Fuente: El País.
La curva de las mujeres
PEDRO ESPINOSA -
PEDRO ESPINOSA -
Los familiares de diez fusilados en 1936 en León podrán enterrarlos lejos de una fosa en una cuneta.
Hay una curva entre el puerto del Alamillo y la carretera a Ronda, en plena sierra gaditana, a la que los vecinos conocen como "la curva de las mujeres". Cerca de allí fueron enterrados los cuerpos de al menos 15 adultas y un niño. Una exhaustiva investigación acaba de dar nombres y apellidos a esos cuerpos. Son las víctimas del horror ocurrido en el verano de 1936, cuando la tortura y la muerte se instaló en pueblos como Grazalema, en la sierra de Cádiz.
"Las detuvieron una a una y les dieron una muerte horrible"
Los primeros resultados de estos trabajos de localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil, auspiciados por diversas administraciones y por los colectivos de la memoria histórica, han revelado los nombres de esos cuerpos recién exhumados. Sus nombres son Salud Alberto Zarzuela, Catalina Alcaraz, Cristina Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Ana Fernández Ramírez, Isabel Gómez, Josefa Gómez, Lolita Gómez, Teresa Menacho, María Nogales Castro, Antonia Pérez Vega, Maria Rincón Barea, Jerónima Rincón Barea, Isabel Román Montes, Natividad Vilchez, y un adolescente conocido como el Nieto de la Bizarra.
"No son como las 13 rosas. No eran activistas políticas ni reconocidas por su ideología. Alguna podía ser novia de un republicano o anarquista, pero no fueron asesinadas por eso", explica Joaquín Ramón Gómez, concejal del PSOE en Grazalema e impulsor de esta investigación.
Según detalla, los pueblos de la sierra de Cádiz, como otras comarcas españolas, sufrieron una brutal represión: "El ataque a las mujeres y los niños era lo más cruel que se podía hacer. Se les rapaba el pelo, les daban purgantes, eran torturados y se les paseaba así por las calles".
El informe forense, que todavía no está concluido, deberá concretar las causas de la muerte de estas 15 mujeres, pero todo apunta ya a que fueron terriblemente maltratadas. "Las detuvieron una a una. Las mantuvieron encerradas tres días. Las montaron en un camión y les dieron muerte de una manera horrible", relata el concejal.
La ausencia de heridas de bala y restos de munición hacen temer una agonía dolorosa. El adolescente es casi con toda probabilidad una víctima colateral. "Seguramente fue al que mandaron excavar la fosa y luego lo mataron para no dejar señales".
Pero alguien que permanecerá para siempre anónimo dejó una señal que permitiría reconocer con los años aquel lugar: una cruz formada con piedras sobre la fosa. Ese relato sobrevivió al paso del tiempo y le llegó de manera directa al ex alcalde de Grazalema, Antonio Mateos, quien impulsó los primeros intentos de desenterrar aquella huella macabra del pasado.
Hace dos años, a través de los testimonios de los vecinos, en aplicación de la Ley de la Memoria, iniciaron la búsqueda de la fosa, ubicada en una finca privada. Los cuerpos han sido exhumados y analizados por un equipo de forenses y antropólogos, cuya primera labor ha sido unir los huesos de cada uno de los cadáveres. También han aparecido enseres personales, como pendientes.
El siguiente paso ha sido publicar la lista con los nombres y apellidos, para que las familias se pongan en contacto con las autoridades y organizar así un homenaje a las víctimas. Aquellas a las que sacaron de la carretera en una curva a la que ya todos llaman "la de las mujeres".
"Las detuvieron una a una y les dieron una muerte horrible"
Los primeros resultados de estos trabajos de localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil, auspiciados por diversas administraciones y por los colectivos de la memoria histórica, han revelado los nombres de esos cuerpos recién exhumados. Sus nombres son Salud Alberto Zarzuela, Catalina Alcaraz, Cristina Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Ana Fernández Ramírez, Isabel Gómez, Josefa Gómez, Lolita Gómez, Teresa Menacho, María Nogales Castro, Antonia Pérez Vega, Maria Rincón Barea, Jerónima Rincón Barea, Isabel Román Montes, Natividad Vilchez, y un adolescente conocido como el Nieto de la Bizarra.
"No son como las 13 rosas. No eran activistas políticas ni reconocidas por su ideología. Alguna podía ser novia de un republicano o anarquista, pero no fueron asesinadas por eso", explica Joaquín Ramón Gómez, concejal del PSOE en Grazalema e impulsor de esta investigación.
Según detalla, los pueblos de la sierra de Cádiz, como otras comarcas españolas, sufrieron una brutal represión: "El ataque a las mujeres y los niños era lo más cruel que se podía hacer. Se les rapaba el pelo, les daban purgantes, eran torturados y se les paseaba así por las calles".
El informe forense, que todavía no está concluido, deberá concretar las causas de la muerte de estas 15 mujeres, pero todo apunta ya a que fueron terriblemente maltratadas. "Las detuvieron una a una. Las mantuvieron encerradas tres días. Las montaron en un camión y les dieron muerte de una manera horrible", relata el concejal.
La ausencia de heridas de bala y restos de munición hacen temer una agonía dolorosa. El adolescente es casi con toda probabilidad una víctima colateral. "Seguramente fue al que mandaron excavar la fosa y luego lo mataron para no dejar señales".
Pero alguien que permanecerá para siempre anónimo dejó una señal que permitiría reconocer con los años aquel lugar: una cruz formada con piedras sobre la fosa. Ese relato sobrevivió al paso del tiempo y le llegó de manera directa al ex alcalde de Grazalema, Antonio Mateos, quien impulsó los primeros intentos de desenterrar aquella huella macabra del pasado.
Hace dos años, a través de los testimonios de los vecinos, en aplicación de la Ley de la Memoria, iniciaron la búsqueda de la fosa, ubicada en una finca privada. Los cuerpos han sido exhumados y analizados por un equipo de forenses y antropólogos, cuya primera labor ha sido unir los huesos de cada uno de los cadáveres. También han aparecido enseres personales, como pendientes.
El siguiente paso ha sido publicar la lista con los nombres y apellidos, para que las familias se pongan en contacto con las autoridades y organizar así un homenaje a las víctimas. Aquellas a las que sacaron de la carretera en una curva a la que ya todos llaman "la de las mujeres".
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NATALIA JUNQUERA - Madrid - 04/09/2008
Elaborar un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, como pretende el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para decidir si admite las denuncias de las asociaciones de memoria histórica, podría llevar años. La Administración, a la que el juez ha solicitado "documentación para la finalidad de la identificación o enumeración de los casos de desaparición de personas a partir del 17 de julio de 1936 y que continúan hasta el día de hoy, detallando la circunstancia de la desaparición, en la medida de lo posible", no puede darle a Garzón ese listado de nombres.
El Ministerio de Defensa todavía no ha respondido a la primera providencia de Garzón, del pasado 23 de junio, y "estudia en estos momentos una respuesta a la última", del 28 de agosto, según explicó ayer un portavoz. El Ministerio de Cultura manifiesta su "total colaboración con la justicia", pero se limitará a remitir al juez lo único que le puede facilitar en estos momentos, un listado del contenido de los archivos con los que cuenta el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca y el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (Madrid), archivos que no pueden facilitar un listado de nombres de desaparecidos.
"El Fichero General contiene tres millones de fichas de nombres de personas que sufrieron la represión, pero toda esa información no está informatizada, está sin tratar y además, está realizada con fines represores, no archiveros, por policías, no por profesionales, por lo que tendría que ser contrastada", explica Rogelio Blanco, director General del Libro de Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
Para elaborar esa lista de desparecidos sería necesario cruzar multitud de archivos, un proceso "costoso, difícil y delicado", añade Blanco. "El Fichero General se crea al terminar la guerra, en 1940. Desde entonces, sólo se ha tratado hasta la letra G. Si en 50 años estamos donde estamos, ¿qué podemos hacer en 15 días? Además, esos tres millones de fichas policiales están organizadas por legajos, no por nombres, que son el objetivo de esta investigación. Recientemente publicamos una investigación sobre los presos de Mauthausen. Eran unos 4.000, los investigadores tardaron unos ocho años en el trabajo y está incompleto", añadió Blanco a modo de ejemplo. Éste señala que además puede haber problemas con el derecho a la intimidad, ya que las fichas incluyen datos personales.
Para el historiador Julián Casanova, que ha visitado en multitud de ocasiones cada uno de los archivos relacionados con la Guerra Civil y el franquismo "la Administración no puede satisfacer la petición de Garzón porque eso requeriría una comisión nacional de investigación, que ocho o nueve años después, tampoco podría garantizar un informe completo sobre desaparecidos, es decir, las cerca de 20.000 personas, casi todas asesinadas en el verano de 1936, el terror caliente, sin que nadie registrara su muerte".
No obstante, el historiador afirma: "Lo que sí se puede hacer, y además, está casi hecho, es un censo de las cerca de 150.000 víctimas de la Guerra Civil, represaliados, fusilados o ejecutados tras juicios sumarísimos, de los que sí hay actas de defunción, expedientes de depuración... Los investigadores hemos tardado 25 años en hacer ese censo, provincia por provincia, archivo por archivo. Bastaría con que Garzón pusiera a un grupo de especialistas a trabajar durante un año, provincia por provincia con un protocolo de investigación, para completarlo".
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Los trabajos de la fosa común de Izagre (León) avanzan lentamente porque es un terreno muy duro. Los investigadores comenzaron el martes la apertura de la fosa, en la que en 1936 fueron enterrados 10 republicanos.
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La Xunta entrega a Garzón los datos de la represión
D. S. - Santiago - 04/09/2008
Veintiséis fosas comunes y 11 puntos de la costa en donde se realizaron hundimientos de cadáveres son los primeros datos de la cartografía de la represión en Galicia realizada por el proyecto As vítimas, os nomes, as voces e os lugares.
"Son datos relativos, que en unos meses se modificarán, por desgracia, al alza"
Las tres universidades, bajo el auspicio de la Consellería de Cultura y la dirección del catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto, llevan adelante una investigación que ayer certificó "305 espacios en los que se desarrolló la represión". "Se trata de escenarios de fusilamiento y de paseos, cárceles, lugares de enterramiento, prisiones o edificios donde se practicó la tortura", explicó la conselleira Ánxela Bugallo, que participó junto a Fernández Prieto y al director general de Difusión Cultural, Luís Bará, en la presentación de las nuevas cifras recabadas.
"Los números siempre son relativos", advirtió el profesor Fernández Prieto, "Son datos prudentes que, en unos meses, serán diferentes". Desde As vítimas, os nomes... han contabilizado 3.588 víctimas mortales de la represión franquista entre 1936 y 1939 en Galicia, entre las que se encuentran 224 personas que figuran en los registros como "desconocidos". "Por nuestro conocimiento de experiencias similares en otros países", apuntó el director de la iniciativa, "estas bases están constantemente, y por desgracia, en modificación. Casi siempre, al alza".
El primer avance de resultados de la búsqueda se hizo público el pasado mes de julio. Fernández Prieto también aseguró que, poco antes de esa presentación, habían enviado desde As vítimas, os nomes... una misiva al juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, para informarle de la investigación en curso. La conselleira y Fernández Prieto anunciaron que "con carácter inmediato" se pondrán los datos a disposición de Garzón, que anteayer abrió la mayor investigación de desaparecidos de la Guerra Civil.
"Hasta ahora habían hablado la sociedad, la política a través de la ley y, por supuesto, y desde hace mucho tiempo, los historiadores", afirmó Fernández Prieto, "la novedad es que ahora hablan los jueces". El catedrático de la Universidade de Santiago se refirió a las aristas del concepto de "desaparecido" con el que trabajan en el proyecto y en la causa abierta por Garzón. "Es un concepto legal propio de la segunda mitad del siglo XX, de las dictaduras latinoamericanas, que aplicamos a nuestra historia y en la primera mitad del siglo", dijo.
La titular de Cultura, Ánxela Bugallo, ironizó sobre la reacción del Partido Popular al auto de la Audiencia Nacional. "Somos el departamento de la Xunta encargado de desarrollar temas de la memoria, así que nuestra opinión se la pueden imaginar", respondió a los periodistas, antes de declarar: "La única manera de juzgar la verdad es conocerla, y saber la verdad no le hace mal a nadie". El profesor Lourenzo Fernández Prieto indicó que "el pasado es un terreno desconocido". "No queremos prejuzgarlo, sino conocerlo y convertirlo en historia", añadió Prieto. "Para juzgarlo están los jueces", finalizó Bugallo.
D. S. - Santiago - 04/09/2008
Veintiséis fosas comunes y 11 puntos de la costa en donde se realizaron hundimientos de cadáveres son los primeros datos de la cartografía de la represión en Galicia realizada por el proyecto As vítimas, os nomes, as voces e os lugares.
"Son datos relativos, que en unos meses se modificarán, por desgracia, al alza"
Las tres universidades, bajo el auspicio de la Consellería de Cultura y la dirección del catedrático de Historia Contemporánea Lourenzo Fernández Prieto, llevan adelante una investigación que ayer certificó "305 espacios en los que se desarrolló la represión". "Se trata de escenarios de fusilamiento y de paseos, cárceles, lugares de enterramiento, prisiones o edificios donde se practicó la tortura", explicó la conselleira Ánxela Bugallo, que participó junto a Fernández Prieto y al director general de Difusión Cultural, Luís Bará, en la presentación de las nuevas cifras recabadas.
"Los números siempre son relativos", advirtió el profesor Fernández Prieto, "Son datos prudentes que, en unos meses, serán diferentes". Desde As vítimas, os nomes... han contabilizado 3.588 víctimas mortales de la represión franquista entre 1936 y 1939 en Galicia, entre las que se encuentran 224 personas que figuran en los registros como "desconocidos". "Por nuestro conocimiento de experiencias similares en otros países", apuntó el director de la iniciativa, "estas bases están constantemente, y por desgracia, en modificación. Casi siempre, al alza".
El primer avance de resultados de la búsqueda se hizo público el pasado mes de julio. Fernández Prieto también aseguró que, poco antes de esa presentación, habían enviado desde As vítimas, os nomes... una misiva al juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, para informarle de la investigación en curso. La conselleira y Fernández Prieto anunciaron que "con carácter inmediato" se pondrán los datos a disposición de Garzón, que anteayer abrió la mayor investigación de desaparecidos de la Guerra Civil.
"Hasta ahora habían hablado la sociedad, la política a través de la ley y, por supuesto, y desde hace mucho tiempo, los historiadores", afirmó Fernández Prieto, "la novedad es que ahora hablan los jueces". El catedrático de la Universidade de Santiago se refirió a las aristas del concepto de "desaparecido" con el que trabajan en el proyecto y en la causa abierta por Garzón. "Es un concepto legal propio de la segunda mitad del siglo XX, de las dictaduras latinoamericanas, que aplicamos a nuestra historia y en la primera mitad del siglo", dijo.
La titular de Cultura, Ánxela Bugallo, ironizó sobre la reacción del Partido Popular al auto de la Audiencia Nacional. "Somos el departamento de la Xunta encargado de desarrollar temas de la memoria, así que nuestra opinión se la pueden imaginar", respondió a los periodistas, antes de declarar: "La única manera de juzgar la verdad es conocerla, y saber la verdad no le hace mal a nadie". El profesor Lourenzo Fernández Prieto indicó que "el pasado es un terreno desconocido". "No queremos prejuzgarlo, sino conocerlo y convertirlo en historia", añadió Prieto. "Para juzgarlo están los jueces", finalizó Bugallo.
[La Fiscalía no depende jerárquicamente del Gobierno, como dijo ayer este periódico. Es un órgano constitucional con personalidad jurídica propia, y que se integra con autonomía en el Poder Judicial].
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