La Conferencia Episcopal se declarará “incompetente” para cumplir la orden del juez Garzón de facilitar el acceso de la Policía Judicial a los archivos de las 22.827 parroquias españolas relacionados con los fallecidos y represaliados del franquismo. Aducirá que la responsabilidad corresponde a cada una de las iglesias o, llegado el caso, a cada uno de los obispos de las 70 diócesis españolas.
El requerimiento judicial llegó el martes por la tarde a la sede del Episcopado. “La estamos estudiando y habrá una respuesta”, apuntaron fuentes oficiales, quienes señalaron que el secretario general de la Conferencia, Juan Antonio Martínez Camino, dirige el proceso. No se descarta que los obispos debatan la cuestión el próximo 11 de septiembre, reunidos en el primer Comité Ejecutivo del nuevo curso.La respuesta al magistrado se producirá “en los próximos días”. La cúpula de la Iglesia católica española se limitará a dar acuse de recibo de la petición, y a manifestar su incompetencia, sin entrar en la viabilidad o no de una petición de este tipo en función de los Acuerdos Iglesia–Estado de 1979.
No obstante, es más que probable que el Episcopado se ponga en contacto con Garzón para informarle de que el cauce correcto es el requerimiento concreto a cada parroquia u obispado, indicando los datos personales de cada fallecido en cuestión.
En todo caso, expertos en la materia consultados por Público manifestaron que “la Conferencia Episcopal no es organismo competente para ordenar, o siquiera indicar a parroquias o diócesis qué es lo que tienen que hacer con sus archivos”. Del mismo modo, apuntaron que los archivos parroquiales “se limitan a consignar los datos referidos a la vida religiosa de cada cristiano” y, en el caso de los fallecidos, “a dejar constancia de su muerte. En ningún caso habría un listado de desaparecidos, cuyo paradero parece ser el objeto del procedimiento. Las parroquias no albergan fosas comunes”.
Asturias y Andalucía
Aunque la providencia de Garzón ha llegado únicamente a la sede de la Conferencia Episcopal, y no a los obispados, algunas diócesis ya se han manifestado acerca de la orden del magistrado. De formas muy diferentes. Así, según Europa Press, los obispos de Andalucía y de Canarias manifestaron estar “aún a la espera” de que llegue a sus manos la orden de Garzón, momento en que comenzarán a actuar “conforme a su contenido”.
Por el contrario, el Arzobispado de Oviedo manifestó a través de su portavoz sus reparos ante la decisión de Garzón. A su juicio, la resolución “no debe servir para la confrontación y el enfrentamiento”.
Paracuellos
Ante la posibilidad de abrir los despachos de las parroquias asturianas a los investigadores, tal como plantea el magistrado de la Audiencia Nacional, el Arzobispado es partidario de “mantenerse a la espera”, para comprobar “si es un signo más de protagonismo que queda en nada”. El Arzobispado destacó que Garzón rechazó en su día una querella presentada ante la Audiencia Nacional sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, que hubiera supuesto el procesamiento, por ejemplo, de Santiago Carrillo, con el argumento de que “cualquier posibilidad de delito había prescrito al pasar más de veinte años desde que se cometió”.
Acuerdos Iglesia-Estado
El blindaje de la memoria: registros inviolables
“El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas”. Así reza el punto 6 del artículo I de los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos suscritos el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede.
Aunque la respuesta episcopal abundará en la incompetencia del Episcopado para cumplir el requerimiento de Garzón, diversos expertos en Derecho Eclesiástico han manifestado a Público que “la Iglesia podría negarse, amparándose en la legislación vigente, a ceder cualquier información relativa a sus archivos”. Más si cabe en este caso, “porque lo que se pretende es determinar si el juez es o no competente para abrir causa judicial”.
En todo caso, responsables de algunas diócesis subrayaron su intención de “colaborar, en la medida de lo posible, con la Justicia, sea en éste u otro asunto”, incidiendo en que, “si se dan casos concretos de desaparecidos en algún archivo, cosa harto improbable, no habrá problema en ofrecer la información necesaria”.
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Un monumento más para los 'mártires'
BELÉN TOLEDO
Valencia evita honrar a los represaliados republicanos mientras construye una iglesia en memoria de los religiosos asesinados.
BELÉN TOLEDO - Valencia - 03/09/2008 23:21
Junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en una de las mejores zonas de Valencia, se construye en estos momentos una inmensa iglesia que honrará la memoria de los religiosos asesinados durante la Guerra Civil. El Ayuntamiento ha sido uno de los principales benefactores de esta obra, ya que cedió el solar al Arzobispado tras una permuta cuya rentabilidad para las arcas públicas ha sido muy cuestionada por la oposición socialista.
La Iglesia no escatimará en gastos para el santuario de los mártires valencianos. En la memoria descriptiva del proyecto, se detallan sus características: ocupará una superficie de 2.880 metros cuadrados y el templo se instalará en el interior de una antigua fábrica, edificio catalogado y protegido por su valor patrimonial. Tendrá un sagrario monumental, pavimentos de mármol y podrá albergar a 1.300 fieles, pero su capacidad será ampliable en acontecimientos extraordinarios. Pretende ser un centro de referencia para el Arzobispado.
Al otro lado de la ciudad, en las fosas comunes del cementerio, reposan los huesos de los represaliados del otro bando, el republicano. Son muertos incómodos, incontables, que no tienen lápida ni indicación alguna porque sobre ellos se han construido miles de nichos a lo largo de la dictadura. Lejos de organizar cualquier reconocimiento u homenaje, el Consistorio trató hace dos años de cubrir uno de los pocos espacios libres de cemento con nuevos panteones.
Fusilados sin reconocimiento
El Forum per la Memoria del Pais Valencià denunció al Ayuntamiento y consiguió evitar las obras a costa de establecer una batalla legal que todavía continúa. La asociación ganó la primera sentencia, que prohibía cualquier edificación. El Ayuntamiento no reculó: presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta vez ganó: los magistrados consideraron que los miembros del Forum no estaban legitimados para defender el honor de los enterrados porque no eran familiares directos. La reacción del colectivo fue poner el caso en manos del Tribunal Constitucional. Mientras no se conozca su veredicto, la fosa, llamada la siete por el lugar que ocupa en el cementerio, está abandonada y cubierta de malas hierbas.
“Es un inmenso agravio comparativo”, lamenta Amparo Salvador, portavoz del Forum. Los religiosos asesinados “llevan 70 años de honores y reconocimientos y sus familiares saben dónde están enterrados. Mientras, la única fosa que queda sin tapar en el cementerio no está señalizada y hay que luchar en los tribunales contra el Ayuntamiento para que no la llenen de nichos”. Las asociaciones valencianas por la memoria piden que se conserve el lugar y se haga un reconocimiento oficial de los enterramientos.
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No hay balas en la cañada de las mujeres
RAÚL BOCANEGRA
Grazalema, en Cádiz, recupera la memoria del asesinato de 15 vecinas en el verano de 1936.
En una fosa común en el municipio de Grazalema (Cádiz), donde yacen desde el verano de 1936 los cuerpos de 15 mujeres (cuatro de ellas embarazadas) y un niño de once años, no ha aparecido ninguna bala… “Murieron de forma muy violenta”, aporta por todo detalle Joaquín Ramón Gómez Calvillo, vicepresidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. “Vulnera todos los derechos”, añade.
Por ahora es una historia incompleta. Se impone, argumenta Gómez Calvillo, un velo de silencio por respeto a los familiares de las víctimas, a quienes la asociación, el Ayuntamiento de Grazalema y la Diputación de Cádiz han tratado de cazar con lazo por toda la geografía española desde que decidieron abrir la fosa, hace dos meses. El próximo día 17 se reunirán con ellos y pretenden explicarles con pelos y señales el asesinato. En Grazalema hay ocho fosas de la Guerra Civil documentadas con unos 250 cuerpos en ellas, calculan las asociaciones.
La memoria recuperada
Antonio Mateos, alcalde de Grazalema en 1978, escucha el río sonar e indaga lo sucedido. Le cuentan qué ocurrió y lo esconde, precavido, hasta que llegue el momento. 26 años después la memoria resurge. La refresca la exhumación de la fosa de El Bosque, en el municipio vecino, con 17 muertos. Eso lleva a la Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Grazalema y la pedanía de Benamahoma a preparar un ambicioso proyecto de recuperación de la memoria (recuperación de testimonios, nombres, asesoramiento, señalización de las fosas, reconocimiento de las víctimas). En ello, aparecen los testimonios. “Una y otra vez la fosa de las mujeres, la cañada de las mujeres por aquí y por allá. Algo sucedía”, dice Gómez Calvillo. La memoria de los mayores indicó el lugar exacto. Entonces, Antonio Mateos cuenta la historia.
Lo que la memoria de Grazalema recuperó es que las autoridades falangistas detienen a 15 mujeres en el verano de 1936. En la zona mandaba con mano de hierro Fernando Zamacola, militar franquista, cuya actuación se dice que fue mala, según escribe el historiador Francisco Espinosa en el libro La Justicia de Queipo. La memoria dice que se les rapa el pelo y se las pasea por el pueblo durante dos días para escarnio público. “Se busca un escarmiento y un castigo ejemplar”, dice Gómez Calvillo. Luego, se las traslada a un monte y se las mata. Sin balas. Y, por ahora, sin más detalles. Hay silencio aún y hay precaución también.
Ellas son María Rincón Barea, Jerónima Rincón Barea, Teresa Menacho, María Nogales Castro, Salud Alberto Zarzuela, Antonia Pérez Vega, Ana Fernández Ramírez, Cristina Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Natividad Vilchez, Isabel Román Montes, Isabel Gómez, Josefa Gómez, Lolita Gómez, Catalina Alcaraz y el nieto de La Bizarra, el niño.
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