NOTA PRENSA: LA MEMORIA HISTORICA CIERRA HERIDAS
Psicólogos sin Fronteras Madrid es una ONGD ligada, casi desde sus inicios, entre otras cuestiones al trabajo y acompañamiento con víctimas y sus familiares involucradas en situación de catástrofe o emergencia natural o humanitaria nacionales o internacionales entre las que cabe incluir desde el 11 M hasta los recientes trágicos sucesos acontecidos en Barajas, así como desde los acompañamientos psico sociales desarrollados con familiares de victimas de la represión franquista a lo largo de los últimos 4 años.
Desde este trabajo venimos acumulando un gran número de experiencias prácticas y conocimientos teóricos que permiten afirmar que los procesos de recuperación de la memoria histórica cierran heridas, cierran procesos y contribuyen a una mejora en las condiciones de vida de los familiares.
Tener la posibilidad de hablar de lo ocurrido, de recordar a las personas queridas y homenajearlas, de recuperar su memoria, de vencer un miedo, enquistado como una herida mal cerrada durante años, supone, cuando así lo deciden las víctimas y sus familiares (como verdaderos dueños de su memoria) supone, sin duda, cerrar un proceso doloroso que permaneció oculto por el miedo durante mucho tiempo.
Ni las entrevistas y acompañamientos desarrollados con los familiares, ni los conocimientos teóricos de los que disponemos sobre este ámbito, ni la legislación internacional corroboran o apoyan que las victimas deban guardar silencio para cerrar sus heridas. Por otra parte, la legislación internacional y los conocimientos básicos en derechos humanos marcan los tres pilares básicos de actuación consensuada en este ambito que son, recordémoslo: verdad (conocer lo que ocurrió), justicia y reparación.
Las victimas de la represión franquista no son diferentes a las victimas del 11 M, del 11 S, de ETA o de Barajas, tampoco de otras victimas, todas demandan legítimamente ser reconocidas como víctimas, ser reparadas, que se conozca lo que ocurrió y que se les trate con justicia.
Psicólogos sin Fronteras Madrid
sábado, 6 de septiembre de 2008
Baltasar Garzón desentierra la memoria.
Fuente: 20 minutos.es
La decisión del juez Garzón de elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ha vuelto a desatar la polémica.
El magistrado ha pedido esta semana a ayuntamientos e instituciones un listado de las víctimas, cuyo número puede superar las 30.000.
En 7 años se han exhumado ya más de un centenar de fosas comunes.
Todas las claves del requerimiento judicial, las reacciones y los problemas que supone, en 50 preguntas y respuestas.
1. ¿QUÉ HA PEDIDO EL JUEZ GARZÓN?
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados y datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
2. ¿CUÁNTOS DESAPARECIDOS HAY?
Se desconoce el número exacto, pero, en cualquier caso, decenas de miles. Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica calculan en torno a los 30.000, si bien algunas fuentes elevan esta cifra a 50.000. La inmensa mayoría fueron asesinados al comienzo del conflicto, en el verano de 1936, y pertenecían al bando republicano (casi todos los muertos del otro bando, fueron exhumados al concluir la guerra).
La inmensa mayoría fueron asesinados al comienzo de la guerra
3. ¿CÓMO ‘DESAPARECIERON’?
Miles de hombres y mujeres civiles fueron ‘paseados’ hasta zonas de campo donde eran ejecutados y enterrados luego en fosas comunes, otros salían muertos de las cárceles donde se encontraban presos (en las “sacas”) o eran fusilados directamente.
4. ¿A QUIÉN HA SOLICITADO GARZÓN LOS DATOS?
El juez ha dirigido providencias a cuatro ayuntamientos (Madrid, Granada, Sevilla y Córdoba), a la Conferencia Episcopal Española, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, al Centro Nacional de Memoria Histórica, al Archivo General de la Administración, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a otros organismos.
5. ¿CON QUÉ FIN?
Garzón pretende elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es o no competente para investigar estos crímenes.
6. ¿POR QUÉ GARZÓN?
Porque fue él quien estaba de guardia en su juzgado cuando, el 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y un diputado socialista presentaron un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil.
7. ¿POR QUÉ SE PRESENTARON LAS DENUNCIAS EN ESA FECHA?
Ese mismo día se debatía en el Congreso, por primera vez, la Ley de Memoria Histórica.
8. ¿QUÉ ES LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA?
Es la Ley, aprobada finalmente por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de junio de 2008, tras el compromiso en ese sentido del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La Ley, en contra de la cual votaron el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, incluye el reconocimiento de las víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil, así como el de las victimas de la dictadura, y el derecho de éstas a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal. También contempla la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de los que fueron represaliados por los sublevados, la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas, la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los republicanos exiliados bajo la dictadura y a los brigadistas internacionales, o la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.
La Ley de Memoria Histórica contempla la apertura de fosas comunes en las que yacen los restos de los represaliados
9. ¿A QUÉ HACEN REFERENCIA LAS DENUNCIAS?
A diferentes casos ocurridos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y, de forma genérica, a la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.
10. ¿EN QUÉ SE APOYAN?
Las denuncias consideran que cabe exigir al Estado español responsabilidades por estos hechos, en el marco de obligaciones de compensación y reparación que dicta la actual Ley de Memoria Histórica y por la violación del Derecho Internacional.
11. ¿CUÁL ES LA POSTURA PERSONAL DEL JUEZ GARZÓN?
Teniendo el histórico auto que dictó contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet como principal referencia, el juez de la Audiencia Nacional es famoso por su activismo en contra de que queden impunes los crímenes cometidos durante las dictaduras, ya sea por el paso del tiempo o por conflictos derivados de las jurisdicciones nacionales respectivas.
En una entrevista a 20 minutos, realizada antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, Garzón declaró que “después de todo este tiempo será difícil encontrar responsabilidad penal, pero tenemos que intentar establecer, al menos, un juicio histórico claro de las violaciones masivas de los derechos fundamentales en la dictadura. Con cerrar los ojos no se olvidan los ciudadanos españoles que fueron asesinados, masacrados, marginados y perseguidos”.
Tenemos que intentar establecer un juicio histórico claro". Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional
12. ¿CUÁNTO TIEMPO TIENEN LOS DENUNCIANTES PARA APORTAR SUS LISTAS DE DESAPARECIDOS?
Garzón dio el pasado martes a las asociaciones denunciantes un plazo de quince días para que aporten una “relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación”. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid ya ha anunciado que va a remitir al juez Garzón 6.000 fichas de represaliados.
13. ¿POR QUÉ TAN POCO TIEMPO?
En su providencia, el juez expresa su intención de obtener los datos necesarios para dictar el auto en el que resolverá sobre su competencia en el caso “con la mayor rapidez” posible.
14. ¿QUÉ DEBEN PRESENTAR TAMBIÉN LOS DENUNCIANTES?
Las asociaciones personadas en la causa tendrán que aportar asimismo los datos que tengan sobre las personas que estén realizando actualmente exhumaciones de víctimas, con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado, “tanto en su ejecución como en su resultado”.
15. ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE EL JUEZ PIDE DATOS SOBRE DESAPARECIDOS?
No. El pasado 23 de junio, y como paso previo a su decisión, Garzón solicitó al Ministerio de Defensa (también al de Interior) un informe sobre estos desaparecidos.
16. ¿HA RESPONDIDO ESTE MINISTERIO?
Aún no. En este momento está elaborando una respuesta a una segunda petición, realizada el 28 de agosto.
17. ¿QUÉ HA REQUERIDO EL JUEZ A LA CONFERENCIA EPISCOPAL?
Que todas las parroquias de España permitan el acceso a la Policía Judicial para que los agentes puedan identificar a posibles víctimas desaparecidas.
18. ¿CUÁNTAS PARROQUIAS HAY EN ESPAÑA?
22.827.
19. ¿POR QUÉ PIDE ESTA INFORMACIÓN A LA IGLESIA?
Las parroquias guardan en sus libros de difuntos información que puede resultar clave a la hora de investigar los nombres y otros datos de los desaparecidos.
20. ¿CÓMO HAN RESPONDIDO LOS OBISPOS?
De momento, y aunque este viernes aún estaban estudiando la providencia del juez Garzón para dar una respuesta, fuentes de la Conferencia Episcopal han señalado que ésta podría declararse incompetente a la hora de facilitar el acceso a los archivos de las parroquias, ya que la última palabra la tendrán las propias parroquias o, en su caso, las diferentes diócesis (hay 70 en total), que cuentan con autonomía decisoria. De este modo, podría ocurrir que algunos obispos se negasen, lo que impediría la elaboración de un censo completo. Por otra parte, las parroquias cuentan con listados de fallecidos, pero no de desaparecidos.
En cualquier caso, es probable que el Episcopado considere que el cauce correcto es realizar un requerimiento concreto a cada parroquia u obispado, indicando los datos personales de cada fallecido Los obispos podrían debatir el tema en su primer comité ejecutivo del nuevo curso, que se celebrará el próximo día 11.
La Conferencia Episcopal podría declararse incompetente, alegando que la última palabra la tienen las parroquias y las diócesis
21. ¿PUEDE NEGARSE LA IGLESIA A FACILITAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA?
En el artículo I de los Acuerdos entre el Estado español y el Vaticano (de 1979) se dice que “el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas”. Expertos en Derecho eclesiástico consultados por el diario Público consideran que, amparándose en esta legislación, la Iglesia podría negarse a ceder cualquier información relativa a sus archivos.
22. ¿QUÉ SE HA SOLICITADO A LA ABADÍA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS?
El juez reclama, tanto a esta institución como a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.
23. ¿QUÉ REGISTROS HAY ALLÍ?
La abadía del Valle de los Caídos cuenta con un registro de unos 34.000 fallecidos, según el abad, Anselmo Álvarez, quien, no obstante, ha declarado a la Cadena Ser que todos ellos son muertos “durante la guerra o en acciones de guerra”. El abad aseguró asimismo que en la abadía no existe ningún listado de fusilados durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura franquista.
24. ¿QUÉ DEBEN APORTAR LOS AYUNTAMIENTOS?
Garzón ha pedido a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que le notifiquen el nombre, fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades a partir del 17 de julio de 1936 y “como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España”. El requerimiento se refiere, concretamente, a los cementerios de San José, en Granada; Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, en Córdoba, y San Fernando, en Sevilla. Fernando Magán, el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, calcula que en el cementerio madrileño de La Almudena hay datos de más de 3.000 fusilados, en libros fechados entre 1939 y 1940.
25. ¿CÓMO HAN RESPONDIDO A LA PETICIÓN DEL JUEZ?
Los cuatro alcaldes afectados han expresado ya su intención de colaborar.
-El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha asegurado que el Ayuntamiento acatará “siempre” cualquier decisión judicial y que, por tanto, cumplirá “en todos los términos” el requerimiento solicitado por el juez Garzón.
-La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), afirmó que su Ayuntamiento colaborará con el juez “en la medida de sus posibilidades para ofrecer aquello que se le requiera, que tenga y conozca sobre los desaparecidos en la Guerra Civil”. Aguilar añadió que colaborará “desde la normalidad, la tranquilidad y un espíritu total de concordia”, por lo que espera “que no se reabran heridas a raíz de esta iniciativa”, ya que, “es normal que cualquier familiar de una persona desaparecida quiera encontrarlo para poder enterrarlo”.
-El Ayuntamiento de Sevilla (PSOE), a través de su Archivo Histórico, ha empezado ya a investigar y a recabar los datos de represaliados en la ciudad (se calcula que fueron unos 8.000).
-En Granada, tanto el Gobierno municipal (PP) como la Universidad (institución a la que también se han pedido datos) se han mostrado asimismo dispuestos a colaborar. El investigador de la Universidad de Granada Rafael Gil Bracero tiene ya una lista con unos 4.000 fallecidos identificados (calcula que el total puede ascender a 10.000), y ha elaborado un mapa con más de 80 fosas comunes de Granada.
Los cuatro alcaldes afectados ya han expresado su intención de colaborar con el juez
26. ¿QUÉ SE HA PEDIDO AL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN?
Que emita un informe o identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos.
27. ¿Y AL CENTRO DOCUMENTAL DE MEMORIA HISTÓRICA?
El juez quiere que le facilite todos los ficheros que posea referentes al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
28. ¿QUIÉN APOYA LA DECISIÓN DE GARZÓN?
-Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Federación de Asociaciones de Foros de la Memoria, que colaborarán con el juez, al tiempo que denuncian el hecho de que hasta ahora los juzgados hayan resuelto que los crímenes denunciados han prescrito. Recuerdan que “el franquismo no es un régimen que abarcó exclusivamente los años 30 ó 40 del siglo XX, sino que se extiende legalmente y en sus efectos al menos hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, e incluso hasta la promulgación de la Constitución de 1978”. Añaden que “en 2008 es inexcusable que las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad española se planteen la nulidad de la siniestra Ley de Amnistía de 1977, una aberración en términos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, que convierte a nuestro país en un oasis de impunidad".
-Amnistía Internacional , que considera la decisión judicial “un paso más para que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación”.
-El presidente del Congreso, José Bono (“es algo justo, lícito y comprensible), y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín (“una decisión lógica y de justicia para honrar a los muertos”). También el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, si bien éste criticó a Garzón por “querer ir a por el Nobel”.
-El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons (“las familias de los desaparecidos tienen todo el derecho del mundo a saber dónde están y a que la Administración les ayude a encontrarlos”).
-Izquierda Unida y entidades y partidos de izquierda como ERC, ICV o la Fundación Pere Ardíaca (del Partido de los Comunistas de Cataluña).
29. ¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
-El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la iniciativa de Garzón “merece el respeto” del Gobierno, pero añadió que “lo más prudente es no realizar valoraciones".
-El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó la decisión de “sensata” y dijo no entender que pueda “molestar” a nadie. No opinó sobre la viabilidad del procedimiento penal.
-Para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la decisión judicial es “una buena forma de poner las cosas en su sitio” que “contará con todo el apoyo que se merece” por parte de su departamento.
30. ¿QUÉ CRÍTICAS HA RECIBIDO LA DECISIÓN Y DE QUIÉN?
-La iniciativa de Garzón ha sido criticada por diversas asociaciones de jueces, como la Asociación Profesional de la Magistratura, para la que el objetivo de las investigaciones penales no es abrir causas generales, y que ha llegado a pedir a la Fiscalía que recurra la providencia del juez; la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, o Jueces para la Democracia, que cree que el censo debería hacerlo el Gobierno y no mediante un proceso judicial, y asegura que la decisión judicial tiene "poco futuro".
-Desde el PP, su presidente, Mariano Rajoy , dijo que no es partidario de “reabrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada”. El eurodiputado Jaime Mayor Oreja calificó la decisión de Garzón de “disparate” y el fundador del partido, Manuel Fraga, ha indicado que “del otro lado hubo muchas más barrabasadas”.
En el otro bando hubo muchas más barrabasadas". Manuel Fraga, fundador del Partido Popular
-Diferentes juristas han señalado que la providencia olvida los acuerdos Iglesia-Estado, y se preguntan también a quién puede acusar el juez Garzón.
31. ¿QUÉ PROBLEMAS JURÍDICOS PUEDE HABER?
Por un lado, la decisión puede verse afectada por la Ley de Amnistía de 1979, si bien algunos expertos, como el abogado de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria, Fernando Magán, consideran que esa norma es preconstitucional, que fue creada para la rehabilitación de presos políticos y que el tiempo la ha invalidado. Por otra parte, los juzgados han rechazado hasta ahora las denuncias presentadas alegando la prescripción de los delitos. El hecho de que durante la Transición no existiera una ruptura legal ha hecho que, por ejemplo, y según informó El País, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo haya rechazado sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin garantía legal, porque considera que se llevaron a cabo según la legalidad vigente y por tanto son legítimos.
32. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS TÉCNICOS?
La elaboración de un censo como el que pretende realizar Garzón puede llevar años, ya que no existe ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos en toda España. Rogelio Blanco, director General del Libro de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, señaló al diario El País que “el Fichero General contiene tres millones de fichas de nombres de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar y, además, está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada”.
No existe ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos en toda España
33. ¿TIENE EL GOBIERNO ALGÚN REGISTRO DE DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO?
No. Pese a que el juez Garzón lo ha requerido, en la actualidad no existe un informe global ni de desaparecidos ni de fosas comunes.
34. ¿HAY ALGÚN CENSO OFICIAL?
Hasta ahora, sólo las comunidades de Andalucía y Cataluña han comenzado a elaborar un mapa de fosas comunes en sus territorios, en proyectos que incluyen también la investigación sobre desaparecidos. La Generalitat ha identificado 179 fosas de la Guerra Civil y 2.171 desaparecidos. La Junta de Andalucía intenta localizar a cerca de 10.000 víctimas en unos 300 enterramientos.
35. ¿CUÁNTO DINERO COSTARÍA ENCONTRAR A TODOS LOS DESAPARECIDOS?
Suponiendo que los costes de las exhumaciones realizadas hasta ahora no varíen, y que el total de desaparecidos ascienda hasta 50.000 personas, las labores para desenterrarlos e identificarlos a todos podrían costar unos 60 millones de euros.
36. ¿QUIÉN LOS ESTÁ BUSCANDO ACTUALMENTE?
Pese a que la Ley de Memoria Histórica obliga al Gobierno a realizar un mapa de fosas comunes, hasta ahora, y salvo algunas excepciones de ayuntamientos aislados y las dos comunidades autónomas mencionadas, las exhumaciones las han venido realizando entidades privadas y ONG como el Foro por la Memoria y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
37. ¿CUÁNDO SE EMPEZARON A EXHUMAR LAS PRIMERAS FOSAS?
Aunque la búsqueda y los desenterramientos empezaron a realizarse de un modo más sistemático a finales de los años noventa, el conocimiento por parte de los vecinos de los emplazamientos de muchas fosas comunes permitió llevar a cabo exhumaciones mucho antes, sobre todo en los municipios donde, con la democracia, llegaron al poder partidos de izquierda. En 1979, por ejemplo, por iniciativa de un alcalde, los restos de cinco desaparecidos de Torresandino (Burgos) se exhumaron de una fosa común en un monte de un pueblo cercano, La Horra.
38. ¿CUÁNTAS FOSAS COMUNES SE HAN LOCALIZADO YA Y DÓNDE?
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva exhumadas en algo más de siete años 110 fosas comunes y localizadas alrededor de 300, gracias a la reclamación de familiares y vecinos de las víctimas. Casi la mitad de estos enterramientos se encuentran en Castilla y León, principalmente en las provincias de Burgos y León.
39. ¿CUÁNTOS MUERTOS SE HAN ENCONTRADO HASTA AHORA?
En torno al millar.
40. ¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA?
Ocho meses después de su aprobación, la Ley apenas ha sido desarrollada aún por el Gobierno.
41. ¿QUÉ SE HA HECHO YA?
El Ministerio de Justicia ha concluido la redacción del reglamento que desarrollará el punto de la ley por el que se creará una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para las víctimas. Este reconocimiento oficial no implica, sin embargo, la nulidad de las condenas dictadas durante el franquismo ni compensación económica alguna.
42. ¿HA PEDIDO YA ALGUIEN ESTE RECONOCIMIENTO?
Justicia asegura que lo han solicitado ya 90 personas, según informó El País.
43. ¿QUÉ SE LE HA CRITICADO A LA LEY?
El PP y los medios de comunicación más conservadores están en contra porque consideran que la Ley “abre viejas heridas”. Partidos políticos como IU, ERC o ICV, así como las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, la han criticado también, por su parte, por ser demasiado “tibia” e “insatisfactoria”. IU lamentó en su día la “falta de valentía” del Ejecutivo, al aprobar una ley que, para evitar la confrontación con la derecha, no cumple las expectativas de los republicanos ni de los antifranquistas”.
44. ¿CÓMO LA DEFENDIÓ EL EJECUTIVO?
El Gobierno destacó que la Ley “ayuda a cicatrizar sin reabrir, contribuye a sumar y no a dividir y permite cerrar con honor para todos un capítulo trágico de la historia”.
45. ¿QUÉ DIJO AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Calificó la Ley de Memoria Histórica como “decepcionante”, ya que “se aleja de las normas internacionales de derechos humanos, olvida la justicia, no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de la verdad.
46. ¿HA HABIDO ALGUNA CONDENA OFICIAL AL FRANQUISMO EN ESPAÑA?
Sí. El 20 de noviembre de 2002, en el 27 aniversario de la muerte de Franco, y con José María Aznar (PP) como presidente del Gobierno, todos los grupos del Congreso acordaron por unanimidad la primera y, hasta la fecha, única condena oficial al franquismo en el Parlamento. La resolución incluyó el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y en ella se instaba al Gobierno a poner en marcha de forma urgente una política de protección económica y social de los exiliados.
47. ¿Y EN EUROPA?
Coincidiendo con el 70 aniversario del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil, en julio de 2006 el Parlamento Europeo condenó por primera vez en la historia el franquismo. Fue durante un debate en el que participaron los jefes de los distintos grupos políticos y en el que se dejó constancia de que “Europa dejó solos a los españoles”.
48. ¿CUÁNTAS PERSONAS MURIERON EN LA GUERRA CIVIL?
El número total de muertos durante la contienda (1936-1939) sigue sujeto a una gran polémica. No obstante, son muchas las fuentes que lo sitúan entre 500.000 y 800.000. Una gran cantidad de estas víctimas fueron, en cualquier caso, civiles asesinados en las retaguardias de ambos bandos (unos 40.000 en la de la zona republicana, según el juicio franquista posterior a la guerra, y unos 100.000 en la de la zona franquista).
49. ¿CUÁNTAS MURIERON DURANTE LA REPRESIÓN POSTERIOR?
Tampoco aquí hay consenso. La cifra podría llegar hasta las 40.000 personas.
50. ¿QUÉ ECO HA TENIDO LA PETICIÓN DE GARZÓN EN LA PRENSA INTERNACIONAL? La decisión judicial ha ocupado un gran espacio en muchos de los principales diarios del mundo. En Francia, el diario Liberation tituló: “El fin de los tabúes judiciales sobre las atrocidades del franquismo”, y Le Monde se preguntaba si “más de setenta años después la justicia española podrá hacer la luz sobre las exacciones (cobros injustos y violentos) del régimen franquista”. El diario británico The Guardian destacó que “un juez trata de aclarar el destino de las víctimas de Franco” y, en EE UU, The New York Times indicaba en su crónica que “en los dos bandos se cometieron atrocidades, pero generalmente se considera que los fascistas victoriosos de Franco fueron responsables de la mayor parte”.
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El magistrado ha pedido esta semana a ayuntamientos e instituciones un listado de las víctimas, cuyo número puede superar las 30.000.
En 7 años se han exhumado ya más de un centenar de fosas comunes.
Todas las claves del requerimiento judicial, las reacciones y los problemas que supone, en 50 preguntas y respuestas.
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1. ¿QUÉ HA PEDIDO EL JUEZ GARZÓN?
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha abierto diligencias para requerir a diversas instituciones listados y datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
2. ¿CUÁNTOS DESAPARECIDOS HAY?
Se desconoce el número exacto, pero, en cualquier caso, decenas de miles. Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica calculan en torno a los 30.000, si bien algunas fuentes elevan esta cifra a 50.000. La inmensa mayoría fueron asesinados al comienzo del conflicto, en el verano de 1936, y pertenecían al bando republicano (casi todos los muertos del otro bando, fueron exhumados al concluir la guerra).
La inmensa mayoría fueron asesinados al comienzo de la guerra
3. ¿CÓMO ‘DESAPARECIERON’?
Miles de hombres y mujeres civiles fueron ‘paseados’ hasta zonas de campo donde eran ejecutados y enterrados luego en fosas comunes, otros salían muertos de las cárceles donde se encontraban presos (en las “sacas”) o eran fusilados directamente.
4. ¿A QUIÉN HA SOLICITADO GARZÓN LOS DATOS?
El juez ha dirigido providencias a cuatro ayuntamientos (Madrid, Granada, Sevilla y Córdoba), a la Conferencia Episcopal Española, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial, al Centro Nacional de Memoria Histórica, al Archivo General de la Administración, a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a otros organismos.
5. ¿CON QUÉ FIN?
Garzón pretende elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo y determinar si su juzgado, el número 5 de la Audiencia Nacional, es o no competente para investigar estos crímenes.
6. ¿POR QUÉ GARZÓN?
Porque fue él quien estaba de guardia en su juzgado cuando, el 14 de diciembre de 2006, un grupo de abogados representantes de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y un diputado socialista presentaron un total de ocho denuncias en las que solicitaban una investigación sobre las desapariciones, asesinatos, torturas y exilios forzosos cometidos desde 1936, año en que comenzó la Guerra Civil.
7. ¿POR QUÉ SE PRESENTARON LAS DENUNCIAS EN ESA FECHA?
Ese mismo día se debatía en el Congreso, por primera vez, la Ley de Memoria Histórica.
8. ¿QUÉ ES LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA?
Es la Ley, aprobada finalmente por el Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 31 de junio de 2008, tras el compromiso en ese sentido del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
La Ley, en contra de la cual votaron el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya, incluye el reconocimiento de las víctimas de ambos bandos durante la Guerra Civil, así como el de las victimas de la dictadura, y el derecho de éstas a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal. También contempla la apertura de fosas comunes en las que aún yacen los restos de los que fueron represaliados por los sublevados, la retirada de los símbolos franquistas de las vías públicas, la concesión de la nacionalidad española a los hijos y nietos de los republicanos exiliados bajo la dictadura y a los brigadistas internacionales, o la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.
La Ley de Memoria Histórica contempla la apertura de fosas comunes en las que yacen los restos de los represaliados
9. ¿A QUÉ HACEN REFERENCIA LAS DENUNCIAS?
A diferentes casos ocurridos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y, de forma genérica, a la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.
10. ¿EN QUÉ SE APOYAN?
Las denuncias consideran que cabe exigir al Estado español responsabilidades por estos hechos, en el marco de obligaciones de compensación y reparación que dicta la actual Ley de Memoria Histórica y por la violación del Derecho Internacional.
11. ¿CUÁL ES LA POSTURA PERSONAL DEL JUEZ GARZÓN?
Teniendo el histórico auto que dictó contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet como principal referencia, el juez de la Audiencia Nacional es famoso por su activismo en contra de que queden impunes los crímenes cometidos durante las dictaduras, ya sea por el paso del tiempo o por conflictos derivados de las jurisdicciones nacionales respectivas.
En una entrevista a 20 minutos, realizada antes de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, Garzón declaró que “después de todo este tiempo será difícil encontrar responsabilidad penal, pero tenemos que intentar establecer, al menos, un juicio histórico claro de las violaciones masivas de los derechos fundamentales en la dictadura. Con cerrar los ojos no se olvidan los ciudadanos españoles que fueron asesinados, masacrados, marginados y perseguidos”.
Tenemos que intentar establecer un juicio histórico claro". Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional
12. ¿CUÁNTO TIEMPO TIENEN LOS DENUNCIANTES PARA APORTAR SUS LISTAS DE DESAPARECIDOS?
Garzón dio el pasado martes a las asociaciones denunciantes un plazo de quince días para que aporten una “relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación”. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid ya ha anunciado que va a remitir al juez Garzón 6.000 fichas de represaliados.
13. ¿POR QUÉ TAN POCO TIEMPO?
En su providencia, el juez expresa su intención de obtener los datos necesarios para dictar el auto en el que resolverá sobre su competencia en el caso “con la mayor rapidez” posible.
14. ¿QUÉ DEBEN PRESENTAR TAMBIÉN LOS DENUNCIANTES?
Las asociaciones personadas en la causa tendrán que aportar asimismo los datos que tengan sobre las personas que estén realizando actualmente exhumaciones de víctimas, con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado, “tanto en su ejecución como en su resultado”.
15. ¿ES LA PRIMERA VEZ QUE EL JUEZ PIDE DATOS SOBRE DESAPARECIDOS?
No. El pasado 23 de junio, y como paso previo a su decisión, Garzón solicitó al Ministerio de Defensa (también al de Interior) un informe sobre estos desaparecidos.
16. ¿HA RESPONDIDO ESTE MINISTERIO?
Aún no. En este momento está elaborando una respuesta a una segunda petición, realizada el 28 de agosto.
17. ¿QUÉ HA REQUERIDO EL JUEZ A LA CONFERENCIA EPISCOPAL?
Que todas las parroquias de España permitan el acceso a la Policía Judicial para que los agentes puedan identificar a posibles víctimas desaparecidas.
18. ¿CUÁNTAS PARROQUIAS HAY EN ESPAÑA?
22.827.
19. ¿POR QUÉ PIDE ESTA INFORMACIÓN A LA IGLESIA?
Las parroquias guardan en sus libros de difuntos información que puede resultar clave a la hora de investigar los nombres y otros datos de los desaparecidos.
20. ¿CÓMO HAN RESPONDIDO LOS OBISPOS?
De momento, y aunque este viernes aún estaban estudiando la providencia del juez Garzón para dar una respuesta, fuentes de la Conferencia Episcopal han señalado que ésta podría declararse incompetente a la hora de facilitar el acceso a los archivos de las parroquias, ya que la última palabra la tendrán las propias parroquias o, en su caso, las diferentes diócesis (hay 70 en total), que cuentan con autonomía decisoria. De este modo, podría ocurrir que algunos obispos se negasen, lo que impediría la elaboración de un censo completo. Por otra parte, las parroquias cuentan con listados de fallecidos, pero no de desaparecidos.
En cualquier caso, es probable que el Episcopado considere que el cauce correcto es realizar un requerimiento concreto a cada parroquia u obispado, indicando los datos personales de cada fallecido Los obispos podrían debatir el tema en su primer comité ejecutivo del nuevo curso, que se celebrará el próximo día 11.
La Conferencia Episcopal podría declararse incompetente, alegando que la última palabra la tienen las parroquias y las diócesis
21. ¿PUEDE NEGARSE LA IGLESIA A FACILITAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA?
En el artículo I de los Acuerdos entre el Estado español y el Vaticano (de 1979) se dice que “el Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas”. Expertos en Derecho eclesiástico consultados por el diario Público consideran que, amparándose en esta legislación, la Iglesia podría negarse a ceder cualquier información relativa a sus archivos.
22. ¿QUÉ SE HA SOLICITADO A LA ABADÍA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS?
El juez reclama, tanto a esta institución como a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.
23. ¿QUÉ REGISTROS HAY ALLÍ?
La abadía del Valle de los Caídos cuenta con un registro de unos 34.000 fallecidos, según el abad, Anselmo Álvarez, quien, no obstante, ha declarado a la Cadena Ser que todos ellos son muertos “durante la guerra o en acciones de guerra”. El abad aseguró asimismo que en la abadía no existe ningún listado de fusilados durante la guerra civil y los primeros años de la dictadura franquista.
24. ¿QUÉ DEBEN APORTAR LOS AYUNTAMIENTOS?
Garzón ha pedido a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid que le notifiquen el nombre, fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades a partir del 17 de julio de 1936 y “como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España”. El requerimiento se refiere, concretamente, a los cementerios de San José, en Granada; Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, en Córdoba, y San Fernando, en Sevilla. Fernando Magán, el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, calcula que en el cementerio madrileño de La Almudena hay datos de más de 3.000 fusilados, en libros fechados entre 1939 y 1940.
25. ¿CÓMO HAN RESPONDIDO A LA PETICIÓN DEL JUEZ?
Los cuatro alcaldes afectados han expresado ya su intención de colaborar.
-El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha asegurado que el Ayuntamiento acatará “siempre” cualquier decisión judicial y que, por tanto, cumplirá “en todos los términos” el requerimiento solicitado por el juez Garzón.
-La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), afirmó que su Ayuntamiento colaborará con el juez “en la medida de sus posibilidades para ofrecer aquello que se le requiera, que tenga y conozca sobre los desaparecidos en la Guerra Civil”. Aguilar añadió que colaborará “desde la normalidad, la tranquilidad y un espíritu total de concordia”, por lo que espera “que no se reabran heridas a raíz de esta iniciativa”, ya que, “es normal que cualquier familiar de una persona desaparecida quiera encontrarlo para poder enterrarlo”.
-El Ayuntamiento de Sevilla (PSOE), a través de su Archivo Histórico, ha empezado ya a investigar y a recabar los datos de represaliados en la ciudad (se calcula que fueron unos 8.000).
-En Granada, tanto el Gobierno municipal (PP) como la Universidad (institución a la que también se han pedido datos) se han mostrado asimismo dispuestos a colaborar. El investigador de la Universidad de Granada Rafael Gil Bracero tiene ya una lista con unos 4.000 fallecidos identificados (calcula que el total puede ascender a 10.000), y ha elaborado un mapa con más de 80 fosas comunes de Granada.
Los cuatro alcaldes afectados ya han expresado su intención de colaborar con el juez
26. ¿QUÉ SE HA PEDIDO AL ARCHIVO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN?
Que emita un informe o identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos.
27. ¿Y AL CENTRO DOCUMENTAL DE MEMORIA HISTÓRICA?
El juez quiere que le facilite todos los ficheros que posea referentes al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo.
28. ¿QUIÉN APOYA LA DECISIÓN DE GARZÓN?
-Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Federación de Asociaciones de Foros de la Memoria, que colaborarán con el juez, al tiempo que denuncian el hecho de que hasta ahora los juzgados hayan resuelto que los crímenes denunciados han prescrito. Recuerdan que “el franquismo no es un régimen que abarcó exclusivamente los años 30 ó 40 del siglo XX, sino que se extiende legalmente y en sus efectos al menos hasta las primeras elecciones democráticas de 1977, e incluso hasta la promulgación de la Constitución de 1978”. Añaden que “en 2008 es inexcusable que las fuerzas políticas y el conjunto de la sociedad española se planteen la nulidad de la siniestra Ley de Amnistía de 1977, una aberración en términos de Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, que convierte a nuestro país en un oasis de impunidad".
-Amnistía Internacional , que considera la decisión judicial “un paso más para que las víctimas puedan tener acceso a la verdad, la justicia y la reparación”.
-El presidente del Congreso, José Bono (“es algo justo, lícito y comprensible), y la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín (“una decisión lógica y de justicia para honrar a los muertos”). También el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, si bien éste criticó a Garzón por “querer ir a por el Nobel”.
-El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons (“las familias de los desaparecidos tienen todo el derecho del mundo a saber dónde están y a que la Administración les ayude a encontrarlos”).
-Izquierda Unida y entidades y partidos de izquierda como ERC, ICV o la Fundación Pere Ardíaca (del Partido de los Comunistas de Cataluña).
29. ¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?
-El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que la iniciativa de Garzón “merece el respeto” del Gobierno, pero añadió que “lo más prudente es no realizar valoraciones".
-El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó la decisión de “sensata” y dijo no entender que pueda “molestar” a nadie. No opinó sobre la viabilidad del procedimiento penal.
-Para el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, la decisión judicial es “una buena forma de poner las cosas en su sitio” que “contará con todo el apoyo que se merece” por parte de su departamento.
30. ¿QUÉ CRÍTICAS HA RECIBIDO LA DECISIÓN Y DE QUIÉN?
-La iniciativa de Garzón ha sido criticada por diversas asociaciones de jueces, como la Asociación Profesional de la Magistratura, para la que el objetivo de las investigaciones penales no es abrir causas generales, y que ha llegado a pedir a la Fiscalía que recurra la providencia del juez; la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, o Jueces para la Democracia, que cree que el censo debería hacerlo el Gobierno y no mediante un proceso judicial, y asegura que la decisión judicial tiene "poco futuro".
-Desde el PP, su presidente, Mariano Rajoy , dijo que no es partidario de “reabrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada”. El eurodiputado Jaime Mayor Oreja calificó la decisión de Garzón de “disparate” y el fundador del partido, Manuel Fraga, ha indicado que “del otro lado hubo muchas más barrabasadas”.
En el otro bando hubo muchas más barrabasadas". Manuel Fraga, fundador del Partido Popular
-Diferentes juristas han señalado que la providencia olvida los acuerdos Iglesia-Estado, y se preguntan también a quién puede acusar el juez Garzón.
31. ¿QUÉ PROBLEMAS JURÍDICOS PUEDE HABER?
Por un lado, la decisión puede verse afectada por la Ley de Amnistía de 1979, si bien algunos expertos, como el abogado de las asociaciones para la Recuperación de la Memoria, Fernando Magán, consideran que esa norma es preconstitucional, que fue creada para la rehabilitación de presos políticos y que el tiempo la ha invalidado. Por otra parte, los juzgados han rechazado hasta ahora las denuncias presentadas alegando la prescripción de los delitos. El hecho de que durante la Transición no existiera una ruptura legal ha hecho que, por ejemplo, y según informó El País, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo haya rechazado sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin garantía legal, porque considera que se llevaron a cabo según la legalidad vigente y por tanto son legítimos.
32. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS TÉCNICOS?
La elaboración de un censo como el que pretende realizar Garzón puede llevar años, ya que no existe ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos en toda España. Rogelio Blanco, director General del Libro de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, señaló al diario El País que “el Fichero General contiene tres millones de fichas de nombres de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar y, además, está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada”.
No existe ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos en toda España
33. ¿TIENE EL GOBIERNO ALGÚN REGISTRO DE DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO?
No. Pese a que el juez Garzón lo ha requerido, en la actualidad no existe un informe global ni de desaparecidos ni de fosas comunes.
34. ¿HAY ALGÚN CENSO OFICIAL?
Hasta ahora, sólo las comunidades de Andalucía y Cataluña han comenzado a elaborar un mapa de fosas comunes en sus territorios, en proyectos que incluyen también la investigación sobre desaparecidos. La Generalitat ha identificado 179 fosas de la Guerra Civil y 2.171 desaparecidos. La Junta de Andalucía intenta localizar a cerca de 10.000 víctimas en unos 300 enterramientos.
35. ¿CUÁNTO DINERO COSTARÍA ENCONTRAR A TODOS LOS DESAPARECIDOS?
Suponiendo que los costes de las exhumaciones realizadas hasta ahora no varíen, y que el total de desaparecidos ascienda hasta 50.000 personas, las labores para desenterrarlos e identificarlos a todos podrían costar unos 60 millones de euros.
36. ¿QUIÉN LOS ESTÁ BUSCANDO ACTUALMENTE?
Pese a que la Ley de Memoria Histórica obliga al Gobierno a realizar un mapa de fosas comunes, hasta ahora, y salvo algunas excepciones de ayuntamientos aislados y las dos comunidades autónomas mencionadas, las exhumaciones las han venido realizando entidades privadas y ONG como el Foro por la Memoria y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
37. ¿CUÁNDO SE EMPEZARON A EXHUMAR LAS PRIMERAS FOSAS?
Aunque la búsqueda y los desenterramientos empezaron a realizarse de un modo más sistemático a finales de los años noventa, el conocimiento por parte de los vecinos de los emplazamientos de muchas fosas comunes permitió llevar a cabo exhumaciones mucho antes, sobre todo en los municipios donde, con la democracia, llegaron al poder partidos de izquierda. En 1979, por ejemplo, por iniciativa de un alcalde, los restos de cinco desaparecidos de Torresandino (Burgos) se exhumaron de una fosa común en un monte de un pueblo cercano, La Horra.
38. ¿CUÁNTAS FOSAS COMUNES SE HAN LOCALIZADO YA Y DÓNDE?
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva exhumadas en algo más de siete años 110 fosas comunes y localizadas alrededor de 300, gracias a la reclamación de familiares y vecinos de las víctimas. Casi la mitad de estos enterramientos se encuentran en Castilla y León, principalmente en las provincias de Burgos y León.
39. ¿CUÁNTOS MUERTOS SE HAN ENCONTRADO HASTA AHORA?
En torno al millar.
40. ¿EN QUÉ ESTADO SE ENCUENTRA LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA?
Ocho meses después de su aprobación, la Ley apenas ha sido desarrollada aún por el Gobierno.
41. ¿QUÉ SE HA HECHO YA?
El Ministerio de Justicia ha concluido la redacción del reglamento que desarrollará el punto de la ley por el que se creará una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para las víctimas. Este reconocimiento oficial no implica, sin embargo, la nulidad de las condenas dictadas durante el franquismo ni compensación económica alguna.
42. ¿HA PEDIDO YA ALGUIEN ESTE RECONOCIMIENTO?
Justicia asegura que lo han solicitado ya 90 personas, según informó El País.
43. ¿QUÉ SE LE HA CRITICADO A LA LEY?
El PP y los medios de comunicación más conservadores están en contra porque consideran que la Ley “abre viejas heridas”. Partidos políticos como IU, ERC o ICV, así como las asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, la han criticado también, por su parte, por ser demasiado “tibia” e “insatisfactoria”. IU lamentó en su día la “falta de valentía” del Ejecutivo, al aprobar una ley que, para evitar la confrontación con la derecha, no cumple las expectativas de los republicanos ni de los antifranquistas”.
44. ¿CÓMO LA DEFENDIÓ EL EJECUTIVO?
El Gobierno destacó que la Ley “ayuda a cicatrizar sin reabrir, contribuye a sumar y no a dividir y permite cerrar con honor para todos un capítulo trágico de la historia”.
45. ¿QUÉ DIJO AMNISTÍA INTERNACIONAL?
Calificó la Ley de Memoria Histórica como “decepcionante”, ya que “se aleja de las normas internacionales de derechos humanos, olvida la justicia, no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de la verdad.
46. ¿HA HABIDO ALGUNA CONDENA OFICIAL AL FRANQUISMO EN ESPAÑA?
Sí. El 20 de noviembre de 2002, en el 27 aniversario de la muerte de Franco, y con José María Aznar (PP) como presidente del Gobierno, todos los grupos del Congreso acordaron por unanimidad la primera y, hasta la fecha, única condena oficial al franquismo en el Parlamento. La resolución incluyó el reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y en ella se instaba al Gobierno a poner en marcha de forma urgente una política de protección económica y social de los exiliados.
47. ¿Y EN EUROPA?
Coincidiendo con el 70 aniversario del golpe de Estado que desencadenó la Guerra Civil, en julio de 2006 el Parlamento Europeo condenó por primera vez en la historia el franquismo. Fue durante un debate en el que participaron los jefes de los distintos grupos políticos y en el que se dejó constancia de que “Europa dejó solos a los españoles”.
48. ¿CUÁNTAS PERSONAS MURIERON EN LA GUERRA CIVIL?
El número total de muertos durante la contienda (1936-1939) sigue sujeto a una gran polémica. No obstante, son muchas las fuentes que lo sitúan entre 500.000 y 800.000. Una gran cantidad de estas víctimas fueron, en cualquier caso, civiles asesinados en las retaguardias de ambos bandos (unos 40.000 en la de la zona republicana, según el juicio franquista posterior a la guerra, y unos 100.000 en la de la zona franquista).
49. ¿CUÁNTAS MURIERON DURANTE LA REPRESIÓN POSTERIOR?
Tampoco aquí hay consenso. La cifra podría llegar hasta las 40.000 personas.
50. ¿QUÉ ECO HA TENIDO LA PETICIÓN DE GARZÓN EN LA PRENSA INTERNACIONAL? La decisión judicial ha ocupado un gran espacio en muchos de los principales diarios del mundo. En Francia, el diario Liberation tituló: “El fin de los tabúes judiciales sobre las atrocidades del franquismo”, y Le Monde se preguntaba si “más de setenta años después la justicia española podrá hacer la luz sobre las exacciones (cobros injustos y violentos) del régimen franquista”. El diario británico The Guardian destacó que “un juez trata de aclarar el destino de las víctimas de Franco” y, en EE UU, The New York Times indicaba en su crónica que “en los dos bandos se cometieron atrocidades, pero generalmente se considera que los fascistas victoriosos de Franco fueron responsables de la mayor parte”.
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Rubalcaba cree que Garzón no trata de "abrir heridas", sino de "cerrarlas"
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Figaro.
Fuente: Le Figaro.
En Espagne, le juge Garzonravive le passé franquiste
La justice a lancé une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile.
Diane Cambon, à Madrid02/09/2008 Mise à jour : 22:26
En lançant une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile et du franquisme, la justice espagnole entrouvre la porte à une enquête sur une période délicate de son histoire.
Plus de trente ans après le retour à la démocratie, la justice espagnole pourrait se pencher sur les crimes de la dictature franquiste. Le juge madrilène Baltasar Garzon, célèbre hors des frontières espagnoles pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre le général chilien Augusto Pinochet, a demandé, lundi, à plusieurs institutions espagnoles des renseignements sur les personnes disparues pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) et le franquisme (1939-1975). Un préalable à l'ouverture éventuelle d'une enquête judiciaire sur cette délicate période de l'histoire espagnole.
L'Espagne, qui se veut à l'avant-garde d'une justice universelle, avec l'arrestation de Pinochet et le jugement des crimes de la dictature argentine, n'a jamais tenu le moindre procès du franquisme. «L'Espagne a vécu une transition démocratique amnésique», assure Jesus de Andreu, professeur de sciences politiques à l'université à distance Uned.
Au moment de bâtir la démocratie, les dirigeants ont estimé que pour y parvenir il fallait pardonner les fautes du passé, bannir toute chasse aux sorcières et ne pas exiger de responsabilités. L'oubli était aux yeux des Espagnols la condition de la réussite d'une démocratie fragile qu'en 1981 encore, le lieutenant-colonel Tejero tenta de renverser par un putsch avorté de justesse grâce à l'intervention du roi Juan Carlos.
Travail de catharsis
«Aujourd'hui, on peut considérer que l'Espagne, pays européen depuis 1986, jouit d'une solide démocratie, il est donc temps de solder la dette du pays envers les victimes du franquisme», assure Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH). Et d'ajouter : «Contrairement à l'Allemagne nazie, l'Afrique du Sud ou l'Argentine, le pays n'a pas fait son travail de catharsis.» C'est sur son initiative que le magistrat Garzon a accepté de se lancer dans cette collecte titanesque d'informations.
L'an dernier, l'ARMH a déposé une dizaine de plaintes à Madrid, pour des demandes d'enquêtes concernant la disparition de quelque 30 000 Espagnols. La guerre civile a fait plus de 500 000 morts. La dictature franquiste qui a suivi fit fusiller sommairement entre 1939 et 1945, quelque 50 000 sympathisants de gauche, francs-maçons et tout autre opposant au régime franquiste.
Avant de commencer son enquête, Garzon entend rassembler le maximum d'informations sur ces milliers de disparus. La tâche est des plus ardues : une bonne partie des archives a été détruite par les franquistes et la grande majorité des exécutions n'a été précédée d'aucun procès. Le juge de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, va dans un premier temps s'adresser aux institutions les plus significatives. Ainsi, il a demandé au mausolée du dictateur Franco du Valle de los Caidos, géré par le Patrimoine national et les moines bénédictins, la liste des 33 000 personnes enterrées sous ce vaste monument construit par 20 000 travailleurs forcés républicains.
Ouverture des registres paroissiaux
Garzon souhaite également obtenir des informations sur les personnes jetées dans les fosses communes au début de la guerre civile. Il a envoyé une requête aux maires de Madrid, Cordoue, Séville et Grenade pour qu'ils recherchent dans leurs archives «les circonstances de la mort de ces quelques milliers de personnes».
L'autre interlocuteur privilégié de Garzon pour ses recherches n'est autre que l'Église, qui fut une fervente alliée de Franco durant les quarante ans de dictature. Le magistrat a demandé à la Conférence épiscopale espagnole l'ouverture par les quelque 22 000 paroisses du pays de leurs registres à la police judiciaire. Grâce à ces registres paroissiaux, le juge espère recueillir des données sur les républicains disparus au lendemain du coup d'État, le 18 juillet 1936. Enfin, le magistrat entend se pencher sur les victimes du Tribunal spécial pour la répression de la franc-maçonnerie et du communisme, mis en place en 1939.
L'initiative du juge Garzon ne va sans doute pas passer inaperçue. Même si le sujet n'est plus tabou, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en mars 2004 du socialiste José Luis Zapatero, la réhabilitation des victimes du franquisme suscite encore de vifs débats historico-politiques au sein de la société espagnole. L'entrée en vigueur de la loi sur la mémoire historique en juillet 2007 a été décriée par les conservateurs, tout comme l'éradication des symboles franquistes. Le Parti populaire accuse la gauche de «rouvrir les blessures du passé». Et déjà, certains barons de la droite regrettent que «Garzon réveille les fantômes du passé».
En Espagne, le juge Garzonravive le passé franquiste
La justice a lancé une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile.
Diane Cambon, à Madrid02/09/2008 Mise à jour : 22:26
En lançant une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile et du franquisme, la justice espagnole entrouvre la porte à une enquête sur une période délicate de son histoire.
Plus de trente ans après le retour à la démocratie, la justice espagnole pourrait se pencher sur les crimes de la dictature franquiste. Le juge madrilène Baltasar Garzon, célèbre hors des frontières espagnoles pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre le général chilien Augusto Pinochet, a demandé, lundi, à plusieurs institutions espagnoles des renseignements sur les personnes disparues pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) et le franquisme (1939-1975). Un préalable à l'ouverture éventuelle d'une enquête judiciaire sur cette délicate période de l'histoire espagnole.
L'Espagne, qui se veut à l'avant-garde d'une justice universelle, avec l'arrestation de Pinochet et le jugement des crimes de la dictature argentine, n'a jamais tenu le moindre procès du franquisme. «L'Espagne a vécu une transition démocratique amnésique», assure Jesus de Andreu, professeur de sciences politiques à l'université à distance Uned.
Au moment de bâtir la démocratie, les dirigeants ont estimé que pour y parvenir il fallait pardonner les fautes du passé, bannir toute chasse aux sorcières et ne pas exiger de responsabilités. L'oubli était aux yeux des Espagnols la condition de la réussite d'une démocratie fragile qu'en 1981 encore, le lieutenant-colonel Tejero tenta de renverser par un putsch avorté de justesse grâce à l'intervention du roi Juan Carlos.
Travail de catharsis
«Aujourd'hui, on peut considérer que l'Espagne, pays européen depuis 1986, jouit d'une solide démocratie, il est donc temps de solder la dette du pays envers les victimes du franquisme», assure Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH). Et d'ajouter : «Contrairement à l'Allemagne nazie, l'Afrique du Sud ou l'Argentine, le pays n'a pas fait son travail de catharsis.» C'est sur son initiative que le magistrat Garzon a accepté de se lancer dans cette collecte titanesque d'informations.
L'an dernier, l'ARMH a déposé une dizaine de plaintes à Madrid, pour des demandes d'enquêtes concernant la disparition de quelque 30 000 Espagnols. La guerre civile a fait plus de 500 000 morts. La dictature franquiste qui a suivi fit fusiller sommairement entre 1939 et 1945, quelque 50 000 sympathisants de gauche, francs-maçons et tout autre opposant au régime franquiste.
Avant de commencer son enquête, Garzon entend rassembler le maximum d'informations sur ces milliers de disparus. La tâche est des plus ardues : une bonne partie des archives a été détruite par les franquistes et la grande majorité des exécutions n'a été précédée d'aucun procès. Le juge de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, va dans un premier temps s'adresser aux institutions les plus significatives. Ainsi, il a demandé au mausolée du dictateur Franco du Valle de los Caidos, géré par le Patrimoine national et les moines bénédictins, la liste des 33 000 personnes enterrées sous ce vaste monument construit par 20 000 travailleurs forcés républicains.
Ouverture des registres paroissiaux
Garzon souhaite également obtenir des informations sur les personnes jetées dans les fosses communes au début de la guerre civile. Il a envoyé une requête aux maires de Madrid, Cordoue, Séville et Grenade pour qu'ils recherchent dans leurs archives «les circonstances de la mort de ces quelques milliers de personnes».
L'autre interlocuteur privilégié de Garzon pour ses recherches n'est autre que l'Église, qui fut une fervente alliée de Franco durant les quarante ans de dictature. Le magistrat a demandé à la Conférence épiscopale espagnole l'ouverture par les quelque 22 000 paroisses du pays de leurs registres à la police judiciaire. Grâce à ces registres paroissiaux, le juge espère recueillir des données sur les républicains disparus au lendemain du coup d'État, le 18 juillet 1936. Enfin, le magistrat entend se pencher sur les victimes du Tribunal spécial pour la répression de la franc-maçonnerie et du communisme, mis en place en 1939.
L'initiative du juge Garzon ne va sans doute pas passer inaperçue. Même si le sujet n'est plus tabou, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en mars 2004 du socialiste José Luis Zapatero, la réhabilitation des victimes du franquisme suscite encore de vifs débats historico-politiques au sein de la société espagnole. L'entrée en vigueur de la loi sur la mémoire historique en juillet 2007 a été décriée par les conservateurs, tout comme l'éradication des symboles franquistes. Le Parti populaire accuse la gauche de «rouvrir les blessures du passé». Et déjà, certains barons de la droite regrettent que «Garzon réveille les fantômes du passé».
En España, el juez garzón reaviva el pasado franquista. Le Figaro.
Fuente: Le Figaro.
La justice a lancé une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile.
Diane Cambon, à Madrid02/09/2008 Mise à jour : 22:26
En lançant une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile et du franquisme, la justice espagnole entrouvre la porte à une enquête sur une période délicate de son histoire.
Plus de trente ans après le retour à la démocratie, la justice espagnole pourrait se pencher sur les crimes de la dictature franquiste. Le juge madrilène Baltasar Garzon, célèbre hors des frontières espagnoles pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre le général chilien Augusto Pinochet, a demandé, lundi, à plusieurs institutions espagnoles des renseignements sur les personnes disparues pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) et le franquisme (1939-1975). Un préalable à l'ouverture éventuelle d'une enquête judiciaire sur cette délicate période de l'histoire espagnole.
L'Espagne, qui se veut à l'avant-garde d'une justice universelle, avec l'arrestation de Pinochet et le jugement des crimes de la dictature argentine, n'a jamais tenu le moindre procès du franquisme. «L'Espagne a vécu une transition démocratique amnésique», assure Jesus de Andreu, professeur de sciences politiques à l'université à distance Uned.
Au moment de bâtir la démocratie, les dirigeants ont estimé que pour y parvenir il fallait pardonner les fautes du passé, bannir toute chasse aux sorcières et ne pas exiger de responsabilités. L'oubli était aux yeux des Espagnols la condition de la réussite d'une démocratie fragile qu'en 1981 encore, le lieutenant-colonel Tejero tenta de renverser par un putsch avorté de justesse grâce à l'intervention du roi Juan Carlos.
Travail de catharsis
«Aujourd'hui, on peut considérer que l'Espagne, pays européen depuis 1986, jouit d'une solide démocratie, il est donc temps de solder la dette du pays envers les victimes du franquisme», assure Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH). Et d'ajouter : «Contrairement à l'Allemagne nazie, l'Afrique du Sud ou l'Argentine, le pays n'a pas fait son travail de catharsis.» C'est sur son initiative que le magistrat Garzon a accepté de se lancer dans cette collecte titanesque d'informations.
L'an dernier, l'ARMH a déposé une dizaine de plaintes à Madrid, pour des demandes d'enquêtes concernant la disparition de quelque 30 000 Espagnols. La guerre civile a fait plus de 500 000 morts. La dictature franquiste qui a suivi fit fusiller sommairement entre 1939 et 1945, quelque 50 000 sympathisants de gauche, francs-maçons et tout autre opposant au régime franquiste.
Avant de commencer son enquête, Garzon entend rassembler le maximum d'informations sur ces milliers de disparus. La tâche est des plus ardues : une bonne partie des archives a été détruite par les franquistes et la grande majorité des exécutions n'a été précédée d'aucun procès. Le juge de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, va dans un premier temps s'adresser aux institutions les plus significatives. Ainsi, il a demandé au mausolée du dictateur Franco du Valle de los Caidos, géré par le Patrimoine national et les moines bénédictins, la liste des 33 000 personnes enterrées sous ce vaste monument construit par 20 000 travailleurs forcés républicains.
Ouverture des registres paroissiaux
Garzon souhaite également obtenir des informations sur les personnes jetées dans les fosses communes au début de la guerre civile. Il a envoyé une requête aux maires de Madrid, Cordoue, Séville et Grenade pour qu'ils recherchent dans leurs archives «les circonstances de la mort de ces quelques milliers de personnes».
L'autre interlocuteur privilégié de Garzon pour ses recherches n'est autre que l'Église, qui fut une fervente alliée de Franco durant les quarante ans de dictature. Le magistrat a demandé à la Conférence épiscopale espagnole l'ouverture par les quelque 22 000 paroisses du pays de leurs registres à la police judiciaire. Grâce à ces registres paroissiaux, le juge espère recueillir des données sur les républicains disparus au lendemain du coup d'État, le 18 juillet 1936. Enfin, le magistrat entend se pencher sur les victimes du Tribunal spécial pour la répression de la franc-maçonnerie et du communisme, mis en place en 1939.
L'initiative du juge Garzon ne va sans doute pas passer inaperçue. Même si le sujet n'est plus tabou, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en mars 2004 du socialiste José Luis Zapatero, la réhabilitation des victimes du franquisme suscite encore de vifs débats historico-politiques au sein de la société espagnole. L'entrée en vigueur de la loi sur la mémoire historique en juillet 2007 a été décriée par les conservateurs, tout comme l'éradication des symboles franquistes. Le Parti populaire accuse la gauche de «rouvrir les blessures du passé». Et déjà, certains barons de la droite regrettent que «Garzon réveille les fantômes du passé».
Au sud de Burgos, une fosse commune contenant les squelettes de républicains fusillés en 1936 a été mise au jour en mai 2007. La justice veut désormais rouvrir les archives des heures noires de la guerre civile (1936-1939) et du franquisme (1939-1975). Crédits photo : Mario FOURMY/REA
Le juge Garzon se penche sur les disparus du franquisme .
En Espagne, le juge Garzonravive le passé franquisteLa justice a lancé une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile.
Diane Cambon, à Madrid02/09/2008 Mise à jour : 22:26
En lançant une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile et du franquisme, la justice espagnole entrouvre la porte à une enquête sur une période délicate de son histoire.
Plus de trente ans après le retour à la démocratie, la justice espagnole pourrait se pencher sur les crimes de la dictature franquiste. Le juge madrilène Baltasar Garzon, célèbre hors des frontières espagnoles pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre le général chilien Augusto Pinochet, a demandé, lundi, à plusieurs institutions espagnoles des renseignements sur les personnes disparues pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) et le franquisme (1939-1975). Un préalable à l'ouverture éventuelle d'une enquête judiciaire sur cette délicate période de l'histoire espagnole.
L'Espagne, qui se veut à l'avant-garde d'une justice universelle, avec l'arrestation de Pinochet et le jugement des crimes de la dictature argentine, n'a jamais tenu le moindre procès du franquisme. «L'Espagne a vécu une transition démocratique amnésique», assure Jesus de Andreu, professeur de sciences politiques à l'université à distance Uned.
Au moment de bâtir la démocratie, les dirigeants ont estimé que pour y parvenir il fallait pardonner les fautes du passé, bannir toute chasse aux sorcières et ne pas exiger de responsabilités. L'oubli était aux yeux des Espagnols la condition de la réussite d'une démocratie fragile qu'en 1981 encore, le lieutenant-colonel Tejero tenta de renverser par un putsch avorté de justesse grâce à l'intervention du roi Juan Carlos.
Travail de catharsis
«Aujourd'hui, on peut considérer que l'Espagne, pays européen depuis 1986, jouit d'une solide démocratie, il est donc temps de solder la dette du pays envers les victimes du franquisme», assure Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH). Et d'ajouter : «Contrairement à l'Allemagne nazie, l'Afrique du Sud ou l'Argentine, le pays n'a pas fait son travail de catharsis.» C'est sur son initiative que le magistrat Garzon a accepté de se lancer dans cette collecte titanesque d'informations.
L'an dernier, l'ARMH a déposé une dizaine de plaintes à Madrid, pour des demandes d'enquêtes concernant la disparition de quelque 30 000 Espagnols. La guerre civile a fait plus de 500 000 morts. La dictature franquiste qui a suivi fit fusiller sommairement entre 1939 et 1945, quelque 50 000 sympathisants de gauche, francs-maçons et tout autre opposant au régime franquiste.
Avant de commencer son enquête, Garzon entend rassembler le maximum d'informations sur ces milliers de disparus. La tâche est des plus ardues : une bonne partie des archives a été détruite par les franquistes et la grande majorité des exécutions n'a été précédée d'aucun procès. Le juge de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, va dans un premier temps s'adresser aux institutions les plus significatives. Ainsi, il a demandé au mausolée du dictateur Franco du Valle de los Caidos, géré par le Patrimoine national et les moines bénédictins, la liste des 33 000 personnes enterrées sous ce vaste monument construit par 20 000 travailleurs forcés républicains.
Ouverture des registres paroissiaux
Garzon souhaite également obtenir des informations sur les personnes jetées dans les fosses communes au début de la guerre civile. Il a envoyé une requête aux maires de Madrid, Cordoue, Séville et Grenade pour qu'ils recherchent dans leurs archives «les circonstances de la mort de ces quelques milliers de personnes».
L'autre interlocuteur privilégié de Garzon pour ses recherches n'est autre que l'Église, qui fut une fervente alliée de Franco durant les quarante ans de dictature. Le magistrat a demandé à la Conférence épiscopale espagnole l'ouverture par les quelque 22 000 paroisses du pays de leurs registres à la police judiciaire. Grâce à ces registres paroissiaux, le juge espère recueillir des données sur les républicains disparus au lendemain du coup d'État, le 18 juillet 1936. Enfin, le magistrat entend se pencher sur les victimes du Tribunal spécial pour la répression de la franc-maçonnerie et du communisme, mis en place en 1939.
L'initiative du juge Garzon ne va sans doute pas passer inaperçue. Même si le sujet n'est plus tabou, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en mars 2004 du socialiste José Luis Zapatero, la réhabilitation des victimes du franquisme suscite encore de vifs débats historico-politiques au sein de la société espagnole. L'entrée en vigueur de la loi sur la mémoire historique en juillet 2007 a été décriée par les conservateurs, tout comme l'éradication des symboles franquistes. Le Parti populaire accuse la gauche de «rouvrir les blessures du passé». Et déjà, certains barons de la droite regrettent que «Garzon réveille les fantômes du passé».
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La Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debería colaborar.
Fuente: Cadena SER.
La Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debería colaborar
El abogado Fernando Magán ha explicado que en las parroquias se encuentran los listados de fallecidos de la época. Sitúa la cifra de desaparecidos por encima de los 130.000.
CADENASER.COM 06-09-2008
Fernando Magán, abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la Cadena SER para hablar de la iniciativa del juez Baltasar Garzón de documentar los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Magán ha hablado de la importancia de que la Conferencia Episcopal colabore, ya que es en las parroquias donde "hacían los listados de fallecidos".
El abogado de la Asociación para la Memoria Histórica ha dado una cifra "indiciaria" de "30.000 desaparecidos". Fernando Magán ha asegurado que en las primeras investigaciones, sin estar terminadas, se puede hablar de "más de 130.000 personas de las que se desconoce su paradero". Además, el abogado ha querido subrayar que "muchos de ellos nunca podrán ser recuperables".
Fernando Magán ha incidido en que "los 30.000 serán una cifra de indicio porque la realidad es que se pueden hacer 130.000 nombres en muy poco tiempo y hay muchos más".
El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha argumentado por qué la Conferencia Episcopal debe colaborar en esta tarea: "El Archivo de Salamanca ha contestado al juez que como fuente de información puede recurrir a las parroquias de cada lugar. En aquella época los párrocos hacían listados de los fallecidos, un libro de defunciones, certificando las muertes. Por ejemplo en Navalcán, Toledo, dicen quienes fueron asesinados por trabajar para los Rojos. Esta cuestión la tengo comprobada. Pero el juez quiere recurrir a las fuentes parroquiales porque el ministerio de Cultura le ha apuntado a esta dirección".
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AUDIOS: El abogado de la Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debería colaborar
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La Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debería colaborar
El abogado Fernando Magán ha explicado que en las parroquias se encuentran los listados de fallecidos de la época. Sitúa la cifra de desaparecidos por encima de los 130.000.
CADENASER.COM 06-09-2008
Fernando Magán, abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ha pasado esta mañana por los micrófonos de la Cadena SER para hablar de la iniciativa del juez Baltasar Garzón de documentar los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura. Magán ha hablado de la importancia de que la Conferencia Episcopal colabore, ya que es en las parroquias donde "hacían los listados de fallecidos".
El abogado de la Asociación para la Memoria Histórica ha dado una cifra "indiciaria" de "30.000 desaparecidos". Fernando Magán ha asegurado que en las primeras investigaciones, sin estar terminadas, se puede hablar de "más de 130.000 personas de las que se desconoce su paradero". Además, el abogado ha querido subrayar que "muchos de ellos nunca podrán ser recuperables".
Fernando Magán ha incidido en que "los 30.000 serán una cifra de indicio porque la realidad es que se pueden hacer 130.000 nombres en muy poco tiempo y hay muchos más".
El abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha argumentado por qué la Conferencia Episcopal debe colaborar en esta tarea: "El Archivo de Salamanca ha contestado al juez que como fuente de información puede recurrir a las parroquias de cada lugar. En aquella época los párrocos hacían listados de los fallecidos, un libro de defunciones, certificando las muertes. Por ejemplo en Navalcán, Toledo, dicen quienes fueron asesinados por trabajar para los Rojos. Esta cuestión la tengo comprobada. Pero el juez quiere recurrir a las fuentes parroquiales porque el ministerio de Cultura le ha apuntado a esta dirección".
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AUDIOS: El abogado de la Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debería colaborar
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Les famílies dels represaliats pel franquisme a València, pendents de Garzón.
Fuente: Info Tv.
http://www.infotelevisio.com/
http://217.13.81.22/xip/webs/infotv/index_svp0.asp
Les famílies dels represaliats pel franquisme a València, pendents de Garzón
Associacions de familiars de desapareguts han demanat a l'Audiència Nacional que aclaresca els afusellaments i les desaparicions que hi hagué en la dictadura i la guerra civil. El jutge Garzón els ha fet cas i reclama informació. I ha esclatat la polèmica.
Les famílies dels represaliats pel franquisme a València, pendents de GarzónAssociacions de familiars de desapareguts han demanat a l'Audiència Nacional que aclaresca els afusellaments i les desaparicions que hi hagué en la dictadura i la guerra civil. El jutge Garzón els ha fet cas i reclama informació. I ha esclatat la polèmica.
Ho ha fet als ajuntaments de Sevilla, Madrid, Granada i Còrdoba, així com a la Conferència Episcopal. També s'ha dirigit a les associacions denunciats per a què faciliten les dades que puguen conèixer. En el cas del País Valencià el Fòrum per la Memòria ja ho va fer el dia que presentà la denúncia. Una col·laboració que contrasta amb la de la jerarquia eclesiàstica. Davant la investigació els posicionaments són divergents. Des del PSOE consideren que pot ser positiu. Per contra, des del PP creuen que la investigació sols suposarà obrir noves ferides. Així ho ha dit esta setmana l'alcaldessa de València, que ha rebutjat explicar-nos el seu posicionament. Barberà ha assegurat que estos temes no són els que més interessen a la societat. Així ho ha dit malgrat el volum de persones que podrien estar soterrades a fossars de la ciutat de València, Paterna o Serra.
http://www.infotelevisio.com/
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Les famílies dels represaliats pel franquisme a València, pendents de Garzón
Associacions de familiars de desapareguts han demanat a l'Audiència Nacional que aclaresca els afusellaments i les desaparicions que hi hagué en la dictadura i la guerra civil. El jutge Garzón els ha fet cas i reclama informació. I ha esclatat la polèmica.
Les famílies dels represaliats pel franquisme a València, pendents de GarzónAssociacions de familiars de desapareguts han demanat a l'Audiència Nacional que aclaresca els afusellaments i les desaparicions que hi hagué en la dictadura i la guerra civil. El jutge Garzón els ha fet cas i reclama informació. I ha esclatat la polèmica.
Ho ha fet als ajuntaments de Sevilla, Madrid, Granada i Còrdoba, així com a la Conferència Episcopal. També s'ha dirigit a les associacions denunciats per a què faciliten les dades que puguen conèixer. En el cas del País Valencià el Fòrum per la Memòria ja ho va fer el dia que presentà la denúncia. Una col·laboració que contrasta amb la de la jerarquia eclesiàstica. Davant la investigació els posicionaments són divergents. Des del PSOE consideren que pot ser positiu. Per contra, des del PP creuen que la investigació sols suposarà obrir noves ferides. Així ho ha dit esta setmana l'alcaldessa de València, que ha rebutjat explicar-nos el seu posicionament. Barberà ha assegurat que estos temes no són els que més interessen a la societat. Així ho ha dit malgrat el volum de persones que podrien estar soterrades a fossars de la ciutat de València, Paterna o Serra.
Artículos.
Fuente: El Periódico, Levante_EMV.
JOAQUIM MontclúsHistoriador
Tras la petición de la lista de fusilados en la guerra civil que ha hecho el juez Garzón a la Iglesia, los obispos tienen una nueva oportunidad de demostrar que van por el camino de la reconciliación y que la memoria histórica es igual para los vencedores que para los vencidos.Los libros de registros de las parroquias son una buena herramienta para indagar acerca de las personas fusiladas o desaparecidas en los años de la guerra. La Iglesia, aunque sea por caridad cristiana, tiene el deber de colaborar. Ella ha podido beatificar y hacer los homenajes correspondientes a sus mártires, pero muchos de los vencidos no han tenido funerales ni alabanza alguna, porque aún constan como desaparecidos.Son muchos quienes piensan que la Iglesia española debería pedir perdón por su colaboración con los sublevados y la dictadura, aunque lo ven muy difícil, porque también piensan que muchos de sus obispos, como se demuestra cada día, siguen identificándose con el franquismo. Ahora, estos obispos tienen una nueva oportunidad de demostrar lo contrario.
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MATÍAS VALLÉS
Garzón versus Franco
Garzón versus Franco
Un articulista puede hacer votos de no escribir ni una línea más sobre Britney Spears o George Bush. Sin embargo, la destreza en la esquiva no impedirá que su pluma vuelva a cruzarse con Baltasar Garzón «inexorablemente» -por recurrir al adverbio que Fernández de la Vega asocia a la justicia. Sin mediar provocación periodística, ya se encargará el juez de polarizar la atención sobre su persona. El funcionario más controvertido de la España contemporánea obliga a un alineamiento previo, por lo que este texto viene firmado por un admirador del juez que, antes de desafiar a Franco, ya logró que fructificaran iniciativas descabelladas en apariencia. Por no remontarse al GAL, el cerco al entorno de ETA o la detención de Pinochet han marcado irreversiblemente la historia española y mundial. Las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional surten efecto, aunque no siempre en forma de sentencia.El pleito Garzón versus Franco debería subtitularse España como problema penal. Tras la muerte del dictador en la cama de torturas, el país más inesperado de Europa protagonizó un ejercicio de rehabilitación colectiva sin precedentes. La transición española ha sido imitada con deliberación y distinta suerte en geografías variopintas, entre las que figuran Polonia y Sudáfrica -Mandela invita a sus carceleros a la investidura presidencial-. En los años setenta, se había recorrido la mitad de la distancia que separa hoy a los españoles de los crímenes del franquismo. Pese a ello, los cambios vertiginosos se sucedieron sin demasiadas turbulencias en el retrovisor. El prodigio de la evolución a la democracia supera incluso en magnitud al milagro de la agregación, por el que millones de votos disparatados -algunos de ellos guiados por el irresistible peinado del candidato- orientan a las sociedades democráticas hacia el gobierno ideal.En el lado positivo, el apasionamiento con la memoria histórica demuestra que la crisis económica no debe ser tan grave como se predica. El ansia por la elaboración de un censo de desaparecidos con finalidad punitiva -dado que lo gestiona un juzgado de Instrucción- no se reconcilia fácilmente con la entusiasta participación en los Juegos de Pekín, o con la euforia de ribetes eróticos que ha saludado al estreno del Che de Benicio del Toro. Los familiares de las víctimas merecen reparación e indemnización, aparte del reconocimiento inmenso por la suspensión de sus reivindicaciones legítimas en aras de la convivencia. Sin embargo, los allegados de los culpables a quienes ahora se pretende penalizar también firmaron un pacto, por el que se clausuraba una época con concesiones mutuas. La alianza fue sellada por políticos como Santiago Carrillo o Marcelino Camacho. La democracia abre las puertas de las habitaciones llenas de humo, pero respeta los consensos. Todos los países libres, empezando por Estados Unidos, se asientan sobre una contradicción. No sólo las sociedades, también las personas se hacen trampas constantemente sobre su pasado, si bien, según sentencia el comunista Hobsbawm, una tradición siempre es una invención.Puestos a jugar con fuego, la investigación penal debe extenderse a una cuidadosa revisión del procedimiento seguido para el cambio de régimen, del que no quedará exenta la transición judicial. Adolfo Suárez, el mayor santo laico de la política contemporánea, cuenta en su currículo con el cargo de ministro secretario general del Movimiento, enseña del franquismo paráclito y paralítico. Al primer presidente del Gobierno electo no se le exigieron cuentas, entre otras cosas porque andaba muy ocupado construyendo una democracia.A la postre, el desinterés futbolístico desactivará Garzón vs. Franco con mayor efecto corrosivo que cualquier opinión. Llevando la situación al extremo, es fácil despeñarse hacia la Polonia de los gobernantes gemelos, que se inventaron un certificado de pureza ideológica. El magistrado de la Audiencia es un agitador de conciencias, con una valoración entre la opinión pública que para sí quisieran políticos y periodistas. Esta constatación autoriza la disidencia, porque el mayor error que puede cometer un valiente consiste en equivocarse de enemigo. Volviendo a Mandela, tras casi tres décadas de cautiverio le comentó a Bill Clinton que «si pienso en mi prisión, la sigo llevando conmigo».
Reportaje. Memoria Histórica/Represaliados Guerra Civil
Fuente: Diario de Mallorca.
Magdalena Garau muestra una foto de otro familiar víctima de la sinrazón de la Guerra Civil, Gabriel Clar Pelegrí. Foto: M. Mielniezuk.
Magdalena Garau muestra una foto de otro familiar víctima de la sinrazón de la Guerra Civil, Gabriel Clar Pelegrí. Foto: M. Mielniezuk.Reportaje. Memoria Histórica/Represaliados Guerra Civil
I. OLAIZOLA. PALMA.
"No es revancha, es un asunto de humanidad"
Magdalena Garau quiere hallar los restos del hermano de su abuela, arrojado por los falangistas a un pozo en sa Torre.
I. OLAIZOLA. PALMA.
"No es revancha, es un asunto de humanidad"
Magdalena Garau quiere hallar los restos del hermano de su abuela, arrojado por los falangistas a un pozo en sa Torre.
I. OLAIZOLA. PALMA. Hay familias que no pueden olvidar la Guerra Civil española por una simple y básica razón: todavía hoy en día desconocen dónde están los restos de alguno de sus familiares represaliados en la contienda fratricida. Este es el caso de Magdalena Garau, que perdió a tres parientes durante la asonada militar. De dos de ellos no sabe nada."No es una cuestión de revancha, es un asunto de humanidad. ¡Qué no nos vengan ahora diciendo que se van a reabrir viejas heridas! Las heridas sólo se cerrarán cuando nos digan dónde están nuestros muertos", se indigna Magdalena Garau, para quien la iniciativa del juez Garzón de elaborar un censo con todos los desaparecidos durante el franquismo "debería contar con todo el apoyo posible por parte del Gobierno"."Y una derecha democrática también tendría que apoyar esta medida. ¿Qué pasa?, ¿podemos hablar de las barbaridades que hicieron Hitler y Stalin pero no de las que perpetró Franco? Tenemos derecho a encontrar sus restos y homenajearles como se merecen", recalca.Tiempos aciagosLa historia del hermano de su abuela, Julián Fullana Mas, es conocida en todo Llucmajor. Una de esas viejas historias que los pueblos nunca olvidan. El padre de Julián pertenecía a varias sociedades agrarias de la época y fue cofundador del Partido Socialista de Llucmajor. Imbuyó a sus hijos -cuatro varones y una hija, la abuela de Magdalena Garau- una fuerte conciencia social y les facilitó una educación pese a vivir en el campo, en Son Fullana, explotando la cantera del mismo nombre. No vivió el golpe militar franquista, ya que falleció en enero del 36. No pudo por tanto sospechar que llegaban tiempos aciagos para sus descendientes."De sus hijos, Julián era el que más se había significado en los actos del partido socialista. Por eso fueron a buscarle los falangistas. El estaba escondido en una cueva de las canteras. Le conminaron a que saliera amenazándole con tomar represalias contra su familia, así que no le quedó más remedio que hacerlo. Le condujeron hasta un pozo en s´Aguila, situado en una finca muy grande donde actualmente se alza la urbanización sa Torre. Allí le golpearon e intentaron arrojarle dentro. En el forcejeo agarró fuertemente a uno de sus agresores del cuello, intentando llevárselo con él, pero finalmente consiguieron liberarle y tiraron a Julián al interior del pozo", rememora Magdalena las historias que le trasmitió su abuela. Unas historias que, recalca, su madre no se atrevía a repetir."Dos o tres personas del pueblo siguieron a distancia al grupo de falangistas y, cuando éstos se fueron, intentaron auxiliar a mi tío abuelo. Oyeron gemidos que procedían del interior del pozo, pero nada pudieron hacer por ayudarle. En el pueblo se cuenta que, años después, el falangista al que Julián agarró falleció precisamente de una enfermedad en el cuello. Nos gustaría hallar este pozo y encontrar sus restos, pero no es tan fácil. Se trata de una finca muy grande, hay que tener autorización judicial...", expresa su desesperanza Magdalena.No es el único caso de represaliados por el franquismo de la familia de Magdalena Garau. Un primo de su madre por parte paterna, Gabriel Clar Pelegrí, afiliado a las juventudes socialistas de Llucmajor, fue encarcelado en la prisión de Can Mir, trasladado más tarde a una cárcel marroquí y, desde allí, repatriado a Mallorca al haber contraído la tuberculosis por las malas condiciones higiénicas en la reclusión. "Le excarcelaron para que muriera en compañía de sus padres. Falleció el 24 de febrero de 1947, a los 28 años de edad. Al menos sabemos dónde está enterrado, pero pasó buena parte de su corta existencia en cárceles franquistas", se lamenta Magdalena.Pero no contento con estos dos casos, el destino quiso reservarle otra jugada a esta llucmajorera afiliada a la asociación por la memoria histórica. "Mi marido es de Madrid y su tío pequeño, Jacinto Liras López, perteneciente a una familia conservadora, se marchó a Barcelona para alistarse con las fuerzas del capitán Bayo que intentaron desembarcar en Mallorca. No sabemos que fue de él. Si está enterrado en Portocristo o si su cadáver fue arrojado al mar. Y tenemos derecho a saber dónde están sus restos. Como los familiares de los fallecidos en el accidente de Spanair querían recuperar a sus allegados", compara Magdalena Garau.
Las asociaciones de memoria histórica dicen que la Ley de Amnistía no afecta a las desapariciones
Fuente: Levante-EMV.
Las asociaciones de memoria histórica dicen que la Ley de Amnistía no afecta a las desapariciones
Levante-EMV, Valencia
Las 13 asociaciones de Memoria Histórica, entre ellas el Fòrum per la Memòria del País Valencià, que presentaron en la Audiencia Nacional las denuncias cuya admisión a trámite estudia el juez Baltasar Garzón aseguran que la Ley de Amnistía promulgada en 1977 no puede ser invocada para no investigar las desapariciones durante el franquismo.En un comunicado, la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrada por esas asociaciones, afirma que "no es conforme al Derecho internacional la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada".En el escrito en el que se opuso a la admisión de estas denuncias la Fiscalía consideró que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo "permite aplicar al caso la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía".La plataforma explica también que el objeto de las denuncias, la primera de las cuales fue interpuesta en diciembre de 2006, es pedir la intervención judicial en "la localización del paradero o destino final de decenas de miles de víctimas de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la represión franquista"."La demanda solicita a la Audiencia Nacional que declare la responsabilidad del Estado en esta materia y que ésta asuma la investigación y localización de las víctimas de desapariciones forzadas ante la inexistencia de un mecanismo administrativo ni judicial efectivo en España para investigar las desapariciones, de acuerdo con el derecho internacional", añade la nota.Los denunciantes dicen también que es el Estado el que tiene "la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas" y que ese deber "no puede delegarse en los particulares ni en los familiares de desaparecidos, como se viene haciendo en España".
Las asociaciones de memoria histórica dicen que la Ley de Amnistía no afecta a las desapariciones
Levante-EMV, Valencia
Las 13 asociaciones de Memoria Histórica, entre ellas el Fòrum per la Memòria del País Valencià, que presentaron en la Audiencia Nacional las denuncias cuya admisión a trámite estudia el juez Baltasar Garzón aseguran que la Ley de Amnistía promulgada en 1977 no puede ser invocada para no investigar las desapariciones durante el franquismo.En un comunicado, la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrada por esas asociaciones, afirma que "no es conforme al Derecho internacional la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada".En el escrito en el que se opuso a la admisión de estas denuncias la Fiscalía consideró que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo "permite aplicar al caso la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía".La plataforma explica también que el objeto de las denuncias, la primera de las cuales fue interpuesta en diciembre de 2006, es pedir la intervención judicial en "la localización del paradero o destino final de decenas de miles de víctimas de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la represión franquista"."La demanda solicita a la Audiencia Nacional que declare la responsabilidad del Estado en esta materia y que ésta asuma la investigación y localización de las víctimas de desapariciones forzadas ante la inexistencia de un mecanismo administrativo ni judicial efectivo en España para investigar las desapariciones, de acuerdo con el derecho internacional", añade la nota.Los denunciantes dicen también que es el Estado el que tiene "la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas" y que ese deber "no puede delegarse en los particulares ni en los familiares de desaparecidos, como se viene haciendo en España".
viernes, 5 de septiembre de 2008
La mayoría de los españoles, a favor de la investigación del juez Garzón
Fuente: El Plural:
El 58,6% considera que las heridas de la Guerra Civil no están cerradas ni superadas
La mayoría de los españoles, a favor de la investigación del juez Garzón
El 58,6% considera que las heridas de la Guerra Civil no están cerradas ni superadas
La mayoría de los españoles, a favor de la investigación del juez Garzón
ELPLURAL.COM
Según los datos de El Barómetro laSexta, el 55,5% se muestra a favor de que el juez Baltasar Garzón haya abierto una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y durante el Franquismo (73,4 por ciento de los votantes del PSOE y 39,6 por ciento de los votantes del PP).
Por otro lado, el 58,6 por ciento considera que las heridas de la Guerra Civil española no están superadas y cerradas (57,1 por ciento de los votantes del PSOE y 50,5 por ciento de los del PP). Censo de víctimas El 59,5 por ciento se muestra a favor de que se elabore un censo con las víctimas de Franco (76,1 por ciento de los votantes del PSOE y el 45,6 por ciento de los del PP). Fusilados y desaparecidos Para el 52,9 por ciento, España ha afrontado inadecuadamente durante estos años el tema de los fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo (55,6 por ciento de los votantes del PSOE y 46,7 por ciento de los del PP). Fosas comunes El 48,2 por ciento cree que las fosas comunes y los enterramientos de los desaparecidos de la época deben ser mantenidos como están (40,9 por ciento de los votantes socialistas y 55,5 por ciento de los populares). El 35 por ciento cree que deben ser desenterrados (45,9 por ciento de los votantes del PSOE y 28 por ciento de los del PP). Iglesia Por último, para el 71,5 por ciento, el Gobierno, los ayuntamientos y la Iglesia deberían entregar la documentación que le ha sido requerida por el juez (84,2 por ciento de los votantes del PSOE y el 59,3 por ciento de los votantes del PP). -->
Por otro lado, el 58,6 por ciento considera que las heridas de la Guerra Civil española no están superadas y cerradas (57,1 por ciento de los votantes del PSOE y 50,5 por ciento de los del PP). Censo de víctimas El 59,5 por ciento se muestra a favor de que se elabore un censo con las víctimas de Franco (76,1 por ciento de los votantes del PSOE y el 45,6 por ciento de los del PP). Fusilados y desaparecidos Para el 52,9 por ciento, España ha afrontado inadecuadamente durante estos años el tema de los fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo (55,6 por ciento de los votantes del PSOE y 46,7 por ciento de los del PP).
Fosas comunes El 48,2 por ciento cree que las fosas comunes y los enterramientos de los desaparecidos de la época deben ser mantenidos como están (40,9 por ciento de los votantes socialistas y 55,5 por ciento de los populares). El 35 por ciento cree que deben ser desenterrados (45,9 por ciento de los votantes del PSOE y 28 por ciento de los del PP). Iglesia Por último, para el 71,5 por ciento, el Gobierno, los ayuntamientos y la Iglesia deberían entregar la documentación que le ha sido requerida por el juez (84,2 por ciento de los votantes del PSOE y el 59,3 por ciento de los votantes del PP).
Según los datos de El Barómetro laSexta, el 55,5% se muestra a favor de que el juez Baltasar Garzón haya abierto una investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y durante el Franquismo (73,4 por ciento de los votantes del PSOE y 39,6 por ciento de los votantes del PP).
Por otro lado, el 58,6 por ciento considera que las heridas de la Guerra Civil española no están superadas y cerradas (57,1 por ciento de los votantes del PSOE y 50,5 por ciento de los del PP). Censo de víctimas El 59,5 por ciento se muestra a favor de que se elabore un censo con las víctimas de Franco (76,1 por ciento de los votantes del PSOE y el 45,6 por ciento de los del PP). Fusilados y desaparecidos Para el 52,9 por ciento, España ha afrontado inadecuadamente durante estos años el tema de los fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo (55,6 por ciento de los votantes del PSOE y 46,7 por ciento de los del PP). Fosas comunes El 48,2 por ciento cree que las fosas comunes y los enterramientos de los desaparecidos de la época deben ser mantenidos como están (40,9 por ciento de los votantes socialistas y 55,5 por ciento de los populares). El 35 por ciento cree que deben ser desenterrados (45,9 por ciento de los votantes del PSOE y 28 por ciento de los del PP). Iglesia Por último, para el 71,5 por ciento, el Gobierno, los ayuntamientos y la Iglesia deberían entregar la documentación que le ha sido requerida por el juez (84,2 por ciento de los votantes del PSOE y el 59,3 por ciento de los votantes del PP). -->
Por otro lado, el 58,6 por ciento considera que las heridas de la Guerra Civil española no están superadas y cerradas (57,1 por ciento de los votantes del PSOE y 50,5 por ciento de los del PP). Censo de víctimas El 59,5 por ciento se muestra a favor de que se elabore un censo con las víctimas de Franco (76,1 por ciento de los votantes del PSOE y el 45,6 por ciento de los del PP). Fusilados y desaparecidos Para el 52,9 por ciento, España ha afrontado inadecuadamente durante estos años el tema de los fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo (55,6 por ciento de los votantes del PSOE y 46,7 por ciento de los del PP).
Fosas comunes El 48,2 por ciento cree que las fosas comunes y los enterramientos de los desaparecidos de la época deben ser mantenidos como están (40,9 por ciento de los votantes socialistas y 55,5 por ciento de los populares). El 35 por ciento cree que deben ser desenterrados (45,9 por ciento de los votantes del PSOE y 28 por ciento de los del PP). Iglesia Por último, para el 71,5 por ciento, el Gobierno, los ayuntamientos y la Iglesia deberían entregar la documentación que le ha sido requerida por el juez (84,2 por ciento de los votantes del PSOE y el 59,3 por ciento de los votantes del PP).
La trama mediática. Javier Vizcaíno.
Fuente: Blogs Público.
La trama mediática
La campanilla de Garzón
03 Sep 2008
Es matemático: Pavlov toca la campanilla, y a su perro se le ponen a cien los jugos gástricos. Si no captan la comparación, cambien a Pavlov por Baltasar Garzón, y la campanilla por la decisión del magistrado de investigar los crímenes del franquismo. ¿Quién hace de chucho alborotado? Anoten, de saque, al diario El Mundo, que tituló su editorial de ayer “Truculenta garzonada”, provocando, incluso, las iras de la generalmente templada Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional.¿Y era tan grave como para que los togados pidieran al Consejo General del Poder Judicial que defienda a su compañero de “las injustas y arbitrarias opiniones” del diario de Pedro J. Ramírez? Ya que va de eso, juzguen ustedes mismos: “La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931”, anotaba el editorialista que, tras atizar unas yoyas al jiennense, remataba: “A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales”.Libertad Digital no se perdió el convite. Su puja editorial en la subasta de guantadas al juez campeador se titulaba “Garzón el desenterrador” y contenía, entre otra metralla, este obús: “Remover una tragedia nacional como fue la Guerra Civil con intereses políticos constituye una inmoralidad de primer orden que atenta contra el sentido común y contra el espíritu de reconciliación que, al menos en sus primeros tiempos, inspiró a la democracia española”. Por si quedaban dudas, el medio ultraliberal encabezaba la información sobre el asunto de este subjetivísimo modo: “La doble vara de Garzón: Sí a investigar el franquismo pero no a Paracuellos”. Ya.No sin malicia, acudimos al diario que fletó el Dragon Rapide, pero ABC no opinaba editorialmente sobre el asunto. A falta de pronunciamiento (no es inocente la elección de la palabra), el periódico traía un artículo del ideólogo de FAES-PP, Jorge Trías Sagnier, donde leímos: “Comenzábamos a olvidarnos de él y se ha lanzado a investigar las entrañas del odio civil. A ver si a base de azuzar los rescoldos del odio nos olvidamos de que tenemos vacía la cartera”.Los suplentes, tambiénPara abrir el abanico de interpretaciones, sintonizamos Cope. Alfonso Merlos –meritorio que guarda la silla de Jiménez Losantos durante las vacaciones, conocido por muchos como Federiquín– clamaba: “A las víctimas de ETA lo que les interesa saber es quién, desde los aparatos del Estado, ignoramos si desde los aparatos del PSOE, dio un chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. Lo decimos, básicamente, porque una y otra cosa dependen de Garzón”.Ya en la tertulia episcopal de la noche anterior, el interino que cubre la ausencia de César Vidal se había preguntado: “¿Por qué se investiga siempre en el mismo sentido?”, a lo que respondió jocosamenteel opinador Javier Somalo: “Garzón busca a los muertos y se le escapan vivos”.
___
Más togas rasgadas
04 Sep 2008
Segunda jornada triunfal de Baltasar Garzón en los medios que no hace tanto lo sacaban bajo palio. Como era previsible tras el apoyo recibido por sus compañeros de toga y puñeta, en esta ocasión la tunda fue a repartir con los que El Mundo bautizó en su editorial de ayer ‘Los intocables de la Audiencia’.Si no querían taza Grande Marlaska y demás firmantes del documento que pedía respeto para su colega de la voz aflautada y el ego ancho, Pedro J. Ramírez les sirvió taza y tres cuartos: “Acostumbrados a comportarse como una aristocracia judicial con plaza vitalicia, estos magistrados de la Audiencia parecen estar ya convencidos de que, por su exclusiva jurisdicción sobre delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, son tan intocables como los hombres de Eliot Ness”, concluía el desquite.Por la misma gruesa liana se deslizaba –a quién le extraña– Libertad Digital, que también en editorial, volvía a poner a Garzón a caer de 15 jamelgos, y dejaba el decimosexto para la magistratura en general por meterse a auxiliadores: “Para ello ha contado con la inestimable ayuda del desprestigiado y pastueño Poder Judicial que, desafiando la letra y el espíritu de la Ley, se mete donde no le llaman y pide abiertamente la mordaza para los periodistas que osan criticar a uno de sus miembros”.ABC, ausente –como ya señalamos– en la primera manga del raid contra el juez que veía amanecer, se apuntó ayer al segundo con un editorial donde, sin hacer mucha sangre con el dictador (¡ejem!) de autos y sentencias, profetizaba las consecuencias de la investigación que ha iniciado: “No tardarán en salir quienes acuciados por los posibles efectos electorales de la crisis económica culparán a la Iglesia y a los populares de querer encubrir los crímenes del franquismo y así volver a la crispación para correr un tupido velo sobre la gestión del Gobiernosocialista”. Ajajá.Sonrían, por favorBasta ya de Garzón, que hay otros asuntos por los que reír con lágrimas. Por ejemplo, la visión sobre la asignatura Educación Para la Ciudadanía que daba ayer La Nación.es, nuevo juguete digital de Carlos Dávila: “Educación y relativismo equivale a hablar de círculo cuadrado. Si no existen el bien y el mal, si la ideología de género trata de decir que lo blanco es negro al borrar la más elemental de la distinciones –varón y hembra–, si la ética queda en manos del Estado, si no hay verdades objetivas… entonces no cabe hablar de educación, sino de repetición de consignas”.Dejen el gesto de asombro en sus rostros, que les seguirá siendo útil tras la lectura del párrafo final del lisérgico editorial de ayer de Ya.es, titulado ‘Don Mariano, céntrese’. Cópienlo por si tienen que escribir un manual de redacción periodística: “Por eso, señor Rajoy, se lo decimos con todo el cariño que sabe que le profesamos: mida bien sus palabras, haga análisis más sosegados, no se precipite, olvide la estúpidaguerra de partidos, ignore a Pepiño Blanco, céntrese”. Ya, que son ustedes los que se han quedado descentrados. Lo preveíamos.
___
Ciudadanía, chismes y revanchas
05 Sep 2008
Adelante, Don Mariano, y ni un paso atrás en la defensa de la libertad de educación! Nos jugamos mucho”, arengaba ayer, al líder del PP, desde Libertad Digital Fabián Fernández de Alarcón, en un prolijo texto donde le daba pelos y señales sobre cómo declararse objetor a Educación para la Ciudadanía, después de escuchar a Rajoy mostrarse partidario de hacerlo.También en Libertad Digital, dentro de un blog que cultiva en exclusiva la cosa bajo el nombre Cien mil objeciones, encontramos ayer esta forzada demostración de las maldades del invento: “El empeño del Gobierno de Zapatero por imponer la asignatura, por perseguir a los objetores y por venderlo como un logro ante feministas y colectivos homosexuales de izquierdas deja claro que estamos ante una asignatura política”. Firmaba un pipiolo de gran porvenir llamado Álvaro Vermoet, a la sazón presidente de Unión Democrática de Estudiantes.Con unos cuantos años y escamas más encima, Pío Moa se marcaba su propio párrafo sobre el asunto, y su bilis caía incluso sobre los considerados buenos de esta mala película: “Miseria de la Comunidad de Madrid. Permite la objeción a la deseducación ciudadana, pero obliga a sustituirla con diversas estupideces y tareas del mismo estilo, como si los alumnos no perdieran ya bastante el tiempo. Como casi siempre, la derecha parece adoptar una decisión clara para, a continuación, claudicar vergonzantemente y tratar de demostrar que no es menos progre que la izquierda”.No era esa, ni mucho menos, la tarascada más gruesa del ex terrorista. A ver qué les parece esta, en la que compara las consecuencias de una supuesta infidelidad matrimonial de un político norteamericano y uno español sin cortarse a la hora de dar nombres: “Si, además, la relación íntima del político fuera con una señora a su vez vinculada a la política y acusada de asuntos de corrupción urbanística y similares, el escándalo en USA sería mayúsculo. Aquí no pasa nada. Es decir, no pasa si el político tiene un perfil más o menos progresista. Me refiero a Gallardón que ni afirma ni niega, e invoca su intimidad”. Vuelve Aquí hay tomate.Gallardón vuelve a enfadar a LosantosCurioso, que ayer mismo Federico Jiménez Losantos volviera a dedicar su artículo completo en El Mundo al alcalde Madrid. Siendo justos, debemos decir que fue por alusiones, pues el día anterior Ruiz-Gallardón había estado en el programa de María Teresa Campos pasándole al turolense la sentencia condenatoria por el hocico. He aquí parte de la réplica: “Podríamos decir que Gallardón es a la política lo que Garzón a la Justicia, porque comparten tres rasgos distintivos: la ambición sin límites, la falta de escrúpulos y una habilidad prodigiosa para el autobombo mediático”.El texto se titulaba “Gallardón, ese Garzón”. Contra el genuino, el de la toga, volvió por tercer día consecutivo el editorial de El Mundo, aunque en este caso, apuntado más arriba: “El mayor beneficiario de la truculenta garzonada consistente en hacer un amago de que va a investigar los crímenes de la Guerra Civil es el Gobierno”.
La trama mediática
La campanilla de Garzón
03 Sep 2008
Es matemático: Pavlov toca la campanilla, y a su perro se le ponen a cien los jugos gástricos. Si no captan la comparación, cambien a Pavlov por Baltasar Garzón, y la campanilla por la decisión del magistrado de investigar los crímenes del franquismo. ¿Quién hace de chucho alborotado? Anoten, de saque, al diario El Mundo, que tituló su editorial de ayer “Truculenta garzonada”, provocando, incluso, las iras de la generalmente templada Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional.¿Y era tan grave como para que los togados pidieran al Consejo General del Poder Judicial que defienda a su compañero de “las injustas y arbitrarias opiniones” del diario de Pedro J. Ramírez? Ya que va de eso, juzguen ustedes mismos: “La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931”, anotaba el editorialista que, tras atizar unas yoyas al jiennense, remataba: “A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales”.Libertad Digital no se perdió el convite. Su puja editorial en la subasta de guantadas al juez campeador se titulaba “Garzón el desenterrador” y contenía, entre otra metralla, este obús: “Remover una tragedia nacional como fue la Guerra Civil con intereses políticos constituye una inmoralidad de primer orden que atenta contra el sentido común y contra el espíritu de reconciliación que, al menos en sus primeros tiempos, inspiró a la democracia española”. Por si quedaban dudas, el medio ultraliberal encabezaba la información sobre el asunto de este subjetivísimo modo: “La doble vara de Garzón: Sí a investigar el franquismo pero no a Paracuellos”. Ya.No sin malicia, acudimos al diario que fletó el Dragon Rapide, pero ABC no opinaba editorialmente sobre el asunto. A falta de pronunciamiento (no es inocente la elección de la palabra), el periódico traía un artículo del ideólogo de FAES-PP, Jorge Trías Sagnier, donde leímos: “Comenzábamos a olvidarnos de él y se ha lanzado a investigar las entrañas del odio civil. A ver si a base de azuzar los rescoldos del odio nos olvidamos de que tenemos vacía la cartera”.Los suplentes, tambiénPara abrir el abanico de interpretaciones, sintonizamos Cope. Alfonso Merlos –meritorio que guarda la silla de Jiménez Losantos durante las vacaciones, conocido por muchos como Federiquín– clamaba: “A las víctimas de ETA lo que les interesa saber es quién, desde los aparatos del Estado, ignoramos si desde los aparatos del PSOE, dio un chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. Lo decimos, básicamente, porque una y otra cosa dependen de Garzón”.Ya en la tertulia episcopal de la noche anterior, el interino que cubre la ausencia de César Vidal se había preguntado: “¿Por qué se investiga siempre en el mismo sentido?”, a lo que respondió jocosamenteel opinador Javier Somalo: “Garzón busca a los muertos y se le escapan vivos”.
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Más togas rasgadas
04 Sep 2008
Segunda jornada triunfal de Baltasar Garzón en los medios que no hace tanto lo sacaban bajo palio. Como era previsible tras el apoyo recibido por sus compañeros de toga y puñeta, en esta ocasión la tunda fue a repartir con los que El Mundo bautizó en su editorial de ayer ‘Los intocables de la Audiencia’.Si no querían taza Grande Marlaska y demás firmantes del documento que pedía respeto para su colega de la voz aflautada y el ego ancho, Pedro J. Ramírez les sirvió taza y tres cuartos: “Acostumbrados a comportarse como una aristocracia judicial con plaza vitalicia, estos magistrados de la Audiencia parecen estar ya convencidos de que, por su exclusiva jurisdicción sobre delitos de terrorismo, narcotráfico y crimen organizado, son tan intocables como los hombres de Eliot Ness”, concluía el desquite.Por la misma gruesa liana se deslizaba –a quién le extraña– Libertad Digital, que también en editorial, volvía a poner a Garzón a caer de 15 jamelgos, y dejaba el decimosexto para la magistratura en general por meterse a auxiliadores: “Para ello ha contado con la inestimable ayuda del desprestigiado y pastueño Poder Judicial que, desafiando la letra y el espíritu de la Ley, se mete donde no le llaman y pide abiertamente la mordaza para los periodistas que osan criticar a uno de sus miembros”.ABC, ausente –como ya señalamos– en la primera manga del raid contra el juez que veía amanecer, se apuntó ayer al segundo con un editorial donde, sin hacer mucha sangre con el dictador (¡ejem!) de autos y sentencias, profetizaba las consecuencias de la investigación que ha iniciado: “No tardarán en salir quienes acuciados por los posibles efectos electorales de la crisis económica culparán a la Iglesia y a los populares de querer encubrir los crímenes del franquismo y así volver a la crispación para correr un tupido velo sobre la gestión del Gobiernosocialista”. Ajajá.Sonrían, por favorBasta ya de Garzón, que hay otros asuntos por los que reír con lágrimas. Por ejemplo, la visión sobre la asignatura Educación Para la Ciudadanía que daba ayer La Nación.es, nuevo juguete digital de Carlos Dávila: “Educación y relativismo equivale a hablar de círculo cuadrado. Si no existen el bien y el mal, si la ideología de género trata de decir que lo blanco es negro al borrar la más elemental de la distinciones –varón y hembra–, si la ética queda en manos del Estado, si no hay verdades objetivas… entonces no cabe hablar de educación, sino de repetición de consignas”.Dejen el gesto de asombro en sus rostros, que les seguirá siendo útil tras la lectura del párrafo final del lisérgico editorial de ayer de Ya.es, titulado ‘Don Mariano, céntrese’. Cópienlo por si tienen que escribir un manual de redacción periodística: “Por eso, señor Rajoy, se lo decimos con todo el cariño que sabe que le profesamos: mida bien sus palabras, haga análisis más sosegados, no se precipite, olvide la estúpidaguerra de partidos, ignore a Pepiño Blanco, céntrese”. Ya, que son ustedes los que se han quedado descentrados. Lo preveíamos.
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Ciudadanía, chismes y revanchas
05 Sep 2008
Adelante, Don Mariano, y ni un paso atrás en la defensa de la libertad de educación! Nos jugamos mucho”, arengaba ayer, al líder del PP, desde Libertad Digital Fabián Fernández de Alarcón, en un prolijo texto donde le daba pelos y señales sobre cómo declararse objetor a Educación para la Ciudadanía, después de escuchar a Rajoy mostrarse partidario de hacerlo.También en Libertad Digital, dentro de un blog que cultiva en exclusiva la cosa bajo el nombre Cien mil objeciones, encontramos ayer esta forzada demostración de las maldades del invento: “El empeño del Gobierno de Zapatero por imponer la asignatura, por perseguir a los objetores y por venderlo como un logro ante feministas y colectivos homosexuales de izquierdas deja claro que estamos ante una asignatura política”. Firmaba un pipiolo de gran porvenir llamado Álvaro Vermoet, a la sazón presidente de Unión Democrática de Estudiantes.Con unos cuantos años y escamas más encima, Pío Moa se marcaba su propio párrafo sobre el asunto, y su bilis caía incluso sobre los considerados buenos de esta mala película: “Miseria de la Comunidad de Madrid. Permite la objeción a la deseducación ciudadana, pero obliga a sustituirla con diversas estupideces y tareas del mismo estilo, como si los alumnos no perdieran ya bastante el tiempo. Como casi siempre, la derecha parece adoptar una decisión clara para, a continuación, claudicar vergonzantemente y tratar de demostrar que no es menos progre que la izquierda”.No era esa, ni mucho menos, la tarascada más gruesa del ex terrorista. A ver qué les parece esta, en la que compara las consecuencias de una supuesta infidelidad matrimonial de un político norteamericano y uno español sin cortarse a la hora de dar nombres: “Si, además, la relación íntima del político fuera con una señora a su vez vinculada a la política y acusada de asuntos de corrupción urbanística y similares, el escándalo en USA sería mayúsculo. Aquí no pasa nada. Es decir, no pasa si el político tiene un perfil más o menos progresista. Me refiero a Gallardón que ni afirma ni niega, e invoca su intimidad”. Vuelve Aquí hay tomate.Gallardón vuelve a enfadar a LosantosCurioso, que ayer mismo Federico Jiménez Losantos volviera a dedicar su artículo completo en El Mundo al alcalde Madrid. Siendo justos, debemos decir que fue por alusiones, pues el día anterior Ruiz-Gallardón había estado en el programa de María Teresa Campos pasándole al turolense la sentencia condenatoria por el hocico. He aquí parte de la réplica: “Podríamos decir que Gallardón es a la política lo que Garzón a la Justicia, porque comparten tres rasgos distintivos: la ambición sin límites, la falta de escrúpulos y una habilidad prodigiosa para el autobombo mediático”.El texto se titulaba “Gallardón, ese Garzón”. Contra el genuino, el de la toga, volvió por tercer día consecutivo el editorial de El Mundo, aunque en este caso, apuntado más arriba: “El mayor beneficiario de la truculenta garzonada consistente en hacer un amago de que va a investigar los crímenes de la Guerra Civil es el Gobierno”.
Arenas enfrenta a las víctimas de ETA con las del franquismo
Fuente: El Plural:
"No piquéis el anzuelo: la memoria histórica son las víctimas de ETA"
Arenas enfrenta a las víctimas de ETA con las del franquismo
JLV/ANDALUCIA
El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, se ha ido hoy por las ramas y no ha querido abordar la cuestión actual de la Recuperación de la Memoria Histórica. Ante los dirigentes del PP de Andalucía, Arenas, experto en escurrir el bulto, ha pedido hoy a los dirigentes de su partido, en relación a este debate, que no piquen en "determinados anzuelos" y ha asegurado que "la memoria histórica de la Constitución son las víctimas de ETA".
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“Lo que Garzón debe hacer es combatir el terrorismo, las drogas y las pateras»
Arenas tras sus vacaciones, más derechista que nunca ¿Qué tendrá que ver las víctimas del terrorismo con las de la guerra civil española? ¿Es incompatible defender la dignidad de los fusilados y represaliados durante la guerra y el franquismo con honrar también a las víctimas de ETA? Arenas en un ejercicio de filibusterismo político y en un intento de apoderarse de la memoria y defensa de los caídos por el terrorismo, ha advertido " que algunos quieren que estemos hablando de nuestros abuelos y bisabuelos, pero nosotros tenemos que dedicarnos a construir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos".RespetoTras esta expresión en las que parecía colocar a las víctimas del franquismo en un segundo nivel, quiso rectificar lo dicho con una pirueta verbal indisimulada al expresar "todo el respeto del mundo" con los abuelos y los bisabuelos, "cada uno con su verdad". El presidente de los populares andaluces ha opinado que "si somos generosos terminan siendo verdades compartidas", aunque ha aclarado a continuación: "para mí la verdad compartida es la Constitución española".Arenas ultraconservadorComo recogíamos en la edición de ayer, Arenas ha regresado de sus vacaciones en su esencia más puramente derechista, revestida de un halo de verborrea demagógica propia del responsable del PP, en el que cíclicamente asoma su talante duramente ultraconservador. Arenas, en línea con este discurso rancio, ha subrayado que la memoria histórica de la Constitución española "son las víctimas de ETA y del terrorismo" y que el pasado hay que tratarlo "siempre con mucho respeto y sabiendo que cualquier visión es parcial".Desprecio del PP-A a GarzónEstas declaraciones van en la línea de desprecio al trabajo del juez Garzón y de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. En este sentido, El Plural recogía ayer las declaraciones del hombre de confianza de Arenas en Granada Sebastián Pérez. Este, como Presidente del Partido Popular en Granada, declaró ayer que Garzón no había estado muy afortunado al realizar la providencia y que lo que debiera hacer el magistrado es "combatir el terrorismo, la droga y las mafias de las pateras". De nuevo ayer, como hoy Arenas, el PP utiliza el terrorismo como arma en el debate político. -->
¿Qué tendrá que ver las víctimas del terrorismo con las de la guerra civil española? ¿Es incompatible defender la dignidad de los fusilados y represaliados durante la guerra y el franquismo con honrar también a las víctimas de ETA? Arenas en un ejercicio de filibusterismo político y en un intento de apoderarse de la memoria y defensa de los caídos por el terrorismo, ha advertido " que algunos quieren que estemos hablando de nuestros abuelos y bisabuelos, pero nosotros tenemos que dedicarnos a construir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos".RespetoTras esta expresión en las que parecía colocar a las víctimas del franquismo en un segundo nivel, quiso rectificar lo dicho con una pirueta verbal indisimulada al expresar "todo el respeto del mundo" con los abuelos y los bisabuelos, "cada uno con su verdad". El presidente de los populares andaluces ha opinado que "si somos generosos terminan siendo verdades compartidas", aunque ha aclarado a continuación: "para mí la verdad compartida es la Constitución española".Arenas ultraconservadorComo recogíamos en la edición de ayer, Arenas ha regresado de sus vacaciones en su esencia más puramente derechista, revestida de un halo de verborrea demagógica propia del responsable del PP, en el que cíclicamente asoma su talante duramente ultraconservador. Arenas, en línea con este discurso rancio, ha subrayado que la memoria histórica de la Constitución española "son las víctimas de ETA y del terrorismo" y que el pasado hay que tratarlo "siempre con mucho respeto y sabiendo que cualquier visión es parcial".Desprecio del PP-A a GarzónEstas declaraciones van en la línea de desprecio al trabajo del juez Garzón y de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. En este sentido, El Plural recogía ayer las declaraciones del hombre de confianza de Arenas en Granada Sebastián Pérez. Este, como Presidente del Partido Popular en Granada, declaró ayer que Garzón no había estado muy afortunado al realizar la providencia y que lo que debiera hacer el magistrado es "combatir el terrorismo, la droga y las mafias de las pateras". De nuevo ayer, como hoy Arenas, el PP utiliza el terrorismo como arma en el debate político.
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El PSOE cree que Gallardón solo intenta justificarse
“Cambiar los nombres de las calles franquistas no es cuestión de ley, sino de voluntad política”
S. COLADO
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, justificó el mantenimiento de símbolos y calles franquistas en la ciudad porque “el Gobierno de la Nación aún no ha aprobado el reglamento de la Ley de Memoria Histórica”. Desde el grupo municipal socialista consideran que al alcalde le falta “voluntad política” para retirar del callejero los nombres con resonancias de la dictadura, como le han pedido en varias ocasiones, ya que otros Ayuntamientos lo han hecho sin necesidad del reglamento.
Gallardón ha afirmado que si aún no se han quitado los símbolos franquistas de las calles de la capital es porque “la Ley prevé y establece que la aplicación de sus preceptos, como la supresión de determinados símbolos, está sujeta a un reglamento que tiene que aprobar el Gobierno, y no lo ha hecho”. A la espera del reglamento Tras pasar la pelota al tejado del Gobierno central, el alcalde aseguró que “en cuanto se apruebe el reglamento, el Ayuntamiento estudiará la Ley para aplicarla”. Además, apuntó que “los únicos símbolos franquistas que en este momento quedan en Madrid, salvo quizá alguna excepción como el Arco del Triunfo de Moncloa, están todos en dependencias de la Administración General del Estado”, y puso como ejemplos la placa a Franco del Cuartel General del Aire, la de la Academia de Policía de Canillejas, la del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá o la placa de la iglesia San Francisco el Grande que depende del Ministerio de Exteriores. El PSOE le achaca falta de “voluntad” Sin embargo, desde el grupo municipal socialista recuerdan que todavía quedan “más de 100 calles con nombres franquistas” en Madrid. El portavoz socialista en el Consistorio, David Lucas, apunta a El Plural que “cada vez que Gallardón no hace algo que cree debería haber realizado se escuda en el Estado, en el Gobierno central, en un reglamento, etc.” y advierte de que renunciar a los símbolos y nombres franquistas “no es cuestión de una ley sino de voluntad política”. Otros Ayuntamientos lo han hecho Lucas apunta que otros Ayuntamientos han cambiado la nomenclatura franquista sin esperar al reglamento, por lo que concluye que en el caso de Gallardón “tiene que ser una ley la que se lo imponga”. -->
Gallardón ha afirmado que si aún no se han quitado los símbolos franquistas de las calles de la capital es porque “la Ley prevé y establece que la aplicación de sus preceptos, como la supresión de determinados símbolos, está sujeta a un reglamento que tiene que aprobar el Gobierno, y no lo ha hecho”. A la espera del reglamento Tras pasar la pelota al tejado del Gobierno central, el alcalde aseguró que “en cuanto se apruebe el reglamento, el Ayuntamiento estudiará la Ley para aplicarla”. Además, apuntó que “los únicos símbolos franquistas que en este momento quedan en Madrid, salvo quizá alguna excepción como el Arco del Triunfo de Moncloa, están todos en dependencias de la Administración General del Estado”, y puso como ejemplos la placa a Franco del Cuartel General del Aire, la de la Academia de Policía de Canillejas, la del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá o la placa de la iglesia San Francisco el Grande que depende del Ministerio de Exteriores. El PSOE le achaca falta de “voluntad” Sin embargo, desde el grupo municipal socialista recuerdan que todavía quedan “más de 100 calles con nombres franquistas” en Madrid. El portavoz socialista en el Consistorio, David Lucas, apunta a El Plural que “cada vez que Gallardón no hace algo que cree debería haber realizado se escuda en el Estado, en el Gobierno central, en un reglamento, etc.” y advierte de que renunciar a los símbolos y nombres franquistas “no es cuestión de una ley sino de voluntad política”. Otros Ayuntamientos lo han hecho Lucas apunta que otros Ayuntamientos han cambiado la nomenclatura franquista sin esperar al reglamento, por lo que concluye que en el caso de Gallardón “tiene que ser una ley la que se lo imponga”.
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"No piquéis el anzuelo: la memoria histórica son las víctimas de ETA"
Arenas enfrenta a las víctimas de ETA con las del franquismo
JLV/ANDALUCIA
El vicesecretario nacional de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas, se ha ido hoy por las ramas y no ha querido abordar la cuestión actual de la Recuperación de la Memoria Histórica. Ante los dirigentes del PP de Andalucía, Arenas, experto en escurrir el bulto, ha pedido hoy a los dirigentes de su partido, en relación a este debate, que no piquen en "determinados anzuelos" y ha asegurado que "la memoria histórica de la Constitución son las víctimas de ETA".
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“Lo que Garzón debe hacer es combatir el terrorismo, las drogas y las pateras»
Arenas tras sus vacaciones, más derechista que nunca ¿Qué tendrá que ver las víctimas del terrorismo con las de la guerra civil española? ¿Es incompatible defender la dignidad de los fusilados y represaliados durante la guerra y el franquismo con honrar también a las víctimas de ETA? Arenas en un ejercicio de filibusterismo político y en un intento de apoderarse de la memoria y defensa de los caídos por el terrorismo, ha advertido " que algunos quieren que estemos hablando de nuestros abuelos y bisabuelos, pero nosotros tenemos que dedicarnos a construir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos".RespetoTras esta expresión en las que parecía colocar a las víctimas del franquismo en un segundo nivel, quiso rectificar lo dicho con una pirueta verbal indisimulada al expresar "todo el respeto del mundo" con los abuelos y los bisabuelos, "cada uno con su verdad". El presidente de los populares andaluces ha opinado que "si somos generosos terminan siendo verdades compartidas", aunque ha aclarado a continuación: "para mí la verdad compartida es la Constitución española".Arenas ultraconservadorComo recogíamos en la edición de ayer, Arenas ha regresado de sus vacaciones en su esencia más puramente derechista, revestida de un halo de verborrea demagógica propia del responsable del PP, en el que cíclicamente asoma su talante duramente ultraconservador. Arenas, en línea con este discurso rancio, ha subrayado que la memoria histórica de la Constitución española "son las víctimas de ETA y del terrorismo" y que el pasado hay que tratarlo "siempre con mucho respeto y sabiendo que cualquier visión es parcial".Desprecio del PP-A a GarzónEstas declaraciones van en la línea de desprecio al trabajo del juez Garzón y de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. En este sentido, El Plural recogía ayer las declaraciones del hombre de confianza de Arenas en Granada Sebastián Pérez. Este, como Presidente del Partido Popular en Granada, declaró ayer que Garzón no había estado muy afortunado al realizar la providencia y que lo que debiera hacer el magistrado es "combatir el terrorismo, la droga y las mafias de las pateras". De nuevo ayer, como hoy Arenas, el PP utiliza el terrorismo como arma en el debate político. -->
¿Qué tendrá que ver las víctimas del terrorismo con las de la guerra civil española? ¿Es incompatible defender la dignidad de los fusilados y represaliados durante la guerra y el franquismo con honrar también a las víctimas de ETA? Arenas en un ejercicio de filibusterismo político y en un intento de apoderarse de la memoria y defensa de los caídos por el terrorismo, ha advertido " que algunos quieren que estemos hablando de nuestros abuelos y bisabuelos, pero nosotros tenemos que dedicarnos a construir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos".RespetoTras esta expresión en las que parecía colocar a las víctimas del franquismo en un segundo nivel, quiso rectificar lo dicho con una pirueta verbal indisimulada al expresar "todo el respeto del mundo" con los abuelos y los bisabuelos, "cada uno con su verdad". El presidente de los populares andaluces ha opinado que "si somos generosos terminan siendo verdades compartidas", aunque ha aclarado a continuación: "para mí la verdad compartida es la Constitución española".Arenas ultraconservadorComo recogíamos en la edición de ayer, Arenas ha regresado de sus vacaciones en su esencia más puramente derechista, revestida de un halo de verborrea demagógica propia del responsable del PP, en el que cíclicamente asoma su talante duramente ultraconservador. Arenas, en línea con este discurso rancio, ha subrayado que la memoria histórica de la Constitución española "son las víctimas de ETA y del terrorismo" y que el pasado hay que tratarlo "siempre con mucho respeto y sabiendo que cualquier visión es parcial".Desprecio del PP-A a GarzónEstas declaraciones van en la línea de desprecio al trabajo del juez Garzón y de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica. En este sentido, El Plural recogía ayer las declaraciones del hombre de confianza de Arenas en Granada Sebastián Pérez. Este, como Presidente del Partido Popular en Granada, declaró ayer que Garzón no había estado muy afortunado al realizar la providencia y que lo que debiera hacer el magistrado es "combatir el terrorismo, la droga y las mafias de las pateras". De nuevo ayer, como hoy Arenas, el PP utiliza el terrorismo como arma en el debate político.
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El PSOE cree que Gallardón solo intenta justificarse
“Cambiar los nombres de las calles franquistas no es cuestión de ley, sino de voluntad política”
S. COLADO
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, justificó el mantenimiento de símbolos y calles franquistas en la ciudad porque “el Gobierno de la Nación aún no ha aprobado el reglamento de la Ley de Memoria Histórica”. Desde el grupo municipal socialista consideran que al alcalde le falta “voluntad política” para retirar del callejero los nombres con resonancias de la dictadura, como le han pedido en varias ocasiones, ya que otros Ayuntamientos lo han hecho sin necesidad del reglamento.
Gallardón ha afirmado que si aún no se han quitado los símbolos franquistas de las calles de la capital es porque “la Ley prevé y establece que la aplicación de sus preceptos, como la supresión de determinados símbolos, está sujeta a un reglamento que tiene que aprobar el Gobierno, y no lo ha hecho”. A la espera del reglamento Tras pasar la pelota al tejado del Gobierno central, el alcalde aseguró que “en cuanto se apruebe el reglamento, el Ayuntamiento estudiará la Ley para aplicarla”. Además, apuntó que “los únicos símbolos franquistas que en este momento quedan en Madrid, salvo quizá alguna excepción como el Arco del Triunfo de Moncloa, están todos en dependencias de la Administración General del Estado”, y puso como ejemplos la placa a Franco del Cuartel General del Aire, la de la Academia de Policía de Canillejas, la del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá o la placa de la iglesia San Francisco el Grande que depende del Ministerio de Exteriores. El PSOE le achaca falta de “voluntad” Sin embargo, desde el grupo municipal socialista recuerdan que todavía quedan “más de 100 calles con nombres franquistas” en Madrid. El portavoz socialista en el Consistorio, David Lucas, apunta a El Plural que “cada vez que Gallardón no hace algo que cree debería haber realizado se escuda en el Estado, en el Gobierno central, en un reglamento, etc.” y advierte de que renunciar a los símbolos y nombres franquistas “no es cuestión de una ley sino de voluntad política”. Otros Ayuntamientos lo han hecho Lucas apunta que otros Ayuntamientos han cambiado la nomenclatura franquista sin esperar al reglamento, por lo que concluye que en el caso de Gallardón “tiene que ser una ley la que se lo imponga”. -->
Gallardón ha afirmado que si aún no se han quitado los símbolos franquistas de las calles de la capital es porque “la Ley prevé y establece que la aplicación de sus preceptos, como la supresión de determinados símbolos, está sujeta a un reglamento que tiene que aprobar el Gobierno, y no lo ha hecho”. A la espera del reglamento Tras pasar la pelota al tejado del Gobierno central, el alcalde aseguró que “en cuanto se apruebe el reglamento, el Ayuntamiento estudiará la Ley para aplicarla”. Además, apuntó que “los únicos símbolos franquistas que en este momento quedan en Madrid, salvo quizá alguna excepción como el Arco del Triunfo de Moncloa, están todos en dependencias de la Administración General del Estado”, y puso como ejemplos la placa a Franco del Cuartel General del Aire, la de la Academia de Policía de Canillejas, la del Ministerio de Hacienda en la calle Alcalá o la placa de la iglesia San Francisco el Grande que depende del Ministerio de Exteriores. El PSOE le achaca falta de “voluntad” Sin embargo, desde el grupo municipal socialista recuerdan que todavía quedan “más de 100 calles con nombres franquistas” en Madrid. El portavoz socialista en el Consistorio, David Lucas, apunta a El Plural que “cada vez que Gallardón no hace algo que cree debería haber realizado se escuda en el Estado, en el Gobierno central, en un reglamento, etc.” y advierte de que renunciar a los símbolos y nombres franquistas “no es cuestión de una ley sino de voluntad política”. Otros Ayuntamientos lo han hecho Lucas apunta que otros Ayuntamientos han cambiado la nomenclatura franquista sin esperar al reglamento, por lo que concluye que en el caso de Gallardón “tiene que ser una ley la que se lo imponga”.
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Santiado Carrillo: "Las víctimas de los republicanos fueron considerados líderes nacionales 40 años"
Fuente: Público.
"Las víctimas de los republicanos fueron considerados líderes nacionales 40 años"
Carrillo afirma que de lo que se trata ahora es de que "los del otro lado sean considerados con el respeto que se les da a los muertos".
PÚBLICO.ES / EUROPA PRESS - Madrid - 05/09/2008 11:05.
"Los que fueron víctimas de los republicanos fueron considerados líderes nacionales durante 40 años del franquismo. De lo que se trata ahora es de que los del lado republicano sean reivindicados y considerados con el respeto que se les da a los muertos".
El ex secretario general del Partido Comunista, Santiago Carrillo, ha reclamado la dignidad de los desaparecidos en la Guerra Civil española y ha asegurado que la iniciativa del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, no es una cuestión de "reclamar una justicia de sanciones" sino de "satisfacer los sentimientos de las familias".
"No se podría pedir responsabilidades a los que hicieron aquellas tropelías porque la inmensa mayoría ha muerto y los que no serán viejísimos", ha explicado.
"El familiar lejano no tiene ninguna culpa de lo que hizo su bisabuelo"
Por ello, aseguró que no comprende por qué "hay gente, a día de hoy", que se resiste a investigar.
"El familiar lejano no tiene ninguna culpa de lo que hizo su bisabuelo o su tatarabuelo y está limpio, en ese sentido, de responsabilidad y no tiene por qué preocuparse", apostilló.
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Identificar a los más 50.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura podría costar 60 millones de euros
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica considera que encontrar a todos los desaparecidos requeriría un gran trabajo, pero que el estado tiene "las herramientas suficientes"
SERVIMEDIA - Madrid - 04/09/2008 18:28
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica calcula que la cifra de desaparecidos en España durante la Guerra Civil y la dictadura de Francisco Franco supera las 50.000 personas. Encontrar sus cuerpos e identificarlos podría costar unos 60 millones de euros.
El vicepresidente de la Asociación, Santiago Macías, explicó que, desde que comenzaron sus trabajos en el año 2000, han abierto 120 fosas comunes aproximadamente y exhumado a 1.250 personas mediante métodos arqueológicos.
Encontrar a todos los desaparecidos requeriría mucho tiempo y cuantiosos recursos materiales y económicos, según la asociación
Macías aseguró que encontrar a todos los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo requeriría un gran trabajo, mucho tiempo y cuantiosos recursos materiales y económicos para rescatar los cuerpos de los más de 50.000 desaparecidos que pueden estar enterrados en cientos de fosas comunes.
De momento, su asociación ha conseguido exhumar e identificar en los dos últimos años a más de 100 desaparecidos, que ya han sido entregados a sus respectivas familias.
Para realizar esta labor, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica contó con la ayuda de un millar de voluntarios y recibió, desde 2006, 120.000 euros en subvenciones del Ministerio de Presidencia.
Altos costes
Suponiendo que los costes de estos trabajos de exhumación no varíen, recuperar los cuerpos de los 50.000 desaparecidos costaría al menos 60 millones de euros.
Macías apuntó que, del total de asesinados durante la Guerra Civil, la asociación "no ha encontrado ni un 0,01%" en los ocho años que lleva funcionando, ya que hay "muchísimas fosas en España y miles de desaparecidos".
La asociación "no ha encontrado ni un 0,01%" de los asesinados durante la Guerra Civil, en los ocho años que lleva funcionando.
Además, con los datos de víctimas que posee, la Asociación "no ha podido atender ni el 10%", por lo que estima que necesitará bastantes años más para concluir los trabajos con los medios humanos y materiales de los que dispone en estos momentos.
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se mostró convencido de que el Estado "tiene herramientas suficientes como para llevar a cabo una investigación como la que pide Garzón", quien pretende elaborar un listado completo de desaparecidos.
Macías subrayó que el Estado cuenta con funcionarios en los juzgados y en los ayuntamientos que, junto con el personal de la Conferencia Episcopal, pueden ser suficientes para llevar a cabo "una investigación más o menos válida".
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Garzón decidirá en un mes si hubo genocidio
La decisión de Garzón: un buen punto de partida
El PP, en contra de la investigación de Garzón porque "reabre heridas"
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Plural:
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PÚBLICO.ES / EUROPA PRESS - Madrid - 05/09/2008 11:05.
"Los que fueron víctimas de los republicanos fueron considerados líderes nacionales durante 40 años del franquismo. De lo que se trata ahora es de que los del lado republicano sean reivindicados y considerados con el respeto que se les da a los muertos".
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"No se podría pedir responsabilidades a los que hicieron aquellas tropelías porque la inmensa mayoría ha muerto y los que no serán viejísimos", ha explicado.
"El familiar lejano no tiene ninguna culpa de lo que hizo su bisabuelo"
Por ello, aseguró que no comprende por qué "hay gente, a día de hoy", que se resiste a investigar.
"El familiar lejano no tiene ninguna culpa de lo que hizo su bisabuelo o su tatarabuelo y está limpio, en ese sentido, de responsabilidad y no tiene por qué preocuparse", apostilló.
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SERVIMEDIA - Madrid - 04/09/2008 18:28
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El vicepresidente de la Asociación, Santiago Macías, explicó que, desde que comenzaron sus trabajos en el año 2000, han abierto 120 fosas comunes aproximadamente y exhumado a 1.250 personas mediante métodos arqueológicos.
Encontrar a todos los desaparecidos requeriría mucho tiempo y cuantiosos recursos materiales y económicos, según la asociación
Macías aseguró que encontrar a todos los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo requeriría un gran trabajo, mucho tiempo y cuantiosos recursos materiales y económicos para rescatar los cuerpos de los más de 50.000 desaparecidos que pueden estar enterrados en cientos de fosas comunes.
De momento, su asociación ha conseguido exhumar e identificar en los dos últimos años a más de 100 desaparecidos, que ya han sido entregados a sus respectivas familias.
Para realizar esta labor, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica contó con la ayuda de un millar de voluntarios y recibió, desde 2006, 120.000 euros en subvenciones del Ministerio de Presidencia.
Altos costes
Suponiendo que los costes de estos trabajos de exhumación no varíen, recuperar los cuerpos de los 50.000 desaparecidos costaría al menos 60 millones de euros.
Macías apuntó que, del total de asesinados durante la Guerra Civil, la asociación "no ha encontrado ni un 0,01%" en los ocho años que lleva funcionando, ya que hay "muchísimas fosas en España y miles de desaparecidos".
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Macías subrayó que el Estado cuenta con funcionarios en los juzgados y en los ayuntamientos que, junto con el personal de la Conferencia Episcopal, pueden ser suficientes para llevar a cabo "una investigación más o menos válida".
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Enquête sur les disparus du franquisme.
Fuente: Le Monde.
Enquête sur les disparus du franquisme
A plus de soixante-dix ans de distance, la justice espagnole pourra-t-elle faire la lumière sur les exactions du régime franquiste ?
MADRID CORRESPONDANT
A plus de soixante-dix ans de distance, la justice espagnole pourra-t-elle faire la lumière sur les exactions du régime franquiste ? La polémique a rebondi, lundi 1er septembre, après la décision du juge Baltasar Garzon, de l'Audience nationale, la plus haute juridiction pénale espagnole, d'engager une demande d'information sur le sort des dizaines de milliers de personnes disparues pendant la guerre civile (1936-1939) et sous la dictature du général Franco (1939-1975).
Par cette initiative, le magistrat rendu célèbre par son instruction contre l'ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet, ouvre pour la première fois la voie à une enquête à grande échelle sur les quelque 30 000 disparus du franquisme. Afin d'établir un recensement de ces victimes, généralement jetées dans des fosses communes après leur exécution sommaire, M. Garzon a demandé à plusieurs administrations d'ouvrir leurs archives. Sa demande d'information préliminaire s'adresse principalement à la Conférence épiscopale espagnole pour qu'elle mette à sa disposition les registres de décès de ses 22 827 paroisses, ainsi qu'au Mémorial de la Valle de Los Caidos, dans la région de Madrid, où reposent dans des ossuaires des milliers de combattants des deux camps de la guerre civile.
"EMOUVANT"
La requête du juge a été saluée comme un pas "historique" par les organisations de victimes du franquisme. "Beaucoup travaillent depuis des années pour récupérer les restes de leurs proches et savoir ce qui leur est arrivé. Le fait d'entamer un processus conduisant l'Etat à reconnaître sa responsabilité est très émouvant", a commenté Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique.
Une première étape avait été franchie le 25 juin, quand le juge Garzon avait accepté officiellement d'étudier les plaintes déposées par des familles et des associations représentant 1 200 cas documentés de disparitions. Champion des enquêtes sur les disparitions forcées en Amérique du Sud, le juge était systématiquement sollicité en Espagne depuis l'adoption de la loi sur la "mémoire historique" en octobre 2007. Sa démarche confirme qu'il privilégie la voie d'une cause globale, alors que le ministère public, au début de l'année, s'était prononcé pour que chaque cas de disparition soit instruit séparément.
Des associations de magistrats mettent en doute la méthode, estimant que ce n'est pas à la justice, mais à la politique, de s'attaquer au dossier. Le gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez Zapatero approuve l'initiative, contrairement au chef de l'opposition, Mariano Rajoy, "pas partisan de rouvrir les plaies du passé". Plus polémique, le quotidien de droite El Mundo fustige "une initiative effrayante qui n'a aucune chance d'aboutir". Le journal met en avant la loi d'amnistie votée en octobre 1977 s'appliquant aux "crimes politiques" commis avant le 15 décembre 1976. Les associations de victimes font valoir qu'il s'agit de "crimes contre l'humanité".
Jean-Jacques Bozonnet
Article paru dans l'édition du 05.09.08.
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Portfolio La guerre civile éclate en Espagne à l'été 1936
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Cadrage La mémoire des victimes de la guerre civile divise l'Espagne
Article paru dans l'édition du 12.09.07
Après qu'en juillet 2006 le conseil des ministres eut approuvé un projet de loi connu sous le nom officieux de « mémoire historique », visant à réhabiliter la mémoire des victimes de la guerre civile et de la dictature, une spectaculaire « guerre des faire-part » s'était déclenchée dans les journaux espagnols. Précédés d'un surtitre : « 70e anniversaire », on a pu lire, cet été-là, quantité d' in memoriam tels que - selon l'orientation du quotidien : « Julián Sosa Pérez, 41 ans et sept enfants, Arenas de San Juan, assassinés par les Rouges du Front populaire avec 61 autres Madrilènes le 27 juillet 1936 » ; « Don Mateo Gómez Díez, assassiné au matin du 6 septembre 1036 à Valladolid, à 47 ans, victime de la répression fasciste ».
Un an plus tard, l'avenir de ce projet de loi s'est obscurci. Rejeté par les conservateurs du Parti populaire (PP), le texte est l'objet d'un entrelacs de revendications de la part des groupes minoritaires du Parlement. Or les socialistes, qui ne disposent que d'une majorité relative, ont besoin de l'appui de certains d'entre eux pour faire adopter, avant la dissolution du Congrès des députés, en décembre, ce qui était l'une des principales promesses de José Luis Zapatero. L'approche des élections législatives de mars 2008 rend encore plus difficile à envisager un débat forcément à vif dans une période où le président du gouvernement veut recentrer son discours.
TEXTE « ÉQUIDISTANT »
Le texte est issu des revendications des associations qui, depuis six ou sept ans, militent pour la réhabilitation de la mémoire des victimes du camp républicain, abandonnées à l'oubli par l'Espagne officielle, tandis que le camp vainqueur, lui, a pu honorer ses morts pendant quarante ans de franquisme. Le projet vise à aider les familles des personnes assassinées, essentiellement pendant la première année de la guerre (environ 100 000 du côté républicain et 50 000 du côté des insurgés), et enterrées dans des fosses communes, à retrouver les corps pour leur donner une sépulture décente si elles le souhaitent.
Il institue un mécanisme de réhabilitation individuelle, purement symbolique, à la demande des familles, pour les victimes des tribunaux d'exception franquistes qui, à partir de l'été 1937, ont été à l'origine de 50 000 condamnations à mort et de dizaines de milliers de condamnations aux travaux forcés, à la prison ou à l'expropriation.
Pour essayer d'adoucir la polémique, le gouvernement a pris le parti de rédiger un texte « équidistant », c'est-à-dire applicable aux victimes de deux camps. Cela a eu pour effet d'isoler les socialistes.
Le PP n'a pas renoncé à son opposition radicale au principe de cette loi. La droite accuse le gouvernement d'utiliser l'histoire à des fins politiciennes, de risquer de déchirer le pays et de briser les compromis de la Transition qui ont permis à l'Espagne de renouer pacifiquement avec la démocratie.
C'est parmi les groupes charnières que le gouvernement doit trouver des appuis. Or nationalistes basques et catalans, gauche radicale et écologiste (IU-ICV) et indépendantistes catalans sont loin de tirer dans le même sens. Les indépendantistes catalans - pas plus que la gauche de la gauche - n'ont pas admis que républicains et insurgés soient mis sur un même pied. Ils campent sur une exigence : le projet de loi doit annuler les jugements prononcés par les tribunaux d'exception franquistes. Jusqu'à présent, aucun tribunal n'a accepté de déclarer nul l'un de ces jugements, en dépit des nombreux recours. Or le gouvernement refuse de s'engager dans la voie de l'annulation, pour des raisons de sécurité juridique.
Les écolo-socialistes d'IU-ICV étaient, à l'origine, eux aussi favorables à l'annulation des jugements des tribunaux militaires. Les socialistes sont cependant parvenus à un compromis avec eux, consistant non pas à annuler les jugements, mais à les déclarer « injustes » parce que prononcés par des tribunaux « illégitimes ». Aux yeux du gouvernement, cette déclaration n'a pas de portée juridique. Mais IU-ICV est convaincue que, sur la base de cette formulation, les victimes du franquisme ou leurs descendants pourront faire annuler les condamnations. Leur appui n'est cependant pas suffisant pour faire passer la loi.
Elle doit encore trouver des soutiens chez les nationalistes basques ou catalans. Les premiers posent une condition : le retour au Pays basque d'archives du gouvernement régional transférées à Salamanque par le régime franquiste. Le gouvernement y est réticent car c'est là un nouveau sujet d'affrontement avec l'opposition. Les Catalans, eux, semblent mal à l'aise dans ce débat. Ils n'ont pas encore pris position mais leur chef de file au Congrès des députés, Josep Antoni Duran i Lleida, a demandé que soit faite, dans le projet de loi, une mention explicite des « abus » commis par les républicains pendant la guerre, référence implicite aux nationalistes et catholiques assassinés dans la Catalogne républicaine en 1936-1937. Le gouvernement a refusé au motif que son propos n'est pas de « porter un jugement historique sur ce qui s'est passé ». Tout le débat est là.
Cécile Chambraud
Enquête sur les disparus du franquisme
A plus de soixante-dix ans de distance, la justice espagnole pourra-t-elle faire la lumière sur les exactions du régime franquiste ?
MADRID CORRESPONDANT
A plus de soixante-dix ans de distance, la justice espagnole pourra-t-elle faire la lumière sur les exactions du régime franquiste ? La polémique a rebondi, lundi 1er septembre, après la décision du juge Baltasar Garzon, de l'Audience nationale, la plus haute juridiction pénale espagnole, d'engager une demande d'information sur le sort des dizaines de milliers de personnes disparues pendant la guerre civile (1936-1939) et sous la dictature du général Franco (1939-1975).
Par cette initiative, le magistrat rendu célèbre par son instruction contre l'ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet, ouvre pour la première fois la voie à une enquête à grande échelle sur les quelque 30 000 disparus du franquisme. Afin d'établir un recensement de ces victimes, généralement jetées dans des fosses communes après leur exécution sommaire, M. Garzon a demandé à plusieurs administrations d'ouvrir leurs archives. Sa demande d'information préliminaire s'adresse principalement à la Conférence épiscopale espagnole pour qu'elle mette à sa disposition les registres de décès de ses 22 827 paroisses, ainsi qu'au Mémorial de la Valle de Los Caidos, dans la région de Madrid, où reposent dans des ossuaires des milliers de combattants des deux camps de la guerre civile.
"EMOUVANT"
La requête du juge a été saluée comme un pas "historique" par les organisations de victimes du franquisme. "Beaucoup travaillent depuis des années pour récupérer les restes de leurs proches et savoir ce qui leur est arrivé. Le fait d'entamer un processus conduisant l'Etat à reconnaître sa responsabilité est très émouvant", a commenté Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique.
Une première étape avait été franchie le 25 juin, quand le juge Garzon avait accepté officiellement d'étudier les plaintes déposées par des familles et des associations représentant 1 200 cas documentés de disparitions. Champion des enquêtes sur les disparitions forcées en Amérique du Sud, le juge était systématiquement sollicité en Espagne depuis l'adoption de la loi sur la "mémoire historique" en octobre 2007. Sa démarche confirme qu'il privilégie la voie d'une cause globale, alors que le ministère public, au début de l'année, s'était prononcé pour que chaque cas de disparition soit instruit séparément.
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Jean-Jacques Bozonnet
Article paru dans l'édition du 05.09.08.
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Portfolio La guerre civile éclate en Espagne à l'été 1936
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Cadrage La mémoire des victimes de la guerre civile divise l'Espagne
Article paru dans l'édition du 12.09.07
Après qu'en juillet 2006 le conseil des ministres eut approuvé un projet de loi connu sous le nom officieux de « mémoire historique », visant à réhabiliter la mémoire des victimes de la guerre civile et de la dictature, une spectaculaire « guerre des faire-part » s'était déclenchée dans les journaux espagnols. Précédés d'un surtitre : « 70e anniversaire », on a pu lire, cet été-là, quantité d' in memoriam tels que - selon l'orientation du quotidien : « Julián Sosa Pérez, 41 ans et sept enfants, Arenas de San Juan, assassinés par les Rouges du Front populaire avec 61 autres Madrilènes le 27 juillet 1936 » ; « Don Mateo Gómez Díez, assassiné au matin du 6 septembre 1036 à Valladolid, à 47 ans, victime de la répression fasciste ».
Un an plus tard, l'avenir de ce projet de loi s'est obscurci. Rejeté par les conservateurs du Parti populaire (PP), le texte est l'objet d'un entrelacs de revendications de la part des groupes minoritaires du Parlement. Or les socialistes, qui ne disposent que d'une majorité relative, ont besoin de l'appui de certains d'entre eux pour faire adopter, avant la dissolution du Congrès des députés, en décembre, ce qui était l'une des principales promesses de José Luis Zapatero. L'approche des élections législatives de mars 2008 rend encore plus difficile à envisager un débat forcément à vif dans une période où le président du gouvernement veut recentrer son discours.
TEXTE « ÉQUIDISTANT »
Le texte est issu des revendications des associations qui, depuis six ou sept ans, militent pour la réhabilitation de la mémoire des victimes du camp républicain, abandonnées à l'oubli par l'Espagne officielle, tandis que le camp vainqueur, lui, a pu honorer ses morts pendant quarante ans de franquisme. Le projet vise à aider les familles des personnes assassinées, essentiellement pendant la première année de la guerre (environ 100 000 du côté républicain et 50 000 du côté des insurgés), et enterrées dans des fosses communes, à retrouver les corps pour leur donner une sépulture décente si elles le souhaitent.
Il institue un mécanisme de réhabilitation individuelle, purement symbolique, à la demande des familles, pour les victimes des tribunaux d'exception franquistes qui, à partir de l'été 1937, ont été à l'origine de 50 000 condamnations à mort et de dizaines de milliers de condamnations aux travaux forcés, à la prison ou à l'expropriation.
Pour essayer d'adoucir la polémique, le gouvernement a pris le parti de rédiger un texte « équidistant », c'est-à-dire applicable aux victimes de deux camps. Cela a eu pour effet d'isoler les socialistes.
Le PP n'a pas renoncé à son opposition radicale au principe de cette loi. La droite accuse le gouvernement d'utiliser l'histoire à des fins politiciennes, de risquer de déchirer le pays et de briser les compromis de la Transition qui ont permis à l'Espagne de renouer pacifiquement avec la démocratie.
C'est parmi les groupes charnières que le gouvernement doit trouver des appuis. Or nationalistes basques et catalans, gauche radicale et écologiste (IU-ICV) et indépendantistes catalans sont loin de tirer dans le même sens. Les indépendantistes catalans - pas plus que la gauche de la gauche - n'ont pas admis que républicains et insurgés soient mis sur un même pied. Ils campent sur une exigence : le projet de loi doit annuler les jugements prononcés par les tribunaux d'exception franquistes. Jusqu'à présent, aucun tribunal n'a accepté de déclarer nul l'un de ces jugements, en dépit des nombreux recours. Or le gouvernement refuse de s'engager dans la voie de l'annulation, pour des raisons de sécurité juridique.
Les écolo-socialistes d'IU-ICV étaient, à l'origine, eux aussi favorables à l'annulation des jugements des tribunaux militaires. Les socialistes sont cependant parvenus à un compromis avec eux, consistant non pas à annuler les jugements, mais à les déclarer « injustes » parce que prononcés par des tribunaux « illégitimes ». Aux yeux du gouvernement, cette déclaration n'a pas de portée juridique. Mais IU-ICV est convaincue que, sur la base de cette formulation, les victimes du franquisme ou leurs descendants pourront faire annuler les condamnations. Leur appui n'est cependant pas suffisant pour faire passer la loi.
Elle doit encore trouver des soutiens chez les nationalistes basques ou catalans. Les premiers posent une condition : le retour au Pays basque d'archives du gouvernement régional transférées à Salamanque par le régime franquiste. Le gouvernement y est réticent car c'est là un nouveau sujet d'affrontement avec l'opposition. Les Catalans, eux, semblent mal à l'aise dans ce débat. Ils n'ont pas encore pris position mais leur chef de file au Congrès des députés, Josep Antoni Duran i Lleida, a demandé que soit faite, dans le projet de loi, une mention explicite des « abus » commis par les républicains pendant la guerre, référence implicite aux nationalistes et catholiques assassinés dans la Catalogne républicaine en 1936-1937. Le gouvernement a refusé au motif que son propos n'est pas de « porter un jugement historique sur ce qui s'est passé ». Tout le débat est là.
Cécile Chambraud
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