La Iglesia y la represión franquista. Julián Casanova.

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La Iglesia y la represión franquista

JULIÁN CASANOVA 26/11/2008

La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.

La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición
En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.

Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos.

"La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.

Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.

Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.

La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.

La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.

Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
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Casanova dice que la memoria de la represión franquista saldrá "una y otra vez" si no hay compensación moral

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Memoria.- Casanova dice que la memoria de la represión franquista ...

Europa Press

Casanova dice que la memoria de la represión franquista saldrá "una y otra vez" si no hay compensación moral

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ZARAGOZA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, advirtió hoy de que la memoria de la represión franquista realizada contra los republicanos durante la Guerra Civil y la posguerra "va a salir una y otra vez" salvo que se realice un proceso de compensación moral.

Casanova, que asesora al juez de la Audiencia Nacional (AN) Baltasar Garzón en el procedimiento judicial iniciado en el Alto Tribunal para impulsar la apertura de fosas de represaliados, proceso actualmente paralizado por la Sala de lo Penal de la AN, indicó a Europa Press que "la Justicia retributiva está pendiente y es una vergüenza que no se haya hecho" porque "las democracias sólidas necesitan políticas de reconciliación".

Casanova continuó afirmando que "lo mejor es asumir que la dictadura se llevó por delante a mucha gente porque si no, va a salir una y otra vez", a lo que añadió que son instituciones como la jerarquía de la Iglesia Católica y el Partido Popular "los que tienen más poder para asumirlo, no un ciudadano de la calle".

"Dudo que pueda haber una causa global --penal-- contra los verdugos", pero sí sería posible en casos individuales, dijo. "No creo que nadie quiera ir a por la Justicia punitiva", señaló el catedrático zaragozano, quien opinó que los descendientes de víctimas podrían, individualmente, solicitar compensaciones económicas.

También afirmó que las víctimas del franquismo han pasado mucho tiempo "ocultas, humilladas y no se les atendió". Casanova documentó en su libro 'El pasado oculto' unos 9.000 casos republicanos asesinados durante la Guerra Civil y la posguerra.

El profesor consideró que sería necesario un año para recopilar toda la información ya depurada por historiadores de diversas comunidades autónomas para incluirla en la investigación abierta por Garzón. Casanova recordó que no se conoce la ubicación de todas las fosas.
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Represión, víctimas y desaparecidos.

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Represión, víctimas y desaparecidos

ANTONI SEGURA 06/11/2008

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, considera que "el franquismo está absolutamente juzgado por la historia". Es la respuesta del Ejecutivo a la iniciativa del juez Baltasar Garzón de abrir un sumario contra los sublevados del 18 de julio de 1936 por "un delito de insurrección contra el Gobierno legalmente constituido y un plan sistemático de exterminio de los oponentes políticos durante la Guerra Civil y la posguerra". El Gobierno considera, pues, que la Ley de la Memoria Histórica es suficiente para pasar página de uno de los episodios más dramáticos de la historia reciente.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

No se puede pasar página mientras las víctimas del franquismo sigan en las cunetas
El franquismo ya se encargó de honrar a las víctimas de los republicanos

En efecto, la investigación histórica ha puesto al descubierto la magnitud de la represión que se desencadenó tras el 18 de julio de 1936 tanto en la zona republicana, mejor estudiada, como donde triunfó el golpe militar. Se contaba con el precedente, y tomo el ejemplo de Cataluña, de la investigación abierta por las autoridades republicanas en abril de 1937 para depurar las responsabilidades de los abusos cometidos durante los primeros meses de la guerra. Es cierto que la investigación se vio frenada por la creciente oposición de algunos dirigentes anarquistas y comunistas, pero no es menos cierto que la dictadura nunca tuvo una actitud semejante. A partir de 1939, el régimen de Franco se encargó de localizar los cuerpos de las víctimas de la represión republicana, proceder a su exhumación, darles una sepultura digna y preservar su memoria con lápidas a los "caídos por Dios y por España", apropiándose incluso de muchas víctimas que no se habían adherido a los sublevados.

La dictadura nunca consideró la posibilidad de hacer lo mismo con las víctimas de su propia represión, porque no buscó la reconciliación, sino que levantó un espeso muro de separación entre vencedores y vencidos. Además, la represión franquista, que fue muy superior a la republicana, todavía no ha podido establecerse con exactitud porque muchas veces no dejaba rastro, las víctimas eran enterradas en fosas comunes destinadas al olvido y no constaban en los registros. En Navarra, por ejemplo, donde triunfó el golpe militar, sabemos que de las 2.857 víctimas que ocasionó la represión franquista sólo 1.640 figuran inscritas en los juzgados (el 57%). No hay motivos, por tanto, para pasar página y, en este sentido, con independencia de que no sea posible derivar responsabilidades penales porque los principales mandatarios de la dictadura ya están muertos, la iniciativa del juez Garzón resulta totalmente pertinente como medida de reconocimiento y reparación de las víctimas.

Sin embargo, tanto la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre de2007) como la iniciativa de Garzón deben hacer frente a una campaña donde la represión republicana se está utilizando como ariete contra la recuperación de la memoria y la dignidad de las víctimas de la represión franquista, introduciendo una confusión interesada entre represión, víctimas y desaparecidos.

La represión, hasta donde lo permiten las fuentes, ha estado parcialmente bien establecida. Otra cuestión es la de los desaparecidos, es decir, aquellas víctimas de la represión que fueron enterradas en fosas comunes y que, en muchos casos, no dejaron rastros ni siquiera en la memoria oral. Afecta, sobre todo, a las víctimas de la represión franquista de las que 70 años después no es fácil a menudo encontrar referencias. Y todavía quedarían las fosas de los frentes de guerra de las que se conoce a veces su ubicación pero de las que casi siempre resulta imposible saber la identidad de los soldados enterrados.

Un ejemplo ilustrará mejor cuanto llevamos dicho. Como ha puesto de relieve el libro de Toni Orensanz (L'òmnibus de la mort: parada Falset, 2008), en el verano de 1936, la denominada Brigada de la Muerte al mando de Pasqual Fresquet, que murió en el exilio francés en 1957, sembró el terror en las tierras del Ebro en Cataluña, en el Maestrazgo y en Aragón, donde asesinaron a un mínimo de 250 personas. Lo hicieron a cara descubierta mientras Fresquet daba mítines a los vecinos sobre la necesidad de la "higiene revolucionaria". Convencidos de que estaban aplicando una "justicia revolucionaria", lo cual no los exime de sus crímenes, los fusilamientos tenían lugar en las tapias de los cementerios y las víctimas eran enterradas después en fosas comunes. En muchos casos sus restos fueron exhumados después de la guerra y enterrados dignamente por sus familiares. En esas mismas comarcas, la represión franquista fue brutal. En Aragón fue, a menudo, una represión de silencio jurídico, al margen de la legislación franquista, que no era ninguna garantía por otra parte de equidad ni de justicia. Una represión que se prolongó una vez acabada la guerra con aquellos que volvían a sus pueblos tras meses o años refugiados en localidades vecinas o en el exilio. Fue una represión callada de la que no dan cuenta los consejos de guerra. Fueron enterrados en fosas comunes en el campo y sus familias sufrieron durante años, en comunidades cerradas y de escasa población, el oprobio de los asesinos que se jactaban de haber dado muerte a sus padres, maridos o hermanos, pero que nunca quisieron revelar dónde habían enterrado a las víctimas.
Y de eso precisamente se trata, de rescatar del olvido y dar digna sepultura a unas víctimas asesinadas hace siete décadas. No se trata de abrir todas las fosas comunes que existen, porque en muchos casos (especialmente cuando se trata de fosas masivas), después de 70 años, será imposible la identificación de los restos. Pero sí que debería establecerse de manera rigurosa un mapa de fosas comunes de represaliados y de soldados, proceder a su señalización y dignificación como espacio de memoria (tal como se hizo en Europa tras la II Guerra Mundial) y, cuando se sabe quiénes fueron enterrados, proceder a la exhumación de la fosa, la individualización de los restos y la identificación de las víctimas.
No, no se puede pasar página mientras no hayan sido rescatadas del olvido las víctimas de la represión y dignificada su memoria. No es una cuestión de revancha, sino de justicia y dignidad, porque difícilmente se puede encarar el futuro olvidando un pasado que ha dejado en cunetas y campos los restos de unas víctimas condenadas a ser enterradas en el olvido y a las que se negó el derecho a ser dignamente sepultadas.

Antoni Segura es catedrático de Historia Contemporánea y director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals (CEHI) de la Universidad de Barcelona.
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Purgas de ricino

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Purgas de ricino

DIEGO BARCALA

La propaganda franquista tapó la crueldad aplicada por la represión del régimen a las mujeres republicanas.

El castigo del franquismo sobre las mujeres fue doble. Por “rojas” y por “liberadas”. De una punta a otra de la España sublevada, se repitieron los mismos métodos de tortura física y psicológica. Se pueden resumir en tres: las purgas con aceite de ricino para que su fuerte poder laxante depurara su “tóxico interior”, raparlas al cero para censurar su supuesto libertinaje, y la prohibición absoluta de mostrar cualquier tipo de luto a las viudas, hermanas y madres de fusilados.

Muchas murieron presionadas para que delataran a sus parejas. Otras quedaron presas en la posguerra. Sin embargo, la estrategia franquista diseñó un plan para que las únicas víctimas femeninas que salieran de la memoria del conflicto fueran las monjas, a pesar de que murieron poco más de 280 religiosas. Unas cifras muy alejadas, por ejemplo, de las casi 500 mujeres que murieron en la cárcel de Burgos a manos de los franquistas. Y más lejos aún de las 5.000 reclusas republicanas de la cárcel de Ventas (Madrid), a pesar de que su capacidad sólo era para 450 personas.

Dolores Ibárruri, La Pasionaria, fue recibida en 1977 de su exilio en Francia por una auténtica multitud. Entre el público apareció un grupo de mujeres con un atuendo inesperado y un ramo de rosas rojas. Eran monjas. ¿Religiosas recibiendo a una histórica dirigente comunista? En la memoria de estas mujeres pervivía el momento en el que La Pasionaria las protegió de los ataques de unos milicianos en un convento del Madrid asediado de la Guerra Civil. La anécdota es de la inacabable cosecha del poeta comunista Marcos Ana, presente en aquella festiva recepción.

Desde la muerte de Franco, decenas de historiadores trabajaron para desmontar los mitos históricos de la dictadura. Una interpretación dirigida por la jerarquía católica que mencionó con intencionada frecuencia las atrocidades cometidas contra las novicias. Pese a que, como es obvio, no debió morir ninguna, de una población de 45.000 monjas en 1931, fueron asesinadas 283, según los estudios de 1961 del obispo Antonio Montero Moreno que recoge el historiador Julián Casanova en La Iglesia de Franco (Crítica). El régimen cultivó una imagen paternalista sobre las mujeres, a pesar de reservar para ellas un espacio ínfimo en la vida pública.

“Los hijos no importaban”
Los investigadores han encontrado descripciones sanguinarias. Fernando Obregón ha documentado la muerte de 116 mujeres en Cantabria desde 1937, cuando la provincia fue tomada por Franco. “A muchas las mataron sólo porque no pudieron atrapar a sus maridos que habían conseguido huir a Francia o estaban en el frente. No les importaba que tuvieran hijos o que estuvieran embarazas”, resume. Y señala dos casos: una mujer de Los Corrales fue fusilada pese a tener siete hijos, el menor de 10 años, y otra, en Puente Viesgo, recibió la humillación de un cura por tratar de lavar la ropa en el río un domingo. “Le tiró el balde al agua y le dijo: ¿No sabes que no se trabaja los domingos?”. La humillación continuó en la posguerra y, en ocasiones, más de una fue expulsada de su pueblo.

Muchas otras sufrieron la tortura de la prisión. Es el caso de Blanca Brissac, la mayor de las 13 rosas, las mujeres del penal de Ventas fusiladas en agosto de 1939. Blanca tenía 29 años, no había ocupado ningún cargo político relevante y “era muy religiosa”, tal y como describe el periodista Carlos Fonseca, autor de Trece rosas rojas (Temas de hoy). Fusilaron a toda su familia. Sobrevivió su hijo Enrique, que guarda la carta que su madre le escribió antes de morir. En la misiva, Blanca le pedía que no guardara rencor a los verdugos, y le rogaba que hiciera la comunión bien preparado, “tan bien cimentada la religión como me la enseñaron a mí”, decía.
Las condiciones de la prisión marcaron a las supervivientes. “A algunas les pusieron cuñas en las uñas, y les dieron corrientes eléctricas en los dedos y en los pezones”, cuenta uno de los testimonios recuperados por la ex presa republicana Tomasa Cuevas. El documental Del olvido a la memoria. Presas franquistas, emitido en La Sexta, recuperó los recuerdos. “Hubiera preferido que me siguieran dando palos antes de ver a una compañera salir para no volver”, describe en aquel reportaje Concha Carretero .

Para Cayetano Ybarra, investigador en Extremadura, aquellos castigos tenían mucho que ver con la concepción social que el franquismo tenía de la mujer: “Era un objeto sexual de usar y tirar, una sirvienta, como la describe Primo de Rivera en las normas de la sección femenina. Por contra, en el bando contrario, formaban parte del Ejército”. Esas posiciones enfrentadas explican el salvajismo de la represión. “El gobernador militar llegó a mandar a las farmacias que ahorraran todo el aceite de ricino posible. Las pobres defecaban vivas en mitad del pueblo”, detalla.

Pretendientes vengativos
La mayoría eran atacadas por su relación con republicanos, pero no faltaron las rencillas personales. Como el caso de Amparo Barayón, esposa del escritor Ramón J. Sender, fusilada en Zamora por Santiago Vilora, un pretendiente al que había rechazado en su juventud. En la cárcel, como a otras mujeres, le arrancaron a su hija de seis meses de los brazos. “Los rojos no tenéis derecho a tener hijos”, le dijo uno de los guardianes, según relata Casanova en su libro. No existen números globales de mujeres asesinadas. En lugares concretos como Zaragoza, ciudad investigada por Casanova, el desfase entre la represión practicada por uno y otro bando es importante. En las comarcas orientales dominadas por milicianos anarquistas, murieron 17 mujeres. En las falangistas, asesinaron a cerca de 300.

Otro recuento basado en los registros civiles es el de las 65 mujeres maestras “depuradas” en la provincia de Salamanca. Su posición pública las hizo un objetivo fácil. El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó el fusilamiento de Esther Martínez Calvo, maestra de Salas de los Infantes (Burgos), bajo el siguiente informe de la Guardia Civil: “Envenenaba a los niños con sus doctrinas y propugnaba por el amor libre”. El párroco colaboró en el linchamiento: “Su condición moral y religiosa ha sido del todo negativa. Me aseguran que aún en sus vestidos lleva los colores de la bandera comunista. En fin, que es una niña de mucho cuidado”.
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Pseudociencia de la represión franquista.

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http://blogs.publico.es/dominiopublico/?p=845
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Pseudociencia de la represión franquista

20 Oct 2008 09:29

JOSÉ GUILLERMO FOUCE

El 22 de septiembre, un grupo de asociaciones presentaron ante el juez Baltasar Garzón listados de personas fusiladas por el franquismo. Junto a estos listados y con objeto de contribuir a demostrar la intencionalidad de las actuaciones desarrolladas por el régimen franquista, Psicólogos sin Fronteras Madrid presentó un informe pericial que firmé como perito, en el que, además de reflejar que las actuaciones ligadas a la memoria histórica cierran heridas o que las entrevistas recogidas hasta la fecha muestran que las familias no manifiestan odio o rencor, se recogía un conjunto de datos que reflejan la intencionalidad de la represión ejercida por el franquismo.

Si el debate es si hubo genocidio o crímenes de lesa humanidad, cabe partir de la definición legal de los mismos en nuestro país en el código penal (a.607): “Ataque generalizado o sistemático contra la población civil por razón de pertenencia a un grupo o colectivo perseguido por motivos políticos, raciales, nacionales o étnicos, culturales, religiosos o de género”.Uno puede encontrar el desarrollo de un complejo y completo entramado de justificaciones pseudo-científicas enmarcadas en el núcleo del mismo régimen y en la dirección justamente mencionada de dar cobertura a ataques generalizados y claramente intencionales a la población civil por razón de pertenencia a un grupo político (y también, supuestamente, racial).

Pueden encontrarse documentadas desde órdenes de depuración dictadas en el BOE por el franquismo, u otras órdenes desarrolladas por los principales dirigentes del movimiento, cartas de apoyo, respaldo y bendición eclesiásticas. Incluso prohombres del régimen desarrollaron investigaciones pretendidamente científicas. Es el caso del coronel y psiquiatra Antonio Vallejo Najera, jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército, que, tras formarse en la Alemania pre-nazi, traslada y aplica a España concepciones de limpieza de raza y exterminio de los indeseables, que sirvieron para legitimar la represión generalizada.

Para Vallejo, ser republicano o marxista está íntimamente ligado con la inferioridad mental, la psicopatía y una serie de malformaciones físicas y psíquicas, algo que justifica mediante supuestos experimentos psico-genéticos con presos, realizados con autorización previa y directa de Franco que, a juicio de Vallejo, demuestran científicamente estas relaciones. Como él mismo recoge en su informe “Biopsiquismo del Fanatismo Marxista”: “La idea de las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental ya la habíamos expuesto anteriormente en otros trabajos. La comprobación de nuestras hipótesis tiene enorme trascendencia político social, pues si militan en el marxismo de preferencia psicópatas antisociales, como es nuestra idea, la segregación de estos sujetos desde la infancia, podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible” y “La inferioridad mental de los partidarios de la igualdad social y política o desafectos queda confirmada”.

Los revolucionarios natos eran, según Vallejo, “esquizoides místicos políticos y sujetos que inducidos por sus cualidades biopsíquicas constitucionales y tendencias instintivas, movilizadas por complejos de rencor y resentimiento o por fracaso en sus aspiraciones, propenden, en cierto modo congénitamente, a trastocar el orden social existente”. Y las mujeres, en general, pero particularmente las republicanas, eran para él “seres con muchos puntos de contacto con los niños y los animales y que, al romperse los frenos sociales que se les imponen, son especialmente crueles por faltarle inhibiciones inteligentes y lógicas, además de tener sentimientos patológicos”.
De estas conclusiones que Vallejo cita en su estudio, el psiquiatra extrae posteriormente una serie de recomendaciones para el desarrollo de políticas basadas en la higiene racial y la moral católica: se trata de “limpiar” la raza española retomando el proyecto purificador del genotipo español iniciado por los reyes católicos (como desarrolla en su libro Eugenesis de la raza hispana). Y esas recomendaciones se traducen en actuaciones como separar a las madres republicanas de sus hijos lactantes, el robo de niños o el desarrollo de programas de reeducación política y moral en los campos de concentración. Donde faltaba una adecuada dotación genética resultaban inútiles los esfuerzos dirigidos a moldear un hombre espiritualmente sano; había, entonces, que extirpar el mal, a ser posible de raíz, unas veces con la muerte, otras evitando que se reprodujesen, por ejemplo.

Por otra parte, como señalan Llavona y Bandres, “los brigadistas supervivientes recuerdan la presencia de miembros de la Gestapo que tomaban mediciones antropométricas e interrogaban a los prisioneros”. Algo que deja abierta la hipótesis (mencionada también por Vicenç Navarro), de si pudieron desarrollarse investigaciones que fuesen más allá, en esa misma dirección, como las perforaciones de cráneo desarrolladas por los nazis.

Etiquetar bajo un paraguas supuestamente científico a las poblaciones a las que se pretende perseguir y eliminarlas sistemáticamente es algo necesario en las políticas represivas. Los verdugos no tendrán inconveniente en asesinar al sometido si se le juzga como enfermo mental, al estar justificado que se le someta a un trato igualmente infrahumano y sentirán, además, que asesinan cumpliendo una misión elevada: salvar la patria.

Por eso, conocer nuestra historia, conocer el papel de la ciencia y conocer los mecanismos de la represión sistemática es un ejercicio necesario y sano, además de un elemento más de juicio para concluir que lo que ocurrió en nuestro país fue mucho más que una guerra civil entre hermanos. Porque tras la guerra, el régimen franquista sometió a civiles que ni siquiera participaron en la lucha armada y hubo una persecución sistemática a colectivos de personas que tenían en común una ideología calificada como enferma, contaminadora de la raza y justificadamente reprimida: ser republicano o ser marxista se tradujo en una condena a muerte que, finalmente, desembocó en un genocidio.

José Guillermo Fouce es profesor de la Universidad Carlos III y coordinador de Psicólogos son Fronteras de Madrid
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Por si alguien no conoce el pensamiento del Pájaro Vallejo, de vuelo torpe y pensar espeso:

Un marxista es un débil mental
Grandes hitos de la ciencia fascista
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Fuentes para el estudio de la represión franquista en el Archivo Histórico Nacional.

Fuentes para el estudio de la represión franquista en el Archivo HistóricoNacional, sección «Guerra Civil»ANTONIO GONZÁLEZ QUINTANA

Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, H. Contemporánea, t. 7, 1994,

1. INTRODUCCIÓN
La denominación con la que fue incorporado al Archivo HistóricoNacional, por orden del Ministerio de Cultura de 7 de mayo de 1979 ', elconjunto de documentos producidos o acumulados en el ejercicio de susfunciones por los Servicios Documentales de Presidencia del Gobierno es,al menos, equívoca.

En efecto, la Sección «Guerra Civil», nombre que sirvió para bautizar esta incorporación de documentos al Archivo, además de no hacer justicia,—como trataremos de aclarar en esta contribución—, al contenido informativo de los mismos, creó una nueva agrupación temática, temático-cronológica en este caso, que, a la larga, ha motivado que se haya ido desdibujandoel carácter marcadamente orgánico de estos fondos documentales.

Si algo caracteriza la documentación de archivo frente a la custodiada en otras instituciones como bibliotecas o centros de documentación, es,precisamente, ese carácter orgánico y funcional que contextualiza los documentosy les da su justo valor en cada momento. Sin excepción, y estaes una de las ideas centrales que pretendo enfatizar en esta ponencia,todos esos documentos incorporados al Archivo Histórico Nacional en1979, jugaron un papel, o mejor dicho, cumplieron una función represivade mayor o menor magnitud.

Documento completo en:http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerie5-03AABFF0-AB32-42A1-58D3-59215AF5155C&dsID=PDF

Más de un millón de represaliados podrán ser honrados oficialmente

http://www.elpais.com/espana/

Más de un millón de represaliados podrán ser honrados oficialmente

CARLOS E. CUÉ

El Ejecutivo inicia el desarrollo de la Ley de Memoria, aprobada en enero

La polémica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusión real en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empezó a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas después de que el juez Baltasar Garzón reavivara la polémica, decidió enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.

"Quiero ser ciudadano del país por el que luché"
"Se valora el tiempo que hemos estado en el olvido"
"Fue una de las últimas víctimas de Franco"
"Si hubiera escapado en su yegua, que corría más que el viento..."
"Quienes lo mataron deberían haber pagado"

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
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Hubo 210.000 asesinados, 400.000 encarcelados y 650.000 exiliados
Otro decreto repara a quienes murieron por la democracia entre 1968 y 1977
Entre ellos destaca el que regula la declaración de reparación oficial de las víctimas. El Ejecutivo, que rechazó de plano la anulación de las sentencias franquistas que pedían las asociaciones de víctimas, establece así las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condición de víctima, rehabilita públicamente a los afectados y sentencia que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.

La declaración, que sirve también para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no sólo las víctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la víctima fue su alcalde-.

Julián Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay más de un millón de personas que podrían considerarse víctimas de la represión. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podrían reclamar esta declaración oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendrán que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y lo mande a las Cortes.

El cálculo de más de un millón de afectados se obtiene sumando los asesinados (150.000 a manos de los franquistas entre la guerra y los casi 40 años de dictadura, y unos 60.000 a manos de los republicanos, aunque todos estos últimos tuvieron su reconocimiento oficial por el régimen y sus familiares lograron todo tipo de compensaciones), los que sufrieron cárcel, campos de concentración, trabajos forzados o torturas (se calcula que hubo unos 400.000, hay datos oficiales que señalan que en 1940 llegó a haber 270.000 personas encarceladas al mismo tiempo por motivos políticos, y está certificado que al menos 5.000 presos murieron de hambre y epidemias) y los exiliados (hubo unos 650.000 en el primer momento que huían de la persecución política, y poco a poco algunos fueron regresando, hasta quedarse en una cifra de 170.000). A todos ellos, para imaginar las dimensiones de la tragedia, hay que sumar unas 400.000 personas que murieron en combate, y por tanto no pueden ser considerados represaliados.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que con esta declaración se quiere "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad".

Los otros tres decretos, aunque no se refieren a los asuntos más polémicos aún por resolver -sobre todo el mapa de fosas y la aclaración sobre la retirada de símbolos franquistas-, también son claves para algunos sectores. Sobre todo el que desarrolla la forma de obtener una indemnización de 135.000 euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la policía franquista en protestas sindicales, sobre todo, y no se han podido acoger a la ley de víctimas del terrorismo (1968 es el año en que ETA empezó a matar).
El tercer decreto abre la posibilidad a los brigadistas internacionales que quisieron obtener la nacionalidad española en 1996, cuando se aprobó una ley que lo permitía, pero no pudieron porque sus países les exigían que renunciaran a la suya. El decreto permitirá la doble nacionalidad.

Por último, un decreto permitirá a las familias de republicanos recuperar documentos privados -correspondencia íntima, por ejemplo- que fueron incautados por el régimen y están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

Cuatro decretos
- Declaración oficial. "Reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura". Lo pueden solicitar "el cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".
- Indemnizaciones a los asesinados entre 1968 y 1977. "A personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (de 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977)". Para los fallecidos son 135.000 euros.
- Nacionalidad. Para los brigadistas internacionales
a los que les obligaban a renunciar a la suya en sus países.
- Documentos privados. Se restituirán "documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de carácter privado".
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Tutti i rossi fucilati.

Fuente: Diario de Mallorca.

Reportaje. Memoria Histórica. Guerra Civil
ROSA FERRIOL. PALMA.

"Tutti i rossi fucilati"

Bajo el lema "todos los rojos fusilados", los falangistas protagonizaron una represión indiscriminada el trágico verano del 36

ROSA FERRIOL. PALMA. No eran ni prostitutas ni milicianas, simplemente eran cinco enfermeras que se alistaron para ayudar a los necesitados cuando estalló la Guerra Civil española. Pero en aquel trágico verano de 1936 que el fin fuera una labor social, era lo de menos. Mandaba el fusil y las órdenes eran claras: "Tutti i rossi fucilati". "Todos los rojos fusilados" fue el lema del conde Rossi, que personificó la represión fascista en Mallorca.Las enfermeras llegaron a la isla el 16 de agosto de 1936 con el desembarco en Punta Amer del capitán Bayo, que permaneció fiel a la República en los primeros compases de la contienda y fue el encargado de dirigir la invasión de Mallorca. La reconquista fracasó y las tropas tuvieron que reembarcarse el 4 de septiembre tras recibir órdenes del Gobierno. El frente republicano abarcaba desde Artà hasta Porto Cristo. No todos llegaron a tiempo a subir al barco. Unas 200 personas quedaron en tierra, la mayoría fueron fusiladas en la playa de sa Coma. Otras, como las enfermeras, corrieron la misma desgracia pero hasta llegar a la carabina pasaron un brutal calvario. Fueron acusadas primero de prostitutas y luego de milicianas. Antoni Tugores, escritor y autor del libro Manacor, la guerra a casa, detalla que los falangistas las trasladaron a Manacor. "Debían disfrutar de ellas". Pasaron un examen ginecológico, las exhibieron por distintos municipios del centro de la isla, las violaron y, una vez satisfechos sexualmente, las apuntaron con el fusil y las mataron el 5 de septiembre. Explica que dos de ellas, Daria y Mercedes, eran unas hermanas nacidas en México que cuando estalló la contienda se encontraban en Cataluña y se alistaron como enfermeras para desarrollar una labor social. Otra de las enfermeras se llamaba Teresa. El escritor de Manacor indica que supieron de ella debido a un libro que escribió una miliciana y que salió a la luz años después de la tragedia. De las otras dos, los historiadores no saben nada.El asesinato de las enfermeras es un ejemplo de la feroz represión que vivió Mallorca desde el 16 de agosto de 1936, fecha del desembarco de las tropas de Bayo, hasta abril de 1937. El filólogo Josep Massot i Muntaner, autoridad indiscutida sobre la Guerra Civil en Mallorca, comenta que durante estos meses "la represión fue indiscriminada" ya que "sistemáticamente fusilaban a todos los capturados". Tugores detalla que el 17 de agosto hubo una "gran masacre en el cementerio viejo de Manacor". Los datos cifran en 200 los asesinados aquel día, aunque él lo rebaja a un centenar. La capital del Llevant, Porreres y Palma fueron los municipios donde se derramó más sangre roja durante la contienda civil. El autor de Porreres, desfilades de dia afusellaments de nit, Tomeu Garí, ha revelado algunas crueldades. Durante la noche del 16 al 17 de agosto asesinaron a 31 porrerencs. Garí cuenta que a quince les encerraron en una escuela. Al día siguiente fueron trasladados al antiguo cementerio de Manacor, fueron fusilados y quemados en una hoguera. "También asesinaron a todo el ayuntamiento republicano", recuerda.El camí de la Creu, donde por las noches fusilaban a los rojos en Porreres, aún guarda muchos recuerdos. La ahijada del alcalde, Maria Ripoll Garau, regresaba de fora vila con su primo y su madre. Se enfangó toda. No era barro, era sangre republicana. La niña se empeñaba en tirar los zapatos a la basura. Su madre no lo permitió porque era "sangre de gente buena", por ello, las lavó y la niña pudo volverse a calzar unos zapatos que en su día se ensuciaron de sangre roja."Fueron muchas las tardes que los niños pasaron jugando en la Creu", relata Garí. Su entretenimiento: quitar las balas que la noche anterior impactaron en una puerta, que "todavía hoy conserva los agujeros". Algunas noches se imponía una tregua en el camí de la Creu. Un paro que no duraba ni treinta minutos. Las primeras noches que Tòfol, un niño de 14 años, iba a recoger la leche de las possessions, los falangistas aparcaban su fusil. Tras su paso, volvía a oír los disparos. Tomeu Garí asegura que en Porreres fallecieron unas 130 personas, aunque "probablemente fueron muchos más".Tugores añade que los falangistas registraban casas y possessions en busca de republicanos. El historiador Arnau Company indica que se practicaron "detenciones masivas en los pueblos". Luego, añade, los trasladaban a las prisiones de Can Mir y del Castell de Bellver. Si un familiar ocultaba a los falangistas el escondite del objetivo, no tenían ningún remordimiento y le disparaban. También murió mucha gente en las cunetas de las carreteras. Tugores recuerda que iban sacando a gente de las prisiones para su, en teoría, "puesta en libertad". Una libertad que era sinónimo de escopeta. El procedimiento era el mismo: salían de prisión, los metían en un camión que los conducía a los cementerios de Manacor, Palma o Porreres, los colocaban ante una pared y los asesinaban a golpe de fusil.Josep Massot señala que el conde Rossi personificó la represión fascista en la isla. Llegó a finales de agosto de 1936 y recorrió todos los pueblos hasta diciembre, cuando abandonó la isla. En todos, el mismo discurso: Tutti i rossi fucilati. Massot resalta que los mallorquines no sabían italiano pero que los que vivieron la Guerra Civil aún repiten estas palabras de tanto que lo oyeron. Una de las prácticas preferidas de los fascistas y del italiano era hacer beber aceite de ricino. "Les obligaba a tragar hasta un litro, fueron muchos los que fallecieron debido a esta práctica", se lamenta Massot. Un colectivo que también sufrió la humillación de los falangistas fueron las viudas. "Lo pasaron muy mal", afirmó Tugores, quien asegura que también las obligaban a beber aceite de ricino.Víctimas de todo tipoLas víctimas no se limitaron ni mucho menos a los políticos republicanos. Maestros, funcionarios, periodistas o escritores también sufrieron. "Hubo mucha represión contra la cultura", recalca Tugores. Los falangistas mataron al director del semanario Nosotros. También asesinaron a su hermano por no querer revelar su escondite. Los dibujantes acabaron siendo víctimas de las armas nacionales, igual que todos aquellos que colaboraron con el semanario. "Los maestros simbolizaron el espíritu de la República", apunta Tugores. En Manacor fueron encarcelados unos 600 docentes. La mayoría quedaron inhabilitados, sólo volvieron a ejercer, recuerda Tugores, los que se mostraron "muy adictos al Movimiento". El historiador palmesano Joan Mas comenta que en el ayuntamiento de Palma se abrieron expedientes a los funcionarios, los que tuvieron alguna relación sindical perdieron su puesto de trabajo. Maestros y funcionarios tuvieron que firmar un escrito de adhesión al Frente Nacional, cuenta Mas. Y es que "la represión no siempre fue por causas políticas", especifica Company. "Se mezclaron cuestiones económicas, peleas personales o de noviazgo. Se aprovechaba la situación para asesinar a los contrarios". Las envidias tuvieron parte de protagonismo. Joan Roca era un maestro paralítico que vivía en Porreres con la hermana del que fue alcalde franquista, Enric Julià. Un día después de tomar posesión, los falangistas fueron a por el docente y lo asesinaron. El motivo: el alcalde tenía miedo de que Joan se quedara con la herencia de su hermana.El historiador de Manacor describe que el clima de terror se agudizó por culpa del gobernador civil Mateu Torres Bestard, que fue ayudante de Franco cuando era comandante militar entre los años 1933 y 1935. De agosto a abril de 1937 fueron meses auténticamente sangrientos. "El cambio llegó con la destitución de Mateu Torres", indica Tugores. Con su sustituto, Josep Quint Zaforteza, "la represión tomó otro aire". Massot explica que a partir del abril de 1937 se instauró la "represión legal". Se celebraban consejos de guerra, aunque fueran "ficticios". Un ejemplo fue el juicio al alcalde republicano de Palma, Emili Darder. Tanto el obispo de Mallorca como religiosas testificaron en su defensa. Fue en vano. "Lo mataron para dar ejemplo", señala Massot. Igual que al diputado Alexandre Jaume o Antoni Mateu, alcalde de Inca. Joan Mas comenta que el asesinato de Emili Darder en febrero de 1937 fue "como un espectáculo". El historiador dice que muchos ciudadanos acudieron al cementerio de Palma para presenciar el fusilamiento. Incluso, relata, muchas mujeres aplaudieron los disparos.En febrero de 1939 llegó la ley de responsabilidades políticas. Los falangistas se quedaban con los bienes y propiedades de los republicanos. "Tenía carácter retroactivo", añade Tugores. La multa se diseñaba a medida. Si la infracción era pequeña pero el inculpado era rico, la sanción era enorme. Si era pobre, no tanto. Sea como fuere, las sanciones económicas no tuvieron punto de comparación con el sangriento verano de 1936 que dejó centenares de muertos. Los historiadores cifran entre dos mil y tres mil los fallecidos en la isla durante la guerra.

Una historia escrita con sangre

Fuente: Levante-EMV.

Una historia escrita con sangre

Torturas, palizas, tiros en la nunca... La historia se escribió con sangre en Benagéber los días 26 y 27 de marzo de 1947. Las huellas del brutal golpe que asestó la Guardia Civil a la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) están enterradas en cuatro fosas comunes de su cementerio. Allí yacen los cuerpos de tres guerrilleros y cinco personas detenidas por colaborar con el maquis que fueron torturadas y asesinadas por las fuerzas franquistas.

Rafel Montaner, Valencia

La operación que la Guardia Civil lanzó los días 26 y 27 de marzo en Benagéber contra la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón (AGLA) puso contra las cuerdas a esta organización del PCE que dirigía Santiago Carrillo desde su exilio en Francia. Los maquis perdieron la importante red de apoyo que tenían entre los trabajadores de las obras del pantano, que les abastecía de explosivos, y se vieron obligados a abandonar el campamento de Valdesierra, su principal centro de operaciones."El episodio de Benagéber fue un momento critico, que llevó a los guerrilleros a debatir si lo abandonaban todo o seguían adelante", explica el historiador Salvador Fernández Cava. Este experto en el AGLA cuenta que los maquis tuvieron que retirarse a los Montes Universales, en Teruel, y enviar un enlace a Francia para dar a conocer al PCE la situación en que se habían quedado. "El partido les envió más guerrilleros, armas y dinero, y aguantaron hasta 1952", cuenta antes de añadir que Carrillo tenía mucho interés en mantener operativa la Guerrilla de Levante, "pues quería que fuera el modelo a seguir para todas las demás agrupaciones".Desde Valdesierra, el mítico guerrillero Florián García, Grande, dirigía el grupo más activo del AGLA. Acumulaba en esa época más fuerzas que nunca, alrededor de 50 hombres, ya que se le habían sumado los maquis del sector V de Cuenca tras ser la detención de su jefe.El gobernador, en el punto de mira Conscientes de su fuerza, en enero de 1947, intentaron matar en una emboscada en Losa del Obispo al mismísimo Gobernador Civil de Valencia y jefe provincial de Falange, Ramón Laporta, cuando se dirigía a inaugurar el cuartel de la Guardia Civil en Villar del Arzobispo. La arriesgada operación fracasó al tomar la comitiva otro camino para llegar al Villar. Entonces, decidieron entrar Losa y asaltar su pequeño cuartel. En la tarde del domingo 26 de enero, unos 30 maquis tomaron el pueblo, que en aquel momento tenía 600 habitantes. El objetivo era incautarse de provisiones, armas y "demostrar que eran capaces de enfrentarse con la Guardia Civil en una acción militar", relata Fernández Cava. Acabó en un baño de sangre. Al entrar en un bar donde la gente estaba jugándose dinero a las cartas, un guerrillero apretó el gatillo de su ametralladora al creer que un hombre que estaba guardándose sus monedas en el bolsillo iba a sacar una pistola. La ráfaga mató a cinco personas. El asalto al cuartelillo también fue un sangriento fracaso ya que al entrar en él a tiro limpió mataron a la mujer y al hijo del cabo, un niño de apenas 11 años. Los guardias, que estaban apostados dentro, repelieron el ataque.Tras los fiascos, llegó el golpe más audaz. A principios de marzo, cuatro grupos de 10 guerrilleros cada uno, con los explosivos que habían conseguido de las obras del pantano, hicieron estallar simultáneamente bombas en las vías del tren en Puçol, el Rebollar, Moixent y Sarrión, con el fin de dejar aislada a Valencia por ferrocarril.La cuadrilla de Pepe DominguínLa siguiente acción, un control en la carretera de Madrid, a la altura del barranco Rubio del Rebollar, fue el principio del drama de Benagéber. Era la víspera de Fallas y lograron retener a decenas de vehículos, entre ellos al de la cuadrilla del torero Pepe Dominguín, que cerraba la última corrida de la feria de San José. El azar quiso que en el remolque de uno de los camiones que detuvieron viajaran dos guardias que iban a Valencia. Tras el Alto a la Guardia Civil se inicio un tiroteo en el que murió un agente, pero el otro logro escapar y pedir refuerzos en el puesto de Requena. "Grande ordenó desmantelar el control, pero el jefe de uno de los grupos, Antonio Gan Vargas , el Cubano, prefirió continuar allí", explica Fernández Cava. La bravuconada le costó un tiro en la espinilla. Curar al herido en las precarias condiciones en las que vivían era complicado, por lo que al cabo de una semana decidieron evacuarlo a un lugar seguro para que guardara reposo. El sitio elegido fue un punto de apoyo de Nieva, una aldea de Benagéber, al que conocían como Casa Paquita.Apenas 24 horas en Casa PaquitaEn esta humilde casa de una habitación vivían Paquita Montes y su marido, Santiago Martínez, junto a sus tres hijos. El Cubano llegó allí acompañado por otro maquis, Manuel Torres, el Practicante, un barbero de origen andaluz metido a guerrillero que se encargaba de curar a los heridos.Apenas estuvieron allí 24 horas. Un vecino los delató a la Guardia Civil y a primera hora del 26 de marzo las fuerzas de seguridad irrumpían en Casa Paquita matando a los dos guerrilleros de sendos tiros en la cabeza. Los guardias se llevaron a Paquita y Santiago a la colonia del pantano, donde había hasta tres cuarteles que vigilaban las obras. Allí comenzaron las palizas y torturas que desencadenaron una cascada de hasta 30 detenciones entre los trabajadores de la colonia y sus mujeres que desmanteló por completo la red de apoyo de Benagéber. Al día siguiente, la Guardia Civil se llevó fuertemente atados a Santiago y a otros cuatro de los obreros detenidos: Clemente Alcorisa, Salvador Garrido, José Martínez y Juan Luján. Los cinco fueron asesinados por las fuerzas franquistas tras ser utilizadas como escudos humanos en el asalto a Valdesierra. El ataque fracaso, todos los guerrilleros lograron escapar menos uno, Daniel Cortes, que murió en la refriega.
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"El Turia es el río guerrillero por excelencia"

R. Montaner, Valencia"El Turia, y en menor medida el Cabriel, son los rios guerrilleros por excelencia", explica el historiador Salvador Fernández Cava. De ahí que la pérdida de la red de apoyo de Benagéber y el campamento de Valdesierra fuera un duro golpe para la AGLA, que se vio obligada a retirarse hacía los Montes Universales, precisamente donde nace el Turia.Las masivas detenciones de trabajadores del pantano y sus familias en la colonia de la presa, aunque desmantelaron la red que suministraba explosivos y ayuda a la guerrilla, no sirvieron para atrapar al responsable de la organización. El jefe era un capataz de las obrasFernández Cava explica que el jefe de la red de enlaces era un capataz de las obras del embalse, Olegario Cano Luján, natural de La Puebla del Salvador (Cuenca). "Logró escapar y se refugió en su pueblo, pero al ver que estaba poniendo en peligro a su familia huyo y fue delatado por un vecino". El historiador relata que el capataz murió en extrañas circunstancias en los calabozos de Minglanilla.La redada en la colonia del pantano, vigilada por tres cuarteles de la Guardia Civil porque había una cárcel con presos condenados a trabajos forzados en la presa, puso al descubierto la existencia entre los trabajadores "de todo un grupo anarquista organizado formado por 10 personas que recibían el órgano oficial de la CNT, "Fragua Social", a través de Chelva". Al menos la mitad de los 30 detenidos eran mujeres e hijas de los trabajadores.
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"La odisea fue larga y difícil"

El alcalde más longevo de la C. Valenciana fue torturado y encarcelado por apoyar a la guerrilla

Rafel Montaner, DomeñoEl socialista Vicente Madrid es, a sus 87 años, el alcalde más longevo de la Comunitat Valenciana. Al frente del Ayuntamiento de Domeño (688 habitantes) desde hace 25 años, pocos saben que este veterano luchador antifranquista sufrió en carne propia las palizas de la Guardia Civil y la cárcel, fue encerrado hasta tres veces en la Modelo de Valencia, por apoyar a los guerrilleros. "La odisea fue larga y difícil, entonces no se podía ni respirar. Mi familia había comprado todos los números para que no quedáramos ni uno... pero, por suerte, lo pudimos contar", explica con alivio. La primera de las cuatro veces que visitó la Modelo fue al acabar la Guerra Civil, en 1939, y lo hizo con toda la familia: Su hermano mayor, Rafael, y él, que tenía 18 años, que se habían ido voluntarios al frente, y su padre, estuvieron meses en prisión por rojos.A finales de la década de los años 40, Rafael, que pertenecía al PCE, "era el jefe de la organización comunista de Domeño y distribuía por la zona el periódico Mundo Obrero, el órgano oficial del partido en la clandestinidad", narra Vicente, que añade que también dirigía una red de enlaces que prestaba apoyo a la guerrilla. "Se comprometió a muerte con el maquis", apunta. Robar aceitunas para la guerrillaEse compromiso lo arrastró a él también. "Por la noche íbamos a robar aceitunas y con sacos de 40 kilos a cuestas recorríamos las montañas hasta una almazara en la que molíamos a escondidas aceite para la guerrilla". Con una memoria prodigiosa, Vicente relata que el 15 de agosto de 1946 tuvieron escondido a un guerrillero en su casa durante 11 días. "Bajaba con otro maquis a Valencia cuando los paró la Guardia Civil, a uno lo detuvieron, pero él pudo escapar". Una noche, a las tres de la mañana, lograron sacarlo por Tuéjar escondido entre la carga de esparto de un pequeño camión. "Hicimos una cueva dentro del esparto y lo metimos allí. Si nos hubieran pillado, nos habría pasado como a los 8 de Benagéber".Vicente conoce bien lo que pasó en Benagéber, pues su hermano estaba entonces en las filas de la guerrilla. "En enero de 1947, días después de la toma de Losa del Obispo, se echó al monte minutos antes de que llamaran a la puerta de su casa para detenerle". Tuvo la fortuna de que los policías de paisano que llegaron a Domeño con metralletas ocultas bajo las gabardinas le preguntasen precisamente a él por la casa del alcalde. "Rafael se dio cuenta de que aquellos venían a por él y se incorporó al maquis, a un campamento que tenían en el barranco de los Diablos, e Domeño". Vicente y su cuñada, que tenía una niña pequeña, no tuvieron tanta suerte y acabaron en la modelo por ser hermano y mujer de guerrillero. Vicente explica que su hermano participó en el control de carretera que desencadenó los sucesos de Benagéber y estaba entre los que huyeron de Valdesierra. "Andábamos de noche y dormíamos de de día, me decía". Fichado por ser hermano de maquisLuego, la organización clandestina del PCE le ayudó a escapar a Francia. "No volvió hasta que murió Franco, 30 años después", destaca Vicente, quien fichado como hermano de maquis comenzó a ser una víctima asidua de las redadas de la Guardia Civil. En una de ellas, uno de sus compañeros fue detenido por una contrapartida, operaciones en las que las fuerzas de seguridad se disfrazaban de guerrilleros y pedían ayuda a la gente a cambio dinero o bajo amenaza. Estas contrapartidas aterrorizaron a la población de Los Serranos con palizas, detenciones y asesinatos nunca esclarecidos. "Cayó en la trampa, lo torturaron y me denunció", dice sin ningún rencor.En una de estas detenciones le dieron una paliza con una verga. "No conté los vergazos que me dieron porque ya tenía bastante con gritar y maldecir". Añade que la gente ya sabía lo que le esperaba cada vez que la Guardia Civil se los llevaba, hasta el punto que "hubo un hombre que se ató una piel de cordero al cuerpo debajo de la camisa para aguantar los golpes, y no se dieron cuenta". Una pistola en la cabezaEn la cárcel de Chelva, donde uno de los guardianes "se jactaba de mear en el botijo en el que nos daba de beber", vio de cerca la muerte. Un capitán de la Guardia Civil le apuntó a la cabeza por ayudar a escapar a un preso. "Yo lo negaba, a pesar de que era verdad", dice con una sonrisa de niño pillo.Los que no tuvieron tanta suerte fueron el juez de paz de Domeño y su hijo, a quienes la guerrilla asesinó el 11 de julio de 1949. Les acusaban de delatar a un guerrillero que fue abatido por la Guardia Civil. "A los 20 minutos de descubrirse los cuerpos ya tenía a los agentes en casa". Lo detuvieron e interrogaron, "pero me dejaron libre al descubrir que el juez llevaba escondida en la faja una nota que decía "Así pagan los guerrilleros de Levante a los traidores"". El día del entierro, "ni una mosca se oía en Domeño, el pueblo estaba lleno de guardias... Que días, que momentos!", recuerda con tristeza.
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"La falta de cultura de aquella Guardia Civil me salvó la vida"

Uno de los peores momentos de la vida de Vicente Madrid fue cuando se encontró rodeado por guardias civiles que le encañonaban con sus fusiles. Fue una fría madrugada de diciembre de 1946, cuando él y su hermano, que eran carniceros fueron a casa de un pastor de Benagéber para comprarle ganado. Una patrulla dirigida por un sargento del Grupo Móvil de Tuéjar siguió sus huellas en la nieve y asaltó la casa del pastor. "Yo llevaba encima un ejemplar de "El Príncipe" de Maquiavelo, y el guardia que me cacheó me preguntó que era aquel libro. "Una novelica", le dije". El agente se lo devolvió sin darse cuenta que entre sus hojas había escondido un ejemplar del periódico "Mundo Obrero" con la hoz y el martillo y la leyenda "¡Proletarios de todos los países uníos". "La falta de cultura de aquella Guardia Civil me salvó la vida", relata Vicente. Los guardias, tras comprobar que efectivamente estaban comprando ganado, se autoinvitaron a almorzar y el sargento acabó ejerciendo de mediador entre el pastor y el hermano de Vicente en la compra de un cerdo. "Aquel hombre no sabía que el gorrino entero, morcillas incluidas, se lo acabaron comiendo los guerrilleros", cuenta Vicente con una sonrisa de oreja a oreja.
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Viñeta.

Fuente: http://blogs.nortecastilla.es/vicentealvarez/posts

Comunicado IR.

Fuente: http://www.izqrepublicana.es/

Comunicado de prensa

IZQUIERDA REPUBLICANA ESTIMA QUE GARZÓN DEBE DECLARARSE COMPETENTE EN LA DENUNCIA POR DESAPARECIDOS DEL FRANQUISMO

Su petición de censos y datos a instituciones demuestra la inoperancia de la Ley de Memoria Histórica y de la Comisión Interministerial de atención a las víctimas del franquismo
Ante la petición de información sobre fusilados y desaparecidos a diversas instituciones y entidades oficiales y privadas (entre ellas, la Conferencia Episcopal católica) que ha realizado el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, para decidir si es competente para investigar esos hechos denunciados por ocho asociaciones de familiares de desaparecidos por el franquismo, Izquierda Republicana considera que el juez dispone ya de los elementos suficientes para declararse competente, y que debe declarar que lo es.

Por un lado, la denuncia presentada hace más de un año incluye suficiente información sobre lo solicitado, y por otro lado, más importante, que las cuestiones de procedimiento jurídico para declararse competente son dominadas perfectamente por un juez que ha instruido los casos de los desaparecidos españoles en las dictaduras chilena y argentina de los años setenta y que se ha documentado ampliamente en el tiempo transcurrido desde la denuncia.

La petición de datos que el juez realiza ante el Archivo General de la Administración, el Ministerio de Justicia, el Centro Documental de la Memoria Histórica, los Ayuntamientos de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba y a los monjes que dirigen el mausoleo del Valle de los Caídos en Madrid, así como al órgano máximo de la iglesia Católica española y a otras entidades, demuestra, para Izquierda Republicana, la vacuidad e inoperancia tanto de la Comisión Interministerial para la atención a las víctimas del franquismo, de 2005, como de la ley de Memoria Histórica, y de un Gobierno que no quiere dar a las víctimas del franquismo la consideración jurídica de tales, de acuerdo a los estándares jurídicos que España ha refrendado, como son el Tribunal de Derechos Humanos europeo, el Tribunal Penal Internacional o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que destacar el hecho significativo de que la Fiscalía General del Estado, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se opone a que se admita la denuncia presentada ante Garzón.

Ese reconocimiento implicaría una lucha efectiva contra la impunidad judicial que hasta ahora ha existido en España, donde, por ejemplo, los tribunales militares siguen rechazando la reapertura de casos tan famosos como el de Julián Grimau porque estiman legítima la legislación franquista. Debería seguirse el ejemplo de países como Alemania o Japón, con dictaduras similares a la nuestra en su persecución de la democracia y sus defensores, con recientes condenas e indemnizaciones millonarias a las empresas y entidades que tuvieron esclavos laborales y esclavas sexuales, respectivamente, durante el nazismo y el emperador Hirohito.

PRECEDENTE RECIENTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Izquierda Republicana considera que el juez Garzón debe declararse competente en este caso u otros similares siguiendo el precedente que la propia Audiencia Nacional ha sentado el pasado 17 de julio, cuando el Juzgado de Instrucción número dos de la Audiencia hizo público el auto de admisión a trámite de la querella formulada por familiares y víctimas españolas en los campos de concentración nazis de Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbürg, ciudadanos que llegan por primera vez en 60 años a los estrados de la justicia del Estado español que, hasta la fecha, les ha desconocido como tales víctimas y, en la mayoría de los casos, ni siquiera les ha devuelto la nacionalidad española.

3 de septiembre de 2008Secretaría de Comunicación de Izquierda Republicana

"Sólo sabiendo la verdad se puede pasar página"

Exhumación en Izagre (León)- NORBERTO CABEZAS

Fuente: El País.

"Sólo sabiendo la verdad se puede pasar página"

NATALIA JUNQUERA

Los historiadores valoran la "compleja pero necesaria" investigación de Garzón.

Durante los últimos 25 años han elaborado el único censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo que existe: parcial, incompleto, realizado provincia a provincia, archivo por archivo, y con muchos obstáculos por parte de sus custodios. EL PAÍS ha preguntado a esos historiadores sobre la iniciativa del juez Baltasar Garzón. Coinciden en que es una tarea difícil, pero necesaria, que podría prolongarse años.

- Paul Preston. Necesari0 para la reconciliación. Está gratamente sorprendido por la iniciativa del juez aunque lamenta que llegue "tan tarde". "Ha sido un ejército de historiadores aficionados el que se ha dedicado a elaborar esos censos, lo cual es maravilloso por una parte y vergonzante por otra. Ya es hora de que el Estado asuma ese trabajo. El olvido no es la reconciliación. Para que se reduzca la crispación política se tiene que saber la verdad de lo que pasó. Sólo sabiendo eso se puede pasar la página".

Opina que hay "enormes dificultades" para complacer a Garzón porque pide "información muy difícil de conseguir, incompleta y desigual en todo el territorio. Incluso aunque fuera posible sufragar equipos en cada provincia, elaborar ese censo de nombres llevaría varios años", pero está convencido de que "merece la pena intentarlo". "Ojalá sirva para provocar la vergüenza de los que utilizan su poder para no abrir archivos". Preguntado por hasta dónde cree que puede llegar la investigación, responde: "Pedir responsabilidades penales no está en la mente de las asociaciones, ni creo en la de Garzón, porque la mayoría de los verdugos han muerto y porque plantearía muchos problemas jurídicos al entrar en conflicto con la Ley de Amnistía de 1977".

- Julián Casanova. Retribución moral. Para este catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, la iniciativa de Garzón es "la búsqueda de la verdad sobre un pasado oculto durante décadas" y una fórmula para "reparar una injusticia histórica" que deberían haber resuelto "mucho antes" los poderes políticos. Opina que "va a ser imposible" conseguir un censo completo de desaparecidos, pero cree que la petición del juez abre la posibilidad a que las instituciones que hasta ahora no han colaborado en las investigaciones, como la Iglesia, empiecen a hacerlo. Cree que debería crearse una Comisión Nacional sobre desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura que se dedique a "reunir la información ya elaborada y organizar una agenda de investigación sobre los hechos todavía inexplorados" y opina que en España, al contrario que en Argentina - "caso paradigmático para estudiar el tema de los desaparecidos"- más de 30 años después de la muerte de Franco, lo que se pide "no es justicia punitiva, de castigo a los culpables, sino una justicia correctiva, de retribución moral y política a las víctimas y sus familiares", algo que "ya se hizo después de la Guerra Civil con todos los asesinados del bando republicano".

- José Álvarez Junco. Fin a la hipocresía. Cree que la iniciativa de Garzón es precisamente lo que pretendía la Ley de Memoria, es decir, "colaborar con los descendientes de las víctimas y con las asociaciones interesadas en la localización, exhumación e identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil", pero la apoya. "Que jueces españoles, en aplicación del principio de jurisdicción universal, estuvieran encausando a ex dictadores o torturadores de otros países lejanos y no hicieran nada en relación con España, parecía contradictorio y hasta hipócrita". Y considera "especialmente importante" que los responsables de los archivos se vean "en la obligación de proporcionar los datos en su poder" después de que los historiadores hayan tropezado a veces "con la mala fe" de quienes tienen a cargo esos fondos y otras veces con la "precariedad y la mala organización" de los mismos.

El catedrático de Historia en la Universidad Complutense cree posible que "aunque se investigue todo lo investigable", buena parte de los "cerca de 30.000 cadáveres que se supone están fuera de cementerios" nunca se encuentre y considera "imposible" que Garzón llegue a pedir responsabilidades penales. "De lo que se trata", explica, es de "dar una reparación moral a los descendientes de las víctimas, reconocer públicamente que aquello fue injusto, y que sus antepasados fueron personas dignas que sufrieron una suerte que no merecían".

- Borja de Riquer. Un proceso político. "No creo en un proceso de este tipo en el ámbito judicial, pero sí en el político y además me parece lamentable que aún no se haya hecho. Garzón está supliendo una carencia del poder político", explica este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cree que lo que pide Garzón corresponde a "la aplicación estricta de la Ley de Memoria" y coincide con sus colegas en las "dificultades técnicas" para elaborar el censo, que podría llevar "un par de años". Para él, la postura del juez podría servir para indagar en archivos menos accesibles hasta ahora, como los que afectan a las fuerzas de orden público.

- Sisinio Pérez Garzón. Empuje final. "Es una iniciativa para empujar el cierre de heridas aún existentes y me parece bien que se haga a través de los jueces, un poder independiente". "Va a ser difícil, pero es necesario".