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Mieres creará una comisión «plural» para desarrollar la ley de la ...
Mieres creará una comisión «plural» para desarrollar la ley de la Memoria Histórica
l El grupo hará los censos de símbolos franquistas y fosas comunes l IU acusa al PP de defender a Franco en un Pleno
MULTIMEDIA
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Mieres del Camino, José A. ORDÓÑEZ
El Ayuntamiento de Mieres conformará una comisión especial «de carácter plural» para «tutelar y dirigir los trabajos de identificación y retirada de la simbología franquista que aún pervive en el concejo», así como para «la elaboración de un mapa con la localización de fosas comunes y enterramientos de víctimas de la represión franquista». La iniciativa está incluida en una moción de Izquierda Unida (IU) sobre Memoria Histórica que salió adelante con el visto bueno del PSOE y pese a la oposición del PP.
Además, también recoge un requerimiento al Gobierno autonómico «para que ponga en marcha medidas similares a las de otras comunidades para la aplicación íntegra de la ley de la Memoria Histórica». Marcos Cienfuegos, concejal mierense de IU e impulsor de la moción, considera que el hecho de que haya salido adelante «permite que, por fin, la historia de este municipio se sitúe en el lugar que le corresponde: el de la verdad, la justicia y el reconocimiento a tantas y tantas personas que, bajo la bandera de los valores de la legalidad, la democracia y la libertad, dieron hasta su propia vida». Además, a su juicio, permitirá «enmendar la actuación municipal hasta la fecha», ya que, según dijo, «pese a que la ley ya fue aprobada hace once meses, el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes ni se ha implicado en la elaboración de los vestigios franquistas todavía existentes, ni ha puesto el mínimo interés en realizar las investigaciones correspondientes para localizar las fosas comunes que pudiera haber». Marcos Cienfuegos cargó duramente contra el portavoz del PP de Mieres, José Coto, por cuanto, según indicó, «en el Pleno en el que se trató este asunto defendió que Francisco Franco o el general Primo de Rivera tendrían derecho a un reconocimiento por parte del pueblo de Mieres, sobre la base de la gran contribución de ambos al desarrollo de este país, sobre todo desde el punto de vista humano». El edil de Izquierda Unida manifestó su «más enérgica repulsa» ante este tipo de manifestaciones.
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viernes, 14 de noviembre de 2008
El PSOE abre un debate sobre la memoria histórica en Cartagena
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El PSOE abre un debate sobre la memoria histórica en Cartagena
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores
14.11.08 - 18:58 - EFE CARTAGENA
El PSOE de Cartagena ha organizado hasta el mes de enero un ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil y la represión franquista en el municipio, con el fin de abrir un debate "maduro y abierto" sobre los hechos ocurridos durante la contienda y la represión franquista y "de recuperar la memoria histórica de la ciudad", anunció hoy el concejal socialista, Francisco Martínez.
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores, según datos facilitados por esta formación política que anuncia también su interés en "colaborar para localizar fosas comunes, y para que las familias dispongan de recursos necesarios para identificar y recuperar si lo desean los restos de sus seres queridos".
Los historiadores Luis Miguel Pérez Adán, Pedro María Egea Bruno y Antonio Martínez Ovejero serán los ponentes de las tres charlas coloquio que se celebrarán los días 1, de diciembre, 17 de enero y 12 de enero en la sede de la Universidad a Distancia.
El PSOE ha solicitado igualmente al ayuntamiento a través de un comunicado que, en cumplimiento de la ley de memoria histórica, retire de plazas y calles los símbolos de la dictadura franquista, y "toda mención o distinción a sublevados o represores, las concesiones de hijos predilectos y las medallas de oro de la ciudad".
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El PSOE abre un debate sobre la memoria histórica en Cartagena
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores
14.11.08 - 18:58 - EFE CARTAGENA
El PSOE de Cartagena ha organizado hasta el mes de enero un ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil y la represión franquista en el municipio, con el fin de abrir un debate "maduro y abierto" sobre los hechos ocurridos durante la contienda y la represión franquista y "de recuperar la memoria histórica de la ciudad", anunció hoy el concejal socialista, Francisco Martínez.
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores, según datos facilitados por esta formación política que anuncia también su interés en "colaborar para localizar fosas comunes, y para que las familias dispongan de recursos necesarios para identificar y recuperar si lo desean los restos de sus seres queridos".
Los historiadores Luis Miguel Pérez Adán, Pedro María Egea Bruno y Antonio Martínez Ovejero serán los ponentes de las tres charlas coloquio que se celebrarán los días 1, de diciembre, 17 de enero y 12 de enero en la sede de la Universidad a Distancia.
El PSOE ha solicitado igualmente al ayuntamiento a través de un comunicado que, en cumplimiento de la ley de memoria histórica, retire de plazas y calles los símbolos de la dictadura franquista, y "toda mención o distinción a sublevados o represores, las concesiones de hijos predilectos y las medallas de oro de la ciudad".
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El nieto de Luis Dorado denuncia por prevaricación a Rosa Aguilar´.
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El nieto de Luis Dorado denuncia por prevaricación a Rosa Aguilar
Antonio Gutiérrez Dorado, representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, acusa de desobediencia y denegación de auxilio
EUROPA PRESS / cÓRDOBA Actualizado 14.11.2008 - 19:24
Antonio Gutiérrez Dorado, nieto y representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, Luis Dorado Luque, ha presentado hoy en los juzgados de Córdoba una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU). Según informó hoy el sindicato CGT-A en un comunicado, la denuncia, que también se refiere a la presunta comisión de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, se ha presentado igualmente contra el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Alfonso Igualada, y contra el gerente de Cecosam, José Cabrera. En el texto de la denuncia Antonio Gutiérrez manifiesta que su familia obtuvo "subvención del Ministerio de la Presidencia para realizar labores de prospección, identificación y exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi".
Igualmente especifica que "los trabajos mencionados, y en concreto las tareas de georadar para localizar y dimensionar correctamente la fosa, fueron iniciados el pasado 3 de octubre, como es público y notorio en la prensa local. Para el desarrollo de las tareas de prospección y exhumación, como es obvio, se contaba con la debida autorización municipal, por tratarse de un terreno público".
De hecho, según se relata en la denuncia, "el gerente de Cecosam estuvo presente en el inicio de los trabajos de georadar", que permitieron localizar la fosa. El informe técnico, del que se dio cuenta al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam, "acredita la existencia de la fosa y su contenido osteológico, siendo por tanto el siguiente paso el inicio de los trabajos de excavación", los cuales, según argumenta la denuncia, "no dependen de autorización judicial alguna, dado que se enmarcan en actuaciones particulares al amparo de las previsiones de la llamada Ley de Memoria Histórica 52/2007, así como de normas autonómicas, como el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre".
Pero, una vez concluidos los trabajos de mapa de la fosa, el denunciante y su familia conocieron a través de la prensa que el Ayuntamiento de Córdoba pretendía impedir que continuasen las tareas previstas, "que ya habían sido autorizadas, exigiendo la Alcaldía un inexistente control judicial de la misma y aclaración de los costes para el municipio. Ello sin comunicación escrita de paralización, pero sí de hecho, al impedir el trabajo de la Sociedad Aranzadi".En este sentido y con el objetivo de aclarar las posibles dudas, del Ayuntamiento, el pasado martes día 11 de noviembre se desplazaron a Córdoba -desde Bilbao, Sevilla y Málaga- las entidades que respaldan la exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, es decir, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y 'Rmhsa', de CGT-A, así como el propio Antonio Gutiérrez Dorado.
Sin embargo, tal y como se indica en la denuncia, "la respuesta municipal negativa" se mantuvo, apoyándose para ello "en la existencia de un auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, según la Alcaldía, ha paralizado las exhumaciones".
En la reunión se le hizo ver a los representantes municipales por parte de las mencionadas sociedades y Gutiérrez Dorado que "dicho auto nada tiene que ver con la exhumación de la fosa del Cementerio la Salud, la cual, aún sin la existencia del sumario, cuenta con soporte legal para ser abierta", a lo que se suma que el referido auto de la Audiencia Nacional "no es firme y que contra el mismo esta misma parte ha interpuesto recurso de nulidad". Por tanto, "la obstaculización de los trabajos ya en desarrollo, por la Alcaldía y sus delegados, carece de soporte legal, constituye una actuación administrativa injusta a sabiendas, con ocasión de perjuicios económicos -puede suponer la pérdida de la subvención- y supone la desobediencia y denegación del auxilio que le ha sido solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, y cuyos responsables en su desarrollo son los ahora denunciados. La negativa incumple los deberes de colaboración administrativa además impuestos por los artículos 11 y 22 de la Ley 52/2007, y demás normas administrativas concordantes". De todo ello se hizo en la citada reunión del pasado martes "expresa advertencia los responsables municipales", pero éstos respondieron "afirmándose en su negativa. Ello da lugar a la presentación de la presente denuncia".
Por último, el denunciante solicita que, "como prácticas de prueba", se cite a declarar a los denunciados, "así como que se ordene al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam que permita la continuidad de los trabajos, ello por razones de urgencia y de modo cautelar, dado que la actual situación puede producir la pérdida de la asignación presupuestaria expuesta". Para 'Rmhsa' de CGT-A, "la actitud que viene manteniendo el Ayuntamiento de Córdoba en esta materia es al menos lamentable, pues es una de las pocas capitales de provincia que no ha realizado ningún tipo de dignificación y señalamiento (monolitos) de las fosas comunes del franquismo, a pesar de la existencia de ayudas de la Junta de Andalucía, y todo ello, además, en contra de las actuaciones que en los últimos años viene realizando la fuerza política gobernante en Córdoba (IU) en todo lo relacionado con la recuperación de la Memoria Histórica". Producto de ello es "el malestar de muchas familias de Córdoba y provincia, que en los últimos años han venido dirigiéndose a esa Alcaldía".
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El nieto de Luis Dorado denuncia por prevaricación a Rosa Aguilar
Antonio Gutiérrez Dorado, representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, acusa de desobediencia y denegación de auxilio
EUROPA PRESS / cÓRDOBA Actualizado 14.11.2008 - 19:24
Antonio Gutiérrez Dorado, nieto y representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, Luis Dorado Luque, ha presentado hoy en los juzgados de Córdoba una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU). Según informó hoy el sindicato CGT-A en un comunicado, la denuncia, que también se refiere a la presunta comisión de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, se ha presentado igualmente contra el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Alfonso Igualada, y contra el gerente de Cecosam, José Cabrera. En el texto de la denuncia Antonio Gutiérrez manifiesta que su familia obtuvo "subvención del Ministerio de la Presidencia para realizar labores de prospección, identificación y exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi".
Igualmente especifica que "los trabajos mencionados, y en concreto las tareas de georadar para localizar y dimensionar correctamente la fosa, fueron iniciados el pasado 3 de octubre, como es público y notorio en la prensa local. Para el desarrollo de las tareas de prospección y exhumación, como es obvio, se contaba con la debida autorización municipal, por tratarse de un terreno público".
De hecho, según se relata en la denuncia, "el gerente de Cecosam estuvo presente en el inicio de los trabajos de georadar", que permitieron localizar la fosa. El informe técnico, del que se dio cuenta al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam, "acredita la existencia de la fosa y su contenido osteológico, siendo por tanto el siguiente paso el inicio de los trabajos de excavación", los cuales, según argumenta la denuncia, "no dependen de autorización judicial alguna, dado que se enmarcan en actuaciones particulares al amparo de las previsiones de la llamada Ley de Memoria Histórica 52/2007, así como de normas autonómicas, como el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre".
Pero, una vez concluidos los trabajos de mapa de la fosa, el denunciante y su familia conocieron a través de la prensa que el Ayuntamiento de Córdoba pretendía impedir que continuasen las tareas previstas, "que ya habían sido autorizadas, exigiendo la Alcaldía un inexistente control judicial de la misma y aclaración de los costes para el municipio. Ello sin comunicación escrita de paralización, pero sí de hecho, al impedir el trabajo de la Sociedad Aranzadi".En este sentido y con el objetivo de aclarar las posibles dudas, del Ayuntamiento, el pasado martes día 11 de noviembre se desplazaron a Córdoba -desde Bilbao, Sevilla y Málaga- las entidades que respaldan la exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, es decir, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y 'Rmhsa', de CGT-A, así como el propio Antonio Gutiérrez Dorado.
Sin embargo, tal y como se indica en la denuncia, "la respuesta municipal negativa" se mantuvo, apoyándose para ello "en la existencia de un auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, según la Alcaldía, ha paralizado las exhumaciones".
En la reunión se le hizo ver a los representantes municipales por parte de las mencionadas sociedades y Gutiérrez Dorado que "dicho auto nada tiene que ver con la exhumación de la fosa del Cementerio la Salud, la cual, aún sin la existencia del sumario, cuenta con soporte legal para ser abierta", a lo que se suma que el referido auto de la Audiencia Nacional "no es firme y que contra el mismo esta misma parte ha interpuesto recurso de nulidad". Por tanto, "la obstaculización de los trabajos ya en desarrollo, por la Alcaldía y sus delegados, carece de soporte legal, constituye una actuación administrativa injusta a sabiendas, con ocasión de perjuicios económicos -puede suponer la pérdida de la subvención- y supone la desobediencia y denegación del auxilio que le ha sido solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, y cuyos responsables en su desarrollo son los ahora denunciados. La negativa incumple los deberes de colaboración administrativa además impuestos por los artículos 11 y 22 de la Ley 52/2007, y demás normas administrativas concordantes". De todo ello se hizo en la citada reunión del pasado martes "expresa advertencia los responsables municipales", pero éstos respondieron "afirmándose en su negativa. Ello da lugar a la presentación de la presente denuncia".
Por último, el denunciante solicita que, "como prácticas de prueba", se cite a declarar a los denunciados, "así como que se ordene al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam que permita la continuidad de los trabajos, ello por razones de urgencia y de modo cautelar, dado que la actual situación puede producir la pérdida de la asignación presupuestaria expuesta". Para 'Rmhsa' de CGT-A, "la actitud que viene manteniendo el Ayuntamiento de Córdoba en esta materia es al menos lamentable, pues es una de las pocas capitales de provincia que no ha realizado ningún tipo de dignificación y señalamiento (monolitos) de las fosas comunes del franquismo, a pesar de la existencia de ayudas de la Junta de Andalucía, y todo ello, además, en contra de las actuaciones que en los últimos años viene realizando la fuerza política gobernante en Córdoba (IU) en todo lo relacionado con la recuperación de la Memoria Histórica". Producto de ello es "el malestar de muchas familias de Córdoba y provincia, que en los últimos años han venido dirigiéndose a esa Alcaldía".
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Casi un centenar de personas exigen la apertura inmediata de las fosas de Porreres y Calvià
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Casi un centenar de personas exigen la apertura inmediata de las fosas de Porreres y Calvià
Casi un centenar de personas protestaron ayer ante la Audiencia Provincial de Palma contra "la agresión de los jueces de la Audiencia Nacional" tras la decisión del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por suspender cautelarmente la exhumación de las fosas, entre ellas, las de Porreres y Calvià, autorizadas por el juez Baltasar Garzón.Los asistentes al acto se concentraron bajo el lema "¿Dónde están? ¡Exhumaciones de fosas ya!". La presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, criticó que no se convocara ni se escuchara la opinión de las asociaciones para tomar "una decisión tan drástica" que afecta "directamente" al colectivo de víctimas. Oliver remarcó que los familiares de los desaparecidos sufren una grave angustia y que dicha decisión sólo alarga la injusticia que viven.
La entidad presentó el miércoles una queja formal al Consejo General del Poder Judicial reclamando que se estudie si la actuación de los magistrados es constitutiva de sanción disciplinaria. Una actuación que calificó de "hiriente, escandalosa y vergonzosa, además de que puede ser constitutiva de una falta disciplinaria".El secretario general del Bloc, Biel Barceló, y el senador Pere Sampol acudieron a la plaza Mercat para sumarse a la petición de que se abran de manera inmediata las fosas de Porreres y Calvià.
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Casi un centenar de personas exigen la apertura inmediata de las fosas de Porreres y Calvià
Casi un centenar de personas protestaron ayer ante la Audiencia Provincial de Palma contra "la agresión de los jueces de la Audiencia Nacional" tras la decisión del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por suspender cautelarmente la exhumación de las fosas, entre ellas, las de Porreres y Calvià, autorizadas por el juez Baltasar Garzón.Los asistentes al acto se concentraron bajo el lema "¿Dónde están? ¡Exhumaciones de fosas ya!". La presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, criticó que no se convocara ni se escuchara la opinión de las asociaciones para tomar "una decisión tan drástica" que afecta "directamente" al colectivo de víctimas. Oliver remarcó que los familiares de los desaparecidos sufren una grave angustia y que dicha decisión sólo alarga la injusticia que viven.
La entidad presentó el miércoles una queja formal al Consejo General del Poder Judicial reclamando que se estudie si la actuación de los magistrados es constitutiva de sanción disciplinaria. Una actuación que calificó de "hiriente, escandalosa y vergonzosa, además de que puede ser constitutiva de una falta disciplinaria".El secretario general del Bloc, Biel Barceló, y el senador Pere Sampol acudieron a la plaza Mercat para sumarse a la petición de que se abran de manera inmediata las fosas de Porreres y Calvià.
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A quien corresponda. Angelina Gatell.
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La escritora catalana afincada en Madrid desde hace 50 años Angelina Gatell, siempre comprometida en la lucha contra el franquismo, nos ha hecho llegar este poema:
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A QUIEN CORRESPONDA
devuélvenos
también
nuestros cadáveres,
enséñanos
también
los asesinos.
Ángel González
Una vez más quiero volver al tiempo
del que siempre hablaré
porque le pertenezco
como el azul al mar,
como la luz al alba.
Y quiero
bajar a su memoria
como quien baja
al sótano que guarda
objetos, actos, versos, actitudes,
días, que con frecuencia hojeo
como páginas,
y con ellas pegadas a los dedos
salgo a la calle, aparto con denuedo
la oscuridad y pregunto,
-por si alguien lo supiera-
dónde están los cadáveres,
desde dónde nos mira
la ausencia de sus ojos,
en qué lugar esperan
la cercanía de una rosa,
su fragancia vedada por la ira,
el aire
que disipe el silencio.
Y pregunto también
los nombres de los asesinos,
aunque los sepa bien, sílaba a sílaba,
pero los quiero dichos en voz alta,
a gritos,
no guardados con celo en sus estuches
de dorada penumbra
desde el instante mismo en que el invierno
dejó caer su frío sobre el suelo
que ya nunca fue patria,
sino desgarradura.
Muy pocos saben de qué hablo.
Sin embargo, no falta quien se aleje
obviamente molesto.
Y están los que, confusos,
se llevan a los labios
el índice gastado por el miedo
y se alejan también
aunque más lentamente,
no sé, quizá afligidos.
Otros, susurran evasivos: hace
ya tanto tiempo... Y vuelven la cabeza,
como si alguien de pronto los llamara.
También los hay que opinan sin sonrojo,
como haciendo equilibrios
sobre el filo de la conciencia,
que sería mejor dejarlo todo
dormido en el sosiego,
cubierto de benignos crisantemos
y así nadie podría
dañarse con su roce.
Después se van a Roma y, conmovidos,
debajo de los pórticos
donde Bernini,
hace ya más de cuatro siglos
guardó la luz del mármol,
recogen, con unción, sin miedo a herirse,
los nombres trémulos de gracia
de otros cadáveres,
los guardan en sus dijes con cuidado
y sonríen en paz.
No consigo entenderlo. Escucho. Miro.
Me quedan ya muy lejos las palabras
que con el tiempo cambian de sentido,
y acomodan sus dúctiles metales
a la oscilante
valoración de los conceptos.
Y más lejos aún, mucho más lejos,
perdida entre la niebla,
la luz que fue habitada por la idea,
o el aroma, no sé, tal vez por nada.
No consigo entenderlo.
Reúno amargamente mis preguntas
y releo las páginas
donde mi tiempo amarillea y sufre.
Como yo está cansado. Y como yo no entiende.
Y como yo, se niega a ser destruido
por esa desmemoria
más grave que el olvido porque en ella
crece y se ramifica,
estercolada por la indiferencia,
la planta obscena
de la conformidad y el beneplácito.
Angelina Gatell
(Poema leído en la Biblioteca Nacional, Madrid, 27 de septiembre 2008)
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La escritora catalana afincada en Madrid desde hace 50 años Angelina Gatell, siempre comprometida en la lucha contra el franquismo, nos ha hecho llegar este poema:
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A QUIEN CORRESPONDA
devuélvenos
también
nuestros cadáveres,
enséñanos
también
los asesinos.
Ángel González
Una vez más quiero volver al tiempo
del que siempre hablaré
porque le pertenezco
como el azul al mar,
como la luz al alba.
Y quiero
bajar a su memoria
como quien baja
al sótano que guarda
objetos, actos, versos, actitudes,
días, que con frecuencia hojeo
como páginas,
y con ellas pegadas a los dedos
salgo a la calle, aparto con denuedo
la oscuridad y pregunto,
-por si alguien lo supiera-
dónde están los cadáveres,
desde dónde nos mira
la ausencia de sus ojos,
en qué lugar esperan
la cercanía de una rosa,
su fragancia vedada por la ira,
el aire
que disipe el silencio.
Y pregunto también
los nombres de los asesinos,
aunque los sepa bien, sílaba a sílaba,
pero los quiero dichos en voz alta,
a gritos,
no guardados con celo en sus estuches
de dorada penumbra
desde el instante mismo en que el invierno
dejó caer su frío sobre el suelo
que ya nunca fue patria,
sino desgarradura.
Muy pocos saben de qué hablo.
Sin embargo, no falta quien se aleje
obviamente molesto.
Y están los que, confusos,
se llevan a los labios
el índice gastado por el miedo
y se alejan también
aunque más lentamente,
no sé, quizá afligidos.
Otros, susurran evasivos: hace
ya tanto tiempo... Y vuelven la cabeza,
como si alguien de pronto los llamara.
También los hay que opinan sin sonrojo,
como haciendo equilibrios
sobre el filo de la conciencia,
que sería mejor dejarlo todo
dormido en el sosiego,
cubierto de benignos crisantemos
y así nadie podría
dañarse con su roce.
Después se van a Roma y, conmovidos,
debajo de los pórticos
donde Bernini,
hace ya más de cuatro siglos
guardó la luz del mármol,
recogen, con unción, sin miedo a herirse,
los nombres trémulos de gracia
de otros cadáveres,
los guardan en sus dijes con cuidado
y sonríen en paz.
No consigo entenderlo. Escucho. Miro.
Me quedan ya muy lejos las palabras
que con el tiempo cambian de sentido,
y acomodan sus dúctiles metales
a la oscilante
valoración de los conceptos.
Y más lejos aún, mucho más lejos,
perdida entre la niebla,
la luz que fue habitada por la idea,
o el aroma, no sé, tal vez por nada.
No consigo entenderlo.
Reúno amargamente mis preguntas
y releo las páginas
donde mi tiempo amarillea y sufre.
Como yo está cansado. Y como yo no entiende.
Y como yo, se niega a ser destruido
por esa desmemoria
más grave que el olvido porque en ella
crece y se ramifica,
estercolada por la indiferencia,
la planta obscena
de la conformidad y el beneplácito.
Angelina Gatell
(Poema leído en la Biblioteca Nacional, Madrid, 27 de septiembre 2008)
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jueves, 13 de noviembre de 2008
La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
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La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
Tenía previsto ver esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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"La excepción mundial", España
La Audiencia, contra los nazis: el carnicero de Sobibor
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La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
Tenía previsto ver esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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"La excepción mundial", España
La Audiencia, contra los nazis: el carnicero de Sobibor
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Comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià.
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Català/Castellà.
Només queda demanar decència a l’ajuntament, que suspenga aqueixes obres i deixe descansar en pau els morts del franquisme
L’Ajuntament de València segueix profanant i violant les fosses del cementiri on foren llançats represaliats/des del franquisme
La nostra alcaldessa, Rita Barberá, que tan generosa es mostra amb l’Arquebisbat en cedir-li, a la zona més cara de València, els terrenys de l’antiga fàbrica Cros perquè hi construïsca el “macrosantuari” en memòria de 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, destrueix sense cap respcte ni mirament les despulles de totes aquelles persones assassinades per defensar la llibertat i la democràcia, tot venent-los inclusivament com si foren terra vegetal per a les obres de consolidació de les rodalies de la muralla del castell de Sagunt. VALENCIÀ/CASTELLANO
valencià/castellano
Efectivament, al quadre nº 1 de la fossa comuna de la Secció 5ª Dreta, en una de les parcel.les que queden lliures entre panteó i panteó, construïts gràcies a les actuacions de diferents governs municipals, ara es construeix una cosa que té tot l’aspecte de ser un altre panteó. Seria una obra normal en el cementiri si no fóra perquè es construeix destruint els cossos dels represaliats del franquisme, traslladats fins allí en camions a les nits i llançats sense cap control ni registre a les fosses.
Aquests fets esdevingueren a València després de l’entrada de les tropes franquistes el 30 de març del 1.939, en finalitzar la guerra, i han estat relatats públicament fins i tot per treballadors del mateix cementiri (diari Levante-EMV), i per altres testimonis orals que també parlen d’enterraments “incontrolats” de represaliats no registrats i mai inhumats.
La nostra alcaldessa, Rita Barberá, que tan generosa es mostra amb l’Arquebisbat en cedir-li, a la zona més cara de València, els terrenys de l’antiga fàbrica Cros perquè hi construïsca el “macrosantuari” en memòria de 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, destrueix sense cap respcte ni mirament les despulles de totes aquelles persones assassinades per defensar la llibertat i la democràcia, tot venent-los inclusivament com si foren terra vegetal per a les obres de consolidació de les rodalies de la muralla del castell de Sagunt.
L’afany especulador d’aquest ajuntament, no respecta ni la Llei de la Memòria, que protegeix aquests espais, ni les víctimes del franquisme ni llurs famílies. No és la primera vegada que l’ajuntament de València viola la fossa comuna de la Secció 5ª Dreta. L’any passat ja hi construí un altre panteó privat, prèvia venda de la parcel.la a particulars, a pesar de les protestes, denúncies i escrits on se li demanava respecte per les víctimes.
Potser ara, davant el temor de no poder seguir destruint despulles de represaliats i proves del genocidi, que és el que hauria passat si s’hagueren construït els nínxols a la fossa de la Secció 7ª Dreta, i a causa de les actuacions del Jutge Baltasar Garzón arran de las denúncies presentades per associacions i particulars des d’arreu d’Espanya, és pel que s’afanya ara a destruir els pocs espais de las fosses que queden, dels quals és possible que encara se’n puguen exhumar les despulles dels represaliats que hi llançaren.
El fet és especialment greu perquè aquest ajuntament, junt a d’altres que l’han precedit des que s’instaurà la democràcia, ha destruït algunes de les 6 fosses comunes que el Fòrum per la Memòria descobrí i documentà al Cementiri general de València. Pertot arreu hom investiga l’abast de la repressió franquista, se’n demana la rehabilitació de les víctimes i l’aplicació de les lleis als responsables i col.laboradors d’aquells terribles crims; fins i tot hi ha Comunitats Autònomes que legislen per protegir les fosses, però l’ajuntament de València segueix agraviant les víctimes i llurs famílies.
Aquesta fossa amida 14.721 m2. Hi foren llançades oficialment, des del 22 d’agost del 1.945 fins al 19 d’octubre del 1.950, 16.535 persones, a les quals cal afegir les que hi tiraren clandestinament, que poden ser-ne diversos milers, després de l’entrada de les tropes franquistes a València.
Precisament, és en una de las fosses sobre les quals el Jutjat Central d’Instrucció nº 5 de l’Audiència Nacional havia donat l’ordre d’exhumació, que ja podria haver començat el procés si no arriba a ser per l’actuació del fiscal de l’Audiència Nacional, Sr. Zaragoza qui, en lloc de protegir les víctimes i llurs famílies, ha preferit posar-se al costat del silenci, en demanar la paralització de les exhumacions, de manera que ha facilitat actuacions depredadores de les despulles de les víctimes com es fa ara mateix al nostre cementiri. L’ajuntament de València actua menyspreant sense descans la Memòria. És com si per a aquesta Alcaldessa i el seu govern les víctimes de la repressió foren morts pobres i incòmodes dels quals cal desfer-se per deixar pas a l’oblit i als panteons dels rics
Només queda demanar decència a l’ajuntament, que suspenga aqueixes obres i deixe descansar en pau els morts del franquisme.
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El Ayuntamiento de Valencia sigue profanando y allanando las fosas del cementerio en las que fueron tirados represaliados/as del franquismo
Efectivamente, en el cuadro nº 1 de la fosa común de la Sección 5ª Derecha, en una de las parcelas que quedan libres entre panteón y panteón, construidos gracias a las actuaciones de diferentes gobiernos municipales, se está construyendo lo que tiene todo el aspecto de ser un nuevo panteón. Sería una obra normal en el cementerio de no ser porque se construye destruyendo los cuerpos de los represaliados del franquismo, trasladados hasta allí en camiones por las noches y tirados sin ningún control ni registro a las fosas.
Estos hechos ocurrieron en Valencia tras la entrada de las tropas franquistas el 30 de marzo de 1.939, al finalizar la guerra, y ha sido relatados públicamente incluso por trabajadores del propio cementerio (diario Levante-EMV), y por otros testimonios orales que también hablan de enterramientos “incontrolados” de represaliados no registrados y nunca inhumados
Nuestra alcaldesa Rita Barberá, que tan generosa se muestra con el arzobispado al cederle, en la zona más cara de Valencia, los terrenos de la antigua fábrica Cros para que construya el “macrosantuari” en memoria de 233 “víctimas inocentes de la Santa Cruzada”, destruye sin ningún respeto ni miramiento los restos de todas aquellas personas asesinadas por defender la libertad y la democracia, vendiéndolos incluso como si fueran tierra vegetal para las obras de consolidación de los alrededores de la muralla del castillo de Sagunto.
El afán especulador de este ayuntamiento, no respeta ni la Ley de la Memória, que protege estos espacios, ni a las víctimas del franquismo ni a sus familias. No es la primera vez que el ayuntamiento de Valencia allana la fosa común de la Sección 5ª Derecha. Ya el año pasado construyó otro panteón privado, previa venta de la parcela a particulares, a pesar de las protestas, denuncias y escritos en los que se le pedía respeto por las víctimas.
Quizá ahora, ante el temor de no poder seguir destruyendo restos de represaliados y pruebas del genocidio, que es lo que hubiese sucedido de construirse los nichos en la fosa de la Sección 7ª Derecha, ante las actuaciones del Juez Baltasar Garzón, a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones y particulares desde todos los lugares de España, es por lo que está afanándose en destruir los pocos espacios de las fosas que quedan, de los que es posible que aún puedan exhumarse los restos que de los represaliados que allí tiraron
El hecho es especialmente grave porque este ayuntamiento, junto a otros que le han precedido desde que se instauró la democracia, han destruido varias de las 6 fosas comunes que el Fòrum per la Memòria descubrió y documentó en el Cementerio general de Valencia. Por todos los lugares se investiga el alcance de la represión franquista, se pide la rehabilitación de sus víctimas y la aplicación de las leyes a los responsables y colaboradores de aquellos terribles crímenes, incluso hay Comunidades Autónomas que legislan para proteger las fosas, pero el ayuntamiento de Valencia sigue agraviando a las víctimas y a sus familias
Esta fosa mide 14.721 m2, En ella fueron tiradas oficialmente, desde el 22 de agosto de 1.945 hasta el 19 de octubre de 1.950, 16.535 personas, a las que hay que añadir las que tiraron clandestinamente, que pueden ser varios miles, tras la entrada de las tropas franquistas en Valencia. Precisamente, es es una de las fosas sobre las que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional había dado la orden de exhumación, que ya podría estar en marcha de no ser por la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Sr. Zaragoza, que en lugar de proteger a las víctimas y a sus familias, ha preferido ponerse al lado del silencio, pidiendo la paralización de las exhumaciones, facilitando con ello, actuaciones depredadoras de los restos de las víctimas como se está haciendo ahora mismo en nuestro cementerio. El ayuntamiento de Valencia actúa despreciando la Memoria sin descanso. Es como si para esta Alcaldesa y su gobierno las víctimas de la represión fuesen muertos pobres e incómodos de los que hay que desacerse para dejar paso al olvido y a los panteones de los ricos
Solo cabe pedir decencia al ayuntamiento, que suspenda esas obras y deje descansar en paz a los muertos del franquismo.
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del ...
El Confidencial -
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Los defensores de la Memoria Histórica convocan una concentración ...
Última Hora Digital -
Presentan una queja ante el Poder Judicial por la paralización de las exhumaciones
J.T.B.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica deMallorca, que ha liderado la lucha por la exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil, ha convocado para esta tarde, a las 20 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de palma (Plaça del Mercat) una concentración para oponerse a la paralización de las actuaciones iniciadas por Garzón.
Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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Piden a los ayuntamientos y la Junta que protejan las fosas comunes
Andalucia Informacion.es
13/Noviembre · 01:24 · Rosa de la Peña
Memoria Histórica denuncia que la tumba colectiva de Huelva “está olvidada”
Testimonio de una víctima. Toda una vida para recuperar un nombre
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía anunció ayer que pedirá al Gobierno andaluz que declare las fosas comunes como Sitio Histórico, “para garantizar así su protección y que no se puedan mancillar ni construir nada sobre ellas”. Se trata de impedir que con las 118 fosas localizadas en la provincia -la segunda de Andalucía con mayor número de enterramientos de represaliados- ocurra lo mismo que en La Palma del Condado, donde según el presidente de la asociación, Rafael López, “se ha vulnerado la ley y se va a levantar una urbanización” sobre la sepultura de personas fusiladas. El mapa de fosas de la Asociación Memoria Histórica sitúa 22 en el Condado, un total de 17 en la Costa y la Campiña, otras 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, “donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados”. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y hay tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se han elevado a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’ puesto en marcha por la asociación en el proceso de recuperación de la memoria ahora paralizado por la Fiscalía. Este mapa servirá también para pedir a los ayuntamientos que dignifiquen las fosas comunes -el 85% se encuentran en los cementerios y el resto en cunetas y campos-, ya que sólo en algún pueblo como Bonares se ha recuperado la memoria de estos muertos silenciados durante décadas. Sin embargo, en lugares como Huelva, donde se encuentra la mayor sepultura anónima de la provincia con más de 1.500 cuerpos, “la fosa no está dignificada, sino olvidada en el cementerio de la Soledad sin que el Ayuntamiento preste ninguna atención, como sucede en todos los municipios de derechas de la provincia”, según denunció el presidente de la Asociación Memoria Histórica, que aclaró que “en ayuntamientos de derechas de otras provincias, como el de Málaga, no sucede esto y se está dignificando las fosas”. La demanda ciudadana para recuperar la memoria de los represaliados es “creciente”, según López, por lo que “deberá seguir este trabajo con el que se cierran heridas y duelos interrumpidos durante años”.
Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del ...
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Los defensores de la Memoria Histórica convocan una concentración ...
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Presentan una queja ante el Poder Judicial por la paralización de las exhumaciones
J.T.B.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica deMallorca, que ha liderado la lucha por la exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil, ha convocado para esta tarde, a las 20 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de palma (Plaça del Mercat) una concentración para oponerse a la paralización de las actuaciones iniciadas por Garzón.
Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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Piden a los ayuntamientos y la Junta que protejan las fosas comunes
Andalucia Informacion.es
13/Noviembre · 01:24 · Rosa de la Peña
Memoria Histórica denuncia que la tumba colectiva de Huelva “está olvidada”
Testimonio de una víctima. Toda una vida para recuperar un nombre
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía anunció ayer que pedirá al Gobierno andaluz que declare las fosas comunes como Sitio Histórico, “para garantizar así su protección y que no se puedan mancillar ni construir nada sobre ellas”. Se trata de impedir que con las 118 fosas localizadas en la provincia -la segunda de Andalucía con mayor número de enterramientos de represaliados- ocurra lo mismo que en La Palma del Condado, donde según el presidente de la asociación, Rafael López, “se ha vulnerado la ley y se va a levantar una urbanización” sobre la sepultura de personas fusiladas. El mapa de fosas de la Asociación Memoria Histórica sitúa 22 en el Condado, un total de 17 en la Costa y la Campiña, otras 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, “donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados”. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y hay tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se han elevado a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’ puesto en marcha por la asociación en el proceso de recuperación de la memoria ahora paralizado por la Fiscalía. Este mapa servirá también para pedir a los ayuntamientos que dignifiquen las fosas comunes -el 85% se encuentran en los cementerios y el resto en cunetas y campos-, ya que sólo en algún pueblo como Bonares se ha recuperado la memoria de estos muertos silenciados durante décadas. Sin embargo, en lugares como Huelva, donde se encuentra la mayor sepultura anónima de la provincia con más de 1.500 cuerpos, “la fosa no está dignificada, sino olvidada en el cementerio de la Soledad sin que el Ayuntamiento preste ninguna atención, como sucede en todos los municipios de derechas de la provincia”, según denunció el presidente de la Asociación Memoria Histórica, que aclaró que “en ayuntamientos de derechas de otras provincias, como el de Málaga, no sucede esto y se está dignificando las fosas”. La demanda ciudadana para recuperar la memoria de los represaliados es “creciente”, según López, por lo que “deberá seguir este trabajo con el que se cierran heridas y duelos interrumpidos durante años”.
Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
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AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
Amnistía Internacional critica a la Fiscalía por "obstaculizar" la causa y dice que indagar las muertes "no es un dilema moral"Agencias / Madrid Actualizado 13.11.2008 - 05:05
La cúpula de Amnistía Internacional, en la comparecencia de ayer ante la prensa en su sede de Madrid.
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Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada". En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977. La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.
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Amnistía ve "obligado" investigar el franquismo
El Periódico de Aragón -
Amnistía Internacional critica que España "obstaculice" la ...
elplural.com -
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AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la ...
AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
Amnistía Internacional critica a la Fiscalía por "obstaculizar" la causa y dice que indagar las muertes "no es un dilema moral"Agencias / Madrid Actualizado 13.11.2008 - 05:05
La cúpula de Amnistía Internacional, en la comparecencia de ayer ante la prensa en su sede de Madrid.
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Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada". En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977. La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.
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Amnistía ve "obligado" investigar el franquismo
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La Audiencia aplaza su decisión sobre la demanda de la nieta de Negrín
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La Audiencia aplaza su decisión sobre la demanda de la nieta de Negrín
La Audiencia Nacional aplazó la deliberación por falta de tiempo
Deben decidir sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter
Es la nieta de Juan Negrín que fue le último presidente de la Segunda República
Demanada a los diez magistrados que votaron a favor de paralizar la apertura de fosas
Garzón autorizó las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
Previsiblemente los magistrados estudiarán la demanda el próximo 20 de noviembre
RTVE.es/AGENCIAS MADRID 13.11.2008 - 12:25h
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó hoy la deliberación sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter, nieta de Juan Negrín -último presidente de la Segunda República (1937-1945)-, contra los diez magistrados de este órgano que la pasada semana votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por el juez Baltasar Garzón.
Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los magistrados de la Sala de lo Penal no pudieron tratar este tema en el Pleno ordinario celebrado esta mañana por falta de tiempo, ya que mucho de los jueces tenían que acudir a los juicios que tenían señalados para hoy.
Estas mismas fuentes señalaron que, previsiblemente, los magistrados estudiarán la demanda de la nieta de Negrín en el próximo Pleno, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre.
Una demanda contra diez jueces por prevaricaciónLa nieta de Negrín presentó una demanda de abstención contra los magistrados de la Sala de lo Penal que votaron a favor de esta paralización -diez de los quince que acudieron al Pleno-, en la que solicita que estos jueces se aparten "del conocimiento de este procedimiento" y, en concreto, de la resolución del recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación de Garzón.
Carmen Negrín Fetter considera que estos diez magistrados, incluido el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, cometieron "una falta muy grave de imparcialidad" al aprobar con sus votos la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo autorizadas por Garzón.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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Garzón autoriza la apertura de la fosa de Lorca
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La Audiencia Nacional aplazó la deliberación por falta de tiempo
Deben decidir sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter
Es la nieta de Juan Negrín que fue le último presidente de la Segunda República
Demanada a los diez magistrados que votaron a favor de paralizar la apertura de fosas
Garzón autorizó las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
Previsiblemente los magistrados estudiarán la demanda el próximo 20 de noviembre
RTVE.es/AGENCIAS MADRID 13.11.2008 - 12:25h
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó hoy la deliberación sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter, nieta de Juan Negrín -último presidente de la Segunda República (1937-1945)-, contra los diez magistrados de este órgano que la pasada semana votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por el juez Baltasar Garzón.
Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los magistrados de la Sala de lo Penal no pudieron tratar este tema en el Pleno ordinario celebrado esta mañana por falta de tiempo, ya que mucho de los jueces tenían que acudir a los juicios que tenían señalados para hoy.
Estas mismas fuentes señalaron que, previsiblemente, los magistrados estudiarán la demanda de la nieta de Negrín en el próximo Pleno, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre.
Una demanda contra diez jueces por prevaricaciónLa nieta de Negrín presentó una demanda de abstención contra los magistrados de la Sala de lo Penal que votaron a favor de esta paralización -diez de los quince que acudieron al Pleno-, en la que solicita que estos jueces se aparten "del conocimiento de este procedimiento" y, en concreto, de la resolución del recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación de Garzón.
Carmen Negrín Fetter considera que estos diez magistrados, incluido el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, cometieron "una falta muy grave de imparcialidad" al aprobar con sus votos la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo autorizadas por Garzón.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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miércoles, 12 de noviembre de 2008
Familiares de vecinos de Arándiga (Zaragoza) asesinados en 1936 les rendirán un homenaje el próximo sábado
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Memoria.- Familiares de vecinos de Arándiga (Zaragoza) asesinados ...
Familiares de vecinos de Arándiga (Zaragoza) asesinados en 1936 les rendirán un homenaje el próximo sábado
ARÁNDIGA (ZARAGOZA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Familiares de ocho vecinos de la localidad zaragozana de Arándiga (Zaragoza), asesinados el 25 de agosto de 1936 tras el golpe de Estado franquista, les rendirán un homenaje el próximo sábado, 15 de noviembre, en el cementerio de la localidad.
La portavoz de los familiares y nieta de uno de los ocho fusilados, Eva Martínez, explicó en declaraciones a Europa Press que el acto del sábado será "un acto familiar, porque enterraremos a nuestros familiares, pero abierto a todos los que nos quieran acompañar", porque ésta es "la manera que concebimos de recuperar la memoria".
Así, se ha convocado a todas las asociaciones y personas que trabajan por recuperar la memoria histórica a participar. Será a las 11.30 horas, en el Cementerio Municipal de Arándiga, aunque los familiares se reunirán media hora antes en el punto kilométrico 61 de la carretera A-2302, a su paso entre Arándiga y Nigüella.
Allí permaneció durante décadas la fosa común en la que los ocho hombres, en su mayoría responsables del sindicato UGT y cargos políticos en el consistorio, fueron enterrados.
Esta ubicación, cerca del municipio, permitió que "siempre supiéramos dónde estaban nuestros familiares y quiénes eran" y ahora se trata de propiciar "la restitución moral en la familia y en la sociedad" tras años en el olvido.
Eva Martínez señaló que ésta fue la primera fosa que se exhumó en Zaragoza y la segunda de la comunidad aragonesa y, "que sepamos, en Aragón nunca se ha hecho un acto de este tipo", como el que se desarrollará el sábado.
SERVIR DE EJEMPLO
La portavoz de los familiares consideró que su iniciativa puede servir de ejemplo a "muchísimas familias que están perdidas" y que ni siquiera saben como iniciar los trámites para conocer dónde descansan sus familiares.
Ésta es "una forma hacer camino, trasladando a la sociedad que hay una parte de la historia que estaba en el olvido y queremos poner esa ficha del puzzle y contribuir" para recuperarla.
Además, y a nivel personal, Eva Martínez aseguró albergar un "sentimiento de profunda alegría y emoción" al poder enterrar el próximo sábado a su abuelo en el cementerio municipal.
"Cuando muere un familiar, se le entierra en uno o dos días, pero en nuestro caso éste era un sentimiento anhelado" y para hacerlo realidad se ha tenido que pasar por "una investigación larga" y complicada, ya que "es difícil que exhumen una fosa porque no hay medios y las instituciones hasta ahora no ayudaban".
Por tanto, "siento una alegría enorme, porque siento que tengo el deber moral como familiar y como ciudadana de este país" de recuperar esta parte de la historia que había sido silenciada y que "lejos de reabrir heridas", produce el efecto contrario, opinó.
"La herida siempre ha estado abierta y lo que hacemos ahora es curarla, desinfectarla y cerrarla, llevando a nuestros familiares, con amor y con el honor que se merecen, a un sitio digno como son los cementerios", otorgándoles de nuevo "la identidad que les arrebataron".
De este modo, y aunque los restos de los fallecidos están individualizados, "haremos la inhumación conjunta y pondremos en el lugar una placa conmemorativa con sus nombres y con un texto que recuerde para siempre los valores democráticos y de justicia social que defendían y por los que les arrebataron la vida".
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
El 25 de agosto de 1936, tras el golpe de Estado franquista, fueron asesinaron ocho vecinos de Arándiga que se habían destacado por contribuir al progreso del municipio y por haber defendido los valores democráticos de la República, según precisaron los familiares.
Otros vecinos de esta localidad fueron obligados a presenciar estos hechos y a cavar la fosa común donde los ocho asesinados fueron arrojados.
Los hombres que perdieron su vida aquel día fueron Cipriano Cabello Royo, de 38 años, presidente de la Junta Directiva de UGT en Arándiga y alcalde del municipio; Tomás Lafuente Gracia, de 28 años, vicepresidente de la Junta Directiva del sindicato; y Raimundo Marín Domingo, de 39 años, contador de UGT y responsable de la Bolsa del Trabajo.
También, Francisco Martínez Andrés, de 32 años, vocal de la Junta Directiva de UGT de Arándiga y regidor segundo del Consistorio; Antonio Ostáriz Gil, de 27 años, tesorero de UGT y regidor primero del Ayuntamiento; José María Pallarés Trasobares, de 33 años, vicesecretario de la Junta Directiva de UGT y regidor síndico del Ayuntamiento; Antonio Roy Jiménez, de 48 años, vocal de UGT; y José María Trasobares Royo, de 27 años.
Los familiares de los republicanos marcaron el lugar donde se encontraba la fosa común en la que fueron enterrados y, durante todos estos años, la adecentaron y conservaron.
En octubre de 2007, 71 años después de aquel suceso, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a petición de los familiares de las ocho víctimas, llevaron a cabo los trabajos de exhumación de la fosa común. Finalmente, este sábado los familiares rendirán a las víctimas el homenaje que merecen.
APOYO A GARZÓN
Eva Martínez se refirió a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de fosas ordenadas por el juez Baltasar Garzón, quien se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo.
A su entender, cuando el juez inició este proceso "lo viví con mucha alegría y entusiasmo porque es una forma de manifestar que las instituciones no ponen cartas en el asunto" ya que, a pesar de estar en vigor la Ley de la Memoria Histórica, ésta "no se aplicaba".
Asimismo, estimó que el hecho de que Garzón "judicialice el asunto, que había que judicializar, y su auto hable de que no hay duda de que se trata de delitos contra la humanidad y que fue un exterminio y un genocidio es importantísimo". Por eso, "vemos mal que el ministerio fiscal, que debe esclarecer los delitos, esté obstaculizando esta labor judicial".
La portavoz de los familiares de las víctimas de la represión en Arándiga aclaró que el homenaje que realizarán el sábado es independiente de este proceso iniciado por Garzón, ya que se había organizado un mes antes de que el juez se declarara competente para investigar las desapariciones, y, por tanto, no se hará mención a esta cuestión durante el acto.
Sin embargo, precisó, "como familiares, todo lo que contribuya a que se haga justicia, lo apoyaremos, y con todo lo que obstaculice este objetivo, estaremos en contra". En su opinión, "Garzón ha dado un paso adelante y la Audiencia un paso atrás".
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Familiares de vecinos de Arándiga (Zaragoza) asesinados en 1936 les rendirán un homenaje el próximo sábado
ARÁNDIGA (ZARAGOZA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Familiares de ocho vecinos de la localidad zaragozana de Arándiga (Zaragoza), asesinados el 25 de agosto de 1936 tras el golpe de Estado franquista, les rendirán un homenaje el próximo sábado, 15 de noviembre, en el cementerio de la localidad.
La portavoz de los familiares y nieta de uno de los ocho fusilados, Eva Martínez, explicó en declaraciones a Europa Press que el acto del sábado será "un acto familiar, porque enterraremos a nuestros familiares, pero abierto a todos los que nos quieran acompañar", porque ésta es "la manera que concebimos de recuperar la memoria".
Así, se ha convocado a todas las asociaciones y personas que trabajan por recuperar la memoria histórica a participar. Será a las 11.30 horas, en el Cementerio Municipal de Arándiga, aunque los familiares se reunirán media hora antes en el punto kilométrico 61 de la carretera A-2302, a su paso entre Arándiga y Nigüella.
Allí permaneció durante décadas la fosa común en la que los ocho hombres, en su mayoría responsables del sindicato UGT y cargos políticos en el consistorio, fueron enterrados.
Esta ubicación, cerca del municipio, permitió que "siempre supiéramos dónde estaban nuestros familiares y quiénes eran" y ahora se trata de propiciar "la restitución moral en la familia y en la sociedad" tras años en el olvido.
Eva Martínez señaló que ésta fue la primera fosa que se exhumó en Zaragoza y la segunda de la comunidad aragonesa y, "que sepamos, en Aragón nunca se ha hecho un acto de este tipo", como el que se desarrollará el sábado.
SERVIR DE EJEMPLO
La portavoz de los familiares consideró que su iniciativa puede servir de ejemplo a "muchísimas familias que están perdidas" y que ni siquiera saben como iniciar los trámites para conocer dónde descansan sus familiares.
Ésta es "una forma hacer camino, trasladando a la sociedad que hay una parte de la historia que estaba en el olvido y queremos poner esa ficha del puzzle y contribuir" para recuperarla.
Además, y a nivel personal, Eva Martínez aseguró albergar un "sentimiento de profunda alegría y emoción" al poder enterrar el próximo sábado a su abuelo en el cementerio municipal.
"Cuando muere un familiar, se le entierra en uno o dos días, pero en nuestro caso éste era un sentimiento anhelado" y para hacerlo realidad se ha tenido que pasar por "una investigación larga" y complicada, ya que "es difícil que exhumen una fosa porque no hay medios y las instituciones hasta ahora no ayudaban".
Por tanto, "siento una alegría enorme, porque siento que tengo el deber moral como familiar y como ciudadana de este país" de recuperar esta parte de la historia que había sido silenciada y que "lejos de reabrir heridas", produce el efecto contrario, opinó.
"La herida siempre ha estado abierta y lo que hacemos ahora es curarla, desinfectarla y cerrarla, llevando a nuestros familiares, con amor y con el honor que se merecen, a un sitio digno como son los cementerios", otorgándoles de nuevo "la identidad que les arrebataron".
De este modo, y aunque los restos de los fallecidos están individualizados, "haremos la inhumación conjunta y pondremos en el lugar una placa conmemorativa con sus nombres y con un texto que recuerde para siempre los valores democráticos y de justicia social que defendían y por los que les arrebataron la vida".
VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
El 25 de agosto de 1936, tras el golpe de Estado franquista, fueron asesinaron ocho vecinos de Arándiga que se habían destacado por contribuir al progreso del municipio y por haber defendido los valores democráticos de la República, según precisaron los familiares.
Otros vecinos de esta localidad fueron obligados a presenciar estos hechos y a cavar la fosa común donde los ocho asesinados fueron arrojados.
Los hombres que perdieron su vida aquel día fueron Cipriano Cabello Royo, de 38 años, presidente de la Junta Directiva de UGT en Arándiga y alcalde del municipio; Tomás Lafuente Gracia, de 28 años, vicepresidente de la Junta Directiva del sindicato; y Raimundo Marín Domingo, de 39 años, contador de UGT y responsable de la Bolsa del Trabajo.
También, Francisco Martínez Andrés, de 32 años, vocal de la Junta Directiva de UGT de Arándiga y regidor segundo del Consistorio; Antonio Ostáriz Gil, de 27 años, tesorero de UGT y regidor primero del Ayuntamiento; José María Pallarés Trasobares, de 33 años, vicesecretario de la Junta Directiva de UGT y regidor síndico del Ayuntamiento; Antonio Roy Jiménez, de 48 años, vocal de UGT; y José María Trasobares Royo, de 27 años.
Los familiares de los republicanos marcaron el lugar donde se encontraba la fosa común en la que fueron enterrados y, durante todos estos años, la adecentaron y conservaron.
En octubre de 2007, 71 años después de aquel suceso, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a petición de los familiares de las ocho víctimas, llevaron a cabo los trabajos de exhumación de la fosa común. Finalmente, este sábado los familiares rendirán a las víctimas el homenaje que merecen.
APOYO A GARZÓN
Eva Martínez se refirió a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de fosas ordenadas por el juez Baltasar Garzón, quien se declaró competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo.
A su entender, cuando el juez inició este proceso "lo viví con mucha alegría y entusiasmo porque es una forma de manifestar que las instituciones no ponen cartas en el asunto" ya que, a pesar de estar en vigor la Ley de la Memoria Histórica, ésta "no se aplicaba".
Asimismo, estimó que el hecho de que Garzón "judicialice el asunto, que había que judicializar, y su auto hable de que no hay duda de que se trata de delitos contra la humanidad y que fue un exterminio y un genocidio es importantísimo". Por eso, "vemos mal que el ministerio fiscal, que debe esclarecer los delitos, esté obstaculizando esta labor judicial".
La portavoz de los familiares de las víctimas de la represión en Arándiga aclaró que el homenaje que realizarán el sábado es independiente de este proceso iniciado por Garzón, ya que se había organizado un mes antes de que el juez se declarara competente para investigar las desapariciones, y, por tanto, no se hará mención a esta cuestión durante el acto.
Sin embargo, precisó, "como familiares, todo lo que contribuya a que se haga justicia, lo apoyaremos, y con todo lo que obstaculice este objetivo, estaremos en contra". En su opinión, "Garzón ha dado un paso adelante y la Audiencia un paso atrás".
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Diversos colectivos relacionados con la recuperación de la memoria histórica, entre ellos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o la Asociación Nuestra Memoria de Sierra de Gredos y Toledo, han iniciado una campaña de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ante las irregularidades que está llevando a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional" con respecto al sumario abierto por el juez titular del Juzgado Número 5, Baltasar Garzón, para las desapariciones causadas por la represión franquista.
Según explica la ARHM en una nota de prensa, la campaña trata de "reclamar atención por parte del CGPJ a lo que está ocurriendo en la Audiencia con respecto a esa causa". La Sala de lo Penal paralizó el pasado viernes por 10 votos contra 5 las exhumaciones de cádaveres autorizadas por Garzón hasta que se tome una decisión sobre su competencia para investigar estos hechos.
Lo ocurrido el pasado viernes 7 de noviembre con la reunión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia convocada con carácter de excepcional urgencia "ha causado un perjuicio a las víctimas y una serie preocupaciones en los familiares de los desaparecidos que han temido que la resolución de la Sala pueda paralizar todas las exhumaciones de fosas que se están llevando a cabo", indican las asociaciones.
La campaña, que ha sido distribuida a miles de familiares de desaparecidos, afectados directamente por el sumario abierto por Garzón, se ampara en la "Carta de derechos de los ciudadanos ante las Justicia", que en su punto 17 especifica que el ciudadano "tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y* sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia" y a "recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de un mes".
La Carta añade que el ciudadano puede presentar sus quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o Tribunal, sus órganos de gobierno, las Oficinas de* Atención al Ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Esta protesta, destaca la nota de prensa, es la primera de una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo para reclamar "apoyo público a la denuncia interpuesta ante el juzgado de Baltasar Garzón, con el fin de obtener justicia para las víctimas del franquismo".
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Diversos colectivos relacionados con la recuperación de la memoria histórica, entre ellos la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica o la Asociación Nuestra Memoria de Sierra de Gredos y Toledo, han iniciado una campaña de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "ante las irregularidades que está llevando a cabo la Fiscalía de la Audiencia Nacional" con respecto al sumario abierto por el juez titular del Juzgado Número 5, Baltasar Garzón, para las desapariciones causadas por la represión franquista.
Según explica la ARHM en una nota de prensa, la campaña trata de "reclamar atención por parte del CGPJ a lo que está ocurriendo en la Audiencia con respecto a esa causa". La Sala de lo Penal paralizó el pasado viernes por 10 votos contra 5 las exhumaciones de cádaveres autorizadas por Garzón hasta que se tome una decisión sobre su competencia para investigar estos hechos.
Lo ocurrido el pasado viernes 7 de noviembre con la reunión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia convocada con carácter de excepcional urgencia "ha causado un perjuicio a las víctimas y una serie preocupaciones en los familiares de los desaparecidos que han temido que la resolución de la Sala pueda paralizar todas las exhumaciones de fosas que se están llevando a cabo", indican las asociaciones.
La campaña, que ha sido distribuida a miles de familiares de desaparecidos, afectados directamente por el sumario abierto por Garzón, se ampara en la "Carta de derechos de los ciudadanos ante las Justicia", que en su punto 17 especifica que el ciudadano "tiene derecho a formular reclamaciones, quejas y* sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de Justicia" y a "recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de un mes".
La Carta añade que el ciudadano puede presentar sus quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o Tribunal, sus órganos de gobierno, las Oficinas de* Atención al Ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y, en su caso, ante las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
Esta protesta, destaca la nota de prensa, es la primera de una serie de actuaciones que se van a llevar a cabo para reclamar "apoyo público a la denuncia interpuesta ante el juzgado de Baltasar Garzón, con el fin de obtener justicia para las víctimas del franquismo".
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Consejo General del Poder Judicial
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AI exige que se investiguen los crímenes del Franquismo
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AI exige que se investiguen los crímenes del Franquismo
AI exige que se investiguen los crímenes del FranquismoAmnistía Internacional exige al Estado Español que investigue las “desaparaciones forzadas” durante el Franquismo y la Guerra Civil y recuerda que según el derecho internacional los crímenes contra la humanidad no prescriben.
“España que debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas”, apunta la ONG en un comunicado.
Amnistía Internacional recuerda que ya el pasado 31 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 –por la que se perdonaban todos los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo- y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acaparándose en esa ley, presentó un “recurso de apelación” el pasado 20 de octubre, en el que declaraba “incompetente” al juez Baltasar Garzón para las más de 100.000 desapariciones forzosas producidas entre 1936 y 1951.
Amnistía Internacional, argumenta que la propia Ley establece que “es compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
“Para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las víctimas, busca establecer la lógica del olvido respecto a este tipo de crímenes, se coloca fuera de la legalidad reconocida internacionalmente. La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes, que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español, concluye la orgnanización.
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"La excepción mundial" se llama España
Público -
YERAY CALVO - Madrid - 12/11/2008 15:37
España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional. Esta es una de la principales conclusiones que se extraen del informe de Amnistía Internacional (AI) que ha presentado hoy su director, Esteban Beltrán. En el documento se subraya la necesidad de investigar los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas, que según Beltrán, se encuentran "en una encrucijada".
Beltrán plantea que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", ha subrayado el director de AI.
El caso español es singular respecto al de otros países dado que es un juez y no el Ministerio Público el que ha impulsado la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Además, es justamente el propio ministerio el que trata de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los damnificados , ha explicado Beltrán. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas no ha recibido ninguna información sustantiva por parte del Gobierno español que permita establece el paradero de tres personas cuya desaparición había sido denunciada ante este grupo.En contra de los antecedentes a nivel mundial ocurridos hasta el momento, el Ministerio Fiscal incluye como argumento en su recurso de apelación que los delitos ya han prescrito, invocando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 . Según AI, la aplicación de estas alegaciones constituyen el establecimiento de mecanismo de impunidad incompatibles con la legalidad internacional en relación con los crímenes contra la humanidad.
"España no puede presentarse internacionalmente como un Estado que infringe sus obligaciones"
Además, España es uno de los países a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistías ni alegarprescripciones respecto a este tipo de crímenes. Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos se había dirigido a Chile, Argentina, Perú, Líbano, Francia (Nueva Caledonia), El Salvador, Haití y Uruguay, para recomendarles que cumplan sus obligaciones internacionales sobre crímenes de desaparición forzada."En España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el franquismo", ha declarado Esteban Beltrán, "España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales".
A este respecto, el historiador Julián Casanova, autor de La Iglesia de Franco, dijo en una entrevista a Público que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista" y la Iglesia reconozca su colaboración con los fusilamientos. Además sentenció que "si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera" .
Transición
AI destaca que mientras muchos países han utilizado sus procesos de transición para condenar los crímenes del pasado, en España "se han opuesto a sus obligaciones constitucionales e internacionales" y han mirado hacia otro lado. En el listado de países con 'cuentas pendientes' figuran junto a España, Mozambique, Camboya o Colombia. Otros, como Perú o Marruecos, en mayor o menor medida han dado algún paso al respecto para esclarece los crímenes del pasado, asegura AI.Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años, por encima de los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 45.000 de Guatemala.
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AMNISTIA PIDE INVESTIGAR DESAPARICIONES DE GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
AnsaLatina.com -
La Fiscalía actúa contra la legalidad internacional, según AI
Swissinfo -
Pide Amnistía Internacional a España permita indagar desapariciones
SDP - EL Sendero del Peje -
AI urge a España a investigar desapariciones de guerra
AFP -
Amnistía Internacional cree que España tiene la "obligación" de ...
Heraldo de Aragón -
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AI acusa a la fiscalía de ir contra el derecho por recurrir el ...
El País (España) -
Amnistía Internacional (AI) ha arremetido hoy contra el Ministerio Fiscal por frenar la causa de la Audiencia Nacional sobre los graves crímines perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista, y ha exigido al Gobierno garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas en el citado periodo. La ONG pro derechos humanos, en un informe con el pretende reparar el "contexto de desinformación" en torno al proceso abierto por el juez Baltasar Garzón, se ha unido a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir al Estado que derogue la Ley de Amnistía de 1977.
Informe de AI sobre el proceso de Garzón
DOCUMENTO (PDF - 133,37Kb) - 12-11-2008
Lee de forma íntegra el informe elaborado por AI
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Más desaparecidos que en Latinoamérica
El director de AI en España, Esteban Beltrán, ha asegurado en rueda de prensa que "España debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". En este sentido, Beltrán ha subrayado que "en España hay más víctimas de desapariciones forzadas, documentadas con nombres y apellidos, que en los últimos 40 años en toda Latinoamérica". Por ello, el director de AI ha recalcado que España debe poner fin a esta situación prolongada de injusticia y reparar el daño a las víctimas de los crímenes del pasado.
Por su parte, la responsable de Investigación de AI, Giulia Tamayo, ha reprochado al Ministerio Fiscal que haya apelado a la Ley de Amnistía de 1997 y a la prescripción de los delitos para frenar la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos en la contienda nacional del 36 y el régimen franquista. Tamayo ha explicado que esa actuación del Ministerio Fiscal establece "mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad".
Además, esta responsable de AI que no investigar estos crímenes del pasado supone vulnerar cuatro derechos de las víctimas: igualdad, justicia, libertad de conciencia y culto y familia. Finalmente, Hernando Valencia, doctor en Derecho y ex secretario adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que "la postura de la Fiscalía es tan extravagante, que ignora que desde hace más de 250 años en la tradición constitucionalista, se considera que hay crímenes imprescriptibles", como los cometidos contra la Humanidad. Valencia ha concluido que España no puede seguir "renuente y remisa" frente a disposiciones internacionales legales y debe esclarecer los crímenes de su pasado histórico.
AI propone además la creación de una comisión independiente para establecer "la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo".
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Memoria.- Amnistía Internacional recuerda al Estado que "está ...
Europa Press -
AI advierte que es 'obligación ineludible' investigar los crímenes ...
elmundo.es -
Amnistía Internacional dice que "España no debe ser una excepción ...
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AI exige que se investiguen los crímenes del Franquismo
AI exige que se investiguen los crímenes del FranquismoAmnistía Internacional exige al Estado Español que investigue las “desaparaciones forzadas” durante el Franquismo y la Guerra Civil y recuerda que según el derecho internacional los crímenes contra la humanidad no prescriben.
“España que debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas”, apunta la ONG en un comunicado.
Amnistía Internacional recuerda que ya el pasado 31 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 –por la que se perdonaban todos los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo- y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acaparándose en esa ley, presentó un “recurso de apelación” el pasado 20 de octubre, en el que declaraba “incompetente” al juez Baltasar Garzón para las más de 100.000 desapariciones forzosas producidas entre 1936 y 1951.
Amnistía Internacional, argumenta que la propia Ley establece que “es compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
“Para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las víctimas, busca establecer la lógica del olvido respecto a este tipo de crímenes, se coloca fuera de la legalidad reconocida internacionalmente. La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes, que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español, concluye la orgnanización.
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YERAY CALVO - Madrid - 12/11/2008 15:37
España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional. Esta es una de la principales conclusiones que se extraen del informe de Amnistía Internacional (AI) que ha presentado hoy su director, Esteban Beltrán. En el documento se subraya la necesidad de investigar los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas, que según Beltrán, se encuentran "en una encrucijada".
Beltrán plantea que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", ha subrayado el director de AI.
El caso español es singular respecto al de otros países dado que es un juez y no el Ministerio Público el que ha impulsado la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Además, es justamente el propio ministerio el que trata de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los damnificados , ha explicado Beltrán. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas no ha recibido ninguna información sustantiva por parte del Gobierno español que permita establece el paradero de tres personas cuya desaparición había sido denunciada ante este grupo.En contra de los antecedentes a nivel mundial ocurridos hasta el momento, el Ministerio Fiscal incluye como argumento en su recurso de apelación que los delitos ya han prescrito, invocando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 . Según AI, la aplicación de estas alegaciones constituyen el establecimiento de mecanismo de impunidad incompatibles con la legalidad internacional en relación con los crímenes contra la humanidad.
"España no puede presentarse internacionalmente como un Estado que infringe sus obligaciones"
Además, España es uno de los países a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistías ni alegarprescripciones respecto a este tipo de crímenes. Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos se había dirigido a Chile, Argentina, Perú, Líbano, Francia (Nueva Caledonia), El Salvador, Haití y Uruguay, para recomendarles que cumplan sus obligaciones internacionales sobre crímenes de desaparición forzada."En España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el franquismo", ha declarado Esteban Beltrán, "España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales".
A este respecto, el historiador Julián Casanova, autor de La Iglesia de Franco, dijo en una entrevista a Público que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista" y la Iglesia reconozca su colaboración con los fusilamientos. Además sentenció que "si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera" .
Transición
AI destaca que mientras muchos países han utilizado sus procesos de transición para condenar los crímenes del pasado, en España "se han opuesto a sus obligaciones constitucionales e internacionales" y han mirado hacia otro lado. En el listado de países con 'cuentas pendientes' figuran junto a España, Mozambique, Camboya o Colombia. Otros, como Perú o Marruecos, en mayor o menor medida han dado algún paso al respecto para esclarece los crímenes del pasado, asegura AI.Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años, por encima de los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 45.000 de Guatemala.
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La Recuperación de la Memoria Histórica
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Más desaparecidos que en Latinoamérica
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Por su parte, la responsable de Investigación de AI, Giulia Tamayo, ha reprochado al Ministerio Fiscal que haya apelado a la Ley de Amnistía de 1997 y a la prescripción de los delitos para frenar la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos en la contienda nacional del 36 y el régimen franquista. Tamayo ha explicado que esa actuación del Ministerio Fiscal establece "mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad".
Además, esta responsable de AI que no investigar estos crímenes del pasado supone vulnerar cuatro derechos de las víctimas: igualdad, justicia, libertad de conciencia y culto y familia. Finalmente, Hernando Valencia, doctor en Derecho y ex secretario adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que "la postura de la Fiscalía es tan extravagante, que ignora que desde hace más de 250 años en la tradición constitucionalista, se considera que hay crímenes imprescriptibles", como los cometidos contra la Humanidad. Valencia ha concluido que España no puede seguir "renuente y remisa" frente a disposiciones internacionales legales y debe esclarecer los crímenes de su pasado histórico.
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Cerrada la fosa de Calañas hallando cuatro cuerpos y restos de siete
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Cerrada la fosa de Calañas hallando cuatro cuerpos y restos de siete
ELPLURAL/ANDALUCIA
Tras cuatro días de trabajo, se han culminado las labores de exhumación de la fosa de Calañas (Huelva), dejando al descubierto cuatro cuerpos y los restos de siete, que fueron enterrados allí en 1937.
Santiago Macías, lvicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), ha declarado que entre los cuatro cuerpos enteros hallados en la primera fosa, "existen huesos inconexos pertenecientes a otras dos personas, por lo que hay que analizarlos en el laboratorio". Una familia de un represaliado lo rescató y reagrupó a todos en una sola caja en 1943.
Se enterrarán juntos
También se han hallado numerosos objetos que pudieron pertenecer a los fusilados enterrados en la misma, como monedas, botones e incluso cristales de gafas, así como proyectiles que podrían determinar el arma utilizada en el fusilamiento. Casi con toda seguridad, los familiares llegarán a un acuerdo para enterrarlos juntos. Los resultados del laboratorio se conocerán en enero o febrero.
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Se cierra la fosa de Calañas tras hallar cuatro cuerpos enteros y ...
20 minutos -
La Asociación Andaluza pide a la Junta que catalogue como sitios ...
soitu.es
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Se enterrarán juntos
También se han hallado numerosos objetos que pudieron pertenecer a los fusilados enterrados en la misma, como monedas, botones e incluso cristales de gafas, así como proyectiles que podrían determinar el arma utilizada en el fusilamiento. Casi con toda seguridad, los familiares llegarán a un acuerdo para enterrarlos juntos. Los resultados del laboratorio se conocerán en enero o febrero.
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El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la Memoria Histórica.
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El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la ...
El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la Memoria Histórica
El Supremo debe decidir sobre el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia este jueves si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la guerra civil y el franquismo, como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
estrella digital/efe madrid
Según han informado fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, verá en la reunión que celebra todos los jueves si debe abstenerse de actuar en esta causa mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala de lo Penal la identidad de los diez magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal", "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el "tribunal superior" que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Impulsar el incidente de competencia
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el ministerio fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.-
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El Supremo debe decidir sobre el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín
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La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala de lo Penal la identidad de los diez magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal", "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el "tribunal superior" que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Impulsar el incidente de competencia
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el ministerio fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
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HUELVA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Rafael López, junto con el vicepresidente de Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, pidió hoy a la Junta de Andalucía que "proteja las fosas y las declare como zonas históricas para que no se construya sobre ellas" y presentó las jornadas 'Mujer y la Guerra Civil' que tendrán lugar en La Palma del Condado en el próximo mes de abril.
En rueda de prensa en Huelva, para informar sobre el mapa de fosas de la provincia, y el proyecto 'Todos los nombres', con el objetivo de presentar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón --en cuyo auto vienen especificadas las fosas onubenses de Bonares, Niebla y la Palma del Condado-- un listado de más de 38.000 desaparecidos y fusilados, López apuntó que Huelva es la segunda provincia en Andalucía que registra el mayor número de fosas, con un total de 118 fosas comunes".
El presidente apuntó que las fosas están divididas entre la zonas del Condado, la Costa, el Andévalo y la Cuenca Minera, y la Sierra, a lo que añadió que ha presentado a Garzón "un listado de más de 3.000 desaparecidos y fusilados onubenses, de los 6.000 de la provincia".
En este sentido, señaló que la mayoría de las fosas están identificadas y que el 85 por ciento se encuentra ubicadas en los cementerios, y algunas están dignificadas, como es el caso de Bonares, ya que "cada vez existe una mayor demanda por parte de los ciudadanos para conocer el destino de sus familiares que desaparecieron durante la Guerra Civil, por lo que existe mucha colaboración por su parte para llevar a cabo las investigaciones".
En cuanto a las jornadas 'Mujer y la Guerra Civil', en las que las mujeres contarán su propio testimonio, apuntó que el motivo de celebrarla en La Palma es porque se trata "de un punto de referencia importante porque la fosa del municipio está desprotegida, ya que se ha urbanizado en los alrededores de la misma".
Para el proyecto 'Todos los nombres', según indicó López, la Junta de Andalucía destinó unos 70.000 euros, sin embargo la asociación podrá obtener 50.000 euros más para ampliar el proyecto, con el objetivo de pasar de presentar 38.000 nombres a 50.000 en Andalucía.
Respecto a las exhumaciones de las fosas que se están produciendo en estos días, como es el caso de la localidad onubense de Calañas, López apuntó que "no cree que se esté abriendo ninguna herida, sino que lo que se pretende es cerrarlas, ya que hay muchas personas mayores que están viviendo las consecuencias, y que aún no han cerrado el duelo".
Por último, el presidente aseguró que mantendrá una reunión en Barcelona este fin de semana con miembros de otras asociaciones a nivel nacional, en la que instará a pedir a la Audiencia Nacional que aplique a la fosa de La Palma del Condado "el concepto de irreversibilidad, para que se actúe sobre ella a corto plazo y evitar que el daño, al estar desprotegida, sea el mínimo posible".
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Asociación Andaluza de Memoria Histórica pide a la Junta que "proteja las fosas" y las declare zonas históricas
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El presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Rafael López, junto con el vicepresidente de Diputación Provincial de Huelva, Ignacio Caraballo, pidió hoy a la Junta de Andalucía que "proteja las fosas y las declare como zonas históricas para que no se construya sobre ellas" y presentó las jornadas 'Mujer y la Guerra Civil' que tendrán lugar en La Palma del Condado en el próximo mes de abril.
En rueda de prensa en Huelva, para informar sobre el mapa de fosas de la provincia, y el proyecto 'Todos los nombres', con el objetivo de presentar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón --en cuyo auto vienen especificadas las fosas onubenses de Bonares, Niebla y la Palma del Condado-- un listado de más de 38.000 desaparecidos y fusilados, López apuntó que Huelva es la segunda provincia en Andalucía que registra el mayor número de fosas, con un total de 118 fosas comunes".
El presidente apuntó que las fosas están divididas entre la zonas del Condado, la Costa, el Andévalo y la Cuenca Minera, y la Sierra, a lo que añadió que ha presentado a Garzón "un listado de más de 3.000 desaparecidos y fusilados onubenses, de los 6.000 de la provincia".
En este sentido, señaló que la mayoría de las fosas están identificadas y que el 85 por ciento se encuentra ubicadas en los cementerios, y algunas están dignificadas, como es el caso de Bonares, ya que "cada vez existe una mayor demanda por parte de los ciudadanos para conocer el destino de sus familiares que desaparecieron durante la Guerra Civil, por lo que existe mucha colaboración por su parte para llevar a cabo las investigaciones".
En cuanto a las jornadas 'Mujer y la Guerra Civil', en las que las mujeres contarán su propio testimonio, apuntó que el motivo de celebrarla en La Palma es porque se trata "de un punto de referencia importante porque la fosa del municipio está desprotegida, ya que se ha urbanizado en los alrededores de la misma".
Para el proyecto 'Todos los nombres', según indicó López, la Junta de Andalucía destinó unos 70.000 euros, sin embargo la asociación podrá obtener 50.000 euros más para ampliar el proyecto, con el objetivo de pasar de presentar 38.000 nombres a 50.000 en Andalucía.
Respecto a las exhumaciones de las fosas que se están produciendo en estos días, como es el caso de la localidad onubense de Calañas, López apuntó que "no cree que se esté abriendo ninguna herida, sino que lo que se pretende es cerrarlas, ya que hay muchas personas mayores que están viviendo las consecuencias, y que aún no han cerrado el duelo".
Por último, el presidente aseguró que mantendrá una reunión en Barcelona este fin de semana con miembros de otras asociaciones a nivel nacional, en la que instará a pedir a la Audiencia Nacional que aplique a la fosa de La Palma del Condado "el concepto de irreversibilidad, para que se actúe sobre ella a corto plazo y evitar que el daño, al estar desprotegida, sea el mínimo posible".
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martes, 11 de noviembre de 2008
Casanova dice que la memoria de la represión franquista saldrá "una y otra vez" si no hay compensación moral
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Memoria.- Casanova dice que la memoria de la represión franquista ...
Europa Press
Casanova dice que la memoria de la represión franquista saldrá "una y otra vez" si no hay compensación moral
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ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
El catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, advirtió hoy de que la memoria de la represión franquista realizada contra los republicanos durante la Guerra Civil y la posguerra "va a salir una y otra vez" salvo que se realice un proceso de compensación moral.
Casanova, que asesora al juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón en el procedimiento judicial iniciado en el Alto Tribunal para impulsar la apertura de fosas de represaliados, proceso actualmente paralizado por la Sala de lo Penal de la AN, indicó a Europa Press que "la Justicia retributiva está pendiente y es una vergüenza que no se haya hecho" porque "las democracias sólidas necesitan políticas de reconciliación".
Casanova continuó afirmando que "lo mejor es asumir que la dictadura se llevó por delante a mucha gente porque si no, va a salir una y otra vez", a lo que añadió que son instituciones como la jerarquía de la Iglesia Católica y el Partido Popular "los que tienen más poder para asumirlo, no un ciudadano de la calle".
"Dudo que pueda haber una causa global --penal-- contra los verdugos", pero sí sería posible en casos individuales, dijo. "No creo que nadie quiera ir a por la Justicia punitiva", señaló el catedrático zaragozano, quien opinó que los descendientes de víctimas podrían, individualmente, solicitar compensaciones económicas.
También afirmó que las víctimas del franquismo han pasado mucho tiempo "ocultas, humilladas y no se les atendió". Casanova documentó en su libro 'El pasado oculto' unos 9.000 casos republicanos asesinados durante la Guerra Civil y la posguerra.
El profesor consideró que sería necesario un año para recopilar toda la información ya depurada por historiadores de diversas comunidades autónomas para incluirla en la investigación abierta por Garzón. Casanova recordó que no se conoce la ubicación de todas las fosas.
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Casanova, que asesora al juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón en el procedimiento judicial iniciado en el Alto Tribunal para impulsar la apertura de fosas de represaliados, proceso actualmente paralizado por la Sala de lo Penal de la AN, indicó a Europa Press que "la Justicia retributiva está pendiente y es una vergüenza que no se haya hecho" porque "las democracias sólidas necesitan políticas de reconciliación".
Casanova continuó afirmando que "lo mejor es asumir que la dictadura se llevó por delante a mucha gente porque si no, va a salir una y otra vez", a lo que añadió que son instituciones como la jerarquía de la Iglesia Católica y el Partido Popular "los que tienen más poder para asumirlo, no un ciudadano de la calle".
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