Fuente: Público.
El juez pide más datos a las asociaciones de víctimas del franquismo para resolver si abre una causa por los desaparecidos. Otorga un plazo de 15 días para recibir la información.
El juez Baltasar Garzón decidirá este mes si es competente para abrir el proceso más importante de la democracia en la reparación moral de las víctimas de la represión franquista. Esa es la conclusión de quienes ya han aportado la documentación necesaria para que la Audiencia Nacional resuelva si puede juzgar al franquismo por genocidio. El magistrado sabe que necesitará mucha documentación para cumplir ese objetivo. Por eso pidió ayer a las partes personadas en el proceso que aporten la información requerida durante los próximos 15 días.
Los casos denunciados en la Audiencia Nacional ocurrieron en Navarra, Canarias, Baleares, Andalucía, Galicia y Catalunya
Garzón quiere tenerlo todo atado ante un eventual recurso a sus intenciones. Por eso, anteayer metió presión a los Ayuntamientos, los Ministerios y la Iglesia para que le envíen los nombres de los fusilados y la causa de su muerte. Además, invitó ayer las ocho asociaciones de víctimas personadas a colaborar en la recuperación de testimonios, documentos y restos de fusilados exhumados que demuestren que en España, hace 70 años, hubo una persecución orquestada por razones ideológicas.
Apoyo de las autonomías
Catalunya, pionera en la elaboración de un censo de desaparecidos en 2003, puso ayer a disposición de la Audiencia Nacional su listado de 2.351 expedientes de desapariciones, de los que 1.900 aún continúan abiertos. La mayoría son de soldados del ejército republicano. El resto son de civiles de la retaguardia republicana, víctimas de bombardeos, represaliados o fusilados tras un consejo de guerra.
El Gobierno de Asturias también impulsó en 2003 un estudio que lleva identificadas más de 200 fosas en la comunidad. Su base de datos –con cerca de 20.000 fallecidos en esta autonomía durante el conflicto– se hará pública antes de que termine el año.
La orden lanzada por Garzón el pasado lunes ha supuesto un espaldarazo para las asociaciones de víctimas
Por otra parte, las asociaciones de familiares de desaparecidos brindaron su apoyo a la investigación, que acogieron con “satisfacción” y “prudencia” porque las denuncias aún no han sido admitidas a trámite. Hasta ahora, han presentado ocho denuncias en la Audiencia Nacional por diferentes casos en Navarra, Baleares, Catalunya, Galicia, Andalucía y Canarias. En esta última aún hay entre 2.000 y 3.000 desaparecidos. Las delegaciones territoriales de la ARMH y su ejecutiva nacional expresaron ayer su esperanza por que la investigación se amplíe al resto de municipios “tan pronto como sea posible”.
Nuevas exhumaciones
Mientras el juez acumula documentación, los voluntarios siguen reparando la memoria de los vencidos a base de pico y pala. La orden lanzada por Garzón el pasado lunes ha supuesto un espaldarazo para las asociaciones de víctimas. “Muchos alcaldes se niegan a dar los datos del registro civil”, explicó ayer, a pie de fosa, el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías.
Su colectivo abrió en La Bañeza (León) la primera fosa común tras la iniciativa de Garzón. En ella había nueve hombres asesinados en el otoño de 1936. Ayer dejaron de ser desaparecidos porque sus restos certifican su muerte. Se unen a los más de 1.200 cuerpos recuperados en menos de una década. En total, son unos 100.000 los que permanecen bajo tumbas sin flores, según los historiadores.
Catalunya, pionera en elaborar un censo en 2003, ha puesto a disposición del juez su listado de 2.351 desaparecidos
El equipo de Macías cuenta con amplia documentación sobre los asesinados en La Bañeza. Fueron fusilados por tratar de detener el golpe del 18 de julio. Entre ellos, una mujer: María Alonso Ruiz, de 32 años. Era la presidenta de Unión Republicana en esta localidad y murió por enfrentarse a los golpistas.
Municipios requeridos
La orden emitida el lunes exige documentación a Granada, Sevilla, Córdoba y Madrid. La elección de las ciudades andaluzas es en parte anec-dótica. En agosto se conmemoraron los aniversarios de la entrada de las tropas franquistas en estas capitales y la última documentación recabada por Garzón proviene de esos acontecimientos.
El caso de Madrid es diferente. La petición de Garzón responde a la denuncia de un familiar de un fusilado en el cementerio de La Almudena. La subcontrata que gestiona esta instalación, que alberga una fosa con más de 3.000 cuerpos, impidió a esta persona la investigación.
La orden emitida el lunes exige documentación a Granada, Sevilla, Córdoba y Madrid. La elección de las ciudades andaluzas es en parte anec-dótica. En agosto se conmemoraron los aniversarios de la entrada de las tropas franquistas en estas capitales y la última documentación recabada por Garzón proviene de esos acontecimientos.
El caso de Madrid es diferente. La petición de Garzón responde a la denuncia de un familiar de un fusilado en el cementerio de La Almudena. La subcontrata que gestiona esta instalación, que alberga una fosa con más de 3.000 cuerpos, impidió a esta persona la investigación.
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"El otro bando tiene su honor en el BOE"
Fernando Magán. Abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria ARMH.
DIEGO BARCALA - Madrid - 02/09/2008 23:20
Fernando Magán (Alcalá de Henares, 1950) es el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El 14 de diciembre de 2006 se presentó junto a otros abogados en la Audiencia Nacional para pedir justicia y reparación moral para las víctimas del franquismo. Ese día el juez de guardia era Baltasar Garzón y la Ley de la memoria histórica era debatida, por primera vez, en el Parlamento. Desde entonces, ha visitado ese despacho en más de una ocasión. Sobre todo en los últimos meses para aportar documentación, a la espera de que un día, una sentencia, repare la dignidad de los vencidos.
¿Se declarará el juez Garzón competente en esta causa?
Tengo el convencimiento moral de que va a ser así. Además tengo la voluntad de realizar el proceso y la convicción de que se va a llevar a la práctica.
¿Cómo puede afectar la Ley de amnistía de 1977?
No afecta. Es una ley de rango ordinario preconstitucional. Habría que plantearse si esta ley no es inconstitucional al ir en contra del artículo 10 de la Constitución que menciona los derechos humanos. Han pasado 30 años de esa ley, que fue creada para que determinadas personas que habían estado presas pudieran rehabilitarse en la vida política. El tiempo pasado la invalida.
¿Qué pide Garzón a los que se dirigió en la providencia del pasado lunes?
Las peticiones a las ciudades son en respuesta a las demandas presentadas por las asociaciones de víctimas. Además insiste, por petición propia, al Ministerio de Defensa e Interior porque les pidió información de determinados archivos y la respuesta fue incompleta.
¿Y el caso de Madrid?
Aprovecha la petición de un particular, Francisco Jiménez Corcho, al que no le dejaron investigar en el cementerio de La Almudena para solicitar información al Ayuntamiento.
¿Qué debe aportar el Ayuntamiento de Madrid?
En La Almudena hay datos y nombres de más de 3.000 fusilados en los libros del cementerio municipal fechados entre 1939 y 1940. La investigación, como en otras ciudades, ya está hecha. Sólo falta abrir el proceso.
¿Puede interpretarse en las diligencias abiertas por Garzón la opción a reclamar por los dos bandos?
Podría interpretarse así, pero una persona que se ha beneficiado a costa de unas víctimas no puede considerarse víctima. Los del otro bando, aunque no se debe decir bando, tuvieron su reparación moral y honor por escrito en el BOE. Recibieron incluso beneficios económicos que les fueron privados a los republicanos. No pueden ser doblemente reparados.
¿Qué debe aportar la abadía del Valle de los Caídos?
Hemos abierto fosas en toda España en las que faltaban restos. El Ministerio de Gobernación mandó una circular a los gobernadores civiles para que hicieran un mapa de fosas y llevaran cuerpos al Valle de los Caídos para su inauguración el 1 de abril de 1958. Esos documentos están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Eso es lo que está buscando Garzón.
Fernando Magán (Alcalá de Henares, 1950) es el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El 14 de diciembre de 2006 se presentó junto a otros abogados en la Audiencia Nacional para pedir justicia y reparación moral para las víctimas del franquismo. Ese día el juez de guardia era Baltasar Garzón y la Ley de la memoria histórica era debatida, por primera vez, en el Parlamento. Desde entonces, ha visitado ese despacho en más de una ocasión. Sobre todo en los últimos meses para aportar documentación, a la espera de que un día, una sentencia, repare la dignidad de los vencidos.
¿Se declarará el juez Garzón competente en esta causa?
Tengo el convencimiento moral de que va a ser así. Además tengo la voluntad de realizar el proceso y la convicción de que se va a llevar a la práctica.
¿Cómo puede afectar la Ley de amnistía de 1977?
No afecta. Es una ley de rango ordinario preconstitucional. Habría que plantearse si esta ley no es inconstitucional al ir en contra del artículo 10 de la Constitución que menciona los derechos humanos. Han pasado 30 años de esa ley, que fue creada para que determinadas personas que habían estado presas pudieran rehabilitarse en la vida política. El tiempo pasado la invalida.
¿Qué pide Garzón a los que se dirigió en la providencia del pasado lunes?
Las peticiones a las ciudades son en respuesta a las demandas presentadas por las asociaciones de víctimas. Además insiste, por petición propia, al Ministerio de Defensa e Interior porque les pidió información de determinados archivos y la respuesta fue incompleta.
¿Y el caso de Madrid?
Aprovecha la petición de un particular, Francisco Jiménez Corcho, al que no le dejaron investigar en el cementerio de La Almudena para solicitar información al Ayuntamiento.
¿Qué debe aportar el Ayuntamiento de Madrid?
En La Almudena hay datos y nombres de más de 3.000 fusilados en los libros del cementerio municipal fechados entre 1939 y 1940. La investigación, como en otras ciudades, ya está hecha. Sólo falta abrir el proceso.
¿Puede interpretarse en las diligencias abiertas por Garzón la opción a reclamar por los dos bandos?
Podría interpretarse así, pero una persona que se ha beneficiado a costa de unas víctimas no puede considerarse víctima. Los del otro bando, aunque no se debe decir bando, tuvieron su reparación moral y honor por escrito en el BOE. Recibieron incluso beneficios económicos que les fueron privados a los republicanos. No pueden ser doblemente reparados.
¿Qué debe aportar la abadía del Valle de los Caídos?
Hemos abierto fosas en toda España en las que faltaban restos. El Ministerio de Gobernación mandó una circular a los gobernadores civiles para que hicieran un mapa de fosas y llevaran cuerpos al Valle de los Caídos para su inauguración el 1 de abril de 1958. Esos documentos están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Eso es lo que está buscando Garzón.
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Las leyes vinculan a todos los poderes públicos. Incluido, por supuesto, al poder judicial. La providencia dictada por el juez Garzón por la que pide información a varios alcaldes e instituciones públicas sobre el número, nombres y otros datos de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forma parte de la diligencia que se requiere de todo juez con respecto al cumplimiento del Derecho. Del mismo modo cabe interpretar la petición dirigida a las autoridades de la Iglesia Católica para que proporcionen toda la información de que disponen sobre personas muertas y desaparecidas en esa época.
Téngase en cuenta que la actuación de Garzón se incluye en el marco de una denuncia presentada en la Audiencia Nacional por ocho asociaciones de recuperación de la memoria histórica con el objeto de esclarecer el paradero de los desaparecidos del bando republicano a partir del 17 de julio de 1936. Lo que en este momento Garzón hace es recabar toda la información de que se disponga para determinar si es competente a los efectos de investigar tales desapariciones. Nada más, pero tampoco nada menos.
La sospecha fundada de la existencia de cadáveres sin identificar, torturados y enterrados en fosas comunes, pone en marcha el aparato judicial. Pedir información sobre los datos relevantes del caso allí donde se piense que ésta puede encontrarse es lo primero que ha de hacerse cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos; violaciones tipificadas no sólo por el Derecho Internacional, sino también por nuestro Código Penal (delitos de genocidio y de lesa humanidad). No cabe alegar una pretendida prescripción de tales conductas sobre la base de la ley de amnistía de 1977. Como señala José Antonio Martín Pallín en el libro ‘Derecho y memoria histórica’, son ya varias las resoluciones de organismos internacionales que insisten en que las leyes de amnistía dictadas en casos de crímenes contra los derechos humanos son radicalmente nulas. España no puede ser una excepción en este punto. Lo que Mariano Rajoy califica de forma despectiva como “reabrir las heridas del pasado” es, simple y llanamente, investigar judicialmente los hechos tendentes a conocer la verdad sobre desapariciones y muertes de personas para juzgar si existen violaciones al Código Penal; un Código Penal al que tantas veces recurren en su discurso los dirigentes del Partido Popular.
¿A dónde se puede llegar con esta vía abierta por Garzón? Todavía es pronto para saberlo, máxime sin disponer de los datos que se solicitan. Sólo gracias a ellos el juez podrá valorar, primero, si es competente y, segundo, si se ha cometido algún delito. Frente a lo que erróneamente afirman algunos medios, nada de esto podrá resolverse hasta que no se disponga de la información en cuestión. Sin ella no se podrá dar ningún paso, ni en un sentido ni en otro, y de ahí la trascendencia de la providencia de Garzón. Lo que también ha de quedar claro es que frente a esta petición de información no cabe negarse ni dar la callada por respuesta. Se trata de una orden judicial que, como tal, debe ser cumplida por autoridades públicas y por ciudadanos o entidades privadas. Lo contrario se llama obstrucción a la justicia, sancionada también por nuestro Derecho.
Aunque al final se declare incompetente y la vía judicial no siga adelante, la actuación de Garzón habría servido para identificar y localizar las víctimas de la dictadura franquista. Es este uno de los mandatos de la Ley de Memoria Histórica que aún no se habían empezado a cumplir debido a la negativa del Gobierno a articular su necesario desarrollo reglamentario. Y no hay nada más pernicioso y frustrante para una sociedad democrática que la aprobación de leyes que después no surten efecto.
* Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y Coeditor del libro Derecho y memoria histórica (Ed. Trotta, 2008)
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