la falta de colaboración de los vecinos.
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La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón una lista con 7.000 represaliados gallegos
Los expedientes que se han podido comprobar abarcan desde 1936 hasta 1950
KARINA SÁNCHEZ / VIGO
Más de 7.000 represaliados en toda Galicia entre 1936 y 1950. Estas cifras fueron presentadas ayer por Anxo Rodríguez, portavoz de la Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas, la única organización gallega perteneciente a la Plataforma de Víctimas de Desapariciones forzadas, y el portavoz de Amnistía Internacional en Galicia, Alberto Estévez que dieron a conocer la documentación sobre represaliados que entregarán al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el próximo día 22 a las 11.00 horas. "Son datos para que o xuíz Garzón decida que o que aconteceu durante o franquismo foi unha represión sistemática que produciu un número de represaliados e desaparecidos moi alto e que así decida que son crimes contra a humanidade".
En diciembre de 2006 el colectivo gallego presentó una demanda ante la Audiencia Nacional para pedir a la justicia su intervención en la localización del paradero de los desaparecidos durante la Guerra Civil. A partir de esta denuncia y la de otras organizaciones españolas el magistrado Baltasar Garzón pidió recientemente información sobre los represaliados mediante una orden judicial.
Documentación
"Presentamos os nosos propios datos, tanto de represaliados coma de desaparecidos no noso territorio, con datos do Partido Xudicial de Ponteareas e da Coruña que nos achegou a Comisión pola Memoria Histórica desa cidade", enumera Rodríguez. También, asumen la investigación interuniversitaria impulsada por la Consellería de Cultura que cifra el número de represaliados durante la Guerra Civil en 3.558 de los que más de 70 fueron mujeres y 1950 "paseados". Según los datos relacionados con la provincia de Pontevedra se contabilizan hasta 1.000 víctimas.
A esta documentación se añadirá un material audiovisual sobre las exhumaciones de fosas de Ponteareas y datos de particulares que no encontraron los cadáveres de sus familiares donde estaban enterrados porque fueron enviados al Valle de los Caídos. De esta forma el colectivo gallego denunció "a inactividade por parte do Estado español dende hai máis de 33 anos para recuperar os corpos dos represaliados". La organización gallega, teniendo en cuenta otras documentaciones como actas de defunción de los registros civiles y el archivo militar de Ferrol estima que "as vítimas poderían chegar ás 5.000 persoas (entre 1936 e 1939) e ascender a 7.000 no período de 1936 e 1950.Por otra parte, Estévez, lamentó que nueve meses después de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, "aínda non se elaboraron os regulamentos para a creación dun mapa de foxas e para a posta en marcha dun protocolo para a axeitada exhumación dos corpos". Así mismo, manifestó su satisfacción a raíz de la intervención xudicial.
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La Comisión de Ponteareas estima que en Galicia hubo hasta 7.000 represaliados entre 1936 y 1950
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La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados.
http://www.elpais.com/espana/galicia/La Comisión de la Memoria Histórica envía a Garzón datos de 3.558 ejecutados
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viernes, 5 de septiembre de 2008
Desde Galicia: Fraga i Inma López Silva.
Fuente: La Voz de Galicia y Faro de Vigo.
Fraga rechaza la creación de un censo porque «del otro lado hubo barrabasadas»
El senador popular considera que «si el Gobierno ha dado facilidades para ello» es porque «no quiere que se hable de otras cosas».
Autor: efe
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha rechazado hoy tanto la decisión del juez Baltasar Garzón de elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista como la Ley de Memoria Histórica, porque, a su juicio, «del otro lado hubo muchas barrabasadas».
El senador popular ha dicho, en declaraciones a la Cadena Ser, que esta decisión «no es lo mejor para España» y que «si el Gobierno ha dado facilidades para ello» es porque «no quiere que se hable de otras cosas».
Para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el censo es una «buena iniciativa, una forma de poner las cosas en su sitio para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener la tranquilidad de que sus seres próximos estén identificados».
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha calificado de «inhumano» a aquellos que miran para otro lado ante el sufrimiento de «depende qué familias», en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que aseguraba que no es partidario de reabrir heridas del pasado.
En las diligencias abiertas por el magistrado de la Audiencia Nacional, están colaborando asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, historiadores y algunos ayuntamientos, como el de Córdoba.
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ha mostrado su «total disposición»para ayudar, tras recibir oficialmente la solicitud de Garzón en la que le pide información sobre las víctimas de la Guerra Civil.
Este Ayuntamiento presentará al juez los datos de los libros de cementerios entre 1936 y los años 50, que recogen referencias de las personas enterradas en los camposantos municipales durante ese periodo.
Por otro lado, la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (AGEMHA), remitirá al juez Garzón una investigación de 1.500 folios sobre 118 fosas comunes y 8.608 fusilados en las provincias de Málaga, Almería y Jaén.
Toda esta información ha sido informatizada en forma de mapa con las fosas comunes señaladas, de manera que al tocar en una de ellas se accede a todas las fuentes documentales existentes: las archivísticas, documentos personales de los allí enterrados, planos topográficos y entrevistas grabadas, entre otros.
El presidente de AGEMHA, Manuel Velasco, ha señalado que esta asociación se personará en la causa abierta por la Audiencia Nacional como acusación particular y dijo que los Ayuntamientos y la Iglesia, a los que se ha dirigido la Audiencia en busca de datos, no tienen por qué tener información.
Garzón ha pedido información para elaborar el censo de muertos y desaparecidos al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica, a fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
Varios historiadores han prestado también su colaboración al juez de la Audiencia Nacional, como el onubense Manuel Alonso Albarracín, quien le ha ofrecido su archivo personal, en el que cuenta con casi un centenar de nombres de personas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra.
En esta línea, el historiador Francisco Sánchez, natural de Ceuta, ha revelado que según sus investigaciones, 268 personas fueron ejecutadas en la ciudad durante ese periodo, la mayoría de las cuales están en una fosa común del cementerio ceutí.
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Fraga carga contra la investigación de Garzón porque el otro bando hizo "más barrabasadas"
"Muchos se fueron a México con el famoso barco cargado de tesoros", replica el fundador del PP
10:57
EUROPA PRESS / MADRID
El fundador del Partido Popular y actual senador, Manuel Fraga, se mostró en contra de la Ley de Memoria Histórica porque "no es lo mejor para España" y aseguró que "del otro lado (el republicano) hubo muchas barrabasadas, como es absolutamente obvio". Fraga dijo que los que se fueron a México con "tesoros artísticos" no han tenido que rendir cuentas por estos hechos que, en su opinión, son "muchísimo más graves".En declaraciones a la Cadena Ser, Fraga se mostró en contra de la citada ley y también de la decisión del juez Garzón de investigar sobre los desaparecidos durante la Guerra civil y la dictadura franquista."Una guerra civil es una cosa que ocurre en un país muy de tarde en tarde y que lo deja marcado para muchísimo tiempo. La guerra civil es una influencia contemporánea. Es decir deja grandes recuerdos". "Una de las mejores formas de entender eso es superarlo -argumentó- y decir, vamos a estudiar qué pasó en la España de Franco olvidando que del otro lado hubo muchas barrabasadas, como es absolutamente obvio".Sobre la investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil recalcó que si alguien tiene interés "se puede encontrar alguna fórmula". "Hubo algún bárbaro, guerrilleros de la segunda fase, que mató a sangre fría a un cura porque no le dio facilidades de ningún tipo, el famoso Foncellas", remachó.Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha calificado de ``inhumano´´ a aquellos que miran para otro lado ante el sufrimiento de ``depende qué familias´´, en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que aseguraba que no es partidario de reabrir heridas del pasado.Todo el derechoAsimismo, el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, se desmarcó ayer de las declaraciones de Mariano Rajoy sobre la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón y consideró que las familias de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo tienen "todo el derecho del mundo" a saber dónde están y que la Administración les ayude a encontrarlos "con dignidad y respeto".Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, consideró una ``buena iniciativa´´ la investigación de Garzón, porque ``es una buena forma para poner las cosas en su sitio´´.``El que exista ese censo es una buena forma de poner las cosas en su sitio para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener la tranquilidad de que sus seres próximos están identificados y se sepa donde están´´, dijo Fernández Bermejo.El ministro destacó el ``enorme esfuerzo´´ que se tendrá que hacer para conseguir estas identificaciones y explicó que ``cualquier iniciativa en ese sentido me parece positiva´´.Sobre la competencia del juez Garzón para investigar estos hechos, el titular de Justicia ha recordado el informe ``muy denso´´ del fiscal en el que entendía que el magistrado no es competente para ello y, ha dicho, ``no seré yo quien entre en un debate jurídico´´. El procedimiento ``tiene resortes para que en el supuesto que no exista competencia eso quede depurado´´, explicó Fernández Bermejo.
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Memorias relativas
Inma López Silva
Viernes 05 de septiembre de 2008
Hoxe escribo esta columna como unha desas escritoras que fan novelas sobre a Guerra Civil. A guerra española, aclaro, por se alguén esqueceu que non hai tanto os nosos pais e avós se mataron entre eles. A memoria, coma os mortos ou coma as cifras de manifestantes, é relativa, e por iso non é difícil crer que aquilo que se esquece deixa de existir e de afectarnos. Pero a memoria, coma o medo, volve sempre. Algo que, por certo, non se pode dicir dos exiliados.
É por esa relatividade da memoria polo que nunca é unánime a opinión sobre as novelas da Guerra Civil, os artigos coma este, a lei da memoria histórica ou a iniciativa do xuíz Garzón para liderar o que, en realidade, ducias de asociacións e centos de cidadáns levan anos facendo: pórlle nome e lugar aos seus mortos, e pechar o loito e o silencio.
A relatividade da memoria é tamén a que deixa que falen os desmemoriados que nos indignan coas súas relecturas do pasado. Manuel Fraga, por exemplo, afirmou saber que os exiliados cometeron delitos que quedaron impunes, porque «del otro lado hubo muchas más barrabasadas», dixo. Claro que se o ex presidente aínda ten memoria para lembrarse de que foi ministro de Franco e, polo tanto, insistir en que había o seu e o outro lado, seguro que tamén a ten para saber que o castigo do desterro, o cárcere, a morte e a represión que sufriron boa parte dos exiliados dentro e fóra de España non merece ser obxecto de semellante frivolidade. Non, mentres quede xente á que si lle lembra como detentaron o poder aqueles que, coma el, gañaron unha ditadura e saíron vitoriosos dunha democracia amnésica que os segue aturando, mesmo se din parvadas.
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Fraga rechaza la creación de un censo porque «del otro lado hubo barrabasadas»
El senador popular considera que «si el Gobierno ha dado facilidades para ello» es porque «no quiere que se hable de otras cosas».
Autor: efe
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha rechazado hoy tanto la decisión del juez Baltasar Garzón de elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista como la Ley de Memoria Histórica, porque, a su juicio, «del otro lado hubo muchas barrabasadas».
El senador popular ha dicho, en declaraciones a la Cadena Ser, que esta decisión «no es lo mejor para España» y que «si el Gobierno ha dado facilidades para ello» es porque «no quiere que se hable de otras cosas».
Para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el censo es una «buena iniciativa, una forma de poner las cosas en su sitio para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener la tranquilidad de que sus seres próximos estén identificados».
Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha calificado de «inhumano» a aquellos que miran para otro lado ante el sufrimiento de «depende qué familias», en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que aseguraba que no es partidario de reabrir heridas del pasado.
En las diligencias abiertas por el magistrado de la Audiencia Nacional, están colaborando asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, historiadores y algunos ayuntamientos, como el de Córdoba.
La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, ha mostrado su «total disposición»para ayudar, tras recibir oficialmente la solicitud de Garzón en la que le pide información sobre las víctimas de la Guerra Civil.
Este Ayuntamiento presentará al juez los datos de los libros de cementerios entre 1936 y los años 50, que recogen referencias de las personas enterradas en los camposantos municipales durante ese periodo.
Por otro lado, la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (AGEMHA), remitirá al juez Garzón una investigación de 1.500 folios sobre 118 fosas comunes y 8.608 fusilados en las provincias de Málaga, Almería y Jaén.
Toda esta información ha sido informatizada en forma de mapa con las fosas comunes señaladas, de manera que al tocar en una de ellas se accede a todas las fuentes documentales existentes: las archivísticas, documentos personales de los allí enterrados, planos topográficos y entrevistas grabadas, entre otros.
El presidente de AGEMHA, Manuel Velasco, ha señalado que esta asociación se personará en la causa abierta por la Audiencia Nacional como acusación particular y dijo que los Ayuntamientos y la Iglesia, a los que se ha dirigido la Audiencia en busca de datos, no tienen por qué tener información.
Garzón ha pedido información para elaborar el censo de muertos y desaparecidos al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica, a fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
Varios historiadores han prestado también su colaboración al juez de la Audiencia Nacional, como el onubense Manuel Alonso Albarracín, quien le ha ofrecido su archivo personal, en el que cuenta con casi un centenar de nombres de personas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra.
En esta línea, el historiador Francisco Sánchez, natural de Ceuta, ha revelado que según sus investigaciones, 268 personas fueron ejecutadas en la ciudad durante ese periodo, la mayoría de las cuales están en una fosa común del cementerio ceutí.
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Fraga carga contra la investigación de Garzón porque el otro bando hizo "más barrabasadas"
"Muchos se fueron a México con el famoso barco cargado de tesoros", replica el fundador del PP
10:57
EUROPA PRESS / MADRID
El fundador del Partido Popular y actual senador, Manuel Fraga, se mostró en contra de la Ley de Memoria Histórica porque "no es lo mejor para España" y aseguró que "del otro lado (el republicano) hubo muchas barrabasadas, como es absolutamente obvio". Fraga dijo que los que se fueron a México con "tesoros artísticos" no han tenido que rendir cuentas por estos hechos que, en su opinión, son "muchísimo más graves".En declaraciones a la Cadena Ser, Fraga se mostró en contra de la citada ley y también de la decisión del juez Garzón de investigar sobre los desaparecidos durante la Guerra civil y la dictadura franquista."Una guerra civil es una cosa que ocurre en un país muy de tarde en tarde y que lo deja marcado para muchísimo tiempo. La guerra civil es una influencia contemporánea. Es decir deja grandes recuerdos". "Una de las mejores formas de entender eso es superarlo -argumentó- y decir, vamos a estudiar qué pasó en la España de Franco olvidando que del otro lado hubo muchas barrabasadas, como es absolutamente obvio".Sobre la investigación de los desaparecidos de la Guerra Civil recalcó que si alguien tiene interés "se puede encontrar alguna fórmula". "Hubo algún bárbaro, guerrilleros de la segunda fase, que mató a sangre fría a un cura porque no le dio facilidades de ningún tipo, el famoso Foncellas", remachó.Por su parte, el vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha calificado de ``inhumano´´ a aquellos que miran para otro lado ante el sufrimiento de ``depende qué familias´´, en referencia a las declaraciones del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que aseguraba que no es partidario de reabrir heridas del pasado.Todo el derechoAsimismo, el vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, se desmarcó ayer de las declaraciones de Mariano Rajoy sobre la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón y consideró que las familias de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo tienen "todo el derecho del mundo" a saber dónde están y que la Administración les ayude a encontrarlos "con dignidad y respeto".Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, consideró una ``buena iniciativa´´ la investigación de Garzón, porque ``es una buena forma para poner las cosas en su sitio´´.``El que exista ese censo es una buena forma de poner las cosas en su sitio para todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener la tranquilidad de que sus seres próximos están identificados y se sepa donde están´´, dijo Fernández Bermejo.El ministro destacó el ``enorme esfuerzo´´ que se tendrá que hacer para conseguir estas identificaciones y explicó que ``cualquier iniciativa en ese sentido me parece positiva´´.Sobre la competencia del juez Garzón para investigar estos hechos, el titular de Justicia ha recordado el informe ``muy denso´´ del fiscal en el que entendía que el magistrado no es competente para ello y, ha dicho, ``no seré yo quien entre en un debate jurídico´´. El procedimiento ``tiene resortes para que en el supuesto que no exista competencia eso quede depurado´´, explicó Fernández Bermejo.
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Memorias relativas
Inma López Silva
Viernes 05 de septiembre de 2008
Hoxe escribo esta columna como unha desas escritoras que fan novelas sobre a Guerra Civil. A guerra española, aclaro, por se alguén esqueceu que non hai tanto os nosos pais e avós se mataron entre eles. A memoria, coma os mortos ou coma as cifras de manifestantes, é relativa, e por iso non é difícil crer que aquilo que se esquece deixa de existir e de afectarnos. Pero a memoria, coma o medo, volve sempre. Algo que, por certo, non se pode dicir dos exiliados.
É por esa relatividade da memoria polo que nunca é unánime a opinión sobre as novelas da Guerra Civil, os artigos coma este, a lei da memoria histórica ou a iniciativa do xuíz Garzón para liderar o que, en realidade, ducias de asociacións e centos de cidadáns levan anos facendo: pórlle nome e lugar aos seus mortos, e pechar o loito e o silencio.
A relatividade da memoria é tamén a que deixa que falen os desmemoriados que nos indignan coas súas relecturas do pasado. Manuel Fraga, por exemplo, afirmou saber que os exiliados cometeron delitos que quedaron impunes, porque «del otro lado hubo muchas más barrabasadas», dixo. Claro que se o ex presidente aínda ten memoria para lembrarse de que foi ministro de Franco e, polo tanto, insistir en que había o seu e o outro lado, seguro que tamén a ten para saber que o castigo do desterro, o cárcere, a morte e a represión que sufriron boa parte dos exiliados dentro e fóra de España non merece ser obxecto de semellante frivolidade. Non, mentres quede xente á que si lle lembra como detentaron o poder aqueles que, coma el, gañaron unha ditadura e saíron vitoriosos dunha democracia amnésica que os segue aturando, mesmo se din parvadas.
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jueves, 4 de septiembre de 2008
El vicario de Tui-Vigo critica a Garzón por "remover la historia" del franquismo.
Fuente: El Faro de Vigo.
El vicario de Tui-Vigo critica a Garzón por "remover la historia" del franquismo
Jesús Gago cree que la investigación judicial "divide a la sociedad" y "no conduce a nada"
PAULA PÉREZ / SANTIAGO La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de investigar sobre las víctimas del franquismo ha desencadenado opiniones controvertidas y en la Iglesia gallega ya han surgido los primeros resquemores por boca del vicario general del Obispado Tui-Vigo, Jesús Gago, que no está de acuerdo con "reabrir una polémica" que, a su juicio, forma parte del pasado. "No es bueno remover la historia, porque además eso no conduce a nada", explicó.Aunque respeta el deseo de las familias de encontrar los restos de sus parientes represaliados, no está de acuerdo con que Garzón abra una investigación judicial. "Ya hubo una amnistía, eso es historia", defiende. El vicario aclara que habla a título personal y asegura que desconoce las opiniones de otros representantes eclesiásticos al respecto, aunque cree que "la mayoría de los sacerdotes opinan que se trata de una cuestión histórica y que otra cosa es que sea o no positivo removerla tras la Constitución".Además, duda de que las parroquias gallegas puedan aportar información valiosa al juez de la Audiencia Nacional. "No creo que haya mucha información en nuestros registros parroquiales, porque cuando llega un enterramiento, llega y ya está, no es cuestión de la Iglesia saber que fue lo que antecedió a la muerte", aclara.De hecho, Gago explica que él, como párroco, nunca ha encontrado en los archivos nada que aportase información sobre algún represaliado del franquismo.En todo caso, aclara que "no será problema" colaborar con Garzón si éste les demandará información al respecto. De momento, sin embargo, el vicario general de Tui-Vigo explica que desconoce los detalles de la investigación abierta sobre las víctimas del franquismo y tampoco sabe qué tipo de documentación podría ser útil para desvelar el paradero de algunos de los represaliados."El problema no es darles información, sino que se genera división en la sociedad", insiste Gago. "La gente ya lo tenía superado y no sé si es bueno volver a reabrir las heridas", asegura el vicario general de Tui-Vigo. Sólo entiende el caso de las familias con algún pariente desaparecido. "Le serviría para dignificar a los fallecidos", argumentó.
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La Consellería de Cultura enviará a la Audiencia Nacional el censo de gallegos represaliados
La Xunta enviará esta misma semana al juez Baltasar Garzón toda la información recabada en los últimos tres años sobre la represión franquista en Galicia. Dicho informe, elaborado por las tres universidades gallegas con la colaboración de la Consellería de Cultura, recoge, además de los 3.588 muertos entre 1936 y 1939, más de 300 lugares relacionados con la represión.Se trata de cárceles, sitios de fusilamiento o paseos, edificios de tortura o lugares de enterramientos. Entre estos últimos, el proyecto "As vítimas, os nomes, as voces, os lugares" tiene contabilizadas hasta 26 fosas comunes, a las que hay que añadir once lugares en la costa gallega en la que se produjo el hundimiento de cadáveres.Los investigadores del proyecto, con el catedrático de la Universidad de Santiago Lourenzo Fernández Prieto a la cabeza, enviarán al juez de la Audiencia Nacional toda la información reunida pese a que el primer acercamiento no tuvo mucho éxito. Ya se envió una carta a Garzón el pasado 3 de julio poniendo a su disposición toda la documentación, pero no obtuvo respuesta. Ahora, tras la petición de datos hecha por Garzón, la Xunta toma la iniciativa.La conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, recordó que la investigación está en marcha -hasta ahora sólo se circunscribió a los tres años de la Guerra Civil- y que la base de datos de las víctimas va a aumentar. Durante la Guerra Civil la cifra de víctimas se situó en los 3.588 muertos, de los cuales 224 figuran en los registros como desconocidos.
El vicario de Tui-Vigo critica a Garzón por "remover la historia" del franquismo
Jesús Gago cree que la investigación judicial "divide a la sociedad" y "no conduce a nada"
PAULA PÉREZ / SANTIAGO La decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de investigar sobre las víctimas del franquismo ha desencadenado opiniones controvertidas y en la Iglesia gallega ya han surgido los primeros resquemores por boca del vicario general del Obispado Tui-Vigo, Jesús Gago, que no está de acuerdo con "reabrir una polémica" que, a su juicio, forma parte del pasado. "No es bueno remover la historia, porque además eso no conduce a nada", explicó.Aunque respeta el deseo de las familias de encontrar los restos de sus parientes represaliados, no está de acuerdo con que Garzón abra una investigación judicial. "Ya hubo una amnistía, eso es historia", defiende. El vicario aclara que habla a título personal y asegura que desconoce las opiniones de otros representantes eclesiásticos al respecto, aunque cree que "la mayoría de los sacerdotes opinan que se trata de una cuestión histórica y que otra cosa es que sea o no positivo removerla tras la Constitución".Además, duda de que las parroquias gallegas puedan aportar información valiosa al juez de la Audiencia Nacional. "No creo que haya mucha información en nuestros registros parroquiales, porque cuando llega un enterramiento, llega y ya está, no es cuestión de la Iglesia saber que fue lo que antecedió a la muerte", aclara.De hecho, Gago explica que él, como párroco, nunca ha encontrado en los archivos nada que aportase información sobre algún represaliado del franquismo.En todo caso, aclara que "no será problema" colaborar con Garzón si éste les demandará información al respecto. De momento, sin embargo, el vicario general de Tui-Vigo explica que desconoce los detalles de la investigación abierta sobre las víctimas del franquismo y tampoco sabe qué tipo de documentación podría ser útil para desvelar el paradero de algunos de los represaliados."El problema no es darles información, sino que se genera división en la sociedad", insiste Gago. "La gente ya lo tenía superado y no sé si es bueno volver a reabrir las heridas", asegura el vicario general de Tui-Vigo. Sólo entiende el caso de las familias con algún pariente desaparecido. "Le serviría para dignificar a los fallecidos", argumentó.
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La Consellería de Cultura enviará a la Audiencia Nacional el censo de gallegos represaliados
La Xunta enviará esta misma semana al juez Baltasar Garzón toda la información recabada en los últimos tres años sobre la represión franquista en Galicia. Dicho informe, elaborado por las tres universidades gallegas con la colaboración de la Consellería de Cultura, recoge, además de los 3.588 muertos entre 1936 y 1939, más de 300 lugares relacionados con la represión.Se trata de cárceles, sitios de fusilamiento o paseos, edificios de tortura o lugares de enterramientos. Entre estos últimos, el proyecto "As vítimas, os nomes, as voces, os lugares" tiene contabilizadas hasta 26 fosas comunes, a las que hay que añadir once lugares en la costa gallega en la que se produjo el hundimiento de cadáveres.Los investigadores del proyecto, con el catedrático de la Universidad de Santiago Lourenzo Fernández Prieto a la cabeza, enviarán al juez de la Audiencia Nacional toda la información reunida pese a que el primer acercamiento no tuvo mucho éxito. Ya se envió una carta a Garzón el pasado 3 de julio poniendo a su disposición toda la documentación, pero no obtuvo respuesta. Ahora, tras la petición de datos hecha por Garzón, la Xunta toma la iniciativa.La conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, recordó que la investigación está en marcha -hasta ahora sólo se circunscribió a los tres años de la Guerra Civil- y que la base de datos de las víctimas va a aumentar. Durante la Guerra Civil la cifra de víctimas se situó en los 3.588 muertos, de los cuales 224 figuran en los registros como desconocidos.
Investigadores gallegos enviarán al juez Garzón sus indagaciones sobre la represión franquista.
Fuente: La Voz de Galicia.
Investigadores gallegos enviarán al juez Garzón sus indagaciones sobre la represión franquista
Un equipo de búsqueda de víctimas ofreció su colaboración al magistrado
Autor: Alberto Ramos
El equipo del proyecto de investigación As vítimas, os nomes, as voces, os lugares, que centra sus pesquisas en la represión franquista entre 1936 y 1939, enviará toda la documentación de la que dispone de forma inmediata al juez Baltasar Garzón para colaborar en su iniciativa de indagar en los casos de desaparecidos durante la época de la dictadura. El equipo que lleva a cabo este trabajo, en el que se está recogiendo información sobre las víctimas, los desaparecidos y los escenarios de la represión franquista durante la Guerra Civil, envió una carta el pasado 3 de julio al magistrado para informar de la naturaleza de sus indagaciones. En esta misiva se le trasladaba a Garzón la voluntad de colaboración y ponían a su disposición toda la documentación con la que cuentan, que ahora le será enviada de forma inmediata.
El director de este proyecto, el catedrático de Historia Contemporánea, Lorenzo Fernández Prieto, destacó ayer durante una rueda de prensa «que a relevancia neste preciso momento está en que os xuíces van falar, despois de que falara a sociedade e falaran os investigadores». Fernández Prieto recalcó que «os investigadores levan anos pescudando» sobre la represión y que «o pasado debe ser pechado con moito respecto e sen prexulgar. Reconstruímos os feitos con moito respecto para converter o pasado en Historia».
Este proyecto, que desarrollan en un esfuerzo conjunto las tres universidades gallegas y la Consellería de Cultura, tiene como objetivo fijar cuáles fueron los lugares de la represión durante los tres años de la contienda civil. Hasta el momento, se han contabilizado ya 305 espacios que fueron escenario de fusilamientos, así como cárceles, edificios en los que se practicó la tortura y lugares de enterramiento. Este trabajo cuenta con una relación de 26 fosas, así como también las localizaciones de once puntos de la costa en los que se arrojaron cadáveres de represaliados al mar.
La conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, acompañó a Fernández Prieto y afirmó ante la prensa que este organismo está «poñéndose en contacto con diversos departamentos autonómicos e universitarios, como o Instituto de Medicina Legal, para solicitar a súa colaboración neste traballo de investigación, que rematará cando teñamos un coñecemento exhaustivo».
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El Gobierno y el PSOE defienden al magistrado porque su iniciativa busca «cerrar heridas» del pasado
Ramón Gorriarán
Gobierno y PSOE salieron ayer en defensa del juez Baltasar Garzón ante las críticas del PP y de sectores de la judicatura por su solicitud de información a distintos estamentos sobre los fusilamientos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El ministro del Interior sostuvo que el juez no trata de reabrir heridas con su investigación, como dijo Rajoy, «sino, por el contrario, de cerrarlas».
Alfredo Pérez Rubalcaba consideró que el paso dado por Garzón es «bastante sensato» y mostró su perplejidad por el hecho de que pueda «molestar» a alguien que se intente esclarecer lo que pasó con las víctimas republicanas en la Guerra Civil y con los represaliados por la dictadura. «No entiendo -dijo el ministro- que tantos años después nos preocupe que una persona busque a su padre o a su madre para enterrarlo».
El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, tachó de «absolutamente injustas y desmedidas» las críticas vertidas hacia el juez, cuando el único objetivo de su investigación es satisfacer la demanda de muchas asociaciones y familiares que solo quieren determinar «dónde están enterrados» sus deudos, sin reclamar «ninguna otra contraprestación». También se mostró disconforme con las descalificaciones al magistrado el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, quien lamentó que hayan sido «tan virulentas y brutales» cuando su finalidad es determinar si es competente para abrir una investigación judicial.
Las palabras más duras
El PP, una vez que Rajoy sentó la postura del partido sobre este asunto, no se desvió de ese registro, y evitó alimentar nuevas polémicas. En ese sentido, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pidió «hablar de futuro», fijar la vista en «el horizonte» y dar «soluciones» a los problemas de hoy de los ciudadanos. Las palabras más duras vinieron del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero, que consideró que el comportamiento del magistrado «no es serio», porque pretende abrir una investigación monumental sobre el franquismo y la Guerra Civil mientras tiene asuntos paralizados en su juzgado desde hace dos años.
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Baltasar Garzón, en serio
Fernando Ónega
Vaya por delante una convicción: el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es un juez serio. Audaz, pero serio. Se podrá equivocar, como todos. A veces produce la impresión de buscar el estrellato o tener manías de grandeza, pero ese posible defecto humano es compensado por su instinto natural de buscar la justicia allí donde ningún otro juez ha podido o querido llegar. Por eso, su iniciativa de construir un censo definitivo de las víctimas del franquismo ha sido recibida con tal disparidad de criterios.
Para unos, se trata del afán incontrolado de pasar a la historia como el hombre que «ajustició» a la última dictadura española; para otros, es el héroe que suple las carencias de la clase política para devolver la honra a fusilados por el régimen o asesinados por vecinos en el clima de odio creado por la guerra civil y los posteriores ajustes de cuentas. Un tercer grupo de opiniones, más técnicas, creen que el proyecto de Garzón será inútil: no hay medios para hacer un censo creíble de víctimas; no hay base documental para considerarlo definitivo; no hay razones para justificar la intervención de un juzgado; no se pueden juzgar unas muertes que, si han sido delitos comunes, han prescrito, y, si han sido delitos políticos, han sido perdonados por la Ley de Amnistía de la transición.
Estas discrepancias de criterios no están solo en los medios de comunicación, sino que proceden de otros jueces. Y, naturalmente, producen el mismo oleaje que antes produjo la discusión de la ley de la memoria histórica: es peligroso hurgar en las heridas de una guerra y una dictadura, y es letal ponerse a remover los huesos de una confrontación civil. Produce pánico comprobar cómo se están deshaciendo algunos de los pilares en que se ha sustentado la reconciliación nacional y el triunfo de la tolerancia y la libertad.
Lejos de la nostalgia o la revancha, creo que es preciso reconocer que este país tiene un problema que no se puede eternizar: hay miles de ciudadanos españoles que tienen indiscutible derecho a recuperar y honrar los restos de sus familiares. Todo el conjunto de la sociedad tiene también derecho a conocer la realidad de lo ocurrido. Es increíble que 70 años después sigamos teniendo la duda histórica de cuántas han sido las víctimas y dónde están sepultadas. Todo cuanto se haga en ese sentido será un loable empeño por cerrar ese capítulo negro de nuestra convivencia. La cuestión es: ¿debe hacerlo un juez? Con los debidos respetos a Garzón, creo que no. Ver que un juez busca rastros de delitos comunes prescritos o delitos políticos amnistiados, provoca el temor de que se abra una causa general o un proceso por genocidio. Demasiado riesgo para este país.
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Desenterrador
Lois Blanco Lois Blanco
Con el final de agosto, los escritores de éxito sacan sus nuevos títulos; los cantantes, sus discos; en Venecia se adelantan los estrenos de la cartelera, y la estrella mediática de la toga española vuelve a colocarse bajo los focos, esta vez con un remake de la Guerra Civil, monotema también de la literatura española y gallega más renqueante.
Todavía era Almunia secretario general del PSOE cuando Garzón, que había dejado el Gobierno de González para regresar al ejercicio de la política desde la Audiencia Nacional, comenzó a perseguir por el orbe al dictador Pinochet. El general tiene las manos manchadas, pero siempre fue un sarcasmo que un español fuera quien se erigirse en el regente de la lavandería de las conciencias de los chilenos. Si aquí se apareciese un juez italiano para procesar a Carrillo por Paracuellos o un ruso con causas penales contra la ristra de generales y descendientes que encumbraron a Franco, les exigiríamos que nos dejasen a nosotros lavar nuestra ropa sucia, que ellos bastante tienen con hacer su colada.
A Pinochet, le siguieron los generales de la dictadura argentina y casos a cada cual más mediático con los que el juez ha ido construyendo una biografía con la que presentar candidatura al Premio Nobel de la Paz. Garzón no tiene atribuciones, según el fiscal y la judicatura de derechas y de izquierdas, pero eso no le importa al magistrado a pesar de que su trabajo consiste, otro sarcasmo, en velar por la legalidad. El Estado español tiene una deuda pendiente con los ciudadanos que no saben en qué colina o en qué cuneta sepultaron los cuerpos de sus familiares asesinados hace setenta años. Mantenerlos enterrados nunca ha sido el remedio, pero que Garzón se convierta en el desenterrador oficial del Reino no parece el camino para resarcir a miles de personas de los dos bandos, sino otra novedad de la cartelera tras el verano; otra entrega de la saga Cazafantasmas.
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Investigadores gallegos enviarán al juez Garzón sus indagaciones sobre la represión franquista
Un equipo de búsqueda de víctimas ofreció su colaboración al magistrado
Autor: Alberto Ramos
El equipo del proyecto de investigación As vítimas, os nomes, as voces, os lugares, que centra sus pesquisas en la represión franquista entre 1936 y 1939, enviará toda la documentación de la que dispone de forma inmediata al juez Baltasar Garzón para colaborar en su iniciativa de indagar en los casos de desaparecidos durante la época de la dictadura. El equipo que lleva a cabo este trabajo, en el que se está recogiendo información sobre las víctimas, los desaparecidos y los escenarios de la represión franquista durante la Guerra Civil, envió una carta el pasado 3 de julio al magistrado para informar de la naturaleza de sus indagaciones. En esta misiva se le trasladaba a Garzón la voluntad de colaboración y ponían a su disposición toda la documentación con la que cuentan, que ahora le será enviada de forma inmediata.
El director de este proyecto, el catedrático de Historia Contemporánea, Lorenzo Fernández Prieto, destacó ayer durante una rueda de prensa «que a relevancia neste preciso momento está en que os xuíces van falar, despois de que falara a sociedade e falaran os investigadores». Fernández Prieto recalcó que «os investigadores levan anos pescudando» sobre la represión y que «o pasado debe ser pechado con moito respecto e sen prexulgar. Reconstruímos os feitos con moito respecto para converter o pasado en Historia».
Este proyecto, que desarrollan en un esfuerzo conjunto las tres universidades gallegas y la Consellería de Cultura, tiene como objetivo fijar cuáles fueron los lugares de la represión durante los tres años de la contienda civil. Hasta el momento, se han contabilizado ya 305 espacios que fueron escenario de fusilamientos, así como cárceles, edificios en los que se practicó la tortura y lugares de enterramiento. Este trabajo cuenta con una relación de 26 fosas, así como también las localizaciones de once puntos de la costa en los que se arrojaron cadáveres de represaliados al mar.
La conselleira de Cultura e Deporte, Ánxela Bugallo, acompañó a Fernández Prieto y afirmó ante la prensa que este organismo está «poñéndose en contacto con diversos departamentos autonómicos e universitarios, como o Instituto de Medicina Legal, para solicitar a súa colaboración neste traballo de investigación, que rematará cando teñamos un coñecemento exhaustivo».
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El Gobierno y el PSOE defienden al magistrado porque su iniciativa busca «cerrar heridas» del pasado
Ramón Gorriarán
Gobierno y PSOE salieron ayer en defensa del juez Baltasar Garzón ante las críticas del PP y de sectores de la judicatura por su solicitud de información a distintos estamentos sobre los fusilamientos y desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El ministro del Interior sostuvo que el juez no trata de reabrir heridas con su investigación, como dijo Rajoy, «sino, por el contrario, de cerrarlas».
Alfredo Pérez Rubalcaba consideró que el paso dado por Garzón es «bastante sensato» y mostró su perplejidad por el hecho de que pueda «molestar» a alguien que se intente esclarecer lo que pasó con las víctimas republicanas en la Guerra Civil y con los represaliados por la dictadura. «No entiendo -dijo el ministro- que tantos años después nos preocupe que una persona busque a su padre o a su madre para enterrarlo».
El secretario de Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando, tachó de «absolutamente injustas y desmedidas» las críticas vertidas hacia el juez, cuando el único objetivo de su investigación es satisfacer la demanda de muchas asociaciones y familiares que solo quieren determinar «dónde están enterrados» sus deudos, sin reclamar «ninguna otra contraprestación». También se mostró disconforme con las descalificaciones al magistrado el portavoz de Justicia del PNV, Emilio Olabarría, quien lamentó que hayan sido «tan virulentas y brutales» cuando su finalidad es determinar si es competente para abrir una investigación judicial.
Las palabras más duras
El PP, una vez que Rajoy sentó la postura del partido sobre este asunto, no se desvió de ese registro, y evitó alimentar nuevas polémicas. En ese sentido, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pidió «hablar de futuro», fijar la vista en «el horizonte» y dar «soluciones» a los problemas de hoy de los ciudadanos. Las palabras más duras vinieron del vocal del Consejo General del Poder Judicial José Luis Requero, que consideró que el comportamiento del magistrado «no es serio», porque pretende abrir una investigación monumental sobre el franquismo y la Guerra Civil mientras tiene asuntos paralizados en su juzgado desde hace dos años.
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Baltasar Garzón, en serio
Fernando Ónega
Vaya por delante una convicción: el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es un juez serio. Audaz, pero serio. Se podrá equivocar, como todos. A veces produce la impresión de buscar el estrellato o tener manías de grandeza, pero ese posible defecto humano es compensado por su instinto natural de buscar la justicia allí donde ningún otro juez ha podido o querido llegar. Por eso, su iniciativa de construir un censo definitivo de las víctimas del franquismo ha sido recibida con tal disparidad de criterios.
Para unos, se trata del afán incontrolado de pasar a la historia como el hombre que «ajustició» a la última dictadura española; para otros, es el héroe que suple las carencias de la clase política para devolver la honra a fusilados por el régimen o asesinados por vecinos en el clima de odio creado por la guerra civil y los posteriores ajustes de cuentas. Un tercer grupo de opiniones, más técnicas, creen que el proyecto de Garzón será inútil: no hay medios para hacer un censo creíble de víctimas; no hay base documental para considerarlo definitivo; no hay razones para justificar la intervención de un juzgado; no se pueden juzgar unas muertes que, si han sido delitos comunes, han prescrito, y, si han sido delitos políticos, han sido perdonados por la Ley de Amnistía de la transición.
Estas discrepancias de criterios no están solo en los medios de comunicación, sino que proceden de otros jueces. Y, naturalmente, producen el mismo oleaje que antes produjo la discusión de la ley de la memoria histórica: es peligroso hurgar en las heridas de una guerra y una dictadura, y es letal ponerse a remover los huesos de una confrontación civil. Produce pánico comprobar cómo se están deshaciendo algunos de los pilares en que se ha sustentado la reconciliación nacional y el triunfo de la tolerancia y la libertad.
Lejos de la nostalgia o la revancha, creo que es preciso reconocer que este país tiene un problema que no se puede eternizar: hay miles de ciudadanos españoles que tienen indiscutible derecho a recuperar y honrar los restos de sus familiares. Todo el conjunto de la sociedad tiene también derecho a conocer la realidad de lo ocurrido. Es increíble que 70 años después sigamos teniendo la duda histórica de cuántas han sido las víctimas y dónde están sepultadas. Todo cuanto se haga en ese sentido será un loable empeño por cerrar ese capítulo negro de nuestra convivencia. La cuestión es: ¿debe hacerlo un juez? Con los debidos respetos a Garzón, creo que no. Ver que un juez busca rastros de delitos comunes prescritos o delitos políticos amnistiados, provoca el temor de que se abra una causa general o un proceso por genocidio. Demasiado riesgo para este país.
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Desenterrador
Lois Blanco Lois Blanco
Con el final de agosto, los escritores de éxito sacan sus nuevos títulos; los cantantes, sus discos; en Venecia se adelantan los estrenos de la cartelera, y la estrella mediática de la toga española vuelve a colocarse bajo los focos, esta vez con un remake de la Guerra Civil, monotema también de la literatura española y gallega más renqueante.
Todavía era Almunia secretario general del PSOE cuando Garzón, que había dejado el Gobierno de González para regresar al ejercicio de la política desde la Audiencia Nacional, comenzó a perseguir por el orbe al dictador Pinochet. El general tiene las manos manchadas, pero siempre fue un sarcasmo que un español fuera quien se erigirse en el regente de la lavandería de las conciencias de los chilenos. Si aquí se apareciese un juez italiano para procesar a Carrillo por Paracuellos o un ruso con causas penales contra la ristra de generales y descendientes que encumbraron a Franco, les exigiríamos que nos dejasen a nosotros lavar nuestra ropa sucia, que ellos bastante tienen con hacer su colada.
A Pinochet, le siguieron los generales de la dictadura argentina y casos a cada cual más mediático con los que el juez ha ido construyendo una biografía con la que presentar candidatura al Premio Nobel de la Paz. Garzón no tiene atribuciones, según el fiscal y la judicatura de derechas y de izquierdas, pero eso no le importa al magistrado a pesar de que su trabajo consiste, otro sarcasmo, en velar por la legalidad. El Estado español tiene una deuda pendiente con los ciudadanos que no saben en qué colina o en qué cuneta sepultaron los cuerpos de sus familiares asesinados hace setenta años. Mantenerlos enterrados nunca ha sido el remedio, pero que Garzón se convierta en el desenterrador oficial del Reino no parece el camino para resarcir a miles de personas de los dos bandos, sino otra novedad de la cartelera tras el verano; otra entrega de la saga Cazafantasmas.
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miércoles, 3 de septiembre de 2008
El magistrado busca elementos para imputar un delito de genocidio al régimen de Franco.
Fuentes: El faro de Vigo y La Voz de Galicia.
El magistrado busca elementos para imputar un delito de genocidio al régimen de Franco
Ramón Gorriarán
El juez Baltasar Garzón busca elementos que le permitan imputar un delito de genocidio al franquismo. Responsables de la Fiscalía de la Audiencia Nacional sostienen que ese es el objetivo de la amplia investigación que puso en marcha el lunes. Pretende recabar toda la información necesaria para construir la única imputación que le permitiría enjuiciar a la dictadura del general Francisco Franco, no tanto para enjuiciar a sus promotores, la mayoría ya fallecidos, sino para encauzar todo el proceso de recuperación de cadáveres y resolver si el Estado debe asumir alguna responsabilidad por lo sucedido en aquella etapa histórica y resarcir a los damnificados.
La intervención de la Audiencia Nacional solo sería posible, concluyen, si Garzón consigue censar un número importante de actos represivos y englobarlos todos en un único supuesto de genocidio, imputable a todo el organigrama de poder franquista. El magistrado ya lo hizo en los casos de Argentina, Chile o Marruecos. La estructura jurídica por él diseñada es la que permite que en la Audiencia Nacional haya causas abiertas contra supuestos genocidas de Guatemala o China, entre otros. Pero el caso español tiene una peculiaridad, y es que solo se puede perseguir el genocidio desde que ese comportamiento es considerado delito.
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La Xunta trasladará a Garzón la lista de represaliados en Galicia
El juez investiga los desaparecidos durante la dictadura.
La conselleira de Cultura de la Xunta de Galicia, Ánxela Bugallo,ha anunciado que su departamento pondrá a disposición del juez Baltasar Garzón los datos sobre la represión franquista en esta comunidad entres los años 1936 y 1939 que asciende a 3.588 personas.
La actuación del Gobierno gallego se enmarca en la orden dictada ayer por el juez Garzón, quien ayer dio un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y la ubicación posible de las mismas.
Los datos que facilitará la Xunta forman parte de la investigación «Las víctimas, los nombres, las voces, los lugares» que desarrollan las tres universidades gallegas y que ha localizado, hasta la fecha, 305 lugares relacionados con la represión, 26 fosas comunes y 11 fondeaderos, lugares de la costa en los que se arrojaron cadáveres.
El responsable de la investigación, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, Lourenzo Fernández Prieto, explicó durante una conferencia de prensa que el matiz que introduce la petición del juez Garzón en el proceso de investigación de la represión franquista es que por «primera vez» la Justicia se pronuncia sobre este asunto.
Fernández Prieto destacó que hasta el momento la sociedad, las instituciones académicas e incluso los políticos, a través de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ya se han pronunciado y trabajan sobre el tema, pero nunca un juez había tomado la iniciativa de investigar de forma oficial.
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La intervención de la Audiencia Nacional solo sería posible, concluyen, si Garzón consigue censar un número importante de actos represivos y englobarlos todos en un único supuesto de genocidio, imputable a todo el organigrama de poder franquista. El magistrado ya lo hizo en los casos de Argentina, Chile o Marruecos. La estructura jurídica por él diseñada es la que permite que en la Audiencia Nacional haya causas abiertas contra supuestos genocidas de Guatemala o China, entre otros. Pero el caso español tiene una peculiaridad, y es que solo se puede perseguir el genocidio desde que ese comportamiento es considerado delito.
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El responsable de la investigación, el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela, Lourenzo Fernández Prieto, explicó durante una conferencia de prensa que el matiz que introduce la petición del juez Garzón en el proceso de investigación de la represión franquista es que por «primera vez» la Justicia se pronuncia sobre este asunto.
Fernández Prieto destacó que hasta el momento la sociedad, las instituciones académicas e incluso los políticos, a través de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, ya se han pronunciado y trabajan sobre el tema, pero nunca un juez había tomado la iniciativa de investigar de forma oficial.
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La Xunta elabora un mapa con la localización de las fosas comunes ubicadas en Galicia
Fuente. El Faro de Vigo.
La Xunta elabora un mapa con la localización de las fosas comunes ubicadas en Galicia
Paula Pérez/ X. Porto / SANTIAGO
La Consellería de Cultura trabaja en la localización de las fosas comunes en las que permanecen enterrados los cadáveres de las víctimas gallegas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. Su intención es poner sobre el mapa los lugares en los que permanecen los restos de los represaliados y ayudar a sus familias a encontrar e identificar los cuerpos de sus parientes. De momento, gracias al trabajo de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica se han descubierto en Galicia nueve fosas comunes que ocultaban 33 cadáveres. Sin embargo, la Administración gallega ha permanecido hasta ahora al margen de estos trabajos.De hecho no existían datos oficiales en la comunidad autónoma sobre el paradero de muchos de los represaliados del franquismo. Finalmente historiadores de las tres universidades gallegas se han puesto al servicio de la Xunta para identificar a las víctimas muertas en la Guerra Civil o asesinadas durante los primeros años de la dictadura, además de ponerles nombre y localizar sus cuerpos.La primera fase de este proyecto de investigación, denominado "As víctimas, os nomes, as voces e os lugares", dio ya sus frutos y fue presentado el pasado mes de julio. Según el estudio, durante la Guerra Civil española murieron víctimas de la represión franquista 3.588 gallegos. La mitad de ellos fallecieron sin que hubiese ningún tipo de proceso judicial.La mayoría de las muertes se produjeron en el año 1936, sobre todo en los primeros meses después del golpe militar, entre agosto y octubre. Sólo ese año mataron a 2.010 personas.La investigación, sin embargo, continúa. La Consellería de Cultura quiere saber cuántos "paseados" hubo después durante la dictadura de Franco y localizar las fosas en las que están enterrados los cuerpos. La elaboración de un mapa con los lugares en los que se encuentran los restos de las víctimas es, de hecho, un mandato de la Ley de la Memoria Histórica. Hasta ahora sólo Andalucía y Cataluña habían preparado este estudio. En Galicia aún se encuentra en fase de elaboración, pero la Consellería de Cultura ya ha anunciado que hoy aportará nuevos datos sobre los desaparecidos.De hecho, en la comunidad autónoma hay un total de 200 familias que se han puesto en contacto con la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica para solicitarles ayuda para localizar los restos de sus parientes desaparecidos.Las incógnitas siguen siendo muchas. Por ejemplo, se desconoce el número total de víctimas. Aunque la Xunta apuntó que entre 1936 y 1939 murieron 3.588 gallegos, algunos historiadores, como Luis Lamela, aseguran que esta cifra se eleva hasta las 5.000 si se cuentan los años de dictadura franquista.Según los expertos, fue en Vigo, Ferrol, Tui y Ponteareas donde hubo más represaliados desde que en Galicia estalló la guerra. El Colectivo "Memoria do 36" calcula que sólo en la ciudad olívica podrían llegar hasta 2.500.En Ponteareas se calcula que pueden ser 71 los represaliados. El pasado año aparecieron en este municipio dos fosas comunes con 12 cuerpos.
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Garzón usará documentación de Ponteareas para investigar sobre los represaliados de la guerra civil
Fuente: La Voz de Galicia.
Garzón usará documentación de Ponteareas para investigar sobre los represaliados de la guerra civil
La asociación gallega fue una de las cuatro que presentó la denuncia hace dos años
Autor: L.Míguez
Un granito de arena de la montaña que ha empujado al juez Baltasar Garzón a investigar en la Guerra Civil procede de tierra gallega. Los de la pala que lo han depositado ahí trabajan en la Asociación pola memoria histórica do 36 en Ponteareas.
Esta asociación, en compañía de otras tres de Cataluña, Andalucía y Mallorca fueron los responsables, junto a otros ocho particulares, de presentar una denuncia hace dos años. El documento les unió desde entonces y por ello se han reunido de manera periódica para compartir experiencias y a la espera de que se tomara una decisión.
En la documentación gallega aportada se presentaban datos de seis varones desconocidos que aparecían en el registro civil de Salvaterra, dos fosas de 16 personas en Xinzo y Areas y un libro con pistas sobre la investigación. «Nós pedíamos que se nos dese nome dos non identificados e motivos da morte da xente das fosas. Confiamos en poñelo en coñecemento de Garzón porque él xa estivo en casos coma este en Argentina, Chile e outros sitios», apunta el presidente de la agrupción, Angel Rodríguez Gallardo.
La decisión, hecha pública ayer, del juez Baltasar Garzón, de pedir un listado de los desparecidos durante la Guerra Civil ha creado mucho optimismo en la asociación. Aunque todavía queda que se abra un caso, lo cierto es que el simple hecho de facilitar las labores de investigación son consideradas en Ponteareas como todo un logro.
«Isto suporá que institucións como Concellos, o Arquivo Xeral de Alcalá ou a conferencia episcopal a través dos rexistros de enterramentos teñan que facilitar información, que ata o de agora era dificilísimo», asegura Angel Rodríguez Gallardo.
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