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Una injusticia histórica
Vanguardia (México) -
Los indultos y los perdones son importantes para la reconciliación y para avanzar hacia un camino de paz, sin embargo cuando no se recuerdan los hechos del pasado y se remedian con justicia, esa historia hace casi imposible que se viva el presente y el futuro con equidad.
España, como tanto otros países, tiene una historia muy lúgubre especialmente por los primeros años del franquismo en que más de medio millón de personas fueron asesinadas entre 1936 y 1939.
Ahora, la Audiencia Nacional negó el viernes al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes de la guerra civil española y de la dictadura de Francisco Franco, lo que equivale a cerrar el pasado. Fue una decisión injusta, no por lo que representa a España solamente, sino lo que ello equivale para la justicia en el mundo entero.
Cerrar la posibilidad de investigar es casi como si se cerrara la posibilidad de indagar sobre el Holocausto y hacer justicia, o que haya prevalecido el indulto o el punto final de Carlos Menem sobre los militares argentinos o que en Guatemala no se haya tratado de reparar a los familiares de las 300 mil víctimas de su propia guerra civil.
La Audiencia española desestimó un recurso de la Fiscalía argumentando que los crímenes de aquella época prescribieron con la ley de amnistía de 1977, como si aquella legislación errada no pudiera cambiarse ahora buscando justicia, como se dio en el ejemplo de Argentina. Investigar, conocer, esclarecer y reparar a los afectados son necesidades de los seres humanos para cerrar las heridas del pasado y emprender con mayor altivez el futuro. El olvido o una ley que lo promocione o la impunidad, siempre serán injustos y deshonrosos y sólo logra que cada tanto aparezca gente con sed de venganza.
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sábado 29 de noviembre de 2008
La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional.
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...
La Opinión de Tenerife
La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional
17:37
La nieta del presidente de la II República Juan Negrín ha ampliado hoy la querella por prevaricación contra nueve magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer decretó la incompetencia del juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil.
EFE
Los abogados de Carmen Negrín han anunciado en una nota que impugnarán la decisión de la Audiencia Nacional, que resolvió que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales. Asimismo, han decidido ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación de ayer "mientras están recusados".
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser "imparciales", pero su petición fue rechazada por la Sala. La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional "trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista".
No obstante, explica que "considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y que "contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales".
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...
La Opinión de Tenerife
La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional
17:37
La nieta del presidente de la II República Juan Negrín ha ampliado hoy la querella por prevaricación contra nueve magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer decretó la incompetencia del juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil.
EFE
Los abogados de Carmen Negrín han anunciado en una nota que impugnarán la decisión de la Audiencia Nacional, que resolvió que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales. Asimismo, han decidido ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación de ayer "mientras están recusados".
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser "imparciales", pero su petición fue rechazada por la Sala. La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional "trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista".
No obstante, explica que "considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y que "contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales".
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ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
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ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
MADRID, 29 (ANSA)-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España recurrirá a la decisión tomada por la sala penal de la Audiencia Nacional, que declaró incompetente al juez Baltazar Garzón para investigar las desapariciones de decenas de miles de personas durante el franquismo.
La asociación anunció que estudia recurrir a una instancia superior, como el Tribunal Supremo, por las "diversas irregularidades" que a su entender se cometieron en la causa que investigaba las despariciones de 114.266 personas. "Como ya ocurrió con la reunión del 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala se saltó principios básicos de un procedimiento judicial", informó la Asociación en un comunicado. Esos principios, prosiguió, "son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes, quienes si no pueden aportar sus argumentos quedan indefensos ante una decisión de tal trascendencia".
"Las irregularidades con la demanda de los más de 114.000 desaparecidos por la represión franquista serán recurridas ante una instancia superior, como podría ser el Tribunal Supremo, para que se manifieste sobre la competencia de la Sala para paralizar el sumario abierto por Baltasar Garzón", añadió. La sala penal de la Audiencia Nacional declaró el viernes que Garzón carece de compentencia en la investigación sobre desapariciones en la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Su argumento fue que los delitos que Garzón imputaba a los responsables del régimen y a organismos de la Nación vinculados con el delito permanente de detención ilegal, no son competencia de la Audiencia Nacional porque ellos "no existían en el ordenamiento jurídico español".
GAT 29/11/2008 14:20
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...La Opinión de Tenerife
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ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
MADRID, 29 (ANSA)-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España recurrirá a la decisión tomada por la sala penal de la Audiencia Nacional, que declaró incompetente al juez Baltazar Garzón para investigar las desapariciones de decenas de miles de personas durante el franquismo.
La asociación anunció que estudia recurrir a una instancia superior, como el Tribunal Supremo, por las "diversas irregularidades" que a su entender se cometieron en la causa que investigaba las despariciones de 114.266 personas. "Como ya ocurrió con la reunión del 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala se saltó principios básicos de un procedimiento judicial", informó la Asociación en un comunicado. Esos principios, prosiguió, "son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes, quienes si no pueden aportar sus argumentos quedan indefensos ante una decisión de tal trascendencia".
"Las irregularidades con la demanda de los más de 114.000 desaparecidos por la represión franquista serán recurridas ante una instancia superior, como podría ser el Tribunal Supremo, para que se manifieste sobre la competencia de la Sala para paralizar el sumario abierto por Baltasar Garzón", añadió. La sala penal de la Audiencia Nacional declaró el viernes que Garzón carece de compentencia en la investigación sobre desapariciones en la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Su argumento fue que los delitos que Garzón imputaba a los responsables del régimen y a organismos de la Nación vinculados con el delito permanente de detención ilegal, no son competencia de la Audiencia Nacional porque ellos "no existían en el ordenamiento jurídico español".
GAT 29/11/2008 14:20
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...La Opinión de Tenerife
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo.
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
LA FALLIDA PARTICIPACION DEL JUEZ BALTASAR GARZON
Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
Cuando ayer la justicia española consideró incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los desaparecidos del franquismo, no hizo más que legitimar la decisión que Garzón tomó la semana pasada al renunciar él mismo a dicha investigación. Las razones que había esgrimido el juez, entre ellas la muerte de la mayoría de los acusados, y del dictador Francisco Franco, tuvieron su correlato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la que depende Garzón, que decidió su incompetencia por 14 votos contra tres. Garzón había renunciado a instruir él mismo su investigación sobre unos 114.266 desaparecidos del franquismo enterrados en fosas comunes, inhibiéndose en favor de los tribunales locales, a partir de la recomendación de la fiscalía, que consideraba esos crímenes resueltos por la ley de Amnistía de 1977 y que la calificación de crímenes de lesa humanidad, pedida por Garzón, no podía ser aplicada ya que el concepto fue introducido en el derecho internacional después de la Guerra Civil Española (1936-1939).
Es precisamente la ley de Amnistía y hasta la Constitución española, redactada en 1978 durante la llamada transición, algo que las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica piden debatir. En este sentido, varias agrupaciones pensaron primero en recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por entender que podía obedecer a "presiones políticas". Ahora, montándose en el 30 aniversario de la Constitución española que se cumple la semana que viene, las organizaciones están orientadas a cuestionar públicamente la relación que existe entre leyes y políticas de la memoria y sobre la supuesta ejemplaridad de aquellos acuerdos elitistas.
"Bajo la amenaza de despertar los demonios fraticidas que nos conducirían nuevamente a la confrontación y radicalización políticas, nos obligaban a olvidar las luchas que impulsaron el cambio durante la II República, la resistencia antifascista durante la Guerra Civil y la larga oposición clandestina antifranquista", dicen desde Memoria Histórica. Y es por esto mismo que Darío Rivas duda sobre el futuro de su causa contra La Falange. "Son las leyes las que no nos permiten avanzar", dice. Y cuenta que la repentina participación de Garzón había abierto una esperanza. "Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo enjuiciar al franquismo, pero la mayoría de los tribunales locales responden al Partido Popular, y eso es un gran obstáculo".
Video La historia de Darío Rivas: www.clarin.com
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Niegan a Garzón el derecho a investigar al franquismo
El Universal (Venezuela) -
Varias familias se suman a la solicitud de apertura de fosas
La Opinión de Granada -
La Audiencia Nacional cierra la causa de Garzón sobre el franquismo
La Voz de Galicia -
La Audiencia anula a Garzón en la causa contra el franquismo
EuropaSur -
La Audiencia confirma que Garzón no puede investigar el franquismo
Diario de León -
La Audiencia declara incompetente a Garzón para investigar los ...
La Nueva España -
Causa en su sitio
La Rioja -
¿Dónde está la derecha española? Los rusos en España
El Diario Montañés -
La Audiencia anula el proceso de Garzón sobre el franquismo
La Vanguardia -
Garzón, sin competencias para los crímenes de Franco
La Opinión de Tenerife -
Hasta aquí llegó Garzón
ABC.es -
La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para ...
ABC.es -
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
LA FALLIDA PARTICIPACION DEL JUEZ BALTASAR GARZON
Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
Cuando ayer la justicia española consideró incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los desaparecidos del franquismo, no hizo más que legitimar la decisión que Garzón tomó la semana pasada al renunciar él mismo a dicha investigación. Las razones que había esgrimido el juez, entre ellas la muerte de la mayoría de los acusados, y del dictador Francisco Franco, tuvieron su correlato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la que depende Garzón, que decidió su incompetencia por 14 votos contra tres. Garzón había renunciado a instruir él mismo su investigación sobre unos 114.266 desaparecidos del franquismo enterrados en fosas comunes, inhibiéndose en favor de los tribunales locales, a partir de la recomendación de la fiscalía, que consideraba esos crímenes resueltos por la ley de Amnistía de 1977 y que la calificación de crímenes de lesa humanidad, pedida por Garzón, no podía ser aplicada ya que el concepto fue introducido en el derecho internacional después de la Guerra Civil Española (1936-1939).
Es precisamente la ley de Amnistía y hasta la Constitución española, redactada en 1978 durante la llamada transición, algo que las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica piden debatir. En este sentido, varias agrupaciones pensaron primero en recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por entender que podía obedecer a "presiones políticas". Ahora, montándose en el 30 aniversario de la Constitución española que se cumple la semana que viene, las organizaciones están orientadas a cuestionar públicamente la relación que existe entre leyes y políticas de la memoria y sobre la supuesta ejemplaridad de aquellos acuerdos elitistas.
"Bajo la amenaza de despertar los demonios fraticidas que nos conducirían nuevamente a la confrontación y radicalización políticas, nos obligaban a olvidar las luchas que impulsaron el cambio durante la II República, la resistencia antifascista durante la Guerra Civil y la larga oposición clandestina antifranquista", dicen desde Memoria Histórica. Y es por esto mismo que Darío Rivas duda sobre el futuro de su causa contra La Falange. "Son las leyes las que no nos permiten avanzar", dice. Y cuenta que la repentina participación de Garzón había abierto una esperanza. "Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo enjuiciar al franquismo, pero la mayoría de los tribunales locales responden al Partido Popular, y eso es un gran obstáculo".
Video La historia de Darío Rivas: www.clarin.com
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Niegan a Garzón el derecho a investigar al franquismo
El Universal (Venezuela) -
Varias familias se suman a la solicitud de apertura de fosas
La Opinión de Granada -
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La Voz de Galicia -
La Audiencia anula a Garzón en la causa contra el franquismo
EuropaSur -
La Audiencia confirma que Garzón no puede investigar el franquismo
Diario de León -
La Audiencia declara incompetente a Garzón para investigar los ...
La Nueva España -
Causa en su sitio
La Rioja -
¿Dónde está la derecha española? Los rusos en España
El Diario Montañés -
La Audiencia anula el proceso de Garzón sobre el franquismo
La Vanguardia -
Garzón, sin competencias para los crímenes de Franco
La Opinión de Tenerife -
Hasta aquí llegó Garzón
ABC.es -
La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para ...
ABC.es -
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo. Público.
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01
No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.
Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.
El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia
El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.
Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.
Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.
Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.
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Baltasar Garzón se inhibe en la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales
Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01
No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.
Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.
El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia
El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.
Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.
Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.
Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.
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La Audiencia cierra el paso a la causa contra la rebelión franquista. El País.
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Sin Garzón, pero sigue
EDITORIAL:
El problema moral que plantean las fosas requiere una respuesta del Estado democrático
29/11/2008
Si el asunto de las fosas comunes con restos todavía sin identificar de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ha enredado jurídicamente y convertido en apasionado debate actual se debe a la pasividad del Estado en resolverlo. De haberse producido a tiempo la respuesta adecuada en un Estado de derecho, poniendo en marcha los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, el asunto no habría llegado a la Audiencia Nacional ni a las manos del juez Garzón, que es lo que más parece haber preocupado a algunos.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó casi por unanimidad que el tema fuera de su jurisdicción y rechazó, por tanto, la competencia de Garzón para abrir ningún proceso penal al franquismo en relación con las fosas comunes donde yacen restos de víctimas sin identificar esparcidas por toda España. La decisión tiene escasos efectos prácticos. Garzón ya se desentendió del caso al inhibirse a favor de los respectivos juzgados donde se encuentran las fosas, una vez certificada judicialmente la muerte de los presuntos culpables. Pero tiene un incontestable valor jurídico: niega que la rebelión militar contra la República constituyera un delito contra la forma de Gobierno, inexistente en el actual Código Penal, lo que priva al juez del argumento principal para hacerse con el caso e investigar el delito de detención ilegal con desaparición forzosa que, a su juicio, constituyó la ejecución de las miles de víctimas que yacen en las fosas.
El caso queda fuera de la Audiencia Nacional pero sigue vivo. Más allá de su endeblez jurídica, la iniciativa de Garzón ha tenido el mérito de atender a los deudos de las víctimas y de situar en primera línea el problema moral que le plantea a la actual sociedad española tener todavía restos de miles de compatriotas asesinados en la Guerra Civil y en la dictadura enterrados sin identificar en los campos de España. La decisión judicial no paraliza las tareas de identificación y exhumación que puedan corresponder a los juzgados territoriales y que es de esperar que la fiscalía apoye con igual empeño que el desplegado contra la iniciativa de Garzón. Abrir esas fosas, identificar sus restos y entregarlos a sus familias para ser enterrados en lugar civil o sagrado, no es, como dicen algunos con una increíble falta de piedad, reabrir viejas heridas, sino cumplir un deber pendiente.
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La Audiencia cierra el paso a la causa contra la rebelión franquista
El golpe de Estado de Franco no está entre los delitos que juzga el tribunal, según la Sala de lo Penal - Los juzgados locales podrán seguir ordenando exhumaciones
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 29/11/2008
La Audiencia Nacional no es competente para investigar la insurrección franquista contra la República que se inició en Melilla el 17 de julio de 1936. La Sala de lo Penal de ese tribunal confirmó ayer con el voto a favor de 14 de sus 18 magistrados -tres votaron en contra y otro más se encontraba de permiso- que el juez Baltasar Garzón no es competente para encausar a Francisco Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos y de Falange que se sublevaron contra el Gobierno constitucional hace 78 años, causando una guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y desaparecidos. Y no lo es porque ese golpe de Estado no fue un delito contra la forma de Gobierno, como alegó Garzón, sino una rebelión, que no se encuentra entre los crímenes atribuidos a la Audiencia.
14 de los 17 magistrados niegan la competencia de Garzón en el caso
El pleno rechazó el recurso de la nieta de Negrín contra el veto a desenterrar
Lo que el pleno de la Sala de lo Penal debatió ayer durante más de cuatro horas, en realidad, estaba ya resuelto, aunque de otra manera. El 18 de noviembre, Garzón se inhibió de su causa en favor de 62 juzgados territoriales al considerar que la responsabilidad de Franco y de los altos cargos que protagonizaron la represión durante la guerra y la posguerra estaba extinguida por el fallecimiento de éstos. Quedaba viva, sin embargo, la cuestión de competencia que interpuso ante la Sala contra Garzón el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, una impugnación sin precedentes en la historia del tribunal y que tiene su origen en el enfrentamiento personal entre Zaragoza y Garzón por este caso.
El pleno de ayer dio en parte la razón al fiscal al negar que el juez sea competente para investigar la dictadura. Pero no porque sus principales protagonistas estén muertos desde hace años, sino porque el delito investigado no se encuentra en el catálogo de los que, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde enjuiciar a la Audiencia. En el auto por el que inició su investigación el pasado 16 de octubre, Garzón justificó su competencia al considerar que el golpe de Estado franquista era un delito "contra los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno", cuya investigación corresponde a la Audiencia.
Ese criterio fue mayoritariamente rechazado por los magistrados. La mayoría entendió que la sublevación militar fascista de julio de 1936 constituiría en realidad un delito de rebelión, que no se encuentra entre los delitos contra la forma de Gobierno, como mantenía el fiscal. Su investigación, según su escrito, no correspondería a la Audiencia, sino a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la encargada de instruir y juzgar las causas contra los miembros del Gobierno.
La decisión, de la que fue ponente el presidente, Javier Gómez Bermúdez, no fue, en cualquier caso, pacífica. Contra ella votaron los magistrados José Ricardo de Prada, Ramón Sáez Valcárcel y Clara Bayarri. Otros dos magistrados mostraron serias discrepancias con los argumentos que finalmente se impusieron y, aun considerando que Garzón no es competente en la causa, anunciaron la presentación de un voto particular para exponer sus propios razonamientos jurídicos.
El fallo, que no fue hecho público, no afecta al resto de actos ordenados por Garzón en su auto. La causa seguirá viva en los juzgados a favor de los cuales se inhibió el 18 de noviembre, si así lo estiman sus titulares, que podrán seguir adelante ordenando la apertura de fosas. La suspensión de exhumaciones decretada por la Sala el 7 de noviembre queda sin efecto dado que la competencia para decidir sobre ellas ya ha sido transferida a los juzgados de las poblaciones de los enterramientos. El juez envió ayer a los juzgados de Pamplona, Herrera del Duque (Badajoz), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) las solicitudes de apertura de cinco fosas.
Queda por resolver el recurso de apelación ante la Sala presentado por el fiscal y que Garzón no admitió a trámite por considerar que, previamente, el ministerio público debió presentar otro ante él. Fuentes de la Audiencia aseguran que no será tramitado por los 18 miembros de la Sala, sino por una sección penal (tres magistrados), que muy probablemente lo archivarán, según fuentes jurídicas, por quedar sin contenido.
Los magistrados rechazaron el pasado miércoles el recurso presentado por la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros de la República, Juan Negrín, contra la decisión de suspender cautelarmente la apertura de fosas por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva al no haber permitido alegar a las partes. El tribunal asegura que se trataba de una medida de especial urgencia solicitada por el fiscal, por lo que no era necesario que se diera traslado a las partes para adoptarla.
Ese argumento es al que se acogerá la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ayer anunció que recurrirá la decisión "por haber sido apartada del procedimiento".
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La ciudad natal de Franco le retira los títulos honoríficos -
El Parlamento vasco insta a crear comisiones de la verdad -
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EDITORIAL:
El problema moral que plantean las fosas requiere una respuesta del Estado democrático
29/11/2008
Si el asunto de las fosas comunes con restos todavía sin identificar de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ha enredado jurídicamente y convertido en apasionado debate actual se debe a la pasividad del Estado en resolverlo. De haberse producido a tiempo la respuesta adecuada en un Estado de derecho, poniendo en marcha los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, el asunto no habría llegado a la Audiencia Nacional ni a las manos del juez Garzón, que es lo que más parece haber preocupado a algunos.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó casi por unanimidad que el tema fuera de su jurisdicción y rechazó, por tanto, la competencia de Garzón para abrir ningún proceso penal al franquismo en relación con las fosas comunes donde yacen restos de víctimas sin identificar esparcidas por toda España. La decisión tiene escasos efectos prácticos. Garzón ya se desentendió del caso al inhibirse a favor de los respectivos juzgados donde se encuentran las fosas, una vez certificada judicialmente la muerte de los presuntos culpables. Pero tiene un incontestable valor jurídico: niega que la rebelión militar contra la República constituyera un delito contra la forma de Gobierno, inexistente en el actual Código Penal, lo que priva al juez del argumento principal para hacerse con el caso e investigar el delito de detención ilegal con desaparición forzosa que, a su juicio, constituyó la ejecución de las miles de víctimas que yacen en las fosas.
El caso queda fuera de la Audiencia Nacional pero sigue vivo. Más allá de su endeblez jurídica, la iniciativa de Garzón ha tenido el mérito de atender a los deudos de las víctimas y de situar en primera línea el problema moral que le plantea a la actual sociedad española tener todavía restos de miles de compatriotas asesinados en la Guerra Civil y en la dictadura enterrados sin identificar en los campos de España. La decisión judicial no paraliza las tareas de identificación y exhumación que puedan corresponder a los juzgados territoriales y que es de esperar que la fiscalía apoye con igual empeño que el desplegado contra la iniciativa de Garzón. Abrir esas fosas, identificar sus restos y entregarlos a sus familias para ser enterrados en lugar civil o sagrado, no es, como dicen algunos con una increíble falta de piedad, reabrir viejas heridas, sino cumplir un deber pendiente.
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La Audiencia cierra el paso a la causa contra la rebelión franquista
El golpe de Estado de Franco no está entre los delitos que juzga el tribunal, según la Sala de lo Penal - Los juzgados locales podrán seguir ordenando exhumaciones
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 29/11/2008
La Audiencia Nacional no es competente para investigar la insurrección franquista contra la República que se inició en Melilla el 17 de julio de 1936. La Sala de lo Penal de ese tribunal confirmó ayer con el voto a favor de 14 de sus 18 magistrados -tres votaron en contra y otro más se encontraba de permiso- que el juez Baltasar Garzón no es competente para encausar a Francisco Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos y de Falange que se sublevaron contra el Gobierno constitucional hace 78 años, causando una guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y desaparecidos. Y no lo es porque ese golpe de Estado no fue un delito contra la forma de Gobierno, como alegó Garzón, sino una rebelión, que no se encuentra entre los crímenes atribuidos a la Audiencia.
14 de los 17 magistrados niegan la competencia de Garzón en el caso
El pleno rechazó el recurso de la nieta de Negrín contra el veto a desenterrar
Lo que el pleno de la Sala de lo Penal debatió ayer durante más de cuatro horas, en realidad, estaba ya resuelto, aunque de otra manera. El 18 de noviembre, Garzón se inhibió de su causa en favor de 62 juzgados territoriales al considerar que la responsabilidad de Franco y de los altos cargos que protagonizaron la represión durante la guerra y la posguerra estaba extinguida por el fallecimiento de éstos. Quedaba viva, sin embargo, la cuestión de competencia que interpuso ante la Sala contra Garzón el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, una impugnación sin precedentes en la historia del tribunal y que tiene su origen en el enfrentamiento personal entre Zaragoza y Garzón por este caso.
El pleno de ayer dio en parte la razón al fiscal al negar que el juez sea competente para investigar la dictadura. Pero no porque sus principales protagonistas estén muertos desde hace años, sino porque el delito investigado no se encuentra en el catálogo de los que, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde enjuiciar a la Audiencia. En el auto por el que inició su investigación el pasado 16 de octubre, Garzón justificó su competencia al considerar que el golpe de Estado franquista era un delito "contra los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno", cuya investigación corresponde a la Audiencia.
Ese criterio fue mayoritariamente rechazado por los magistrados. La mayoría entendió que la sublevación militar fascista de julio de 1936 constituiría en realidad un delito de rebelión, que no se encuentra entre los delitos contra la forma de Gobierno, como mantenía el fiscal. Su investigación, según su escrito, no correspondería a la Audiencia, sino a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la encargada de instruir y juzgar las causas contra los miembros del Gobierno.
La decisión, de la que fue ponente el presidente, Javier Gómez Bermúdez, no fue, en cualquier caso, pacífica. Contra ella votaron los magistrados José Ricardo de Prada, Ramón Sáez Valcárcel y Clara Bayarri. Otros dos magistrados mostraron serias discrepancias con los argumentos que finalmente se impusieron y, aun considerando que Garzón no es competente en la causa, anunciaron la presentación de un voto particular para exponer sus propios razonamientos jurídicos.
El fallo, que no fue hecho público, no afecta al resto de actos ordenados por Garzón en su auto. La causa seguirá viva en los juzgados a favor de los cuales se inhibió el 18 de noviembre, si así lo estiman sus titulares, que podrán seguir adelante ordenando la apertura de fosas. La suspensión de exhumaciones decretada por la Sala el 7 de noviembre queda sin efecto dado que la competencia para decidir sobre ellas ya ha sido transferida a los juzgados de las poblaciones de los enterramientos. El juez envió ayer a los juzgados de Pamplona, Herrera del Duque (Badajoz), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) las solicitudes de apertura de cinco fosas.
Queda por resolver el recurso de apelación ante la Sala presentado por el fiscal y que Garzón no admitió a trámite por considerar que, previamente, el ministerio público debió presentar otro ante él. Fuentes de la Audiencia aseguran que no será tramitado por los 18 miembros de la Sala, sino por una sección penal (tres magistrados), que muy probablemente lo archivarán, según fuentes jurídicas, por quedar sin contenido.
Los magistrados rechazaron el pasado miércoles el recurso presentado por la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros de la República, Juan Negrín, contra la decisión de suspender cautelarmente la apertura de fosas por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva al no haber permitido alegar a las partes. El tribunal asegura que se trataba de una medida de especial urgencia solicitada por el fiscal, por lo que no era necesario que se diera traslado a las partes para adoptarla.
Ese argumento es al que se acogerá la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ayer anunció que recurrirá la decisión "por haber sido apartada del procedimiento".
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El Parlamento vasco insta a crear comisiones de la verdad -
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Hallados en Gran Canaria los cuerpos de un grupo de fusilados en 1937
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Los 12 primeros de los pozos del olvido
Hallados en Gran Canaria los cuerpos de un grupo de fusilados en 1937
JOSÉ NARANJO - Las Palmas - 29/11/2008
"Nuestras madres tenían razón, los restos estaban ahí abajo", decía ayer una emocionada Pino Sosa. Cuando tenía sólo cinco años, la presidenta de la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas acompañaba en secreto a su madre hasta la boca de un pozo próximo a su casa. Una vez allí, igual que hacían otras mujeres del pueblo en honor a sus maridos, arrojaban margaritas silvestres y rezaban oraciones furtivas por el alma de su padre, el latonero José Sosa Déniz, quien una noche de finales de marzo de 1937 fue secuestrado, asesinado y arrojado a su interior, según le contaba su madre. Ayer, casi 71 años después, han comenzado a desvelarse detalles de los asesinatos cometidos por el régimen franquista en el norte de Gran Canaria con la publicación de una fotografía en la que se ven los restos de 12 cuerpos en el fondo de este pozo.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La excavación en el Llano de las Brujas, en Arucas (Gran Canaria, 36.000 habitantes), comenzó el 16 de junio gracias a una financiación de 300.000 euros del Gobierno canario. Los primeros restos humanos empezaron a emerger hace un mes, tras la retirada de tres metros de tierra y cal viva que fueron echadas sobre los cadáveres para ocultar los crímenes. Además de los cuerpos, tres de los cuales presentan heridas de bala en la mandíbula, sien y vértebras, en el fondo y en los alrededores han aparecido tres casquillos, una bala, medallas, hebillas, botones y suelas.
De los cadáveres encontrados, 10 conforman un primer nivel de la excavación, situado a unos 55 metros de profundidad, y otros dos están por debajo, lo que apunta a la presencia de más cuerpos en niveles inferiores. "Creemos que hasta 27 personas pudieron ser arrojadas a este pozo", aseguraba ayer el investigador Sergio Millares, miembro de la Comisión para la Determinación de Desaparecidos en Canarias. "Esto confirma que la información oral de Arucas no estaba equivocada".
Según esta misma tradición oral, algunos de los represaliados fueron arrojados a este pozo aún con vida, pues vecinos aseguraron haber escuchado lamentos que procedían del interior del mismo en los días posteriores a las desapariciones. A partir de ahora, además de proseguir con la excavación, dará comienzo la extracción de ADN de los dos primeros cadáveres sacados ayer mismo del pozo y su cotejo con las muestras ya recogidas a decenas de familiares que buscan a sus padres o abuelos. Sólo de Arucas se tiene constancia de 66 desaparecidos, además de otros 13 de Gáldar y 28 de Agaete, es decir, más de un centenar sólo en el norte de la isla de Gran Canaria.
La gran mayoría de ellos fueron asesinados entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 1937, en una de las más crueles oleadas de represión franquista que se vivió en Gran Canaria. Según Sergio Millares, "no se trataba de personas con una especial significación política, más bien sindicalistas y gente que había participado en alguna huelga o manifestación. Los sacaron del campo de concentración para luego secuestrarlos de sus casas y matarlos aquí". Arucas cuenta con otros tres pozos del olvido donde se sospecha que pudiera haber más cadáveres, así como una sima volcánica en el municipio de Telde, de la que ya se extrajo un cráneo con un agujero de bala en los años sesenta.
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La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La excavación en el Llano de las Brujas, en Arucas (Gran Canaria, 36.000 habitantes), comenzó el 16 de junio gracias a una financiación de 300.000 euros del Gobierno canario. Los primeros restos humanos empezaron a emerger hace un mes, tras la retirada de tres metros de tierra y cal viva que fueron echadas sobre los cadáveres para ocultar los crímenes. Además de los cuerpos, tres de los cuales presentan heridas de bala en la mandíbula, sien y vértebras, en el fondo y en los alrededores han aparecido tres casquillos, una bala, medallas, hebillas, botones y suelas.
De los cadáveres encontrados, 10 conforman un primer nivel de la excavación, situado a unos 55 metros de profundidad, y otros dos están por debajo, lo que apunta a la presencia de más cuerpos en niveles inferiores. "Creemos que hasta 27 personas pudieron ser arrojadas a este pozo", aseguraba ayer el investigador Sergio Millares, miembro de la Comisión para la Determinación de Desaparecidos en Canarias. "Esto confirma que la información oral de Arucas no estaba equivocada".
Según esta misma tradición oral, algunos de los represaliados fueron arrojados a este pozo aún con vida, pues vecinos aseguraron haber escuchado lamentos que procedían del interior del mismo en los días posteriores a las desapariciones. A partir de ahora, además de proseguir con la excavación, dará comienzo la extracción de ADN de los dos primeros cadáveres sacados ayer mismo del pozo y su cotejo con las muestras ya recogidas a decenas de familiares que buscan a sus padres o abuelos. Sólo de Arucas se tiene constancia de 66 desaparecidos, además de otros 13 de Gáldar y 28 de Agaete, es decir, más de un centenar sólo en el norte de la isla de Gran Canaria.
La gran mayoría de ellos fueron asesinados entre el 18 de marzo y el 4 de abril de 1937, en una de las más crueles oleadas de represión franquista que se vivió en Gran Canaria. Según Sergio Millares, "no se trataba de personas con una especial significación política, más bien sindicalistas y gente que había participado en alguna huelga o manifestación. Los sacaron del campo de concentración para luego secuestrarlos de sus casas y matarlos aquí". Arucas cuenta con otros tres pozos del olvido donde se sospecha que pudiera haber más cadáveres, así como una sima volcánica en el municipio de Telde, de la que ya se extrajo un cráneo con un agujero de bala en los años sesenta.
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El Centro de la Memoria acogerá fondos de los campos franquistas
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El Centro de la Memoria acogerá fondos de los campos franquistas
El ministro de Cultura, César Antonio de Molina, anunció ayer en el Paraninfo de la Universidad la próxima llegada de nuevos fondos documentales al Centro de la Memoria Histórica “que tiene abiertas ya las cinco áreas en las que organiza su plan de trabajo: archivística, bibliotecaria, museística, pedagógica y finalmente de atención al ciudadana”.
J. R.
La triple sede salmatina, dividida entre el actual edificio del Archivo de la Guerra Civil, la plaza de Los Bandos y un solar en Tejares, acogerá “el archivo del Tribunal de Cuentas sobre los Campos de Trabajo del franquismo”. El ministro confirmó que el Centro de la Memoria cobijará la bandera que cubrió el féretro del presidente de la II República Española, los “cientos de miles de documentos del Archivo Histórico Provincial referidos a los tribunales populares” y la biblioteca “exclusiva” sobre la Guerra Civil de la familia Beltrán de Muñoz.Molina, que participó en la inauguración del I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, que se prolongará hasta el mañana, avaló además la incorporación de donaciones procedentes de países como Uruguay, Canadá y Méjico.
Molina insistió, recuperando una frase del poeta argentino Juan Gelman (Buenos Aires, 1930), que abrió el congreso con un emotivo discurso recordando a los represaliados de la dictadura (entre ellos su hijo Marcelo, su nuera embarazada y su nieta nacida en cautiverio), que “todos tenemos un pasado, y el pasado nos construye, forma parte de nosotros”.
El ministro recordó que la creación del Centro de la Memoria Histórica en Salamanca sobre los ‘cimientos’ del Archivo de la Guerra Civil responde al objetivo de rescatar de “la nube del olvido parte de nuestra historia”, evocando una reflexión del poeta gaditano Rafael Alberti en ‘La arboleda perdida’, quien “nos describe el camino hacia el entendimiento y la paz”.
Molina aprovechó su estancia en “esta querida ciudad” para agradecer al Ayuntamiento la cesión de una parcela en Tejares, que se encuentra en proceso de afectación, como una de las sedes del centro junto con el actual Archivo de la Guerra Civil y la adaptación del edificio de la plaza de Los Bandos, cuyas orden de las obras de rehabilitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado hace ocho días.
El ministro de Cultura anunció también en el Paraninfo de la Usal la firma en el próximo mes de enero de un convenio con los rectores de las universidades públicas de Castilla y León “para la organización de actividades académicas conjuntas a través de las facultades de Historia” y adelantó inminente exposiciones en Salamanca para evitar olvidar la historia. Una muestra de tebeos sobre la Guerra Civil llegará en diciembre y posteriormente una segunda sobre catecismos sociales y políticos y una tercera con lecturas de los niños españoles en el exilio.
“No podemos permitirnos el silencio”, clamó Molina en una ciudad que se convertirá en centro de referencia mundial para estudiar la II República, la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la transición.
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El Consejo de Ministros dará hoy, por fin, un impulso al Centro de la Memoria
El Patronato del Centro de la Memoria se reunirá el 19 de junio
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J. R.
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Molina insistió, recuperando una frase del poeta argentino Juan Gelman (Buenos Aires, 1930), que abrió el congreso con un emotivo discurso recordando a los represaliados de la dictadura (entre ellos su hijo Marcelo, su nuera embarazada y su nieta nacida en cautiverio), que “todos tenemos un pasado, y el pasado nos construye, forma parte de nosotros”.
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Molina aprovechó su estancia en “esta querida ciudad” para agradecer al Ayuntamiento la cesión de una parcela en Tejares, que se encuentra en proceso de afectación, como una de las sedes del centro junto con el actual Archivo de la Guerra Civil y la adaptación del edificio de la plaza de Los Bandos, cuyas orden de las obras de rehabilitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado hace ocho días.
El ministro de Cultura anunció también en el Paraninfo de la Usal la firma en el próximo mes de enero de un convenio con los rectores de las universidades públicas de Castilla y León “para la organización de actividades académicas conjuntas a través de las facultades de Historia” y adelantó inminente exposiciones en Salamanca para evitar olvidar la historia. Una muestra de tebeos sobre la Guerra Civil llegará en diciembre y posteriormente una segunda sobre catecismos sociales y políticos y una tercera con lecturas de los niños españoles en el exilio.
“No podemos permitirnos el silencio”, clamó Molina en una ciudad que se convertirá en centro de referencia mundial para estudiar la II República, la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la transición.
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Represión franquista: historia y memoria (I)
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Represión franquista: historia y memoria (I)
TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LO QUE ESTAMOS presenciando en España en los últimos años es algo que guarda una estrecha relación con lo ocurrido en Europa y en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. La internacionalización de la memoria de la Guerra Mundial, de los horrores sufridos por la población civil, del colaboracionismo con los nazis y de la represión desencadenada por diversas dictaduras militares suscitó un movimiento de reparación moral de las víctimas con las consiguientes peticiones de perdón y las iniciativas de reparación financiera y jurídica tras constituir comisiones de investigación.
En España no hemos sido ajenos a esta nueva dimensión de la memoria, aunque entre nosotros se trata de un acontecimiento como fue la Guerra Civil y la represión de posguerra que produjeron numerosas víctimas; la larga dictadura con flagrantes violaciones de derechos humanos a sus espaldas; y, en fin, de una transición a la democracia. La Guerra Civil ha sido el hecho más dramático y traumático de la historia de España del siglo XX. La guerra marcará violenta y permanentemente tanto la memoria de sus protagonistas directos e indirectos como la de sus descendientes y la de todas las generaciones futuras.
Porque a la crueldad de los tres años de contienda hay que añadir cuarenta años de dura represión, durante los que el terror institucionalizado y la violencia bajo diferentes formas (persecuciones, detenciones, fusilamientos, cárceles y campos de concentración, tortura, hambre¿), el control social, la degradación y la humillación de los vencidos, no sólo añadieron más sufrimiento sino que abrieron aún más, las profundas heridas psicológicas heredadas de la guerra, al tiempo que impedían la más mínima posibilidad de curarlas.
Tras el fin de la guerra lo terrible de la situación de posguerra fue que mientras los vencedores pudieron dedicarse plenamente a superar sus pérdidas, los derrotados física y/o moralmente y sus familias se vieron condenados al peor de los castigos: ser cautivos en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propia casa, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida.
El franquismo no incluyó en sus planes ni el perdón ni la reconciliación; hasta el 31 de marzo de 1969 no se promulgó el Decreto Ley por el que se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. La implicación activa de una parte de la sociedad civil (la que se sentía vencedora) en el perverso plan de amedrantamiento, terror y marginación social de la dictadura franquista colocó a los vencidos en una situación de permanente sometimiento moral, chantaje emocional, desprecio y humillación.
Resulta difícil entender cómo aquella media España condenada al silencio y al sometimiento de sus iguales pudo sobrellevar, durante tanto tiempo, un destrozo emocional y tan profundo; la feroz represión impuesta a los perdedores de la Guerra Civil no sólo impidió toda posibilidad de superación de los traumas de la guerra sino que añadió una carga abusiva de sufrimiento.
Esas víctimas derrotadas, se vieron obligadas a tragar sus lágrimas y su dolor, a ocultar o renegar de sus ideas, a sentir vergüenza de su condición ideológica, a autoimponerse el más férreo de los silencios; en definitiva, tuvieron que ahogar su propia memoria y con ella toda posibilidad de elaboración, duelo y superación de los horrores de la guerra. En cambio, los vencedores abusaron de la evocación del triunfo, día tras día desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975.
Humillación para los vencidos que se producía 18 de julio tras 18 de julio, fecha que fue convertida en fiesta nacional por los vencedores; 1 de abril tras 1 de abril, fecha en la que nunca se conmemoró la paz sino la victoria, en la que se repudió la reconciliación, se exaltó sin medida al triunfador y se humilló sin límite al derrotado.
Ahora bien, la dictadura que impusieron los vencedores terminó hace más de treinta años y a nuestra democracia le ha costado varias décadas el poner en práctica una política institucional que tuviera como objetivo la recuperación de la historia y la memoria de las víctimas de la represión franquista. (...)
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Represión franquista: historia y memoria (I)
TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LO QUE ESTAMOS presenciando en España en los últimos años es algo que guarda una estrecha relación con lo ocurrido en Europa y en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. La internacionalización de la memoria de la Guerra Mundial, de los horrores sufridos por la población civil, del colaboracionismo con los nazis y de la represión desencadenada por diversas dictaduras militares suscitó un movimiento de reparación moral de las víctimas con las consiguientes peticiones de perdón y las iniciativas de reparación financiera y jurídica tras constituir comisiones de investigación.
En España no hemos sido ajenos a esta nueva dimensión de la memoria, aunque entre nosotros se trata de un acontecimiento como fue la Guerra Civil y la represión de posguerra que produjeron numerosas víctimas; la larga dictadura con flagrantes violaciones de derechos humanos a sus espaldas; y, en fin, de una transición a la democracia. La Guerra Civil ha sido el hecho más dramático y traumático de la historia de España del siglo XX. La guerra marcará violenta y permanentemente tanto la memoria de sus protagonistas directos e indirectos como la de sus descendientes y la de todas las generaciones futuras.
Porque a la crueldad de los tres años de contienda hay que añadir cuarenta años de dura represión, durante los que el terror institucionalizado y la violencia bajo diferentes formas (persecuciones, detenciones, fusilamientos, cárceles y campos de concentración, tortura, hambre¿), el control social, la degradación y la humillación de los vencidos, no sólo añadieron más sufrimiento sino que abrieron aún más, las profundas heridas psicológicas heredadas de la guerra, al tiempo que impedían la más mínima posibilidad de curarlas.
Tras el fin de la guerra lo terrible de la situación de posguerra fue que mientras los vencedores pudieron dedicarse plenamente a superar sus pérdidas, los derrotados física y/o moralmente y sus familias se vieron condenados al peor de los castigos: ser cautivos en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propia casa, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida.
El franquismo no incluyó en sus planes ni el perdón ni la reconciliación; hasta el 31 de marzo de 1969 no se promulgó el Decreto Ley por el que se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. La implicación activa de una parte de la sociedad civil (la que se sentía vencedora) en el perverso plan de amedrantamiento, terror y marginación social de la dictadura franquista colocó a los vencidos en una situación de permanente sometimiento moral, chantaje emocional, desprecio y humillación.
Resulta difícil entender cómo aquella media España condenada al silencio y al sometimiento de sus iguales pudo sobrellevar, durante tanto tiempo, un destrozo emocional y tan profundo; la feroz represión impuesta a los perdedores de la Guerra Civil no sólo impidió toda posibilidad de superación de los traumas de la guerra sino que añadió una carga abusiva de sufrimiento.
Esas víctimas derrotadas, se vieron obligadas a tragar sus lágrimas y su dolor, a ocultar o renegar de sus ideas, a sentir vergüenza de su condición ideológica, a autoimponerse el más férreo de los silencios; en definitiva, tuvieron que ahogar su propia memoria y con ella toda posibilidad de elaboración, duelo y superación de los horrores de la guerra. En cambio, los vencedores abusaron de la evocación del triunfo, día tras día desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975.
Humillación para los vencidos que se producía 18 de julio tras 18 de julio, fecha que fue convertida en fiesta nacional por los vencedores; 1 de abril tras 1 de abril, fecha en la que nunca se conmemoró la paz sino la victoria, en la que se repudió la reconciliación, se exaltó sin medida al triunfador y se humilló sin límite al derrotado.
Ahora bien, la dictadura que impusieron los vencedores terminó hace más de treinta años y a nuestra democracia le ha costado varias décadas el poner en práctica una política institucional que tuviera como objetivo la recuperación de la historia y la memoria de las víctimas de la represión franquista. (...)
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El juez remite a León el caso de una fosa de represaliados de Astorga
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El juez remite a León el caso de una fosa de represaliados de Astorga
El juez Garzón remitió ayer a los jueces decanos de León, Badajoz, Cáceres y Navarra las peticiones de apertura de fosas que le han hecho al magistrado las asociaciones de Memoria Histórica en la causa en la que acordó investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.
Así lo acuerda el juez en un auto en el que hace extensiva su inhibición en esta causa a «los juzgados de instrucción decanos de las localidades a las que pertenezcan los lugares en los que estén ubicadas las fosas identificadas» por las asociaciones que reclaman las exhumaciones.
Las fosas, según indica el auto, están localizadas en Astorga (León), Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra) y Trujillo (Cáceres). Tal y como acordó en el auto en el decidió inhibirse, el pasado 18 de noviembre, el magistrado de la Audiencia Nacional remite a esos juzgados la causa para que puedan resolver las solicitudes de exhumación.
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El juez remite a León el caso de una fosa de represaliados de Astorga
El juez Garzón remitió ayer a los jueces decanos de León, Badajoz, Cáceres y Navarra las peticiones de apertura de fosas que le han hecho al magistrado las asociaciones de Memoria Histórica en la causa en la que acordó investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.
Así lo acuerda el juez en un auto en el que hace extensiva su inhibición en esta causa a «los juzgados de instrucción decanos de las localidades a las que pertenezcan los lugares en los que estén ubicadas las fosas identificadas» por las asociaciones que reclaman las exhumaciones.
Las fosas, según indica el auto, están localizadas en Astorga (León), Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra) y Trujillo (Cáceres). Tal y como acordó en el auto en el decidió inhibirse, el pasado 18 de noviembre, el magistrado de la Audiencia Nacional remite a esos juzgados la causa para que puedan resolver las solicitudes de exhumación.
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Cadáveres maniatados en Málaga
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Cadáveres maniatados en Málaga
D. N. - Málaga - 29/11/2008
Los avances en las investigaciones para la recuperación de la Memoria Histórica confirman cada vez más que el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga fue escenario de atrocidades durante la Guerra Civil. Hace dos años se iniciaron las excavaciones de fosas comunes donde se enterraron a los ajusticiados por el régimen franquista tras la entrada en la ciudad de las tropas del general Queipo de Llano en febrero de 1937. Muchas de ellas fueron fusiladas en los mismos paredones del cementerio, entonces en las afueras de la ciudad. Los trabajos han permitido estimar que San Rafael alberga una de las mayores fosas comunes de la Guerra Civil. Se calcula que entre 1937 y 1955 fueron enterradas más de 4.500 personas en al menos una docena de fosas comunes.
Ahora, las nuevas excavaciones han permitido comprobar detalles como que los fusilados murieron atados por las manos y así fueron enterrados. Los esqueletos tienen las manos entrelazadas rodeadas por restos de alambres que fueron utilizados como atadura. En las fosas han aparecido, además, casquillos de bala que podrían ser de disparos de gracia realizados a los ajusticiados una vez que eran arrojados sus restos a las fosas.
Ante la dimensión de los hallazgos, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Universidad de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica renovaron en enero pasado el convenio del programa que contempla la exhumación, identificación y en los casos que sea posible entrega de los restos a los familiares. Las actuaciones costarán unos 260.000 euros y contemplan un monumento conmemorativo y consagrar el lugar, que el Ayuntamiento va a convertir en parque, en un “lugar de la memoria”.
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Cadáveres maniatados en Málaga
D. N. - Málaga - 29/11/2008
Los avances en las investigaciones para la recuperación de la Memoria Histórica confirman cada vez más que el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga fue escenario de atrocidades durante la Guerra Civil. Hace dos años se iniciaron las excavaciones de fosas comunes donde se enterraron a los ajusticiados por el régimen franquista tras la entrada en la ciudad de las tropas del general Queipo de Llano en febrero de 1937. Muchas de ellas fueron fusiladas en los mismos paredones del cementerio, entonces en las afueras de la ciudad. Los trabajos han permitido estimar que San Rafael alberga una de las mayores fosas comunes de la Guerra Civil. Se calcula que entre 1937 y 1955 fueron enterradas más de 4.500 personas en al menos una docena de fosas comunes.
Ahora, las nuevas excavaciones han permitido comprobar detalles como que los fusilados murieron atados por las manos y así fueron enterrados. Los esqueletos tienen las manos entrelazadas rodeadas por restos de alambres que fueron utilizados como atadura. En las fosas han aparecido, además, casquillos de bala que podrían ser de disparos de gracia realizados a los ajusticiados una vez que eran arrojados sus restos a las fosas.
Ante la dimensión de los hallazgos, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Universidad de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica renovaron en enero pasado el convenio del programa que contempla la exhumación, identificación y en los casos que sea posible entrega de los restos a los familiares. Las actuaciones costarán unos 260.000 euros y contemplan un monumento conmemorativo y consagrar el lugar, que el Ayuntamiento va a convertir en parque, en un “lugar de la memoria”.
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El incierto futuro de las fosas
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El incierto futuro de las fosas
Los familiares seguirán excavando osarios mientras la Justicia se aclara
29.11.08 - M. S. P. COLPISA. MADRID
Son ya 110 las fosas comunes susceptibles de albergar restos de republicanos represaliados que esperan que el galimatías judicial organizado en la Audiencia Nacional se desenrede. O no, porque con o sin sustento judicial las exhumaciones se siguen realizando.
El juez Baltasar Garzón ya ha autorizado la exhumación de 61 osarios, pero la Sala de lo Penal paralizó las excavaciones el pasado 7 de noviembre, y ayer se limitó a ratificar esa orden.
Con la ley en la mano, ahora su futuro queda de nuevo en manos del juez Baltasar Garzón, declarado incompetente para intervenir. Este fin de semana se practicarán nuevas excavaciones en Burgos y Badajoz, entre otros puntos del territorio nacional.
La próxima semana, el juez Garzón recibirá el auto con el que la sala le retira la competencia para investigar en un único sumario los crímenes del franquismo, para que actúe en consecuencia. «En puridad, debería limitarse a archivar la causa por falta de competencia», explicó uno de los magistrados de la sala que votó a favor de extrañar el franquismo del tribunal central.
Archivar la causa no es inhibirse en los juzgados ordinarios más próximos a cada fosa, es cerrarla y enterrarla en el fondo de un cajón, añade ese magistrado. Pero no implica dejar sin respuesta a las asociaciones o a los familiares que creen saber donde están enterrados sus antepasados. Vía diligencia de previsión, el juez Garzón puede remitir a cada uno de esos jueces locales las peticiones concretas de los afectados.
Otra vía es la denuncia.
La Audiencia Nacional hizo ayer casi imposible que algún día haya una gran investigación penal por los crímenes del franquismo, pero según un fiscal de este tribunal, nada impide a los familiares denunciar la desaparición o asesinato de sus antepasados, lo que obligaría al juez predeterminado por la ley a investigar. «La Fiscalía apoyará esos casos», añadió.
Un juez de Madrid defendió ayer esta segunda opción. En su opinión, una cosa es recibir una denuncia para investigar una fosa común y otra muy distinta que la Audiencia Nacional riegue por todo el territorio voluminosos sumarios para investigar el franquismo por un delito de genocidio.
Lo cierto es que este segundo modelo no ha funcionado, y ése es uno de los motivos por el que muchas asociaciones de familiares o defensoras de la recuperación de la memoria histórica acudieron a la Audiencia Nacional. Ahora, vuelta a empezar. Eso sí, con o sin respaldo judicial, las exhumaciones continuarán.
José Luis Muga, abogado de la Federación de Foros por la Memoria Histórica, garantizó ayer que las asociaciones que él asesora seguirán abriendo fosas y espera que desde las distintas administraciones públicas den todas las facilidades posibles para llevar a cabo estas exhumaciones, como así garantiza la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007.
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«La Justicia garantiza la impunidad de los crímenes»
La Rioja -
M. BALÍN COLPISA. MADRID
José Luis Muga, abogado de la Federación de Foros por la Memoria Histórica, denunció ayer que la decisión de la Audiencia Nacional no hace sino confirmar que, «con sus decisiones, la Justicia sigue garantizando la impunidad de los crímenes».
«Lo sabíamos y el juez Garzón también, de ahí que antes hubiera trasladado la causa a los juzgados de instrucción para que no perdieran validez las pruebas aceptadas hasta el momento», dijo el letrado.
A Muga le queda el sinsabor de desconocer cuál es el órgano jurisdiccional competente para investigar estos delitos contra la humanidad, tal y como los definió el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pero avanza que su asociación seguirá pidiendo amparo jurídico «hasta que alguien nos haga caso».
Señaló que el Tribunal Supremo «es una opción» porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que este órgano puede nombrar un juez especial que investigue estos delitos. Y criticó la «ligereza» con la que la Audiencia Nacional y la Fiscalía han tratado a los familiares.
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Dictamina Audiencia que Baltasar Garzón no tiene facultades para ...
Once TV -
La Audiencia Nacional da carpetazo a la causa de Garzón contra el ...
La Rioja -
Llamazares cree que parte de la Audiencia Nacional actúa como ...
elplural.com -
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El incierto futuro de las fosas
Los familiares seguirán excavando osarios mientras la Justicia se aclara
29.11.08 - M. S. P. COLPISA. MADRID
Son ya 110 las fosas comunes susceptibles de albergar restos de republicanos represaliados que esperan que el galimatías judicial organizado en la Audiencia Nacional se desenrede. O no, porque con o sin sustento judicial las exhumaciones se siguen realizando.
El juez Baltasar Garzón ya ha autorizado la exhumación de 61 osarios, pero la Sala de lo Penal paralizó las excavaciones el pasado 7 de noviembre, y ayer se limitó a ratificar esa orden.
Con la ley en la mano, ahora su futuro queda de nuevo en manos del juez Baltasar Garzón, declarado incompetente para intervenir. Este fin de semana se practicarán nuevas excavaciones en Burgos y Badajoz, entre otros puntos del territorio nacional.
La próxima semana, el juez Garzón recibirá el auto con el que la sala le retira la competencia para investigar en un único sumario los crímenes del franquismo, para que actúe en consecuencia. «En puridad, debería limitarse a archivar la causa por falta de competencia», explicó uno de los magistrados de la sala que votó a favor de extrañar el franquismo del tribunal central.
Archivar la causa no es inhibirse en los juzgados ordinarios más próximos a cada fosa, es cerrarla y enterrarla en el fondo de un cajón, añade ese magistrado. Pero no implica dejar sin respuesta a las asociaciones o a los familiares que creen saber donde están enterrados sus antepasados. Vía diligencia de previsión, el juez Garzón puede remitir a cada uno de esos jueces locales las peticiones concretas de los afectados.
Otra vía es la denuncia.
La Audiencia Nacional hizo ayer casi imposible que algún día haya una gran investigación penal por los crímenes del franquismo, pero según un fiscal de este tribunal, nada impide a los familiares denunciar la desaparición o asesinato de sus antepasados, lo que obligaría al juez predeterminado por la ley a investigar. «La Fiscalía apoyará esos casos», añadió.
Un juez de Madrid defendió ayer esta segunda opción. En su opinión, una cosa es recibir una denuncia para investigar una fosa común y otra muy distinta que la Audiencia Nacional riegue por todo el territorio voluminosos sumarios para investigar el franquismo por un delito de genocidio.
Lo cierto es que este segundo modelo no ha funcionado, y ése es uno de los motivos por el que muchas asociaciones de familiares o defensoras de la recuperación de la memoria histórica acudieron a la Audiencia Nacional. Ahora, vuelta a empezar. Eso sí, con o sin respaldo judicial, las exhumaciones continuarán.
José Luis Muga, abogado de la Federación de Foros por la Memoria Histórica, garantizó ayer que las asociaciones que él asesora seguirán abriendo fosas y espera que desde las distintas administraciones públicas den todas las facilidades posibles para llevar a cabo estas exhumaciones, como así garantiza la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007.
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«La Justicia garantiza la impunidad de los crímenes»
La Rioja -
M. BALÍN COLPISA. MADRID
José Luis Muga, abogado de la Federación de Foros por la Memoria Histórica, denunció ayer que la decisión de la Audiencia Nacional no hace sino confirmar que, «con sus decisiones, la Justicia sigue garantizando la impunidad de los crímenes».
«Lo sabíamos y el juez Garzón también, de ahí que antes hubiera trasladado la causa a los juzgados de instrucción para que no perdieran validez las pruebas aceptadas hasta el momento», dijo el letrado.
A Muga le queda el sinsabor de desconocer cuál es el órgano jurisdiccional competente para investigar estos delitos contra la humanidad, tal y como los definió el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pero avanza que su asociación seguirá pidiendo amparo jurídico «hasta que alguien nos haga caso».
Señaló que el Tribunal Supremo «es una opción» porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que este órgano puede nombrar un juez especial que investigue estos delitos. Y criticó la «ligereza» con la que la Audiencia Nacional y la Fiscalía han tratado a los familiares.
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elplural.com -
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viernes 28 de noviembre de 2008
GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO.
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GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
El Patagonico -
GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
Internacionales 15:16:00 Madrid, 28 de noviembre (Télam, especial).-
El juez Baltasar Garzón fue declarado hoy incompetente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, una decisión que no altera el curso del procedimiento, que está en manos de los juzgados provinciales.
"La investigación no está cerrada, y nuestra intención es personalizarnos ante los juzgados territoriales", dijo a Télam el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, Fernando Magán.
Por 14 votos a favor y 3 en contra -hubo un ausente-, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró hoy que Garzón no tiene competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, como había solicitado el fiscal jefe del tribunal, Javier Zaragoza.
Tras cuatro horas de debate, los magistrados decidieron que la Audiencia Nacional no es el órgano jurisdiccional adecuado para juzgar la desaparición de miles de españoles, sino los juzgados territoriales donde están reconocidas y localizadas las víctimas.
Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, Garzón se adelantó a la decisión adoptara hoy por la Audiencia Nacional al inhibirse a favor de los juzgados territoriales de las provincias en las que había autorizado previamente la apertura de fosas comunes.
Según denunció hoy el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, el procedimiento es "contradictorio", ya que la Sala de lo Penal se pronuncia cuando el propio juez ya se inhibió a favor de otro juzgado.
Además, el acto de la Sala de lo Penal puede declararse "nulo", debido a que tomó una decisión que no es de su competencia, sino del Tribunal Supremo, que es el "órgano superior jerárquico".
Al inhibirse a favor de los juzgados territoriales, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos por los crímenes investigados, después de comprobar su fallecimiento.
Garzón considera que no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, en concreto quienes planificaron el alzamiento nacional contra la Segunda República y la posterior represión del régimen franquista.
No obstante, el magistrado subraya que los delitos de desaparición forzosa ocurridos durante el período investigado "no han prescripto", sino que son "delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Garzón se declaró competente para investigar esto crímenes el pasado 16 de octubre, al admitir a trámite las denuncias de 22 asociaciones de Memoria Histórica.
El juez ordenó la apertura de 19 fosas comunes, cifra que después elevó a 25.Aunque en la práctica ésta exhumaciones están paralizadas por la Sala de lo Penal, que adoptó la decisión el marco de sus actuaciones contra Garzón, el mismo tribunal abrió hoy la puerta a que sea cada juez el que decida en cada caso.
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La Audiencia Nacional confirma que Garzón no es competente para ...
EiTB -
Garzón no puede investigar desapariciones en la Guerra Civil
Diario las Américas -
Investigar guerra civil española no es competencia de juez ...
El Tiempo (Colombia) -
La Audiencia Nacional desautoriza a Garzón para investigar los ...
Cadena Ser -
GARZON, DECLARADO INCOMPETENTE EN CRIMENES DE FRANCO
AnsaLatina.com -
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GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
El Patagonico -
GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
Internacionales 15:16:00 Madrid, 28 de noviembre (Télam, especial).-
El juez Baltasar Garzón fue declarado hoy incompetente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, una decisión que no altera el curso del procedimiento, que está en manos de los juzgados provinciales.
"La investigación no está cerrada, y nuestra intención es personalizarnos ante los juzgados territoriales", dijo a Télam el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, Fernando Magán.
Por 14 votos a favor y 3 en contra -hubo un ausente-, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró hoy que Garzón no tiene competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, como había solicitado el fiscal jefe del tribunal, Javier Zaragoza.
Tras cuatro horas de debate, los magistrados decidieron que la Audiencia Nacional no es el órgano jurisdiccional adecuado para juzgar la desaparición de miles de españoles, sino los juzgados territoriales donde están reconocidas y localizadas las víctimas.
Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, Garzón se adelantó a la decisión adoptara hoy por la Audiencia Nacional al inhibirse a favor de los juzgados territoriales de las provincias en las que había autorizado previamente la apertura de fosas comunes.
Según denunció hoy el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, el procedimiento es "contradictorio", ya que la Sala de lo Penal se pronuncia cuando el propio juez ya se inhibió a favor de otro juzgado.
Además, el acto de la Sala de lo Penal puede declararse "nulo", debido a que tomó una decisión que no es de su competencia, sino del Tribunal Supremo, que es el "órgano superior jerárquico".
Al inhibirse a favor de los juzgados territoriales, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos por los crímenes investigados, después de comprobar su fallecimiento.
Garzón considera que no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, en concreto quienes planificaron el alzamiento nacional contra la Segunda República y la posterior represión del régimen franquista.
No obstante, el magistrado subraya que los delitos de desaparición forzosa ocurridos durante el período investigado "no han prescripto", sino que son "delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Garzón se declaró competente para investigar esto crímenes el pasado 16 de octubre, al admitir a trámite las denuncias de 22 asociaciones de Memoria Histórica.
El juez ordenó la apertura de 19 fosas comunes, cifra que después elevó a 25.Aunque en la práctica ésta exhumaciones están paralizadas por la Sala de lo Penal, que adoptó la decisión el marco de sus actuaciones contra Garzón, el mismo tribunal abrió hoy la puerta a que sea cada juez el que decida en cada caso.
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GARZON, DECLARADO INCOMPETENTE EN CRIMENES DE FRANCO
AnsaLatina.com -
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La Asociación MH apuesta por dignificar a las víctimas, al margen de las exhumaciones.
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La Asociación MH apuesta por dignificar a las víctimas, al margen ...
La Asociación MH apuesta por dignificar a las víctimas, al margen de las exhumaciones
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada apostará, sin renunciar a las exhumaciones, por promover otras iniciativas para dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, de las que pretenden informar a los familiares para que se acojan a ellas. Maribel Brenes, nueva presidenta de la asociación en sustitución de Francisco González, ha explicado que aunque seguirán atendiendo las peticiones de exhumaciones, quieren dar a conocer que hay muchas otras iniciativas para la dignificación de las víctimas que pueden ir aplicándose de forma paralela como la instalación de lápidas con los nombres de los fallecidos en fosas o cementerios.
La asociación mantiene esta tarde en Pulianas una reunión con familiares de víctimas para presentarles el mapa de fosas comunes de la provincia, analizar las últimas decisiones judiciales sobre la investigación de las desapariciones de la guerra civil y el franquismo y asesorar respecto a las iniciativas de exhumación.
La reunión coincide con la decisión adoptada hoy por el Pleno de la Sala de lo Penal de La Audiencia Nacional, que ha decretado, por catorce votos a favor y tres en contra, que el juez Baltasar Garzón carece de competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que la autorización de exhumaciones, entre ellas la de la fosa donde supuestamente yace Federico García Lorca, correspondería a los juzgados territoriales.
En cuanto a la posible apertura de esta fosa, que albergaría los restos del poeta junto a los del maestro de Pulianas Dióscoro Galindo y dos banderilleros, la asociación está a la espera de que la causa sea remitida a un juzgado de Granada para que se pueda retomar.
A la reunión de esta tarde en Pulianas asiste el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán, que ha indicado que estudiarán en profundidad el acuerdo del Pleno de la Audiencia Nacional para conocer en qué medida puede afectar a la competencia de los juzgados territoriales.
El encuentro ha servido también a la asociación para dar a conocer a su nueva directiva, encabezada por Brenes en sustitución de Francisco González, mientras que Rafael Gil Bracero sigue ostentando la vicepresidencia y Francisco Galadí asume la secretaría.
Publicada el Viernes, 28 de Noviembre de 2008 por Redaccion
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La Asociación MH apuesta por dignificar a las víctimas, al margen ...
La Asociación MH apuesta por dignificar a las víctimas, al margen de las exhumaciones
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Granada apostará, sin renunciar a las exhumaciones, por promover otras iniciativas para dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, de las que pretenden informar a los familiares para que se acojan a ellas. Maribel Brenes, nueva presidenta de la asociación en sustitución de Francisco González, ha explicado que aunque seguirán atendiendo las peticiones de exhumaciones, quieren dar a conocer que hay muchas otras iniciativas para la dignificación de las víctimas que pueden ir aplicándose de forma paralela como la instalación de lápidas con los nombres de los fallecidos en fosas o cementerios.
La asociación mantiene esta tarde en Pulianas una reunión con familiares de víctimas para presentarles el mapa de fosas comunes de la provincia, analizar las últimas decisiones judiciales sobre la investigación de las desapariciones de la guerra civil y el franquismo y asesorar respecto a las iniciativas de exhumación.
La reunión coincide con la decisión adoptada hoy por el Pleno de la Sala de lo Penal de La Audiencia Nacional, que ha decretado, por catorce votos a favor y tres en contra, que el juez Baltasar Garzón carece de competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que la autorización de exhumaciones, entre ellas la de la fosa donde supuestamente yace Federico García Lorca, correspondería a los juzgados territoriales.
En cuanto a la posible apertura de esta fosa, que albergaría los restos del poeta junto a los del maestro de Pulianas Dióscoro Galindo y dos banderilleros, la asociación está a la espera de que la causa sea remitida a un juzgado de Granada para que se pueda retomar.
A la reunión de esta tarde en Pulianas asiste el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán, que ha indicado que estudiarán en profundidad el acuerdo del Pleno de la Audiencia Nacional para conocer en qué medida puede afectar a la competencia de los juzgados territoriales.
El encuentro ha servido también a la asociación para dar a conocer a su nueva directiva, encabezada por Brenes en sustitución de Francisco González, mientras que Rafael Gil Bracero sigue ostentando la vicepresidencia y Francisco Galadí asume la secretaría.
Publicada el Viernes, 28 de Noviembre de 2008 por Redaccion
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Decisión AN declarando incompetencia Garzón.
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La asociación para la recuperación de la memoria histórica ...
elEconomista.es -
La asociación para la recuperación de la memoria histórica recurrirá la decisión de la sala de la audiencia nacional.
18:40 - 28/11/2008 MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica anunció hoy su intención de recurrir la decisión adoptada esta mañana por el Pleno de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional de declarar incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo.
Esta asociación, cuya querella posibilitó la investigación iniciada por Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, anunció su intención de recurrir la decisión de la Sala de lo Penal a pesar de que lo acordado hoy, según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no admite recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.
La asociación considera que, como ya ocurrió en la reunión del pasado 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala de lo Penal "se ha saltado los principios básicos del procedimiento judicial, como son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes".
Por lo tanto, consideran que los magistrados de la Sala de lo Penal han generado una "indefensión" ante "una decisión de tal trascendencia".
Ante esta indefensión, la asociación asegura que llevará a cabo "todas las actuaciones que procedan en Derecho para restablecer la normalidad y las garantías de un proceso del que las partes demandantes han estado apartadas siendo elemento fundamental del procedimiento".
(SERVIMEDIA) 28-NOV-2008 DCD/mfg
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JUDICIALIZAR LO INJUDICIALIZABLE ES UN MAL SUEÑO
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18:40 - 28/11/2008 MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica anunció hoy su intención de recurrir la decisión adoptada esta mañana por el Pleno de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional de declarar incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo.
Esta asociación, cuya querella posibilitó la investigación iniciada por Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, anunció su intención de recurrir la decisión de la Sala de lo Penal a pesar de que lo acordado hoy, según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no admite recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.
La asociación considera que, como ya ocurrió en la reunión del pasado 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala de lo Penal "se ha saltado los principios básicos del procedimiento judicial, como son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes".
Por lo tanto, consideran que los magistrados de la Sala de lo Penal han generado una "indefensión" ante "una decisión de tal trascendencia".
Ante esta indefensión, la asociación asegura que llevará a cabo "todas las actuaciones que procedan en Derecho para restablecer la normalidad y las garantías de un proceso del que las partes demandantes han estado apartadas siendo elemento fundamental del procedimiento".
(SERVIMEDIA) 28-NOV-2008 DCD/mfg
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La Sala de lo Penal dictamina que el juez no es competente para analizar los crímenes de la dictadura.- El magistrado ya se inhibió el pasado 18 de noviembre en favor de los juzgados territoriales
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y para ordenar la apertura de fosas, causa de la que el magistrado se inhibió el pasado día 18 en favor de los juzgados territoriales. La reunión se ha resuelto con 14 votos a favor y tres en contra y no ha estado presente el juez Guillermo Ruiz Polanco.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Los 18 magistrados que componen la Sala han resuelto así, tras más de cuatro horas de reunión, a favor del recurso presentado por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar los hechos, una vez admitidas las denuncias de las asociaciones por la Memoria Histórica.
Según lo acordado por la sala, la ley no contempla que la Audiencia sea el órgano jurisdiccional adecuado para investigar esta causa.
Recursos vigentes
A pesar de que Garzón decidió inhibirse y dejar su investigación en manos de los juzgados de las localidades en las que haya fosas comunes, los recursos presentados contra la causa abierta por el juez continuaban vigentes. La decisión, en un principio prevista para el pasado miércoles, se retrasó hasta hoy.
La Sala de lo Penal debe aún decidir sobre la petición de la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia.
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La Audiencia Nacional dice que Garzón no es competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
28/11/2008 14:01
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado, por 14 votos a favor y 3 en contra, que el juez Baltasar Garzón carece de competencia para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes jurídicas.
El Pleno ha adoptado esta decisión tras reunirse durante más de cuatro horas para resolver el incidente de competencia que interpuso el fiscal jefe Javier Zaragoza contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar estos hechos, tras admitir las denuncias presentadas por asociaciones familiares de desaparecidos.
Hace unos días, el pasado 18 de noviembre, el propio juez Garzón decidía inhibirse en la causa que él mismo abrió para juzgar los crímenes cometidos en el franquismo. Concretamente, Garzón decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional acordaba además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
No obstante, Garzón ratificó "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
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La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Los 18 magistrados que componen la Sala han resuelto así, tras más de cuatro horas de reunión, a favor del recurso presentado por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar los hechos, una vez admitidas las denuncias de las asociaciones por la Memoria Histórica.
Según lo acordado por la sala, la ley no contempla que la Audiencia sea el órgano jurisdiccional adecuado para investigar esta causa.
Recursos vigentes
A pesar de que Garzón decidió inhibirse y dejar su investigación en manos de los juzgados de las localidades en las que haya fosas comunes, los recursos presentados contra la causa abierta por el juez continuaban vigentes. La decisión, en un principio prevista para el pasado miércoles, se retrasó hasta hoy.
La Sala de lo Penal debe aún decidir sobre la petición de la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia.
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La Audiencia Nacional dice que Garzón no es competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
28/11/2008 14:01
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado, por 14 votos a favor y 3 en contra, que el juez Baltasar Garzón carece de competencia para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes jurídicas.
El Pleno ha adoptado esta decisión tras reunirse durante más de cuatro horas para resolver el incidente de competencia que interpuso el fiscal jefe Javier Zaragoza contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar estos hechos, tras admitir las denuncias presentadas por asociaciones familiares de desaparecidos.
Hace unos días, el pasado 18 de noviembre, el propio juez Garzón decidía inhibirse en la causa que él mismo abrió para juzgar los crímenes cometidos en el franquismo. Concretamente, Garzón decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional acordaba además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
No obstante, Garzón ratificó "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
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Ferrol retira todos los honores a Franco.
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Ferrol retira todos los honores a Franco
"Una institución democrática no puede tener en el cuadro de honor a un dictador fascista"
Ferrol retira todos los honores a Franco
ELPLURAL.COM
Ferrol retirará los títulos honoríficos a la familia Franco. Anoche, el pleno aprobó la moción para quitar al dictador los nombramientos de “Alcalde Honorario” e “Hijo Predilecto” y la Medalla de Oro de la urbe naval. La iniciativa prosperó gracias a los votos del PSOE, IU y BNG –Bloque Nacionalista Galego-. El PP e Independientes por Ferrol, las otras dos formaciones representadas en el Consistorio gobernado en minoría por los socialistas, se abstuvieron en la votación. La moción fue planteada por los nacionalistas gallegos en vísperas del 20-N. Ayer en el Pleno, el BNG volvió a apelar a la unidad de todos los grupos democráticos para “erradicar una simbología que nada hace en el presente”.
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La moción para retirar los honores a Franco fue presentada por el BNG en la víspera del aniversario de su muerte. Coincidiendo con esta fecha, tanto esta formación como IU plantearon, por separado, la necesidad de aplicar con más rigor la Ley de Memoria Histórica. Y es que en su ciudad natal Franco no sólo conserva sus títulos: al menos tres colegios públicos mantienen nominaciones franquistas y aún subsisten una estatua ecuestre y una Cruz de los Caídos. Erradicar simbología obsoletaAyer, Xoan Xosé Pitá, portavoz del BNG en Ferrol, se refirió a los nombramientos de Franco, lamentando que “todavía hoy” el dictador conserve las distinciones de “Alcalde Honorífico, Hijo Predilecto y la Medalla de Oro”. Unos títulos que, además, fueron ampliados también a su esposa e hija, Carmen Polo y Carmen Franco Polo, además de a sus nietas y a otros miembros de la familia Bordiú-Franco, nombrados todos “Hijos adoptivos de Ferrol”. Los nacionalistas apelaron a la unidad de todos los grupos para “erradicar una simbología que nada hace en el presente”. “Exaltar a un régimen opresor” “Mantener estas distinciones supone exaltar a un régimen opresor”, explicó el portavoz. “Una institución democrática no puede tener en el cuadro de honor a un dictador fascista que privó a muchos de los derechos fundamentales de vida y libertad”, prosiguió. “Sería cómico que Ferrol mantuviera estos títulos” subrayó, explicando que se corresponden con “el grado de sumisión” de los poderes de la ciudad frente a la “omnipresente dictadura”. Los colegios quieren conservar sus nombres Los nacionalistas también pedían cambiar los nombres de los colegios públicos “Carmen Polo”, “Marqués de Suances” o “Ibáñez Martín” que rememoran a la esposa del dictador y a dos de sus ministros; sin embargo, el PP y la propia IU precisaron que los Consejos Escolares de estos centros optaron por mantener su nomenclatura recientemente. Ampliar derechos de los perseguidos Ayer se aprobó también otra moción relacionada con la Memoria Histórica y presentada, en este caso, por el grupo socialista, que gobierna el Consistorio en minoría –con 9 de 25 concejales-. La iniciativa del PSOE pedía ampliar los derechos de quienes padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura Franquista, y fue refrendada por el BNG e IU. El PP e Independientes por Ferrol nuevamente se abstuvieron.
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Ferrol ya no quiere a Franco como 'Hijo Predilecto'
Se retiran todos sus títulos honoríficos pese a la abstención del PP.
EFE - Ferrol (A Coruña) - 28/11/2008 08:40
La corporación de Ferrol, con los votos a favor de PSOE, IU y Bloque Nacionalista Galego (BNG) acordó esta noche en pleno la retirada de todos los títulos honoríficos otorgados en su día por el ayuntamiento al dictador Francisco Franco y a su familia en su ciudad natal, donde ostenta los títulos de Alcalde Honorario e Hijo Predilecto, además de la Medalla de Oro de la urbe naval.
El PP e Independientes por Ferrol, las otras dos formaciones representadas en el consistorio ferrolano se abstuvieron en la votación de la moción planteada por la formación nacionalista gallega, que apeló a la unidad de todos los grupos democráticos para "erradicar una simbología que nada hace en el presente".
Títulos ampliados
El portavoz del BNG en Ferrol, Xoán Xosé Pita Díaz, expuso que "todavía hoy", Francisco Franco conserva las distinciones de "Alcalde Honorífico, Hijo Predilecto y la Medalla de Oro" de la ciudad naval.
"Mantener éstas distinciones supone exaltar a un régimen opresor"
Además, los honores como "Hijo adoptivo de Ferrol" fueron ampliados también a su esposa e hija, Carmen Polo, y Carmen Franco Polo, además de sus nietas y otros miembros de la familia Bordiú-Franco.
"Mantener éstas distinciones supone exaltar a un régimen opresor" argumentó Pita Díaz, "una institución democrática no puede tener en el cuadro de honor a un dictador fascista que privó a muchos de los derechos fundamentales de vida y libertad".
"Sería cómico que Ferrol mantuviera éstos títulos" añadió, para indicar que se corresponden con "el grado de sumisión" de los poderes de la ciudad frente a la "omnipresente dictadura".
Cambios de nomenclatura
La moción del BNG pedía además el cambio de nomenclatura de varios colegios y centros educativos de la comarca que aluden a personajes vinculados al franquismo como el Centro de Educación Especial "Carmen Polo", que lleva el nombre de la esposa de Franco; el Instituto Marqués de Suances o el colegio público Ibáñez Martín, que rememoran a dos ministros del Régimen franquista.
No obstante, desde las filas del PP e IU en el municipio, precisaron durante el pleno que los Consejos Escolares de ambos centros en los que las dos formaciones están representadas, rechazaron recientemente cambiar el nombre de los mismos y optan por mantener la nomenclatura actual.
En el pleno ordinario figuraban 37 puntos en el orden del día, entre ellos 12 mociones presentadas por los cinco grupos representados en la corporación ferrolana, dos de ellas relacionadas con la Ley de Memoria Histórica.
Además de la moción planteada por el BNG relativa a las distinciones ostentadas por Franco durante décadas, la corporación de Ferrol también respaldó otra moción propuesta por el PSOE -que gobierna en minoría con 9 ediles en una corporación de 25 concejales- que apuesta por la ampliación de derechos a favor de los que padecieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la posterior Dictadura franquista.
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EFE - Ferrol (A Coruña) - 28/11/2008 08:40
La corporación de Ferrol, con los votos a favor de PSOE, IU y Bloque Nacionalista Galego (BNG) acordó esta noche en pleno la retirada de todos los títulos honoríficos otorgados en su día por el ayuntamiento al dictador Francisco Franco y a su familia en su ciudad natal, donde ostenta los títulos de Alcalde Honorario e Hijo Predilecto, además de la Medalla de Oro de la urbe naval.
El PP e Independientes por Ferrol, las otras dos formaciones representadas en el consistorio ferrolano se abstuvieron en la votación de la moción planteada por la formación nacionalista gallega, que apeló a la unidad de todos los grupos democráticos para "erradicar una simbología que nada hace en el presente".
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Franco, sin honores en Ferrol
El País-
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Angel Serafín Porto Ucha: "El franquismo utilizó varios sistemas para borrar del mapa a los maestros"
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Angel Serafín Porto Ucha: "El franquismo utilizó varios sistemas para borrar del mapa a los maestros"
El autor ponteareano vuelve a incidir en un libro en la represión que sufrió el profesorado pontevedrés
GABINO PORTO / PONTEAREAS
Ángel Serafín Porto Ucha, ponteareano de Guláns, es profesor de la Universiadad de Santiago y uno de los principales investigadores de la represión franquista a los maestros. Su último libro "Mestros e mestras pontevedreses depurados polo franquismo" fue editado por la editorial Alen Miño y ya se encuentra en la venta en las librerías de Ponteareas.
- ¿Los maestros fueron los grandes perseguidos de la dictadura franquista?
- El franquismo ejerció su represión en muchos frentes, pero uno de los más castigados ha sido precisamente los profesores y especialmente los maestros de enseñanza primaria, que como dice Manolo Rivas eran como las luces de la Segunda República.
- ¿Existe un sólo sistema de depuración de maestros?
- El franquismo utilizó varios sistemas para borrar el mapa a los maestros para implantar la nueva escuela, la que ellos querían. Por un lado están los juicios sumarísimos a los que se vieron abocados maestros que fueron condenados en Consejos de Guerra; por otro lado están los que fueron muertos de forma traicionera y en tercer lugar están los "depurados" a través de un proceso administrativo y a través de las comisiones de depuración desde 1936 y que se prolongaron durante muchos años. La propia revisión de algunos de esos procesos llegó a los años 70.
- ¿Cómo logra usted tantos datos, que incluyen nombres y apellidos?
- A través de un trabajo intenso. Hay un trabajo sosegado en los archivos. Me he desplazado al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, al archivo general de la Administración en Alcalá de Henares y otros... Pero aparte hay una labor de seguimiento a través de boletines oficiales y muchísimas entrevistas. La combinación de las dos metodologías me ha dado una información riquísima, pero en la que se emplean muchísimos años.
- ¿Cuáles fueron las motivaciones para estudiar de cerca la represión sufrida por los maestros?
- En primer lugar mi tesis de doctorado trata de la presencia en Galicia de la Institución Libre de Enseñanza, ese centro que se creó en Madrid en 1876. Por otro lado está el movimiento de Guláns, historias que quedan en la memoria de la gente, y que me contó mi madre. Mi madre en 1936 tenía 20 años, mi abuelo participaba de las experiencias republicanas, tenía un primo, Josilito Castro, y entre los dos escondieron a varias personas. Mi madre era la encargada de ir comprar hilo o agujas para calcetar, y recuerdo que en una ocasión me dijo que se había encontrado con Perfecto de Arnoso que le dijo "Nieves onte queimáronme a casa", también se escondía algunas veces en el lugar.
- ¿Su niñez en Guláns ha tenido algo que ver en su interés por estos temas?
- Sin duda. Tiene mucho que ver el movimiento social de Guláns y la figura del maestro del lugar, don Gabino Fernández Filgueira, venerado por los mayores de la parroquia. Don Gabino era natural de Vide-As Neves y desarrolló en Guláns un trabajo magnífico que ha quedado para siempre en la memoria. Esta es mi historia personal, la que ha llevado a trabajar en el tema sin desmayo buscando horas donde no las había, desplazándome para continuar. En eso estoy desde el año 2000, recogiendo en mis libros "Las historias de vida" de 2003 y este último trabajo "Mestros e mestras pontevedres depurados polo franquismo".
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- ¿Los maestros fueron los grandes perseguidos de la dictadura franquista?
- El franquismo ejerció su represión en muchos frentes, pero uno de los más castigados ha sido precisamente los profesores y especialmente los maestros de enseñanza primaria, que como dice Manolo Rivas eran como las luces de la Segunda República.
- ¿Existe un sólo sistema de depuración de maestros?
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- ¿Cómo logra usted tantos datos, que incluyen nombres y apellidos?
- A través de un trabajo intenso. Hay un trabajo sosegado en los archivos. Me he desplazado al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, al archivo general de la Administración en Alcalá de Henares y otros... Pero aparte hay una labor de seguimiento a través de boletines oficiales y muchísimas entrevistas. La combinación de las dos metodologías me ha dado una información riquísima, pero en la que se emplean muchísimos años.
- ¿Cuáles fueron las motivaciones para estudiar de cerca la represión sufrida por los maestros?
- En primer lugar mi tesis de doctorado trata de la presencia en Galicia de la Institución Libre de Enseñanza, ese centro que se creó en Madrid en 1876. Por otro lado está el movimiento de Guláns, historias que quedan en la memoria de la gente, y que me contó mi madre. Mi madre en 1936 tenía 20 años, mi abuelo participaba de las experiencias republicanas, tenía un primo, Josilito Castro, y entre los dos escondieron a varias personas. Mi madre era la encargada de ir comprar hilo o agujas para calcetar, y recuerdo que en una ocasión me dijo que se había encontrado con Perfecto de Arnoso que le dijo "Nieves onte queimáronme a casa", también se escondía algunas veces en el lugar.
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- Sin duda. Tiene mucho que ver el movimiento social de Guláns y la figura del maestro del lugar, don Gabino Fernández Filgueira, venerado por los mayores de la parroquia. Don Gabino era natural de Vide-As Neves y desarrolló en Guláns un trabajo magnífico que ha quedado para siempre en la memoria. Esta es mi historia personal, la que ha llevado a trabajar en el tema sin desmayo buscando horas donde no las había, desplazándome para continuar. En eso estoy desde el año 2000, recogiendo en mis libros "Las historias de vida" de 2003 y este último trabajo "Mestros e mestras pontevedres depurados polo franquismo".
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Un vecino de Láchar pide que se abra una fosa en Las Gabias.
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Un vecino de Láchar pide que se abra una fosa en Las Gabias
El juez Garzón recibió una solicitud informal de un particular, autor del libro ‘El grito de los desaparecidos’, donde narra la muerte de 28 personas.
ÁLVARO CALLEJA.
Un vecino de Láchar, con domicilio en Málaga, Francisco Granados, es el autor de una petición de exhumación en Las Gabias que en su día trasladó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien decidió hace unos días inhibirse de la causa para que sean los juzgados locales los que autoricen la apertura de fosas. Granados dirigió a título particular al juez Garzón una solicitud de exhumación sin el protocolo preciso, en la que incluía una carta relatando el fusilamiento de su abuela materna, Encarnación Martín, junto a otros 27 vecinos de Láchar que fueron enterrados en una fosa común del cementerio de Las Gabias. También le hizo llegar un libro que él mismo ha escrito bajo el título ‘El grito de los desaparecidos’. La apertura de dicha fosa resulta más compleja que la que fue autorizada en Víznar y Alfacar, donde supuestamente se encuentran los restos del poeta Federico García Lorca, puesto que con el paso de los años se ha construido encima, según informaron fuentes de la propia Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Las investigaciones realizadas por Francisco Granados centran el episodio de la matanza en torno al 21 de agosto de 1936 cuando 14 hombres y 12 mujeres son detenidos y trasladados a Las Gabias.
Reparación.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia ha abierto la vía on line para solicitar la declaración de reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, un derecho recogido por la Ley de la Memoria Histórica. La solicitud se puede realizar a través de la web (www.mjusticia.es ) acreditando su identidad a través de un certificado digital o el DNI electrónico.
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La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si Garzón es competente en la causa.
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La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si ...
Diario Siglo XXI
La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si Garzón es competente en la causa
Redacción / EP
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará hoy, viernes, el debate en el que determinará si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es competente en la investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, de la que se inhibió el pasado día 18 en favor de los juzgados territoriales, informaron fuentes jurídicas.
Los 18 magistrados que componen este órgano deben tomar una decisión sobre el incidente de competencia que promovió el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para apartar a Garzón de la investigación y sobre los recursos de apelación y queja que presentó contra el auto en el que el magistrado se declaraba competente para asumir esta causa. En relación con la primera inciativa, la Sala dio traslado el pasado miércoles a todos sus integrantes de un informe de entre ocho y diez páginas que Garzón presentó el pasado lunes para justificar la asunción de la investigación.
PETICIÓN DE LA NIETA DE NEGRÍN
Los jueces superiores al instructor comenzaron a estudiar los recursos sobre la memoria histórica el pasado miércoles, con el examen de la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia. Además, la Sala de lo Penal también debe pronunciarse en relación con el recurso de súplica que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que han impulsado la causa, presentaron contra la decisión de este órgano de paralizar de forma cautelar las exhumaciones que se habían autorizado. Según las citadas fuentes, si el Pleno no tuviera tiempo para abordar todos estos asuntos, convocaría una nueva sesión para el próximo lunes, al objeto de zanjar el debate sobre la memoria histórica en el menor tiempo posible.
EXHUMACIONES AUTORIZADAS
De acuerdo con su último auto aclaratorio, al que tuvo acceso Europa Press, desde que el pasado 16 de octubre se declarara competente en la investigación el juez Garzón ha autorizado la apertura de fosas comunes situadas en 64 localidades de 26 provincias españolas.
Los enterramientos se encuentran en Aranga (A Coruña); San Martín del Rey Aurelio (Asturias); Finca "La Crespa" y Santa Amalia (Badajoz); Montes Rasineros (Castellón); el cementerio de Córdoba; Las Gabias, Víznar y Alfácar (Granada); La Palma del Condado, Niebla y Bonares y Calañas (Helva); Artieda (Huesca); Portomarin y Mondoñedo (Lugo).
También existen fosas comunes en Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Milagros, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos); La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil, Lago de Carucedo, Brañuelas, Friera, Rodanillo, San Juan de la Mata, Ocero, Sobrado, Algadefes, Fuentes Nuevas, Vilasumil, Toreno, Santa Lucía de Gordón, Busdongo, La Collada de Carmenes, Villaceid, Quintanilla de Combarros, Pombriego, Santalla, Fresnedo, San Pedro Mallo y Toral de Merayo (León).
Otros lugares donde Garzón autorizó la realización de exhumaciones son La Serena (Madrid); Valle de los Caídos (San Lorenzo del Escorial); Fuerte San Cristóbal (Navarra); Ventosa de Pisuerga y Villamedina (Palencia); Baiona-O Rosal, Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra); Robleda (Salamanca); Berlanga de Duero (Soria); Maire de Castroponce y Santa Marta de Tera (Zamora); Calatayud (Zaragoza); Porreres y Calvià (Mallorca).
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PETICIÓN DE LA NIETA DE NEGRÍN
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De acuerdo con su último auto aclaratorio, al que tuvo acceso Europa Press, desde que el pasado 16 de octubre se declarara competente en la investigación el juez Garzón ha autorizado la apertura de fosas comunes situadas en 64 localidades de 26 provincias españolas.
Los enterramientos se encuentran en Aranga (A Coruña); San Martín del Rey Aurelio (Asturias); Finca "La Crespa" y Santa Amalia (Badajoz); Montes Rasineros (Castellón); el cementerio de Córdoba; Las Gabias, Víznar y Alfácar (Granada); La Palma del Condado, Niebla y Bonares y Calañas (Helva); Artieda (Huesca); Portomarin y Mondoñedo (Lugo).
También existen fosas comunes en Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Milagros, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos); La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil, Lago de Carucedo, Brañuelas, Friera, Rodanillo, San Juan de la Mata, Ocero, Sobrado, Algadefes, Fuentes Nuevas, Vilasumil, Toreno, Santa Lucía de Gordón, Busdongo, La Collada de Carmenes, Villaceid, Quintanilla de Combarros, Pombriego, Santalla, Fresnedo, San Pedro Mallo y Toral de Merayo (León).
Otros lugares donde Garzón autorizó la realización de exhumaciones son La Serena (Madrid); Valle de los Caídos (San Lorenzo del Escorial); Fuerte San Cristóbal (Navarra); Ventosa de Pisuerga y Villamedina (Palencia); Baiona-O Rosal, Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra); Robleda (Salamanca); Berlanga de Duero (Soria); Maire de Castroponce y Santa Marta de Tera (Zamora); Calatayud (Zaragoza); Porreres y Calvià (Mallorca).
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Garzón remitirá la causa del franquismo a Palma y Manacor.
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Garzón remitirá la causa del franquismo a Palma y Manacor
El juez Balsar Garzón comunicó en un auto conocido ayer que enviará a los juzgados de Palma y Manacor la causa que abrió por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.Por otro lado, miembros de asociaciones de familiares de desaparecidos de Balears se reunieron ayer con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU
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Garzón remitirá la causa del franquismo a Palma y Manacor
El juez Balsar Garzón comunicó en un auto conocido ayer que enviará a los juzgados de Palma y Manacor la causa que abrió por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.Por otro lado, miembros de asociaciones de familiares de desaparecidos de Balears se reunieron ayer con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU
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jueves 27 de noviembre de 2008
PP y PSOE votan conjuntamente no revisar la Ley de Memoria Histórica
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PP y PSOE votan conjuntamente no revisar la Ley de Memoria Histórica
Republicanos catalanes, con el apoyo de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y nacionalistas gallegos, vascos y navarros intentan sin éxito modificar el texto, a un año de su aprobación.
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
Para Kaos en la Red 26-11-2008
www.kaosenlared.net/noticia/pp-psoe-votan-conjuntamente-no-revisar-ley-memoria-historica
Joan Tardà (ERC) lleva al Congreso una revisión democrática, republicana de izquierdas y europea de la ley de la memoria que topa con el rodillo bipartidista. La proposición de ley para modificar el texto aprobado en 2007 recibe el voto favorable de Nafarroa Bai, Bloque Nacionalista Galego, PNV, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida.
Madrid 25-N. Crónica Parlamentaria de Republicanos en el Congreso
"Urge modificar la ley para reparar a todas las víctimas". Así iniciaba su discurso el diputado republicano Joan Tardà, que exponía una de las tesis principales de la proposición de ley: "Este parlamento debería legislar a favor de la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales de la Dictadura, no tan solo por ilegítimos sino también por ilegales". En este sentido ha recordado el compromiso incumplido por la Vicepresidenta del Gobierno" de proceder a la anulación de la sentencia de Lluís Companys".
Tardà ha criticado que "La ley obvia la calificación de Crímenes contra la Humanidad para aquellos realizados sistemáticamente por el Franquismo" y en relación al proceso abierto por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional contra cinco nazis por delitos, precisamente, de lesa humanidad se ha preguntado "¿Actuarán de igual forma como han procedido con el juez Garzón, presionando políticamente mediante la Fiscalía General del Estado?
Ha incidido en que La ley distingue entre las víctimas de la represión anteriores y posteriores a 1968, dejando sin derecho alguno a reparación a Julián Grimau, entre otros. Mientras de forma perversa el desarrollo de la ley ha quitado ese mismo derecho a Salvador Puig Antich y a los últimos fusilados del franquismo.
Tardà ha recordado que los legisladores "han levantado un edificio argumental sobre los cimientos de la ambigüedad legal del período preconstitucional" y "hoy, la ONU les insta a derogar la Ley de Amnistía de 1977 por la impunidad que consagra."
Ha propuesto que el Jefe del Estado debe pedir perdón a las víctimas, ya que "fue él quien juró desde esta misma tribuna los principios del Movimiento Nacional" y ha recordado que el entonces Príncipe fue inmortalizado "al lado del dictador" en la manifestación de adhesión al régimen ante las protestas internacionales contra los últimos fusilamientos del franquismo.
La propuesta republicana contempla que el 14 de abril debería instaurarse como día de la memoria histórica y reconoce "el perseverante compromiso de las entidades memorialistas, la no claudicación del republicanismo" que ha permitido socializar el debate sobre las victimas no resarcidas del franquismo.
La intervención del diputado Tardà ha sido el reflejo de una trayectoria coherente, solitaria, valiente y de compromiso con los que han sido excluidos los últimos setenta años, llevando su voz al Parlamento.
Fernández y Fernández votan no
Los únicos grupos parlamentarios que han anunciado su voto contra la iniciativa parlamentaria han sido PP y PSOE, por boca de sus portavoces, dignos hijos políticos de la transición. El diputado popular Jordi Fernández Díaz ha sido el único de los portavoces que ha solicitado replicar con un turno de palabra a la exposición de Tardà, atacándola con inusitada virulencia sin ahorrar duras palabras para el Gobierno.
El PP también habla catalán en el Congreso
Calificando al ponente de "injusto e ignorante" le ha acusado de llevar "barbaridades" y "bromas macabras y pesadas", que, viniendo de un grupo "muy marginal, muy excéntrico, fuera del consenso constitucional, forma parte del guión y me lo podría tomar a broma, amic Joan Tardà".
Fernández ha criticado duramente la vindicación que el texto de ERC hace de la Segunda República, preguntando "Si era un modelo político, ¿por qué ustedes el 6 de octubre de 1934 dieron un golpe de estado revolucionario que causó miles de muertos?" palabras coreadas y aplaudidas sonoramente desde las bancadas populares.
La memoria selectiva de los Fernández
"Nos pasamos el día hablando de fosas, criminales y asesinos" se ha quejado, acusando al gobierno de haber provocado una situación que permite iniciativas legislativas como la que se estaba debatiendo en un momento de grave crisis económica. "Son los socialistas los que han creado este clima con su malhadada ley de la memoria histórica"
Por el grupo socialista Daniel Fernández ha anunciado de entrada su voto en contra con un discurso acelerado que en ocasiones ha rozado el derrape dialéctico. Así, ha ubicado cronológicamente el post-franquismo "entre 1968 y 1977" y ha subrayado que el próximo día seis de diciembre "se celebra el treintavo [sic] aniversario de la Constitución."
"El pasado 20-N la Guardia Civil hizo cumplir la ley"
El diputado socialista ha hecho una loa de la Ley de Memoria Histórica, asegurando que este año por primera vez no se han celebrado en el Valle de los Caídos actos de exaltación franquista, palabras que contrastan con las portadas de la prensa nacional de la pasada semana.
También se ha congratulado de que "la transición fue un éxito colectivo. La Ley de Amnistía fue una de las conquistas" a pesar de la oposición "de pistolas desde la derecha y desde la izquierda". "Aunque hay que ser autocríticos con nuestros errores, los sueños y anhelos de la Segunda República se han hecho posibles en este periodo" ha asegurado.
Nacionalistas navarros, gallegos y vascos, por la reforma de la ley
Usue Barcos por Nafarroa Bai ha hecho hincapié en la contradicción del texto sobre la retirada de símbolos franquistas en su artículo 15.
Francisco Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego, ha justificado su voto afirmativo subrayando las insuficiencias de la norma que ayudaron a salir adelante hace un año. Ha destacado la que encuentran los historiadores e investigadores como Dionisio Pereira y la necesidad de anular el juicio del histórico galleguista Alexandre Bóveda.
Sor Maravillas 0 - Cortes Franquistas 3
Aitor Esteban por el PNV ha sacado a colación el debate sobre el frustrado homenaje a la Madre Maravillas frente al silencio sobre los cuadros de tres presidentes de las Cortes Franquistas que exhibe el Congreso, incumpliendo la ley. Ha reiterado la reclamación de su grupo para que la documentación del Gobierno Vasco durante la República que aún permanece en el Archivo de Salamanca sea devuelta.
IU e ICV: donde dije digo...
La sorpresa positiva de la votación la han protagonizado al dar su apoyo a la iniciativa I Joan Herrera por Iniciativa per Catalunya Verds y Gaspar Llamazares por Izquierda Unida. Unos de los principales responsables de que la 52/2007 se hiciera realidad, dejando desconcertadas a víctimas y a asociaciones memorialistas.
CIU: Sí saben, pero no contestan
Con su tradicional ambigüedad el grupo parlamentario catalán de Convergencia i Unió ha consumido su turno para fijar posición, sin fijar posición alguna. Su mensaje se resume en Homenajes sí, Leyes no, resaltando que la memoria de las víctimas del franquismo debe entenderse como una recuperación de la "memoria familiar". El diputado Jordi Xuclà ha dejado así en el aire cuál iba a ser el sentido de su voto, que finalmente se ha traducido en la única abstención junto a Coalición Canaria.
http://baixrepublica.blogspot.com/
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PP y PSOE votan conjuntamente no revisar la Ley de Memoria Histórica
Republicanos catalanes, con el apoyo de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds y nacionalistas gallegos, vascos y navarros intentan sin éxito modificar el texto, a un año de su aprobación.
Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat
Para Kaos en la Red 26-11-2008
www.kaosenlared.net/noticia/pp-psoe-votan-conjuntamente-no-revisar-ley-memoria-historica
Joan Tardà (ERC) lleva al Congreso una revisión democrática, republicana de izquierdas y europea de la ley de la memoria que topa con el rodillo bipartidista. La proposición de ley para modificar el texto aprobado en 2007 recibe el voto favorable de Nafarroa Bai, Bloque Nacionalista Galego, PNV, Iniciativa per Catalunya Verds e Izquierda Unida.
Madrid 25-N. Crónica Parlamentaria de Republicanos en el Congreso
"Urge modificar la ley para reparar a todas las víctimas". Así iniciaba su discurso el diputado republicano Joan Tardà, que exponía una de las tesis principales de la proposición de ley: "Este parlamento debería legislar a favor de la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales de la Dictadura, no tan solo por ilegítimos sino también por ilegales". En este sentido ha recordado el compromiso incumplido por la Vicepresidenta del Gobierno" de proceder a la anulación de la sentencia de Lluís Companys".
Tardà ha criticado que "La ley obvia la calificación de Crímenes contra la Humanidad para aquellos realizados sistemáticamente por el Franquismo" y en relación al proceso abierto por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional contra cinco nazis por delitos, precisamente, de lesa humanidad se ha preguntado "¿Actuarán de igual forma como han procedido con el juez Garzón, presionando políticamente mediante la Fiscalía General del Estado?
Ha incidido en que La ley distingue entre las víctimas de la represión anteriores y posteriores a 1968, dejando sin derecho alguno a reparación a Julián Grimau, entre otros. Mientras de forma perversa el desarrollo de la ley ha quitado ese mismo derecho a Salvador Puig Antich y a los últimos fusilados del franquismo.
Tardà ha recordado que los legisladores "han levantado un edificio argumental sobre los cimientos de la ambigüedad legal del período preconstitucional" y "hoy, la ONU les insta a derogar la Ley de Amnistía de 1977 por la impunidad que consagra."
Ha propuesto que el Jefe del Estado debe pedir perdón a las víctimas, ya que "fue él quien juró desde esta misma tribuna los principios del Movimiento Nacional" y ha recordado que el entonces Príncipe fue inmortalizado "al lado del dictador" en la manifestación de adhesión al régimen ante las protestas internacionales contra los últimos fusilamientos del franquismo.
La propuesta republicana contempla que el 14 de abril debería instaurarse como día de la memoria histórica y reconoce "el perseverante compromiso de las entidades memorialistas, la no claudicación del republicanismo" que ha permitido socializar el debate sobre las victimas no resarcidas del franquismo.
La intervención del diputado Tardà ha sido el reflejo de una trayectoria coherente, solitaria, valiente y de compromiso con los que han sido excluidos los últimos setenta años, llevando su voz al Parlamento.
Fernández y Fernández votan no
Los únicos grupos parlamentarios que han anunciado su voto contra la iniciativa parlamentaria han sido PP y PSOE, por boca de sus portavoces, dignos hijos políticos de la transición. El diputado popular Jordi Fernández Díaz ha sido el único de los portavoces que ha solicitado replicar con un turno de palabra a la exposición de Tardà, atacándola con inusitada virulencia sin ahorrar duras palabras para el Gobierno.
El PP también habla catalán en el Congreso
Calificando al ponente de "injusto e ignorante" le ha acusado de llevar "barbaridades" y "bromas macabras y pesadas", que, viniendo de un grupo "muy marginal, muy excéntrico, fuera del consenso constitucional, forma parte del guión y me lo podría tomar a broma, amic Joan Tardà".
Fernández ha criticado duramente la vindicación que el texto de ERC hace de la Segunda República, preguntando "Si era un modelo político, ¿por qué ustedes el 6 de octubre de 1934 dieron un golpe de estado revolucionario que causó miles de muertos?" palabras coreadas y aplaudidas sonoramente desde las bancadas populares.
La memoria selectiva de los Fernández
"Nos pasamos el día hablando de fosas, criminales y asesinos" se ha quejado, acusando al gobierno de haber provocado una situación que permite iniciativas legislativas como la que se estaba debatiendo en un momento de grave crisis económica. "Son los socialistas los que han creado este clima con su malhadada ley de la memoria histórica"
Por el grupo socialista Daniel Fernández ha anunciado de entrada su voto en contra con un discurso acelerado que en ocasiones ha rozado el derrape dialéctico. Así, ha ubicado cronológicamente el post-franquismo "entre 1968 y 1977" y ha subrayado que el próximo día seis de diciembre "se celebra el treintavo [sic] aniversario de la Constitución."
"El pasado 20-N la Guardia Civil hizo cumplir la ley"
El diputado socialista ha hecho una loa de la Ley de Memoria Histórica, asegurando que este año por primera vez no se han celebrado en el Valle de los Caídos actos de exaltación franquista, palabras que contrastan con las portadas de la prensa nacional de la pasada semana.
También se ha congratulado de que "la transición fue un éxito colectivo. La Ley de Amnistía fue una de las conquistas" a pesar de la oposición "de pistolas desde la derecha y desde la izquierda". "Aunque hay que ser autocríticos con nuestros errores, los sueños y anhelos de la Segunda República se han hecho posibles en este periodo" ha asegurado.
Nacionalistas navarros, gallegos y vascos, por la reforma de la ley
Usue Barcos por Nafarroa Bai ha hecho hincapié en la contradicción del texto sobre la retirada de símbolos franquistas en su artículo 15.
Francisco Jorquera, del Bloque Nacionalista Galego, ha justificado su voto afirmativo subrayando las insuficiencias de la norma que ayudaron a salir adelante hace un año. Ha destacado la que encuentran los historiadores e investigadores como Dionisio Pereira y la necesidad de anular el juicio del histórico galleguista Alexandre Bóveda.
Sor Maravillas 0 - Cortes Franquistas 3
Aitor Esteban por el PNV ha sacado a colación el debate sobre el frustrado homenaje a la Madre Maravillas frente al silencio sobre los cuadros de tres presidentes de las Cortes Franquistas que exhibe el Congreso, incumpliendo la ley. Ha reiterado la reclamación de su grupo para que la documentación del Gobierno Vasco durante la República que aún permanece en el Archivo de Salamanca sea devuelta.
IU e ICV: donde dije digo...
La sorpresa positiva de la votación la han protagonizado al dar su apoyo a la iniciativa I Joan Herrera por Iniciativa per Catalunya Verds y Gaspar Llamazares por Izquierda Unida. Unos de los principales responsables de que la 52/2007 se hiciera realidad, dejando desconcertadas a víctimas y a asociaciones memorialistas.
CIU: Sí saben, pero no contestan
Con su tradicional ambigüedad el grupo parlamentario catalán de Convergencia i Unió ha consumido su turno para fijar posición, sin fijar posición alguna. Su mensaje se resume en Homenajes sí, Leyes no, resaltando que la memoria de las víctimas del franquismo debe entenderse como una recuperación de la "memoria familiar". El diputado Jordi Xuclà ha dejado así en el aire cuál iba a ser el sentido de su voto, que finalmente se ha traducido en la única abstención junto a Coalición Canaria.
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ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado a las víctimas de Franco
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ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado ...
Mientras el PP lo califica de "broma macabra"
ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado a las víctimas de Franco0
2:35h. del Jueves, 27 de noviembre. elplural.com
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamó el martes por la tarde sin éxito en el Congreso de los Diputados que el Rey pidiera perdón en nombre del Estado español a las víctimas del franquismo. Esta exigencia es uno de los puntos contenidos en la proposición de ley que Joan Tardà defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados para modificar la ley conocida como de memoria histórica.
Sólo se debatía su toma en consideración, es decir, su admisión a trámite, pero únicamente obtuvo para ello el respaldo expreso del PNV, Nafarroa Bai y Bloque Nacionalista Galego, según informa Eco Diario. Tanto el PP como el PSOE, partidos mayoritarios, rechazaron la proposición.
Llenar vacíos
La iniciativa es exigente y pretende llenar los vacíos que, según los republicanos, tiene la ley impulsada por el Ejecutivo socialista, al tiempo que incluye propuestas concretas para ampliar el colectivo de quienes tendrían derecho a ser reconocidos como víctimas. "No hay reconciliación sobre el olvido", proclamó Tardá en contra de las tesis de la Conferencia Episcopal, representada en las declaraciones del lunes por el cardenal Arzobispo Antonio María Rouco Varela.
La República, precursora del presente
La iniciativa de ERC también pretendía que se reconociera a la Segunda República como "precursora" del actual sistema político, por ejemplo designando el 14 de abril, día de su proclamación, como Día de la Memoria Histórica.
Que el Rey pida perdón
Pero quizá el punto más destacado de la proposición es el que afirma que correspondería al Rey "formalizar solemnemente en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana". Tardà recordó que Juan Carlos de Borbón "juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional" y por ello "se le debe exigir un acto de honradez y de coherencia para simbolizar la plena superación por la democracia del pasado autoritario del Estado".
Anulación de todas las sentencias
La proposición incluye la anulación de todas las sentencias dictadas por tribunales de la dictadura, no sólo por ilegítimos sino también por ilegales, como única vía para resarcir a quienes fueron víctimas del régimen, ya que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sigue negando las revisiones.
"Bromas macabras"
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz fue el único que tomó la palabra para pronunciarse expresamente en contra de la iniciativa de ERC y lo hizo para denunciar "las bromas macabras y pesadas" que contiene, como "el disparate" de establecer por ley que la República es precusora del actual sistema político.
A pesar de sus duras críticas al texto, Fernández Díaz responsabilizó al PSOE del clima que ha permitido que este tipo de proposiciones se debatan en el Parlamento.
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ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado ...
Mientras el PP lo califica de "broma macabra"
ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado a las víctimas de Franco0
2:35h. del Jueves, 27 de noviembre. elplural.com
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamó el martes por la tarde sin éxito en el Congreso de los Diputados que el Rey pidiera perdón en nombre del Estado español a las víctimas del franquismo. Esta exigencia es uno de los puntos contenidos en la proposición de ley que Joan Tardà defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados para modificar la ley conocida como de memoria histórica.
Sólo se debatía su toma en consideración, es decir, su admisión a trámite, pero únicamente obtuvo para ello el respaldo expreso del PNV, Nafarroa Bai y Bloque Nacionalista Galego, según informa Eco Diario. Tanto el PP como el PSOE, partidos mayoritarios, rechazaron la proposición.
Llenar vacíos
La iniciativa es exigente y pretende llenar los vacíos que, según los republicanos, tiene la ley impulsada por el Ejecutivo socialista, al tiempo que incluye propuestas concretas para ampliar el colectivo de quienes tendrían derecho a ser reconocidos como víctimas. "No hay reconciliación sobre el olvido", proclamó Tardá en contra de las tesis de la Conferencia Episcopal, representada en las declaraciones del lunes por el cardenal Arzobispo Antonio María Rouco Varela.
La República, precursora del presente
La iniciativa de ERC también pretendía que se reconociera a la Segunda República como "precursora" del actual sistema político, por ejemplo designando el 14 de abril, día de su proclamación, como Día de la Memoria Histórica.
Que el Rey pida perdón
Pero quizá el punto más destacado de la proposición es el que afirma que correspondería al Rey "formalizar solemnemente en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana". Tardà recordó que Juan Carlos de Borbón "juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional" y por ello "se le debe exigir un acto de honradez y de coherencia para simbolizar la plena superación por la democracia del pasado autoritario del Estado".
Anulación de todas las sentencias
La proposición incluye la anulación de todas las sentencias dictadas por tribunales de la dictadura, no sólo por ilegítimos sino también por ilegales, como única vía para resarcir a quienes fueron víctimas del régimen, ya que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sigue negando las revisiones.
"Bromas macabras"
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz fue el único que tomó la palabra para pronunciarse expresamente en contra de la iniciativa de ERC y lo hizo para denunciar "las bromas macabras y pesadas" que contiene, como "el disparate" de establecer por ley que la República es precusora del actual sistema político.
A pesar de sus duras críticas al texto, Fernández Díaz responsabilizó al PSOE del clima que ha permitido que este tipo de proposiciones se debatan en el Parlamento.
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Córdoba.- Memoria.- Gobierno y Ayuntamiento acordarán quién y cómo retirará la cruz de los caídos de Vallellano.
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Córdoba.- Memoria.- Gobierno y Ayuntamiento acordarán quién y cómo ...
Córdoba.- Memoria.- Gobierno y Ayuntamiento acordarán quién y cómo retirará la cruz de los caídos de Vallellano
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ICV reclama al Gobierno que haga cumplir la ley e impida el sábado la misa homenaje a Franco en el Valle de los Caídos (18/11/2008)
Memoria.- El pleno de la A Coruña encomienda a la Comisión de Honras la eliminación de la simbología franquista (06/10/2008)
Memoria.- El Gobierno no aclara a IU e ICV cómo va a impedir actos fascistas en el Valle de los Caídos a un mes del 20-N (19/10/2008)
CÓRDOBA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, anunció hoy que el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de la capital cordobesa se podrán de acuerdo, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, respecto a quién y cómo se ocupa de retirar la cruz de los caídos levantada en Vallellano el mismo año de la muerte de Franco, 1975.
En declaraciones a los periodistas, Ruiz explicó que ya ha hablado del tema con la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), aunque todavía no ha recibido una solicitud formal del Ayuntamiento, en relación con la retirada de dicha cruz, que, según el Consistorio, está sobre suelo municipal, pero pertenece al patrimonio del Estado, que sufragó su construcción.
A este respecto, Ruiz aclaró que, "hasta ahora no se ha encontrado ningún antecedente documental que indique que el monumento sea de titularidad estatal", pero, tanto si pertenece al Estado, como si no, dado que la cruz está en suelo municipal, "el Ayuntamiento y el Gobierno, mediante la fórmula que se estime conveniente por los respectivos servicios jurídicos, darán cumplimiento a la Ley, sin darle mayor importancia", una vez se determine si interviene una u otra administración, si lo hacen ambas y de qué forma, ya sea "quitando o transformando" el citado monumento.
La cruz de los caídos, según informa hoy 'El Día de Córdoba', sustituyó a la que existió durante muchos años en la Torre de la Malmuerta y se concibió para ser colocada en la puerta del edificio que iba a acoger la sede de la Jefatura Provincial del Movimiento, el edificio conocido hoy como 'El Vagón' y que acoge ahora las dependencias del Ministerio de Trabajo en Córdoba. La necesidad de espacio para crear un jardín motivó que se decidiera su ubicación entre la arboleda de la zona verde de la Avenida Conde de Vallellano.
El monumento es una estructura de hormigón de diez metros de altura recubierta de granito, con la inscripción '1936-1939' en caracteres romanos. En la base, presenta el escudo de la Falange, los tradicionalistas (las fuerzas que fueron unificadas en el Movimiento o partido único) y las coronas de Castilla y Aragón.
Delante de la cruz se colocó una estatua femenina de Amadeo Ruiz Olmos -en realidad, una imagen de los años 40 que realizó el autor en homenaje a la aviación, a la que se desposeyó de su sentido original- justo delante de la inscripción relativa al año 1939.
Según el catálogo sobre Ruiz Olmos editado por la Diputación de Córdoba con motivo de su retrospectiva, la posición sugiere una referencia a la victoria del bando franquista en la Guerra Civil. Se trata de la última obra que salió de los talleres del escultor para la ciudad cuando ya se había trasladado a Madrid. La obra, en su conjunto, se encuentra llena de pintadas -muchas de ellas neonazis- y parcialmente destruida.
La Ley de la Memoria Histórica establece, con carácter general, la retirada de escudos, placas o figuras que impliquen la exaltación del golpe de estado de 1936, de la Guerra Civil o de la posterior represión franquista. Quedan excluidos de esta medida todos aquellos iconos en los que concurran valores artísticos, arquitectónicos o artístico-religiosos, lo que excluye expresamente todos aquellos elementos que se encuentran en iglesias o en conjuntos protegidos por la Ley. El Gobierno ha promulgado, incluso, unas instrucciones concretas sobre la retirada de estas imágenes dejando la decisión, en caso de duda, en manos del Ministerio de Cultura.
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CÓRDOBA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, anunció hoy que el Ejecutivo central y el Ayuntamiento de la capital cordobesa se podrán de acuerdo, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica, respecto a quién y cómo se ocupa de retirar la cruz de los caídos levantada en Vallellano el mismo año de la muerte de Franco, 1975.
En declaraciones a los periodistas, Ruiz explicó que ya ha hablado del tema con la alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), aunque todavía no ha recibido una solicitud formal del Ayuntamiento, en relación con la retirada de dicha cruz, que, según el Consistorio, está sobre suelo municipal, pero pertenece al patrimonio del Estado, que sufragó su construcción.
A este respecto, Ruiz aclaró que, "hasta ahora no se ha encontrado ningún antecedente documental que indique que el monumento sea de titularidad estatal", pero, tanto si pertenece al Estado, como si no, dado que la cruz está en suelo municipal, "el Ayuntamiento y el Gobierno, mediante la fórmula que se estime conveniente por los respectivos servicios jurídicos, darán cumplimiento a la Ley, sin darle mayor importancia", una vez se determine si interviene una u otra administración, si lo hacen ambas y de qué forma, ya sea "quitando o transformando" el citado monumento.
La cruz de los caídos, según informa hoy 'El Día de Córdoba', sustituyó a la que existió durante muchos años en la Torre de la Malmuerta y se concibió para ser colocada en la puerta del edificio que iba a acoger la sede de la Jefatura Provincial del Movimiento, el edificio conocido hoy como 'El Vagón' y que acoge ahora las dependencias del Ministerio de Trabajo en Córdoba. La necesidad de espacio para crear un jardín motivó que se decidiera su ubicación entre la arboleda de la zona verde de la Avenida Conde de Vallellano.
El monumento es una estructura de hormigón de diez metros de altura recubierta de granito, con la inscripción '1936-1939' en caracteres romanos. En la base, presenta el escudo de la Falange, los tradicionalistas (las fuerzas que fueron unificadas en el Movimiento o partido único) y las coronas de Castilla y Aragón.
Delante de la cruz se colocó una estatua femenina de Amadeo Ruiz Olmos -en realidad, una imagen de los años 40 que realizó el autor en homenaje a la aviación, a la que se desposeyó de su sentido original- justo delante de la inscripción relativa al año 1939.
Según el catálogo sobre Ruiz Olmos editado por la Diputación de Córdoba con motivo de su retrospectiva, la posición sugiere una referencia a la victoria del bando franquista en la Guerra Civil. Se trata de la última obra que salió de los talleres del escultor para la ciudad cuando ya se había trasladado a Madrid. La obra, en su conjunto, se encuentra llena de pintadas -muchas de ellas neonazis- y parcialmente destruida.
La Ley de la Memoria Histórica establece, con carácter general, la retirada de escudos, placas o figuras que impliquen la exaltación del golpe de estado de 1936, de la Guerra Civil o de la posterior represión franquista. Quedan excluidos de esta medida todos aquellos iconos en los que concurran valores artísticos, arquitectónicos o artístico-religiosos, lo que excluye expresamente todos aquellos elementos que se encuentran en iglesias o en conjuntos protegidos por la Ley. El Gobierno ha promulgado, incluso, unas instrucciones concretas sobre la retirada de estas imágenes dejando la decisión, en caso de duda, en manos del Ministerio de Cultura.
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Garzón renuncia a investigar los crímenes del período franquista
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Garzón renuncia a investigar los crímenes del período franquista
Diario EL PAIS - Montevideo,Uruguay
España. Juez deja aperturas de fosas en manos de tribunales provinciales
MADRID DANIEL BELTRÁN ROHR, CORRESPONSAL Y AGENCIAS
El juez español Baltasar Garzón renunció ayer a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo, y dejó el caso en manos de tribunales provinciales, accediendo de esta manera al pedido de la Fiscalía.
El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, anunció el 16 de octubre que iniciaría una investigación para determinar la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura de Franco. Fue así que autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos asesinados en el proceso.
Pero Garzón decidió ayer enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, anunciaron ayer fuentes judiciales. En un documento de 152 páginas, el magistrado lamentó la disputa judicial que se generó sobre su competencia en la causa, que fue cuestionada en un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que desencadenó su renuncia.
La Fiscalía se opuso a la investigación, que sería la primera sobre esta etapa de la historia en España, alegando una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían todos los delitos ocurridos en esa época.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió se anule esa ley, por entender que está en contradicción con los tratados internacionales a los que España adhiere.
Presiones.
La decisión de Garzón "deja en evidencia la debilidad de la democracia española a la hora de afrontar la reparación a las víctimas del franquismo", señaló Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Además, "deja la pelota en el tejado del gobierno", que es contrario a una investigación judicial, al igual que la fiscalía, agregó.
Según la organización, la decisión de Garzón pudo deberse a "presiones políticas".
La ARMH, que agrupa a familiares de víctimas, exhuman los restos de sus parientes desde hace ocho años al margen de las acciones judiciales. Desde 2000 abrieron más de 170 fosas y exhumaron unos 4.000 cuerpos; poseen datos de que existen más de 400 fosas en toda España. Una de ellas, ubicada en la provincia de Granada, sería la que esconde los restos del poeta Federico García Lorca.
En la práctica, la decisión del juez divide el caso en pequeñas causas que irán a jueces diferentes. Además, aleja la posibilidad de que se pueda abrir un proceso judicial único para revisar lo ocurrido durante ese período de la historia española.
No obstante, Garzón defendió con vehemencia en el escrito los argumentos que lo llevaron a iniciar la investigación.
El magistrado aseguró que "las atrocidades" cometidas durante la guerra y la dictadura de Franco constituyen un delito de crímenes contra la humanidad por la desaparición sistemática de miles de opositores al régimen franquista.
"Ante unos hechos como los aquí valorados y, a todos estos efectos, no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política", señaló Garzón.
De hecho, Garzón eximió por causa de muerte a Franco y a otros 44 altos cargos de la Falange Española, el partido político en que se apoyó el dictador para respaldar el golpe.
Al mismo tiempo, el magistrado recordó que el hecho de que todavía existan víctimas vivas de aquellos años implica que también podría haber culpables. "La investigación presenta muchas dificultades de prueba por el tiempo transcurrido; es difícil que existan autores vivos. Pero no es válido para impedir que se investigue", aseguró Garzón, en su último intento para que el caso no muera con su renuncia.
El juez explicó que "una vez que se constata la extinción de la responsabilidad por fallecimiento (...), la competencia del Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desaparecen". Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de manera "urgente" de la apertura de las fosas.
El magistrado exhortó a "la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos (...) Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos como en el de los que están vivos", según el texto del auto.
Garzón también instó a investigar el paradero de los niños que en esa época fueron sustraídos de sus familias republicanas y a quienes se les cambió el nombre para ser adoptados por personas relacionadas con el régimen franquista o fueron internados en instituciones estatales.
Defensa. José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia salió en defensa del trabajo de Garzón, ante las presiones de ARMH.
El juez subrayó que aunque "jurídicamente se podría discutir la iniciativa de Garzón", éste "prestó un gran servicio histórico a España".
Asimismo añadió que si Garzón no puede continuar la tarea "la seguirán los tribunales internacionales".
Martín Pallín defendió además que "la verdad tiene que salir por madurez democrática, no por vergüenza". Al tiempo que destacó que "hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones (durante la Guerra Civil) que deberían ser esclarecidas". "Los crímenes contra la humanidad no prescriben", sentenció el magistrado.
Una dura derrota para el juez más famoso de España
Madrid A
Baltasar Garzón, de 53 años, se lo podría definir como "el juez más famoso de España". Su vasta y pública carrera le posibilitó ganarse este lugar.
El magistrado, entre otras cosas, fue decisivo en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En 2002 suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara su legalización aplicando la Ley de Partidos. Algunos lo consideran el primero que disparó fuerte contra el terrorismo islamita ya que en 2003 dictó una orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. El día de la matanza del 11-M, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia.
También comenzó con el caso Augusto Pinochet, en julio de 1996. En un principio el juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renunció a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia. Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa lo guió en el caso sobre los crímenes del franquismo, quizá su mayor derrota.
el país de madrid
El País Digital. Uruguay.
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La renuncia de Garzón desespera a las víctimas del franquismo
Perfil.com -
Sienten gran indignación por la renuncia del juez a investigar los crímenes del franquismo. Los sectores conservadores ya dictaron sentencia.
Por Jorge Vogelsanger (dpa) 20.11.2008 08:21 ç
"Baltasar Garzón es el juez con más cojones de la Audiencia Nacional y para habernos hecho esto tuvo que estar sometido a presiones horrorosas". La frase es de Jesús Gutiérrez, uno de los miles de españoles cuya familia fue víctima de la represión franquista. Y muchos otros confiaban en este magistrado para recuperar los restos de sus seres queridos, que todavía hoy, 33 años después de la dictadura, yacen en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Para Gutiérrez y los demás resulta muy dolorosa la sorpresiva decisión de Garzón de renunciar a investigar el paradero de decenas de miles de desaparecidos y de encausar los crímenes de lesa humanidad que atribuye a las fuerzas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).
"Más que decepcionado, estoy indignado", dijo hoy a dpa Gutiérrez, quien trata de recuperar los cuerpos de sus cuatro tíos, fusilados por los franquistas en agosto de 1936 y enterrados junto con otros ocho hombres en una fosa común en La Serna del Monte, un pequeño pueblo serrano al norte de Madrid. La indignación de este mec nico electricista ya jubilado no se dirige contra el juez sino contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo recurso contra el procedimiento abierto por Garzón hace apenas un mes finalmente obligó a éste a dar marcha atr s, frustrando las esperanzas de los familiares. "No es digno que nos sigan robando a nuestros muertos y que no se me permita recuperar a mis tíos del monte", dice Jesús con exasperación. "Ya est bien de aguantar impertinencias después de tener que mantener la boca cerrada durante 40 años!", agrega. Como él, muchos no entienden cómo es posible que la Justicia española haya podido investigar los crímenes de dictaduras en Argentina, Chile o Guatemala pero que eso no sea posible en España.
"En ningún otro país del mundo son los propios familiares los que se encargan de resarcir el daño causado", denunció hoy a este respecto Santiago Macías, el vicepresidente del la Asociación para la Recuperación de las Memoria Histórica (ARMH), la principal impulsora del procedimiento que había abierto Garzón. Macías, que pide una mayor implicación del gobierno, criticó duramente la, a su juicio, mala aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado. Con ésta, denunció, España se puso al mismo nivel que Mozambique. "Los expertos internacionales que llegan aquí se echan las manos a la cabeza", dijo.
La sensación de las víctimas es de abandono, toda vez que el juez ya había ordenado la exhumación de 25 fosas comunes, entre ellas la de La Serna del Monte. Pero también esa iniciativa fue paralizada a instancias de la fiscalía y, tras la inhibición de Garzón, el asunto queda en manos de los respectivos juzgados provinciales, algo que las víctimas critican como arbitrario, ya que ahora dependen de la voluntad de un juez que quiz s sea contrario a todo este proceso. "Luego de haber estado tan cerca es como si nos hubieran quitado el caramelo de la boca", lamenta por ello Jesús Gutiérrez.
Por su parte, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo dijo no entender cómo, apenas un mes después de declararse competente en el caso, Garzón terminó "colocándose en la posición que defendía el fiscal". Además, consideró "inviable" que ahora se encarguen de todo ello los juzgados territoriales. Y en los sectores conservadores, la sentencia contra Garzón ya ha sido dictada.
El opositor Partido Popular (PP), contrario desde el comienzo a su iniciativa, manifestó que el tiempo finalmente les dio la razón. Para el diario "ABC", una vez que el magistrado "se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles". En la misma línea, el periódico "El Mundo" habla de una "truculenta garzonada" que empezó como "un puro disparate" y terminó tal cual.
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Garzón renuncia a investigar los crímenes del período franquista
Diario EL PAIS - Montevideo,Uruguay
España. Juez deja aperturas de fosas en manos de tribunales provinciales
MADRID DANIEL BELTRÁN ROHR, CORRESPONSAL Y AGENCIAS
El juez español Baltasar Garzón renunció ayer a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo, y dejó el caso en manos de tribunales provinciales, accediendo de esta manera al pedido de la Fiscalía.
El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, anunció el 16 de octubre que iniciaría una investigación para determinar la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura de Franco. Fue así que autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos asesinados en el proceso.
Pero Garzón decidió ayer enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, anunciaron ayer fuentes judiciales. En un documento de 152 páginas, el magistrado lamentó la disputa judicial que se generó sobre su competencia en la causa, que fue cuestionada en un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que desencadenó su renuncia.
La Fiscalía se opuso a la investigación, que sería la primera sobre esta etapa de la historia en España, alegando una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían todos los delitos ocurridos en esa época.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió se anule esa ley, por entender que está en contradicción con los tratados internacionales a los que España adhiere.
Presiones.
La decisión de Garzón "deja en evidencia la debilidad de la democracia española a la hora de afrontar la reparación a las víctimas del franquismo", señaló Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Además, "deja la pelota en el tejado del gobierno", que es contrario a una investigación judicial, al igual que la fiscalía, agregó.
Según la organización, la decisión de Garzón pudo deberse a "presiones políticas".
La ARMH, que agrupa a familiares de víctimas, exhuman los restos de sus parientes desde hace ocho años al margen de las acciones judiciales. Desde 2000 abrieron más de 170 fosas y exhumaron unos 4.000 cuerpos; poseen datos de que existen más de 400 fosas en toda España. Una de ellas, ubicada en la provincia de Granada, sería la que esconde los restos del poeta Federico García Lorca.
En la práctica, la decisión del juez divide el caso en pequeñas causas que irán a jueces diferentes. Además, aleja la posibilidad de que se pueda abrir un proceso judicial único para revisar lo ocurrido durante ese período de la historia española.
No obstante, Garzón defendió con vehemencia en el escrito los argumentos que lo llevaron a iniciar la investigación.
El magistrado aseguró que "las atrocidades" cometidas durante la guerra y la dictadura de Franco constituyen un delito de crímenes contra la humanidad por la desaparición sistemática de miles de opositores al régimen franquista.
"Ante unos hechos como los aquí valorados y, a todos estos efectos, no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política", señaló Garzón.
De hecho, Garzón eximió por causa de muerte a Franco y a otros 44 altos cargos de la Falange Española, el partido político en que se apoyó el dictador para respaldar el golpe.
Al mismo tiempo, el magistrado recordó que el hecho de que todavía existan víctimas vivas de aquellos años implica que también podría haber culpables. "La investigación presenta muchas dificultades de prueba por el tiempo transcurrido; es difícil que existan autores vivos. Pero no es válido para impedir que se investigue", aseguró Garzón, en su último intento para que el caso no muera con su renuncia.
El juez explicó que "una vez que se constata la extinción de la responsabilidad por fallecimiento (...), la competencia del Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desaparecen". Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de manera "urgente" de la apertura de las fosas.
El magistrado exhortó a "la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos (...) Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos como en el de los que están vivos", según el texto del auto.
Garzón también instó a investigar el paradero de los niños que en esa época fueron sustraídos de sus familias republicanas y a quienes se les cambió el nombre para ser adoptados por personas relacionadas con el régimen franquista o fueron internados en instituciones estatales.
Defensa. José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia salió en defensa del trabajo de Garzón, ante las presiones de ARMH.
El juez subrayó que aunque "jurídicamente se podría discutir la iniciativa de Garzón", éste "prestó un gran servicio histórico a España".
Asimismo añadió que si Garzón no puede continuar la tarea "la seguirán los tribunales internacionales".
Martín Pallín defendió además que "la verdad tiene que salir por madurez democrática, no por vergüenza". Al tiempo que destacó que "hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones (durante la Guerra Civil) que deberían ser esclarecidas". "Los crímenes contra la humanidad no prescriben", sentenció el magistrado.
Una dura derrota para el juez más famoso de España
Madrid A
Baltasar Garzón, de 53 años, se lo podría definir como "el juez más famoso de España". Su vasta y pública carrera le posibilitó ganarse este lugar.
El magistrado, entre otras cosas, fue decisivo en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En 2002 suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara su legalización aplicando la Ley de Partidos. Algunos lo consideran el primero que disparó fuerte contra el terrorismo islamita ya que en 2003 dictó una orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. El día de la matanza del 11-M, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia.
También comenzó con el caso Augusto Pinochet, en julio de 1996. En un principio el juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renunció a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia. Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa lo guió en el caso sobre los crímenes del franquismo, quizá su mayor derrota.
el país de madrid
El País Digital. Uruguay.
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La renuncia de Garzón desespera a las víctimas del franquismo
Perfil.com -
Sienten gran indignación por la renuncia del juez a investigar los crímenes del franquismo. Los sectores conservadores ya dictaron sentencia.
Por Jorge Vogelsanger (dpa) 20.11.2008 08:21 ç
"Baltasar Garzón es el juez con más cojones de la Audiencia Nacional y para habernos hecho esto tuvo que estar sometido a presiones horrorosas". La frase es de Jesús Gutiérrez, uno de los miles de españoles cuya familia fue víctima de la represión franquista. Y muchos otros confiaban en este magistrado para recuperar los restos de sus seres queridos, que todavía hoy, 33 años después de la dictadura, yacen en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Para Gutiérrez y los demás resulta muy dolorosa la sorpresiva decisión de Garzón de renunciar a investigar el paradero de decenas de miles de desaparecidos y de encausar los crímenes de lesa humanidad que atribuye a las fuerzas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).
"Más que decepcionado, estoy indignado", dijo hoy a dpa Gutiérrez, quien trata de recuperar los cuerpos de sus cuatro tíos, fusilados por los franquistas en agosto de 1936 y enterrados junto con otros ocho hombres en una fosa común en La Serna del Monte, un pequeño pueblo serrano al norte de Madrid. La indignación de este mec nico electricista ya jubilado no se dirige contra el juez sino contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo recurso contra el procedimiento abierto por Garzón hace apenas un mes finalmente obligó a éste a dar marcha atr s, frustrando las esperanzas de los familiares. "No es digno que nos sigan robando a nuestros muertos y que no se me permita recuperar a mis tíos del monte", dice Jesús con exasperación. "Ya est bien de aguantar impertinencias después de tener que mantener la boca cerrada durante 40 años!", agrega. Como él, muchos no entienden cómo es posible que la Justicia española haya podido investigar los crímenes de dictaduras en Argentina, Chile o Guatemala pero que eso no sea posible en España.
"En ningún otro país del mundo son los propios familiares los que se encargan de resarcir el daño causado", denunció hoy a este respecto Santiago Macías, el vicepresidente del la Asociación para la Recuperación de las Memoria Histórica (ARMH), la principal impulsora del procedimiento que había abierto Garzón. Macías, que pide una mayor implicación del gobierno, criticó duramente la, a su juicio, mala aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado. Con ésta, denunció, España se puso al mismo nivel que Mozambique. "Los expertos internacionales que llegan aquí se echan las manos a la cabeza", dijo.
La sensación de las víctimas es de abandono, toda vez que el juez ya había ordenado la exhumación de 25 fosas comunes, entre ellas la de La Serna del Monte. Pero también esa iniciativa fue paralizada a instancias de la fiscalía y, tras la inhibición de Garzón, el asunto queda en manos de los respectivos juzgados provinciales, algo que las víctimas critican como arbitrario, ya que ahora dependen de la voluntad de un juez que quiz s sea contrario a todo este proceso. "Luego de haber estado tan cerca es como si nos hubieran quitado el caramelo de la boca", lamenta por ello Jesús Gutiérrez.
Por su parte, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo dijo no entender cómo, apenas un mes después de declararse competente en el caso, Garzón terminó "colocándose en la posición que defendía el fiscal". Además, consideró "inviable" que ahora se encarguen de todo ello los juzgados territoriales. Y en los sectores conservadores, la sentencia contra Garzón ya ha sido dictada.
El opositor Partido Popular (PP), contrario desde el comienzo a su iniciativa, manifestó que el tiempo finalmente les dio la razón. Para el diario "ABC", una vez que el magistrado "se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles". En la misma línea, el periódico "El Mundo" habla de una "truculenta garzonada" que empezó como "un puro disparate" y terminó tal cual.
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Garzón amplía el número de Juzgados territoriales a los que remitirá la investigación sobre la Guerra Civil.
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Situados en provincias donde se han localizado fosas comunes
Garzón amplía el número de Juzgados territoriales a los que remitirá la investigación sobre la Guerra Civil
Noticias relacionadas
Memoria-ARMH dice que el juzgado 2 de Ponferrada (León) se ha negado a investigar sobre una fosa común en Magaz de Abajo (25/11/2008)
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ampliado el número de Juzgados Decanos y de Instrucción a los que remitirá la causa que abrió el pasado 16 de octubre para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, todos ellos situados en provincias donde se han localizado fosas comunes.
A través de un auto fechado el día 24 al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado explica que, dos días después de que dictara la inhibición de la causa a favor de estos Juzgados territoriales, recibió sendos escritos de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca y Valencia en los que se le solicitaban aclaraciones.
Las dos agrupaciones denunciantes, parte en la causa, indicaban al juez que no había incluido en la parte dispositiva en la que agregaba una relación de los Juzgados a los que iba a enviar el sumario, los correspondientes a Mallorca, Valencia y Alicante, a pesar de haber autorizado semanas antes labores de exhumaciones en las fosas localizadas en las localidades mallorquinas de Porreres, Calvia y las de Paterna (Valencia) y Orihuela (Alicante).
El magistrado indica ahora que a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no permite variar las resoluciones pronunciadas, sí autoriza a "aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan".
Así, Garzón amplía el listado de aquellos Juzgados en cuyas provincias se encuentran las fosas comunes --que deberán ahora asumir la causa-- e incluye las nuevas provincias.
Adjunta una nueva relación completa que afecta a dependencias judiciales de 26 provincias. En concreto los Juzgados de Instrucción implicados, pertenecen a La Coruña, Alicante Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Valencia, Zamora y Zaragoza. Además, remite la causa a los Juzgados de Instrucción Decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga, Manacor, Palma y Zaragoza.
Garzón enviará a estos Juzgados testimonio de esta resolución y de la causa en formato DVD o en papel.
FOSAS COMUNES EN 64 LOCALIDADES
El juez ofrece también en este auto aclaratorio un listado de las 64 localidades en las que se ubican fosas comunes o existe constancia de la existencia de restos de personas relacionadas con la investigación.
Los enterramientos se encuentran en Aranga (A Coruña); San Martín del Rey Aurelio (Asturias); Finca 'La Crespa' y Santa Amalia (Badajoz); Montes Rasineros (Castellón); el cementerio de Córdoba; Las Gabias, Viznar y Alfacar (Granada); La Palma del Condado, Niebla y Bonares y Calañas (Helva); Artieda (Huesca); Portomarin y Mondoñedo (Lugo).
También existen fosas comunes en Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Milagros, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos); La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil, Lago de Carucedo, Brañuelas, Friera, Rodanillo, San Juan de la Mata, Ocero, Sobrado, Algadefes, Fuentes Nuevas, Vilasumil, Toreno, Santa Lucía de Gordón, Busdongo, La Collada de Carmenes, Villaceid, Quintanilla de Combarros, Pombriego, Santalla, Fresnedo, San Pedro Mallo y Toral de Merayo (León).
Otros lugares donde Garzón autorizó la realización de exhumaciones son La Serena (Madrid); Valle de los Caídos (San Lorenzo del Escorial); Fuerte San Cristóbal (Navarra); Ventosa de Pisuerga y Villamedina (Palencia); Baiona-O Rosal, Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra); Robleda (Salamanca); Berlanga de Duero (Soria); Maire de Castroponce y Santa Marta de Tera (Zamora); Calatayud (Zaragoza); Porreres y Calvià (Mallorca).
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidieron ayer al juez que autorice la apertura de otras 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil.
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Garzón incluye a los juzgados de Valencia y Alicante en la causa del franquismo
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Situados en provincias donde se han localizado fosas comunes
Garzón amplía el número de Juzgados territoriales a los que remitirá la investigación sobre la Guerra Civil
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Memoria-ARMH dice que el juzgado 2 de Ponferrada (León) se ha negado a investigar sobre una fosa común en Magaz de Abajo (25/11/2008)
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ampliado el número de Juzgados Decanos y de Instrucción a los que remitirá la causa que abrió el pasado 16 de octubre para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, todos ellos situados en provincias donde se han localizado fosas comunes.
A través de un auto fechado el día 24 al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado explica que, dos días después de que dictara la inhibición de la causa a favor de estos Juzgados territoriales, recibió sendos escritos de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Mallorca y Valencia en los que se le solicitaban aclaraciones.
Las dos agrupaciones denunciantes, parte en la causa, indicaban al juez que no había incluido en la parte dispositiva en la que agregaba una relación de los Juzgados a los que iba a enviar el sumario, los correspondientes a Mallorca, Valencia y Alicante, a pesar de haber autorizado semanas antes labores de exhumaciones en las fosas localizadas en las localidades mallorquinas de Porreres, Calvia y las de Paterna (Valencia) y Orihuela (Alicante).
El magistrado indica ahora que a pesar de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no permite variar las resoluciones pronunciadas, sí autoriza a "aclarar algún concepto oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan".
Así, Garzón amplía el listado de aquellos Juzgados en cuyas provincias se encuentran las fosas comunes --que deberán ahora asumir la causa-- e incluye las nuevas provincias.
Adjunta una nueva relación completa que afecta a dependencias judiciales de 26 provincias. En concreto los Juzgados de Instrucción implicados, pertenecen a La Coruña, Alicante Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Valencia, Zamora y Zaragoza. Además, remite la causa a los Juzgados de Instrucción Decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga, Manacor, Palma y Zaragoza.
Garzón enviará a estos Juzgados testimonio de esta resolución y de la causa en formato DVD o en papel.
FOSAS COMUNES EN 64 LOCALIDADES
El juez ofrece también en este auto aclaratorio un listado de las 64 localidades en las que se ubican fosas comunes o existe constancia de la existencia de restos de personas relacionadas con la investigación.
Los enterramientos se encuentran en Aranga (A Coruña); San Martín del Rey Aurelio (Asturias); Finca 'La Crespa' y Santa Amalia (Badajoz); Montes Rasineros (Castellón); el cementerio de Córdoba; Las Gabias, Viznar y Alfacar (Granada); La Palma del Condado, Niebla y Bonares y Calañas (Helva); Artieda (Huesca); Portomarin y Mondoñedo (Lugo).
También existen fosas comunes en Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Milagros, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos); La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil, Lago de Carucedo, Brañuelas, Friera, Rodanillo, San Juan de la Mata, Ocero, Sobrado, Algadefes, Fuentes Nuevas, Vilasumil, Toreno, Santa Lucía de Gordón, Busdongo, La Collada de Carmenes, Villaceid, Quintanilla de Combarros, Pombriego, Santalla, Fresnedo, San Pedro Mallo y Toral de Merayo (León).
Otros lugares donde Garzón autorizó la realización de exhumaciones son La Serena (Madrid); Valle de los Caídos (San Lorenzo del Escorial); Fuerte San Cristóbal (Navarra); Ventosa de Pisuerga y Villamedina (Palencia); Baiona-O Rosal, Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra); Robleda (Salamanca); Berlanga de Duero (Soria); Maire de Castroponce y Santa Marta de Tera (Zamora); Calatayud (Zaragoza); Porreres y Calvià (Mallorca).
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidieron ayer al juez que autorice la apertura de otras 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil.
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Garzón incluye a los juzgados de Valencia y Alicante en la causa del franquismo
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Azaña quiere seguir enterrado en Francia
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Azaña quiere seguir enterrado en Francia
El historiador Santos Juliá defiende que los restos mortales del que fuera presidente de la II República permanezcan en Montauban porque "está documentado" que quería ser enterrado donde muriera.
EFE - Madrid - 27/11/2008 13:05
El historiador Santos Juliá, experto en la figura de Manuel Azaña, defiende que los restos mortales del que fuera presidente de la II República permanezcan en la localidad francesa de Montauban porque asegura que "está totalmente documentado" que él quería ser enterrado donde muriera.
Juliá hace esta consideración con motivo de la publicación de su libro Vida y tiempo de Manuel Azaña, obra elaborada tras haber conocido en los últimos años una serie de documentos inéditos del político de Alcalá de Henares.
"Que le dejen en paz en Montauban", subraya el historiador ante las voces que, en medio del debate sobre la exhumación de las fosas de la Guerra Civil se han mostrado favorables a que los restos del ex jefe del Estado sean trasladados a España.
Según Juliá, está totalmente documentado que Azaña quería permanecer en el sitio en el que muriera y confía en que España colabore con Francia en el mantenimiento de la tumba.
Más implicación de España
Aunque las autoridades francesas se encargan de ese cuidado considera que España debería implicarse más y no olvidar que se trata "de algo suyo, de un jefe de Estado que muere en el destierro".
Azaña recibió elogios tanto de Aznar como de Zapatero
Para el historiador, el que fuera presidente de la Segunda República tenía unas convicciones que permiten que se acerquen hasta ella personas tanto de izquierdas como de derechas, como queda de manifiesto en los elogios que le han dedicado a menudo dos jefes de Gobierno tan dispares como José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar.
El problema, a su juicio, es que en alguna ocasión se ha instrumentalizado su pensamiento al aplicarlo a la política actual, como cree que ha ocurrido al hacer referencia a veces a sus ideas sobre la nación.
"Azaña está en el centro izquierda reformador, y si la derecha bebe de esta fuente, estupendo, pero lo que no puede hacer es desviar el curso", añade.
El anticristo
El historiador cree que Azaña ha logrado un progresivo reconocimiento en la vida pública española después de que en la dictadura fuera el más vilipendiado de los republicanos y se le calificara de "el anticristo", el "antipatria" o "la encarnación de las plagas de Egipto".
A ello cree que ha ido contribuyendo el conocimiento paulatino de su obra, al mismo tiempo que opina que sus ideas y planteamientos en asuntos como la nación, el patriotismo, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el modelo territorial o las relaciones Iglesia-Estado son "plenamente actuales".
En cuanto a este último asunto y aunque asegura que Azaña respetaba a la Iglesia, Santos Juliá cree que fue "un error político" la prohibición de que las órdenes religiosas regentaran colegios, ya que eso generó un movimiento de oposición a la República.
Aunque defendería la apuesta de Zapatero por un Estado laico, Azaña no entendería nunca, según su biógrafo, que el Estado financiara a la Iglesia católica o a cualquier otra.
Actual Constitución
Juliá considera que los aspectos fundamentales del programa de Azaña están reflejados en la actual Constitución española y recalca que nunca fue un republicano doctrinario y, para él, lo sustancial era la democracia, más allá de que fuera bajo un régimen monárquico o republicano.
La democracia está antes que el modelo republicano
Al respecto, aclara que, para Azaña, la democracia está antes que el modelo republicano, y cuando identifica democracia y República es cuando la Monarquía se alía con la dictadura.
En su libro, editado por Taurus, Juliá se detiene especialmente en algunas épocas que no han sido muy estudiadas con anterioridad, principalmente desde su nacimiento hasta que es nombrado ministro de la Guerra.
A su juicio, en ese momento y en contra de lo que quería hacer ver él mismo en ocasiones, Azaña ya tenía un notable pasado político.
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Azaña quiere seguir enterrado en Francia
El historiador Santos Juliá defiende que los restos mortales del que fuera presidente de la II República permanezcan en Montauban porque "está documentado" que quería ser enterrado donde muriera.
EFE - Madrid - 27/11/2008 13:05
El historiador Santos Juliá, experto en la figura de Manuel Azaña, defiende que los restos mortales del que fuera presidente de la II República permanezcan en la localidad francesa de Montauban porque asegura que "está totalmente documentado" que él quería ser enterrado donde muriera.
Juliá hace esta consideración con motivo de la publicación de su libro Vida y tiempo de Manuel Azaña, obra elaborada tras haber conocido en los últimos años una serie de documentos inéditos del político de Alcalá de Henares.
"Que le dejen en paz en Montauban", subraya el historiador ante las voces que, en medio del debate sobre la exhumación de las fosas de la Guerra Civil se han mostrado favorables a que los restos del ex jefe del Estado sean trasladados a España.
Según Juliá, está totalmente documentado que Azaña quería permanecer en el sitio en el que muriera y confía en que España colabore con Francia en el mantenimiento de la tumba.
Más implicación de España
Aunque las autoridades francesas se encargan de ese cuidado considera que España debería implicarse más y no olvidar que se trata "de algo suyo, de un jefe de Estado que muere en el destierro".
Azaña recibió elogios tanto de Aznar como de Zapatero
Para el historiador, el que fuera presidente de la Segunda República tenía unas convicciones que permiten que se acerquen hasta ella personas tanto de izquierdas como de derechas, como queda de manifiesto en los elogios que le han dedicado a menudo dos jefes de Gobierno tan dispares como José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar.
El problema, a su juicio, es que en alguna ocasión se ha instrumentalizado su pensamiento al aplicarlo a la política actual, como cree que ha ocurrido al hacer referencia a veces a sus ideas sobre la nación.
"Azaña está en el centro izquierda reformador, y si la derecha bebe de esta fuente, estupendo, pero lo que no puede hacer es desviar el curso", añade.
El anticristo
El historiador cree que Azaña ha logrado un progresivo reconocimiento en la vida pública española después de que en la dictadura fuera el más vilipendiado de los republicanos y se le calificara de "el anticristo", el "antipatria" o "la encarnación de las plagas de Egipto".
A ello cree que ha ido contribuyendo el conocimiento paulatino de su obra, al mismo tiempo que opina que sus ideas y planteamientos en asuntos como la nación, el patriotismo, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, el modelo territorial o las relaciones Iglesia-Estado son "plenamente actuales".
En cuanto a este último asunto y aunque asegura que Azaña respetaba a la Iglesia, Santos Juliá cree que fue "un error político" la prohibición de que las órdenes religiosas regentaran colegios, ya que eso generó un movimiento de oposición a la República.
Aunque defendería la apuesta de Zapatero por un Estado laico, Azaña no entendería nunca, según su biógrafo, que el Estado financiara a la Iglesia católica o a cualquier otra.
Actual Constitución
Juliá considera que los aspectos fundamentales del programa de Azaña están reflejados en la actual Constitución española y recalca que nunca fue un republicano doctrinario y, para él, lo sustancial era la democracia, más allá de que fuera bajo un régimen monárquico o republicano.
La democracia está antes que el modelo republicano
Al respecto, aclara que, para Azaña, la democracia está antes que el modelo republicano, y cuando identifica democracia y República es cuando la Monarquía se alía con la dictadura.
En su libro, editado por Taurus, Juliá se detiene especialmente en algunas épocas que no han sido muy estudiadas con anterioridad, principalmente desde su nacimiento hasta que es nombrado ministro de la Guerra.
A su juicio, en ese momento y en contra de lo que quería hacer ver él mismo en ocasiones, Azaña ya tenía un notable pasado político.
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Comunicado de prensa de la PVDFF.
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C0MUNICADO DE PREMSA
Víctimas de Desapariciones Forzadas en España
El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas ONG –Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Valladolid y F. M. del País Valenciano, miembros de la Plataforma de Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han
reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.
La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se está viviendo en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se puedan aplicar al caso español.
Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión
( http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-delfranquismo/firma-el-manifiesto/ )
Para pasar página, primero hay que leerla
Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
-España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
-Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.
-De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria. El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
-No es posible que los Tribunales españoles –basándose en sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carezcan de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
-Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado
haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costes y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.
Adhesiones al Manifiesto:
Federico Andreu
Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Line Bareiro
Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Nicolas Boeglin
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.
Pilar Coll Torrente
Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú
Carlos Iván Degregori
Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
Elvira Domínguez-Redondo
Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London
Carmelo Faleh Pérez
Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gustavo Gallon
Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana
Ronald Gamarra
Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Soledad García Muñoz
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Roberto Garretón
Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet
José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Julieta Montaño Salvatierra
Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia
Hugo Omar Cañón
Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria
Jorge E. Pan
Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Víctor Manuel Rodríguez Rescia
Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Fabián Salvioli
Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, Buenos Aires
Pancho Soberón
Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú
Silke Studzinsky
Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Alirio Uribe Muñoz
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia
Hernando Valencia
Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Carlos Villán Durán
Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
Susana Villarán
Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José Zeitune
Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Perfecto Alonso Tejero
Abogado Colegio de Barcelona
Björn Arp
Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá
Nemesio Barxa Barxa
Abogado
Rafael Calderón Fochs
Abogado Colegio de Barcelona
José Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático de la Universidad de Jaén
José Luis Galán
Abogado. Colegio de Madrid
Felipe Gómez Isa
Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto
Francisco Jiménez Bautista
Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Eva Labarta i Ferrer
Abogada Colegio de Barcelona
Antoni Lucchetti
Abogado Colegio de Barcelona
Beatriz Monasterio
Abogada. Colegio de Madrid
Sergi Palmés Oranich
Abogado. Colegio de Barcelona
Enrique Santiago Romero
Abogado
Alicia Silvia Pifarré Pan
Abogada. Costa Rica
Pilar Rebaque Mas
Abogada. Colegio de Barcelona
Javier Roldán Barbero
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada
Lourdes Torres Prat
Abogada Colegio de Barcelona
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C0MUNICADO DE PREMSA
Víctimas de Desapariciones Forzadas en España
El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas ONG –Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Valladolid y F. M. del País Valenciano, miembros de la Plataforma de Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han
reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.
La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se está viviendo en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se puedan aplicar al caso español.
Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión
( http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-delfranquismo/firma-el-manifiesto/ )
Para pasar página, primero hay que leerla
Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
-España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
-Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.
-De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria. El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
-No es posible que los Tribunales españoles –basándose en sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carezcan de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
-Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado
haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costes y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.
Adhesiones al Manifiesto:
Federico Andreu
Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Line Bareiro
Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Nicolas Boeglin
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.
Pilar Coll Torrente
Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú
Carlos Iván Degregori
Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
Elvira Domínguez-Redondo
Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London
Carmelo Faleh Pérez
Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gustavo Gallon
Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana
Ronald Gamarra
Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Soledad García Muñoz
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Roberto Garretón
Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet
José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Julieta Montaño Salvatierra
Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia
Hugo Omar Cañón
Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria
Jorge E. Pan
Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Víctor Manuel Rodríguez Rescia
Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Fabián Salvioli
Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, Buenos Aires
Pancho Soberón
Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú
Silke Studzinsky
Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Alirio Uribe Muñoz
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia
Hernando Valencia
Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Carlos Villán Durán
Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
Susana Villarán
Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José Zeitune
Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Perfecto Alonso Tejero
Abogado Colegio de Barcelona
Björn Arp
Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá
Nemesio Barxa Barxa
Abogado
Rafael Calderón Fochs
Abogado Colegio de Barcelona
José Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático de la Universidad de Jaén
José Luis Galán
Abogado. Colegio de Madrid
Felipe Gómez Isa
Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto
Francisco Jiménez Bautista
Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Eva Labarta i Ferrer
Abogada Colegio de Barcelona
Antoni Lucchetti
Abogado Colegio de Barcelona
Beatriz Monasterio
Abogada. Colegio de Madrid
Sergi Palmés Oranich
Abogado. Colegio de Barcelona
Enrique Santiago Romero
Abogado
Alicia Silvia Pifarré Pan
Abogada. Costa Rica
Pilar Rebaque Mas
Abogada. Colegio de Barcelona
Javier Roldán Barbero
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada
Lourdes Torres Prat
Abogada Colegio de Barcelona
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Dinamarca, la amiga desconocida
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Dinamarca, la amiga desconocida
25.11.08 - JOSÉ HAVEL
Sólo un año, pero fue suficiente... Nos trataron como reyes... Cariño, todo el que quieras... Como nos recibió ese país no nos iba a recibir nadie... Cuando hablan de Dinamarca emociónome... Juegan la selección española y la danesa y lo mismo me da que gane una que gane otra, es mi segunda patria, te lo digo así...» Agradecimiento incondicional es el que, 71 años después, sienten algunos de los llamados 'niños de la guerra' hacia aquella Dinamarca que los acogió, en septiembre de 1937, pese a la oposición de Adolf Hitler. Poco o nada se sabía de ese episodio de nuestra historia, prácticamente inédito para los españoles. Por fortuna, el asturiano Iñaki Ibisate ha acudido en su rescate con 'Elogio al horizonte', una de las más gratas sorpresas del Festival.
No es casual que la película comience al pie del monumento de Eduardo Chillida que le presta título. La escultura plantea la pregunta de si no será el horizonte la verdadera patria del ser humano. El documental de Ibisate responde que, por ese mismo horizonte arriba, 122 niños cántabros, asturianos y vascos hallaron en la solidaridad del pueblo danés otra patria cuando la suya propia, España, ardía en el fuego de la Guerra Civil.
La profesora Josefina Ceballos, documentalista y narradora del filme, nos conduce por semejante aventura a partir de la experiencia particular de su madre, Pilar Herrero, que a su vez nos remite a la de sus otros compañeros de viaje. Emociona oír cómo hoy cuentan a la cámara sus recuerdos de aquel éxodo. Pero más aún emociona verlos tal como eran entonces, con el dolorido desconcierto de quienes dejan atrás familia y hogar huyendo del horror, no sólo en el testimonio congelado de viejas fotografías, sino en movimiento.
Y es el que el gobierno danés filmó su viaje hasta Dinamarca, vía Francia. Registrados quedaron la larga travesía en barco y tren, el apoteósico recibimiento y la confortable estancia. El trabajo de Ibisate es también el descubrimiento de esa película testimonial hallada en el Museo del Obrero de Copenhague, sorprendentemente bien conservada y con imágenes de remarcable belleza.
De poco sirve, sin embargo, conocer nuestra Historia si no aprendemos de ella, nos recuerda este elegante, lírico y muy entretenido 'Elogio al horizonte': «apenas tres de cada cien personas lograron asilo político en España el año pasado».
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Dinamarca, la amiga desconocida
25.11.08 - JOSÉ HAVEL
Sólo un año, pero fue suficiente... Nos trataron como reyes... Cariño, todo el que quieras... Como nos recibió ese país no nos iba a recibir nadie... Cuando hablan de Dinamarca emociónome... Juegan la selección española y la danesa y lo mismo me da que gane una que gane otra, es mi segunda patria, te lo digo así...» Agradecimiento incondicional es el que, 71 años después, sienten algunos de los llamados 'niños de la guerra' hacia aquella Dinamarca que los acogió, en septiembre de 1937, pese a la oposición de Adolf Hitler. Poco o nada se sabía de ese episodio de nuestra historia, prácticamente inédito para los españoles. Por fortuna, el asturiano Iñaki Ibisate ha acudido en su rescate con 'Elogio al horizonte', una de las más gratas sorpresas del Festival.
No es casual que la película comience al pie del monumento de Eduardo Chillida que le presta título. La escultura plantea la pregunta de si no será el horizonte la verdadera patria del ser humano. El documental de Ibisate responde que, por ese mismo horizonte arriba, 122 niños cántabros, asturianos y vascos hallaron en la solidaridad del pueblo danés otra patria cuando la suya propia, España, ardía en el fuego de la Guerra Civil.
La profesora Josefina Ceballos, documentalista y narradora del filme, nos conduce por semejante aventura a partir de la experiencia particular de su madre, Pilar Herrero, que a su vez nos remite a la de sus otros compañeros de viaje. Emociona oír cómo hoy cuentan a la cámara sus recuerdos de aquel éxodo. Pero más aún emociona verlos tal como eran entonces, con el dolorido desconcierto de quienes dejan atrás familia y hogar huyendo del horror, no sólo en el testimonio congelado de viejas fotografías, sino en movimiento.
Y es el que el gobierno danés filmó su viaje hasta Dinamarca, vía Francia. Registrados quedaron la larga travesía en barco y tren, el apoteósico recibimiento y la confortable estancia. El trabajo de Ibisate es también el descubrimiento de esa película testimonial hallada en el Museo del Obrero de Copenhague, sorprendentemente bien conservada y con imágenes de remarcable belleza.
De poco sirve, sin embargo, conocer nuestra Historia si no aprendemos de ella, nos recuerda este elegante, lírico y muy entretenido 'Elogio al horizonte': «apenas tres de cada cien personas lograron asilo político en España el año pasado».
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Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las víctimas de Franco
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Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las ...
Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las víctimas de Franco
Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet
EL PAÍS - Madrid - 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (http://www.mjusticia.es/ ) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
Requisitos para obtener la declaración
IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
MÁS DE 100 FOSAS EN EL JUZGADO
La memoria llega a Suiza
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.
Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados. En caso de fallecimiento de éstos, sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado. Si no tuvieran familiares, las instituciones públicas en las que los afectados hubieran desempeñado un cargo relevante.
- Documentos. Los solicitantes deben acreditar la identidad del afectado (o de su parentesco con él). En caso de que la solicitud sea formulada por una institución, ésta debe presentar su identificación y la representación del solicitante, entre otras cosas. Además, en todos los casos deben presentarse documentos que acrediten los hechos alegados.
- Efectos. La declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ni da lugar a indemnizaciones.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el reconocimiento del Estado
EcoDiario.es 8:19 - 27/11/2008
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los familiares de las víctimas del franquismo recibirán antes de que finalice el año las primeras declaraciones de reparación y reconomiento personal según queda establecido en la Ley de Memoria Histórica. No obstante, este documento no da derecho a indemnizaciones ni depura responsabilidades.
Hasta el momento el Gobierno ha recibido168 solicitudes de aquellos que padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa". Este reconocimiento es el que queda recogido en el artículo 4 de la Ley de Memoria y que contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura sufrieron algún tipo de violencia.
No obstante, el documento también aclara que el reconocimiento no supone responsabilidad patrimonial alguna del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través de www.mjusticia.es se puede acceder tanto a la documentación como comprobar cuáles son los requisitos marcados para obtener el documento de reconocimiento de víctima del Franquismo.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
ecodiario -
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Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las ...
Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las víctimas de Franco
Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet
EL PAÍS - Madrid - 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (http://www.mjusticia.es/ ) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
Requisitos para obtener la declaración
IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
MÁS DE 100 FOSAS EN EL JUZGADO
La memoria llega a Suiza
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.
Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados. En caso de fallecimiento de éstos, sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado. Si no tuvieran familiares, las instituciones públicas en las que los afectados hubieran desempeñado un cargo relevante.
- Documentos. Los solicitantes deben acreditar la identidad del afectado (o de su parentesco con él). En caso de que la solicitud sea formulada por una institución, ésta debe presentar su identificación y la representación del solicitante, entre otras cosas. Además, en todos los casos deben presentarse documentos que acrediten los hechos alegados.
- Efectos. La declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ni da lugar a indemnizaciones.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el reconocimiento del Estado
EcoDiario.es 8:19 - 27/11/2008
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los familiares de las víctimas del franquismo recibirán antes de que finalice el año las primeras declaraciones de reparación y reconomiento personal según queda establecido en la Ley de Memoria Histórica. No obstante, este documento no da derecho a indemnizaciones ni depura responsabilidades.
Hasta el momento el Gobierno ha recibido168 solicitudes de aquellos que padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa". Este reconocimiento es el que queda recogido en el artículo 4 de la Ley de Memoria y que contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura sufrieron algún tipo de violencia.
No obstante, el documento también aclara que el reconocimiento no supone responsabilidad patrimonial alguna del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través de www.mjusticia.es se puede acceder tanto a la documentación como comprobar cuáles son los requisitos marcados para obtener el documento de reconocimiento de víctima del Franquismo.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
ecodiario -
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IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
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IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
F. G. - Madrid - 27/11/2008
El portavoz en el Congreso de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, dio ayer por "roto" el compromiso que su formación e Izquierda Unida (IU) mantenían con el Gobierno y que permitió hace un año sacar adelante la Ley de Memoria Histórica.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
En opinión de estas dos formaciones, que apoyaron la norma pese a considerarla insuficiente, la postura del Ejecutivo ha abierto "la puerta a la impunidad hacia la dictadura de Franco y cualquier otra dictadura y convierte a España en uno de los países más desmemoriados del mundo respecto a los crímenes que sufrió en el pasado".
"Existe decepción por una respuesta insuficiente, rácana y en algunos casos hirientes por parte del Gobierno", señaló Herrera después de que José Luis Rodríguez Zapatero trazara en el pleno del Congreso de los Diputados una fina raya en las actuaciones sobre la llamada memoria histórica: ayuda a las víctimas, pero ninguna actuación contra los responsables del franquismo.
"Cada vez se recuerda y se homenajea más a las víctimas y se olvida más al dictador. Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país", aseguró el presidente a preguntas de Herrera.
"Perplejidad y decepción"
Según el razonamiento de Zapatero, en una parte de esa fina línea está la Ley de Memoria Histórica para ayudar a las víctimas, y en otra, la iniciativa de la que se ha inhibido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que, inicialmente, se dirigía contra los dirigentes del franquismo. Para lo primero comprometió el desarrollo reglamentario de la norma.
La respuesta provocó el reproche del portavoz de ICV, que aseguró que entre las víctimas de la represión franquista hay "perplejidad, frustración y decepción". Su acusación se refiere a la actuación de la fiscalía contra el proceso abierto por Garzón y a la supuesta pasividad del Gobierno ante las peticiones de retirar los símbolos del franquismo.
"Es claramente hiriente que la semana pasada se hacía misa en memoria del dictador en el Valle de los Caídos y usted decía que todo lo que esté en el olvido más profundo de la sociedad española era un buen dato", le espetó al presidente Joan Herrera.
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Zapatero echa tierra a la crispación
Diario de Cádiz -
El Ejecutivo admite que el desarrollo de la ley de la Memoria ...
La Rioja -
Memoria.- IU e ICV dan por roto su compromiso con el Gobierno ...
Europa Press -
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IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
F. G. - Madrid - 27/11/2008
El portavoz en el Congreso de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, dio ayer por "roto" el compromiso que su formación e Izquierda Unida (IU) mantenían con el Gobierno y que permitió hace un año sacar adelante la Ley de Memoria Histórica.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
En opinión de estas dos formaciones, que apoyaron la norma pese a considerarla insuficiente, la postura del Ejecutivo ha abierto "la puerta a la impunidad hacia la dictadura de Franco y cualquier otra dictadura y convierte a España en uno de los países más desmemoriados del mundo respecto a los crímenes que sufrió en el pasado".
"Existe decepción por una respuesta insuficiente, rácana y en algunos casos hirientes por parte del Gobierno", señaló Herrera después de que José Luis Rodríguez Zapatero trazara en el pleno del Congreso de los Diputados una fina raya en las actuaciones sobre la llamada memoria histórica: ayuda a las víctimas, pero ninguna actuación contra los responsables del franquismo.
"Cada vez se recuerda y se homenajea más a las víctimas y se olvida más al dictador. Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país", aseguró el presidente a preguntas de Herrera.
"Perplejidad y decepción"
Según el razonamiento de Zapatero, en una parte de esa fina línea está la Ley de Memoria Histórica para ayudar a las víctimas, y en otra, la iniciativa de la que se ha inhibido el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que, inicialmente, se dirigía contra los dirigentes del franquismo. Para lo primero comprometió el desarrollo reglamentario de la norma.
La respuesta provocó el reproche del portavoz de ICV, que aseguró que entre las víctimas de la represión franquista hay "perplejidad, frustración y decepción". Su acusación se refiere a la actuación de la fiscalía contra el proceso abierto por Garzón y a la supuesta pasividad del Gobierno ante las peticiones de retirar los símbolos del franquismo.
"Es claramente hiriente que la semana pasada se hacía misa en memoria del dictador en el Valle de los Caídos y usted decía que todo lo que esté en el olvido más profundo de la sociedad española era un buen dato", le espetó al presidente Joan Herrera.
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Zapatero echa tierra a la crispación
Diario de Cádiz -
El Ejecutivo admite que el desarrollo de la ley de la Memoria ...
La Rioja -
Memoria.- IU e ICV dan por roto su compromiso con el Gobierno ...
Europa Press -
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La Asociación de la Memoria Histórica pide abrir tres fosas en Frechilla, Villamediana y Ventosa
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La Asociación de la Memoria Histórica pide abrir tres fosas en ...
PALENCIA
La Asociación de la Memoria Histórica pide abrir tres fosas en Frechilla, Villamediana y Ventosa
La coordinadora solicita al juez Garzón que autorice la identificación o el inicio de los trabajos en 52 lugares de España
27.11.08 - EL NORTE PALENCIA
La coordinadora de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que autorice la apertura de 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil que se ubican en varias provincias españolas, entre ellas Palencia.
El abogado de este colectivo, Fernando Magán, explicó que las nuevas peticiones se refieren a la identificación de fosas o al inicio y la continuación de los trabajos en Palencia, Granada, Salamanca, León, Badajoz, Castellón, Asturias, Soria, Huelva, Zamora, Zaragoza, Huesca, Pontevedra, La Coruña, Lugo y Burgos.
En Palencia, la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se refiere al inicio de los trabajos en Frechilla (para la exhumación de los restos de 16 vecinos de Paredes de Nava) y Villamediana (donde se supone están los restos de 17 vecinos de Dueñas), y a su continuación en una fosa en Ventosa de Pisuerga (donde se cree que puede haber más restos de vecinos de Barruelo y de Vallejo de Orbó).
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado exhumaciones en fosas comunes de 25 lugares de España, aunque la Sala de lo Penal ordenó posteriormente la paralización cautelar de los trabajos hasta resolver el incidente de competencia contra Garzón presentado por la Fiscalía.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó ayer hasta mañana el debate sobre todos los recursos que se encuentran pendientes en relación con la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón, incluido el incidente de competencia contra el magistrado que promovió la Fiscalía. Los 18 magistrados que forman este órgano únicamente comenzaron a debatir el recurso de súplica y la petición de la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente.
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La Asociación de la Memoria Histórica pide abrir tres fosas en ...
PALENCIA
La Asociación de la Memoria Histórica pide abrir tres fosas en Frechilla, Villamediana y Ventosa
La coordinadora solicita al juez Garzón que autorice la identificación o el inicio de los trabajos en 52 lugares de España
27.11.08 - EL NORTE PALENCIA
La coordinadora de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que autorice la apertura de 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil que se ubican en varias provincias españolas, entre ellas Palencia.
El abogado de este colectivo, Fernando Magán, explicó que las nuevas peticiones se refieren a la identificación de fosas o al inicio y la continuación de los trabajos en Palencia, Granada, Salamanca, León, Badajoz, Castellón, Asturias, Soria, Huelva, Zamora, Zaragoza, Huesca, Pontevedra, La Coruña, Lugo y Burgos.
En Palencia, la petición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica se refiere al inicio de los trabajos en Frechilla (para la exhumación de los restos de 16 vecinos de Paredes de Nava) y Villamediana (donde se supone están los restos de 17 vecinos de Dueñas), y a su continuación en una fosa en Ventosa de Pisuerga (donde se cree que puede haber más restos de vecinos de Barruelo y de Vallejo de Orbó).
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado exhumaciones en fosas comunes de 25 lugares de España, aunque la Sala de lo Penal ordenó posteriormente la paralización cautelar de los trabajos hasta resolver el incidente de competencia contra Garzón presentado por la Fiscalía.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó ayer hasta mañana el debate sobre todos los recursos que se encuentran pendientes en relación con la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón, incluido el incidente de competencia contra el magistrado que promovió la Fiscalía. Los 18 magistrados que forman este órgano únicamente comenzaron a debatir el recurso de súplica y la petición de la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente.
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El Fòrum pide ayuda al Colegio de Abogados de Madrid por la paralización de las exhumaciones.
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El Fòrum pide ayuda al Colegio de Abogados de Madrid por la paralización de las exhumaciones
Levante-EMV, Valencia
La abogada del Fòrum per la Memòria de la Comunitat Valenciana Amalia Alejandre ha solicitado amparo al Colegio de Abogados de Madrid ante lo que considera una situación "de indefensión" frente a la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de paralizar de forma cautelar las exhumaciones de las fosas comunes.
Según explica la letrada en un escrito, la indefensión viene provocada por el hecho de que las asociaciones de Recuperación de la Memoria personadas en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo no son parte en el incidente de competencia que instó la Fiscalía ante el pleno de la Sala de lo Penal. La abogada apunta que el hecho de no tener representación en este procedimiento le ha impedido haber sido oída. Por ello, añade, la Sala de lo Penal tomó la decisión de ordenar la paralización sin que su asociación "tuviera oportunidad de contradicción".
La letrada considera que este hecho vulnera la Constitución, que recoge en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El escrito pide además al Colegio de Abogados de Madrid que alguno de sus representantes "se entreviste con el presidente de la Audiencia Nacional y con el Presidente de la Sala de lo Penal, a fin de solucionar esta situación".Por otro lado, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidieron ayer al juez Baltasar Garzón que autorice la apertura de 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil que están situadas en 17 provincias españolas, entre ellas Castelló.
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El Fòrum pide ayuda al Colegio de Abogados de Madrid por la paralización de las exhumaciones
Levante-EMV, Valencia
La abogada del Fòrum per la Memòria de la Comunitat Valenciana Amalia Alejandre ha solicitado amparo al Colegio de Abogados de Madrid ante lo que considera una situación "de indefensión" frente a la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de paralizar de forma cautelar las exhumaciones de las fosas comunes.
Según explica la letrada en un escrito, la indefensión viene provocada por el hecho de que las asociaciones de Recuperación de la Memoria personadas en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo no son parte en el incidente de competencia que instó la Fiscalía ante el pleno de la Sala de lo Penal. La abogada apunta que el hecho de no tener representación en este procedimiento le ha impedido haber sido oída. Por ello, añade, la Sala de lo Penal tomó la decisión de ordenar la paralización sin que su asociación "tuviera oportunidad de contradicción".
La letrada considera que este hecho vulnera la Constitución, que recoge en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El escrito pide además al Colegio de Abogados de Madrid que alguno de sus representantes "se entreviste con el presidente de la Audiencia Nacional y con el Presidente de la Sala de lo Penal, a fin de solucionar esta situación".Por otro lado, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidieron ayer al juez Baltasar Garzón que autorice la apertura de 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil que están situadas en 17 provincias españolas, entre ellas Castelló.
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miércoles 26 de noviembre de 2008
El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado por el Fiscal.
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El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado ...
El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado por el Fiscal
El juez Baltasar Garzón presentó ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su informe en respuesta al incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza cuando el magistrado se declaró competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. En ese informe, según fuentes jurídicas, Garzón tiene que defender la decisión de declararse competente para investigar estos hechos y que adoptó el pasado 16 de octubre; pero también debe justificar la que acordó un mes después, el pasado día 18, y que fue inhibirse en favor de los juzgados territoriales tras certificar que todos los altos cargos del régimen franquista estaban muertos. Según han informado fuentes jurídicas, este informe, de unos díez folios, podría ser estudiado en la reunión convocada para mañana por el Pleno de la Sala de lo Penal.
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El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado ...
El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado por el Fiscal
El juez Baltasar Garzón presentó ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su informe en respuesta al incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza cuando el magistrado se declaró competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. En ese informe, según fuentes jurídicas, Garzón tiene que defender la decisión de declararse competente para investigar estos hechos y que adoptó el pasado 16 de octubre; pero también debe justificar la que acordó un mes después, el pasado día 18, y que fue inhibirse en favor de los juzgados territoriales tras certificar que todos los altos cargos del régimen franquista estaban muertos. Según han informado fuentes jurídicas, este informe, de unos díez folios, podría ser estudiado en la reunión convocada para mañana por el Pleno de la Sala de lo Penal.
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Las víctimas exigen a Justicia que anule los juicios de Franco
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Las víctimas exigen a Justicia que anule los juicios de Franco
El Ministerio ofrece desde ayer la declaración de reparación a las víctimas del franquismo
DIEGO BARCALA - MADRID - 26/11/2008 22:35
La máxima reparación que el Gobierno ofrece a las víctimas de la violencia franquista será una declaración oficial que les reconozca su limpieza moral y su memoria. Desde ayer, los afectados podrán solicitarlo a través de la página web del Ministerio de Justicia. El documento hace una especial mención a la "carencia de vigencia de las condenas" de los tribunales franquistas.
Sin embargo, los familiares de algunos de los condenados a muerte tras juicios plagados de irregularidades quieren que el reconocimiento vaya más allá y, directamente, se anulen esas causas.
"Cuando se anulen los juicios sumarísimos como el que condenó a mi padre, se habrán cerrado las heridas", reclama Coral Pellicer, hija y sobrina de fusilados. Pellicer (Valencia, 1937) se quedó huérfana en 1940, apenas un año después del fin de la guerra en la que su padre luchó en la Columna de Hierro del frente en Teruel. Un tribunal militar de los vencedores buscó todo tipo de tretas para condenar a muerte a su padre, José Pellicer, militante anarquista, por rebelión. "Los juicios eran una farsa y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo prevarican al no aceptar su anulación", declara hoy su hija.
"Los juicios eran una farsa y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo prevarican al no aceptar su anulación"
Pellicer solicitó en marzo del año pasado la revisión de la condena de su padre ante el Tribunal Supremo. El recurso fue rechazado por tres argumentos: la Constitución -citada en el recurso- no tiene carácter retroactivo, no existen datos nuevos que justifiquen una revisión y la justicia que le condenó era la vigente.
El Ministerio ofrece ahora la alternativa a las anulaciones que tanto el Supremo como el Constitucional se niegan a conceder. Los beneficiarios son aquellos que acrediten documentación que demuestre que "sufrieron persecuciones o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura". Los reconocimientos pueden ser solicitados por las víctimas vivas o los familiares y la compensación, en ningún caso, tiene un carácter retributivo.
Otras medidas
El departamento de Mariano Fernández Bermejo puso en funcionamiento también ayer una herramienta para facilitar la investigación del franquismo a los historiadores. Los científicos podrán solicitar a través de la web las defunciones de los registros civiles para consultar los fallecidos relacionados con la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la Transición.
Las declaraciones de la reparación y la apertura de la información de los registros son dos compromisos de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007. Además, Justicia ha puesto a disposición de las víctimas los reconocimientos a los voluntarios de las Brigadas Internacionales y las solicitudes de nacionalidad para los nietos de exiliados.
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Las víctimas exigen a Justicia que anule los juicios de Franco
El Ministerio ofrece desde ayer la declaración de reparación a las víctimas del franquismo
DIEGO BARCALA - MADRID - 26/11/2008 22:35
La máxima reparación que el Gobierno ofrece a las víctimas de la violencia franquista será una declaración oficial que les reconozca su limpieza moral y su memoria. Desde ayer, los afectados podrán solicitarlo a través de la página web del Ministerio de Justicia. El documento hace una especial mención a la "carencia de vigencia de las condenas" de los tribunales franquistas.
Sin embargo, los familiares de algunos de los condenados a muerte tras juicios plagados de irregularidades quieren que el reconocimiento vaya más allá y, directamente, se anulen esas causas.
"Cuando se anulen los juicios sumarísimos como el que condenó a mi padre, se habrán cerrado las heridas", reclama Coral Pellicer, hija y sobrina de fusilados. Pellicer (Valencia, 1937) se quedó huérfana en 1940, apenas un año después del fin de la guerra en la que su padre luchó en la Columna de Hierro del frente en Teruel. Un tribunal militar de los vencedores buscó todo tipo de tretas para condenar a muerte a su padre, José Pellicer, militante anarquista, por rebelión. "Los juicios eran una farsa y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo prevarican al no aceptar su anulación", declara hoy su hija.
"Los juicios eran una farsa y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo prevarican al no aceptar su anulación"
Pellicer solicitó en marzo del año pasado la revisión de la condena de su padre ante el Tribunal Supremo. El recurso fue rechazado por tres argumentos: la Constitución -citada en el recurso- no tiene carácter retroactivo, no existen datos nuevos que justifiquen una revisión y la justicia que le condenó era la vigente.
El Ministerio ofrece ahora la alternativa a las anulaciones que tanto el Supremo como el Constitucional se niegan a conceder. Los beneficiarios son aquellos que acrediten documentación que demuestre que "sufrieron persecuciones o violencia por razones políticas, ideológicas o religiosas durante la Guerra Civil y la Dictadura". Los reconocimientos pueden ser solicitados por las víctimas vivas o los familiares y la compensación, en ningún caso, tiene un carácter retributivo.
Otras medidas
El departamento de Mariano Fernández Bermejo puso en funcionamiento también ayer una herramienta para facilitar la investigación del franquismo a los historiadores. Los científicos podrán solicitar a través de la web las defunciones de los registros civiles para consultar los fallecidos relacionados con la Guerra Civil, el franquismo, el exilio y la Transición.
Las declaraciones de la reparación y la apertura de la información de los registros son dos compromisos de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en diciembre de 2007. Además, Justicia ha puesto a disposición de las víctimas los reconocimientos a los voluntarios de las Brigadas Internacionales y las solicitudes de nacionalidad para los nietos de exiliados.
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Zapatero pide a Rouco equidad y respeto a las exhumaciones.
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Zapatero pide a la Iglesia que respete todas las memorias
PP y ERC chocan por la Ley de Amnistía y se acusan de pasado antidemocrático
L. R. A. / C. E. C. - Madrid - 26/11/2008
José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó ayer la Ley de Memoria Histórica de su Gobierno. Lo hizo para responder al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, que la había descalificado al sostener que había generado "preocupación" en la sociedad y reclamar la necesidad del "olvido". Zapatero recordó que la Iglesia ha canonizado a 977 de las víctimas católicas de la Guerra Civil y ha abierto otros 500 procesos. "Si todos los ciudadanos han respetado que la Iglesia Católica haya hecho un número muy importante de canonizaciones de mártires, ¿por qué no debemos respetar, en ese espíritu de reconciliación, que familiares de víctimas de la Guerra Civil puedan saber dónde están enterrados sus seres queridos y puedan obtener la satisfacción de ese reconocimiento?", concluyó Zapatero.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Mientras, en el Congreso, el tono subió con este asunto cuando dos partidos, PP y ERC, se tiraron su historia a la cabeza.
Son los dos únicos grupos que, por motivos contrarios, se opusieron a la ley, los dos extremos. "¿Conciben que en el Parlamento alemán pudiera existir una sala dedicada a un jerarca nazi? Evidentemente, no. Aquí, en este Parlamento, existe una sala dedicada a un ministro franquista corresponsable de muertes y ejecuciones", abrió Joan Tardà, de ERC, mirando directamente a la bancada popular mientras se refería a su presidente fundador, Manuel Fraga.
La proposición que defendía Tardà proponía reformar la ley, exigir al Rey, como jefe del Estado, que pida perdón a todas las víctimas y derogar la Ley de Amnistía de 1977 que ha servido para que los tribunales rechacen el proceso abierto por el juez Garzón.
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz, muy vinculado a las posiciones de la Conferencia Episcopal y responsable de la iniciativa para honrar a sor Maravillas, respondió airado: "¿La II República, modelo de democracia? El 11 de mayo ya estaban quemando conventos, expulsando a los jesuitas y, algo tan actual como lo que ocurre ahora, estaban retirando crucifijos. El jefe de la oposición, Calvo Sotelo, fue asesinado por la policía del Estado. ¿Y si era un modelo, señor Tardà, por qué ustedes el 6 de octubre de 1934 hicieron un golpe de Estado revolucionario contra la II República? ¿Y Andreu Nin? ¿Dónde está? No lo mató Franco". La proposición de ERC fue rechazada.
El choque Tardà (ERC)-Jorge Fernández (PP)
- Tardà: "En 1975, Franco mandó fusilar a cinco antifranquistas. Ante las protestas, el régimen convocó una manifestación. Allí, en el balcón, al lado del dictador, estaba Juan Carlos de Borbón".
- Fernández: "¿Pedir perdón a Marruecos? Estat Català y Acció Catalana felicitaron a Abd el Krim cuando masacró a 8.000 españoles en Annual. Son ustedes dignos herederos de ellos. El preceptor de Hassan II en 1958 bombardeó el Rif con napalm".
- Tardà: "Excluyen a Puig Antich mientras torturadores como Melitón Manzanas reciben honores de la democracia".
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Zapatero pide a Rouco equidad y respeto a las exhumaciones
Diario de Cádiz -
Zapatero pide a la Iglesia respeto para las exhumaciones de ...
Xornal -
Zapatero exige a la Iglesia respeto a sus decisiones políticas
El Universal (Venezuela) -
Zapatero pide a la Iglesia el mismo respeto para exhumaciones que ...
Diario de Mallorca -
Zapatero pide a Rouco Varela reciprocidad con las víctimas
La Opinión de Tenerife -
El Gobierno exige a Rouco igual respeto a todas las víctimas del 36
La Vanguardia -
Zapatero pide a la Iglesia católica que respete a las víctimas del ...
Diario Vasco -
Memoria histórica. zapatero pide a la iglesia que respete la ...
elEconomista.es - 25
Zapatero exige respeto a Rouco para las exhumaciones
El Diario Montañés - 25 Nov 2008
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Zapatero pide a la Iglesia que respete todas las memorias
PP y ERC chocan por la Ley de Amnistía y se acusan de pasado antidemocrático
L. R. A. / C. E. C. - Madrid - 26/11/2008
José Luis Rodríguez Zapatero reivindicó ayer la Ley de Memoria Histórica de su Gobierno. Lo hizo para responder al presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, que la había descalificado al sostener que había generado "preocupación" en la sociedad y reclamar la necesidad del "olvido". Zapatero recordó que la Iglesia ha canonizado a 977 de las víctimas católicas de la Guerra Civil y ha abierto otros 500 procesos. "Si todos los ciudadanos han respetado que la Iglesia Católica haya hecho un número muy importante de canonizaciones de mártires, ¿por qué no debemos respetar, en ese espíritu de reconciliación, que familiares de víctimas de la Guerra Civil puedan saber dónde están enterrados sus seres queridos y puedan obtener la satisfacción de ese reconocimiento?", concluyó Zapatero.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Mientras, en el Congreso, el tono subió con este asunto cuando dos partidos, PP y ERC, se tiraron su historia a la cabeza.
Son los dos únicos grupos que, por motivos contrarios, se opusieron a la ley, los dos extremos. "¿Conciben que en el Parlamento alemán pudiera existir una sala dedicada a un jerarca nazi? Evidentemente, no. Aquí, en este Parlamento, existe una sala dedicada a un ministro franquista corresponsable de muertes y ejecuciones", abrió Joan Tardà, de ERC, mirando directamente a la bancada popular mientras se refería a su presidente fundador, Manuel Fraga.
La proposición que defendía Tardà proponía reformar la ley, exigir al Rey, como jefe del Estado, que pida perdón a todas las víctimas y derogar la Ley de Amnistía de 1977 que ha servido para que los tribunales rechacen el proceso abierto por el juez Garzón.
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz, muy vinculado a las posiciones de la Conferencia Episcopal y responsable de la iniciativa para honrar a sor Maravillas, respondió airado: "¿La II República, modelo de democracia? El 11 de mayo ya estaban quemando conventos, expulsando a los jesuitas y, algo tan actual como lo que ocurre ahora, estaban retirando crucifijos. El jefe de la oposición, Calvo Sotelo, fue asesinado por la policía del Estado. ¿Y si era un modelo, señor Tardà, por qué ustedes el 6 de octubre de 1934 hicieron un golpe de Estado revolucionario contra la II República? ¿Y Andreu Nin? ¿Dónde está? No lo mató Franco". La proposición de ERC fue rechazada.
El choque Tardà (ERC)-Jorge Fernández (PP)
- Tardà: "En 1975, Franco mandó fusilar a cinco antifranquistas. Ante las protestas, el régimen convocó una manifestación. Allí, en el balcón, al lado del dictador, estaba Juan Carlos de Borbón".
- Fernández: "¿Pedir perdón a Marruecos? Estat Català y Acció Catalana felicitaron a Abd el Krim cuando masacró a 8.000 españoles en Annual. Son ustedes dignos herederos de ellos. El preceptor de Hassan II en 1958 bombardeó el Rif con napalm".
- Tardà: "Excluyen a Puig Antich mientras torturadores como Melitón Manzanas reciben honores de la democracia".
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Zapatero pide a Rouco equidad y respeto a las exhumaciones
Diario de Cádiz -
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Xornal -
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El Universal (Venezuela) -
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La Opinión de Tenerife -
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La Vanguardia -
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Diario Vasco -
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Zapatero exige respeto a Rouco para las exhumaciones
El Diario Montañés - 25 Nov 2008
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Los niños de Guernica
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Los niños de Guernica
Los 120 niños que partieron hacia Dinamarca tras el bombardeo de Guernica en 1937, protagonizan un documental que se estrena en el festival de cine de Gijón, y que laSextaNoticias adelanta en primicia.
laSextaNoticias
Las historias de cualquier guerra dejan tras de sí cifras estremecedoras, que invitan a mirar hacia otro lado y distraer la mente con otras historias, menos hirientes para la sensibilidad. ¿Qué habrá sido, por ejemplo, de los 30 mil niños perdidos del franquismo? ¿Y de los otros muchos niños de los que nadie ha hablado? Hablemos de los 120 pequeños que dejaron el norte de España y se embarcaron en un “viaje forzoso” hacia Dinamarca, para escapar de la Guerra Civil. Son los “niños de Guernica”, los protagonistas de un documental que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Gijón, y que laSextaNoticias ha adelantado en primicia.
El 26 de abril de 1937 tuvo lugar el ataque aéreo perpetrado sobre la localidad de Guernica, a manos de la “Legión Cóndor” alemana y la “Saboia” italiana, que combatían junto al llamado “bando nacional”. Con la ciudad reducida a escombros, familias y empresas privadas decidieron que tenían que mandar a los más pequeños lejos de allí. Lejos de una ciudad destrozada y de un país dividido por la guerra.
120 pequeños, ataviados con abrigos y maletas hacían cola para subir a un tren que les llevaría hasta Dinamarca, pasando antes por Francia. Los rostros de tristezas por abandonar a la familia y por el miedo a lo desconocido antes de subir, dieron paso a tímidas sonrisas una vez habían ocupado su lugar.
Contaban con personas que vigilaban la expedición, los cuidaban, les aseaban y les daban de comer. Pese a eso, muchos de estos pequeños no pensaban más que en mirar a través de la ventanilla del vagón, viendo cuántas cosas quedaban atrás en el camino. Tras un año lejos, se produjo la vuelta a España. Volvieron peinados, con trajes y corbatas, y una sonrisa permanente en sus caras.
Hoy, 71 años después, rememoran aquel viaje y se sonríen al reconocerse en las imágenes de un documental, que renuncia a olvidar esas historias que otros prefieren enterrar en el pasado.
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Los niños de Guernica
Los 120 niños que partieron hacia Dinamarca tras el bombardeo de Guernica en 1937, protagonizan un documental que se estrena en el festival de cine de Gijón, y que laSextaNoticias adelanta en primicia.
laSextaNoticias
Las historias de cualquier guerra dejan tras de sí cifras estremecedoras, que invitan a mirar hacia otro lado y distraer la mente con otras historias, menos hirientes para la sensibilidad. ¿Qué habrá sido, por ejemplo, de los 30 mil niños perdidos del franquismo? ¿Y de los otros muchos niños de los que nadie ha hablado? Hablemos de los 120 pequeños que dejaron el norte de España y se embarcaron en un “viaje forzoso” hacia Dinamarca, para escapar de la Guerra Civil. Son los “niños de Guernica”, los protagonistas de un documental que se estrena en el Festival Internacional de Cine de Gijón, y que laSextaNoticias ha adelantado en primicia.
El 26 de abril de 1937 tuvo lugar el ataque aéreo perpetrado sobre la localidad de Guernica, a manos de la “Legión Cóndor” alemana y la “Saboia” italiana, que combatían junto al llamado “bando nacional”. Con la ciudad reducida a escombros, familias y empresas privadas decidieron que tenían que mandar a los más pequeños lejos de allí. Lejos de una ciudad destrozada y de un país dividido por la guerra.
120 pequeños, ataviados con abrigos y maletas hacían cola para subir a un tren que les llevaría hasta Dinamarca, pasando antes por Francia. Los rostros de tristezas por abandonar a la familia y por el miedo a lo desconocido antes de subir, dieron paso a tímidas sonrisas una vez habían ocupado su lugar.
Contaban con personas que vigilaban la expedición, los cuidaban, les aseaban y les daban de comer. Pese a eso, muchos de estos pequeños no pensaban más que en mirar a través de la ventanilla del vagón, viendo cuántas cosas quedaban atrás en el camino. Tras un año lejos, se produjo la vuelta a España. Volvieron peinados, con trajes y corbatas, y una sonrisa permanente en sus caras.
Hoy, 71 años después, rememoran aquel viaje y se sonríen al reconocerse en las imágenes de un documental, que renuncia a olvidar esas historias que otros prefieren enterrar en el pasado.
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El Congreso mantiene la confianza en la ley de la Memoria Histórica
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El Congreso mantiene la confianza en la ley de la Memoria Histórica
El Pleno del Congreso rechaza las reformas propuestas por ERC, que insiste en que es insuficiente porque no reconoce los derechos de todos los represaliados y no anula las sentencias de los tribunales de excepción
Efe, Madrid Actualizado 25.11.2008 - 22:03
El Pleno del Congreso mantiene su confianza en la Ley de la Memoria Histórica, que se aprobó a finales de 2007, tras rechazar hoy, con los apoyos de socialistas y populares, la toma en consideración de las reformas propuestas por ERC, que supondrían en la práctica derogar el texto actual.
A la espera de la votación final, la toma en consideración de la proposición de ley redactada por los republicanos catalanes sólo ha contado con el apoyo del PNV y de los minoritarios BNG y NaBai, integrados en el Grupo Mixto, mientras que CiU ha optado por abstenerse. La defensa que ha hecho el diputado de ERC Joan Tardá de su iniciativa ha comenzado con duras críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por pretender "dar carpetazo" a las aspiraciones de la Memoria. En su opinión, la ley actual no es suficiente porque no reconoce los derechos de todos los represaliados, "obvia" la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad, no anula las sentencias dictadas por los tribunales de excepción y "ni siquiera" retira los símbolos y distinciones otorgados a destacados franquistas.
Tardá ha puesto especial énfasis en que durante la dictadura, entre 1939 y 1947, se fusiló a una media de diez personas diarias, "el mayor genocidio de las dictaduras del siglo XX en épocas de paz", ha dicho, y "ustedes (el Gobierno), coincidiendo con el extremista Rouco Varela nos piden que olvidemos por no abrir heridas". "No se puede pasar página sin antes haberla leído", ha subrayado el diputado de ERC, quien ha señalado que la revisión del pasado dictatorial en Alemania o Francia, con el régimen colaboracionista de Vichy, no ha generado "venganzas".
En una aplaudida respuesta en la bancada popular, el diputado Jorge Fernández Díaz le ha reprochado que ERC no estuviera en el consenso constitucional "y treinta años después siguen sin estarlo". Tampoco le ha parecido en absoluto razonable que se pretenda un recuerdo expreso de la II República como precursora de la monarquía actual y le ha parecido "tan absurdo" decir que es un modelo de respeto a los derechos humanos "cuando quemaban conventos y expulsaban a los jesuitas".
Esto le ha servido para enlazar con la controversia generada por la sentencia de un juez de Valladolid de obligar a retirar los símbolos religiosos de un colegio público y ha señalado que es "algo tan actual como ahora que ya están retirando crucifijos". El parlamentario del PP también ha repartido críticas contra el Gobierno por causar una polémica en torno a una iniciativa que cree innecesaria porque "no hacía falta una ley" para garantizar el derecho de las familias de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a conocer su paradero.
Ese derecho "nunca lo hemos cuestionado" y hubiera bastado "con una norma reglamentaria", ha explicado. En el turno de CiU, Jordi Xuclá ha cuestionado la necesidad de que la recuperación de la memoria haya tenido que hacerse a través de una ley, que se articula treinta años después de aprobarse la Constitución y 33 desde la muerte de Franco, según ha apuntado, Xuclá ha destacado "la lentitud" en el desarrollo reglamentario de la ley, que, por otro lado, creó "grandes expectativas pero también grandes fracasos".
Los socialistas, a través de su diputado Daniel Fernández, han defendido la ley tal como fue aprobada -con los votos en contra del PP y ERC- y ha hecho hincapié en que algunos de los aspectos previstos ya están reglamentados.
En concreto, se ha referido al procedimiento para obtener el reconocimiento de las personas perseguidas por motivos ideológicos o religiosos, que los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española sin renunciar a la suya y al pago de indemnizaciones a los fallecidos por su actividad durante la transición en defensa de la democracia.
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ERC pide homenajear a la República y el PP recuerda la quema de ...
ABC.es -
Memoria.- El PSOE rechaza retocar la ley y replica a Rouco que ...
Europa Press - 25 Nov 2008
Tardá: "El Rey tiene que pedir perdón por jurar los principios del ...
Libertad Digital -
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El Congreso mantiene la confianza en la ley de la Memoria Histórica
El Pleno del Congreso rechaza las reformas propuestas por ERC, que insiste en que es insuficiente porque no reconoce los derechos de todos los represaliados y no anula las sentencias de los tribunales de excepción
Efe, Madrid Actualizado 25.11.2008 - 22:03
El Pleno del Congreso mantiene su confianza en la Ley de la Memoria Histórica, que se aprobó a finales de 2007, tras rechazar hoy, con los apoyos de socialistas y populares, la toma en consideración de las reformas propuestas por ERC, que supondrían en la práctica derogar el texto actual.
A la espera de la votación final, la toma en consideración de la proposición de ley redactada por los republicanos catalanes sólo ha contado con el apoyo del PNV y de los minoritarios BNG y NaBai, integrados en el Grupo Mixto, mientras que CiU ha optado por abstenerse. La defensa que ha hecho el diputado de ERC Joan Tardá de su iniciativa ha comenzado con duras críticas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por pretender "dar carpetazo" a las aspiraciones de la Memoria. En su opinión, la ley actual no es suficiente porque no reconoce los derechos de todos los represaliados, "obvia" la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad, no anula las sentencias dictadas por los tribunales de excepción y "ni siquiera" retira los símbolos y distinciones otorgados a destacados franquistas.
Tardá ha puesto especial énfasis en que durante la dictadura, entre 1939 y 1947, se fusiló a una media de diez personas diarias, "el mayor genocidio de las dictaduras del siglo XX en épocas de paz", ha dicho, y "ustedes (el Gobierno), coincidiendo con el extremista Rouco Varela nos piden que olvidemos por no abrir heridas". "No se puede pasar página sin antes haberla leído", ha subrayado el diputado de ERC, quien ha señalado que la revisión del pasado dictatorial en Alemania o Francia, con el régimen colaboracionista de Vichy, no ha generado "venganzas".
En una aplaudida respuesta en la bancada popular, el diputado Jorge Fernández Díaz le ha reprochado que ERC no estuviera en el consenso constitucional "y treinta años después siguen sin estarlo". Tampoco le ha parecido en absoluto razonable que se pretenda un recuerdo expreso de la II República como precursora de la monarquía actual y le ha parecido "tan absurdo" decir que es un modelo de respeto a los derechos humanos "cuando quemaban conventos y expulsaban a los jesuitas".
Esto le ha servido para enlazar con la controversia generada por la sentencia de un juez de Valladolid de obligar a retirar los símbolos religiosos de un colegio público y ha señalado que es "algo tan actual como ahora que ya están retirando crucifijos". El parlamentario del PP también ha repartido críticas contra el Gobierno por causar una polémica en torno a una iniciativa que cree innecesaria porque "no hacía falta una ley" para garantizar el derecho de las familias de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a conocer su paradero.
Ese derecho "nunca lo hemos cuestionado" y hubiera bastado "con una norma reglamentaria", ha explicado. En el turno de CiU, Jordi Xuclá ha cuestionado la necesidad de que la recuperación de la memoria haya tenido que hacerse a través de una ley, que se articula treinta años después de aprobarse la Constitución y 33 desde la muerte de Franco, según ha apuntado, Xuclá ha destacado "la lentitud" en el desarrollo reglamentario de la ley, que, por otro lado, creó "grandes expectativas pero también grandes fracasos".
Los socialistas, a través de su diputado Daniel Fernández, han defendido la ley tal como fue aprobada -con los votos en contra del PP y ERC- y ha hecho hincapié en que algunos de los aspectos previstos ya están reglamentados.
En concreto, se ha referido al procedimiento para obtener el reconocimiento de las personas perseguidas por motivos ideológicos o religiosos, que los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española sin renunciar a la suya y al pago de indemnizaciones a los fallecidos por su actividad durante la transición en defensa de la democracia.
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ERC pide homenajear a la República y el PP recuerda la quema de ...
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Europa Press - 25 Nov 2008
Tardá: "El Rey tiene que pedir perdón por jurar los principios del ...
Libertad Digital -
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Memoria histórica. las víctimas de la guerra civil pueden solicitar ya las reparaciones legales por internet
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Memoria histórica. las víctimas de la guerra civil pueden ...
Memoria histórica. las víctimas de la guerra civil pueden solicitar ya las reparaciones legales por internet
15:32 - 26/11/2008
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Justicia ha abierto la vía "on line" para solicitar la Declaración de reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, un derecho recogido en la Ley de Memoria Histórica.
A través de un enlace habilitado en la página web del Ministerio, dedicado a la Ley de Memoria Histórica, el interesado puede realizar desde ayer su solicitud de forma telemática acreditando su identidad a través de un certificado digital o el DNI electrónico.
Posteriormente, el solicitante deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición, la documentación acreditativa de los hechos, las certificaciones y las resoluciones alegadas.
En el caso de que el interesado no sea el mismo afectado, tendrá que adjuntar además la documentación acreditativa del parentesco entre ambos y remitirla, junto con lo anterior, al Registro General del Ministerio de Justicia.
Este procedimiento electrónico, que no excluye la modalidad presencial, garantiza, según Justicia, el máximo respeto a la protección de datos de carácter personal.
Esta declaración, aprobada como real decreto por el Consejo de Ministros el pasado 31 de octubre, constituye un reconocimiento del derecho individual de reparación moral y de recuperación de la memoria personal y familiar a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, entre otras.
Pueden solicitarla los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, los cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado, así como las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
(SERVIMEDIA) 26-NOV-2008 MSC/caa
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Este procedimiento electrónico, que no excluye la modalidad ...
webmurcia.com
La solicitud de reparación de los perseguidos se puede tramitar en ...
El Confidencial
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Memoria histórica. las víctimas de la guerra civil pueden solicitar ya las reparaciones legales por internet
15:32 - 26/11/2008
MADRID, 26 (SERVIMEDIA)
El Ministerio de Justicia ha abierto la vía "on line" para solicitar la Declaración de reparación y reconocimiento personal de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, un derecho recogido en la Ley de Memoria Histórica.
A través de un enlace habilitado en la página web del Ministerio, dedicado a la Ley de Memoria Histórica, el interesado puede realizar desde ayer su solicitud de forma telemática acreditando su identidad a través de un certificado digital o el DNI electrónico.
Posteriormente, el solicitante deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición, la documentación acreditativa de los hechos, las certificaciones y las resoluciones alegadas.
En el caso de que el interesado no sea el mismo afectado, tendrá que adjuntar además la documentación acreditativa del parentesco entre ambos y remitirla, junto con lo anterior, al Registro General del Ministerio de Justicia.
Este procedimiento electrónico, que no excluye la modalidad presencial, garantiza, según Justicia, el máximo respeto a la protección de datos de carácter personal.
Esta declaración, aprobada como real decreto por el Consejo de Ministros el pasado 31 de octubre, constituye un reconocimiento del derecho individual de reparación moral y de recuperación de la memoria personal y familiar a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, entre otras.
Pueden solicitarla los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, los cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado, así como las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
(SERVIMEDIA) 26-NOV-2008 MSC/caa
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Este procedimiento electrónico, que no excluye la modalidad ...
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El Confidencial
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El Concello facilitará la localización de cadáveres de las fosas comunes
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El Concello facilitará la localización de cadáveres de las fosas ...
El Concello facilitará la localización de cadáveres de las fosas comunes
Ofrecerá información del archivo municipal para indagar sobre los que fueron enterrados en Boisaca
El PSOE presentará una moción en el pleno para contribuir a recuperar los restos de personas desaparecidas
Autor: Marga Mosteiro
25/11/2008
El grupo municipal socialista pedirá el apoyo de las demás formaciones políticas en el pleno del próximo jueves para la aprobación, por unanimidad, de una moción encaminada a sentar las bases en la ciudad para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, aprobada a finales del pasado año. La portavoz municipal, Marta Álvarez-Santullano, explicó que el Concello se compromete a dos cuestiones fundamentales en la moción. Por un lado, a facilitar la localización de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior de las que ignora su paradero; y, por otro, a tomar las medidas necesarias para la retirada de los símbolos y monumentos públicos de exaltación de la contienda civil.
Álvarez-Santullano indicó que en el cementerio de Boisaca hay una fosa común, situada al fondo a la derecha, y una zona de enterramientos civiles, al fondo a la izquierda. También hay una placa en la entrada del camposanto en recuerdo de las personas que fueron fusiladas en el muro de cementerio. La concejala indicó que, con la aprobación de la moción, el Concello se comprometería a facilitar a los descendientes de las víctimas, las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y en años posteriores.
La intención es trabajar en el archivo municipal, guardado en la Universidad de Santiago, con el fin de localizar nombres y lugares donde pudieran haber sido enterradas las víctimas de las que se tenga constancia en los archivos municipales. Con esta información, el Concello pretende elaborar mapas en los que consten los terrenos en los que se localicen los restos de las personas que puedan aparecer en los archivos, con el fin de que los familiares que lo deseen puedan recuperar los restos. Las víctimas que no sean reclamadas serán inhumados en el cementerio municipal.
Símbolos
Por otro lado, el grupo socialista también se compromete a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación, de la Guerra Civil y de la Dictadura, excepto las que sean de recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas. La concejala indicó que se elaborará un censo de las piezas con el fin de poder iniciar su retirada.
Asimismo, el Ayuntamiento retirará las subvenciones o ayudas concedidas a los propietarios privados, que no retiren los objetos de exaltación de la Guerra Civil, de la represión posterior y de la Dictadura.
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El Concello facilitará la localización de cadáveres de las fosas ...
El Concello facilitará la localización de cadáveres de las fosas comunes
Ofrecerá información del archivo municipal para indagar sobre los que fueron enterrados en Boisaca
El PSOE presentará una moción en el pleno para contribuir a recuperar los restos de personas desaparecidas
Autor: Marga Mosteiro
25/11/2008
El grupo municipal socialista pedirá el apoyo de las demás formaciones políticas en el pleno del próximo jueves para la aprobación, por unanimidad, de una moción encaminada a sentar las bases en la ciudad para que se cumpla la Ley de Memoria Histórica, aprobada a finales del pasado año. La portavoz municipal, Marta Álvarez-Santullano, explicó que el Concello se compromete a dos cuestiones fundamentales en la moción. Por un lado, a facilitar la localización de las víctimas de la Guerra Civil y de la represión posterior de las que ignora su paradero; y, por otro, a tomar las medidas necesarias para la retirada de los símbolos y monumentos públicos de exaltación de la contienda civil.
Álvarez-Santullano indicó que en el cementerio de Boisaca hay una fosa común, situada al fondo a la derecha, y una zona de enterramientos civiles, al fondo a la izquierda. También hay una placa en la entrada del camposanto en recuerdo de las personas que fueron fusiladas en el muro de cementerio. La concejala indicó que, con la aprobación de la moción, el Concello se comprometería a facilitar a los descendientes de las víctimas, las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil y en años posteriores.
La intención es trabajar en el archivo municipal, guardado en la Universidad de Santiago, con el fin de localizar nombres y lugares donde pudieran haber sido enterradas las víctimas de las que se tenga constancia en los archivos municipales. Con esta información, el Concello pretende elaborar mapas en los que consten los terrenos en los que se localicen los restos de las personas que puedan aparecer en los archivos, con el fin de que los familiares que lo deseen puedan recuperar los restos. Las víctimas que no sean reclamadas serán inhumados en el cementerio municipal.
Símbolos
Por otro lado, el grupo socialista también se compromete a tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación, de la Guerra Civil y de la Dictadura, excepto las que sean de recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas. La concejala indicó que se elaborará un censo de las piezas con el fin de poder iniciar su retirada.
Asimismo, el Ayuntamiento retirará las subvenciones o ayudas concedidas a los propietarios privados, que no retiren los objetos de exaltación de la Guerra Civil, de la represión posterior y de la Dictadura.
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Los vestigios vivos de la dictadura
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Memoria histórica Inventario de los símbolos franquistas de la capital malagueña Los vestigios vivos de la dictadura
De 1937 a 1975 se ejecutaron 23 proyectos urbanísticos que conservan hoy símbolos del régimen · Aún quedan otros iconos
J. A. Navarro Arias / Málaga Actualizado 24.11.2008 - 01:00
El edil e historiador Sergio Brenes, con libros del franquismo.
"Hay que sembrar el terror (...). Hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros". El autor de esta afirmación, el general Mola, uno de los líderes de la sublevación militar de 1936 que, tras su fracaso, dio origen a la Guerra Civil Española, tiene una calle en Málaga, concretamente paralela a Martínez Maldonado y perpendicular a Eugenio Gross. ¿Sus méritos? Propiciar la ideología y movimiento político y social conocido como franquismo.
El edil e historiador Sergio Brenes, con libros del franquismo.
"Hay que sembrar el terror (...). Hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros". El autor de esta afirmación, el general Mola, uno de los líderes de la sublevación militar de 1936 que, tras su fracaso, dio origen a la Guerra Civil Española, tiene una calle en Málaga, concretamente paralela a Martínez Maldonado y perpendicular a Eugenio Gross. ¿Sus méritos? Propiciar la ideología y movimiento político y social conocido como franquismo.
Con una democracia plenamente consolida, hoy Málaga sigue plagada de iconos del régimen dictatorial que marcó la etapa más sangrienta de la historia reciente de España, como el caso de la calle del general Mola. Cuando éstos ya parecían haber caído en el ostracismo y se veía normal que determinados edificios, uno de los casos más comunes, luzcan el yugo y la flecha franquista en sus fachadas, la Ley de Memoria Histórica los han devuelto nuevamente a la palestra. Este texto legal reconoce y amplía derechos y establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Málaga aún no cuenta con un inventario oficial de los vestigios que viven de la dictadura, aunque un Pleno municipal celebrado en noviembre del pasado año aprobó (con la abstención del PP) crear una comisión que se encargara de coordinar, entre otros, este cometido. Un año después, como denuncian los dos partidos de la oposición (PSOE e IU), este equipo de trabajo todavía no se ha reunido ni una sola vez aunque su presidente, el concejal de Cultura, Miguel Briones, afirma que lo hará antes de diciembre.
Seguro que cualquier malagueño podría enumerar de memoria al menos una decena de iconos que recuerdan la dictadura del golpista Francisco Franco Bahamonde, pero oficialmente no se sabe cuántos perviven, ni por dónde se reparten. El edil socialista Sergio Brenes, que en la vida real es historiador, tal y como él mismo explica, trabaja desde hace años en un estudio precisamente sobre los iconos del franquismo que perduran en Málaga. La investigación está "prácticamente terminada", pero su autor espera las primeras consecuencias de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica para que la obra no nazca descontextualizada y, sobre todo, a la puesta en marcha de la citada comisión municipal, para hacerla participe en el trabajo.
El historiador explica que de 1937 a 1975, etapa que duró el régimen dictatorial en España, se construyeron en la capital un total de 23 proyectos urbanísticos que hoy todavía conservan símbolos franquistas. Éstos se reparten principalmente por los distritos de Carretera de Cádiz y Cruz de Humilladero, donde se concentran la mayor parte de las barriadas de nueva creación de la segunda mitad del pasado siglo XX. También hay algunos casos en Gamarra, El Palo y Palma-Palmilla. "Mención especial merece el caso de Olías, un barrio muy pequeño donde prácticamente no se ha eliminado ningún símbolo", añade Brenes.Más allá de los iconos que lucen las viviendas construida en la época, muchos edificios oficiales también tienen restos franquistas. "Los arquitectos franquistas actuaron principalmente en el entorno de la Alcazaba; así como entre el Paseo de la Farola y el Muelle de Heredia", arguye el historiador.
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Las Asociaciones de la Memoria Histórica pedirán la apertura de dos fosas comunes en Valdecaballeros y en Villamesías
La inhibición de Garzón. Rogelio Diz.
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La inhibición de Garzón
ROGELIO DIZ Analista Político
Miércoles, 26 de noviembre de 2008
Quizás mucha gente se haya sentido defraudada con esta resolución del Juez Garzón al inhibirse en la causa presentada contra el franquismo, y dejarlo todo en manos de los jueces territoriales. Sin embargo sigo opinando que con independencia de su recorrido jurídico, gracias al Juez Garzón la Memoria Histórica a tenido tal relevancia que se esta volviendo imparable.
Quien podía pensar tan solo hace diez años atrás, cuando tan solo unos cuantos nos atrevíamos a reivindicar la reparación de las victimas, la anulación de los juicios, la exhumación de fosas o simplemente intentar poner voz a la memoria de nuestros ancestros contra la deformada idea que de ellos se tenia debido a cuarenta años de la palabra de los vencedores. Y que sin embargo difícil era la tarea, cuando a pesar de la transición pocos espacios encontrabas para hacerlo publico, pocos micrófonos donde expresarte fuera de tu localidad, y pocos también los foros que se dieran a la tarea de debatirlos.
Pues bien, a partir del auto del Juez Garzón promovido por varias Asociaciones, hasta su inhibición, nunca se había hablado, debatido, pronunciado, tanto en los medios de comunicación escrita, de radio y de televisión, a nivel nacional como internacional de este tema durante un poco más de un mes, que en todos los 33 años de la transición, o si se quiere durante los 18 años de gobierno socialista, ya que en los de UCD y PP seria imposible solo el pensarlo.
La misma Ley de la Memoria Histórica, que cuando fue por fin aprobada, creo que no la reconocía ni siquiera el mismo Partido socialista, tan ajustada ella, tan limitada y tan…tímida, por decirlo de alguna manera, que nadie le hacia caso y mucho menos se trataba de aplicar, tanto así, que una alcaldesa de una ciudad pedía 25000 firmas de sus conciudadanos para considerar si se debería retirar los símbolos del franquismo, para ver si una Ley de obligado cumplimiento debe aplicarse o no, y como nadie se dio a la tarea de hacerlo, pues viene a ser que no, creo que no hace falta decir a que partido pertenece esta Edil.
Muchos se preguntan él porqué no se conocía hasta ahora el secuestro de 30.000 niños arrancados de los brazos de sus madres republicanas condenadas a muerte, y es que esa información fue entregada al Juez por la diferentes asociaciones y esta publicada en por lo menos dos libros. Situación además bastante común entre las dictaduras de la derecha contemporánea como se presentaron tanto en la Argentina de Videla como en Chile de Pinochet. Ya que el sueño de estos ególatras del poder, es la continuación de su impuesta estela basada en el adoctrinamiento desde la niñez en su causal de pensamiento único, y que mejor manera de conseguirlo que arrebatárselos al enemigo e implantarlos en el seno de familias de las que consideran “gente bien” para que de ahí salgan los nuevos lideres que la patria necesita.
La duda que me queda sobre la causa de los crímenes de lesa humanidad promovida por Garzón, en la que se declara competente para señalar responsabilidades en las desapariciones forzosas ocurridas desde 1936 hasta 1952 donde señala a 35 responsables todos ellos muertos, y es por eso que pide sus actas de defunción para eximirlos penalmente y cerrar su proceso, algo que causo gracia y a la vez denoto la ignorancia de algunos lideres de la derecha como Soraya Sáenz de Santamaría o Doña Esperanza Aguirre, quienes soltaron algunos chistes fáciles sobre el Juez Garzón, al que atribuían no haberse enterado del fallecimiento de Franco.
Lo que no me queda claro es porqué la causa no se abrió durante todo el tiempo que duro da dictadura, ósea de 1936 hasta 1977, ya que todos sabemos que en ese lapso de tiempo trascurrido entre 1952 a 1977 continuaron efectuándose ejecuciones, bastante más de un centenar y que además dentro de los responsables políticos en esos gobiernos, más de una docena aun se encuentran vivos, entre ellos Manuel Fraga Iribarne fundador de AP (Alianza Popular) reconvertida en la actualidad en el PP (Partido Popular) y a quien se le atribuyen la firma en la sentencia de muerte de Julián Grimau y responsable de las ordenanzas en los crimenes de Victoria y Montejurra.
Mas todos claman ahora sobre la Ley de Amnistía de 1977, la cual fue aprobada por el 98 % del Congreso, lo raro seria que no hubiese sido del 100%, seguramente algunas señorías estarían en el baño a causa de la incontinencia que producían el ruido de sables del exterior. Había que calmar a la fiera de ese entonces, y que mejor manera que una Ley de borrón y cuenta nueva, para que los golpistas vencedores y sus acólitos pasearan su impunidad por el foro. Es por estas cosas que la Ley de la Memoria Histórica es comparable a la supuesta aconfesionalidad del Estado, pues siempre es el ciudadano el que tiene que hacer la denuncia, las gestiones, salvar los obstáculos para que le hagan valer sus derechos, y mientras el gobierno solo habla y observa pero sin hacer nada.
La Iglesia mientras tanto en voz de Monseñor Rouco Varela, vuelve a tomar partido y utilizar su doble vara de medir, pidiéndonos que debemos olvidar y no fomentar odios ni escarbar heridas al mismo tiempo que beatifican a miles de mártires de la cruzada en la Guerra Civil, los mismos que están enterrados en cementerios, que fueron sus familias reparadas y que cada dos por tres los glorifican, mientras tanto los nuestros a seguir olvidados en las cunetas ¡Olè, sus santos cojones!
Amnistía Internacional denuncia que España, un país que ha impulsado numerosas investigaciones de “crímenes contra la humanidad” en otros países (Todas ellas por parte del Juez Garzón), no puede oponerse a cumplir con las obligaciones de investigar los suyos y dejar de ser “La excepción mundial llamada España”.
Al parecer el Congreso debatirá una iniciativa de ERC para modificar la Ley de la Memoria Histórica y el reconocimiento de la lucha antifranquista, así de esta manera se van abriendo nuevas puertas hacia los Tribunales Internacionales, que no podrían hacerse hasta agotar las instancias pertinentes. Por lo tanto desde aquí, y a pesar de no compartir muchas de sus tesis, le doy las gracias al Juez Garzón, por abrirnos esas puertas y por habernos amplificado nuestra voz a través de sus autos y resoluciones.
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La inhibición de Garzón
ROGELIO DIZ Analista Político
Miércoles, 26 de noviembre de 2008
Quizás mucha gente se haya sentido defraudada con esta resolución del Juez Garzón al inhibirse en la causa presentada contra el franquismo, y dejarlo todo en manos de los jueces territoriales. Sin embargo sigo opinando que con independencia de su recorrido jurídico, gracias al Juez Garzón la Memoria Histórica a tenido tal relevancia que se esta volviendo imparable.
Quien podía pensar tan solo hace diez años atrás, cuando tan solo unos cuantos nos atrevíamos a reivindicar la reparación de las victimas, la anulación de los juicios, la exhumación de fosas o simplemente intentar poner voz a la memoria de nuestros ancestros contra la deformada idea que de ellos se tenia debido a cuarenta años de la palabra de los vencedores. Y que sin embargo difícil era la tarea, cuando a pesar de la transición pocos espacios encontrabas para hacerlo publico, pocos micrófonos donde expresarte fuera de tu localidad, y pocos también los foros que se dieran a la tarea de debatirlos.
Pues bien, a partir del auto del Juez Garzón promovido por varias Asociaciones, hasta su inhibición, nunca se había hablado, debatido, pronunciado, tanto en los medios de comunicación escrita, de radio y de televisión, a nivel nacional como internacional de este tema durante un poco más de un mes, que en todos los 33 años de la transición, o si se quiere durante los 18 años de gobierno socialista, ya que en los de UCD y PP seria imposible solo el pensarlo.
La misma Ley de la Memoria Histórica, que cuando fue por fin aprobada, creo que no la reconocía ni siquiera el mismo Partido socialista, tan ajustada ella, tan limitada y tan…tímida, por decirlo de alguna manera, que nadie le hacia caso y mucho menos se trataba de aplicar, tanto así, que una alcaldesa de una ciudad pedía 25000 firmas de sus conciudadanos para considerar si se debería retirar los símbolos del franquismo, para ver si una Ley de obligado cumplimiento debe aplicarse o no, y como nadie se dio a la tarea de hacerlo, pues viene a ser que no, creo que no hace falta decir a que partido pertenece esta Edil.
Muchos se preguntan él porqué no se conocía hasta ahora el secuestro de 30.000 niños arrancados de los brazos de sus madres republicanas condenadas a muerte, y es que esa información fue entregada al Juez por la diferentes asociaciones y esta publicada en por lo menos dos libros. Situación además bastante común entre las dictaduras de la derecha contemporánea como se presentaron tanto en la Argentina de Videla como en Chile de Pinochet. Ya que el sueño de estos ególatras del poder, es la continuación de su impuesta estela basada en el adoctrinamiento desde la niñez en su causal de pensamiento único, y que mejor manera de conseguirlo que arrebatárselos al enemigo e implantarlos en el seno de familias de las que consideran “gente bien” para que de ahí salgan los nuevos lideres que la patria necesita.
La duda que me queda sobre la causa de los crímenes de lesa humanidad promovida por Garzón, en la que se declara competente para señalar responsabilidades en las desapariciones forzosas ocurridas desde 1936 hasta 1952 donde señala a 35 responsables todos ellos muertos, y es por eso que pide sus actas de defunción para eximirlos penalmente y cerrar su proceso, algo que causo gracia y a la vez denoto la ignorancia de algunos lideres de la derecha como Soraya Sáenz de Santamaría o Doña Esperanza Aguirre, quienes soltaron algunos chistes fáciles sobre el Juez Garzón, al que atribuían no haberse enterado del fallecimiento de Franco.
Lo que no me queda claro es porqué la causa no se abrió durante todo el tiempo que duro da dictadura, ósea de 1936 hasta 1977, ya que todos sabemos que en ese lapso de tiempo trascurrido entre 1952 a 1977 continuaron efectuándose ejecuciones, bastante más de un centenar y que además dentro de los responsables políticos en esos gobiernos, más de una docena aun se encuentran vivos, entre ellos Manuel Fraga Iribarne fundador de AP (Alianza Popular) reconvertida en la actualidad en el PP (Partido Popular) y a quien se le atribuyen la firma en la sentencia de muerte de Julián Grimau y responsable de las ordenanzas en los crimenes de Victoria y Montejurra.
Mas todos claman ahora sobre la Ley de Amnistía de 1977, la cual fue aprobada por el 98 % del Congreso, lo raro seria que no hubiese sido del 100%, seguramente algunas señorías estarían en el baño a causa de la incontinencia que producían el ruido de sables del exterior. Había que calmar a la fiera de ese entonces, y que mejor manera que una Ley de borrón y cuenta nueva, para que los golpistas vencedores y sus acólitos pasearan su impunidad por el foro. Es por estas cosas que la Ley de la Memoria Histórica es comparable a la supuesta aconfesionalidad del Estado, pues siempre es el ciudadano el que tiene que hacer la denuncia, las gestiones, salvar los obstáculos para que le hagan valer sus derechos, y mientras el gobierno solo habla y observa pero sin hacer nada.
La Iglesia mientras tanto en voz de Monseñor Rouco Varela, vuelve a tomar partido y utilizar su doble vara de medir, pidiéndonos que debemos olvidar y no fomentar odios ni escarbar heridas al mismo tiempo que beatifican a miles de mártires de la cruzada en la Guerra Civil, los mismos que están enterrados en cementerios, que fueron sus familias reparadas y que cada dos por tres los glorifican, mientras tanto los nuestros a seguir olvidados en las cunetas ¡Olè, sus santos cojones!
Amnistía Internacional denuncia que España, un país que ha impulsado numerosas investigaciones de “crímenes contra la humanidad” en otros países (Todas ellas por parte del Juez Garzón), no puede oponerse a cumplir con las obligaciones de investigar los suyos y dejar de ser “La excepción mundial llamada España”.
Al parecer el Congreso debatirá una iniciativa de ERC para modificar la Ley de la Memoria Histórica y el reconocimiento de la lucha antifranquista, así de esta manera se van abriendo nuevas puertas hacia los Tribunales Internacionales, que no podrían hacerse hasta agotar las instancias pertinentes. Por lo tanto desde aquí, y a pesar de no compartir muchas de sus tesis, le doy las gracias al Juez Garzón, por abrirnos esas puertas y por habernos amplificado nuestra voz a través de sus autos y resoluciones.
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El pasado nunca muere.
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El pasado nunca muere
Rafael Gil Bracero. Enrique Bonet
El alcalde de Pulianas y vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ve recompensado un trabajo de años al lograr que se plantee desenterrar los restos de las fosas de la Guerra Civil.
JORGE PARADINAS.
Rafael Gil Bracero (Estepona, Málaga, 1958) siempre ha preferido mirar hacia delante, pese a su devoción por el pasado y la historia, algo que reconocen, aprueban y asumen familiares, amigos y compañeros de trabajo. Su devoción por lo que ya pasó es algo innegable si tenemos en cuenta que es profesor titular de Historia en la Universidad de Granada (UGR), pero sus vecinos de Pulianas, uno de los municipios metropolitanos que mayor crecimiento demográfico y urbanístico ha experimentado en los últimos años, siempre a salvo de los tan habituales escándalos en esta materia, pueden aclarar lo de que también le interesa el futuro: bajo el mandato de Gil Bracero en el Ayuntamiento de Pulianas, incuestionable, ya que las mayorías absolutas le aúpan una elección tras otra, el pueblo al que llegó hace 20 años ha conseguido vivir una ‘edad de oro’, no sólo por el crecimiento demográfico experimentado –algo normal si se tiene en cuenta que dista tan sólo unos metros de Granada capital–, sino también por la consolidación del parque empresarial que bajo su auspicio ha congregado a empresas como Kinépolis –el estandarte–, Media Mark, Carrefour o, en un futuro inminente, Ikea, la gran multinacional sueca del mueble ante cuya oferta pocos resisten.
Nadie, por tanto, parece dudar de su gestión como alcalde en este aún pequeño municipio, siempre bajo las siglas del PSOE, pero lo que realmente ha hecho que ocupe portadas nacionales y que pase al primer plano de la actualidad es su labor desinteresada, muy vocacional e incluso exhaustiva como vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, un colectivo que se creó hace poco más de cinco años en Granada con pocos padrinos y el humilde propósito de recuperar la dignidad de las víctimas sin identificar de la Guerra Civil y que actualmente está de plena actualidad tras la providencia de juez Baltasar Garzón para que se exhumen las fosas comunes de la conflicto que marcó a este país hace más de 70 años.
Quienes le conocen hablan de él como una persona siempre dispuesta a dialogar, amante de su familia –su esposa y sus dos hijos– pero que también, como él mismo señala, quedó marcado en su más tierna infancia por la muerte de su padre, cuando Rafael apenas contaba con tres años. “Fue una experiencia muy dura, que me enseñó, aunque fuese tan sólo un niño, a valorar la importancia del pasado, a tomar en consideración que lo que somos es fruto de lo que nos antecede”, resalta el propio alcalde de Pulianas. Quizás su condición de huérfano de padre a tan temprana edad le marcó una especial sensibilidad hacia las familias que reclamaban justicia por lo ocurrido en los remotos años treinta, en aquella desgracia que tuvo como nombre Guerra Civil Española. “Había muchas reclamaciones, mucho dolor al respecto, y no nos podíamos negar a asumir una causa que considerábamos justa”, explica sobre la asociación, cuyo trabajo muchas veces desoído parece haber obtenido finalmente sus frutos con el interés puesto por el juez Garzón. “Las pruebas están ahí y lo que queda es desentrañarlas”.
Instituto.
Gil Bracero, pese a su origen malagueño, llegó a Granada con apenas diez años, ya que su familia encontró en la ciudad la posibilidad de encontrar el porvenir que tanto escaseaba en la época –hablamos de los años sesenta–. El vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda gratamente su época de estudiante en el instituto Padre Manjón, la que le marcó, aparte de experiencias o gustos personales, en su interés por la historia. “Tuve grandes profesores, como Magdalena Ortiz, que me despertaron e incluso se puede decir que me exaltaron mi interés por la historia Les debe mucho”. Fruto de tal “exaltación” llegó a ser con el paso de los años profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, algo que sin duda no se consigue si esfuerzo ni talento. Los derroteros de la vida, que al final no viene a ser otra cosa más que historia, le han llevado por designios diferentes. Hace cinco años que no ejerce la docencia ya que está volcado en su labor como máximo responsable del municipio metropolitano de Pulianas, una población que ha experimentado un crecimiento poblacional excepcional y que, algo casi excepcional en los tiempos actuales, ha sabido mantenerse al margen de escándalos urbanísticos. Sus vecinos confían en él, y Rafael siempre intenta corresponderles, pero a pesar de los éxitos políticos, Gil Bracero nunca ha recibido la promoción que han tenido otros dirigentes socialistas de la provincia. Quizás porque él no quiere ir más allá, pero quienes le conocen aseguran que su gobierno en Pulianas se queda un tanto chico para su talento político. Añaden, por supuesto, que su campo de acción debería ser mayor. Conseguir, al menos, que el juez Baltasar Garzón tenga en cuenta sus reclamaciones y que su trabajo al frente de la Asociación de la Memoria Histórica tenga éxito debería, al menos, concederle cierto crédito.
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El pasado nunca muere
Rafael Gil Bracero. Enrique Bonet
El alcalde de Pulianas y vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, ve recompensado un trabajo de años al lograr que se plantee desenterrar los restos de las fosas de la Guerra Civil.
JORGE PARADINAS.
Rafael Gil Bracero (Estepona, Málaga, 1958) siempre ha preferido mirar hacia delante, pese a su devoción por el pasado y la historia, algo que reconocen, aprueban y asumen familiares, amigos y compañeros de trabajo. Su devoción por lo que ya pasó es algo innegable si tenemos en cuenta que es profesor titular de Historia en la Universidad de Granada (UGR), pero sus vecinos de Pulianas, uno de los municipios metropolitanos que mayor crecimiento demográfico y urbanístico ha experimentado en los últimos años, siempre a salvo de los tan habituales escándalos en esta materia, pueden aclarar lo de que también le interesa el futuro: bajo el mandato de Gil Bracero en el Ayuntamiento de Pulianas, incuestionable, ya que las mayorías absolutas le aúpan una elección tras otra, el pueblo al que llegó hace 20 años ha conseguido vivir una ‘edad de oro’, no sólo por el crecimiento demográfico experimentado –algo normal si se tiene en cuenta que dista tan sólo unos metros de Granada capital–, sino también por la consolidación del parque empresarial que bajo su auspicio ha congregado a empresas como Kinépolis –el estandarte–, Media Mark, Carrefour o, en un futuro inminente, Ikea, la gran multinacional sueca del mueble ante cuya oferta pocos resisten.
Nadie, por tanto, parece dudar de su gestión como alcalde en este aún pequeño municipio, siempre bajo las siglas del PSOE, pero lo que realmente ha hecho que ocupe portadas nacionales y que pase al primer plano de la actualidad es su labor desinteresada, muy vocacional e incluso exhaustiva como vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, un colectivo que se creó hace poco más de cinco años en Granada con pocos padrinos y el humilde propósito de recuperar la dignidad de las víctimas sin identificar de la Guerra Civil y que actualmente está de plena actualidad tras la providencia de juez Baltasar Garzón para que se exhumen las fosas comunes de la conflicto que marcó a este país hace más de 70 años.
Quienes le conocen hablan de él como una persona siempre dispuesta a dialogar, amante de su familia –su esposa y sus dos hijos– pero que también, como él mismo señala, quedó marcado en su más tierna infancia por la muerte de su padre, cuando Rafael apenas contaba con tres años. “Fue una experiencia muy dura, que me enseñó, aunque fuese tan sólo un niño, a valorar la importancia del pasado, a tomar en consideración que lo que somos es fruto de lo que nos antecede”, resalta el propio alcalde de Pulianas. Quizás su condición de huérfano de padre a tan temprana edad le marcó una especial sensibilidad hacia las familias que reclamaban justicia por lo ocurrido en los remotos años treinta, en aquella desgracia que tuvo como nombre Guerra Civil Española. “Había muchas reclamaciones, mucho dolor al respecto, y no nos podíamos negar a asumir una causa que considerábamos justa”, explica sobre la asociación, cuyo trabajo muchas veces desoído parece haber obtenido finalmente sus frutos con el interés puesto por el juez Garzón. “Las pruebas están ahí y lo que queda es desentrañarlas”.
Instituto.
Gil Bracero, pese a su origen malagueño, llegó a Granada con apenas diez años, ya que su familia encontró en la ciudad la posibilidad de encontrar el porvenir que tanto escaseaba en la época –hablamos de los años sesenta–. El vicepresidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica recuerda gratamente su época de estudiante en el instituto Padre Manjón, la que le marcó, aparte de experiencias o gustos personales, en su interés por la historia. “Tuve grandes profesores, como Magdalena Ortiz, que me despertaron e incluso se puede decir que me exaltaron mi interés por la historia Les debe mucho”. Fruto de tal “exaltación” llegó a ser con el paso de los años profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Granada, algo que sin duda no se consigue si esfuerzo ni talento. Los derroteros de la vida, que al final no viene a ser otra cosa más que historia, le han llevado por designios diferentes. Hace cinco años que no ejerce la docencia ya que está volcado en su labor como máximo responsable del municipio metropolitano de Pulianas, una población que ha experimentado un crecimiento poblacional excepcional y que, algo casi excepcional en los tiempos actuales, ha sabido mantenerse al margen de escándalos urbanísticos. Sus vecinos confían en él, y Rafael siempre intenta corresponderles, pero a pesar de los éxitos políticos, Gil Bracero nunca ha recibido la promoción que han tenido otros dirigentes socialistas de la provincia. Quizás porque él no quiere ir más allá, pero quienes le conocen aseguran que su gobierno en Pulianas se queda un tanto chico para su talento político. Añaden, por supuesto, que su campo de acción debería ser mayor. Conseguir, al menos, que el juez Baltasar Garzón tenga en cuenta sus reclamaciones y que su trabajo al frente de la Asociación de la Memoria Histórica tenga éxito debería, al menos, concederle cierto crédito.
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IU e ICV dan por roto su compromiso con el Gobierno porque cree que Zapatero "abre la puerta a la impunidad"
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Memoria.- IU e ICV dan por roto su compromiso con el Gobierno ...
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Memoria.- Jáuregui cree que la decisión de Garzón es "histórica" pero admite que su "camino jurídico" es "dudoso" (17/10/2008)
Ley Memoria.- El Senado aprueba definitivamente la ley con el apoyo de todos los partidos salvo ERC y el PP (10/12/2007)
Memoria.- ERC e ICV reabrirán esta semana en el Pleno del Congreso el debate de la memoria histórica (23/11/2008)
IU e ICV denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la Ley de Memoria (04/08/2008)
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, dio por "roto" el compromiso que su formación e Izquierda Unida mantenían con el Gobierno en materia de memoria histórica porque considera que, al afirmar que hay que "arrojar al olvido" a los franquistas, el jefe el Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha abierto "la puerta a la impunidad" en lo relativo a la dictadura.
Así lo advirtió Herrera tras debatir con el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso sobre esta cuestión. Herrera le preguntó a Zapatero qué va a hacer para garantizar los derechos de las víctimas de la represión franquista. "Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país. Esa será la mejor lección, hagámoslo unidos", le contestó Zapatero.
En opinión de Herrera, al decir que hay que "olvidar a Franco", el presidente del Gobierno "abre la puerta a la impunidad hacia la dictadura de Franco y cualquier otra dictadura y convierte a España en uno de los países más desmemoriados del mundo respecto a los crímenes que sufrió en el pasado".
Por eso, IU e ICV, que apoyaron la Ley de Memoria Histórica pese a considerarla insuficiente en algunos aspectos, han decidido dar por roto el compromiso que hasta ahora mantenían con el Ejecutivo sobre este asunto.
"Hoy el Gobierno ha finiquitado con nosotros su compromiso con la memoria histórica y con el derecho internacional", advirtió el portavoz de ICV. "El olvido nos condena a la impunidad y, lo que es peor, dejamos la puerta abierta a que la historia se repita", agregó.
En este sentido, recalcó que "por más que Zapatero pretenda que se corra un tupido velo sobre el franquismo" y que España caiga en un estado de "amnesia colectiva" hay mucha gente que seguirá "luchando por los derechos de las víctimas y los familiares que sufrieron una dictadura cruel".
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Así lo advirtió Herrera tras debatir con el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso sobre esta cuestión. Herrera le preguntó a Zapatero qué va a hacer para garantizar los derechos de las víctimas de la represión franquista. "Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país. Esa será la mejor lección, hagámoslo unidos", le contestó Zapatero.
En opinión de Herrera, al decir que hay que "olvidar a Franco", el presidente del Gobierno "abre la puerta a la impunidad hacia la dictadura de Franco y cualquier otra dictadura y convierte a España en uno de los países más desmemoriados del mundo respecto a los crímenes que sufrió en el pasado".
Por eso, IU e ICV, que apoyaron la Ley de Memoria Histórica pese a considerarla insuficiente en algunos aspectos, han decidido dar por roto el compromiso que hasta ahora mantenían con el Ejecutivo sobre este asunto.
"Hoy el Gobierno ha finiquitado con nosotros su compromiso con la memoria histórica y con el derecho internacional", advirtió el portavoz de ICV. "El olvido nos condena a la impunidad y, lo que es peor, dejamos la puerta abierta a que la historia se repita", agregó.
En este sentido, recalcó que "por más que Zapatero pretenda que se corra un tupido velo sobre el franquismo" y que España caiga en un estado de "amnesia colectiva" hay mucha gente que seguirá "luchando por los derechos de las víctimas y los familiares que sufrieron una dictadura cruel".
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La Iglesia y la represión franquista. Julián Casanova.
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La Iglesia y la represión franquista
JULIÁN CASANOVA 26/11/2008
La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.
La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición
En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.
Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos.
"La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.
Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.
Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.
La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.
Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
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La Iglesia y la represión franquista
JULIÁN CASANOVA 26/11/2008
La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.
La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición
En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.
Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos.
"La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.
Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.
Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.
La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.
Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
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La Audiencia Nacional aplaza hasta el viernes el debate sobre si Garzón es competente en la causa.
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Memoria.- La Audiencia Nacional aplaza hasta el viernes el debate ...
La Audiencia Nacional aplaza hasta el viernes el debate sobre si Garzón es competente en la causa
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El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó hoy hasta el próximo viernes el debate sobre todos los recursos que se encuentran pendientes en relación con la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón, incluido el incidente de competencia contra el magistrado que promovió la Fiscalía, informaron fuentes jurídicas.
Los 18 magistrados que forman este órgano se reunieron con cáracter extraordinario para abordar este asunto, aunque únicamente comenzaron a debatir el recurso de súplica y la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente.
Además de tomar contacto con este asunto, la Sala dio traslado a sus integrantes del informe de entre ocho y diez páginas que Garzón presentó el pasado lunes para justificar el auto que dictó el pasado 16 de octubre para declararse competente en la causa.
De esta forma, el máximo órgano de la Sala de lo Penal comenzará su sesión plenaria del viernes debatiendo las peticiones de la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, para tratar a continuación el incidente de competencia de la Fiscalía contra Garzón, los recursos de apelación y queja que esta parte presentó contra los autos en los que el juez asumió la causa y los recursos de súplica planteados por las asociaciones de memoria histórica contra la paralización de las exhumaciones.
Según las citadas fuentes, si el Pleno no tuviera tiempo para abordar todos estos asuntos, convocaría una nueva sesión para el próximo lunes, al objeto de zanjar el debate sobre la memoria histórica en el menor tiempo posible. Este órgano también celebrará mañana, jueves, su habitual reunión semanal, aunque en ella únicamente tratará asuntos ordinarios que se encuentran pendientes, como la tramitación de extradiciones.
ABSTENCIÓN DE DIEZ MAGISTRADOS
La iniciativa de la nieta de Negrín, cuyo debate estaba previsto para el pasado 13 de noviembre, solicita la abstención de los diez magistrados, entre los que se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, al entender que actuaron sin la debida imparcialidad porque la paralización de las exhumaciones se adoptó sin escuchar al resto de partes personadas en la causa.
Además de Gómez Bermúdez, los magistrados que son objeto de esta solicitud son los presidentes de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás; Tercera, Alfonso Guevara; y Cuarta, Ángela Murillo; y los miembros de la Sala Nicolás Poveda, Ángel Hurtado, Julio de Diego, José Ricardo de Prada, Guillermo Ruiz Polanco y Juan Francisco Martell.
Por su parte, Teresa Palacios, Manuela Fernández de Prado, Ángeles Barreiro, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez dictaron un voto particular discrepante en el que alegaban que la medida cautelar sólo podía haberse adoptado en contestación a un recurso y no como resultado del incidente de competencia. A la reunión en la que se acordó esta medida no acudieron los jueces Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Enrique López.
La nieta de Negrín también solicitó a la Audiencia Nacional, a través de un recurso de súplica, los nombres de los magistrados que votaron a favor de la paralización con la intención de presentar una querella en su contra por prevaricación, así como el del fiscal que solicitó esta medida con carácter cautelar.
"DECISIÓN INJUSTA"
Según la querella, que fue presentada el pasado día 17, los magistrados que votaron a favor de frenar la investigación y el fiscal que solicitó la paralización de las exhumaciones, Carlos Bautista, adoptaron, "a sabiendas", una decisión "injusta" porque los otros cinco jueces que firmaron el voto particular discrepante "les estaban advirtiendo de ello".
Además, Garcés presentó el pasado 27 de octubre un requerimiento solicitando la inhibición de la Audiencia Nacional a favor del Tribunal Supremo para el estudio del incidente de competencia contra Garzón.
En este escrito instaba a la Sala de lo Penal a suspender la tramitación de la cuestión de competencia "en tanto el alto tribunal resuelve el requerimiento".
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El Pleno de la Sala de lo Penal comienza a debatir la solicitud de abstención planteada por la nieta de Negrín
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó hoy hasta el próximo viernes el debate sobre todos los recursos que se encuentran pendientes en relación con la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón, incluido el incidente de competencia contra el magistrado que promovió la Fiscalía, informaron fuentes jurídicas.
Los 18 magistrados que forman este órgano se reunieron con cáracter extraordinario para abordar este asunto, aunque únicamente comenzaron a debatir el recurso de súplica y la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente.
Además de tomar contacto con este asunto, la Sala dio traslado a sus integrantes del informe de entre ocho y diez páginas que Garzón presentó el pasado lunes para justificar el auto que dictó el pasado 16 de octubre para declararse competente en la causa.
De esta forma, el máximo órgano de la Sala de lo Penal comenzará su sesión plenaria del viernes debatiendo las peticiones de la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, para tratar a continuación el incidente de competencia de la Fiscalía contra Garzón, los recursos de apelación y queja que esta parte presentó contra los autos en los que el juez asumió la causa y los recursos de súplica planteados por las asociaciones de memoria histórica contra la paralización de las exhumaciones.
Según las citadas fuentes, si el Pleno no tuviera tiempo para abordar todos estos asuntos, convocaría una nueva sesión para el próximo lunes, al objeto de zanjar el debate sobre la memoria histórica en el menor tiempo posible. Este órgano también celebrará mañana, jueves, su habitual reunión semanal, aunque en ella únicamente tratará asuntos ordinarios que se encuentran pendientes, como la tramitación de extradiciones.
ABSTENCIÓN DE DIEZ MAGISTRADOS
La iniciativa de la nieta de Negrín, cuyo debate estaba previsto para el pasado 13 de noviembre, solicita la abstención de los diez magistrados, entre los que se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, al entender que actuaron sin la debida imparcialidad porque la paralización de las exhumaciones se adoptó sin escuchar al resto de partes personadas en la causa.
Además de Gómez Bermúdez, los magistrados que son objeto de esta solicitud son los presidentes de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás; Tercera, Alfonso Guevara; y Cuarta, Ángela Murillo; y los miembros de la Sala Nicolás Poveda, Ángel Hurtado, Julio de Diego, José Ricardo de Prada, Guillermo Ruiz Polanco y Juan Francisco Martell.
Por su parte, Teresa Palacios, Manuela Fernández de Prado, Ángeles Barreiro, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez dictaron un voto particular discrepante en el que alegaban que la medida cautelar sólo podía haberse adoptado en contestación a un recurso y no como resultado del incidente de competencia. A la reunión en la que se acordó esta medida no acudieron los jueces Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Enrique López.
La nieta de Negrín también solicitó a la Audiencia Nacional, a través de un recurso de súplica, los nombres de los magistrados que votaron a favor de la paralización con la intención de presentar una querella en su contra por prevaricación, así como el del fiscal que solicitó esta medida con carácter cautelar.
"DECISIÓN INJUSTA"
Según la querella, que fue presentada el pasado día 17, los magistrados que votaron a favor de frenar la investigación y el fiscal que solicitó la paralización de las exhumaciones, Carlos Bautista, adoptaron, "a sabiendas", una decisión "injusta" porque los otros cinco jueces que firmaron el voto particular discrepante "les estaban advirtiendo de ello".
Además, Garcés presentó el pasado 27 de octubre un requerimiento solicitando la inhibición de la Audiencia Nacional a favor del Tribunal Supremo para el estudio del incidente de competencia contra Garzón.
En este escrito instaba a la Sala de lo Penal a suspender la tramitación de la cuestión de competencia "en tanto el alto tribunal resuelve el requerimiento".
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El Juzgado de Ponferrada se inhibe y decide no investigar una fosa común
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El Juzgado de Ponferrada se inhibe y decide no investigar una fosa común
La ARMH exhuma en Camponaraya una fosa común de paseados en septiembre de 1936 / La asociación ha solicitado la exhumación al Juzgado de Instrucción de Ponferrada
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado este martes los trabajos de búsqueda y posterior exhumación de una fosa común situada a orillas de la antigua carretera N-VI, entre los términos de Camponaraya y Magaz de Abajo.
En el lugar, podrían encontrarse enterrados los cuerpos de tres de los 11 paseados el 23 de septiembre de 1936. Ésta es la primera exhumación que solicitan a un juzgado, en este caso al de Instrucción de Ponferrada tras la inhibición, la pasada semana, del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón en la causa que instruía.
La ARMH tiene constancia de la ubicación exacta del lugar gracias a una prospección con georradar llevada a cabo durante el pasado mes de octubre. Los trabajos de exhumación serán dirigidos por el arqueólogo René Pacheco y los de identificación por la antropóloga forense Roxana Ferllini.
En este punto se encuentran enterradas, al menos, tres personas pertenecientes a un grupo de 11, asesinadas todas ellas el 23 de septiembre de 1936, pero enterradas en dos fosas situadas a ambos lados de la carretera.
Sin embargo, la primera de ellas, la más grande, fue destruida hace décadas por unas obras de ampliación de la carretera. Los escasos restos que quedaron fueron exhumados por la ARMH el pasado verano y están pendientes de identificar, a la espera de abrir esta segunda fosa. Por tanto, las identidades de las víctimas enterradas en ésta última no se conocerán hasta que no finalicen los trabajos de identificación en el laboratorio.
El Juzgado de Ponferrada se inhibe
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) notificará al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la negativa del Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) de investigar y participar en la exhumación de una fosa común, situada a orillas de la antigua carretera N-VI, entre los términos de Camponaraya y Magaz de Abajo, en León. En el lugar, podrían encontrarse enterrados los cuerpos de tres de los 11 paseados el 23 de septiembre de 1936.
El colectivo informó en un comunicado que este juzgado recibió el pasado viernes la solicitud por parte de la ARMH para que como indica el auto de inhibición del magistrado Baltasar Garzón, abriera una investigación sobre los hechos. Sin embargo, el titular del juzgado Vicente Damián –según la asociación- se ha negado y ha devuelto a la Audiencia Nacional el exhorto que habían recibido.
El dueño del viñedo en el que se está llevando a cabo la exhumación se acercó hace unas semanas hasta una excavación que estaba llevando a cabo la asociación para relatar que hace 50 años encontró unos huesos labrando sus fincas y volvió a enterrarlos. La ARMH conoce la ubicación exacta del lugar gracias a una prospección con georradar llevada a cabo durante el pasado mes de octubre. Los trabajos de exhumación serán dirigidos por el arqueólogo René Pacheco y los de identificación por la antropóloga forense Roxana Ferllini.
En este punto se encuentran enterradas, al menos, tres personas pertenecientes a un grupo de 11, asesinadas todas ellas el 23 de septiembre de 1936, pero enterradas en dos fosas situadas a ambos lados de la carretera. La primera de ellas, la más grande, fue destruida hace décadas por unas obras de ampliación de la carretera. Los escasos restos que quedaron fueron exhumados por la ARMH el pasado verano y están pendientes de identificar, a la espera de abrir esta segunda fosa. Por tanto, las identidades de las víctimas enterradas en ésta última no se conocerán hasta que no finalicen los trabajos de identificación en el laboratorio.
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El titular del Juzgado número 2 de Ponferrada (León) asegura que ...
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado este martes los trabajos de búsqueda y posterior exhumación de una fosa común situada a orillas de la antigua carretera N-VI, entre los términos de Camponaraya y Magaz de Abajo.
En el lugar, podrían encontrarse enterrados los cuerpos de tres de los 11 paseados el 23 de septiembre de 1936. Ésta es la primera exhumación que solicitan a un juzgado, en este caso al de Instrucción de Ponferrada tras la inhibición, la pasada semana, del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón en la causa que instruía.
La ARMH tiene constancia de la ubicación exacta del lugar gracias a una prospección con georradar llevada a cabo durante el pasado mes de octubre. Los trabajos de exhumación serán dirigidos por el arqueólogo René Pacheco y los de identificación por la antropóloga forense Roxana Ferllini.
En este punto se encuentran enterradas, al menos, tres personas pertenecientes a un grupo de 11, asesinadas todas ellas el 23 de septiembre de 1936, pero enterradas en dos fosas situadas a ambos lados de la carretera.
Sin embargo, la primera de ellas, la más grande, fue destruida hace décadas por unas obras de ampliación de la carretera. Los escasos restos que quedaron fueron exhumados por la ARMH el pasado verano y están pendientes de identificar, a la espera de abrir esta segunda fosa. Por tanto, las identidades de las víctimas enterradas en ésta última no se conocerán hasta que no finalicen los trabajos de identificación en el laboratorio.
El Juzgado de Ponferrada se inhibe
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El colectivo informó en un comunicado que este juzgado recibió el pasado viernes la solicitud por parte de la ARMH para que como indica el auto de inhibición del magistrado Baltasar Garzón, abriera una investigación sobre los hechos. Sin embargo, el titular del juzgado Vicente Damián –según la asociación- se ha negado y ha devuelto a la Audiencia Nacional el exhorto que habían recibido.
El dueño del viñedo en el que se está llevando a cabo la exhumación se acercó hace unas semanas hasta una excavación que estaba llevando a cabo la asociación para relatar que hace 50 años encontró unos huesos labrando sus fincas y volvió a enterrarlos. La ARMH conoce la ubicación exacta del lugar gracias a una prospección con georradar llevada a cabo durante el pasado mes de octubre. Los trabajos de exhumación serán dirigidos por el arqueólogo René Pacheco y los de identificación por la antropóloga forense Roxana Ferllini.
En este punto se encuentran enterradas, al menos, tres personas pertenecientes a un grupo de 11, asesinadas todas ellas el 23 de septiembre de 1936, pero enterradas en dos fosas situadas a ambos lados de la carretera. La primera de ellas, la más grande, fue destruida hace décadas por unas obras de ampliación de la carretera. Los escasos restos que quedaron fueron exhumados por la ARMH el pasado verano y están pendientes de identificar, a la espera de abrir esta segunda fosa. Por tanto, las identidades de las víctimas enterradas en ésta última no se conocerán hasta que no finalicen los trabajos de identificación en el laboratorio.
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martes 25 de noviembre de 2008
«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
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«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
ENTREVISTA JAVIER RODRÍGUEZ
«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
Profesor de Historia Contemporánea de la ULE
El historiador reivindica la memoria pública de las víctimas y plantea que el aniversario del fin de la Guerra Civil tenga un tratamiento institucional similar al del bicentenario de la Guerra de la Independencia
A. Gaitero león
«Historia y memoria. La represión en la educación durante el primer franquismo» es el título de la conferencia que imparte hoy a las 11.00 horas en la Facultad de Educación Javier Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León. Especialista en la represión franquista, Rodríguez reivindica la memoria pública de las víctimas como un «bien necesario» para la democracia y la investigación histórica como la única «cura» frente al olvido al que fueron sometidas las víctimas de la dictadura de Franco, más allá de la Guerra Civil, «desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de diciembre de 1975».
-La represión en la enseñanza fue, junto con la guerrilla y el maquis, uno de los primeros temas en investigarse en León. ¿Qué novedades aporta?
-El acceso a nuevas fuentes, como los expedientes personales y los consejos de guerra, va a incrementar las cifras de la represión docente no sólo en León. Pero no sólo eso, sino que va a permitir analizar cualitativamente las causas reales de su depuración. El estudio de Francisco Morente Valero, sobre 14 provincias, sirvió para calibrar el impacto de la represión en la enseñanaza en todo el país. Se estima que de 61.000 personas depuradas, no menos de 15.000 fueron sancionadas; 6.000 fueron separadas forzosamente de la enseñanza, 3.000 suspendidas de empleo y sueldo, 6.000 perdieron su plaza. En León de 905 depuraciones sólo se habilitaron a 189, se estima que hubo al menos 40 maestros paseados... Fue una depuración especialmente diseñada, con una normativa específica y no sólo eso, sino que se estableció un control ideológico del profesorado exigiendo que su firma de adhesión a los principios del régimen.
-¿Qué opina de las declaraciones del cardenal Rouco Varela que apela al olvido para no abrir heridas?
-El olvido es lo que utilizaron las dictaduras, fue su arma principal para impedir el acceso al conocimiento y para los que ciudadanos fueran más libres y sabios. Yo les diría a quienes hablan así que la memoria no es confrontación, sino pluralidad. Durante 40 años el franquismo recreó sus posturas sobre la Guerra Civil e hizo desaparecer de la memoria colectiva la IIª República. Disfrazó el origen de la Guerra Civil, que en realidad fue un golpe de estado contra el gobierno legítimamente elegido, y acomodó la memoria a su ideología. Los vencidos fueron humillados y tuvieron que ahogar su propia memoria y los vencedores abusaron de la evocación del triunfo. Pero ahora la democracia está consolidada y las instituciones intentan canalizar una demanda social.
-¿Le parece una postura cínica abogar por el olvido mientras la Iglesia beatifica a quienes considera mártires de la Guerra Civil?
-Hay que reconocer a todas las víctimas y creo que la jerarquía católica se equivoca en esa postura de correr un tupido velo. Las víctimas no se merecen el olvido sino una memoria sin ira.
-¿Existe algún referente para este polémico proceso que se vive en España cuando se cumplen 33 años de la muerte de Franco?
-Es un proceso semejante al que vivió Europa varias décadas después de la IIª Guerra Mundial y particularmente Alemania, donde en los años 60 todavía había controversia sobre el tema y tuvo que pasar mucho tiempo para que los judíos, que fueron las víctimas, fueran insertados. La diferencia es que en España la dictadura contínúa hasta 1975. Es un proceso que tras las dictaduras de Chile y Argentina ha sido más rápido.
-¿Cómo valora la intervención de Garzón en el caso de la denuncia por las desapariciones?
-Lo que ha hecho es acudir a la llamada de las asociaciones que canalizan la demanda de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Y se inhibió ante la postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional para que no se parara ahí la vía judicial y siguiera en los juzgados provinciales.
-Sin embargo, en Ponferrada acaba de producirse la primera negativa de un juzgado a abrir una fosa...
-Es una mala noticia. Cmo historiador creo que las personas tienen derecho a encontrar a sus descendientes y precisamente el desarrollo de la ley de la memoria histórica contempla un protocolo de exhumación. Es hora de ponerse en la piel de las víctimas del franquismo.
-Está a punto de cumplirse el 70 aniversario del fin de la Guerra Civil, ¿Para qué debe servir esta efeméride en España y en León en concreto?
-Es una oportunidad para que se conozca más la historia y se transmita a la sociedad, igual que se ha hecho con el bicentenario de la Guerra de la Independencia. El Estado y las administraciones autonómicas, provinciales y locales tienen que aplicar la ley de memoria histórica, guste o no guste porque es una ley aprobada por el Parlamento y tendrían que respaldar actos como los del bicentenario.
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-El olvido es lo que utilizaron las dictaduras, fue su arma principal para impedir el acceso al conocimiento y para los que ciudadanos fueran más libres y sabios. Yo les diría a quienes hablan así que la memoria no es confrontación, sino pluralidad. Durante 40 años el franquismo recreó sus posturas sobre la Guerra Civil e hizo desaparecer de la memoria colectiva la IIª República. Disfrazó el origen de la Guerra Civil, que en realidad fue un golpe de estado contra el gobierno legítimamente elegido, y acomodó la memoria a su ideología. Los vencidos fueron humillados y tuvieron que ahogar su propia memoria y los vencedores abusaron de la evocación del triunfo. Pero ahora la democracia está consolidada y las instituciones intentan canalizar una demanda social.
-¿Le parece una postura cínica abogar por el olvido mientras la Iglesia beatifica a quienes considera mártires de la Guerra Civil?
-Hay que reconocer a todas las víctimas y creo que la jerarquía católica se equivoca en esa postura de correr un tupido velo. Las víctimas no se merecen el olvido sino una memoria sin ira.
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-Es un proceso semejante al que vivió Europa varias décadas después de la IIª Guerra Mundial y particularmente Alemania, donde en los años 60 todavía había controversia sobre el tema y tuvo que pasar mucho tiempo para que los judíos, que fueron las víctimas, fueran insertados. La diferencia es que en España la dictadura contínúa hasta 1975. Es un proceso que tras las dictaduras de Chile y Argentina ha sido más rápido.
-¿Cómo valora la intervención de Garzón en el caso de la denuncia por las desapariciones?
-Lo que ha hecho es acudir a la llamada de las asociaciones que canalizan la demanda de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Y se inhibió ante la postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional para que no se parara ahí la vía judicial y siguiera en los juzgados provinciales.
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-Es una mala noticia. Cmo historiador creo que las personas tienen derecho a encontrar a sus descendientes y precisamente el desarrollo de la ley de la memoria histórica contempla un protocolo de exhumación. Es hora de ponerse en la piel de las víctimas del franquismo.
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Descendientes de exiliados se niegan a jurar fidelidad al Rey para ser españoles
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Consideran que la Ley de Memoria Histórica debe eliminar el requisito porque "obliga a un acto
de fe monárquica"Efe / Madrid Actualizado 24.11.2008 - 05:05
Hijos y nietos de republicanos que tuvieron que exiliarse a causa de la Guerra Civil han pedido que la ley que ahora les permite obtener la nacionalidad española elimine el requisito de jurar o prometer fidelidad al Rey por entender que puede vulnerar sus derechos fundamentales. La Asociación de Descendientes del Exilio ha entregado en la Dirección General del Registro y del Notariado una petición con ese objetivo, ya que considera que no es comprensible que se les obligue a ello. Esta asociación, en su escrito, recuerda que la ley de 27 de diciembre de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, establece en su disposición adicional séptima la posibilidad de adquirir la nacionalidad por parte de las personas cuyo padre o madre hubiera sido español. Asimismo, reconoce ese derecho a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
Posteriormente, se acordó la instrucción correspondiente, que remite a los artículos 20 y 23 del Código Civil y en los que se establecen las condiciones de la nacionalidad de opción. Entre ellas se encuentra la obligación de promesa o juramento de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y las leyes. La Asociación de Descendientes del Exilio subraya que en absoluto se opone a la obediencia constitucional y de las leyes, pero considera que la declaración de fidelidad al Rey es obsoleta y, además, no es exigida en todos los casos de nacionalización. Opina igualmente que ese requisito vulnera varios artículos de la Constitución, como el que reconoce el derecho a expresar libremente los pensamientos. "La fórmula establecida obliga a un acto de fe de tipo monárquico a quienes puede que no lo sean y hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora, puesto que la omisión de la primera promesa (de lealtad al Rey) no tiene valor condicionante ni limitativo de la promesa de la Constitución", subraya la asociación. De igual forma, interpreta que negar la nacionalidad si no expresan esa promesa o juramento supondría "una auténtica persecución del pensamiento".
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El magistrado se inhibe en favor de los juzgados territoriales
E.E. Madrid.
El juez Baltasar Garzón, que inició el proceso para una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo, se declaró incompetente, una vez que comprobó que Franco y el resto de la cúpula del régimen están muertos, y se inhibió en favor de los juzgados territoriales.
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional se adopta cuando aún estaba pendiente la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia acerca de si Baltasar Garzón era o no competente para llevar a cabo este proceso, que incluía la apertura de fosas comunes a lo largo de toda España y que comenzaron a abrirse hasta que se ordenó su paralización provisional, a la espera de que hubiese una pronunciación acerca de la competencia de Garzón. El magistrado, en su auto, critica que con los argumentos que el fiscal jefe, Javier Zaragoza, da para ir en contra de la investigación que quería llevar a cabo, no se habría llevado a cabo el juicio de Nüremberg, en el que se juzgó el nazismo.
Las distintas asociaciones de recuperación de la memoria histórica lamentaron la decisión de Garzón e incluso algunas, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, recurrirán la inhibición y están dispuestas a llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo.
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, expresó su sorpresa por el auto de Garzón y pidió al Gobierno que dé a conocer el contenido del conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica. Son 27 los juzgados territoriales de los lugares en los que se localizan las más de sesenta fosas comunes a los que se refiere la investigación los que recibirán el caso.
Niños raptados a sus padres en el extranjero
Garzón considera que la dictadura “pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40”, al arrebatárselos a sus padres para educarlos en la afección al régimen. En el auto, mantiene que una de las razones para sostener que los delitos no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas “que puedan estar vivas”.
Se refiere concretamente a aquellas que, durante su infancia o adolescencia, “fueron sustraídas legal o ilegalmente (...) y los de aquellos menores que fueron ‘recuperados’ contra la voluntad, o sin ella, de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones, organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange”, informó EFE.
El juez apunta que “se está en la fase inicial de esa investigación” y ésta “debe ir dirigida, precisamente, a demostrar esa actualidad y permanencia” de los delitos perpetrados entonces. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, señaló que es cierto que miles de niños fueron separados de sus madres mientras estaban en cárceles franquistas y, como en Argentina, se les robó su identidad, por lo que la entidad recibiría con satisfacción que se abriera esa vía de investigación.
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Baltasar Garzón deja la investigación sobre los desaparecidos de ...
Baltasar Garzón deja la investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y franquismo
El magistrado se inhibe en favor de los juzgados territoriales
E.E. Madrid.
El juez Baltasar Garzón, que inició el proceso para una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo, se declaró incompetente, una vez que comprobó que Franco y el resto de la cúpula del régimen están muertos, y se inhibió en favor de los juzgados territoriales.
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional se adopta cuando aún estaba pendiente la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia acerca de si Baltasar Garzón era o no competente para llevar a cabo este proceso, que incluía la apertura de fosas comunes a lo largo de toda España y que comenzaron a abrirse hasta que se ordenó su paralización provisional, a la espera de que hubiese una pronunciación acerca de la competencia de Garzón. El magistrado, en su auto, critica que con los argumentos que el fiscal jefe, Javier Zaragoza, da para ir en contra de la investigación que quería llevar a cabo, no se habría llevado a cabo el juicio de Nüremberg, en el que se juzgó el nazismo.
Las distintas asociaciones de recuperación de la memoria histórica lamentaron la decisión de Garzón e incluso algunas, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, recurrirán la inhibición y están dispuestas a llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo.
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, expresó su sorpresa por el auto de Garzón y pidió al Gobierno que dé a conocer el contenido del conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica. Son 27 los juzgados territoriales de los lugares en los que se localizan las más de sesenta fosas comunes a los que se refiere la investigación los que recibirán el caso.
Niños raptados a sus padres en el extranjero
Garzón considera que la dictadura “pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40”, al arrebatárselos a sus padres para educarlos en la afección al régimen. En el auto, mantiene que una de las razones para sostener que los delitos no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas “que puedan estar vivas”.
Se refiere concretamente a aquellas que, durante su infancia o adolescencia, “fueron sustraídas legal o ilegalmente (...) y los de aquellos menores que fueron ‘recuperados’ contra la voluntad, o sin ella, de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones, organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange”, informó EFE.
El juez apunta que “se está en la fase inicial de esa investigación” y ésta “debe ir dirigida, precisamente, a demostrar esa actualidad y permanencia” de los delitos perpetrados entonces. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, señaló que es cierto que miles de niños fueron separados de sus madres mientras estaban en cárceles franquistas y, como en Argentina, se les robó su identidad, por lo que la entidad recibiría con satisfacción que se abriera esa vía de investigación.
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La Ley de la Memoria sólo prevé indemnizar a los fallecidos en los últimos años del franquismo
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La Ley de la Memoria sólo prevé indemnizar a los fallecidos en los ...
La Ley de la Memoria sólo prevé indemnizar a los fallecidos en los últimos años del franquismo
La Declaración de Reparación a los que hayan sufrido cárcel, persecución, o violencia podrán pedirla 40.000 extremeños
25.11.08 - CELIA HERRERA
No para todos. La conocida como Ley de la Memoria Histórica, que reconoce y amplía derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, sólo prevé indemnizaciones de 135.000 euros para los fallecidos durante los últimos años de la Dictadura de Franco, concretamente entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.
Por tanto, no tendrán derecho a estas indemnizaciones todos los fallecidos por defender la libertad y la democracia durante la represión franquista que siguió a la Guerra Civil, que en Extremadura podrían alcanzar la cifra de 14.000, según aclaró ayer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante la expectación creada por la publicación del decreto que desarrolla con un reglamento uno de los aspectos contemplados en la Ley de la Memoria Histórica.
José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la la Memoria Histórica de Extremadura, lamentó que muchos de los que están en contra de que se haga justicia con las víctimas de la represión estén aprovechando este tema para desprestigiar todo el esfuerzo de recuperación de parte de la historia reciente que aún permanece oculta.
Para la reparación
Ni este equipo de investigación ni la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica conocen con exactitud qué número de extremeños podrían solicitar estas indemnizaciones, aunque se calcula que 40.000 represaliados de los que se tienen datos en la región sí podrán pedir la declaración de reparación personal a quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.
Esta declaración, que no tendrá efectos económicos, resulta de todos modos de gran importancia para las víctimas de la represión y sus herederos por lo que representa de acto de restitución y rehabilitación para los que fueron tratados y señalados durante años como delincuentes, encarcelados, multados o fusilados.El Estado reconoce así «la ilegitimidad de las condenas y sanciones» y honra también a los que padecieron «la injusticia».
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La Ley de la Memoria sólo prevé indemnizar a los fallecidos en los ...
La Ley de la Memoria sólo prevé indemnizar a los fallecidos en los últimos años del franquismo
La Declaración de Reparación a los que hayan sufrido cárcel, persecución, o violencia podrán pedirla 40.000 extremeños
25.11.08 - CELIA HERRERA
No para todos. La conocida como Ley de la Memoria Histórica, que reconoce y amplía derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, sólo prevé indemnizaciones de 135.000 euros para los fallecidos durante los últimos años de la Dictadura de Franco, concretamente entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.
Por tanto, no tendrán derecho a estas indemnizaciones todos los fallecidos por defender la libertad y la democracia durante la represión franquista que siguió a la Guerra Civil, que en Extremadura podrían alcanzar la cifra de 14.000, según aclaró ayer la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ante la expectación creada por la publicación del decreto que desarrolla con un reglamento uno de los aspectos contemplados en la Ley de la Memoria Histórica.
José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la la Memoria Histórica de Extremadura, lamentó que muchos de los que están en contra de que se haga justicia con las víctimas de la represión estén aprovechando este tema para desprestigiar todo el esfuerzo de recuperación de parte de la historia reciente que aún permanece oculta.
Para la reparación
Ni este equipo de investigación ni la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica conocen con exactitud qué número de extremeños podrían solicitar estas indemnizaciones, aunque se calcula que 40.000 represaliados de los que se tienen datos en la región sí podrán pedir la declaración de reparación personal a quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa.
Esta declaración, que no tendrá efectos económicos, resulta de todos modos de gran importancia para las víctimas de la represión y sus herederos por lo que representa de acto de restitución y rehabilitación para los que fueron tratados y señalados durante años como delincuentes, encarcelados, multados o fusilados.El Estado reconoce así «la ilegitimidad de las condenas y sanciones» y honra también a los que padecieron «la injusticia».
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Un mapa ubicará las fosas comunes del franquismo
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Un mapa ubicará las fosas comunes del franquismo
25.11.2008
El PSOE local prevé facilitar la localización de las víctimas y autorizar las búsquedas de enterramientos ·· Se retirarán los símbolos
REDACCIÓN • SANTIAGO
Una moción del Grupo Municipal Socialista, que se aprobará en el próximo pleno, prevé la elaboración de un mapa en el que "consten los terrenos en los que se localicen los restos" de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la dictadura.
Además de recopilar esta información, que se incorporará al mapa que elaborará el Gobierno, amparado por la denominada Ley de la Memoria Histórica, Raxoi tiene la intención de "facilitar" a los descendientes de las víctimas su localización e identificación, lo que supone "autorizar las tareas de prospección para localizar los restos" y establecer "el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos" podrán "recuperar los restos enterrados en las fosas".
La concejala Marta Álvarez-Santullano, que ayer presentó esta iniciativa del Grupo Socialista, destacó que en el cementerio municipal existe una placa que recuerda a los fusilados en esa época, por lo que existe la posibilidad de que se detecten enterramientos en fosas sin identificar. Para localizar estos puntos se dará acceso a las familias de los desaparecidos a los fondos documentales del Ayuntamiento, que alberga el Archivo de la Universidad.
Otro de los aspectos que aborda la moción del Grupo Socialista es el de los símbolos franquistas todavía presentes en espacios públicos y en residencias privadas. En este sentido, el texto detalla que se adoptarán "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Se exceptúan, al igual que recoge la Ley de la Memoria Histórica, aquéllas cuya conservación esté justificada por "razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas", así como las que "sean de estricto recuerdo privado" o que no supongan ningún tipo de "exaltación de los enfrentados".
También se contempla retirar "las subvenciones o ayudas concedidas a propietarios privados" que no acometan la supresión de estos símbolos cuando estén en propiedad privada, al tiempo que se colaborará con el Gobierno y la Xunta en la elaboración del "catálogo de vestigios" de la Guerra Civil y la Dictadura.
EL DATO
Para cerrar heridas
La exposición de motivos de la moción socialista incide en la necesidad de "cerrar heridas aún abiertas en los españoles", protegiendo el "derecho ciudadano a la memoria personal y familiar" .
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Garzón delega en 6 juzgados gallegos la decisión sobre la ...
La Opinión A Coruña
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Un mapa ubicará las fosas comunes del franquismo
25.11.2008
El PSOE local prevé facilitar la localización de las víctimas y autorizar las búsquedas de enterramientos ·· Se retirarán los símbolos
REDACCIÓN • SANTIAGO
Una moción del Grupo Municipal Socialista, que se aprobará en el próximo pleno, prevé la elaboración de un mapa en el que "consten los terrenos en los que se localicen los restos" de personas desaparecidas durante la Guerra Civil o la dictadura.
Además de recopilar esta información, que se incorporará al mapa que elaborará el Gobierno, amparado por la denominada Ley de la Memoria Histórica, Raxoi tiene la intención de "facilitar" a los descendientes de las víctimas su localización e identificación, lo que supone "autorizar las tareas de prospección para localizar los restos" y establecer "el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos" podrán "recuperar los restos enterrados en las fosas".
La concejala Marta Álvarez-Santullano, que ayer presentó esta iniciativa del Grupo Socialista, destacó que en el cementerio municipal existe una placa que recuerda a los fusilados en esa época, por lo que existe la posibilidad de que se detecten enterramientos en fosas sin identificar. Para localizar estos puntos se dará acceso a las familias de los desaparecidos a los fondos documentales del Ayuntamiento, que alberga el Archivo de la Universidad.
Otro de los aspectos que aborda la moción del Grupo Socialista es el de los símbolos franquistas todavía presentes en espacios públicos y en residencias privadas. En este sentido, el texto detalla que se adoptarán "las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". Se exceptúan, al igual que recoge la Ley de la Memoria Histórica, aquéllas cuya conservación esté justificada por "razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas", así como las que "sean de estricto recuerdo privado" o que no supongan ningún tipo de "exaltación de los enfrentados".
También se contempla retirar "las subvenciones o ayudas concedidas a propietarios privados" que no acometan la supresión de estos símbolos cuando estén en propiedad privada, al tiempo que se colaborará con el Gobierno y la Xunta en la elaboración del "catálogo de vestigios" de la Guerra Civil y la Dictadura.
EL DATO
Para cerrar heridas
La exposición de motivos de la moción socialista incide en la necesidad de "cerrar heridas aún abiertas en los españoles", protegiendo el "derecho ciudadano a la memoria personal y familiar" .
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Garzón delega en 6 juzgados gallegos la decisión sobre la ...
La Opinión A Coruña
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Las asociaciones por la Memoria Histórica siguen en pie de lucha
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Las asociaciones por la Memoria Histórica siguen en pie de lucha
Piden medio centenar de nuevas exhumaciones por toda España y también en el Valle de los Caídos
ELPLURAL.COM
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica están cumpliendo a rajatabla el anuncio que hicieron cuando el juez Baltasar Garzón se inhibió en la investigación de los crímenes del Franquismo y la Guerra Civil: seguir en pie de lucha. De este modo, ayer familiares de dos republicanos más enterrados en el Valle de los Caídos sin su consentimiento, solicitaron a la Audiencia Nacional la exhumación de estos cuerpos mientras que, paralelamente, Fernando Magán, abogado de las asociaciones, presentó a la misma institución un escrito pidiendo exhumaciones en Cáceres, Badajoz, Pamplona y Logroño. Hoy se presentará otro medio centenar de solicitudes de este tipo. “Cubriremos todo el territorio nacional para que luego sean enviados a los juzgados territoriales correspondientes”, advirtió el letrado. Con estas nuevas demandas, prácticamente todos los órganos judiciales territoriales de España recibirán una denuncia.
Noticias relacionadas
“El problema no es si Garzón era o no era competente, es que no hay una voluntad política de...
“Si Rajoy pretende ser presidente de todos no puede alegrarse de que haya ciudadanos enterrados...
Garzón se inhibe en la causa contra los crímenes del franquismo
IU, ERC e ICV piden una Fiscalía Antifranquista
Intelectuales y artistas presentan un manifiesto a favor de Garzón y de las víctimas del franquismo
El pasado martes 18 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió la causa que él mismo había iniciado para investigar las desapariciones del franquismo y la guerra civil. El magistrado delegó la responsabilidad a los Juzgados Territoriales. Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica –las desencadenantes del procedimiento judicial- no ocultaron su tristeza, pero recibieron la noticia con bríos suficientes para hacer dos anuncios: uno de agradecimiento a Garzón por el enorme paso dado al introducir el debate de los crímenes del franquismo en la agenda nacional y otro para comunicar que seguirían su batalla. Por la vía de los juzgados rerritorialesY aunque las asociaciones inicialmente se plantearon recurrir el auto de la inhibición, tras reunirse con el juez y celebrar una reunión han dejado de lado está posibilidad, optando por seguir presentando actuaciones y personándose en las causas que eventualmente abran los órganos territoriales.
“Todo ello reforzará más nuestra posición que presentar un recurso”, han señalado fuentes consultadas por Europa Press. Más exhumaciones en el Valle de los CaídosNada más hacer este anuncio, se han seguido pidiendo exhumaciones. Ayer, los familiares de dos republicanos enterrados en el Valle de los Caídos sin su consentimiento pidieron a la Audiencia Nacional que se exhumen sus cuerpos. Se trataría de Benedicto Ayala Alonso y Juan Colom Solé. El primero fue llevado al monumento el 23 de marzo de 1959, y el segundo fue sepultado junto a un grupo de presos de Lleida, sacados de la fosa común del cementerio de la ciudad, informa El País. Hoy, cincuenta solicitudes más Las asociaciones, que ya habían pedido la exhumación de otros ocho republicanos enterrados en el monumento a los Caídos sin la aprobación de sus familias, también han presentado un escrito solicitando este procedimiento en Cáceres, Badajoz, Pamplona y Logroño. Hoy se procederá de forma idéntica con otras cincuenta fosas repartidas por todo el territorio español.
“Cubriremos todo el territorio”
“Cubriremos todo el territorio nacional para que luego sean enviadas a los juzgados territoriales correspondientes” ha advertido Fernando Magán, abogado de las asociaciones denunciantes. Con estas nuevas peticiones, prácticamente todos los órganos judiciales de carácter territorial del país recibirán una denuncia de los grupos de Memoria Histórica. Primera exhumación tras el auto La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado hoy la primera exhumación de restos mortales en una fosa de la Guerra Civil tras la inhibición de Garzón. Se trata de una fosa común ubicada en la comarca leonesa de El Bierzo, cuya apertura fue la primera solicitada ante un Juzgado de Instrucción –el de Ponferrada- tras el auto del magistrado. Según los datos del colectivo, al menos tres personas de un grupo de once asesinados el 23 de septiembre de 1936 yacerían en aquel paraje, sito junto a la antigua Nacional VI. El arqueólogo René Pacheco y la antropóloga forense Roxana Ferlini dirigirán los trabajos de exhumación e identificación, respectivamente.
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Las asociaciones por la Memoria Histórica siguen en pie de lucha
Piden medio centenar de nuevas exhumaciones por toda España y también en el Valle de los Caídos
ELPLURAL.COM
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica están cumpliendo a rajatabla el anuncio que hicieron cuando el juez Baltasar Garzón se inhibió en la investigación de los crímenes del Franquismo y la Guerra Civil: seguir en pie de lucha. De este modo, ayer familiares de dos republicanos más enterrados en el Valle de los Caídos sin su consentimiento, solicitaron a la Audiencia Nacional la exhumación de estos cuerpos mientras que, paralelamente, Fernando Magán, abogado de las asociaciones, presentó a la misma institución un escrito pidiendo exhumaciones en Cáceres, Badajoz, Pamplona y Logroño. Hoy se presentará otro medio centenar de solicitudes de este tipo. “Cubriremos todo el territorio nacional para que luego sean enviados a los juzgados territoriales correspondientes”, advirtió el letrado. Con estas nuevas demandas, prácticamente todos los órganos judiciales territoriales de España recibirán una denuncia.
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Garzón se inhibe en la causa contra los crímenes del franquismo
IU, ERC e ICV piden una Fiscalía Antifranquista
Intelectuales y artistas presentan un manifiesto a favor de Garzón y de las víctimas del franquismo
El pasado martes 18 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibió la causa que él mismo había iniciado para investigar las desapariciones del franquismo y la guerra civil. El magistrado delegó la responsabilidad a los Juzgados Territoriales. Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica –las desencadenantes del procedimiento judicial- no ocultaron su tristeza, pero recibieron la noticia con bríos suficientes para hacer dos anuncios: uno de agradecimiento a Garzón por el enorme paso dado al introducir el debate de los crímenes del franquismo en la agenda nacional y otro para comunicar que seguirían su batalla. Por la vía de los juzgados rerritorialesY aunque las asociaciones inicialmente se plantearon recurrir el auto de la inhibición, tras reunirse con el juez y celebrar una reunión han dejado de lado está posibilidad, optando por seguir presentando actuaciones y personándose en las causas que eventualmente abran los órganos territoriales.
“Todo ello reforzará más nuestra posición que presentar un recurso”, han señalado fuentes consultadas por Europa Press. Más exhumaciones en el Valle de los CaídosNada más hacer este anuncio, se han seguido pidiendo exhumaciones. Ayer, los familiares de dos republicanos enterrados en el Valle de los Caídos sin su consentimiento pidieron a la Audiencia Nacional que se exhumen sus cuerpos. Se trataría de Benedicto Ayala Alonso y Juan Colom Solé. El primero fue llevado al monumento el 23 de marzo de 1959, y el segundo fue sepultado junto a un grupo de presos de Lleida, sacados de la fosa común del cementerio de la ciudad, informa El País. Hoy, cincuenta solicitudes más Las asociaciones, que ya habían pedido la exhumación de otros ocho republicanos enterrados en el monumento a los Caídos sin la aprobación de sus familias, también han presentado un escrito solicitando este procedimiento en Cáceres, Badajoz, Pamplona y Logroño. Hoy se procederá de forma idéntica con otras cincuenta fosas repartidas por todo el territorio español.
“Cubriremos todo el territorio”
“Cubriremos todo el territorio nacional para que luego sean enviadas a los juzgados territoriales correspondientes” ha advertido Fernando Magán, abogado de las asociaciones denunciantes. Con estas nuevas peticiones, prácticamente todos los órganos judiciales de carácter territorial del país recibirán una denuncia de los grupos de Memoria Histórica. Primera exhumación tras el auto La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha iniciado hoy la primera exhumación de restos mortales en una fosa de la Guerra Civil tras la inhibición de Garzón. Se trata de una fosa común ubicada en la comarca leonesa de El Bierzo, cuya apertura fue la primera solicitada ante un Juzgado de Instrucción –el de Ponferrada- tras el auto del magistrado. Según los datos del colectivo, al menos tres personas de un grupo de once asesinados el 23 de septiembre de 1936 yacerían en aquel paraje, sito junto a la antigua Nacional VI. El arqueólogo René Pacheco y la antropóloga forense Roxana Ferlini dirigirán los trabajos de exhumación e identificación, respectivamente.
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La Memoria Histórica malagueña
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La Memoria Histórica malagueña
editorial
Actualizado 23.11.2008 - 01:00
SENDAS mociones del grupo socialista en las dos principales instituciones municipales de la provincia han venido a recordar algunas cuentas pendientes que aún debe saldar la democracia en la semana en la que se cumplía el 33 aniversario de la muerte del dictador. Pero mientras en una de las propuestas lo único que hay que reprochar es la desidia política que ha facilitado demorar el cumplimiento de un acuerdo de Pleno, la segunda cuestión es mucho más delicada, porque afecta a personas vivas. Incluso algunos de los argumentos manejados pueden ser entendidos desde otras ópticas como una revancha en vez del estricto y legítimo ejercicio para cumplir la ley, en este caso, la de la Memoria Histórica. Hace un año el Ayuntamiento de Málaga aprobaba con la abstención del PP la constitución de una comisión para elaborar un censo con los hitos del régimen franquista que aún se aprecian en muchas calles y algunos centros públicos de la capital. El objeto era proceder a su eliminación. La delegación designada no se ha reunido ni una sola vez en este tiempo y por tanto tampoco se ha demostrado por parte del equipo de gobierno interés alguno en ejecutar el mandamiento de la Corporación.
También el PSOE en la Diputación llevará a Pleno su propia iniciativa para retirar los honores concedidos por la institución a personas y entidades ligadas al régimen de Francisco Franco. Una propuesta refrendada por Izquierda Unida y que el PP respalda, según su portavoz, porque le parece adecuado "terminar con cualquier símbolo de totalitarismo y retirar títulos honoríficos del fascismo, el nazismo o del comunismo radical". Pero en la relación de las 35 condecoraciones y felicitaciones otorgadas entre 1937 y 1975 figura el nombramiento como Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la provincia del ex ministro malagueño de la Vivienda y posteriormente de la Secretaría General del Movimiento, José Utrera Molina, que hoy, a sus 82 años, reside a caballo entre Madrid y Nerja. La decisión de despojarle de esos honores es ciertamente controvertida. Se trata de un personaje que ocupó un cargo ministerial en los estertores de la dictadura. Curiosamente, el acuerdo del organismo se adoptó en 1975 siendo el hoy alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidente de la Corporación provincial. El afectado, que no renuncia a su pasado franquista, entiende, sin embargo, que fueron otros méritos los que impulsaron a la institución a distinguirle. El propio secretario de la Diputación pedirá un informe jurídico para conocer si la moción se ajusta a la letra y el espíritu de la ley, que prevé excepciones en su artículo 15, cuando estemos ante casos en los que las menciones son de "estricto recuerdo privado, sin exaltación a los enfrentados". Es de justicia que Málaga elimine cuanto antes los vestigios de la época franquista, pero no es ni urgente ni necesario que lo haga a cualquier precio.
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La Memoria Histórica malagueña
editorial
Actualizado 23.11.2008 - 01:00
SENDAS mociones del grupo socialista en las dos principales instituciones municipales de la provincia han venido a recordar algunas cuentas pendientes que aún debe saldar la democracia en la semana en la que se cumplía el 33 aniversario de la muerte del dictador. Pero mientras en una de las propuestas lo único que hay que reprochar es la desidia política que ha facilitado demorar el cumplimiento de un acuerdo de Pleno, la segunda cuestión es mucho más delicada, porque afecta a personas vivas. Incluso algunos de los argumentos manejados pueden ser entendidos desde otras ópticas como una revancha en vez del estricto y legítimo ejercicio para cumplir la ley, en este caso, la de la Memoria Histórica. Hace un año el Ayuntamiento de Málaga aprobaba con la abstención del PP la constitución de una comisión para elaborar un censo con los hitos del régimen franquista que aún se aprecian en muchas calles y algunos centros públicos de la capital. El objeto era proceder a su eliminación. La delegación designada no se ha reunido ni una sola vez en este tiempo y por tanto tampoco se ha demostrado por parte del equipo de gobierno interés alguno en ejecutar el mandamiento de la Corporación.
También el PSOE en la Diputación llevará a Pleno su propia iniciativa para retirar los honores concedidos por la institución a personas y entidades ligadas al régimen de Francisco Franco. Una propuesta refrendada por Izquierda Unida y que el PP respalda, según su portavoz, porque le parece adecuado "terminar con cualquier símbolo de totalitarismo y retirar títulos honoríficos del fascismo, el nazismo o del comunismo radical". Pero en la relación de las 35 condecoraciones y felicitaciones otorgadas entre 1937 y 1975 figura el nombramiento como Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la provincia del ex ministro malagueño de la Vivienda y posteriormente de la Secretaría General del Movimiento, José Utrera Molina, que hoy, a sus 82 años, reside a caballo entre Madrid y Nerja. La decisión de despojarle de esos honores es ciertamente controvertida. Se trata de un personaje que ocupó un cargo ministerial en los estertores de la dictadura. Curiosamente, el acuerdo del organismo se adoptó en 1975 siendo el hoy alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidente de la Corporación provincial. El afectado, que no renuncia a su pasado franquista, entiende, sin embargo, que fueron otros méritos los que impulsaron a la institución a distinguirle. El propio secretario de la Diputación pedirá un informe jurídico para conocer si la moción se ajusta a la letra y el espíritu de la ley, que prevé excepciones en su artículo 15, cuando estemos ante casos en los que las menciones son de "estricto recuerdo privado, sin exaltación a los enfrentados". Es de justicia que Málaga elimine cuanto antes los vestigios de la época franquista, pero no es ni urgente ni necesario que lo haga a cualquier precio.
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La CEE y la Memoria.
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Es innegable, como dijo en su día la Plenaria de la Conferencia Episcopal (CEE), que el mejor legado de nuestra historia reciente es "la concordia social". En este sentido, la Iglesia católica, en 1999, pidió "el perdón de Dios" para todos los que "se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba". En esa misma línea, el cardenal Rouco Varela, presidente de la CEE, acaba de volver a clamar por el espíritu de reconciliación, temeroso de "actitudes, palabras y estrategias" que, a raíz de la recuperación de la memoria histórica, "puedan derivar en confrontaciones violentas".Su propuesta de una "auténtica y sana purificación de la memoria", sin embargo, parece alejarse de los parámetros evangélicos que nos hablan de perdón y de paz para entroncar con una llamada a un cierto olvido "necesario" que no responde a las demandas de muchos ciudadanos en su legítimo deseo de conocer la verdad histórica, con el fin, entre otras cosas, de que sus lecciones no caigan en saco roto.La Iglesia católica sufrió en carne propia muchos de los desmanes de la guerra civil y luego participó, como institución, en la represión franquista, pero también en la recuperación de la democracia. El olvido nunca es la mejor medicina para un futuro conciliador. Debemos "liberar a los jóvenes de los lastres del pasado", como dice Rouco, pero no está claro que deba hacerse a través de la ignorancia de ese pasado. Es en el conocimiento y la memoria en lo que debe basarse un nuevo afán de "convivencia serena". Por cierto, en nada apoyada por algunos periodistas que se escudan en emisoras episcopales y cuyas actitudes, palabras y estrategias más concitan el odio que proclaman "el perdón y el amor fraterno".
• El presidente de los obispos dice que recobrar la memoria histórica puede "deteriorar la convivencia"
• El PSOE replica que la Iglesia beatificó a cientos de religiosos asesinados por el bando republicano
JUAN RUIZ SIERRAMADRID
Frente a las leyes de memoria histórica, la apertura de fosas y las investigaciones judiciales al franquismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Antonio María Rouco Varela, ofreció ayer su propia receta para cerrar las heridas de la guerra civil y la dictadura: el olvido. Si no se corre un tupido velo sobre lo que ocurrió el siglo pasado, sostuvo el también arzobispo de Madrid durante la inauguración de la asamblea plenaria de los prelados, España puede caer otra vez en las "confrontaciones violentas
No son pocos los que manifiestan una justificada inquietud ante el peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada", señaló Rouco en un discurso largo, leído, y en el que evitó, a diferencia de otras ocasiones, detenerse en sus discrepancias con las posiciones que defiende el Gobierno socialista. "Siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas --continuó--. Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación que presidió la vida social y política en los años de la transición. A veces es necesario saber olvidar. No por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón responsable y fuerte. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria".
BEATIFICACIONES
Ocurre, sin embargo, que hace poco más de un año, en octubre del 2007, los obispos españoles culminaron la mayor beatificación de la historia: 498 mártires, 496 de ellos de la guerra civil, casi todos sacerdotes y religiosos fallecidos a manos del bando republicano. "Me sorprende que quien está promoviendo beatificaciones en relación con personas de aquella época apele ahora al olvido. Algunos tienen amnesia en función de si les conviene o no", dijo sobre el discurso de Rouco el vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Precisamente tras esa gigantesca beatificación, celebrada en Roma, el antecesor de Rouco en el cargo, Ricardo Blázquez, considerado menos conservador, manifestó algo distinto sobre la guerra civil: planteó la necesidad de que la Iglesia pida perdón por sus "actuaciones concretas" en la contienda.
El arzobispo de Madrid, al abrir una asamblea plenaria en la que los prelados decidirán mañana quién ocupará el cargo de secretario general, también se detuvo en una cuestión tan actual como la crisis. Echando mano de una expresión del agrado del papa Benedicto XVI, el "relativismo moral", Rouco apuntó a la codicia como detonante.
EL ABORTO Y LA CRISIS
"Es momento de examinar si la vida económica no se ha visto dominada por la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada; si el derroche y la ostentación, privada y pública, no han sido presentados con demasiada frecuencia como supuesta prueba de efectividad económica y social", declaró el cardenal, quien, sin citar al Ejecutivo, citó dos factores que a su juicio ayudan a explicar el actual desastre financiero: el hecho de que la familia no reciba "el apoyo cultural, social y legal adecuado" y "el sacrificio doloroso y legalmente tolerado de tantas vidas inocentes a través de la práctica sistemática del aborto".
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El presidente del Episcopado advierte de que la memoria histórica puede "dar pábulo a confrontaciones violentas"
JESÚS BASTANTE - Madrid - 24/11/2008 11:23
“A veces es necesario saber olvidar”. El cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, resumió este lunes en esa frase lo que a su entender sería “una auténtica y sana purificación de la memoria”. El purpurado madrileño, que pronunció su primer discurso como presidente del Episcopado español en su asamblea plenaria, aludió con respecto a las consecuencias del movimiento por la memoria histórica a “una justificada inquietud ante el peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada” alcanzada por la sociedad española.
Por si la comparación con el ambiente previo a la Guerra Civil no quedaba clara, Rouco alertó de que, aunque “la actual situación internacional y nacional no es la misma” que en la década de 1930, “siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas”.
“Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación”, añadió Rouco, “no por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte”.
Recordando anteriores pastorales, el cardenal de Madrid subrayó que, si bien “quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes”, hay que “procurar que no se deterioren ni dilapiden los bienes alcanzados”. Sobre todo, precisó, pensando en los jóvenes: “Hay que liberarlos de los lastres del pasado, no cargándolos con viejas rencillas y rencores”.
Rouco concluyó su discurso condenando “el sacrificio silencioso y legalmente tolerado” que supone el aborto, “una injusticia clamorosa”, y reclamando “una verdadera protección jurídica” para la institución del matrimonio.
Símbolos y convivencia
Si bien Rouco no hizo referencia alguna a la sentencia que ordenó la semana pasada retirar los crucifijos del colegio Matías Picavea de Valladolid, ni a la polémica sobre la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos que ha suscitado, sí lo hizo el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, quien consideró que, este tipo de sentencias “no favorecen la convivencia”, que se construye “sobre el respeto”.
“Lo importante es que se eduque a los niños y niñas de Valladolid a respetar los símbolos religiosos de cualquier religión”, añadió. Para Amigo, “las medidas drásticas no educan a las personas”, por lo que resulta importante, en la actual situación, “no tirar por la borda” todos los símbolos religiosos, sino “ayudar a respetarlos”.
El cardenal de Sevilla publicó el último domingo una pastoral sobre la violencia de género (cuyo día internacional se celebra mañana), un aspecto poco tratado por los obispos españoles. En su misiva, Amigo denunciaba que “la violencia de género es siempre una agresión injustificable, que no necesita apellido alguno para ser inadmisible y merecedora del mayor de los desprecios. Una violencia y una tortura moralmente inaceptables, inhumanas y delictivas”.
Cañizares y la “cristofobia”
Mientras Rouco hablaba ayer de memoria, el cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, arremetía este domingo contra la “cristofobia” que se esconde a su entender detrás de decisiones como la de no colocar una placa en el Congreso en honor de Santa Maravillas o la sentencia de Valladolid.
Cañizares –quien en los próximos días será nombrado prefecto de la Congregación vaticana para el Culto Divino–, indicó que, tras estas decisiones, “se denota una cristofobia que, en definitiva, es el odio a sí mismos”. “Sé que me van a criticar, pero nuestra sociedad está enferma, muy enferma”, dijo el cardenal.
Los ataques de Cañizares fueron secundados por los participantes del Congreso Católicos y Vida Pública que, organizado por el CEU, congregó el pasado fin de semana a más de un millar de católicos. En el manifiesto final del mismo, entre otras cuestiones, se condenaba la “quiebra moral profunda de los valores cristianos que han generado y vertebrado, durante siglos”, la identidad de los españoles como pueblo, y se llamaba a “la actuación personal concreta y coherente” de los católicos. Su discurso también hizo hincapié en la crisis económica, que identificó con “el derroche y la ostentación, privada y pública”.
La Iglesia hace gala de su memoria selectiva
Los obispos no quieren olvidar a sus víctimas de la Guerra Civil
DIEGO BARCALA - Madrid - 24/11/2008 22:00
En 1975, muerto el dictador, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón afirmó en la misa de coronación del rey Juan Carlos: "Que reine la verdad en nuestra España; que la mentira no invada nuestras instituciones; que ninguna forma de opresión esclavice a nadie". Más 30 años después, su sucesor en la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, pide directamente "el olvido". ¿Cuál es la verdad que Tarancón quiso recuperar y Rouco quiere olvidar? La de la participación de la Iglesia en la represión desatada desde el 18 de julio de 1936 y su silencio en una cruda posguerra, que eliminó a 50.000 personas.
Beatificaciones
Mártires de la Cruzada
"Mientras no se haya hecho la reparación de las víctimas no se puede olvidar", responde el teólogo Juan José Tamayo a la apelación de Rouco al "olvido". Hace un año, con la ley de la memoria Histórica en plena negociación, la Conferencia Episcopal respondió con el impulso al proceso de beatificación de 479 religiosos asesinados en la guerra. Un año después, la reacción de la Iglesia al conato de proceso abierto por Garzón ha sido otro intento de beatificación, ahora, de 498 mártires.
Bendición de un bando
Apoyo a la Cruzada
Los obispos no dudaron en elegir el bando al que apoyar tras el golpe de Estado fallido de 1936. Los 6.800 religiosos asesinados a manos de los republicanos ayudaron a que la Iglesia tuviera claro a quién bendecir. "Se trataba de salvar la Patria, el Orden y la Religión, tres cosas que en el fondo eran lo mismo", resume el historiador Julián Casanova en La Iglesia de Franco (Editorial Crítica). En ese mismo libro recupera una declaración del arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, apenas un mes después del inicio del conflicto: "La violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la Patria y la Religión".
Depuración de infieles
Presentes al fusilar
En la España en la que los sublevados triunfaron en un primer momento se cometieron auténticas cazas de brujas, pueblo tras pueblo. En Castilla y León, donde no hubo frente de guerra, son innumerables los testimonios que aluden a la presencia de los sacerdotes en los fusilamientos. Con la última bendición, el cura de turno daba la oportunidad a las víctimas de limpiar su conciencia contaminada antes de morir. Después, llegaba el turno de registrar en el libro de difuntos de la parroquia el nombre, la edad y la profesión. A veces ubicaban en qué fosa del cementerio eran depositados los cuerpos. Así lo atestiguan muchos de los documentos eclesiásticos entregados por los familiares de las víctimas en la Audiencia Nacional al juez Baltasar Garzón.
Homenaje a los suyos
Por Dios y por la Patria
Una vez acabada la guerra, con los presos sacados a puñados para ser pasados por las armas, la Iglesia comenzó el homenaje de los suyos. En miles de parroquias, se colocaron placas de recuerdo a los mártires con el siguiente encabezado: "Caídos por Dios y por la Patria". En pueblos como Pedro Bernardo (Ávila, 1.000 habitantes) se colocó una placa en la iglesia local que recuerda a una veintena de muertos en la guerra. Otros tantos fallecidos yacen en una fosa aun sin localizar. Esa fue la reconciliación aplicada por la Iglesia en la posguerra. El 11 de julio pasado el Ayuntamiento consiguió retirar la placa con la oposición feroz del párroco local. Casanova aboga por mantener esos símbolos como testimonio del papel que la Iglesia jugó en el franquismo.
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Las exhumaciones de fosas dañan "la concordia social", aduce el obispo
JUAN G. BEDOYA - Madrid - 25/11/2008
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, dijo ayer que "a veces es necesario olvidar", en referencia al polémico desarrollo de la llamada Ley de la Memoria Histórica, que los obispos han execrado desde el principio. Rouco equiparó la preocupación que causa esa ley en la sociedad con la provocada ahora por la crisis económica. Lo dijo en su primer discurso ante el pleno de la Conferencia Episcopal, que preside por segunda vez desde marzo pasado. El cardenal señaló esos temas como "dos de las preocupaciones que se sienten en este momento en la sociedad". Recetó para su remedio "reconciliación y solidaridad".
Rouco sostiene que la reconciliación pasa por el olvido. Dijo sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica: "No son pocos los que manifiestan una justificada inquietud ante el peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada. La historia de España ha estado, por desgracia, jalonada por tensiones que más de una vez han desembocado en enfrentamientos fratricidas. Gracias a Dios, la actual situación internacional y nacional no es la misma. Pero siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas. Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación, sacrificado y generoso, que presidió la vida social y política en los años llamados de la transición a la democracia. A veces es necesario saber olvidar. No por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria".
El cardenal de Madrid es quien apadrina con mayor entusiasmo la masiva beatificación de católicos asesinados entre 1934 y 1938, los años en los que los obispos creen que se produjo la mayor persecución religiosa de la historia. El Vaticano ha beatificado o canonizado ya a 977 de esas víctimas y hace un mes anunció que hay en cartera otras 500 personas, del total de 10.000 que quiere elevar a los altares el episcopado español.
Rouco cree, sin embargo, que daña gravemente la "concordia social" el deseo de otras personas de buscar en fosas comunes o en las cunetas de España restos de sus familiares, enterrados como animales durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura franquista, que la Iglesia católica apadrinó y consagró como Cruzada.
La tesis de Rouco es que "a los jóvenes hay que liberarlos, en cuanto sea posible, de los lastres del pasado, no cargándolos con viejas rencillas y rencores, sino ayudándoles a fortalecer la voluntad de concordia y de amistad".
Sobre la crisis económica, el cardenal pidió "prestar atención a las responsabilidades morales", en alusión al "relativismo moral" que ha fomentado desinterés por el servicio al bien común, la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada y el derroche y la ostentación, privada y pública.
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Para la Iglesia las leyes de memoria histórica "deterioran la convivencia serena"
Para la Iglesia las leyes de memoria histórica "deterioran la convivencia serena"
El PSOE ha contestado que no se puede borrar la historia de nuestro país. El PP, por su parte, ha respaldado a la Iglesia
El PSOE ha contestado que no se puede borrar la historia de nuestro país. El PP, por su parte, ha respaldado a la Iglesia
Noticias Cuatro - 24/11/2008 - 20:23
La Iglesia ha acusado al Gobierno de guerracivilismo con las leyes de memoria histórica. Hasta ahora la Conferencia Episcopal había chocado con el Gobierno pero la dialéctica de hoy es tan contundente y su mensaje tan duro que merece atención detenida. La Iglesia dice que las leyes de memoria histórica "deterioran la convivencia serena" y, en segundo lugar, que hay que "olvidar".
Las asociaciones de memoria histórica consideran que lo que la Iglesia quiere "olvidar" es su papel en la Guerra Civil y en la dictadura y recuerdan que se sigue canonizando a mártires de tal bando, el de la Iglesia y el franquismo.
El Gobierno guarda silencio, pero el PSOE ha contestado que no se puede borrar la historia de nuestro país y ha pedido a todas las instituciones que respeten las decisiones judiciales.
Por su parte, las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, se suman a las del arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que ayer hablaba de "cristofobia", de una sociedad "enferma". También a las del cardenal amigo que dice que la sentencia que obliga a quitar crucifijos de las escuelas "dificultan las convivencia". El PP ha respaldado a la Iglesia.
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elEconomista.es -
ADN.es -
COPE -
Diario de Cádiz -
La Voz de Galicia -
Diario de León -
La Nueva España -
laSextaNoticias -
ACI Prensa -
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Las asociaciones reclaman a Garzón la apertura de ocho nuevas fosas
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Las asociaciones reclaman a Garzón la apertura de ocho nuevas fosas
Melchor Sáiz madrid
Las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica pidieron hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que autorice la apertura de ocho nuevas fosas comunes de asesinados por la represión franquista en Extremadura, Navarra y Castilla y León. El letrado Fernando Magán, que representa a una veintena de colectivos denunciantes, explicó que las asociaciones se han dirigido a Garzón porque, a pesar de su inhibición, la Audiencia Nacional todavía no ha decidido sobre la competencia en este sumario y quiénes deben ser los que autoricen las inhibiciones. El propio magistrado, en el auto en el que anunció que abandonaba la causa, ya garantizó que, no obstante, tramitaría todas las peticiones hasta que no fuera firme la inhibición. La fosa más importante que los colectivos de memoria histórica han pedido abrir es la que se encuentra en el cementerio de Villamesías, en el partido judicial de la localidad cacereña de Trujillo.
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Las asociaciones reclaman a Garzón la apertura de ocho nuevas fosas
Melchor Sáiz madrid
Las asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica pidieron hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que autorice la apertura de ocho nuevas fosas comunes de asesinados por la represión franquista en Extremadura, Navarra y Castilla y León. El letrado Fernando Magán, que representa a una veintena de colectivos denunciantes, explicó que las asociaciones se han dirigido a Garzón porque, a pesar de su inhibición, la Audiencia Nacional todavía no ha decidido sobre la competencia en este sumario y quiénes deben ser los que autoricen las inhibiciones. El propio magistrado, en el auto en el que anunció que abandonaba la causa, ya garantizó que, no obstante, tramitaría todas las peticiones hasta que no fuera firme la inhibición. La fosa más importante que los colectivos de memoria histórica han pedido abrir es la que se encuentra en el cementerio de Villamesías, en el partido judicial de la localidad cacereña de Trujillo.
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lunes 24 de noviembre de 2008
La FIDH pide a Zapatero la abolición de la ley de amnistía de 1977
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La FIDH pide a Zapatero la abolición de la ley de amnistía de 1977
24-11-2008 - 09:49 h.
París EFE
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que impulse la abolición de la ley de amnistía de 1977 y la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Franquismo. En una carta abierta enviada al jefe del Gobierno español, la organización pidió la adopción de estas medidas para "cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU". La FIHD toma nota de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de inhibirse de la investigación de estos crímenes a favor de los Tribunales Regionales y recordó a éstos que esas faltas no están sujetas a amnistía ni prescripción.
La organización señaló que "es urgente e imprescindible que España permita por fin a las víctimas (del franquismo) acceder a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación". En la carta abierta, también firmada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la organización indicó que la ley de memoria histórica constituye "un paso importante" a favor de las reivindicaciones de las víctimas, pero "no es suficiente". Esa ley "establece claramente que el derecho a la reparación es compatible con el ejercicio de las demás acciones a que hubiere lugar ante los Tribunales de justicia", indicó la FIDH.
La organización consideró que el recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se archivara la causa abierta por Garzón invocando la ley de amnistía de 1977 "pone a España en la vía de una clara violación de sus obligaciones internacionales". Recordó que el pasado día 31, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya pidió la abolición de la ley de amnistía de 1977 y que se eliminen los obstáculos para la persecución judicial de crímenes de lesa humanidad.
"Insistió también en que se creara una Comisión para establecer los hechos sobre los ejecutados y desaparecidos para identificar y exhumar los cuerpos de todas las víctimas", indicó la FIDH. La organización mostró su confianza en que los Tribunales "hagan valer los derechos de las víctimas". Además, pidió a Zapatero que "lidere la abolición de la ley de amnistía de 1977 y cree una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación para cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y tome conjuntamente con las organizaciones de víctimas las medidas complementarias necesarias para hacer valer el respeto de sus derechos".
La Comisión debe servir, según el Comité de la ONU, para "establecer los hechos sobre los ejecutados y desaparecidos y para identificar y exhumar los cuerpos de todas las víctimas", indicó la FIDH.
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La FIDH pide a Zapatero la abolición de la ley de amnistía de 1977
24-11-2008 - 09:49 h.
París EFE
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió hoy al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que impulse la abolición de la ley de amnistía de 1977 y la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Franquismo. En una carta abierta enviada al jefe del Gobierno español, la organización pidió la adopción de estas medidas para "cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU". La FIHD toma nota de la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de inhibirse de la investigación de estos crímenes a favor de los Tribunales Regionales y recordó a éstos que esas faltas no están sujetas a amnistía ni prescripción.
La organización señaló que "es urgente e imprescindible que España permita por fin a las víctimas (del franquismo) acceder a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación". En la carta abierta, también firmada por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la organización indicó que la ley de memoria histórica constituye "un paso importante" a favor de las reivindicaciones de las víctimas, pero "no es suficiente". Esa ley "establece claramente que el derecho a la reparación es compatible con el ejercicio de las demás acciones a que hubiere lugar ante los Tribunales de justicia", indicó la FIDH.
La organización consideró que el recurso presentado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que se archivara la causa abierta por Garzón invocando la ley de amnistía de 1977 "pone a España en la vía de una clara violación de sus obligaciones internacionales". Recordó que el pasado día 31, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ya pidió la abolición de la ley de amnistía de 1977 y que se eliminen los obstáculos para la persecución judicial de crímenes de lesa humanidad.
"Insistió también en que se creara una Comisión para establecer los hechos sobre los ejecutados y desaparecidos para identificar y exhumar los cuerpos de todas las víctimas", indicó la FIDH. La organización mostró su confianza en que los Tribunales "hagan valer los derechos de las víctimas". Además, pidió a Zapatero que "lidere la abolición de la ley de amnistía de 1977 y cree una Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación para cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y tome conjuntamente con las organizaciones de víctimas las medidas complementarias necesarias para hacer valer el respeto de sus derechos".
La Comisión debe servir, según el Comité de la ONU, para "establecer los hechos sobre los ejecutados y desaparecidos y para identificar y exhumar los cuerpos de todas las víctimas", indicó la FIDH.
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Sentimiento de culpa
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Sentimiento de culpa
A raíz de los autos del juez Garzón sobre las víctimas de la dictadura franquista, se está procediendo a un revisionismo cargado de mala conciencia
23.11.08 - JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA
El juez Garzón, tras tramitar varias denuncias de asociaciones de la memoria histórica y de particulares, en orden a perseguir por la vía penal los delitos que él define como de «detención ilegal permanente en el contexto de crímenes contra la Humanidad», cometidos por las autoridades franquistas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, y que serían imprescriptibles y no amparados por la Ley de Amnistía de 1977, ha acabado declarándose incompetente y transferido a los tribunales territoriales la responsabilidad de la investigación. Los autos pertinentes, de 16 de octubre y de 18 de noviembre de 2008, han encendido, en diversos ámbitos de la sociedad, un intenso debate que no tiene visos de apagarse en un futuro cercano.
Por derivación, y a lomos de lo que yo creo ser una mala conciencia, buena parte de este debate amenaza con deslizarse, más allá de lo penal, hacia un confuso revisionismo histórico, que, retrotrayéndose hasta la II República y la dictadura, llega a la Transición y afecta, de manera singular, a la citada Ley de Amnistía. A la confusión han contribuido sobremanera los propios autos del juez, que, con su argumentación sobrecargada de sentimientos de vanidad herida, ha añadido notables dosis de emotividad a los ya de por sí espeluznantes hechos que en aquellos se recogen. Sólo faltaba la manipulación del dolor nunca resarcido de las víctimas para que el debate abandone el terreno de la racionalidad y se adentre en el de la más burda demagogia.
Los autos, y buena parte del debate posterior, apuntan, como referentes para lo que debería haber sido y seguir siendo nuestra conducta, a los comportamientos que se han adoptado en otros países enfrentados a situaciones que se dicen parecidas a la española. Se citan, por mencionar los más conocidos, los casos de Argentina, Chile, Guatemala o Sudáfrica. Y en esta acrítica acumulación de referentes radica buena parte de la causa de la confusión.
En comparación con esos y otros países, España tiene una característica que no es compartida por ninguno de ellos. Mientras que, en aquellos, los regímenes dictatoriales o de exclusión racial fueron removidos por otros democráticos mediante los oportunos procesos políticos y sociales, la dictadura española se extinguió, sin intervención alguna ajena a ella misma, por la muerte natural del dictador. Esta característica resulta fundamental y produce dos efectos de trascendental importancia.
El primero se refiere, por así decirlo, al aspecto de la legitimidad. No se quiere negar aquí, de ningún modo, la legitimidad que habría tenido el Estado constitucional español para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura. Pero no cabe duda de que los gobiernos democráticos surgidos de la remoción activa de los anteriores dictatoriales se sentían investidos de, al menos, mayor apariencia de legitimidad para juzgar y condenar. En parte, porque el cuerpo social en su conjunto, al margen de su comportamiento previo, podía sumarse con mayor facilidad a la nueva situación de depuración. En nuestro caso, la opción, de todo punto de vista acertada, por la reforma en vez de por la ruptura llevaba precisamente implícita la renuncia a este tipo de persecución judicial. Por duro que resulte asumirlo, la Transición dejó a la democracia española transida de franquismo. No está de más recordar, a este respecto, que la amnistía no fue el producto de una solicitud de perdón por parte de los sucesores de la dictadura, sino el éxito de una reclamación de la izquierda y de los nacionalistas.
El segundo efecto, derivado, sin duda, del primero, consiste en esa especie de sentimiento de culpa que este modo de transitar de la dictadura a la democracia parece haber dejado en el conjunto de la sociedad española, que no supo, no quiso o no pudo, en su día, derrocar aquel régimen hasta que se produjo su extinción natural. Pero, las cosas son como fueron, y lo son así hoy precisamente porque así lo fueron en su día. La actitud acomodaticia, resignada o, en cualquier caso, no suficientemente resistente, que el conjunto de la sociedad española adoptó durante la dictadura, no puede pretender verse ahora compensada, como a posteriori, por esta otra revisionista y justiciera que parece querer instalarse para exculpar las flaquezas del pasado.
No debería ser, por tanto, el pasado el objeto del debate, sino el presente. Los actos del pasado dictatorial han quedado al amparo de toda persecución penal, aunque sólo sea, también en este caso, por extinción natural de responsabilidades. No ocurre lo mismo con sus consecuencias en el presente. Sobre el Estado democrático recae ahora la responsabilidad -quizá incluso penalmente perseguible- de poner todos los medios a su alcance para aclarar los hechos, identificar los restos de las víctimas y entregárselos a sus familiares. Así concluiría la Transición. Y, con ella, quizá hasta nuestro sentimiento de culpa.
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Sentimiento de culpa
A raíz de los autos del juez Garzón sobre las víctimas de la dictadura franquista, se está procediendo a un revisionismo cargado de mala conciencia
23.11.08 - JOSÉ LUIS ZUBIZARRETA
El juez Garzón, tras tramitar varias denuncias de asociaciones de la memoria histórica y de particulares, en orden a perseguir por la vía penal los delitos que él define como de «detención ilegal permanente en el contexto de crímenes contra la Humanidad», cometidos por las autoridades franquistas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura, y que serían imprescriptibles y no amparados por la Ley de Amnistía de 1977, ha acabado declarándose incompetente y transferido a los tribunales territoriales la responsabilidad de la investigación. Los autos pertinentes, de 16 de octubre y de 18 de noviembre de 2008, han encendido, en diversos ámbitos de la sociedad, un intenso debate que no tiene visos de apagarse en un futuro cercano.
Por derivación, y a lomos de lo que yo creo ser una mala conciencia, buena parte de este debate amenaza con deslizarse, más allá de lo penal, hacia un confuso revisionismo histórico, que, retrotrayéndose hasta la II República y la dictadura, llega a la Transición y afecta, de manera singular, a la citada Ley de Amnistía. A la confusión han contribuido sobremanera los propios autos del juez, que, con su argumentación sobrecargada de sentimientos de vanidad herida, ha añadido notables dosis de emotividad a los ya de por sí espeluznantes hechos que en aquellos se recogen. Sólo faltaba la manipulación del dolor nunca resarcido de las víctimas para que el debate abandone el terreno de la racionalidad y se adentre en el de la más burda demagogia.
Los autos, y buena parte del debate posterior, apuntan, como referentes para lo que debería haber sido y seguir siendo nuestra conducta, a los comportamientos que se han adoptado en otros países enfrentados a situaciones que se dicen parecidas a la española. Se citan, por mencionar los más conocidos, los casos de Argentina, Chile, Guatemala o Sudáfrica. Y en esta acrítica acumulación de referentes radica buena parte de la causa de la confusión.
En comparación con esos y otros países, España tiene una característica que no es compartida por ninguno de ellos. Mientras que, en aquellos, los regímenes dictatoriales o de exclusión racial fueron removidos por otros democráticos mediante los oportunos procesos políticos y sociales, la dictadura española se extinguió, sin intervención alguna ajena a ella misma, por la muerte natural del dictador. Esta característica resulta fundamental y produce dos efectos de trascendental importancia.
El primero se refiere, por así decirlo, al aspecto de la legitimidad. No se quiere negar aquí, de ningún modo, la legitimidad que habría tenido el Estado constitucional español para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura. Pero no cabe duda de que los gobiernos democráticos surgidos de la remoción activa de los anteriores dictatoriales se sentían investidos de, al menos, mayor apariencia de legitimidad para juzgar y condenar. En parte, porque el cuerpo social en su conjunto, al margen de su comportamiento previo, podía sumarse con mayor facilidad a la nueva situación de depuración. En nuestro caso, la opción, de todo punto de vista acertada, por la reforma en vez de por la ruptura llevaba precisamente implícita la renuncia a este tipo de persecución judicial. Por duro que resulte asumirlo, la Transición dejó a la democracia española transida de franquismo. No está de más recordar, a este respecto, que la amnistía no fue el producto de una solicitud de perdón por parte de los sucesores de la dictadura, sino el éxito de una reclamación de la izquierda y de los nacionalistas.
El segundo efecto, derivado, sin duda, del primero, consiste en esa especie de sentimiento de culpa que este modo de transitar de la dictadura a la democracia parece haber dejado en el conjunto de la sociedad española, que no supo, no quiso o no pudo, en su día, derrocar aquel régimen hasta que se produjo su extinción natural. Pero, las cosas son como fueron, y lo son así hoy precisamente porque así lo fueron en su día. La actitud acomodaticia, resignada o, en cualquier caso, no suficientemente resistente, que el conjunto de la sociedad española adoptó durante la dictadura, no puede pretender verse ahora compensada, como a posteriori, por esta otra revisionista y justiciera que parece querer instalarse para exculpar las flaquezas del pasado.
No debería ser, por tanto, el pasado el objeto del debate, sino el presente. Los actos del pasado dictatorial han quedado al amparo de toda persecución penal, aunque sólo sea, también en este caso, por extinción natural de responsabilidades. No ocurre lo mismo con sus consecuencias en el presente. Sobre el Estado democrático recae ahora la responsabilidad -quizá incluso penalmente perseguible- de poner todos los medios a su alcance para aclarar los hechos, identificar los restos de las víctimas y entregárselos a sus familiares. Así concluiría la Transición. Y, con ella, quizá hasta nuestro sentimiento de culpa.
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El genocidio franquista
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El genocidio franquista
PEDRO GUERRERO RUIZ
Hace 33 años que murió el militar golpista Francisco Franco, quien, después del levantamiento armado contra la legítima República española, se autoproclamó generalísimo e impuso, desde la fuerza de las armas, una dictadura fascista. Un régimen represor y cruel que duró mientras vivió el dictador. Su muerte y la posterior restauración democrática forman parte de la memoria del pueblo y la historia hace que jamás pueda olvidarse. Esto es cierto, tanto por la certeza de los acontecimientos bélicos como por las secuelas de los crímenes que se cometieron para eliminar a quienes defendían la República. Crímenes y secuestros que todavía perduran: miles de asesinados y niños y niñas arrancados de sus familias, educados contra la ideología de sus padres y entregados a un destino lejano al de su origen familiar. Esta terrible agresión a los derechos humanos y a las leyes se conoce como genocidio, que es tanto como decir "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos políticos". No soy jurista, ni falta que me hace, para entender que la pertenencia a cualquier grupo fascista o la alabanza del franquismo, sea cual sea la forma adoptada, debe ser prohibida y castigada por las leyes. En este sentido, una revisión de la Ley de la Memoria Histórica vendría a condenar no solamente los crímenes contra la humanidad del franquista sino también a los grupos o personas que fuesen favorables a esta ideología criminal. Un paso definitivo para la total restauración democrática sería, por tanto, la prohibición de estas organizaciones así como las opiniones fascistas, declarándoseles también actos de terrorismo contra dichos grupos o personas que pudieran defender el genocidio franquista. Digo lo anterior, sabiendo que la guerra española y sus secuelas han dejado tanta tristeza, tanta crueldad y tanta sangre en España que conviene que se conozca la veracidad de los hechos y se devuelva la dignidad a esas personas asesinadas, muchos de ellos sin enterramiento desde que se cometieron los crímenes. En este sentido no se puede entender que el Gobierno y los grupos políticos democráticos no hayan determinado ya el juicio a Franco y su dictadura, para que no sólo el Parlamento español sino la Justicia condenen aquel golpe de Estado fascista, y prohibiendo radicalmente su negra mitología manifestada en los símbolos de aquella dictadura. En este sentido, los que aún quedan en iglesias y calles deben ser retirados por los poderes públicos correspondientes (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos). Y si esto no fuese así, el Poder Judicial deberá obligar al cumplimiento de la ley, sobre todo cuando sabemos que, en muchas ocasiones, la derecha es reacia a cumplir con estos preceptos legales.
Todo lo demás, es darle vueltas a una idea cada vez más desafortunada: la de la no abrir viejas heridas, que es tanto como dejar sangrando en estado latente las que nos dejó el largo periodo del franquismo. Sólo con leyes que se cumplan y con actos que devuelvan la dignidad a los derrotados, que nunca vencidos, fuesen represaliados, secuestrados o asesinados, se podrá acabar con este ya largo juicio social de la historia más negra de España, y sobre todo para que la razón ideológica pase a enmarcarse a la legalidad constitucional en relación con estos crímenes contra la humanidad del genocidio franquista.
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El genocidio franquista
PEDRO GUERRERO RUIZ
Hace 33 años que murió el militar golpista Francisco Franco, quien, después del levantamiento armado contra la legítima República española, se autoproclamó generalísimo e impuso, desde la fuerza de las armas, una dictadura fascista. Un régimen represor y cruel que duró mientras vivió el dictador. Su muerte y la posterior restauración democrática forman parte de la memoria del pueblo y la historia hace que jamás pueda olvidarse. Esto es cierto, tanto por la certeza de los acontecimientos bélicos como por las secuelas de los crímenes que se cometieron para eliminar a quienes defendían la República. Crímenes y secuestros que todavía perduran: miles de asesinados y niños y niñas arrancados de sus familias, educados contra la ideología de sus padres y entregados a un destino lejano al de su origen familiar. Esta terrible agresión a los derechos humanos y a las leyes se conoce como genocidio, que es tanto como decir "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos políticos". No soy jurista, ni falta que me hace, para entender que la pertenencia a cualquier grupo fascista o la alabanza del franquismo, sea cual sea la forma adoptada, debe ser prohibida y castigada por las leyes. En este sentido, una revisión de la Ley de la Memoria Histórica vendría a condenar no solamente los crímenes contra la humanidad del franquista sino también a los grupos o personas que fuesen favorables a esta ideología criminal. Un paso definitivo para la total restauración democrática sería, por tanto, la prohibición de estas organizaciones así como las opiniones fascistas, declarándoseles también actos de terrorismo contra dichos grupos o personas que pudieran defender el genocidio franquista. Digo lo anterior, sabiendo que la guerra española y sus secuelas han dejado tanta tristeza, tanta crueldad y tanta sangre en España que conviene que se conozca la veracidad de los hechos y se devuelva la dignidad a esas personas asesinadas, muchos de ellos sin enterramiento desde que se cometieron los crímenes. En este sentido no se puede entender que el Gobierno y los grupos políticos democráticos no hayan determinado ya el juicio a Franco y su dictadura, para que no sólo el Parlamento español sino la Justicia condenen aquel golpe de Estado fascista, y prohibiendo radicalmente su negra mitología manifestada en los símbolos de aquella dictadura. En este sentido, los que aún quedan en iglesias y calles deben ser retirados por los poderes públicos correspondientes (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos). Y si esto no fuese así, el Poder Judicial deberá obligar al cumplimiento de la ley, sobre todo cuando sabemos que, en muchas ocasiones, la derecha es reacia a cumplir con estos preceptos legales.
Todo lo demás, es darle vueltas a una idea cada vez más desafortunada: la de la no abrir viejas heridas, que es tanto como dejar sangrando en estado latente las que nos dejó el largo periodo del franquismo. Sólo con leyes que se cumplan y con actos que devuelvan la dignidad a los derrotados, que nunca vencidos, fuesen represaliados, secuestrados o asesinados, se podrá acabar con este ya largo juicio social de la historia más negra de España, y sobre todo para que la razón ideológica pase a enmarcarse a la legalidad constitucional en relación con estos crímenes contra la humanidad del genocidio franquista.
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“El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo”
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“El número de niños perdidos del franquismo supera al de los ...
“El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo”
Rodríguez es autor del libro en el que fundamenta parte de su auto sobre las desapariciones el juez Garzón
[A. R. ] [Ciudad Real]
El profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, es autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad, investigación en la que ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones durante el franquismo el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de Ciudad Real, Rodríguez ha recibido varios premios en certámenes jurídicos por trabajos sobre crímenes internacionales y, actualmente, desarrolla una estancia de investigación en la italiana Universidad de Milán, ciudad desde donde aporta su visión sobre las desapariciones de hijos de defensores de la República española, cuyos apellidos fueron modificados y adoptados por “familias afines al régimen”.
PREGUNTA.- ¿Cuántas personas aproximadamente sufrieron el cambio de identidad? ¿Existen datos de Castilla-La Mancha y Ciudad Real?
RESPUESTA.- Al igual que sucedió con el caso de las fosas de Franco, el problema es que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigación oficial de estos hechos, de modo que no hay datos oficiales. Por ejemplo tras la investigación de la Audiencia Nacional ahora sabemos que en la provincia de Ciudad Real continúa habiendo unos 1.694 ejecutados abandonados en fosas comunes, siendo la segunda provincia de Castilla La Mancha, tan sólo detrás de Toledo, con 3.970 desaparecidos. En todo caso, Ciudad Real es una de las provincias con una cifra más alta de ejecuciones de España. Aunque todavía cueste hacerse a la idea de tal horror, con más de 7.000 víctimas de las matanzas franquistas, Castilla-La Mancha fue un Srebrenica. No lo digo por decir, las cifras del Tribunal penal internacional para la Antigua Yugoslavia están ahí. Y todavía estamos hablando de la sexta comunidad autónoma más afectada de España, en Andalucía se asesinó a pie de fosa a más de 32.000 personas que todavía no se sabe donde están.Pero respecto a los niños perdidos y en ausencia -todavía al menos- de una investigación oficial sólo podemos hablar con detalle de casos descubiertos casi por azar, como el de Vicenta Álvarez, hija del Capitán de la República Melecio Álvarez, fusilado por Franco, a la que, tras cambiársele el apellido, sería entregada posteriormente a una familia de Herencia. Habrá que esperar a dicha investigación pero parece previsible que la cifra de niños arrebatados a sus madres por la dictadura de Franco supere ampliamente la cifra del conocido caso de los 800 niños perdidos de la Dictadura argentina por cuya recuperación las Abuelas de Plaza de Mayo llevan luchando sin descanso dos décadas, habiendo conseguido localizar y restablecer la identidad de algo más de un centenar de estos. En el caso español, y según algunas fuentes de las que también se hace eco Garzón en su auto, podríamos estar ante una macabra contabilidad de miles de casos de niños apropiados por la dictadura de Franco.
P.- ¿Dónde se cometieron estos hechos y por qué?
R.- Las vías de la desaparición infantil aludidas en el ‘Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista’, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2007, fueron varias partiendo del robo de niños a las madres republicanas en las cárceles de Franco, o del robo de niños de entornos guerrilleros -y por tanto las que más se prolongaron en el tiempo, todavía en los años 50- para ser entregados a familias adictas al régimen, pero también se mencionaría la “caza del niño rojo en el extranjero”, en alusión a los secuestros en Francia y otros países de los niños puestos a salvo en las colonias infantiles de la República.
P.- ¿Sería posible un reencuentro con sus familias de origen?
R.- No sólo es que sí lo sería, es que el Estado español debe activar los medios de búsqueda para hacerlo posible, de igual modo que Argentina creó por ley una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos o una Base Nacional de datos Genéticos, que funcionará hasta el año 2050, en razón de las expectativas de vida biológica y de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Aplicar estrictamente los mismos criterios en nuestro país supondría su funcionamiento al menos hasta el año 2020. De hecho, otros Estados como Salvador o Guatemala fueron recientemente condenados a poner en marcha tales mecanismos ante los casos de los niñas perdidas Serrano Cruz o el niño Molina Theissen. Sin olvidar el caso de las “generaciones robadas” australianas, donde en febrero de este mismo año 2008 el primer ministro, Kevin Rudd, pidió perdón en nombre del Estado en el Parlamento y ante las familias y niños recuperados, al tiempo que se encuentra en tramitación una ley de indemnizaciones que podría superar los 250.000 dólares por niño perdido, al margen de las indemnizaciones a sus familias. No creo que se haya llegado a tomar plena conciencia aún de la profunda violación de los derechos humanos, ni las enormes implicaciones jurídicas para nuestro país del caso de los niños perdidos.
P.- ¿Hay familiares que se han reencontrado?
R.- Sí, a pesar de que España se haya desentendido de sus obligaciones hacia estas víctimas, algunos familiares consiguieron localizar a sus hermanos arrebatados a través de programas como ‘Quién sabe dónde’, por puro azar al coincidir con alguien que sirvió en el ejército de la República bajo las órdenes del padre verdadero de la víctima, o incluso recurriendo a investigadores privados sufragados de su propio bolsillo, pero estamos hablando de casos aislados. El arbitrario cambio de apellidos que permitió la ley de Franco de 4 de diciembre de 1941 y las dificultades para acceder a los archivos han sido un auténtico escudo para la impunidad de estos crímenes.
P.- ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
R.- La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo. La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia. Quería contribuir a dar a conocer las distintas posibilidades de acción de las víctimas.Junto a esto, otra razón fue la absoluta ausencia de textos jurídicos académicos que abordasen los crímenes de desaparición forzada del franquismo, lo que representaba, a su vez, el primer obstáculo a superar para la enseñanza de la asignatura a nuestros alumnos. De este modo, y sobre la base de mis propias investigaciones, en la Facultad de Derecho de Ciudad Real -una de las pocas que cuentan con una asignatura específica de Derecho Penal Internacional- los crímenes de desaparición forzada del franquismo se estudian como parte del programa de la asignatura. En la medida que resulte posible, pienso invitar a nuestras clases a algunas de las personas y organizaciones implicadas en la causa de los desaparecidos del franquismo ante la Audiencia Nacional y con las que he venido colaborando en estos últimos meses.
P.- ¿Cuáles serían las medidas a adoptar a nivel nacional e internacional?
R.- Resulta difícil hacerse una idea de la dimensión de la tarea de la que estamos hablando, ya que no he encontrado ni un solo tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas que nuestro país no haya incumplido respecto el caso de los niños perdidos. Uno de los ejercicios prácticos que vi con mis alumnos de Derecho Penal Internacional en la Facultad el año pasado fue, precisamente, la comparativa, articulo por artículo, entre proyecto de ley “de la memoria”, y algunos de los principales instrumentos internacionales en materia de reparación a las victimas y lucha contra la impunidad. Ellos mismos no daban crédito de que las cosas se pudiesen estar planteando así ante la situación de los desaparecidos, y hablamos de alumnos de la Licenciatura de Derecho. Hay que modificar la ley ‘de la memoria’ ante el caso de las fosas y mucho más todavía, si cabe, con el caso de los niños perdidos. O incluso adoptar una nueva legislación específica sobre los desaparecidos. En una de mis investigaciones publicada en Jueces para la Democracia, he localizado una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejan en evidencia lo profundamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos de alguno de los artículos de la ley ‘de la memoria’.
P.- ¿Estos hechos de la desaparición de niños en el franquismo han prescrito?.
R.- Otra cosa más que saco a la luz en mi libro sobre los niños perdidos y que Garzón recoge en su auto, es la incoherencia de aceptar la validez de la condena del Mariscal Keitel en Nuremberg por las desapariciones de personas en del ‘Decreto Noche y Niebla’ de Hitler, fechado el 7 de diciembre de 1941, y que se diga después que la ley de desaparición infantil de Franco, de tan sólo 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, queda fuera del alcance temporal de Nuremberg; que se diga que es una aplicación retroactiva del derecho, que ha prescrito y no sé qué cosas más. Las responsabilidades del Estado en el caso de los niños perdidos del franquismo se multiplican al tratarse de víctimas desaparecidas en vida, que continúan vivas, con hermanos e incluso algunas madres de avanzada edad que continúan a la espera del anhelado reencuentro familiar en los últimos momentos de su vida.Eso nos exige diligencia. Cada día que nuestro Estado continúa incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto a estas víctimas, representa otro día más que se les está robando a los niños perdidos y a sus familias. Este hecho dota de un cariz jurídico distinto a todo lo relativo a este tema.
P.- ¿En qué puede afectar la Ley de Memoria Histórica a la reparación de daños?
R.- Por increíble que parezca la ley de la Memoria ni menciona el caso de los niños perdidos, aunque se trate del caso más grave de desapariciones forzadas del franquismo según el derecho internacional, dado el especial carácter indefenso de las víctimas, niños de tan sólo uno ó dos años de edad o a veces ni tan siquiera eso. De hecho la situación de estas víctimas no ha sido abordada por ninguna otra norma anterior a lo largo de los últimos 30 años de democracia tal y como constato en mi libro. Y con ello mismo también será olvidado el simultáneo carácter de género de estos crímenes contra la humanidad como forma de represalia cruel e inhumana contra toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia y la igualdad.Pero si hay una cosa que me gustaría recalcar es la situación en la que, tras años y años, continúan todavía las familias de unos y otros desaparecidos en nuestro país. Me parece profundamente inhumana y equivocada, bajo cualquier punto de vista ético o jurídico; ahora más que nunca tras abrirse nuevas incertidumbres para todas estas personas en nuestro ámbito jurídico interno.
“El número de niños perdidos del franquismo supera al de los ...
“El número de niños perdidos del franquismo supera al de los nietos de las Abuelas de Mayo”
Rodríguez es autor del libro en el que fundamenta parte de su auto sobre las desapariciones el juez Garzón
[A. R. ] [Ciudad Real]
El profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, es autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad, investigación en la que ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones durante el franquismo el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Investigador del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de Ciudad Real, Rodríguez ha recibido varios premios en certámenes jurídicos por trabajos sobre crímenes internacionales y, actualmente, desarrolla una estancia de investigación en la italiana Universidad de Milán, ciudad desde donde aporta su visión sobre las desapariciones de hijos de defensores de la República española, cuyos apellidos fueron modificados y adoptados por “familias afines al régimen”.
PREGUNTA.- ¿Cuántas personas aproximadamente sufrieron el cambio de identidad? ¿Existen datos de Castilla-La Mancha y Ciudad Real?
RESPUESTA.- Al igual que sucedió con el caso de las fosas de Franco, el problema es que el Estado no ha cumplido con sus deberes de investigación oficial de estos hechos, de modo que no hay datos oficiales. Por ejemplo tras la investigación de la Audiencia Nacional ahora sabemos que en la provincia de Ciudad Real continúa habiendo unos 1.694 ejecutados abandonados en fosas comunes, siendo la segunda provincia de Castilla La Mancha, tan sólo detrás de Toledo, con 3.970 desaparecidos. En todo caso, Ciudad Real es una de las provincias con una cifra más alta de ejecuciones de España. Aunque todavía cueste hacerse a la idea de tal horror, con más de 7.000 víctimas de las matanzas franquistas, Castilla-La Mancha fue un Srebrenica. No lo digo por decir, las cifras del Tribunal penal internacional para la Antigua Yugoslavia están ahí. Y todavía estamos hablando de la sexta comunidad autónoma más afectada de España, en Andalucía se asesinó a pie de fosa a más de 32.000 personas que todavía no se sabe donde están.Pero respecto a los niños perdidos y en ausencia -todavía al menos- de una investigación oficial sólo podemos hablar con detalle de casos descubiertos casi por azar, como el de Vicenta Álvarez, hija del Capitán de la República Melecio Álvarez, fusilado por Franco, a la que, tras cambiársele el apellido, sería entregada posteriormente a una familia de Herencia. Habrá que esperar a dicha investigación pero parece previsible que la cifra de niños arrebatados a sus madres por la dictadura de Franco supere ampliamente la cifra del conocido caso de los 800 niños perdidos de la Dictadura argentina por cuya recuperación las Abuelas de Plaza de Mayo llevan luchando sin descanso dos décadas, habiendo conseguido localizar y restablecer la identidad de algo más de un centenar de estos. En el caso español, y según algunas fuentes de las que también se hace eco Garzón en su auto, podríamos estar ante una macabra contabilidad de miles de casos de niños apropiados por la dictadura de Franco.
P.- ¿Dónde se cometieron estos hechos y por qué?
R.- Las vías de la desaparición infantil aludidas en el ‘Balance de Crímenes de la Dictadura Franquista’, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2007, fueron varias partiendo del robo de niños a las madres republicanas en las cárceles de Franco, o del robo de niños de entornos guerrilleros -y por tanto las que más se prolongaron en el tiempo, todavía en los años 50- para ser entregados a familias adictas al régimen, pero también se mencionaría la “caza del niño rojo en el extranjero”, en alusión a los secuestros en Francia y otros países de los niños puestos a salvo en las colonias infantiles de la República.
P.- ¿Sería posible un reencuentro con sus familias de origen?
R.- No sólo es que sí lo sería, es que el Estado español debe activar los medios de búsqueda para hacerlo posible, de igual modo que Argentina creó por ley una Comisión de Búsqueda de Desaparecidos o una Base Nacional de datos Genéticos, que funcionará hasta el año 2050, en razón de las expectativas de vida biológica y de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Aplicar estrictamente los mismos criterios en nuestro país supondría su funcionamiento al menos hasta el año 2020. De hecho, otros Estados como Salvador o Guatemala fueron recientemente condenados a poner en marcha tales mecanismos ante los casos de los niñas perdidas Serrano Cruz o el niño Molina Theissen. Sin olvidar el caso de las “generaciones robadas” australianas, donde en febrero de este mismo año 2008 el primer ministro, Kevin Rudd, pidió perdón en nombre del Estado en el Parlamento y ante las familias y niños recuperados, al tiempo que se encuentra en tramitación una ley de indemnizaciones que podría superar los 250.000 dólares por niño perdido, al margen de las indemnizaciones a sus familias. No creo que se haya llegado a tomar plena conciencia aún de la profunda violación de los derechos humanos, ni las enormes implicaciones jurídicas para nuestro país del caso de los niños perdidos.
P.- ¿Hay familiares que se han reencontrado?
R.- Sí, a pesar de que España se haya desentendido de sus obligaciones hacia estas víctimas, algunos familiares consiguieron localizar a sus hermanos arrebatados a través de programas como ‘Quién sabe dónde’, por puro azar al coincidir con alguien que sirvió en el ejército de la República bajo las órdenes del padre verdadero de la víctima, o incluso recurriendo a investigadores privados sufragados de su propio bolsillo, pero estamos hablando de casos aislados. El arbitrario cambio de apellidos que permitió la ley de Franco de 4 de diciembre de 1941 y las dificultades para acceder a los archivos han sido un auténtico escudo para la impunidad de estos crímenes.
P.- ¿Qué es lo que te llevó a escribir este libro?
R.- La impunidad de todo lo perpetrado por el régimen franquista contra los defensores de la Segunda República española siempre me pareció algo mucho más allá del homenaje y de la memoria; algo perfectamente equiparable en muchos casos a los propios crímenes del nazismo. La situación de los miles de desaparecidos de las fosas llamó además particularmente mi atención dada la especial configuración permanente del crimen de desaparición forzada de personas, lo que ponía en entredicho todo lo (no) actuado en nuestro país. Mucho más aún la situación de los desaparecidos en vida desde su más tierna infancia. Quería contribuir a dar a conocer las distintas posibilidades de acción de las víctimas.Junto a esto, otra razón fue la absoluta ausencia de textos jurídicos académicos que abordasen los crímenes de desaparición forzada del franquismo, lo que representaba, a su vez, el primer obstáculo a superar para la enseñanza de la asignatura a nuestros alumnos. De este modo, y sobre la base de mis propias investigaciones, en la Facultad de Derecho de Ciudad Real -una de las pocas que cuentan con una asignatura específica de Derecho Penal Internacional- los crímenes de desaparición forzada del franquismo se estudian como parte del programa de la asignatura. En la medida que resulte posible, pienso invitar a nuestras clases a algunas de las personas y organizaciones implicadas en la causa de los desaparecidos del franquismo ante la Audiencia Nacional y con las que he venido colaborando en estos últimos meses.
P.- ¿Cuáles serían las medidas a adoptar a nivel nacional e internacional?
R.- Resulta difícil hacerse una idea de la dimensión de la tarea de la que estamos hablando, ya que no he encontrado ni un solo tratado o instrumento internacional en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas que nuestro país no haya incumplido respecto el caso de los niños perdidos. Uno de los ejercicios prácticos que vi con mis alumnos de Derecho Penal Internacional en la Facultad el año pasado fue, precisamente, la comparativa, articulo por artículo, entre proyecto de ley “de la memoria”, y algunos de los principales instrumentos internacionales en materia de reparación a las victimas y lucha contra la impunidad. Ellos mismos no daban crédito de que las cosas se pudiesen estar planteando así ante la situación de los desaparecidos, y hablamos de alumnos de la Licenciatura de Derecho. Hay que modificar la ley ‘de la memoria’ ante el caso de las fosas y mucho más todavía, si cabe, con el caso de los niños perdidos. O incluso adoptar una nueva legislación específica sobre los desaparecidos. En una de mis investigaciones publicada en Jueces para la Democracia, he localizado una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dejan en evidencia lo profundamente contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos de alguno de los artículos de la ley ‘de la memoria’.
P.- ¿Estos hechos de la desaparición de niños en el franquismo han prescrito?.
R.- Otra cosa más que saco a la luz en mi libro sobre los niños perdidos y que Garzón recoge en su auto, es la incoherencia de aceptar la validez de la condena del Mariscal Keitel en Nuremberg por las desapariciones de personas en del ‘Decreto Noche y Niebla’ de Hitler, fechado el 7 de diciembre de 1941, y que se diga después que la ley de desaparición infantil de Franco, de tan sólo 3 días antes, el 4 de diciembre de 1941, queda fuera del alcance temporal de Nuremberg; que se diga que es una aplicación retroactiva del derecho, que ha prescrito y no sé qué cosas más. Las responsabilidades del Estado en el caso de los niños perdidos del franquismo se multiplican al tratarse de víctimas desaparecidas en vida, que continúan vivas, con hermanos e incluso algunas madres de avanzada edad que continúan a la espera del anhelado reencuentro familiar en los últimos momentos de su vida.Eso nos exige diligencia. Cada día que nuestro Estado continúa incumpliendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos respecto a estas víctimas, representa otro día más que se les está robando a los niños perdidos y a sus familias. Este hecho dota de un cariz jurídico distinto a todo lo relativo a este tema.
P.- ¿En qué puede afectar la Ley de Memoria Histórica a la reparación de daños?
R.- Por increíble que parezca la ley de la Memoria ni menciona el caso de los niños perdidos, aunque se trate del caso más grave de desapariciones forzadas del franquismo según el derecho internacional, dado el especial carácter indefenso de las víctimas, niños de tan sólo uno ó dos años de edad o a veces ni tan siquiera eso. De hecho la situación de estas víctimas no ha sido abordada por ninguna otra norma anterior a lo largo de los últimos 30 años de democracia tal y como constato en mi libro. Y con ello mismo también será olvidado el simultáneo carácter de género de estos crímenes contra la humanidad como forma de represalia cruel e inhumana contra toda una generación de mujeres por su compromiso con la democracia y la igualdad.Pero si hay una cosa que me gustaría recalcar es la situación en la que, tras años y años, continúan todavía las familias de unos y otros desaparecidos en nuestro país. Me parece profundamente inhumana y equivocada, bajo cualquier punto de vista ético o jurídico; ahora más que nunca tras abrirse nuevas incertidumbres para todas estas personas en nuestro ámbito jurídico interno.
"¡No me la quiten! ¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos!"
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"¡No me la quiten! ¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos!"
Los niños robados por el franquismo relatan su historia, recuperada por Garzón
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/11/2008
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"Oí gritos desgarradores: '¡No me la quiten! ¡Me la quiero llevar al otro mundo!'. Otra exclamaba: '¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos. Matadla conmigo!'. (...) Se había entablado una lucha feroz: los guardias que intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres y las pobres madres que defendían sus tesoros a brazo partido. Jamás pensé que hubiese tenido que presenciar escena semejante en un país civilizado". Esto lo escribió el fraile Gumersindo de Estella en sus memorias. Como capellán de la prisión de Torrero (Zaragoza) presenció en sus múltiples formas, el encarnizamiento de los vencedores con los vencidos, sus mujeres y sus hijos. El robo de niños es quizá la fórmula más atroz y menos conocida de la represión franquista. "Durante más de 60 años no ha sido objeto de la más mínima investigación", denunció esta semana el juez Baltasar Garzón en el auto en el que se inhibe de la causa abierta contra Franco.
Informe de la Falange Española sobre la repatriación de niños
DOCUMENTO (PDF - 7,99Mb) - 23-11-2008
De lo que pasaba después con aquellos niños da cuenta otro capellán con inquietudes bien distintas en una carta que escribió desde la Casa Cuna de Sevilla a los futuros padres de una de aquellas criaturas: "Mis queridos amigos: la madre de la niña se presentó en la Diputación (...) al ver esto y prever que les podían hacer pasar a ustedes un mal rato, decidí no hablar ni tocar el asunto en la Diputación hasta que no estuviera alejada la idea de esta mujer y cuando ustedes fueran ni se acordaran que tal mujer había ido a reclamar nada".
El régimen robó niños a las madres presas, los repatrió sin permiso de sus padres ni de los países a los que la República los había evacuado durante la guerra y desde 1941, permitió por ley que les cambiaran los apellidos, impidiendo para siempre que su familia los encontrara. No se sabe cuántos fueron. Muchos de esos niños habrán muerto ancianos sin saber cuál era su verdadero nombre. Estas son algunas historias de las madres que no olvidaron, los que tuvieron la suerte de reencontrarse y los que siguen buscando.
ANTONIA RADAS
"Me llamaba Pasionaria"
Tuvieron sólo un año y medio para conocerse, "para hacernos preguntas", aclara Antonia. "Yo tenía 54 años cuando conocí a mi madre. Ella, 87". Carmen y Antonia se encontraron gracias a un programa de televisión, Quién sabe dónde. "La reconocí enseguida. ¡Era idéntica a mí, pero con 30 años más! Mi madre me gustó mucho. Era auténtica, tenía un poco de genio, igual que tengo yo". El año y medio que vivió Carmen desde aquel encuentro se esfumó en presentar a hermanos y nietos, en llorar por el tiempo perdido y en aclarar una mentira.
"Yo siempre pensé que mi madre me había abandonado. Fue lo que me dijeron mis padres adoptivos. Y cuando en mi primera comunión se presentó un chico diciendo que era mi hermano y que me fuera con él porque mi madre me estaba esperando, yo le grité '¡es mentira!'. Pero era verdad".
-Déjanos a la niña, que nosotros te la cuidaremos-, le dijeron a su madre.
- ¡Antes de eso, yo la ahogo!
"Mi madre me contó que había oído que robaban a los niños en la cárcel, por eso reaccionó así. Pero viendo que tarde o temprano me iban a apartar de ella, decidió darme a otra presa que ya salía en libertad para que cuidara de mí los seis meses que le quedaban a ella de condena. Pero la amiga me vendió o me regaló a mi familia adoptiva. Por no querer perderme, al final casi me pierde para siempre", recuerda Antonia, que a los 54 años descubrió que se llamaba Pasionaria. "A ella la habían hecho presa para coger a mi padre, que estaba en el monte. Él se entregó y lo fusilaron y a mi madre no la soltaron. Me puso Pasionaria para fastidiar a los que habían matado a mi padre. Pero en cuanto mis padres adoptivos me bautizaron, me lo cambiaron por Antonia".
ANTONIO PRADA GIRÓN
Aún busca a su hermano
Aunque nunca supo si seguía vivo o con qué nombre había muerto, Emilia Girón nunca olvidó a su segundo hijo. Quería llamarle Jesús y se lo quitaron en el hospital de Salamanca, adonde la habían desterrado por ser hermana de uno de los guerrilleros más famosos de España, Manuel Girón, El león del Bierzo.
Antes de dar a luz a Jesús, Emilia había sido torturada decenas de veces para que confesara el paradero de su hermano. "Iban a buscarla a casa casi cada día. Una hora después de parirme a mí fueron a por ella y se la llevaron todavía sangrando al puesto de la Guardia Civil para que identificara a un guerrillero que habían matado, para ver si era mi tío. La molieron a palos", explica Antonio Prada Girón, otro de sus hijos, que ha oído muchas veces aquel relato.
"Yo sé que lo parí. Se lo llevaron para bautizarlo, pero no me lo devolvieron. No lo volví a ver más. Supongo que un matrimonio que no tuviera hijos se lo quedó, pero a mí no me pidieron permiso", relató Emilia Girón ante la cámara de Montserrat Armengou, autora del documental Los niños perdidos del franquismo. Ahora es su hijo Antonio quien le sigue buscando. "Mi madre murió el año pasado, a los 96 años, con la pena de no haberle encontrado. No dejó de pensar en él ni un solo día. Porque mi madre lo parió, y de eso no pudo olvidarse", explica Antonio. "Le tenía siempre en el pensamiento. Nos repitió muchas veces que teníamos otro hermano y que se lo habían robado. Le quería tanto como a nosotros cinco".
MARÍA JOSÉ HUELGA
Cinco pruebas de ADN
Antes de morir, a los 84 años, Marina Álvarez Gutiérrez se hizo cinco pruebas de ADN con cinco mujeres que vivían en Francia, Bélgica, La Rioja, Murcia y Zamora para averiguar si alguna de ellas era su hermana María Luisa. No tuvo suerte. "La primera se la hizo muy ilusionada porque estaba convencida de que iba a ser su hermana. No se imaginaba que hubiera más casos como el suyo, y que habían robado a tantos niños", explica su hija María José Huelga. Marina no tuvo suerte. Ninguna de aquellas cinco mujeres era la niña que recordaba haber llevado de la mano hasta el carguero inglés en el que fueron evacuados a Burdeos.
Intentando poner a sus seis hijos a salvo, su padre pidió para ellos un pasaporte de guerra. "Le dijeron que no les iba a pasar nada, y mira lo que pasó. Mi madre tenía entonces tres años y medio y mi tía, poco más de un año. Iban a Burdeos pero al final los separaron a todos. María Luisa, la más pequeña, nunca volvió".
Mientras el miedo a Franco le impidió preguntar por ella a la Guardia Civil, Marina acudió con frecuencia a un echador de cartas para saber cómo estaba su hermana. "Le decían que estaba viva y mi madre se quedaba contenta. Siempre estaba pensando en ella, imaginando cómo sería ahora su hermana. A veces decía: 'Siento que no está muerta. A lo mejor es monja...'. Toda la vida tuvo la angustia de haberla perdido", recuerda María José. "Por eso ahora, si consigo encontrar a mi tía, por una parte va a ser una alegría, pero por otra va a ser una pena tremenda, porque mi madre se ha muerto sin verla. Aún así me encantaría encontrarla y decirle que no la abandonaron. Poder contarle lo que pasó y quién es. Nadie se merece menos que eso. Pero es tan difícil... si nosotras encontramos cinco mujeres con casos parecidos y ninguna era mi tía, ¿cuántos niños habrán podido robar los franquistas?".
MARÍA CALVO
Cuatro nombres distintos
María ha tenido, en 76 años, cuatro nombres distintos: fue María del Carmen Calvo García al nacer. María Expósita en Francia. María Pérez Gómez de vuelta a España. Y para que pudiera casarse, le pusieron María López García, los apellidos de sus padres adoptivos.
El suyo, el que le habían puesto sus padres, lo descubrió hace muy poco. "Te llamas Carmen Calvo García", le tuvo que decir Florencia, su hermana, que también la encontró gracias a Paco Lobatón, casi 70 años después de que un bombardeo alemán las separara en Francia cuando María aún era muy pequeña para recordar aquella imagen.
"Mi madre no sabía cómo se llamaba. Tuvo que ir a la televisión para saber quién era. Y a un forense para que le dijera mirándole la dentadura cuántos años tenía. ¿Puede haber algo más penoso?", se pregunta su hija Encarnación, que pide hablar en nombre de su madre para que ella no sufra recordando la vida que perdió.
Como tantos otros niños, María y Florencia llegaron a Francia huyendo de una guerra y tropezaron con otra. Fueron a parar a distintas familias en Francia. Hasta que Franco reclamó la repatriación de los 34.037 niños que el Gobierno rojo había expatriado durante la guerra obedeciendo "a consignas emanadas del Kremlin con objeto de obtener valiosos instrumentos para sus planes ulteriores", según un informe de Falange sobre las repatriaciones, de noviembre de 1949. Las hermanas fueron separadas y tuvieron vidas muy distintas.
"Mi madre recuerda perfectamente el día en que su madre adoptiva la recogió en el colegio al que la habían llevado en Madrid. Pusieron a todas las niñas en el patio y mi abuela dijo: 'Esa es la que quiero'. Le dijo 'soy tu madre' y se la llevaron a Jumilla (Murcia)", explica Encarnación. "Florencia tuvo una vida muy distinta. La pobre sufrió mucho...".
Entró en un asilo a los 10 años y no salió de él hasta los 18. "Me quedé hasta ciega de tanto llorar. Recién llegada de Francia, me oriné más de una vez en la cama y las monjas me ponían las sábanas por la cabeza. Me hacían pasar por el comedor de los niños con la sábana mojada para que me diera más vergüenza...", relata Florencia en el documental Los niños perdidos del franquismo justo antes de ahogarse en su propia voz. Falleció hace años, poco tiempo después de que el ADN confirmara que la mujer a la que había encontrado en Quién sabe dónde era su hermana.
María nunca se había atrevido a preguntar a sus padres adoptivos si era verdad lo que le habían dicho otras niñas: "Tú no eres tú". Cuando se estaba muriendo, su madre adoptiva le confesó que había "un secreto", pero le dijo que se lo llevaría a la tumba. Y así fue. Con la ayuda de su hija, María comenzó a buscar su identidad. Hasta que vio a su hermana en Quién sabe dónde. "No te conozco pero yo te quiero mucho", le dijo ella. Florencia nunca se había creído lo que le habían dicho en el asilo: "María está muerta. La tiraron por la ventanilla del tren".
La regeneración de la raza según Vallejo Nájera
El régimen no intentó buscar a los padres de los niños que habían sido evacuados, o directamente se los robó a sus madres en las cárceles, en el intento de "recatolizarlos a la fuerza", explica el historiador Julián Casanova, autor de La Iglesia de Franco. "La Iglesia fue la principal responsable del robo de estos niños, quería purificar a aquellas criaturas, de familias rojas y descarriadas. Por eso estaban mucho más interesadas en las niñas que en los niños. Y a ese intento de purificación obedece también el aceite de ricino que les hacían beber a las mujeres cuando las torturaban", añade.
Para construir aquel sistema cruel que borraba la identidad de los niños, el régimen se empeñó en conseguir que odiaran a sus padres, los rojos. Hizo falta un psiquiatra, el comandante Antonio Vallejo Nájera, y una teoría disparatada sobre la Eugenesia de la hispanidad y la regeneración de la raza.
En un intento de cuajar aquellas teorías con su fe católica, Vallejo Nájera ideó una suerte de "eugenesia positiva" con el fin de "multiplicar a los selectos y dejar que perezcan los débiles", entendiendo como débiles a los rojos, y como recuperables, a sus hijos, a los hijos robados del franquismo.
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"¡No me la quiten! ¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos!"
Los niños robados por el franquismo relatan su historia, recuperada por Garzón
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/11/2008
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"Oí gritos desgarradores: '¡No me la quiten! ¡Me la quiero llevar al otro mundo!'. Otra exclamaba: '¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos. Matadla conmigo!'. (...) Se había entablado una lucha feroz: los guardias que intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres y las pobres madres que defendían sus tesoros a brazo partido. Jamás pensé que hubiese tenido que presenciar escena semejante en un país civilizado". Esto lo escribió el fraile Gumersindo de Estella en sus memorias. Como capellán de la prisión de Torrero (Zaragoza) presenció en sus múltiples formas, el encarnizamiento de los vencedores con los vencidos, sus mujeres y sus hijos. El robo de niños es quizá la fórmula más atroz y menos conocida de la represión franquista. "Durante más de 60 años no ha sido objeto de la más mínima investigación", denunció esta semana el juez Baltasar Garzón en el auto en el que se inhibe de la causa abierta contra Franco.
Informe de la Falange Española sobre la repatriación de niños
DOCUMENTO (PDF - 7,99Mb) - 23-11-2008
De lo que pasaba después con aquellos niños da cuenta otro capellán con inquietudes bien distintas en una carta que escribió desde la Casa Cuna de Sevilla a los futuros padres de una de aquellas criaturas: "Mis queridos amigos: la madre de la niña se presentó en la Diputación (...) al ver esto y prever que les podían hacer pasar a ustedes un mal rato, decidí no hablar ni tocar el asunto en la Diputación hasta que no estuviera alejada la idea de esta mujer y cuando ustedes fueran ni se acordaran que tal mujer había ido a reclamar nada".
El régimen robó niños a las madres presas, los repatrió sin permiso de sus padres ni de los países a los que la República los había evacuado durante la guerra y desde 1941, permitió por ley que les cambiaran los apellidos, impidiendo para siempre que su familia los encontrara. No se sabe cuántos fueron. Muchos de esos niños habrán muerto ancianos sin saber cuál era su verdadero nombre. Estas son algunas historias de las madres que no olvidaron, los que tuvieron la suerte de reencontrarse y los que siguen buscando.
ANTONIA RADAS
"Me llamaba Pasionaria"
Tuvieron sólo un año y medio para conocerse, "para hacernos preguntas", aclara Antonia. "Yo tenía 54 años cuando conocí a mi madre. Ella, 87". Carmen y Antonia se encontraron gracias a un programa de televisión, Quién sabe dónde. "La reconocí enseguida. ¡Era idéntica a mí, pero con 30 años más! Mi madre me gustó mucho. Era auténtica, tenía un poco de genio, igual que tengo yo". El año y medio que vivió Carmen desde aquel encuentro se esfumó en presentar a hermanos y nietos, en llorar por el tiempo perdido y en aclarar una mentira.
"Yo siempre pensé que mi madre me había abandonado. Fue lo que me dijeron mis padres adoptivos. Y cuando en mi primera comunión se presentó un chico diciendo que era mi hermano y que me fuera con él porque mi madre me estaba esperando, yo le grité '¡es mentira!'. Pero era verdad".
-Déjanos a la niña, que nosotros te la cuidaremos-, le dijeron a su madre.
- ¡Antes de eso, yo la ahogo!
"Mi madre me contó que había oído que robaban a los niños en la cárcel, por eso reaccionó así. Pero viendo que tarde o temprano me iban a apartar de ella, decidió darme a otra presa que ya salía en libertad para que cuidara de mí los seis meses que le quedaban a ella de condena. Pero la amiga me vendió o me regaló a mi familia adoptiva. Por no querer perderme, al final casi me pierde para siempre", recuerda Antonia, que a los 54 años descubrió que se llamaba Pasionaria. "A ella la habían hecho presa para coger a mi padre, que estaba en el monte. Él se entregó y lo fusilaron y a mi madre no la soltaron. Me puso Pasionaria para fastidiar a los que habían matado a mi padre. Pero en cuanto mis padres adoptivos me bautizaron, me lo cambiaron por Antonia".
ANTONIO PRADA GIRÓN
Aún busca a su hermano
Aunque nunca supo si seguía vivo o con qué nombre había muerto, Emilia Girón nunca olvidó a su segundo hijo. Quería llamarle Jesús y se lo quitaron en el hospital de Salamanca, adonde la habían desterrado por ser hermana de uno de los guerrilleros más famosos de España, Manuel Girón, El león del Bierzo.
Antes de dar a luz a Jesús, Emilia había sido torturada decenas de veces para que confesara el paradero de su hermano. "Iban a buscarla a casa casi cada día. Una hora después de parirme a mí fueron a por ella y se la llevaron todavía sangrando al puesto de la Guardia Civil para que identificara a un guerrillero que habían matado, para ver si era mi tío. La molieron a palos", explica Antonio Prada Girón, otro de sus hijos, que ha oído muchas veces aquel relato.
"Yo sé que lo parí. Se lo llevaron para bautizarlo, pero no me lo devolvieron. No lo volví a ver más. Supongo que un matrimonio que no tuviera hijos se lo quedó, pero a mí no me pidieron permiso", relató Emilia Girón ante la cámara de Montserrat Armengou, autora del documental Los niños perdidos del franquismo. Ahora es su hijo Antonio quien le sigue buscando. "Mi madre murió el año pasado, a los 96 años, con la pena de no haberle encontrado. No dejó de pensar en él ni un solo día. Porque mi madre lo parió, y de eso no pudo olvidarse", explica Antonio. "Le tenía siempre en el pensamiento. Nos repitió muchas veces que teníamos otro hermano y que se lo habían robado. Le quería tanto como a nosotros cinco".
MARÍA JOSÉ HUELGA
Cinco pruebas de ADN
Antes de morir, a los 84 años, Marina Álvarez Gutiérrez se hizo cinco pruebas de ADN con cinco mujeres que vivían en Francia, Bélgica, La Rioja, Murcia y Zamora para averiguar si alguna de ellas era su hermana María Luisa. No tuvo suerte. "La primera se la hizo muy ilusionada porque estaba convencida de que iba a ser su hermana. No se imaginaba que hubiera más casos como el suyo, y que habían robado a tantos niños", explica su hija María José Huelga. Marina no tuvo suerte. Ninguna de aquellas cinco mujeres era la niña que recordaba haber llevado de la mano hasta el carguero inglés en el que fueron evacuados a Burdeos.
Intentando poner a sus seis hijos a salvo, su padre pidió para ellos un pasaporte de guerra. "Le dijeron que no les iba a pasar nada, y mira lo que pasó. Mi madre tenía entonces tres años y medio y mi tía, poco más de un año. Iban a Burdeos pero al final los separaron a todos. María Luisa, la más pequeña, nunca volvió".
Mientras el miedo a Franco le impidió preguntar por ella a la Guardia Civil, Marina acudió con frecuencia a un echador de cartas para saber cómo estaba su hermana. "Le decían que estaba viva y mi madre se quedaba contenta. Siempre estaba pensando en ella, imaginando cómo sería ahora su hermana. A veces decía: 'Siento que no está muerta. A lo mejor es monja...'. Toda la vida tuvo la angustia de haberla perdido", recuerda María José. "Por eso ahora, si consigo encontrar a mi tía, por una parte va a ser una alegría, pero por otra va a ser una pena tremenda, porque mi madre se ha muerto sin verla. Aún así me encantaría encontrarla y decirle que no la abandonaron. Poder contarle lo que pasó y quién es. Nadie se merece menos que eso. Pero es tan difícil... si nosotras encontramos cinco mujeres con casos parecidos y ninguna era mi tía, ¿cuántos niños habrán podido robar los franquistas?".
MARÍA CALVO
Cuatro nombres distintos
María ha tenido, en 76 años, cuatro nombres distintos: fue María del Carmen Calvo García al nacer. María Expósita en Francia. María Pérez Gómez de vuelta a España. Y para que pudiera casarse, le pusieron María López García, los apellidos de sus padres adoptivos.
El suyo, el que le habían puesto sus padres, lo descubrió hace muy poco. "Te llamas Carmen Calvo García", le tuvo que decir Florencia, su hermana, que también la encontró gracias a Paco Lobatón, casi 70 años después de que un bombardeo alemán las separara en Francia cuando María aún era muy pequeña para recordar aquella imagen.
"Mi madre no sabía cómo se llamaba. Tuvo que ir a la televisión para saber quién era. Y a un forense para que le dijera mirándole la dentadura cuántos años tenía. ¿Puede haber algo más penoso?", se pregunta su hija Encarnación, que pide hablar en nombre de su madre para que ella no sufra recordando la vida que perdió.
Como tantos otros niños, María y Florencia llegaron a Francia huyendo de una guerra y tropezaron con otra. Fueron a parar a distintas familias en Francia. Hasta que Franco reclamó la repatriación de los 34.037 niños que el Gobierno rojo había expatriado durante la guerra obedeciendo "a consignas emanadas del Kremlin con objeto de obtener valiosos instrumentos para sus planes ulteriores", según un informe de Falange sobre las repatriaciones, de noviembre de 1949. Las hermanas fueron separadas y tuvieron vidas muy distintas.
"Mi madre recuerda perfectamente el día en que su madre adoptiva la recogió en el colegio al que la habían llevado en Madrid. Pusieron a todas las niñas en el patio y mi abuela dijo: 'Esa es la que quiero'. Le dijo 'soy tu madre' y se la llevaron a Jumilla (Murcia)", explica Encarnación. "Florencia tuvo una vida muy distinta. La pobre sufrió mucho...".
Entró en un asilo a los 10 años y no salió de él hasta los 18. "Me quedé hasta ciega de tanto llorar. Recién llegada de Francia, me oriné más de una vez en la cama y las monjas me ponían las sábanas por la cabeza. Me hacían pasar por el comedor de los niños con la sábana mojada para que me diera más vergüenza...", relata Florencia en el documental Los niños perdidos del franquismo justo antes de ahogarse en su propia voz. Falleció hace años, poco tiempo después de que el ADN confirmara que la mujer a la que había encontrado en Quién sabe dónde era su hermana.
María nunca se había atrevido a preguntar a sus padres adoptivos si era verdad lo que le habían dicho otras niñas: "Tú no eres tú". Cuando se estaba muriendo, su madre adoptiva le confesó que había "un secreto", pero le dijo que se lo llevaría a la tumba. Y así fue. Con la ayuda de su hija, María comenzó a buscar su identidad. Hasta que vio a su hermana en Quién sabe dónde. "No te conozco pero yo te quiero mucho", le dijo ella. Florencia nunca se había creído lo que le habían dicho en el asilo: "María está muerta. La tiraron por la ventanilla del tren".
La regeneración de la raza según Vallejo Nájera
El régimen no intentó buscar a los padres de los niños que habían sido evacuados, o directamente se los robó a sus madres en las cárceles, en el intento de "recatolizarlos a la fuerza", explica el historiador Julián Casanova, autor de La Iglesia de Franco. "La Iglesia fue la principal responsable del robo de estos niños, quería purificar a aquellas criaturas, de familias rojas y descarriadas. Por eso estaban mucho más interesadas en las niñas que en los niños. Y a ese intento de purificación obedece también el aceite de ricino que les hacían beber a las mujeres cuando las torturaban", añade.
Para construir aquel sistema cruel que borraba la identidad de los niños, el régimen se empeñó en conseguir que odiaran a sus padres, los rojos. Hizo falta un psiquiatra, el comandante Antonio Vallejo Nájera, y una teoría disparatada sobre la Eugenesia de la hispanidad y la regeneración de la raza.
En un intento de cuajar aquellas teorías con su fe católica, Vallejo Nájera ideó una suerte de "eugenesia positiva" con el fin de "multiplicar a los selectos y dejar que perezcan los débiles", entendiendo como débiles a los rojos, y como recuperables, a sus hijos, a los hijos robados del franquismo.
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Llora, pero no me olvides
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Llora, pero no me olvides
La Isla
Llora, pero no me olvides
Baltasar Garzón ha hecho que España recupere una memoria que nunca debiera haber perdido. La ‘garzonada’, como ha bautizado la derecha, nos ha regalado la oportunidad de mirarnos al espejo y, por tanto, no es de recibo mirar para otro lado.
Algunos periódicos derechones han querido ridiculizar el auto riéndose en titulares de portada con la petición del certificado médico de Franco. Sin embargo, más allá de hechos que quizá era necesario certificar judicialmente, si no se hizo antes, lo que ha provocado el juez es que España tenga conciencia de que en las cunetas, los cementerios, los campos y quién sabe qué otros lugares, hay personas que fueron asesinadas sin juicio previo, sin pruebas, sin sentido, y a los que se les olvidó porque sus familiares fueron obligados a no hablar, a quedar reducidos a la nada, que es lo mismo que decir el silencio.
En el auto, Garzón señala, y no le falta razón al magistrado, que “no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones de mera represión política”. Las escuelas, lugar único para muchos españoles donde acceder al escaso conocimiento que se adquiere en las enseñanzas obligatorias, han sido cómplices de esta desmemoria colectiva. Es obvio que sus responsables son los políticos, encargados de hacer las leyes y, por tanto, la normativa por la que se rige el sistema educativo de este país. Es escandaloso que gobiernos socialistas, la única izquierda que ha gobernado España en esta nueva democracia de la que gozamos desde que murió el dictador fascista, haya sido cómplice de tal desastre. Porque los únicos que sacan provecho de la desmemoria son todos esos que conforman la derecha, que sigue siendo la misma derecha de siempre. Una derecha que no ha cambiado ni cambiará. Hemos tenido que llegar al año 2008 para saber, no digo recordar, sino saber, -y esto increíblemente no se enseña en las escuelas- que hubo niños que fueron robados de sus padres, arrebatados sin más por el único hecho de ser ‘rojos’ o acusados de serlo. Hay libros sobre este asunto, pero es ahora cuando se ha conocido para el gran público gracias al auto de Garzón. No puedo sentir orgullo de un país que se regodea en su nombre y en una bandera, que no son más que dos colores, una arbitrariedad como otra cualquiera. Me da vergüenza esta España, más preocupada en condenar a manifestantes quemando la cara de Juan Carlitos y secuestrando portadas de revistas. Una España que no es capaz de mirar y buscar en las cunetas qué somos, en qué nos hemos convertido y, lo que también es importante, qué fuimos, qué pasó en este país para haber acabado así, siendo la península del olvido. El juez Garzón se pregunta que “por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis cuando los hechos son similares”. Es “realmente incomprensible”, tal y como señala el magistrado y quien firma esto suscribe. España cometió un error en la Transición. Es cierto que fue un acto de responsabilidad entonces, pero el perdón que otorgó la izquierda nunca ha sido correspondido por la derecha, desde donde siempre se ha señalado que los dos bandos asesinaron a partes iguales. La asimetría de los hechos es tan desproporcionada que esta falta de memoria le es más útil a la derecha de lo que cree esta ingenua izquierda, en la que sobran muchos infiltrados con vocación de capellanes. En España, durante la Guerra Civil no hubo dos bandos. El bando fascista está claro que fue uno solo, bien unido y fuerte, convencido de que era santa su cruzada contra los múltiples bandos republicanos y rojos de toda ralea. Un uno contra todos y éstos contra sí, esa fue la realidad de una guerra que nos precedió a la mayoría y en la que vivieron y nacieron muchos españoles, ancianos en la actualidad. Si lo que ha hecho Garzón hubiera salido publicado en un libro o una ley, nadie hablaría de las fosas ni de los desaparecidos ni de los niños robados. Hay quien dice, y son muchos, que Garzón ha fracasado y que no sabe lo que hacía. Considero que la actuación del juez ha sido un total golpe de efecto, inteligentemente planeado por un juez que sabe dar una de cal y otra de arena. El auto, con el que dice la derecha que se “inhibe”, explica que la represión franquista fue una “actividad planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas”. Responsabilidad de Zapatero. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no puede estar por más tiempo sumido en el silencio. Desilusiona ver a un presidente socialista elogiando el olvido. Obviar que Franco y sus compinches fueron unos asesinos fascistas, es ser cómplice por omisión. Si la legislatura pasada estuvo marcada por las grandes reformas sociales, lo que provocó que la ilusión aflorara en este país, esta legislatura no puede ser la de un Partido Socialista que entrega la democracia a manos del fascismo. El presidente del Gobierno tiene que actuar, tiene que poner los puntos sobre las íes, tiene que ser valiente. El PSOE es el único que efectivamente puede hacer posible el cambio desde la enseñanza, con un sistema educativo que cuente a nuestros niños y jóvenes con rigor qué pasó en este país, hasta la apertura de las fosas comunes. No importa que la derecha patalee. La gente tiene que saber que la Iglesia fue cómplice de los asesinatos, que muchos curas delataron traicionando el secreto de confesión a muchos españoles; que los terratenientes se hicieron con el poder local, estableciendo un sistema caciquil del que todavía hoy quedan rastros; que no hubo juicios, sólo ajusticiados sin delito concreto; que a las madres ‘rojas’ les arrebataron sus hijos, a los que les cambiaron los apellidos y sus nombres, y se llenaron de nuevos inquilinos las casas cuna, los conventos y las casas de los fascistas estériles; que el exterminio del marxismo se hizo no sólo con bombas, sino “combatiendo la propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos”, por lo que fueron “segregados en centros adecuados”, tal y como indica el auto de Garzón; que sólo México y la URSS, hasta que a ésta última le convino, ayudaron a España porque el resto de países prefirieron la derrota del marxismo, en sus diversas formas, concretadas en los muchos partidos republicanos de izquierda, aunque fuera a manos de un fascista, que ayudado primero por Hitler y Mussolini, supo entenderse después con los Estados Unidos a la perfección; que la legislación franquista impuso que los menores crecieran en un ambiente familiar “irreprochable desde el punto de vista religioso, ético y nacional”, según la legislación de la época; que muchos de los que huyeron a Francia fueron encerrados en campos de concentración a la intemperie y obligados a morir en combate durante la Segunda Guerra Mundial, por no decir de enfermedad o de hambre, como los muchos presos de las cárceles. El Gobierno, pues, debe pronunciarse con hechos. Es una obligación moral que debe asumir quien ha ostenta el poder, porque de él se espera que lo ejerza con todas las consecuencias. No se trata de rescatar la Segunda República, pues éstos no son los años 30 del siglo XX. De lo que se trata es de restablecer lo que pueda ser enmendado y que el olvido no conceda impunidad a aquellos fascistas asesinos.
*Ígor R. Iglesias es periodista y lingüista
http://igoriglesias.wordpress.com/
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Llora, pero no me olvides
La Isla
Llora, pero no me olvides
Baltasar Garzón ha hecho que España recupere una memoria que nunca debiera haber perdido. La ‘garzonada’, como ha bautizado la derecha, nos ha regalado la oportunidad de mirarnos al espejo y, por tanto, no es de recibo mirar para otro lado.
Algunos periódicos derechones han querido ridiculizar el auto riéndose en titulares de portada con la petición del certificado médico de Franco. Sin embargo, más allá de hechos que quizá era necesario certificar judicialmente, si no se hizo antes, lo que ha provocado el juez es que España tenga conciencia de que en las cunetas, los cementerios, los campos y quién sabe qué otros lugares, hay personas que fueron asesinadas sin juicio previo, sin pruebas, sin sentido, y a los que se les olvidó porque sus familiares fueron obligados a no hablar, a quedar reducidos a la nada, que es lo mismo que decir el silencio.
En el auto, Garzón señala, y no le falta razón al magistrado, que “no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones de mera represión política”. Las escuelas, lugar único para muchos españoles donde acceder al escaso conocimiento que se adquiere en las enseñanzas obligatorias, han sido cómplices de esta desmemoria colectiva. Es obvio que sus responsables son los políticos, encargados de hacer las leyes y, por tanto, la normativa por la que se rige el sistema educativo de este país. Es escandaloso que gobiernos socialistas, la única izquierda que ha gobernado España en esta nueva democracia de la que gozamos desde que murió el dictador fascista, haya sido cómplice de tal desastre. Porque los únicos que sacan provecho de la desmemoria son todos esos que conforman la derecha, que sigue siendo la misma derecha de siempre. Una derecha que no ha cambiado ni cambiará. Hemos tenido que llegar al año 2008 para saber, no digo recordar, sino saber, -y esto increíblemente no se enseña en las escuelas- que hubo niños que fueron robados de sus padres, arrebatados sin más por el único hecho de ser ‘rojos’ o acusados de serlo. Hay libros sobre este asunto, pero es ahora cuando se ha conocido para el gran público gracias al auto de Garzón. No puedo sentir orgullo de un país que se regodea en su nombre y en una bandera, que no son más que dos colores, una arbitrariedad como otra cualquiera. Me da vergüenza esta España, más preocupada en condenar a manifestantes quemando la cara de Juan Carlitos y secuestrando portadas de revistas. Una España que no es capaz de mirar y buscar en las cunetas qué somos, en qué nos hemos convertido y, lo que también es importante, qué fuimos, qué pasó en este país para haber acabado así, siendo la península del olvido. El juez Garzón se pregunta que “por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis cuando los hechos son similares”. Es “realmente incomprensible”, tal y como señala el magistrado y quien firma esto suscribe. España cometió un error en la Transición. Es cierto que fue un acto de responsabilidad entonces, pero el perdón que otorgó la izquierda nunca ha sido correspondido por la derecha, desde donde siempre se ha señalado que los dos bandos asesinaron a partes iguales. La asimetría de los hechos es tan desproporcionada que esta falta de memoria le es más útil a la derecha de lo que cree esta ingenua izquierda, en la que sobran muchos infiltrados con vocación de capellanes. En España, durante la Guerra Civil no hubo dos bandos. El bando fascista está claro que fue uno solo, bien unido y fuerte, convencido de que era santa su cruzada contra los múltiples bandos republicanos y rojos de toda ralea. Un uno contra todos y éstos contra sí, esa fue la realidad de una guerra que nos precedió a la mayoría y en la que vivieron y nacieron muchos españoles, ancianos en la actualidad. Si lo que ha hecho Garzón hubiera salido publicado en un libro o una ley, nadie hablaría de las fosas ni de los desaparecidos ni de los niños robados. Hay quien dice, y son muchos, que Garzón ha fracasado y que no sabe lo que hacía. Considero que la actuación del juez ha sido un total golpe de efecto, inteligentemente planeado por un juez que sabe dar una de cal y otra de arena. El auto, con el que dice la derecha que se “inhibe”, explica que la represión franquista fue una “actividad planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas”. Responsabilidad de Zapatero. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no puede estar por más tiempo sumido en el silencio. Desilusiona ver a un presidente socialista elogiando el olvido. Obviar que Franco y sus compinches fueron unos asesinos fascistas, es ser cómplice por omisión. Si la legislatura pasada estuvo marcada por las grandes reformas sociales, lo que provocó que la ilusión aflorara en este país, esta legislatura no puede ser la de un Partido Socialista que entrega la democracia a manos del fascismo. El presidente del Gobierno tiene que actuar, tiene que poner los puntos sobre las íes, tiene que ser valiente. El PSOE es el único que efectivamente puede hacer posible el cambio desde la enseñanza, con un sistema educativo que cuente a nuestros niños y jóvenes con rigor qué pasó en este país, hasta la apertura de las fosas comunes. No importa que la derecha patalee. La gente tiene que saber que la Iglesia fue cómplice de los asesinatos, que muchos curas delataron traicionando el secreto de confesión a muchos españoles; que los terratenientes se hicieron con el poder local, estableciendo un sistema caciquil del que todavía hoy quedan rastros; que no hubo juicios, sólo ajusticiados sin delito concreto; que a las madres ‘rojas’ les arrebataron sus hijos, a los que les cambiaron los apellidos y sus nombres, y se llenaron de nuevos inquilinos las casas cuna, los conventos y las casas de los fascistas estériles; que el exterminio del marxismo se hizo no sólo con bombas, sino “combatiendo la propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos”, por lo que fueron “segregados en centros adecuados”, tal y como indica el auto de Garzón; que sólo México y la URSS, hasta que a ésta última le convino, ayudaron a España porque el resto de países prefirieron la derrota del marxismo, en sus diversas formas, concretadas en los muchos partidos republicanos de izquierda, aunque fuera a manos de un fascista, que ayudado primero por Hitler y Mussolini, supo entenderse después con los Estados Unidos a la perfección; que la legislación franquista impuso que los menores crecieran en un ambiente familiar “irreprochable desde el punto de vista religioso, ético y nacional”, según la legislación de la época; que muchos de los que huyeron a Francia fueron encerrados en campos de concentración a la intemperie y obligados a morir en combate durante la Segunda Guerra Mundial, por no decir de enfermedad o de hambre, como los muchos presos de las cárceles. El Gobierno, pues, debe pronunciarse con hechos. Es una obligación moral que debe asumir quien ha ostenta el poder, porque de él se espera que lo ejerza con todas las consecuencias. No se trata de rescatar la Segunda República, pues éstos no son los años 30 del siglo XX. De lo que se trata es de restablecer lo que pueda ser enmendado y que el olvido no conceda impunidad a aquellos fascistas asesinos.
*Ígor R. Iglesias es periodista y lingüista
http://igoriglesias.wordpress.com/
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Los niños robados del franquismo
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Los niños robados del franquismo
Garzón se basa en dos libros que denunciaron un plan sistemático de sustracción de los hijos de los republicanos para pedir que se investigue por ser delitos permanentes
23/11/2008
El pasado martes, Baltasar Garzón se inhibía de la causa al franquismo. Pero su auto contenía el estremecedor relato de los niños robados a los rojos por el franquismo. En España hubo un plan sistemático de sustracción de niños, hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) entre 1937 y 1950, desarrollado bajo cobertura legal, al contrario de lo que sucedió en Argentina entre 1976 y 1983. El juez pide que se investiguen esos delitos, que no estarían prescritos ni amnistiados por ser crímenes contra la humanidad de carácter permanente.
Era uno los últimos enigmas de la dictadura, desconocido todavía por muchos españoles, a pesar de que dos libros lo contaron minuciosamente en el 2002, Los niños perdidos del franquismo, de Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis -surgido de un documental emitido por la televisión catalana- e Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, escrito por Vinyes. Garzón incluye en su auto varios testimonios aportados en estas dos obras.
Cambio de apellidos
«Hubo 30.000 niños que fueron tutelados en un momento u otro por el Estado, que montó un aparataje legal que le permitía quedarse con la tutela arrebatándosela las familias, cambiarles los apellidos mediante la ley de 1941 para que los adoptaran adictos al régimen o secuestrarlos en el extranjero para repatriarlos», asegura Armengou.
Cuando los hijos de las presas cumplían tres años debían abandonar la cárcel y solían ingresar en el Auxilio Social y en centros benéficos del Estado y de la Iglesia católica. «Algunos terminaban en una familia que no era la suya, no sabemos cuántos», relata Armengou. «Hay casos de todo tipo, desde mujeres a las que les quitaban a sus hijos recién paridas y otros en que están de acuerdo con que vayan al internado y cuando salen de la cárcel ya no pueden recuperarlos», añade. «Se esperaba a que las mujeres embarazadas condenadas a muerte tuvieran el hijo, se lo llevaban y días después la fusilaban», explica Vinyes.
«Actualmente hay hombres y mujeres que todavía viven y no conocen su verdadera identidad, quiénes fueron sus padres; algunos lograron recuperar el nombre que les pusieron sus progenitores, otros prefirieron seguir llevando el de sus padres adoptivos», asegura el historiador Ricard Vinyes.
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Los niños perdidos del Franquismo.
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Los niños robados del franquismo
Garzón se basa en dos libros que denunciaron un plan sistemático de sustracción de los hijos de los republicanos para pedir que se investigue por ser delitos permanentes
23/11/2008
El pasado martes, Baltasar Garzón se inhibía de la causa al franquismo. Pero su auto contenía el estremecedor relato de los niños robados a los rojos por el franquismo. En España hubo un plan sistemático de sustracción de niños, hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) entre 1937 y 1950, desarrollado bajo cobertura legal, al contrario de lo que sucedió en Argentina entre 1976 y 1983. El juez pide que se investiguen esos delitos, que no estarían prescritos ni amnistiados por ser crímenes contra la humanidad de carácter permanente.
Era uno los últimos enigmas de la dictadura, desconocido todavía por muchos españoles, a pesar de que dos libros lo contaron minuciosamente en el 2002, Los niños perdidos del franquismo, de Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Belis -surgido de un documental emitido por la televisión catalana- e Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas, escrito por Vinyes. Garzón incluye en su auto varios testimonios aportados en estas dos obras.
Cambio de apellidos
«Hubo 30.000 niños que fueron tutelados en un momento u otro por el Estado, que montó un aparataje legal que le permitía quedarse con la tutela arrebatándosela las familias, cambiarles los apellidos mediante la ley de 1941 para que los adoptaran adictos al régimen o secuestrarlos en el extranjero para repatriarlos», asegura Armengou.
Cuando los hijos de las presas cumplían tres años debían abandonar la cárcel y solían ingresar en el Auxilio Social y en centros benéficos del Estado y de la Iglesia católica. «Algunos terminaban en una familia que no era la suya, no sabemos cuántos», relata Armengou. «Hay casos de todo tipo, desde mujeres a las que les quitaban a sus hijos recién paridas y otros en que están de acuerdo con que vayan al internado y cuando salen de la cárcel ya no pueden recuperarlos», añade. «Se esperaba a que las mujeres embarazadas condenadas a muerte tuvieran el hijo, se lo llevaban y días después la fusilaban», explica Vinyes.
«Actualmente hay hombres y mujeres que todavía viven y no conocen su verdadera identidad, quiénes fueron sus padres; algunos lograron recuperar el nombre que les pusieron sus progenitores, otros prefirieron seguir llevando el de sus padres adoptivos», asegura el historiador Ricard Vinyes.
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Los niños perdidos del Franquismo.
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Se pierde el rastro de Franco.
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Se pierde el rastro de Franco
Escrito por Juanmi Armuña
domingo, 23 de noviembre de 2008
NOTICIA COMPLETA:
http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/21816/62/
La Ley por la que se establecen medidas en favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura está reduciendo el recuerdo del franquismo a la memoria de quienes lo padecieron.
Cada vez son menos las estatuas que se conservan del caudillo en la vía pública. En la actualidad hay tres: las de Zaragoza, Santander y Melilla, aunque en breve el número de esculturas de Franco se verá reducido a dos.
El motivo, la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de retirar de la vía pública la estatua del dictador, ubicada bajo el recinto amurallado de Melilla la Vieja, para cederla al Museo Militar.
Esta decisión nació de la propuesta de Coalición por Melilla (CpM), que solicitó hace dos años que se retirase. No obstante, la formación política “sigue esperando que se quite un símbolo que no tiene ningún sentido, que representa a una persona que dividió el país y provocó una guerra sangrienta entre hermanos”, según indicó en declaraciones a ‘El Faro’ el secretario de organización de CpM, Hassán Mohatar.
El político melillense desea “que ya que este hombre -por Franco- está enterrado, se retiren también sus estatuas”.
En cuanto a otra de las ciudades que aún conserva símbolos franquistas, Ceuta, el Gobierno local no tiene previsto retirar de la vía pública ninguno de ellos. Así lo aseguró a este medio la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel.
No obstante, la oposición está totalmente en contra de la opinión del Ejecutivo. En la pasada legislatura, PSOE y UDCE solicitaron al Gobierno la retirada de símbolos franquistas -monumentos y nombre de algunas calles-, “para cumplir con la normativa a nivel estatal”, tal y como indicó el líder de UDCE-IU, Mohamed Alí.
El Ejecutivo ceutí atendió a la petición comprometiéndose a realizar una serie de estudios y análisis “que nunca se han hecho”, lamentó Alí.
El líder de los localistas desea que el Gobierno ceutí tome el ejemplo del melillense y que reconsidere la petición y “agilice el procedimiento para que la retirada de los símbolos franquistas se convierta en realidad”.
De esta manera, Alí propone que se puedan ver estas estatuas y monumentos “en lugares apropiados, como museos, y no en la vía pública”.
En cuanto a la decisión del Gobierno melillense afirmó que le parece una medida “acertada”, e indicó que “aunque las estatuas de Franco sean parte de la historia, no debemos sentirnos orgullosos de aquella época y recordarla en las calles de nuestra ciudad”.
268 víctimas del franquismo en la ciudad
Muchos fueron los ceutíes que sufrieron la pesadilla de la represión desde que se produjo la primera ejecución en la mañana del 21 de julio de 1936, según datos del historiador ceutí Francisco Sánchez. A estas dos primeras muertes le siguió una larga lista de 268 víctimas, a quienes se les acusaron de un delito de adhesión a la rebelión. Un total de 150 cadáveres fueron arrojados a la fosa común.El mes de agosto de 1936 se convirtió en el más trágico de toda la represión en Ceuta, con 73 víctimas. Dos meses más tarde, el 16 de octubre, se celebró el consejo de guerra con más personas implicadas. En total fueron 50, todas ellas sindicalistas de la UGT y la CNT.
Este voluminoso consejo de guerra estuvo encabezado por el líder del movimiento obrero ceutí y empleado de la empresa de alumbrado, Luis Castillejo, y por el obrero municipal Rafael Alarcón. A los 50 se les dividió en varios grupos. Algo más de la mitad, 26, fueron fusilados y el resto castigados a largas condenas. Fue un duro golpe para el movimiento sindical en la ciudad. No obstante, la represión contra los obreros ceutíes continuó bien acabada la guerra.
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Se pierde el rastro de Franco
Escrito por Juanmi Armuña
domingo, 23 de noviembre de 2008
NOTICIA COMPLETA:
http://www.elfaroceutamelilla.es/content/view/21816/62/
La Ley por la que se establecen medidas en favor de quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura está reduciendo el recuerdo del franquismo a la memoria de quienes lo padecieron.
Cada vez son menos las estatuas que se conservan del caudillo en la vía pública. En la actualidad hay tres: las de Zaragoza, Santander y Melilla, aunque en breve el número de esculturas de Franco se verá reducido a dos.
El motivo, la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de retirar de la vía pública la estatua del dictador, ubicada bajo el recinto amurallado de Melilla la Vieja, para cederla al Museo Militar.
Esta decisión nació de la propuesta de Coalición por Melilla (CpM), que solicitó hace dos años que se retirase. No obstante, la formación política “sigue esperando que se quite un símbolo que no tiene ningún sentido, que representa a una persona que dividió el país y provocó una guerra sangrienta entre hermanos”, según indicó en declaraciones a ‘El Faro’ el secretario de organización de CpM, Hassán Mohatar.
El político melillense desea “que ya que este hombre -por Franco- está enterrado, se retiren también sus estatuas”.
En cuanto a otra de las ciudades que aún conserva símbolos franquistas, Ceuta, el Gobierno local no tiene previsto retirar de la vía pública ninguno de ellos. Así lo aseguró a este medio la portavoz del Gobierno, Yolanda Bel.
No obstante, la oposición está totalmente en contra de la opinión del Ejecutivo. En la pasada legislatura, PSOE y UDCE solicitaron al Gobierno la retirada de símbolos franquistas -monumentos y nombre de algunas calles-, “para cumplir con la normativa a nivel estatal”, tal y como indicó el líder de UDCE-IU, Mohamed Alí.
El Ejecutivo ceutí atendió a la petición comprometiéndose a realizar una serie de estudios y análisis “que nunca se han hecho”, lamentó Alí.
El líder de los localistas desea que el Gobierno ceutí tome el ejemplo del melillense y que reconsidere la petición y “agilice el procedimiento para que la retirada de los símbolos franquistas se convierta en realidad”.
De esta manera, Alí propone que se puedan ver estas estatuas y monumentos “en lugares apropiados, como museos, y no en la vía pública”.
En cuanto a la decisión del Gobierno melillense afirmó que le parece una medida “acertada”, e indicó que “aunque las estatuas de Franco sean parte de la historia, no debemos sentirnos orgullosos de aquella época y recordarla en las calles de nuestra ciudad”.
268 víctimas del franquismo en la ciudad
Muchos fueron los ceutíes que sufrieron la pesadilla de la represión desde que se produjo la primera ejecución en la mañana del 21 de julio de 1936, según datos del historiador ceutí Francisco Sánchez. A estas dos primeras muertes le siguió una larga lista de 268 víctimas, a quienes se les acusaron de un delito de adhesión a la rebelión. Un total de 150 cadáveres fueron arrojados a la fosa común.El mes de agosto de 1936 se convirtió en el más trágico de toda la represión en Ceuta, con 73 víctimas. Dos meses más tarde, el 16 de octubre, se celebró el consejo de guerra con más personas implicadas. En total fueron 50, todas ellas sindicalistas de la UGT y la CNT.
Este voluminoso consejo de guerra estuvo encabezado por el líder del movimiento obrero ceutí y empleado de la empresa de alumbrado, Luis Castillejo, y por el obrero municipal Rafael Alarcón. A los 50 se les dividió en varios grupos. Algo más de la mitad, 26, fueron fusilados y el resto castigados a largas condenas. Fue un duro golpe para el movimiento sindical en la ciudad. No obstante, la represión contra los obreros ceutíes continuó bien acabada la guerra.
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El Congreso debatirá el reconocimiento de la lucha armada antifranquista
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El Congreso debatirá el reconocimiento de la lucha armada antifranquista
La iniciativa parlamentaria, impulsada por ERC, contempla que se recupere también la Memoria Histórica de la II República.
AGENCIAS - Madrid - 23/11/2008 11:54
El Congreso debatirá el martes una iniciativa parlamentaria de ERC para modificar la Ley de Memoria Histórica, con la finalidad de que se reconozca "la lucha armada" antifranquista y aquellas personas que combatieron en esas organizaciones tengan un reconocimiento moral y económico.Este es uno de los aspectos que los republicanos catalanes han incluido en la proposición de ley que llevarán al pleno pasado mañana, porque consideran que la Ley de Memoria Histórica que se aprobó el año pasado no ha cumplido las expectativas de la mayoría.Y como en su opinión no se han visto satisfechas, los diputados de ERC pretenden de esta forma que se recupere también la Memoria Histórica de la II República y de todas las personas, organizaciones y Estados que "apoyaron la lucha por la democracia y contra la dictadura".El texto de la proposición, que defenderá el diputado Joan Tardá, recuerda que se ha obviado la calificación de Crímenes contra la Humanidad y "ni siquiera" se han anulado las sentencias que dictaron tribunales "absolutamente ilegítimos", como la del presidente de Cataluña, Lluís Companys, que fue fusilado.
Reparar a todas las víctimas
Por tanto, ERC cree que es "urgente" que se modifique la ley actual para que se reconozca y repare a todas las víctimas, se aplique "la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad" y el Estado asuma sus responsabilidades con los que fueron asesinados, perseguidos o encarcelados por el franquismo.Por tanto, a través de esta iniciativa, ERC pide que se anulen las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra, el Tribunal de Orden Público o el Tribunal Especial de Represión de la Masonería, entre otros.Quiere que se reconozca una indemnización de 135.000 euros para los beneficiarios de todos aquellos que murieron por la represión franquista y en su lucha por las libertades e insta al Estado a localizar las fosas comunes donde se hallan las personas "desaparecidas violentamente" en la Guerra Civil o en la represión posterior.La restitución del dinero incautado por la dictadura y que conformó el "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" es otro de los aspectos que incluye la proposición de ERC junto con la creación de Museos de la Memoria o la apertura de los archivos de la represión. Además de otras consideraciones, la proposición pone igualmente atención en la utilización de armamento químico en la guerra del Rif (1919-1926) y solicita al Estado que asuma posibles compensaciones económicas y se dote a los hospitales de esa zona del norte de Marruecos de unidades sanitarias en el tratamiento oncológico.También en relación con la Memoria Histórica, el diputado de ICV Joan Herrera preguntará el miércoles en la sesión de control al Gobierno cómo va a garantizar el Ejecutivo los derechos de las víctimas del franquismo.
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Un auto para hacer justicia a la memoria
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El Congreso debatirá el reconocimiento de la lucha armada antifranquista
La iniciativa parlamentaria, impulsada por ERC, contempla que se recupere también la Memoria Histórica de la II República.
AGENCIAS - Madrid - 23/11/2008 11:54
El Congreso debatirá el martes una iniciativa parlamentaria de ERC para modificar la Ley de Memoria Histórica, con la finalidad de que se reconozca "la lucha armada" antifranquista y aquellas personas que combatieron en esas organizaciones tengan un reconocimiento moral y económico.Este es uno de los aspectos que los republicanos catalanes han incluido en la proposición de ley que llevarán al pleno pasado mañana, porque consideran que la Ley de Memoria Histórica que se aprobó el año pasado no ha cumplido las expectativas de la mayoría.Y como en su opinión no se han visto satisfechas, los diputados de ERC pretenden de esta forma que se recupere también la Memoria Histórica de la II República y de todas las personas, organizaciones y Estados que "apoyaron la lucha por la democracia y contra la dictadura".El texto de la proposición, que defenderá el diputado Joan Tardá, recuerda que se ha obviado la calificación de Crímenes contra la Humanidad y "ni siquiera" se han anulado las sentencias que dictaron tribunales "absolutamente ilegítimos", como la del presidente de Cataluña, Lluís Companys, que fue fusilado.
Reparar a todas las víctimas
Por tanto, ERC cree que es "urgente" que se modifique la ley actual para que se reconozca y repare a todas las víctimas, se aplique "la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad" y el Estado asuma sus responsabilidades con los que fueron asesinados, perseguidos o encarcelados por el franquismo.Por tanto, a través de esta iniciativa, ERC pide que se anulen las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra, el Tribunal de Orden Público o el Tribunal Especial de Represión de la Masonería, entre otros.Quiere que se reconozca una indemnización de 135.000 euros para los beneficiarios de todos aquellos que murieron por la represión franquista y en su lucha por las libertades e insta al Estado a localizar las fosas comunes donde se hallan las personas "desaparecidas violentamente" en la Guerra Civil o en la represión posterior.La restitución del dinero incautado por la dictadura y que conformó el "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" es otro de los aspectos que incluye la proposición de ERC junto con la creación de Museos de la Memoria o la apertura de los archivos de la represión. Además de otras consideraciones, la proposición pone igualmente atención en la utilización de armamento químico en la guerra del Rif (1919-1926) y solicita al Estado que asuma posibles compensaciones económicas y se dote a los hospitales de esa zona del norte de Marruecos de unidades sanitarias en el tratamiento oncológico.También en relación con la Memoria Histórica, el diputado de ICV Joan Herrera preguntará el miércoles en la sesión de control al Gobierno cómo va a garantizar el Ejecutivo los derechos de las víctimas del franquismo.
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Un auto para hacer justicia a la memoria
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domingo 23 de noviembre de 2008
La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera.
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La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera
MOCIÓN EN MÁLAGA
La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera
Elsemanaldigital.com
El PSOE que gobierna en la Diputación de Málaga presentará una moción para retirar los títulos concedidos entre el 73 y el 75. Entre los afectados el suegro de Gallardón.
22 de noviembre de 2008
SIN DISTINCIONES
El PSOE quiere retirar las distinciones que Utrera Molina, suegro de Gallardón, recibió en 1975.
En el próximo Pleno de la Diputación de Málaga el PSOE, que gobierna allí gracias al apoyo de Izquierda Unida, presentará una moción para que se retiren todos los títulos concedidos por el franquismo entre 1937 y 1975.
Un capítulo más en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Entre la lista de los afectados se encuentra –además del general Francisco Franco y Queipo de Llano y personas vinculadas al denominado Movimiento Nacional- José Utrera Molina, suegro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
De esta forma, si se aprueba la moción, la distinción de Hijo Predilecto y Medalla de Oro que se le concedieron a este ex ministro de Franco en 1975, le serán retiradas a sus 82 años. Será, además, el único al que la medida le afectará con vida.
Ante esta situación, José Utrera Molina ha declarado que "si esa medalla se la quitan a Franco, estaré orgulloso de que a mí también." Además, el suegro de Gallardón ha defendido sus medallas y dice que "ahí están las actas en las que se podrán leer los méritos por los que se me concedieron".
Utrera Molina se lamenta no ser profeta en su tierra y que sea, precisamente, Málaga quien le dé el "primer reproche" por su "conducta" y los que siguen con esta especial "interpretación de la Ley."
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Pepe Utrera
Diario de León -
"Si esa medalla se la quitan a Franco, estaré orgulloso de que a ...
Málaga Hoy - 21 Nov 2008
El PSOE exige que retiren los honores a un ex ministro de la ...
Málaga Hoy -
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La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera
MOCIÓN EN MÁLAGA
La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera
Elsemanaldigital.com
El PSOE que gobierna en la Diputación de Málaga presentará una moción para retirar los títulos concedidos entre el 73 y el 75. Entre los afectados el suegro de Gallardón.
22 de noviembre de 2008
SIN DISTINCIONES
El PSOE quiere retirar las distinciones que Utrera Molina, suegro de Gallardón, recibió en 1975.
En el próximo Pleno de la Diputación de Málaga el PSOE, que gobierna allí gracias al apoyo de Izquierda Unida, presentará una moción para que se retiren todos los títulos concedidos por el franquismo entre 1937 y 1975.
Un capítulo más en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Entre la lista de los afectados se encuentra –además del general Francisco Franco y Queipo de Llano y personas vinculadas al denominado Movimiento Nacional- José Utrera Molina, suegro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.
De esta forma, si se aprueba la moción, la distinción de Hijo Predilecto y Medalla de Oro que se le concedieron a este ex ministro de Franco en 1975, le serán retiradas a sus 82 años. Será, además, el único al que la medida le afectará con vida.
Ante esta situación, José Utrera Molina ha declarado que "si esa medalla se la quitan a Franco, estaré orgulloso de que a mí también." Además, el suegro de Gallardón ha defendido sus medallas y dice que "ahí están las actas en las que se podrán leer los méritos por los que se me concedieron".
Utrera Molina se lamenta no ser profeta en su tierra y que sea, precisamente, Málaga quien le dé el "primer reproche" por su "conducta" y los que siguen con esta especial "interpretación de la Ley."
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Pepe Utrera
Diario de León -
"Si esa medalla se la quitan a Franco, estaré orgulloso de que a ...
Málaga Hoy - 21 Nov 2008
El PSOE exige que retiren los honores a un ex ministro de la ...
Málaga Hoy -
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La gran Logia Simbólica de España pide que se profundice la ley de la Memoria Histórica.
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La gran Logia Simbólica de España pide que se profundice la ley de ...
La gran Logia Simbólica de España pide que se profundice la ley de la Memoria Histórica
Los masones solicitan al Gobierno acciones para restablecer la dignidad de la masonería, perseguida por el franquismo
RAFAEL FRAGUAS - Madrid - 22/11/2008
Jordi Farrerons, Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica de España, la principal institución masónica liberal española, pidió hoy al Gobierno que profundice en la ley de Memoria Histórica de manera que quede plenamente restablecida la dignidad de la masonería, escarnecida en las personas de miles de sus miembros represaliados por el franquismo y también en su patrimonio durante la dictadura del general Franco entre 1936 y 1975.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 incluye en su artículo segundo una referencia a la masonería, así como una disposición derogatoria que abole la ley de marzo de 1940, denominada entonces ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, decretada por Franco para aniquilar a la masonería y también a la oposición política a su régimen dictatorial. La Masonería Liberal, que admite la presencia de las mujeres en las logias a diferencia de la masonería tradicional, considera insuficiente el articulado y demanda una profundización reparadora del buen nombre de las instituciones masónicas.
Jordi Farrerons presidía hoy en el Ateneo madrileño un acto matinal conmemorativo del XXV aniversario de la creación en Madrid de la logia masónica liberal Hermes Tolerancia, la primera de estas características, laica, mixta y liberal, fundada en Madrid tras la transición democrática.
En el mismo acto, convocado por Francisco Javier del Barrio, presidente de la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid, intervinieron previamente Javier Otaola, letrado, ensayista y Defensor vecinal de Vitoria-Gasteiz, que disertó sobre el rito francés; el catedrático de la universidad de Barcelona, Joan Francesc Pont, que habló sobre la espiritualidad liberal de la francmasonería, y Nicolás Brihuega, que abordó la historia de la masonería y su trayectoria en Madrid. El escritor Ignacio Merino, en una disertación sobre el futuro de la Masonería, propuso como objetivos inmediatos una inciativa mundial para integrar voluntarios en la construcción de una gran muralla vegetal que detenga en Africa del norte el avance de la desertización y pidió para España la sede del próximo congreso mundial de Filosofía, que invocó por mor de la tradición filosófica masónica.
El acto prosiguó con un ágape masónico abierto en el Centro Cultural de los Ejércitos y una denominada tenida blanca, rito masónico compartido con profanos en el que se utilizan únicamente algunos símbolos y se mantiene el orden ritual que se observa en las asambleas masónicas, sin que sean desveladas cuestiones iniciáticas.
"Deseamos celebrar este vigésimo quinto aniversario y rendir en él tributo a quienes han luchado desde la posguerra por la Masoneria Liberal y nuestros valores esenciales: el laicismo, la igualdad de las mujeres, la libertad, la tolerancia y la solidaridad", señaló Ignacio Merino.
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La gran Logia Simbólica de España pide que se profundice la ley de ...
La gran Logia Simbólica de España pide que se profundice la ley de la Memoria Histórica
Los masones solicitan al Gobierno acciones para restablecer la dignidad de la masonería, perseguida por el franquismo
RAFAEL FRAGUAS - Madrid - 22/11/2008
Jordi Farrerons, Gran Maestro de la Gran Logia Simbólica de España, la principal institución masónica liberal española, pidió hoy al Gobierno que profundice en la ley de Memoria Histórica de manera que quede plenamente restablecida la dignidad de la masonería, escarnecida en las personas de miles de sus miembros represaliados por el franquismo y también en su patrimonio durante la dictadura del general Franco entre 1936 y 1975.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007 incluye en su artículo segundo una referencia a la masonería, así como una disposición derogatoria que abole la ley de marzo de 1940, denominada entonces ley de Represión de la Masonería y el Comunismo, decretada por Franco para aniquilar a la masonería y también a la oposición política a su régimen dictatorial. La Masonería Liberal, que admite la presencia de las mujeres en las logias a diferencia de la masonería tradicional, considera insuficiente el articulado y demanda una profundización reparadora del buen nombre de las instituciones masónicas.
Jordi Farrerons presidía hoy en el Ateneo madrileño un acto matinal conmemorativo del XXV aniversario de la creación en Madrid de la logia masónica liberal Hermes Tolerancia, la primera de estas características, laica, mixta y liberal, fundada en Madrid tras la transición democrática.
En el mismo acto, convocado por Francisco Javier del Barrio, presidente de la Sección de Ciencias Jurídicas y Políticas del Ateneo de Madrid, intervinieron previamente Javier Otaola, letrado, ensayista y Defensor vecinal de Vitoria-Gasteiz, que disertó sobre el rito francés; el catedrático de la universidad de Barcelona, Joan Francesc Pont, que habló sobre la espiritualidad liberal de la francmasonería, y Nicolás Brihuega, que abordó la historia de la masonería y su trayectoria en Madrid. El escritor Ignacio Merino, en una disertación sobre el futuro de la Masonería, propuso como objetivos inmediatos una inciativa mundial para integrar voluntarios en la construcción de una gran muralla vegetal que detenga en Africa del norte el avance de la desertización y pidió para España la sede del próximo congreso mundial de Filosofía, que invocó por mor de la tradición filosófica masónica.
El acto prosiguó con un ágape masónico abierto en el Centro Cultural de los Ejércitos y una denominada tenida blanca, rito masónico compartido con profanos en el que se utilizan únicamente algunos símbolos y se mantiene el orden ritual que se observa en las asambleas masónicas, sin que sean desveladas cuestiones iniciáticas.
"Deseamos celebrar este vigésimo quinto aniversario y rendir en él tributo a quienes han luchado desde la posguerra por la Masoneria Liberal y nuestros valores esenciales: el laicismo, la igualdad de las mujeres, la libertad, la tolerancia y la solidaridad", señaló Ignacio Merino.
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