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Guerra dice que Garzón se hace publicidad con el caso del ...
Guerra dice que Garzón se hace publicidad con el caso del franquismo y la Guerra Civil
Los restos hallados en el pozo del Llano de las Brujas, en Arucas, podrían ser de más de diez desaparecidos durante el franquismoç
21-11-2008
AGENCIAS MADRID-LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y ex vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, calificó ayer la actuación del juez Baltasar Garzón con respecto a la excavación de fosas con represaliados de la Guerra Civil como una "operación propagandística" y recordó que "los jueces no pueden ir por libre". "El fondo de la cuestión" es que los familiares tienen "derecho humano, cristiano -si son cristianos- y político" a llevar esos restos a un cementerio. "Pero de ahí a pasar a operaciones más propagandísticas...", dijo. Las víctimas de Arucas. En tanto, los restos humanos hallados en el interior del pozo del Llano de las Brujas de Arucas (Gran Canaria), uno de los llamados Pozos del Olvido de la Guerra Civil, donde se buscan cadáveres de desaparecidos de la represión franquista en la isla de Gran Canaria, son ya de diez personas y se espera encontrar más.
De los restos hallados se deduce que la mayoría de las víctimas se encontraban boca abajo y al menos tres boca arriba, según el Ayuntamiento de Arucas, que mantiene que "por la disposición y colocación" de los cadáveres "se sospecha que pueden hallarse más restos pertenecientes a otros individuos".
Los restos encontrados allí presentan numerosas fracturas en los fémures y pelvis, hecho que los arqueólogos atribuyen a la caída en dicha fosa, "así como al aplastamiento producido por los sacos de cal y la caída de piedras".
Los llamados Pozos del Olvido son los cuatro pozos (Puente del Barranco, Llano de las Brujas, Puente del Barranco de Tenoya y Vuelta de El Francés) situados en el municipio grancanario de Arucas.
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sábado 22 de noviembre de 2008
El Foro de Salamanca confía en el "buen hacer" de los jueces para que sigan con la exhumación de fosas
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Memoria.-El Foro de Salamanca confía en el "buen hacer" de los ...Europa Press -
El Foro de Salamanca confía en el "buen hacer" de los jueces para que sigan con la exhumación de fosas
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La Generalitat identifica 179 fosas comunes de la Guerra Civil y 2.171 desaparecidos (04/04/2008)
Memoria.- Familiares de vecinos de Arándiga (Zaragoza) asesinados en 1936 les rendirán un homenaje el próximo sábado (11/11/2008)
Bedera (PSOE) cree que Garzón es "un gran juez" pero sin competencias en los desaparecidos de la Guerra Civil (31/10/2008)
Memoria.- Asociaciones valencianas pedirán una audiencia al juez Garzón y ampliar las investigaciones a cinco fosas más (12/11/2008)
Memoria-Gibson dice que Garzón ha dado conocimiento internacional a la causa y no descarta la implicación de Estrasburgo (20/11/2008)
SALAMANCA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Foro por la Memoria de Salamanca hizo hoy un llamamiento al "buen hacer y a la profesionalidad" de los jueces y juezas de la provincia para que pongan los medios necesarios y puedan ser exhumadas las fosas existentes en ella, donde, tal y como apunta, es probable que la cifra de 650 represaliados del franquismo dada por el juez Baltasar Garzón termine siendo más del doble.
El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press,instó a los juzgados de instrucción de Ciudad Rodrigo a que intervengan en la exhumación de las fosas de El Rebollar y de otras que hubiera en la zona, donde aún yacen los restos de cientos de asesinados en terraplenes, montes y fosas "que debieran tener un entierro digno".
Además esta asociación lamentó que Garzón haya desistido de continuar con el procedimiento aunque, por otra parte, valoró el proceso de instrucción iniciado porque, a su juicio, han crecido las expectativas de familiares y víctimas y porque "ha elevado la concienciación de la ciudadanía no sólo con el avance en la exhumación de cadáveres de personas que fueron represaliadas durante el franquismo sino con el reconocimiento, de una vez por todas, de que el franquismo no fue más que el producto de un genocidio llevado a cabo por los generales golpistas y quienes les apoyaban".
Por último, el Foro por la Memoria de Salamanca criticó las presiones a que se ha visto sometido Garzón por parte de las más altas instancias del Estado y por la actitud de un PSOE y de un Gobierno que "han dado la espalda a miles de personas que fueron torturadas y asesinadas por defender la libertad".
Este proceso, iniciado por decenas de asociaciones de recuperación de la memoria e impulsada por ha sido consecuencia, tal y como estima el colectivo, de una mala Ley de la Memoria que no permite que sea el Estado, a través de una dotación suficiente de medios económicos y humanos, quien se haga responsable de las exhumaciones sino que lo deja en manos de víctimas, familiares y asociaciones, "lo cual dificulta la posibilidad de dignificar la memoria de miles de personas anónimas enterradas en los lugares en que fueron ejecutados por defender la democracia y luchar contra el totalitarismo".
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El PP de Toledo califica como "sesgado y sectario" el discurso de IU sobre la retirada de la Medalla de Oro a Franco.
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Perezagua cree que la moción de IU para retirar la Medalla de Oro a Franco debería haberse producido mediante consenso (20/11/2008)
Rosa Díez se confiesa: "Soy una mujer muy positiva y vitalista:siempre le encuentro el lado bueno a las cosas" (14/07/2008)
(Ampl.)Aznar rechaza el "tacticismo" en política y recomienda "convicción" en los propios principios y generar confianza (19/05/2008)
TOLEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Grupo Municipal Popular de Toledo, Paloma Barredo, aseguró hoy que el discurso del portavoz de IU en el pleno del Ayuntamiento de Toledo sobre la propuestas de retirar a Franco la Medalla de Oro de la Ciudad "no buscaba el acuerdo" y fue "sesgado y sectario".
En este sentido, Barredo recordó al Partido Socialista que el Ayuntamiento de LLanes (Asturias), donde gobierna el PSOE, se ha negado en tres ocasiones a debatir este asunto. A lo que añadió que el PP defiende "lo que se acordó en la transición", según informó el Partido Popular en nota de prensa.
La edil insistió en que el acuerdo que se alcanzó en la Transición lo hicieron los partidos democráticos y los representantes de esos partidos democráticos "que llegaron a la conclusión de que era la mejor manera de cerrar una etapa tan dura y dolorosa como la guerra civil, lo que supuso un grandísimo esfuerzo que no merece la pena romper ahora", argumentó.
De otro lado, valoró el rechazo de PSOE e IU a la propuesta del PP sobre 'Adhesión al Manifiesto por la Lengua Común', asegurando que "tal como están las cosas en empleo, cualquier español que se presente a unas oposiciones en Cataluña o Galicia no esta en igualdad de condiciones, ¿esto no es importante para PSOE e IU?", manifestó.
VIOLENCIA DE GÉNERO
Barredo destacó también "la incongruencia del equipo de Gobierno" con la propuesta del PP sobre la violencia de género, que no pudo debatirse porque PSOE e IU votaron en contra de la urgencia. Así, afirmó que "precisamente hoy, después de once meses cerrado, abren el Centro de la Mujer", y se preguntó "si esta es la apuesta que hacemos en Toledo contra la violencia de género".
Asimismo, cuestionó si alguno de los grupos votaría en contra de dedicar los recursos económicos "necesarios e imprescindibles" para el desarrollo de la Ley, o si "alguien podría dudar que hace falta que se incremente el numero de policías dedicados a la protección de estas mujeres". "Están aumentando las muertes y está claro que no funciona nuestro criterio de valoración del riesgo, pero de eso no se quiso hablar", añadió.
Finalmente, Barredo consideró "imprescindible" empezar por la búsqueda de medidas que solucionen el mal funcionamiento de esta Ley, ya que "inaugurar centros no es lo más acertado si al mismo tiempo se niega el debate en el pleno del Ayuntamiento de Toledo", concluyó.
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La edil insistió en que el acuerdo que se alcanzó en la Transición lo hicieron los partidos democráticos y los representantes de esos partidos democráticos "que llegaron a la conclusión de que era la mejor manera de cerrar una etapa tan dura y dolorosa como la guerra civil, lo que supuso un grandísimo esfuerzo que no merece la pena romper ahora", argumentó.
De otro lado, valoró el rechazo de PSOE e IU a la propuesta del PP sobre 'Adhesión al Manifiesto por la Lengua Común', asegurando que "tal como están las cosas en empleo, cualquier español que se presente a unas oposiciones en Cataluña o Galicia no esta en igualdad de condiciones, ¿esto no es importante para PSOE e IU?", manifestó.
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Asimismo, cuestionó si alguno de los grupos votaría en contra de dedicar los recursos económicos "necesarios e imprescindibles" para el desarrollo de la Ley, o si "alguien podría dudar que hace falta que se incremente el numero de policías dedicados a la protección de estas mujeres". "Están aumentando las muertes y está claro que no funciona nuestro criterio de valoración del riesgo, pero de eso no se quiso hablar", añadió.
Finalmente, Barredo consideró "imprescindible" empezar por la búsqueda de medidas que solucionen el mal funcionamiento de esta Ley, ya que "inaugurar centros no es lo más acertado si al mismo tiempo se niega el debate en el pleno del Ayuntamiento de Toledo", concluyó.
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Razones para una Ley
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Razones para una Ley
TRIBUNA
ESTEBAN ÁLVAREZ FRESNO
ESTAMOS asistiendo en estos últimos días a distintos tipos de turbulencias en el devenir de la Ley de Memoria Histórica, a raíz de la paralización temporal de la exhumación de las 25 fosas comunes de la guerra civil y el franquismo ordenada por el juez Baltasar Garzón. Entendemos por memoria histórica el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado. Y en la citada ley se reconocen y amplían derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Son ya pocos los que vivieron la tragedia de la guerra civil, pero la inmensa mayoría de los ciudadanos vemos en la guerra civil una especie de punto de corte, de escisión en la historia de España que ha imposibilitado en gran parte un sentimiento de verdadera unidad, y de pertenencia a una historia y a una misma nación. Son múltiples las razones que han impulsado esta ley: deuda histórica, superación de una etapa de nuestra historia, reconocimiento a las víctimas, etcétera. Me quiero extender aquí en una razón que me parece fundamental para la salud mental individual y social, y que es la de que esta ley posibilita la vivencia de un duelo que ha sido diferido durante muchas décadas, y que ya va siendo hora de afrontar. Llamamos duelo al proceso por el que una persona que ha perdido algo importante para ella, (como algún ser querido), se adapta y se dispone a vivir sin ello. Durante el periodo de la guerra civil se produjo una pérdida de la seguridad básica, tanto en el mundo interno de cada persona, que estaba en un estado de hiperalerta, como en el externo, dada la situación bélica y de conflicto, con unas relaciones sociales muy deterioradas. Uno de los aspectos fundamentales de la ley de memoria histórica fue el de las fosas comunes. En ella se dice que el Estado ayudará a la localización, identificación y eventual exhumación de las víctimas de la represión franquista cuyos cadáveres se encuentren aún desaparecidos, a menudo enterrados en fosas comunes. De lo que se trata es que todas las familias que tienen muertos de la guerra civil, fueran del bando republicano o del nacional, puedan realizar el ritual del duelo. Y para ello han de realizar una serie de tareas, siendo la primera la de constatación de la pérdida ( el cadáver). En nuestra cultura se realizan una serie de tareas, (rituales) para ayudar a la familia en duelo como es velar el cadáver, la celebración de un funeral de cuerpo presente del difunto, dar el pésame a los familiares, depositar algún símbolo en la fosa al ser cubierto de tierra, y posteriormente visitar y llevar flores a las tumbas. Tras estas ceremonias, hasta la reglamentación laboral proporciona un tiempo a los familiares más directos para hacerse a la idea de la pérdida. Durante la guerra civil española esta tarea quedó en suspenso, quedó pendiente, no se pudo llevar a cabo al no darse las mínimas condiciones de seguridad en ese tiempo. Miles de cadáveres fueron enterrados en fosas comunes, arrojados en zanjas o en cunetas como a perros, y privando a la familia y en general a la comunidad al derecho a honrar a sus muertos y a integrar este hecho en su historia de vida, al no darse el proceso de elaboración que supone el duelo por no haber dado tiempo para el mismo. Entonces, ¿por qué molesta a muchos el derecho legítimo de enterrar dignamente a sus muertos?, ¿qué es lo que les molesta realmente?. Facilitar esta tarea supone proveer un entorno seguro para considerar la pérdida, con un total apoyo institucional a nivel estatal, autonómico y local, y también judicial y administrativo, realizar algo semejante a un rito en el que se pueda dar existencia social con exhumación de las fosas comunes y enterramiento individual donde los familiares puedan nombrar al difunto. Esto les permitirá experimentar emociones y afectos sinceros, desde la tristeza a la rabia, en vez de la ambivalencia y la culpa que hasta ahora han sentido por lo que han considerado un comportamiento cobarde, como es el no haber enterrado a sus familiares muertos durante la guerra de una forma digna. En definitiva de lo que se trata es que los familiares de las víctimas de esa etapa tan traumática de nuestra historia puedan construir un mundo que tenga sentido para ellos, ya es hora. Y que el odio, la rabia, el rencor con el que de alguna forma han vivido, quede anulado en la expresión del duelo, y que podamos vivir todos en esta España libre de las ataduras invisibles que supuso pasar por una guerra fratricida y una dictadura.
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Recuperan los restos de 2.500 fusilados en las fosas de San Rafael
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Recuperan los restos de 2.500 fusilados en las fosas de San Rafael
La cifra total de represaliados que yacen en la zona podría elevarse en los próximos meses. La asociación dispone ya de más de 4.500 nombres de republicanos ejecutados en el antiguo camposanto entre 1937 y 1954
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA
La exhumación de las fosas comunes del antiguo cementerio de San Rafael, promovida por la Asociación contra el Silencio y el Olvido, por la Memoria Histórica, ya ha sacado a la luz los restos de 2.500 personas ejecutadas durante la Guerra Civil y las primeras décadas del franquismo.
La cifra, que podría aumentar en los próximos meses, ratifica las conjeturas de los especialistas, que desde hace años, señalan al camposanto como el mayor punto de exterminio del país, por encima, incluso, de los situados en las inmediaciones de las zonas de batalla.Los trabajos, que comenzaron en octubre de 2006, se han centrado, por el momento, en ocho fosas, situadas en la parcela de San Francisco, un enclave en el que únicamente constaba la presencia de dos, datadas al principio de la contienda. Actualmente, los expertos, asistidos por un grupo de voluntarios, escrutan otro nicho en el Patio Civil, por lo que, aún restaría excavar la mitad de las fosas documentadas, que se elevan a dieciocho. Francisco Espinosa, investigador del colectivo, asevera que el trabajo de campo podría concluir a mediados del año que viene, aunque se muestra cauteloso, dado el elevado número de sorpresas que han deparado las excavaciones.
Sin ir más lejos, la información recabada por la asociación alude a la existencia de una treintena de fosas, si bien doce de ellas no corresponden a fusilamientos masivos. "Después de los primeros años de posguerra, las ejecuciones eran, a lo sumo, de diez en diez, por lo que éstas serán pequeños nichos", reseña el experto.Al margen de la especulación permanece la abultada cifra de asesinatos cometidos en el cementerio. El colectivo dispone ya de los nombres de un total de 4.530 personas sepultadas, al menos en primera instancia, en San Rafael. Un número que supera ampliamente las premisas que se manejaban en los primeros meses de trabajo, que hablaban de poco más de tres mil cadáveres.
De los cuerpos extraídos hasta el momento, destaca la preponderancia de muertos que no superaban los cuarenta años, además de un centenar de mujeres y casos especialmente difíciles de asimilar, como el de una joven en avanzado estado de gestación o el de más de medio centenar de bebés. No obstante, la presencia de estos últimos no corresponde a disparos, sino a la inhumación de hijos de republicanos fallecidos por hambruna o epidemia.
Las fosas abiertas en San Francisco se remontan a las ejecuciones de 1937 y los primeros años de la posguerra. Su estructura, recuerda Espinosa, estaba dividida en capas separadas por ingentes cantidades de cal, una sustancia utilizada para facilitar la fragmentación de los huesos. La disposición de los cadáveres, arbitraria y diversa, arrojó nuevos datos sobre algunos de los fusilamientos, que se produjeron junto al talud del nicho y sin atender a ordenaciones posteriores en la fosa. "Parece por la separación que la parcela acoge a víctimas de diferentes épocas", puntualiza Espinosa. Las excavaciones prosiguen.
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¿Víctimas de Málaga en el Valle de los Caídos?
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Para pasar página, primero hay que leerla
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http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-del-franquismo/firma-el-manifiesto/
Para pasar página, primero hay que leerla
Ante los acontecimientos de los últimos días, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo, tal y como establece la normativa internacional, Amnistía Internacional les insta a proteger los derechos de las víctimas sin más dilación.
Amnistía Internacional ha remitido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, que pide al Estado español garantizar una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Las primeras 40 adhesiones de expertos juristas, a las que se sumarán más en los próximos días, incluyen a José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y Magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, Fiscal General de Buenos Aires; Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; y Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet; entre otros muchos (ver listado completo).
¡Tú también puedes adherirte al Manifiesto!
¡Actúa!
Rellena tus datos para que enviemos un mensaje en tu nombre ( leer ) al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero.
Manifiesto de Amnistía Internacional
Para pasar página, primero hay que leerla
Los firmantes del presente manifiesto nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
- España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
- Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.
- De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria.
- El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
- No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
- En la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.
(Para firmarlo hay que ir a la página de AI cuyo enlace està arriba).
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http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-del-franquismo/firma-el-manifiesto/
Para pasar página, primero hay que leerla
Ante los acontecimientos de los últimos días, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo, tal y como establece la normativa internacional, Amnistía Internacional les insta a proteger los derechos de las víctimas sin más dilación.
Amnistía Internacional ha remitido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, que pide al Estado español garantizar una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Las primeras 40 adhesiones de expertos juristas, a las que se sumarán más en los próximos días, incluyen a José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y Magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, Fiscal General de Buenos Aires; Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; y Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet; entre otros muchos (ver listado completo).
¡Tú también puedes adherirte al Manifiesto!
¡Actúa!
Rellena tus datos para que enviemos un mensaje en tu nombre ( leer ) al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero.
Manifiesto de Amnistía Internacional
Para pasar página, primero hay que leerla
Los firmantes del presente manifiesto nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
- España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
- Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.
- De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria.
- El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
- No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
- En la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.
(Para firmarlo hay que ir a la página de AI cuyo enlace està arriba).
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Ian Gibson afirma que Garzón ha dado "conocimiento internacional" y una posible implicación de Estrasburgo
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Memoria.- Ian Gibson afirma que Garzón ha dado "conocimiento ...
Ian Gibson afirma que Garzón ha dado "conocimiento internacional" y una posible implicación de Estrasburgo
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Memoria.- Ian Gibson afirma que Garzón ha dado "conocimiento internacional" y una posible implicación de Estrasburgo (20/11/2008)
Memoria-Gibson dice que Garzón ha dado conocimiento internacional a la causa y no descarta la implicación de Estrasburgo (20/11/2008)
El hispanista Ian Gibson ofrece mañana en Badajoz una conferencia sobre "Lorca y la Memoria Histórica" (19/11/2008)
Granada.-Memoria.- Laura García Lorca muestra su "temor" a que la apertura de la fosa del poeta sea un "espectáculo" (18/09/2008)
Expo 2008.- Ian Gibson dice que si Lorca viviera, sería de Greenpeace, un activista a favor del medio ambiente (12/07/2008)
Para el hispanista el juez ha llevado a cabo una "estrategia" sabiendo "desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra"
BADAJOZ, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El historiador y biógrafo irlandés Ian Gibson aseguró esta tarde en Badajoz que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha conseguido "que sus autos" sobre la apertura de fosas y la Memoria Histórica española "sean conocidos internacionalmente a través de la red, lo que puede llevar a una posible implicación del Tribunal de Derechos Humanos de Europa", en alusión al de Estrasburgo.
Gibson señaló que Garzón "es un hombre muy inteligente" que ha "llevado a cabo una estrategia en la que conocía desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra de su pretensión y que tenía pocas posibilidades de salir a delante, pero ha conseguido que se conozca alrededor del mundo".
Para el historiador experto en la figura de Lorca el último auto de Garzón "es uno de los textos más apasionantes sobre la historia de la Guerra, un texto brillante y atroz sobre los niños de la Guerra, la experimentación de presos un auto histórico y fundamental" para el conocimiento de la contienda Civil española.
Ian Gibson dijo que ahora "se conoce a nivel mundial el genocidio que hubo" en España, y consideró que el envió de la tramitación judicial a los juzgados territoriales "no es el final y Garzón ha hecho sabiendo perfectamente lo que hace antes de que le declaren incompetente y llegue" al resto de juzgados.
FAMILIA DE LORCA
Gibson hizo estas declaraciones en el transcurso de un encuentro con los medios de comunicación, momentos antes de ofrecer en Badajoz una conferencia bajo el título 'Lorca y la Memoria Histórica', promovida por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, y motivada por los actos organizados en torno al premio "Arturo Barea" en su octava edición.
En este contexto fue preguntado por su conocimiento sobre la postura de la familia de Lorca en referencia a la exhumación de su cadáver, indicando él que sus seis herederos han sido una "piña oponiéndose" a la apertura de la fosa donde se supone descansa el poeta tras su fusilamiento.
Así, el hispanista indicó que parece que en estos momentos "ha habido una escisión en el seno de la familia entre los que piensan que se trata de una profanación y entre los que respetan la decisión judicial aunque no estén a favor".
Para Ian Gibson es necesario "abrir la fosa para conocer si hubo torturas previas, y por que no es de justicia que el poeta más aclamado y conocido de España esté tirado en la cuneta como un perro", lo cual "es una vergüenza para este país", y por que puede haber "restos que ayuden a saber cómo fue" su muerte, ya que dijo estar "convencido de que Lorca fue machacado antes de morir".
Gibson consideró a Lorca el "mejor embajador de España y representante del milagro cultural del Madrid de los años 20, bastante libre durante la dictablanda del Primo de Rivera y antes de la dictadura de Franco con el exilio, los fusilados y la diáspora".
OPOSICIÓN A LA MEMORIA HISTÓRICA
Para cerrar su encuentro con la prensa pacense fue preguntado por su opinión sobre la oposición hacia la Memoria Histórica y la apertura de fosas, aspecto en el que aseguró que "la derecha española no quiera que se sepa la verdad", una actitud que dijo "entender" porque se está "hablando de una masacre de 50.000 fusilados como venganza atroz durante la posguerra".
Quiso dejar claro que lo "más terrible ocurrió en la posguerra, distinto a la retaguardia de ambos bandos durante la guerra, donde hubo gente ruin en los dos y el sadismo es un hecho".
Ian Gibson añadió que "todo esto es muy desagradable, pero hay que contarlo, y si Esperanza Aguirre sale cada día diciendo que ellos no son franquistas y, de acuerdo, no son responsables de nada, pero vienen de ahí y tiene al presidente que tienen, que tiene las manos con algunas manchas de sangre y firmó sentencias de muerte", en referencia a Manuel Fraga. Por todo ello, para Gibson "sería muy preferible que esto se olvidara y las heridas solo se cerrarán cuando el Estado haga su trabajo que no lo está haciendo".
Ian Gibson, nacido en Dublín en 1939 y nacionalizado español, es conocido por sus trabajos biográficos sobre Federico García Lorca, Salvador Dalí y Antonio Machado y, además, se ha dedicado al estudio de la historia reciente de España, especialmente a los periodos de la Segunda República y al Guerra Civil españolas.
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Para el hispanista el juez ha llevado a cabo una "estrategia" sabiendo "desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra"
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El historiador y biógrafo irlandés Ian Gibson aseguró esta tarde en Badajoz que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha conseguido "que sus autos" sobre la apertura de fosas y la Memoria Histórica española "sean conocidos internacionalmente a través de la red, lo que puede llevar a una posible implicación del Tribunal de Derechos Humanos de Europa", en alusión al de Estrasburgo.
Gibson señaló que Garzón "es un hombre muy inteligente" que ha "llevado a cabo una estrategia en la que conocía desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra de su pretensión y que tenía pocas posibilidades de salir a delante, pero ha conseguido que se conozca alrededor del mundo".
Para el historiador experto en la figura de Lorca el último auto de Garzón "es uno de los textos más apasionantes sobre la historia de la Guerra, un texto brillante y atroz sobre los niños de la Guerra, la experimentación de presos un auto histórico y fundamental" para el conocimiento de la contienda Civil española.
Ian Gibson dijo que ahora "se conoce a nivel mundial el genocidio que hubo" en España, y consideró que el envió de la tramitación judicial a los juzgados territoriales "no es el final y Garzón ha hecho sabiendo perfectamente lo que hace antes de que le declaren incompetente y llegue" al resto de juzgados.
FAMILIA DE LORCA
Gibson hizo estas declaraciones en el transcurso de un encuentro con los medios de comunicación, momentos antes de ofrecer en Badajoz una conferencia bajo el título 'Lorca y la Memoria Histórica', promovida por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz, y motivada por los actos organizados en torno al premio "Arturo Barea" en su octava edición.
En este contexto fue preguntado por su conocimiento sobre la postura de la familia de Lorca en referencia a la exhumación de su cadáver, indicando él que sus seis herederos han sido una "piña oponiéndose" a la apertura de la fosa donde se supone descansa el poeta tras su fusilamiento.
Así, el hispanista indicó que parece que en estos momentos "ha habido una escisión en el seno de la familia entre los que piensan que se trata de una profanación y entre los que respetan la decisión judicial aunque no estén a favor".
Para Ian Gibson es necesario "abrir la fosa para conocer si hubo torturas previas, y por que no es de justicia que el poeta más aclamado y conocido de España esté tirado en la cuneta como un perro", lo cual "es una vergüenza para este país", y por que puede haber "restos que ayuden a saber cómo fue" su muerte, ya que dijo estar "convencido de que Lorca fue machacado antes de morir".
Gibson consideró a Lorca el "mejor embajador de España y representante del milagro cultural del Madrid de los años 20, bastante libre durante la dictablanda del Primo de Rivera y antes de la dictadura de Franco con el exilio, los fusilados y la diáspora".
OPOSICIÓN A LA MEMORIA HISTÓRICA
Para cerrar su encuentro con la prensa pacense fue preguntado por su opinión sobre la oposición hacia la Memoria Histórica y la apertura de fosas, aspecto en el que aseguró que "la derecha española no quiera que se sepa la verdad", una actitud que dijo "entender" porque se está "hablando de una masacre de 50.000 fusilados como venganza atroz durante la posguerra".
Quiso dejar claro que lo "más terrible ocurrió en la posguerra, distinto a la retaguardia de ambos bandos durante la guerra, donde hubo gente ruin en los dos y el sadismo es un hecho".
Ian Gibson añadió que "todo esto es muy desagradable, pero hay que contarlo, y si Esperanza Aguirre sale cada día diciendo que ellos no son franquistas y, de acuerdo, no son responsables de nada, pero vienen de ahí y tiene al presidente que tienen, que tiene las manos con algunas manchas de sangre y firmó sentencias de muerte", en referencia a Manuel Fraga. Por todo ello, para Gibson "sería muy preferible que esto se olvidara y las heridas solo se cerrarán cuando el Estado haga su trabajo que no lo está haciendo".
Ian Gibson, nacido en Dublín en 1939 y nacionalizado español, es conocido por sus trabajos biográficos sobre Federico García Lorca, Salvador Dalí y Antonio Machado y, además, se ha dedicado al estudio de la historia reciente de España, especialmente a los periodos de la Segunda República y al Guerra Civil españolas.
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Gibson teme que la influencia de los Lorca impida exhumarlo
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Gibson teme que la influencia de los Lorca impida exhumarlo
Para la familia no es "ningún oprobio" que esté enterrado en una fosa común
Gibson teme que la influencia de los Lorca impida exhumarlo
ELPLURAL/ANDALUCÍA
Gibson ha declarado estar preocupado por lo que ocurra tras la inhibición de Garzón y por las influencias de la familia del poeta. Según él, solo la exhumación posibilitará saber si lo torturaron. Él cree que si, que sufrió tortura. Por su parte, un tío de Lorca, manifestaba ayer que "no es ningún oprobio" su enterramiento en la fosa.
Gibson ha asegurado que le inquieta el hecho de haber dejado Garzón en manos de los jueces territoriales la decisión de abrir o no las fosas donde yacen los restos de los asesinados en la Guerra Civil y en la posguerra, "todo va a depender de personas que no conocemos". ¿Otro lugar? En el caso de Lorca, "no sabemos cómo va a reaccionar el juzgado. Lo cierto es que el hispanista insiste en localizar sus restos, “porque no sabemos dónde está, y puede que lo sacaran de allí y se lo llevaran a otro lugar”. “Si luego la familia, que no es partidaria de exhumarlo, quiere que se quede en esa misma fosa, nadie se va a oponer a su deseo", añadió el especialista en la vida de García Lorca. Cree que lo torturaron Declaró por último que es necesario saber cómo murió Lorca. "Estamos hablando del poeta español más traducido de todos los tiempos y del más amado, y yo quiero saber qué le hicieron". "Si aparecen sus restos, se podría saber si murió de una bala y si lo torturaron. Y yo creo que sí, que lo torturaron.
Declaraciones de la familia Lorca En ese sentido, un miembro influyente de la familia del poeta granadino, Manuel Fernández Montesinos, ha declarado que para su familia no es ningún oprobio que su tío esté enterrado en una fosa común al mismo tiempo que opina que la Ley de la Memoria Histórica, debe investigar todo para que quede bien claro cómo fue el espanto de la represión" ya que no se dio sólo en la Guerra “sino que durante 40 años se practicó una política de eliminación física del contrincante".
Escépticos ante los juzgados En este sentido, sobre el futuro que se percibe sobre las exhumaciones, dejándolas en manos de los juzgados territoriales, también se ha manifestado la vicepresidenta de la Asociación Andaluza de la Memoria Histórica, Francisca Maqueda. Maqueda dice que están reacios y escépticos ante la actitud de los juzgados ya que "la experiencia con muchos de estos juzgados no ha sido positiva porque han archivado denuncias aun conociendo la existencia de cadáveres en fosas".
Golpe bajo Posiblemente, añade Maqueda, nos le quede más solución que acudir a la vía internacional yendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque “hemos recibido un golpe bajo, pero estamos dispuestos a seguir luchando por todos los fallecidos del régimen franquista".
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Gibson teme que la influencia de los Lorca impida exhumarlo
Para la familia no es "ningún oprobio" que esté enterrado en una fosa común
Gibson teme que la influencia de los Lorca impida exhumarlo
ELPLURAL/ANDALUCÍA
Gibson ha declarado estar preocupado por lo que ocurra tras la inhibición de Garzón y por las influencias de la familia del poeta. Según él, solo la exhumación posibilitará saber si lo torturaron. Él cree que si, que sufrió tortura. Por su parte, un tío de Lorca, manifestaba ayer que "no es ningún oprobio" su enterramiento en la fosa.
Gibson ha asegurado que le inquieta el hecho de haber dejado Garzón en manos de los jueces territoriales la decisión de abrir o no las fosas donde yacen los restos de los asesinados en la Guerra Civil y en la posguerra, "todo va a depender de personas que no conocemos". ¿Otro lugar? En el caso de Lorca, "no sabemos cómo va a reaccionar el juzgado. Lo cierto es que el hispanista insiste en localizar sus restos, “porque no sabemos dónde está, y puede que lo sacaran de allí y se lo llevaran a otro lugar”. “Si luego la familia, que no es partidaria de exhumarlo, quiere que se quede en esa misma fosa, nadie se va a oponer a su deseo", añadió el especialista en la vida de García Lorca. Cree que lo torturaron Declaró por último que es necesario saber cómo murió Lorca. "Estamos hablando del poeta español más traducido de todos los tiempos y del más amado, y yo quiero saber qué le hicieron". "Si aparecen sus restos, se podría saber si murió de una bala y si lo torturaron. Y yo creo que sí, que lo torturaron.
Declaraciones de la familia Lorca En ese sentido, un miembro influyente de la familia del poeta granadino, Manuel Fernández Montesinos, ha declarado que para su familia no es ningún oprobio que su tío esté enterrado en una fosa común al mismo tiempo que opina que la Ley de la Memoria Histórica, debe investigar todo para que quede bien claro cómo fue el espanto de la represión" ya que no se dio sólo en la Guerra “sino que durante 40 años se practicó una política de eliminación física del contrincante".
Escépticos ante los juzgados En este sentido, sobre el futuro que se percibe sobre las exhumaciones, dejándolas en manos de los juzgados territoriales, también se ha manifestado la vicepresidenta de la Asociación Andaluza de la Memoria Histórica, Francisca Maqueda. Maqueda dice que están reacios y escépticos ante la actitud de los juzgados ya que "la experiencia con muchos de estos juzgados no ha sido positiva porque han archivado denuncias aun conociendo la existencia de cadáveres en fosas".
Golpe bajo Posiblemente, añade Maqueda, nos le quede más solución que acudir a la vía internacional yendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque “hemos recibido un golpe bajo, pero estamos dispuestos a seguir luchando por todos los fallecidos del régimen franquista".
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Un auto para hacer justicia
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Un auto para hacer justicia
MIGUEL ÁNGEL MARFULL
El escrito de Garzón sorprende por su narración al detalle de los crímenes.
"Es el libro más apasionante que he leído en muchos años". El hispanista Ian Gibson elogió así el último auto del juez Baltasar Garzón. El fondo del escrito deja en manos de los juzgados ordinarios la investigación de los crímenes del franquismo, pero su forma relata de manera pormenorizada el terror que siguió a la Guerra Civil e incide en la necesidad de condenarlo. Debería ser "un anexo" de la Constitución, defendieron el pasado jueves los intelectuales firmantes de un manifiesto en apoyo al intento de recuperar la memoria colectiva que ha abierto el magistrado de la Audiencia Nacional.
"Los hechos son los que son, y este instructor no los ha inventado", escribe Garzón. Alejado de la ininteligible retórica judicial, el auto del juez explica por qué la dictadura franquista constituye una larga colección de crímenes contra la Humanidad. La locura nazi se juzgó en Nuremberg entre 1945 y 1949. El discurso de apertura de ese proceso, a cargo del fiscal norteamericano Robert H. Jackson, arranca también la esencia de los argumentos del juez Garzón: "Los pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento".
El manifiesto de apoyo a la causa iniciada por el magistrado pide al Gobierno, precisamente, que hable, que se pronuncie con hechos para que "cumpla con su obligación de proteger a las víctimas".
Nuremberg contra el olvido
A lo largo de 152 páginas, Garzón repasa el nacimiento de la dictadura, que se saldó con más de 110.000 desaparecidos. El discurso de Nuremberg "era y es perfectamente aplicable a unos hechos ocurridos unos años antes en España, enmarcados en una actuación sistemática que la acción totalitaria de la época impuso en España, Italia y Alemania contra todos aquellos que tenían una ideología diferente o se integraban en grupos contra los que se dirigió el exterminio", explica el juez.
"Si el fiscal Jackson, en su acta de acusación contra los criminales nazis, hubiera utilizado el criterio que aplica el fiscal de la Audiencia Nacional [contrario a la iniciativa de Garzón], Nuremberg no habría existido", defiende el magistrado en su escrito.
El auto describe la represión franquista como una "actividad planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas". Garzón acusa en su texto el rechazo de los sectores más reaccionarios a la causa de la reparación de la memoria: "Las víctimas no se merecen una resolución que desconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar, apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación, cuando tan sólo se pretende dar una respuesta judicial demandada dentro del ámbito que se le reconoce en su derecho", escribe Garzón.
La impunidad y el olvido
¿Quedan impunes los criminales de la dictadura? "No es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial", responde el juez. "Que una investigación sea difícil no significa que sea imposible", se justifica. El tiempo, y los 62 juzgados que heredan su causa, dirán.
El delito existió, y permanece, según Garzón. "¿Pero, y los posibles responsables?, estarán entre los 90 y 100 años, o muertos", responde. "¿Por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis, cuando los hechos son similares, el tiempo es similar, y las víctimas corresponden al mismo segmento de población, nacionalidad e ideología? Realmente incomprensible", se lamenta el magistrado.
Eugenesia nazi en versión española
"En 1938, algunos miembros de las Brigadas Internacionales presos en San Pedro de Cardeña (Burgos) y mujeres presas republicanas en la Prisión de Málaga fueron sometidos a test físicos y psicológicos extraños", relata Garzón en su auto. La eugenesia nazi tuvo su versión española en el delirante intento del "psiquiatra en jefe de Franco, el doctor Antonio Vallejo Nájera para identificar las raíces psicofísicas del marxismo". "La enorme cantidad de prisioneros en manos de las fuerzas salvadoras de España permite efectuar estudios en masa", escribe Vallejo Nájera en 1938. Años después, este psiquiatra alertaba "sobre el daño que podía hacer el ambiente democrático en los niños", recuerda Garzón. En su escrito explica la idea franquista de "combatir la propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos, debiendo ser segregados en centros adecuados". Estas ideas "tendrían aplicación práctica inmediata en la posguerra, específicamente sobre los hijos de las presas republicanas encarceladas por motivos políticos", explica el magistrado.
Una dictadura de 40 años en 152 folios
La represión
"Los hechos son los que son, y este instructor no los ha inventado"
(Pág.130) Garzón defiende en su auto que "la acción criminal" desplegada por la dictadura fue "general y sistemática". "Por eso la Justicia debe actuar", señala.
Los delitos
"En tanto no se viabilice la ubicación de las víctimas, el delito continúa cometiéndose"
(Pág. 88) Los efectos de la represión no han prescrito, defiende el magistrado.
Las víctimas
"Las víctimas no se merecen una resolución que desconozca sus derechos"
(Pág. 138) El juez critica a continuación a quienes, desde la "frivolidad", advierten "fantasmas de confrontación" en su actuación.
Los responsables
"No es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política"(Pág. 138) Sobre la culpabilidad de Franco y los principales jerarcas de la dictadura.
La impunidad
"¿Por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis cuando los hechos son similares?"
(Pág. 95) El juez Garzón se responde a sí mismo: "Realmente incomprensible", concluye.
Juicio de Nuremberg
"Los pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes; el silencio sería consentimiento"
(Pág. 38) La esencia penal que permitió juzgar los crímenes nazis es "aplicable" a los crímenes franquistas, señala.
Los ‘niños perdidos'
"En España podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores desarrollado bajo una aparente legalidad"
(Pág. 73) En su parte más emotiva, el auto rescata del olvido a los niños robados por la dictadura a sus madres, reclusas republicanas.
Críticas al fiscal
"Con el criterio del fiscal de la Audiencia, Nuremberg no hubiera existido"
(Pág. 129) Garzón replica así los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia, que rechazó la investigación abierta por el magistrado.
La investigación
"Que una investigación sea difícil no significa que sea imposible"
(Pág. 130) Garzón cede ahora esta obligación de actuar a 62 juzgados provinciales.
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"Cuando las reclusas volvieron del patio, sus hijos ya no estaban"
El auto de Garzón recuerda que miles de hijos de presas fueron robados por la dictadura franquista en sus cárceles
M. Á. M - Madrid - 21/11/2008 22:00
En octubre de 1936, Amparo Barayón, esposa del escritor Ramon J. Sender, pasa sus últimas horas en la cárcel de Zamora antes de ser fusilada en las tapias del cementerio de la ciudad. En su carta de despedida, Amparo se dirige a su marido: “No perdones a mis asesinos, que me han robado a Andreína”. Así lo relata el historiador Santos Juliá en su libro Víctimas de la Guerra Civil (Temas de Hoy, 1999).
Andrea era la hija menor de la pareja. Tenía siete meses cuando fue arrebatada de los brazos de su madre. Ramón J. Sender pudo recuperarla dos años después. Tuvo la suerte que no acompañó a muchas presas de la posguerra, que fueron doblemente derrotadas. Perdieron la guerra y con el nuevo régimen impuesto, también a sus hijos. La represión femenina de la dictadura constituye un capítulo singular dentro del largo libro del franquismo. Cárceles como Ventas (Madrid), Saturrarán (Guipúzcoa), o Málaga son el escenario en el que se diluyó la identidad real de los niños perdidos del franquismo, cuya presencia ha rescatado el juez Baltasar Garzón en su último auto.
La Prisión de Madres Lactantes
La dictadura franquista “dio cobertura”, según el magistrado, a un “andamiaje pseudo jurídico” que facilitó la “sustracción sistemática de niños”. En enero de 1940, el ministerio de Justicia crea la Prisión de Madres Lactantes, en el número 5 de la Carrera de San Isidro –actual Paseo de la Ermita del Santo–, en Madrid. Las reclusas permanecían junto a sus hijos hasta que estos cumplían tres años. Sin embargo, la falta de garantías era lo único garantizado en las cárceles franquistas. “Desaparecían sin saber cómo”, cita Garzón en su escrito, reproduciendo un testimonio de la época.
"Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron", cuenta una reclusa
“Un día, cuando las madres salieron al patio con sus hijos, las monjas les dijeron que los niños tenían que quedarse dentro para un reconocimiento médico. Eran un centenar. Cuando las madres volvieron, los niños ya no estaban”. Esta denuncia aparece recogida en Los niños perdidos del franquismo, (Plaza y Janés, 2002), de los historiadores Ricard Vinyes, Montserrat Armengou y Ricard Belis. Lo recuerda así el vecino de una presa condenada a muerte. Su pena fue conmutada, pero perdió a su hijo. Otra reclusa encerrada en la misma prisión encontró a la suya poco después “en casa de unos militares, en Valencia”. Quien rememora estos hechos, no llegó a averiguar si pudo recuperar a su hija o no.
El nacional catolicismo franquista impuso la obligación de que los menores crecieran en un ambiente familiar “irreprochable” desde el punto de vista religioso, ético y nacional”, según la legislación de la época.
La cooperación de la Iglesia
“Las cifras de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado (…) ascendía a 12.042 en 1944, la mayoría de los cuales estaban en centros religiosos”, recoge Vinyes en Irredentas (Temas de Hoy, 2002). La cita consta también en el último auto de Garzón, en el que se explica la cooperación necesaria de la Iglesia franquista para engrosar la lista de los niños perdidos de la dictadura.
“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron”, cuenta una ex reclusa, Emilia Girón, en un testimonio recogido por Vinyes. Esta presa completa así sus recuerdos: “Si, por ejemplo, estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más”.
Los niños perdidos fueron arrebatados a mujeres presas, robados en el momento del parto o capturados fuera de España entre los menores evacuados por el Gobierno republicano durante la Guerra Civil. La dictadura creó para tal fin la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, desaparecida en 1941 y sustituida por el Servicio Exterior de la Falange.
Otra mujer vio a su hija robada "en casa de unos militares, en Valencia"
“Su retorno fue utilizado por la propaganda franquista”, escriben Vinyes, Armengou y Belis. En Los niños perdidos del franquismo, los tres historiadores recuerdan el caso de un adolescente repatriado desde Berlín en 1942. Su madre supo del retorno de su hijo “por un diario”, relatan. Sus padres lo reclamaron, pero fue en vano; su petición fue denegada “por no ofrecer ninguna garantía sobre su educación”.
Garzón asegura que en España “podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores de hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950 desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad, al contrario de lo que después ocurriría en Argentina entre los años 1976 y 1983, pero, precisamente por ello, con unos efectos más perdurables en el tiempo y más difíciles de detectar y hacer que cesen”.
Hasta hoy. Los niños perdidos del franquismo son ahora abuelos. Su identidad robada tiene ya 70 años.
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Auto del juez Garzón
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Un auto para hacer justicia
MIGUEL ÁNGEL MARFULL
El escrito de Garzón sorprende por su narración al detalle de los crímenes.
"Es el libro más apasionante que he leído en muchos años". El hispanista Ian Gibson elogió así el último auto del juez Baltasar Garzón. El fondo del escrito deja en manos de los juzgados ordinarios la investigación de los crímenes del franquismo, pero su forma relata de manera pormenorizada el terror que siguió a la Guerra Civil e incide en la necesidad de condenarlo. Debería ser "un anexo" de la Constitución, defendieron el pasado jueves los intelectuales firmantes de un manifiesto en apoyo al intento de recuperar la memoria colectiva que ha abierto el magistrado de la Audiencia Nacional.
"Los hechos son los que son, y este instructor no los ha inventado", escribe Garzón. Alejado de la ininteligible retórica judicial, el auto del juez explica por qué la dictadura franquista constituye una larga colección de crímenes contra la Humanidad. La locura nazi se juzgó en Nuremberg entre 1945 y 1949. El discurso de apertura de ese proceso, a cargo del fiscal norteamericano Robert H. Jackson, arranca también la esencia de los argumentos del juez Garzón: "Los pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes, porque el silencio sería consentimiento".
El manifiesto de apoyo a la causa iniciada por el magistrado pide al Gobierno, precisamente, que hable, que se pronuncie con hechos para que "cumpla con su obligación de proteger a las víctimas".
Nuremberg contra el olvido
A lo largo de 152 páginas, Garzón repasa el nacimiento de la dictadura, que se saldó con más de 110.000 desaparecidos. El discurso de Nuremberg "era y es perfectamente aplicable a unos hechos ocurridos unos años antes en España, enmarcados en una actuación sistemática que la acción totalitaria de la época impuso en España, Italia y Alemania contra todos aquellos que tenían una ideología diferente o se integraban en grupos contra los que se dirigió el exterminio", explica el juez.
"Si el fiscal Jackson, en su acta de acusación contra los criminales nazis, hubiera utilizado el criterio que aplica el fiscal de la Audiencia Nacional [contrario a la iniciativa de Garzón], Nuremberg no habría existido", defiende el magistrado en su escrito.
El auto describe la represión franquista como una "actividad planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas". Garzón acusa en su texto el rechazo de los sectores más reaccionarios a la causa de la reparación de la memoria: "Las víctimas no se merecen una resolución que desconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar, apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación, cuando tan sólo se pretende dar una respuesta judicial demandada dentro del ámbito que se le reconoce en su derecho", escribe Garzón.
La impunidad y el olvido
¿Quedan impunes los criminales de la dictadura? "No es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial", responde el juez. "Que una investigación sea difícil no significa que sea imposible", se justifica. El tiempo, y los 62 juzgados que heredan su causa, dirán.
El delito existió, y permanece, según Garzón. "¿Pero, y los posibles responsables?, estarán entre los 90 y 100 años, o muertos", responde. "¿Por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis, cuando los hechos son similares, el tiempo es similar, y las víctimas corresponden al mismo segmento de población, nacionalidad e ideología? Realmente incomprensible", se lamenta el magistrado.
Eugenesia nazi en versión española
"En 1938, algunos miembros de las Brigadas Internacionales presos en San Pedro de Cardeña (Burgos) y mujeres presas republicanas en la Prisión de Málaga fueron sometidos a test físicos y psicológicos extraños", relata Garzón en su auto. La eugenesia nazi tuvo su versión española en el delirante intento del "psiquiatra en jefe de Franco, el doctor Antonio Vallejo Nájera para identificar las raíces psicofísicas del marxismo". "La enorme cantidad de prisioneros en manos de las fuerzas salvadoras de España permite efectuar estudios en masa", escribe Vallejo Nájera en 1938. Años después, este psiquiatra alertaba "sobre el daño que podía hacer el ambiente democrático en los niños", recuerda Garzón. En su escrito explica la idea franquista de "combatir la propensión degenerativa de los muchachos criados en ambientes republicanos, debiendo ser segregados en centros adecuados". Estas ideas "tendrían aplicación práctica inmediata en la posguerra, específicamente sobre los hijos de las presas republicanas encarceladas por motivos políticos", explica el magistrado.
Una dictadura de 40 años en 152 folios
La represión
"Los hechos son los que son, y este instructor no los ha inventado"
(Pág.130) Garzón defiende en su auto que "la acción criminal" desplegada por la dictadura fue "general y sistemática". "Por eso la Justicia debe actuar", señala.
Los delitos
"En tanto no se viabilice la ubicación de las víctimas, el delito continúa cometiéndose"
(Pág. 88) Los efectos de la represión no han prescrito, defiende el magistrado.
Las víctimas
"Las víctimas no se merecen una resolución que desconozca sus derechos"
(Pág. 138) El juez critica a continuación a quienes, desde la "frivolidad", advierten "fantasmas de confrontación" en su actuación.
Los responsables
"No es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política"(Pág. 138) Sobre la culpabilidad de Franco y los principales jerarcas de la dictadura.
La impunidad
"¿Por qué los posibles represores españoles vivos deben ser de mejor condición que los nazis cuando los hechos son similares?"
(Pág. 95) El juez Garzón se responde a sí mismo: "Realmente incomprensible", concluye.
Juicio de Nuremberg
"Los pueblos, si callaran, participarían de estos crímenes; el silencio sería consentimiento"
(Pág. 38) La esencia penal que permitió juzgar los crímenes nazis es "aplicable" a los crímenes franquistas, señala.
Los ‘niños perdidos'
"En España podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores desarrollado bajo una aparente legalidad"
(Pág. 73) En su parte más emotiva, el auto rescata del olvido a los niños robados por la dictadura a sus madres, reclusas republicanas.
Críticas al fiscal
"Con el criterio del fiscal de la Audiencia, Nuremberg no hubiera existido"
(Pág. 129) Garzón replica así los argumentos de la Fiscalía de la Audiencia, que rechazó la investigación abierta por el magistrado.
La investigación
"Que una investigación sea difícil no significa que sea imposible"
(Pág. 130) Garzón cede ahora esta obligación de actuar a 62 juzgados provinciales.
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"Cuando las reclusas volvieron del patio, sus hijos ya no estaban"
El auto de Garzón recuerda que miles de hijos de presas fueron robados por la dictadura franquista en sus cárceles
M. Á. M - Madrid - 21/11/2008 22:00
En octubre de 1936, Amparo Barayón, esposa del escritor Ramon J. Sender, pasa sus últimas horas en la cárcel de Zamora antes de ser fusilada en las tapias del cementerio de la ciudad. En su carta de despedida, Amparo se dirige a su marido: “No perdones a mis asesinos, que me han robado a Andreína”. Así lo relata el historiador Santos Juliá en su libro Víctimas de la Guerra Civil (Temas de Hoy, 1999).
Andrea era la hija menor de la pareja. Tenía siete meses cuando fue arrebatada de los brazos de su madre. Ramón J. Sender pudo recuperarla dos años después. Tuvo la suerte que no acompañó a muchas presas de la posguerra, que fueron doblemente derrotadas. Perdieron la guerra y con el nuevo régimen impuesto, también a sus hijos. La represión femenina de la dictadura constituye un capítulo singular dentro del largo libro del franquismo. Cárceles como Ventas (Madrid), Saturrarán (Guipúzcoa), o Málaga son el escenario en el que se diluyó la identidad real de los niños perdidos del franquismo, cuya presencia ha rescatado el juez Baltasar Garzón en su último auto.
La Prisión de Madres Lactantes
La dictadura franquista “dio cobertura”, según el magistrado, a un “andamiaje pseudo jurídico” que facilitó la “sustracción sistemática de niños”. En enero de 1940, el ministerio de Justicia crea la Prisión de Madres Lactantes, en el número 5 de la Carrera de San Isidro –actual Paseo de la Ermita del Santo–, en Madrid. Las reclusas permanecían junto a sus hijos hasta que estos cumplían tres años. Sin embargo, la falta de garantías era lo único garantizado en las cárceles franquistas. “Desaparecían sin saber cómo”, cita Garzón en su escrito, reproduciendo un testimonio de la época.
"Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron", cuenta una reclusa
“Un día, cuando las madres salieron al patio con sus hijos, las monjas les dijeron que los niños tenían que quedarse dentro para un reconocimiento médico. Eran un centenar. Cuando las madres volvieron, los niños ya no estaban”. Esta denuncia aparece recogida en Los niños perdidos del franquismo, (Plaza y Janés, 2002), de los historiadores Ricard Vinyes, Montserrat Armengou y Ricard Belis. Lo recuerda así el vecino de una presa condenada a muerte. Su pena fue conmutada, pero perdió a su hijo. Otra reclusa encerrada en la misma prisión encontró a la suya poco después “en casa de unos militares, en Valencia”. Quien rememora estos hechos, no llegó a averiguar si pudo recuperar a su hija o no.
El nacional catolicismo franquista impuso la obligación de que los menores crecieran en un ambiente familiar “irreprochable” desde el punto de vista religioso, ético y nacional”, según la legislación de la época.
La cooperación de la Iglesia
“Las cifras de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado (…) ascendía a 12.042 en 1944, la mayoría de los cuales estaban en centros religiosos”, recoge Vinyes en Irredentas (Temas de Hoy, 2002). La cita consta también en el último auto de Garzón, en el que se explica la cooperación necesaria de la Iglesia franquista para engrosar la lista de los niños perdidos de la dictadura.
“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron”, cuenta una ex reclusa, Emilia Girón, en un testimonio recogido por Vinyes. Esta presa completa así sus recuerdos: “Si, por ejemplo, estás pariendo, viene un matrimonio que no tiene hijos y quiere reconocerlo, te lo quitan y lo llevan y nada más”.
Los niños perdidos fueron arrebatados a mujeres presas, robados en el momento del parto o capturados fuera de España entre los menores evacuados por el Gobierno republicano durante la Guerra Civil. La dictadura creó para tal fin la Delegación Extraordinaria de Repatriación de Menores, desaparecida en 1941 y sustituida por el Servicio Exterior de la Falange.
Otra mujer vio a su hija robada "en casa de unos militares, en Valencia"
“Su retorno fue utilizado por la propaganda franquista”, escriben Vinyes, Armengou y Belis. En Los niños perdidos del franquismo, los tres historiadores recuerdan el caso de un adolescente repatriado desde Berlín en 1942. Su madre supo del retorno de su hijo “por un diario”, relatan. Sus padres lo reclamaron, pero fue en vano; su petición fue denegada “por no ofrecer ninguna garantía sobre su educación”.
Garzón asegura que en España “podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores de hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950 desarrollado bajo la cobertura de una aparente legalidad, al contrario de lo que después ocurriría en Argentina entre los años 1976 y 1983, pero, precisamente por ello, con unos efectos más perdurables en el tiempo y más difíciles de detectar y hacer que cesen”.
Hasta hoy. Los niños perdidos del franquismo son ahora abuelos. Su identidad robada tiene ya 70 años.
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Auto del juez Garzón
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Tiempo inmóvil y eslabones perdidos. FANNY RUBIO 22/11/2008 .
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Tiempo inmóvil y eslabones perdidos
FANNY RUBIO 22/11/2008
Después de dos años de ausencia de un país admirable por el esfuerzo realizado en los últimos 30 años, llego a casa y tengo la sensación de que todo está en el mismo punto en que lo dejé. Observo hoy la misma encarnizada discusión que rodeaba el verano anterior a mi partida por la esperada Ley de la Memoria Histórica. Por ejemplo, en mi ciudad he visto esta misma semana una sencilla inscripción en mármol con los nombres de una parte de los 3.200 jiennenses desaparecidos en la represión franquista.
Es una racanería llamar 'delito común' al exterminio sistemático de los 'rojos'
En cualquier país democrático cabe pensar que un alto organismo, una fiscalía, por ejemplo, hubiera presentado hace ya meses ante la sociedad española el listado completo de nuestros compatriotas desaparecidos por la represión del franquismo y, una vez cubierto ese vacío que hasta hoy llega, hacer lo posible por concederles el acto de justicia que no tuvieron.
El caso es que han sido las asociaciones para la recuperación de la memoria las que han activado la causa. Muchos de sus integrantes, nietos de desaparecidos, no tienen por qué ser expertos en archivística ni en los fondos documentales de los tribunales de la posguerra, ni en el ordenamiento militar, para la clasificación minuciosa de las depuraciones de sus antepasados, y, sin embargo han acudido pacientemente, por la Red y sin ella, un día y otro, a contrastar las escasas noticias de su ascendiente, y junto con las asociaciones, han puesto en conocimiento de la justicia lo hallado, y el juez, como se desprende de la lectura del auto que circula entre los medios, ha transcrito, con lenguaje tan frío como técnico, la demanda.
Creí por un momento que estaba ya cubierta esa etapa de las noticias incompletas y las fotografías de época acerca de la desventura de los más de 100.000 compatriotas a quienes se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas y se hizo desaparecer en el anonimato.
Sin embargo, ha regresado a nuestro entorno la discusión irracional que nos adjudican en ocasiones nuestros observadores extranjeros. En primer lugar, la discusión terminológica.
Doy por supuesto que en este tema cada cual conoce su trabajo, pero algo no casa en el discurso interdisciplinar. Por ejemplo, no es compatible lo que nos contaron de aquel infierno Alberti, Max Aub, Manuel Andújar, Francisco Ayala, Ramón J. Sender, Benet y Juan Goytisolo, que mostraron con estilo y humor que el sentido moral está por encima del ajuste de cuentas, con el término jurídico de "delito común" que se nos da hoy.
La denominación no creo que agrade tampoco a los herederos contemporáneos de la "cruzada" y los "valores eternos", por más que el jefe sólo pueda ser juzgado por el más alto Tribunal. Se nos dice también por el especialista que el juez instructor incoa otra Causa General al franquismo. ¿Se imaginan lo que es, carpeta tras carpeta, toneladas de documentación en forma de declaraciones e informes promovida por el Estado a lo largo del espacio y el tiempo entre tristes testigos y cientos de voluntarios erigidos en acusadores de la otra media España con su listado infinito, no de culpables del delito de desaparición, sino de sospechosos de haberlo cometido? ¿De verdad, creemos que se trata de eso ahora? ¿Por qué, si el motivo es de reparación pendiente, nos asustamos los unos a los otros?
Ciertamente me parece desproporcionado que la demanda que unos nietos tramitan ante el juez en nombre de sus desaparecidos se pueda comparar, en origen, a la práctica sistemática que se hizo por parte de un Estado totalitario, cuyas secuelas han determinado la vida de tres generaciones de españoles y privado a muchos miles de su memoria cotidiana. Si eso es así, algo parece quedar pendiente en nuestra democracia.
¿No es, acaso, la reacción histérica manifestada aquí contra el simple acto de nombrar a las víctimas del franquismo la peor prueba de la convivencia que decimos haber conseguido y con la que impedimos recibir a los nombres que faltan?
Puede que nuestros amigos europeos y americanos, estudiosos de una nutrida bibliografía acerca de aquel capítulo de violencia indiscriminada que llamamos posguerra, no se conformen con lo que resulte.
Terminada la guerra, el conde Ciano, yerno de Mussolini, nada sospechoso de ser rojo, visitó España y comunicó al duce su extrañeza por la ferocidad de los franquistas ya en tiempo de paz, con 10.000 ciudadanos condenados a muerte en espera de cumplimiento: "Los fusilamientos son numerosísimos aún: sólo en Madrid hay de 200 a 250 al día; en Barcelona, 150, y 80 en Sevilla, ciudad que nunca estuvo en manos de los rojos".
¿Calificaremos a partir de ahora el periodo que ha dado tanta lata a escritores e historiadores como de simple "delito común"? ¿O acaso no será racanería impropia de una democracia madura nombrar así el exterminio sistemático de nuestros rojos, cuyas secuelas padece la sociedad española hasta hoy, a cuyo esfuerzo por un mundo mejor escritores e historiadores dedicaron libros dentro y fuera de España?
Fanny Rubio es escritora y ha dirigido el Instituto Cervantes de Roma.
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Tiempo inmóvil y eslabones perdidos
FANNY RUBIO 22/11/2008
Después de dos años de ausencia de un país admirable por el esfuerzo realizado en los últimos 30 años, llego a casa y tengo la sensación de que todo está en el mismo punto en que lo dejé. Observo hoy la misma encarnizada discusión que rodeaba el verano anterior a mi partida por la esperada Ley de la Memoria Histórica. Por ejemplo, en mi ciudad he visto esta misma semana una sencilla inscripción en mármol con los nombres de una parte de los 3.200 jiennenses desaparecidos en la represión franquista.
Es una racanería llamar 'delito común' al exterminio sistemático de los 'rojos'
En cualquier país democrático cabe pensar que un alto organismo, una fiscalía, por ejemplo, hubiera presentado hace ya meses ante la sociedad española el listado completo de nuestros compatriotas desaparecidos por la represión del franquismo y, una vez cubierto ese vacío que hasta hoy llega, hacer lo posible por concederles el acto de justicia que no tuvieron.
El caso es que han sido las asociaciones para la recuperación de la memoria las que han activado la causa. Muchos de sus integrantes, nietos de desaparecidos, no tienen por qué ser expertos en archivística ni en los fondos documentales de los tribunales de la posguerra, ni en el ordenamiento militar, para la clasificación minuciosa de las depuraciones de sus antepasados, y, sin embargo han acudido pacientemente, por la Red y sin ella, un día y otro, a contrastar las escasas noticias de su ascendiente, y junto con las asociaciones, han puesto en conocimiento de la justicia lo hallado, y el juez, como se desprende de la lectura del auto que circula entre los medios, ha transcrito, con lenguaje tan frío como técnico, la demanda.
Creí por un momento que estaba ya cubierta esa etapa de las noticias incompletas y las fotografías de época acerca de la desventura de los más de 100.000 compatriotas a quienes se aplicó la Ley de Responsabilidades Políticas y se hizo desaparecer en el anonimato.
Sin embargo, ha regresado a nuestro entorno la discusión irracional que nos adjudican en ocasiones nuestros observadores extranjeros. En primer lugar, la discusión terminológica.
Doy por supuesto que en este tema cada cual conoce su trabajo, pero algo no casa en el discurso interdisciplinar. Por ejemplo, no es compatible lo que nos contaron de aquel infierno Alberti, Max Aub, Manuel Andújar, Francisco Ayala, Ramón J. Sender, Benet y Juan Goytisolo, que mostraron con estilo y humor que el sentido moral está por encima del ajuste de cuentas, con el término jurídico de "delito común" que se nos da hoy.
La denominación no creo que agrade tampoco a los herederos contemporáneos de la "cruzada" y los "valores eternos", por más que el jefe sólo pueda ser juzgado por el más alto Tribunal. Se nos dice también por el especialista que el juez instructor incoa otra Causa General al franquismo. ¿Se imaginan lo que es, carpeta tras carpeta, toneladas de documentación en forma de declaraciones e informes promovida por el Estado a lo largo del espacio y el tiempo entre tristes testigos y cientos de voluntarios erigidos en acusadores de la otra media España con su listado infinito, no de culpables del delito de desaparición, sino de sospechosos de haberlo cometido? ¿De verdad, creemos que se trata de eso ahora? ¿Por qué, si el motivo es de reparación pendiente, nos asustamos los unos a los otros?
Ciertamente me parece desproporcionado que la demanda que unos nietos tramitan ante el juez en nombre de sus desaparecidos se pueda comparar, en origen, a la práctica sistemática que se hizo por parte de un Estado totalitario, cuyas secuelas han determinado la vida de tres generaciones de españoles y privado a muchos miles de su memoria cotidiana. Si eso es así, algo parece quedar pendiente en nuestra democracia.
¿No es, acaso, la reacción histérica manifestada aquí contra el simple acto de nombrar a las víctimas del franquismo la peor prueba de la convivencia que decimos haber conseguido y con la que impedimos recibir a los nombres que faltan?
Puede que nuestros amigos europeos y americanos, estudiosos de una nutrida bibliografía acerca de aquel capítulo de violencia indiscriminada que llamamos posguerra, no se conformen con lo que resulte.
Terminada la guerra, el conde Ciano, yerno de Mussolini, nada sospechoso de ser rojo, visitó España y comunicó al duce su extrañeza por la ferocidad de los franquistas ya en tiempo de paz, con 10.000 ciudadanos condenados a muerte en espera de cumplimiento: "Los fusilamientos son numerosísimos aún: sólo en Madrid hay de 200 a 250 al día; en Barcelona, 150, y 80 en Sevilla, ciudad que nunca estuvo en manos de los rojos".
¿Calificaremos a partir de ahora el periodo que ha dado tanta lata a escritores e historiadores como de simple "delito común"? ¿O acaso no será racanería impropia de una democracia madura nombrar así el exterminio sistemático de nuestros rojos, cuyas secuelas padece la sociedad española hasta hoy, a cuyo esfuerzo por un mundo mejor escritores e historiadores dedicaron libros dentro y fuera de España?
Fanny Rubio es escritora y ha dirigido el Instituto Cervantes de Roma.
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viernes 21 de noviembre de 2008
Amnistía Internacional asegura que los crímenes del franquismo no prescriben
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Amnistía Internacional asegura que los crímenes del franquismo no ...
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http://www.es.amnesty.org/paises/espana/documentos/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-40-expertos-juristas-se-adhieren-al-manifiesto-de-ai-en-defensa-de-los-derechos-de-las-victim/
http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/no-debe-ser-una-excepcion-mundial-a-la-hora-de-investigar-los-crimenes-del-pasado/
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Multas efectivas por taconear y otras que prescriben por contaminar el Tormes.
«Los nacionalistas ven a Salamanca como un reducto del franquismo»
La provincia cuenta con cerca de 500 desaparecidos del franquismo
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http://www.es.amnesty.org/paises/espana/documentos/
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Asociación para Recuperación de Memoria Histórica cree que el auto de Garzón obligará a pronunciarse a altas instancias
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SAN SEBASTIAN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, consideró hoy que la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de inhibirse en favor de los 62 juzgados donde están las fosas comunes del franquismo "no es tan mala como parece a primera vista" porque la "disparidad de criterios" entre los jueces "obligará a que las altas instancias judiciales tengan que posicionarse". En ese sentido, vaticinó que proceso "acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".
Silva, que se encuentra en San Sebastián por invitación de la fundación Idi Ezkerra de Ezker Batua para participar en el ciclo de conferencias 'Los caminos de la Memoria', ofreció hoy una rueda de prensa junto a la portavoz de la ejecutiva guipuzcoana de EB Arantza González, donde expresó su "estupor" por las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que considera positivo el olvido de la dictadura.
De este modo, aseguró que del Gobierno central, la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica espera "menos discurso y más curso porque no ha hecho absolutamente nada hasta ahora". "Zapatero ha delegado en las asociaciones, en las familias, el trabajo que debería estar haciendo el estado", denunció.
Para Silva, "aquí no hay que perdonar ni olvidar, sino todo lo contrario, hay que reconocer el daño causado y hacer justicia". En esa línea, consideró que en el Estado el franquismo "sigue vivo en la sociedad".
"Sigue desde la iglesia, que no renuncia al papel que tuvo durante tantos años como uno de los poderes reales del Estado, sigue desde el PP, que se permite el lujo de mofarse de las víctimas del franquismo cuando habla de la memoria y que, gracias a la impunidad construida durante la transición, pueden insultar a la víctimas sin que pase absolutamente nada", aseguró.
Sobre la inhibición de Garzón para seguir investigando, Silva matizó que "no es tan malo como parece a primera vista". Después de la "sorpresa" inicial, afirmó que "si se analiza fríamente", la derivación a tribunales territoriales "va a dar lugar, probablemente, a que se dé una disparidad de criterios entre los jueces" y ello "obligará a que las altas instancias judiciales tengan que posicionarse". De todos modos vaticinó que este proceso "acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".
"VERGONZOSO Y ESCANDALOSO"
Por su parte, la portavoz de la Permanente de EB en Gipuzkoa, Arantza González, consideró "vergonzoso" y "escandaloso" que Zapatero haya instado a olvidar el franquismo, "máxime cuando su abuelo fue una víctima del mismo". "No es positivo olvidarnos de lo unos sucesos que tanto dolor han causado en una parte muy importante de la sociedad, no podemos olvidarnos, para que nunca jamás se repita episodios lamentables como éstos", subrayó.
Para la dirigente de EB es "imprescindible la restitución de la memoria", al tiempo que recordó que, según un informe de Amnistia Internacional, el Estado Español "es hoy en día el país del mundo con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, y es una triste excepción a nivel mundial por no haber investigado lo que sucedió a estas personas".
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Memoria.- ERC plantea la próxima semana en el Congreso el "primer asalto" a la "vergonzante" Ley de Memoria Histórica (20/11/2008)
ERC plantea en el Congreso el "primer asalto" a la Ley de Memoria Histórica (20/11/2008)
Bedera (PSOE) cree que Garzón es "un gran juez" pero sin competencias en los desaparecidos de la Guerra Civil (31/10/2008)
Emilio Silva cree que la inhibición del juez "no es tan mala" y que el proceso acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
SAN SEBASTIAN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, consideró hoy que la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, de inhibirse en favor de los 62 juzgados donde están las fosas comunes del franquismo "no es tan mala como parece a primera vista" porque la "disparidad de criterios" entre los jueces "obligará a que las altas instancias judiciales tengan que posicionarse". En ese sentido, vaticinó que proceso "acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".
Silva, que se encuentra en San Sebastián por invitación de la fundación Idi Ezkerra de Ezker Batua para participar en el ciclo de conferencias 'Los caminos de la Memoria', ofreció hoy una rueda de prensa junto a la portavoz de la ejecutiva guipuzcoana de EB Arantza González, donde expresó su "estupor" por las palabras del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en las que considera positivo el olvido de la dictadura.
De este modo, aseguró que del Gobierno central, la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica espera "menos discurso y más curso porque no ha hecho absolutamente nada hasta ahora". "Zapatero ha delegado en las asociaciones, en las familias, el trabajo que debería estar haciendo el estado", denunció.
Para Silva, "aquí no hay que perdonar ni olvidar, sino todo lo contrario, hay que reconocer el daño causado y hacer justicia". En esa línea, consideró que en el Estado el franquismo "sigue vivo en la sociedad".
"Sigue desde la iglesia, que no renuncia al papel que tuvo durante tantos años como uno de los poderes reales del Estado, sigue desde el PP, que se permite el lujo de mofarse de las víctimas del franquismo cuando habla de la memoria y que, gracias a la impunidad construida durante la transición, pueden insultar a la víctimas sin que pase absolutamente nada", aseguró.
Sobre la inhibición de Garzón para seguir investigando, Silva matizó que "no es tan malo como parece a primera vista". Después de la "sorpresa" inicial, afirmó que "si se analiza fríamente", la derivación a tribunales territoriales "va a dar lugar, probablemente, a que se dé una disparidad de criterios entre los jueces" y ello "obligará a que las altas instancias judiciales tengan que posicionarse". De todos modos vaticinó que este proceso "acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo".
"VERGONZOSO Y ESCANDALOSO"
Por su parte, la portavoz de la Permanente de EB en Gipuzkoa, Arantza González, consideró "vergonzoso" y "escandaloso" que Zapatero haya instado a olvidar el franquismo, "máxime cuando su abuelo fue una víctima del mismo". "No es positivo olvidarnos de lo unos sucesos que tanto dolor han causado en una parte muy importante de la sociedad, no podemos olvidarnos, para que nunca jamás se repita episodios lamentables como éstos", subrayó.
Para la dirigente de EB es "imprescindible la restitución de la memoria", al tiempo que recordó que, según un informe de Amnistia Internacional, el Estado Español "es hoy en día el país del mundo con mayor número de casos de desaparición forzada denunciados ante sus tribunales, y es una triste excepción a nivel mundial por no haber investigado lo que sucedió a estas personas".
Jáuregui cree que la causa de Garzón tenía un fundamento "muy dudoso"
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Jáuregui cree que la causa de Garzón tenía un fundamento "muy dudoso"
El secretario general del Grupo Socialista del Congreso, Ramón Jáuregui ha afirmado que "aplicar una persecución penal a unas personas que notoriamente habían fallecido es jurídicamente imposible".
Palma.
El secretario general del Grupo Socialista del Congreso, Ramón Jáuregui, ha manifestado hoy en Palma que las diligencias iniciadas por el juez Baltasar Garzón sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo tiene un fundamento jurídico "muy dudoso".
Jáuregui ha asistido en Palma a la inauguración en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca de la primera jornada de formación sobre la responsabilidad social de las administraciones públicas de Baleares, junto al presidente de la comunidad autónoma, Francesc Antich.S
obre la decisión del magistrado juez Garzón de primero enjuiciar a los responsables del franquismo y posteriormente inhibirse de la causa, Ramón Jáuregui ha manifestado que "el juez Garzón inició un proceso cuyo fundamento jurídico era muy dudoso".Jáuregui ha resaltado que "aplicar una persecución penal a unas personas que notoriamente habían fallecido es jurídicamente imposible".
En este sentido, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha señalado que "además había un fundamento jurídico contrario que es la aplicación de la Ley de Amnistía del año 1977".
Jáuregui ha recordado que "la Ley de Amnistía se aprobó con el consenso de todos para no perseguir responsabilidades penales de lo que había ocurrido anteriormente".
El dirigente socialista ha declarado que su aprobación fue resultado de una decisión política bien fundada en un pacto de reconciliación que dio lugar a una transición de régimen político modélica".
"Esto no quiere decir que no tengamos que sufragar deudas con nuestro pasado o con nuestra memoria porque esta golpea nuestras conciencias", ha opinado.
Jáuregui ha indicado que "todavía hay causas pendientes de la guerra y sobre todo de la represión franquista que una sociedad digna no puede ocultar".
"En este sentido la Ley de la Memoria Histórica aprobada durante la pasada legislatura pretende instrumentar mecanismos para resolver esas causas pendientes", ha destacado.
En su opinión, "facilitar un mapa de fosas y ayudas económicas públicas a las organizaciones que quieren exhumar restos de sus seres queridos es una causa absolutamente digna de toda justicia que hay que hacer".
Jauregui ha subrayado que "la propia Ley de la Memoria Histórica establece el mandato de que se faciliten estas ayudas" y reveló que "dentro de unos pocos días saldrá un Decreto Ley que recoge este mandato para que el Gobierno autorice la exhumación en donde haya pruebas que hay fosas colectivas de desaparecidos de la guerra".
(Efe)
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Jáuregui avanza que "en unos días" el Gobierno presentará el decreto que impulsará la Ley de Memoria Histórica
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Memoria.- El Gobierno da luz verde a las indemnizaciones a víctimas y da instrucciones para retirar símbolos franquistas (31/10/2008)
PALMA DE MALLORCA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) - -
El diputado socialista vasco y ex secretario general del PSE-EE, Ramón Jáuregui, adelantó hoy que "en unos pocos días" el Gobierno hará público el contenido del decreto que desarrollará la Ley de Memoria Histórica, que regulará el derecho a cobrar indemnizaciones a las familias de víctimas fallecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
Así lo señaló en declaraciones a los medios de comunicación en Palma, durante la celebración de una Jornada sobre la Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas en las Islas Baleares, donde destacó que otro de los aspectos que quedarán recogidos hace referencia a los pasos que se seguirán para realizar las exhumaciones y el procedimiento para obtener la declaración de reconocimiento personal de los represaliados, entre otras cuestiones.
En este punto, el histórico socialista sostuvo que la Ley de la Memoria Histórica es el "instrumento adecuado para ir sufragando las deudas de nuestro pueblo con nuestra historia", algo que ya se está llevando a cabo "al facilitar mediante un mapa de fosas a las organizaciones que quieran exhumar los restos de sus seres queridos, que es una causa digna de toda Justicia, que hay que seguir haciendo".
PROCEDIMIENTO JURÍDICO DUDOSO
Jáuregui también se pronunció sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de remitir la causa abierta a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes. A su juicio, Garzón inició un proceso "cuyo fundamento jurídico era muy dudoso", es decir que "aplicar una persecución penal a unas personas que notoriamente había fallecido en su posible responsabilidad era, como es evidente, imposible", indicó.
Pero además, según el político socialista, el juez "contaba con un fundamento jurídico contrario, como era la Ley de Amnistía de 1977, que debatía si dicha norma había hecho prescribir o no los delitos". Eso no quiere decir, remarcó, que no debamos "sufragar deudas con nuestro pasado, con nuestra memoria, que golpea nuestras conciencias".
"Hay causas pendientes sobre la Guerra y la represión franquista que una sociedad digna no puede ocultar", apostilló al respecto.
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Jáuregui cree que la causa de Garzón tenía un fundamento "muy dudoso"
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Jáuregui ha asistido en Palma a la inauguración en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Mallorca de la primera jornada de formación sobre la responsabilidad social de las administraciones públicas de Baleares, junto al presidente de la comunidad autónoma, Francesc Antich.S
obre la decisión del magistrado juez Garzón de primero enjuiciar a los responsables del franquismo y posteriormente inhibirse de la causa, Ramón Jáuregui ha manifestado que "el juez Garzón inició un proceso cuyo fundamento jurídico era muy dudoso".Jáuregui ha resaltado que "aplicar una persecución penal a unas personas que notoriamente habían fallecido es jurídicamente imposible".
En este sentido, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha señalado que "además había un fundamento jurídico contrario que es la aplicación de la Ley de Amnistía del año 1977".
Jáuregui ha recordado que "la Ley de Amnistía se aprobó con el consenso de todos para no perseguir responsabilidades penales de lo que había ocurrido anteriormente".
El dirigente socialista ha declarado que su aprobación fue resultado de una decisión política bien fundada en un pacto de reconciliación que dio lugar a una transición de régimen político modélica".
"Esto no quiere decir que no tengamos que sufragar deudas con nuestro pasado o con nuestra memoria porque esta golpea nuestras conciencias", ha opinado.
Jáuregui ha indicado que "todavía hay causas pendientes de la guerra y sobre todo de la represión franquista que una sociedad digna no puede ocultar".
"En este sentido la Ley de la Memoria Histórica aprobada durante la pasada legislatura pretende instrumentar mecanismos para resolver esas causas pendientes", ha destacado.
En su opinión, "facilitar un mapa de fosas y ayudas económicas públicas a las organizaciones que quieren exhumar restos de sus seres queridos es una causa absolutamente digna de toda justicia que hay que hacer".
Jauregui ha subrayado que "la propia Ley de la Memoria Histórica establece el mandato de que se faciliten estas ayudas" y reveló que "dentro de unos pocos días saldrá un Decreto Ley que recoge este mandato para que el Gobierno autorice la exhumación en donde haya pruebas que hay fosas colectivas de desaparecidos de la guerra".
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Así lo señaló en declaraciones a los medios de comunicación en Palma, durante la celebración de una Jornada sobre la Responsabilidad Social de las Administraciones Públicas en las Islas Baleares, donde destacó que otro de los aspectos que quedarán recogidos hace referencia a los pasos que se seguirán para realizar las exhumaciones y el procedimiento para obtener la declaración de reconocimiento personal de los represaliados, entre otras cuestiones.
En este punto, el histórico socialista sostuvo que la Ley de la Memoria Histórica es el "instrumento adecuado para ir sufragando las deudas de nuestro pueblo con nuestra historia", algo que ya se está llevando a cabo "al facilitar mediante un mapa de fosas a las organizaciones que quieran exhumar los restos de sus seres queridos, que es una causa digna de toda Justicia, que hay que seguir haciendo".
PROCEDIMIENTO JURÍDICO DUDOSO
Jáuregui también se pronunció sobre la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de remitir la causa abierta a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes. A su juicio, Garzón inició un proceso "cuyo fundamento jurídico era muy dudoso", es decir que "aplicar una persecución penal a unas personas que notoriamente había fallecido en su posible responsabilidad era, como es evidente, imposible", indicó.
Pero además, según el político socialista, el juez "contaba con un fundamento jurídico contrario, como era la Ley de Amnistía de 1977, que debatía si dicha norma había hecho prescribir o no los delitos". Eso no quiere decir, remarcó, que no debamos "sufragar deudas con nuestro pasado, con nuestra memoria, que golpea nuestras conciencias".
"Hay causas pendientes sobre la Guerra y la represión franquista que una sociedad digna no puede ocultar", apostilló al respecto.
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Niños robados del franquismo
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Niños robados del franquismo
"Las monjas decían que éramos la piel del diablo"
El juez Garzón ha devuelto a la actualidad el drama de los niños robados del franquismo al alertar de que la dictadura "pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40".
Rafel Montaner, Valencia
La herida más sangrante que dejó la Guerra Civil fue la de los miles de niños, hijos de presos republicanos, arrebatados de sus padres para ser reeducados en los principios del nacionalcatolicismo. Este drama ha sido devuelto a la actualidad por el juez Baltasar Garzón, que en el auto en el que se inhibe para investigar los desaparecidos del franquismo, alerta de que la dictadura "pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40", al arrebatárselos a sus padres para educarles en la afección al régimen. El historiador catalán Ricard Vinyes, profesor de la Universitat de Barcelona, en su libro Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles de Franco (Temas de Hoy, 2002) cifra en más de 42.000 los niños que fueron apartados de sus padres entre 1943 y 1954, para ser tutelados por instituciones públicas o religiosas según los datos del Patronato estatal -primero de la Merced y después de San Pablo- para la redención de penas por el trabajo, que también era el encargado de gestionar el acogimiento de los hijos de los reos. Vinyes, en conversación telefónica desde Barcelona, sin embargo, aclara que esa cifra "podría ser mayor, puesto que en ningún Libro de Registro de las 17 prisiones de mujeres provinciales y centrales que he investigado se anotaron los hijos de las presas, en ninguno... Y eso, aparte de ser absolutamente ilegal, es el drama de estos niños, pues no sabemos cuántos entraron en las cárceles". Dos de esos miles de niños robados a sus progenitores, Vinyes recalca que "en el momento mismo que los hijos de las presas pasaban a depender del Patronato de la Merced sus padres perdían automáticamente la tutela de los mismos", son los valencianos Vicente y José Antonio Muñiz, dos hermanos que tenían seis y cuatro años cuando sus padres fueron fusilados en Paterna el 5 de abril de 1941.
"En la cárcel dormíamos en el suelo"Vicente apenas tenía 5 años cuando el y su hermano, con el que se lleva 14 meses, entraron en la cárcel de mujeres habilitada en el convento de Santa Clara con su madre. "Dormíamos en el suelo, al lado de mi madre, en la celda había muchas mujeres con niños y dejaban encendida una luz coloreada pequeñita que había en el techo para poder ir a orinar por la noche", recuerda. Vicente añade que siempre había una monja de guardia vigilando y que había tanta gente que "siempre me desorientaba cuando volvía de orinar y mi madre me guiaba con la voz para que no me perdiera". La situación del penal de Santa Clara, que por aquella época según revela el historiador Manuel Girona en Una miliciana en la Columna de Hierro, María la Jabalina (Universitat de València, 2007) contaba con 900 reclusas -la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia estaba saturada con casi 1.500 detenidas- era lamentable. Vicenta Verdugo, del Institut d'Estudis de la Dona de la Universitat, escribe en el catálogo de la exposición Preses de Franco que se acaba de publicar que las celdas "habían de ser compartidas entre ocho reclusas en unas condiciones higiénicas penosas". Infanticidio en Santa ClaraDe hecho, el historiador Vicent Gabarda añade que la prisión de Santa Clara "presencia un auténtico infanticidio por falta de condiciones sanitarias". Según cuenta Gabarda en Els Afussellaments al País Valencià (publicado en 1993 y reeditado el año pasado por la Universitat), en las prisiones de mujeres de la Comunitat murieron 39 hijos de presas republicanas, 29 de ellos en Valencia.
Tras el fusilamiento de sus padres, los hermanitos Muñiz fueron internados en el asilo de San Francisco Javier del barrio de Campanar, un orfanato religioso sobre el que ahora se levanta la actual Conselleria de Educació.Regentado por las monjas de la Caridad de Santa Ana y San Joaquín, para Vicente aquellas religiosas "de caridad no tenían nada pues nos trataban a garrotazo limpio, el palo no se lo quitaban ni para dormir.". Relata que la "inmensa mayoría" de los 300 chicos y 200 niñas que había allí eran hijos de presas republicanas, con los que las monjas se ensañaban: "Nos decían que los rojos éramos de la piel del diablo y nos obligaban a cantar todos los días el Cara al Sol y Montañas nevadas, y nos repetían sin parar que el Caudillo era el Salvador".
Vicente también cuenta que un día quisieron darle en adopción: "Llegó un hombre diciendo que me quería adoptar un matrimonio que tenía mucho dinero y me iba a pagar los estudios para que me hiciera cura, a lo que yo me negué en redondo".
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Vinyes: "A las condenadas embarazadas las fusilaban tras dar a luz"
R. Montaner, Valencia
Ricard Vinyes, el principal historiador de la represión sobre los niños republicanos en España, cuenta que, a diferencia de Argentina, donde todos los robos de menores fueron clandestinos, "aquí el Estado no se escondía, sino todo lo contrario, estaba orgulloso de ello, porque era una operación de 'salvamento' de los niños. Creó una culpa pública en la que los hijos de los 'rojos' eran apartados de sus padres para ingresar en instituciones donde redimir los pecados de sus padres y la máxima expresión de esa purga era que esos niños se hicieran curas o monjas". El ideólogo de esta segregación fue, según Vinyes, el psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera, jefe del Servicio de Psiquiatría del Ejército. El estudio del "Biopsíquismo marxista" que hizo con las mujeres de la prisión de Málaga, basado en las teorías delos congresos psiquiátricos de la Alemana nazi a los que asistió, le llevo a diseñar un programa de "eugenesia, protección y mejora de la raza en el que la única solución para los hijos de los 'rojos' era separarlos totalmente de sus madres".
Vallejo-Nágera, no sólo era el referente de la Psiquiatría española de la época "sino que su mujer era íntima amiga de la mujer de Franco", por lo que esta influencia se plasmó en una serie de leyes que a finales de 1939 y 1940 dieron paso a una gran depuración infantil que permitía separar a los niños de sus madres encarceladas cuando cumplían los tres años e ingresarlos en instituciones donde los padres perdían la tutela, pudiendo, por tanto, ser dados en adopción sin el permiso de sus progenitores.
Adopciones irregulares"
No hay documentación fiable sobre adopciones irregulares, solo tenemos indicios, pero no podemos ir más lejos porque el Tribunal Tutelar de Menores impide consultar sus archivos a pesar de que esos 'menores' ya tienen 60 o 70 años", resalta Vinyes. El caso más sangrante es el de las condenadas a muerte embarazas, cuyos hijos en la mayoría de los casos eran fruto de violaciones durante los interrogatorios. Aunque no siempre se cumplía, la ley prohibía ejecutar a las gestantes. "Las fusilaban apenas 48 horas después de dar a luz, algunas de ellas sentadas en una silla porque no podían tenerse en pie. ¿Qué pasaba con los niños? Ni idea, los sacaban de la prisión no se sabe dónde".
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Europa Press -
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TOLEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) informó hoy de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones producidas durante el Franquismo en las investigaciones realizadas por el profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor de varios trabajos situados en la misma línea conceptual, como el recien publicado "El caso de los niños perdidos del Franquismo".
Según informó la UCLM en un comunicado, en la resolución judicial del pasado martes, 18 de noviembre, Garzón trasladó la investigación de las desapariciones del Franquismo a los tribunales territoriales, y subrayó la vigente responsabilidad del Estado español en aquellos crímenes, cuestión ésta última que ha venido defendiendo el profesor Miguel Ángel Rodríguez, a quien el propio magistrado de la Audiencia Nacional cita en su auto.
Garzón se refiere expresamente al libro "El caso de los niños perdidos", en el que Rodríguez Arias analiza las desapariciones de hijos de los defensores de la República española tras la Guerra Civil, la actuación del Gobierno y la calificación jurídica de esas conductas, todo ello con el objetivo de dar a conocer a las víctimas las distintas posibilidades de acción que tienen a su alcance en la defensa de sus derechos humanos.
La obra, editada por Tirant Lo Blanch, recuerda que la condena del Consejo de Europa en 2006 a la dictadura franquista supuso el primer reconocimiento internacional del denominado caso de 'los niños perdidos', hijos de presas republicanas arrebatados a sus madres y cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afines al régimen; pero también niños, según el autor, "impunemente" secuestrados en Francia y otros países para su 'reintegración a la patria' todavía en los cincuenta.
El juez Baltasar Garzón se refiere a estos desaparecidos en su auto, recogiendo las tesis del investigador del Instituto de Derecho Penal Internacional de la UCLM en torno a la responsabilidad del Gobierno de España "de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, la desatendida Condena del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 y el legado de Nuremberg, con especial referencia al Decreto Noche y Niebla de Hitler, que inauguraría esta clase de crimen contra la humanidad", según explicó el profesor Rodríguez Arias.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador del Instituto de Derecho Penal Internacional de la UCLM. Además de la monografía anteriormente reseñada, es autor de "Las fosas de Franco y la Diligencia debida del Estado ante el crimen de desaparición forzada de personas", y "La nueva ley de la memoria y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos en el caso de lo desaparecidos del Franquismo", igualmente citados en el auto de Garzón.
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(“El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad”, de 436 páginas, publicada por la conocida editorial jurídica Tirant Lo Blanch, en el link http://www.tirant.com/monocnt?daId=154&patron=01 encontrarás mayor información sobre el mismo, si no se abre clicando directamente copia-pega sobre el navegador)
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Memoria.- Garzón alude a las investigaciones de un profesor de la ...
Europa Press -
Garzón alude a las investigaciones de un profesor de la UCLM en su auto sobre los desaparecidos del Franquismo
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El investigador de la UCLM Miguel Ángel Rodríguez publica el libro "El caso de los niños perdidos del franquismo" (11/11/2008)
Memoria.- Garzón se declara competente para investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil y Franquismo (16/10/2008)
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Memoria.- Garzón cree que el franquismo tenía "un plan de exterminio" similar al que ejecutaron los nazis (16/10/2008)
Memoria.- Las asociaciones piden a los Ayuntamientos la creación de oficinas de información a las víctimas (22/09/2008)
TOLEDO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) informó hoy de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha fundamentado parte de su auto sobre las desapariciones producidas durante el Franquismo en las investigaciones realizadas por el profesor de la UCLM, Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor de varios trabajos situados en la misma línea conceptual, como el recien publicado "El caso de los niños perdidos del Franquismo".
Según informó la UCLM en un comunicado, en la resolución judicial del pasado martes, 18 de noviembre, Garzón trasladó la investigación de las desapariciones del Franquismo a los tribunales territoriales, y subrayó la vigente responsabilidad del Estado español en aquellos crímenes, cuestión ésta última que ha venido defendiendo el profesor Miguel Ángel Rodríguez, a quien el propio magistrado de la Audiencia Nacional cita en su auto.
Garzón se refiere expresamente al libro "El caso de los niños perdidos", en el que Rodríguez Arias analiza las desapariciones de hijos de los defensores de la República española tras la Guerra Civil, la actuación del Gobierno y la calificación jurídica de esas conductas, todo ello con el objetivo de dar a conocer a las víctimas las distintas posibilidades de acción que tienen a su alcance en la defensa de sus derechos humanos.
La obra, editada por Tirant Lo Blanch, recuerda que la condena del Consejo de Europa en 2006 a la dictadura franquista supuso el primer reconocimiento internacional del denominado caso de 'los niños perdidos', hijos de presas republicanas arrebatados a sus madres y cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias afines al régimen; pero también niños, según el autor, "impunemente" secuestrados en Francia y otros países para su 'reintegración a la patria' todavía en los cincuenta.
El juez Baltasar Garzón se refiere a estos desaparecidos en su auto, recogiendo las tesis del investigador del Instituto de Derecho Penal Internacional de la UCLM en torno a la responsabilidad del Gobierno de España "de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos, la desatendida Condena del Consejo de Europa de 17 de marzo de 2006 y el legado de Nuremberg, con especial referencia al Decreto Noche y Niebla de Hitler, que inauguraría esta clase de crimen contra la humanidad", según explicó el profesor Rodríguez Arias.
Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador del Instituto de Derecho Penal Internacional de la UCLM. Además de la monografía anteriormente reseñada, es autor de "Las fosas de Franco y la Diligencia debida del Estado ante el crimen de desaparición forzada de personas", y "La nueva ley de la memoria y la vulneración de los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos en el caso de lo desaparecidos del Franquismo", igualmente citados en el auto de Garzón.
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(“El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad”, de 436 páginas, publicada por la conocida editorial jurídica Tirant Lo Blanch, en el link http://www.tirant.com/monocnt?daId=154&patron=01 encontrarás mayor información sobre el mismo, si no se abre clicando directamente copia-pega sobre el navegador)
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Ahaztuak denuncia que existe un pacto de Estado para seguir apostando por el Modelo español de Impunidad.
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Ahaztuak denuncia que existe un pacto de Estado para seguir ...
Ahaztuak denuncia que existe un pacto de Estado para seguir apostando por el Modelo español de Impunidad.
El auto de Garzón es "un paso atrás" pero no impediría seguir la investigación con "voluntad política"
Ahaztuak 1937-1977 Para Kaos en la Red Hoy 13:44 32 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/ahaztuak-denuncia-existe-pacto-estado-para-seguir-apostando-modelo-esp
Ahaztuak cree que el auto de Garzón es "un paso atrás" pero no impediría seguir la investigación con "voluntad política" Dice que "no podemos pensar que va a caer en las espaldas" de los juzgados locales lo que "estamentos superiores han impedido"
BILBAO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación 'Ahaztuak 1937-1977' afirmó hoy que el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo supone "un paso atrás" y evidencia la "triste apuesta" por la vigencia del "modelo de impunidad". Sin embargo, subrayó que no impediría "seguir con la investigación" si existiera "voluntad política".
En una rueda de prensa en Bilbao, el portavoz de la asociación, Marcelo Álvarez, analizó el auto del juez de la Audiencia Nacional en la que declaraba extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros altos mandos de su régimen y ha decidido remitir la causa que abrió para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde se encuentran las fosas comunes que autorizó.
Para Ahaztuak, el auto de Garzón contiene "sombras", pero también "algunas luces" con "elementos que son utilizables todavía". No obstante, precisó que "lo que vaya a salir de todo ello va a depender del trabajo" de las víctimas y sus asociaciones y del sector social que "creen que aquí hay una página sin cerrar".
A su entender, con la "inhibición" de Garzón "forzada por presiones" se pone en evidencia "la vigencia del modelo de impunidad para los crímenes del franquismo" que se "gestó en la transición", así como "la triste apuesta actual de la democracia española por seguir manteniéndolo vigente en toda su profundidad".
En esta línea, señaló que "han actuado los diferentes mecanismos del Estado", con un "papel obstruccionista" de la Fiscalía General del Estado, una "campaña de crimanalización" en los medios de comunicación, un "pacto de Estado" entre PSOE y PP para "seguir apostando por ese modelo de impunidad", y un "ataque a la reflexión del primer auto de Garzón" por parte del "estamento eclesiástico".
En cualquier caso, consideró que el auto del pasado día 18 es "un paso atrás" porque "incide en las calificaciones de los delitos del franquismo y los lanza de nuevo a considerarlos delitos comunes" mientras que en el auto precedente "hablaba de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben".
No obstante, apreció "elementos rescatables" en este texto, entre ellos "la referencia que sigue haciendo a los delitos del franquismo como lesa humanidad que no prescriben" y "la incidencia que plantea en torno a la derogación de la Ley de Amnistía de 1977" en consonancia con "la recomendación de la onU".
Álvarez señaló que "la derivación a los juzgados locales de todo lo que tiene que ver con estos crímenes y, sobre todo, las exhumaciones de fosas es un paso atrás", pero "no impediría seguir con la investigación ni con las exhumaciones" si existiera una "voluntad política" que "no hay".
En su opinión, "no podemos pensar que va a caer en las espaldas de estamentos inferiores lo que los estamentos superiores no sólo no han hecho, sino que han impedido que se haga". En esta línea, indicó que "hay elementos, incluso si esos jueces locales van en un sentido correcto que no interese como no ha interesado el auto de Garzón en determinados poderes, para frenarlo y paralizarlo". "Lo que hay de fondo es la necesidad de que haya una verdadera voluntad política de dar salida a este tema de las víctimas del franquismo", insistió.
De cualquier modo, señaló que, si "se abre la vía de los jueces locales", se generará "una dinámica social lo más extensa posible" que tenga "como elemento central" estas instancias.
NIÑOS DE LA GUERRA
Asimismo, advirtió de que "se está tomando como elemento central del auto" de Baltasar Garzón las referencias a las actuaciones sobre los niños desaparecidos en aquel periodo, estimados en más de 12.000, "como señuelo o distracción respecto a lo sustancial del retroceso que ha habido".
En este sentido, reclamó que, a pesar de que se trata de un "elemento doloroso", no debe caerse "en la trampa de gestionar una especie de elemento mediático", en vez de tener en cuenta "las violaciones de los derechos humanos y el plan de exterminio del franquismo en su conjunto".
En este contexto, el portavoz de Ahaztuak subrayó la necesidad de seguir impulsando el trabajo de las víctimas del franquismo, de manera particular y a través de las asociaciones, junto a "ese sector de la sociedad que de una manera clara está apostando por una regeneración de los elementos que aún faltan a la democracia española".
De este modo, se mostró convencido de que "no se puede delegar" esta labor porque "se ha demostrado la dejadez de los partidos, de izquierdas y de derechas, en este terreno". En este sentido, criticó que las iniciativas realizadas recientemente en distintos ayuntamientos para derogar "los cargos honoríficos de Franco" se hayan efectuado "cuando han pasado 30 años de democracia en los que esos ayuntamientos han estado gestionados por partidos que no deberían haber tenido absolutamente ningún tipo de empacho en haber hecho esto en su momento".
"Ahora, por mucho que esté bien hecho y lo aplaudamos, es tarde. Y eso que podía haber sido en su momento un elemento de impulso hacia la verdadera democracia, hoy es un elemento mediático y poco más", lamentó Álvarez, para el que el trabajo de las víctimas del franquismo "es la única garantía para llegar algún a buen puerto".
El portavoz de Ahaztuak reivindicó "el ejemplo de Argentina", donde gracias a "la persistencia" de las asociaciones de víctimas "hoy en día los genocidas están siendo juzgados y muchos de ellos encarcelados 30 años después del fin de la dictadura".
Finalmente, lamentó que se ha producido "la enésima bofetada" a las víctimas, generando "una esperanza" para decirles que "no tiene recorrido de la noche a la mañana".
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Ahaztuak cree que el auto de Garzón evidencia "la vigencia de la ...
Gara -
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Ahaztuak denuncia que existe un pacto de Estado para seguir ...
Ahaztuak denuncia que existe un pacto de Estado para seguir apostando por el Modelo español de Impunidad.
El auto de Garzón es "un paso atrás" pero no impediría seguir la investigación con "voluntad política"
Ahaztuak 1937-1977 Para Kaos en la Red Hoy 13:44 32 lecturas
www.kaosenlared.net/noticia/ahaztuak-denuncia-existe-pacto-estado-para-seguir-apostando-modelo-esp
Ahaztuak cree que el auto de Garzón es "un paso atrás" pero no impediría seguir la investigación con "voluntad política" Dice que "no podemos pensar que va a caer en las espaldas" de los juzgados locales lo que "estamentos superiores han impedido"
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La asociación 'Ahaztuak 1937-1977' afirmó hoy que el último auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo supone "un paso atrás" y evidencia la "triste apuesta" por la vigencia del "modelo de impunidad". Sin embargo, subrayó que no impediría "seguir con la investigación" si existiera "voluntad política".
En una rueda de prensa en Bilbao, el portavoz de la asociación, Marcelo Álvarez, analizó el auto del juez de la Audiencia Nacional en la que declaraba extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros altos mandos de su régimen y ha decidido remitir la causa que abrió para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde se encuentran las fosas comunes que autorizó.
Para Ahaztuak, el auto de Garzón contiene "sombras", pero también "algunas luces" con "elementos que son utilizables todavía". No obstante, precisó que "lo que vaya a salir de todo ello va a depender del trabajo" de las víctimas y sus asociaciones y del sector social que "creen que aquí hay una página sin cerrar".
A su entender, con la "inhibición" de Garzón "forzada por presiones" se pone en evidencia "la vigencia del modelo de impunidad para los crímenes del franquismo" que se "gestó en la transición", así como "la triste apuesta actual de la democracia española por seguir manteniéndolo vigente en toda su profundidad".
En esta línea, señaló que "han actuado los diferentes mecanismos del Estado", con un "papel obstruccionista" de la Fiscalía General del Estado, una "campaña de crimanalización" en los medios de comunicación, un "pacto de Estado" entre PSOE y PP para "seguir apostando por ese modelo de impunidad", y un "ataque a la reflexión del primer auto de Garzón" por parte del "estamento eclesiástico".
En cualquier caso, consideró que el auto del pasado día 18 es "un paso atrás" porque "incide en las calificaciones de los delitos del franquismo y los lanza de nuevo a considerarlos delitos comunes" mientras que en el auto precedente "hablaba de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben".
No obstante, apreció "elementos rescatables" en este texto, entre ellos "la referencia que sigue haciendo a los delitos del franquismo como lesa humanidad que no prescriben" y "la incidencia que plantea en torno a la derogación de la Ley de Amnistía de 1977" en consonancia con "la recomendación de la onU".
Álvarez señaló que "la derivación a los juzgados locales de todo lo que tiene que ver con estos crímenes y, sobre todo, las exhumaciones de fosas es un paso atrás", pero "no impediría seguir con la investigación ni con las exhumaciones" si existiera una "voluntad política" que "no hay".
En su opinión, "no podemos pensar que va a caer en las espaldas de estamentos inferiores lo que los estamentos superiores no sólo no han hecho, sino que han impedido que se haga". En esta línea, indicó que "hay elementos, incluso si esos jueces locales van en un sentido correcto que no interese como no ha interesado el auto de Garzón en determinados poderes, para frenarlo y paralizarlo". "Lo que hay de fondo es la necesidad de que haya una verdadera voluntad política de dar salida a este tema de las víctimas del franquismo", insistió.
De cualquier modo, señaló que, si "se abre la vía de los jueces locales", se generará "una dinámica social lo más extensa posible" que tenga "como elemento central" estas instancias.
NIÑOS DE LA GUERRA
Asimismo, advirtió de que "se está tomando como elemento central del auto" de Baltasar Garzón las referencias a las actuaciones sobre los niños desaparecidos en aquel periodo, estimados en más de 12.000, "como señuelo o distracción respecto a lo sustancial del retroceso que ha habido".
En este sentido, reclamó que, a pesar de que se trata de un "elemento doloroso", no debe caerse "en la trampa de gestionar una especie de elemento mediático", en vez de tener en cuenta "las violaciones de los derechos humanos y el plan de exterminio del franquismo en su conjunto".
En este contexto, el portavoz de Ahaztuak subrayó la necesidad de seguir impulsando el trabajo de las víctimas del franquismo, de manera particular y a través de las asociaciones, junto a "ese sector de la sociedad que de una manera clara está apostando por una regeneración de los elementos que aún faltan a la democracia española".
De este modo, se mostró convencido de que "no se puede delegar" esta labor porque "se ha demostrado la dejadez de los partidos, de izquierdas y de derechas, en este terreno". En este sentido, criticó que las iniciativas realizadas recientemente en distintos ayuntamientos para derogar "los cargos honoríficos de Franco" se hayan efectuado "cuando han pasado 30 años de democracia en los que esos ayuntamientos han estado gestionados por partidos que no deberían haber tenido absolutamente ningún tipo de empacho en haber hecho esto en su momento".
"Ahora, por mucho que esté bien hecho y lo aplaudamos, es tarde. Y eso que podía haber sido en su momento un elemento de impulso hacia la verdadera democracia, hoy es un elemento mediático y poco más", lamentó Álvarez, para el que el trabajo de las víctimas del franquismo "es la única garantía para llegar algún a buen puerto".
El portavoz de Ahaztuak reivindicó "el ejemplo de Argentina", donde gracias a "la persistencia" de las asociaciones de víctimas "hoy en día los genocidas están siendo juzgados y muchos de ellos encarcelados 30 años después del fin de la dictadura".
Finalmente, lamentó que se ha producido "la enésima bofetada" a las víctimas, generando "una esperanza" para decirles que "no tiene recorrido de la noche a la mañana".
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La sombra de Francisco Franco es alargada. Tanto, que treinta y tres años después de su muerte sus vestigios siguen colmando la geografía e imaginario populares. BNG e IU han exigido en el Ayuntamiento de Ferrol que se retiren los títulos al dictador. Y es que en aquella localidad al menos tres colegios públicos conservan nomenclaturas franquistas. Una estatua ecuestre y una Cruz de los Caídos también perviven en la zona. De idéntica forma han actuado los jóvenes de Iniciativa en Castellón, exigiendo al Ayuntamiento que retiren los títulos a Franco y al general Serrano Súñer. También en Madrid pervive Franco: 194 calles conservan nombres vinculados al régimen.
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BNG e IU han exigido la retirada de los símbolos franquistas que aún colean en Ferrol. Y es que, en la localidad al menos tres colegios públicos conservan nomenclaturas franquistas: Carmen Polo -esposa del dictador- Ibáñez Martín –ministro franquista-, o Marqués de Suances. Además, subsisten una estatua ecuestre –aunque aparcada en un patio del Arsenal Militar, tras años presidiendo la entrada a la ciudad- y una Cruz de los Caídos –ornamento anacrónica de la Plaza de Amboage-. Franco conserva los títulos Según informa El País, el BNG también denunció que no se hayan retirado los títulos honoríficos al dictador. Y es que, en Ferrol Franco sigue siendo Alcalde Honorario, Hijo Predilecto y Medalla de Oro, en tanto sus descendientes son Hijos predilectos de la localidad. El portavoz de la formación Xoan Xosé Pitá, ha solicitado que se revoquen todos los homenajes concedidos a la familia Franco. Desde las filas de IU, asimismo, se ha clamado por la aplicación “rigurosa” de la Ley de Memoria Histórica. En palabras de su líder, Yolanda Díez, queda un largo camino para resarcir a quienes “lucharon y padecieron persecución y violencia durante la dictadura”.
En Castellón también
En Castellón, Iniciativa ha pedido al Ayuntamiento que retiren el título de acalde perpetuo al ministro franquista Ramón Serrano Súñer y la medalla de honor a Franco. El portavoz de los jóvenes de Indicativa, José Pedregosa, ha recordado que el primero, cuñado del dictador, fue “un entusiasta simpatizante de la causa nazi” y el responsable político de la detención del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, aprehendido por la GESTAPO y fusilado por Franco. El ex dirigente también fue el responsable del exterminio de republicanos apresados en los campos de concentración nazis. El PP secuestra las subvenciones “La pasividad del Gobierno central a la hora de hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica hace que sean los ayuntamientos quienes hayan de dar los primeros pasos para hacer desaparecer la nomenclatura y distintivos franquistas de las calles”, ha declarado Pedregosa, acusando al PP castellonés de “dificultar la tarea del Grupo de Búsqueda de la Memoria Histórica negándole espacios públicos de la Diputación o secuestrando la subvención a la cual tienen derecho”.
Madrid conserva 194 calles con nombres franquistas
En la misma línea, cabe mencionar que Madrid conserva de forma visible 194 placas de calles y unas cuantas insignias urbanas vinculadas directamente al franquismo. Por ejemplo, en la capital subsisten las calles del General Yagüe y Varela, a pesar de que ambos bombardearon la capital durante tres años. Según informa El País, el Ayuntamiento no tiene claro a qué departamento compete retirar las insignias. “Falta un reglamento que desarrolle la norma, y un catálogo de elemntos que determine cuáles podrían conservarse por razones artísticas –como la ley prevé-” señalan fuentes del consistorio.
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En Castellón, Iniciativa ha pedido al Ayuntamiento que retiren el título de acalde perpetuo al ministro franquista Ramón Serrano Súñer y la medalla de honor a Franco. El portavoz de los jóvenes de Indicativa, José Pedregosa, ha recordado que el primero, cuñado del dictador, fue “un entusiasta simpatizante de la causa nazi” y el responsable político de la detención del presidente de la Generalitat, Lluís Companys, aprehendido por la GESTAPO y fusilado por Franco. El ex dirigente también fue el responsable del exterminio de republicanos apresados en los campos de concentración nazis. El PP secuestra las subvenciones “La pasividad del Gobierno central a la hora de hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica hace que sean los ayuntamientos quienes hayan de dar los primeros pasos para hacer desaparecer la nomenclatura y distintivos franquistas de las calles”, ha declarado Pedregosa, acusando al PP castellonés de “dificultar la tarea del Grupo de Búsqueda de la Memoria Histórica negándole espacios públicos de la Diputación o secuestrando la subvención a la cual tienen derecho”.
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En la misma línea, cabe mencionar que Madrid conserva de forma visible 194 placas de calles y unas cuantas insignias urbanas vinculadas directamente al franquismo. Por ejemplo, en la capital subsisten las calles del General Yagüe y Varela, a pesar de que ambos bombardearon la capital durante tres años. Según informa El País, el Ayuntamiento no tiene claro a qué departamento compete retirar las insignias. “Falta un reglamento que desarrolle la norma, y un catálogo de elemntos que determine cuáles podrían conservarse por razones artísticas –como la ley prevé-” señalan fuentes del consistorio.
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Ian Gibson dice que la inhibición de Garzón "ha sido una estrategia"
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Ian Gibson dice que la inhibición de Garzón "ha sido una estrategia"
EFE - 20/11/2008 20 : 09
Badajoz, 20 nov (EFE).-
El hispanista Ian Gibson ha dicho esta noche, sobre la inhibición del juez Baltasar Garzón en la apertura de fosas de fusilados en la Guerra Civil, que la decisión "ha sido una estrategia, al saber el juez desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra y que tenía pocas oportunidades de salir adelante".
Gibson ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa antes de ofrecer en el Palacio de Congresos "Manuel Rojas" de Badajoz la conferencia "Lorca y la Memoria Histórica", organizada por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Badajoz.
Ha manifestado que ha leído dos veces el último auto del juez Garzón y que le parece "uno de los textos más apasionantes que he leído sobre la guerra de España. Es terrible el texto, va a ser histórico".
Ha agregado que el traslado de la decisión de la apertura de las fosas a los jueces territoriales va a originar problemas ya que, en su opinión, algunos jueces no van a querer continuar con el caso.
También ha dicho que España está presente en la ONU y que "pueden opinar sobre este asunto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Asimismo, ha agregado que con la nueva situación del asunto hay situaciones "vergonzosas" como la del diputado socialista de Córdoba Luis Torado, cuya fosa se ha abierto y sólo se ha exhumado medio cadáver mientras que la fosa sigue abierta.
Además, ha afirmado que las derechas del país no quieren que se sepa lo que sucedió durante la Guerra Civil y la Postguerra, y que, por esto, se oponen a la Ley de la Memoria Histórica, y que el presidente del PP, Manuel Fraga, "tiene las manos con alguna mancha de sangre".
"Me parece una vergüenza para este país tener en una cuneta a su máximo embajador, Federico García Lorca", ha dicho también.
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Badajoz, 20 nov (EFE).-
El hispanista Ian Gibson ha dicho esta noche, sobre la inhibición del juez Baltasar Garzón en la apertura de fosas de fusilados en la Guerra Civil, que la decisión "ha sido una estrategia, al saber el juez desde el primer momento que el Gobierno estaba en contra y que tenía pocas oportunidades de salir adelante".
Gibson ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa antes de ofrecer en el Palacio de Congresos "Manuel Rojas" de Badajoz la conferencia "Lorca y la Memoria Histórica", organizada por el Área de Cultura de la Diputación Provincial de Badajoz.
Ha manifestado que ha leído dos veces el último auto del juez Garzón y que le parece "uno de los textos más apasionantes que he leído sobre la guerra de España. Es terrible el texto, va a ser histórico".
Ha agregado que el traslado de la decisión de la apertura de las fosas a los jueces territoriales va a originar problemas ya que, en su opinión, algunos jueces no van a querer continuar con el caso.
También ha dicho que España está presente en la ONU y que "pueden opinar sobre este asunto en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
Asimismo, ha agregado que con la nueva situación del asunto hay situaciones "vergonzosas" como la del diputado socialista de Córdoba Luis Torado, cuya fosa se ha abierto y sólo se ha exhumado medio cadáver mientras que la fosa sigue abierta.
Además, ha afirmado que las derechas del país no quieren que se sepa lo que sucedió durante la Guerra Civil y la Postguerra, y que, por esto, se oponen a la Ley de la Memoria Histórica, y que el presidente del PP, Manuel Fraga, "tiene las manos con alguna mancha de sangre".
"Me parece una vergüenza para este país tener en una cuneta a su máximo embajador, Federico García Lorca", ha dicho también.
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Entrevista a Emilio Silva.
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"Mientras un grupo de voluntarios se responsabiliza de los ...
Noticias de Gipuzkoa -
emilio silva, presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica
"Mientras un grupo de voluntarios se responsabiliza de los desaparecidos, el Estado les niega el auxilio"
Reconoce que le dio un "bajón" cuando conoció el auto de inhibición de Garzón, pero también que esa sensación se fue diluyendo con las horas. En su opinión, la intervención del juez ha supuesto una condena histórica del franquismo y ha marcado el camino a seguir por la Justicia
Donostia.
Nieto de un desaparecido en la Guerra Civil, Emilio Silva se implicó hace varios años en la búsqueda e identificación de su abuelo. Logró su objetivo en octubre de 2000, tras una exhumación en Priaranza del Bierzo (León) en la que participó Aranzadi. Su recorrido, sin embargo, no había hecho más que comenzar. Ayer, dentro del ciclo de conferencias Los Caminos de la Memoria , organizado por la Fundación Idi Ezkerra en colaboración con el Gobierno Vasco, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica repasó en Donostia su experiencia personal en estos ocho años y analizó la situación creada tras la última actuación del magistrado.
Es evidente que aún queda mucho por investigar en relación a la Guerra y la dictadura, pero también parecen claros los avances dados desde aquel octubre de 2000. ¿Qué ha cambiado en estos ocho años?
Para empezar, que hemos exhumado los cuerpos de 1.600 personas y los hemos podido entregar identificados a sus familias. Eso, por un lado. Por otro, se ha abierto un debate acerca de la relación con el pasado, acerca de la dictadura, de sus consecuencias, de qué tienen que hacer las instituciones con respecto a las violaciones de derechos humanos que hubo. Todo eso ha llevado a una ley de la Memoria Histórica y ha llegado a la Audiencia Nacional. Ha pasado de estar escondido a ser público.
¿Existe información suficiente sobre este tema o se trata aún de un asunto por desenterrar?
Suficiente información no se tiene porque durante años, por ejemplo, éste no ha sido un tema prioritario en los centros de enseñanza. Hace unos meses, en una encuesta, el 35% de quienes respondieron aseguró no haber estudiado en un centro educativo nada que tuviera que ver con ese periodo. Muchos hemos tenido que ser autodidactas porque en nuestros colegios no se nos enseñó.
La intervención de Garzón abrió una puerta a la esperanza para las asociaciones que trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica. ¿Cómo valora su inhibición en favor de los juzgados territoriales?
El martes -cuando se conoció esa decisión- me dio un bajón muy grande, pero al día siguiente ya se me quitó un poco. En la Audiencia Nacional, este proceso estaba abocado a ser paralizado cuando se discutiera la competencia de Garzón. Creo que lo que ha hecho el juez es dejarlo en suspenso, para rebotar ese trabajo a juzgados locales y al Ministerio de Justicia. De alguna manera, lo que ha hecho es repartir tareas. Ahora hay que ver si, quienes tienen que asumir esas tareas, están dispuestos.
¿En qué deben consistir esas tareas?
Pues en lo mismo que iba a hacer Garzón. En promover las exhumaciones, investigarlas, hacer pruebas de ADN con cargo al Estado, etcétera. Además, él ha abierto una puerta al tema de los niños y niñas que fueron apresados y a los que se les negó la identidad. Ése es un asunto muy importante. Hasta ahora había habido algún documental y un par de libros que trataban el tema, pero en general no ha estado presente.
Tras la inhibición de Garzón, ¿confía en que aún se confeccione un listado oficial de desaparecidos?
Garzón le ha transmitido al ministro de Justicia la presencia del grupo de expertos formado para hacer eso y ahora será éste quien dirá si va a asumir esa tarea, si quiere aprovechar ese equipo y acabar ese trabajo.
La investigación de los hechos recae ahora en manos de los juzgados territoriales. ¿Es optimista en relación a la apertura de nuevas fosas?
Nosotros, mientras nadie nos pare, vamos a seguir haciendo exhumaciones. Además, si una familia llega y denuncia un caso de una desaparición, el juzgado debería investigarlo. Pero es bastante vergonzoso que tengan que ser las propias víctimas las que se autorreparen de un delito.
¿Cree que aún puede producirse un proceso penal de aquellos crímenes?
Está por ver, la vida da muchas vueltas y pueden pasar muchas cosas.
¿Tienen previsto recurrir la decisión de Garzón a instancias superiores?
En el fondo, lo que ha hecho Garzón es complicar las cosas, pero en el buen sentido. Él le ha dado unas tareas a los juzgados. Y, si éstos no hacen caso de sus deberes, nosotros tendremos que ir a reclamar.
¿Comparte las críticas al magistrado por su auto de inhibición?
Por un lado, puedo pensar que yo habría seguido hasta el final. Pero, quizás, él ha tomado una medida inteligente, parando antes de llegar al muro y maniobrando. Por no hablar de que el mismo texto del auto de inhibición es una condena contundente del franquismo.
¿Inexistente hasta ahora?
Es algo que no había hecho la clase política de este país. No hay ninguna condena con esa contundencia.
¿Ha sido esa falta de implicación política la gran decepción para ustedes en toda esta historia?
En este país hemos vivido 30 años de abandono para las víctimas de la dictadura. Eso ha permanecido y hay una parte de la clase política que no se puede sentir orgullosa de su papel al respecto. Nosotros hemos recibido cartas de familiares que han estado durante años escribiendo a todo tipo de instituciones y ni siquiera han sido contestados.
¿Cómo valora la actuación del Gobierno de Zapatero?
El Gobierno ha sido muy blandito con este tema. En este país, los derechos humanos que afectan a estos desaparecidos son responsabilidad de un grupo de voluntarios, de antropólogos, de forenses... que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a las familias. Y mientras, el Estado les está negando un auxilio y está permitiendo que las familias anden pululando por distintas administraciones buscando una solución. Eso descalifica bastante o empobrece mucho la cultura democrática.
¿No existe implicación institucional?
No. La implicación institucional es que las instituciones se responsabilicen de esto. Y, aunque sí recibimos una subvención, eso no existe.
Estas últimas semanas se ha hablado mucho de la Iglesia. ¿Existe colaboración por su parte?
La Iglesia no colabora nada, sino todo lo contrario. La jerarquía de la Iglesia católica ha respondido a los dos momentos álgidos que ha habido en este proceso, cuando se produjo el debate sobre la Ley de Amnistía de 2006 y ahora, anunciando dos beatificaciones masivas. Y respeto que beatifiquen o canonicen, pero es muy lamentable esconder su parte en todo esto. Lo que deberían hacer es perdonar, pedir perdón y ayudar a quienes han sufrido durante 40 años ese gobierno de los asesinos.
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Memoria Histórica exigirá que el Estado se haga cargo de las ...Diario de Mallorca - hace 7 horasRFM / VE PALMA. La Asociación para la Memoria Histórica de Mallorca exigirá que el Estado se haga cargo de las exhumaciones de las fosas de Porreres y ...
Memoria Histórica del 36 de Ponteareas confía en los jueces ...Faro de Vigo - hace 7 horasVP / PONTEAREAS El portavoz de la Comisión por la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo, considera que la decisión del juez ...
La familia Lorca dice que el auto de Garzón coincide con su posturaLa Opinión de Granada - hace 8 horasEl escritor granadino Manuel Fernández Montesinos, autor de la obra biográfica ´Lo que en nosotros vive´ (editorial Tusquets), dijo ayer que para su familia ...
La Asociación para la Memoria Histórica pide un censo de las fosas ...El Comercio Digital (Asturias) - hace 9 horasLa decisión de Baltasar Garzón de dar marcha atrás en su pulso a la Fiscalía sobre la investigación del franquismo y la Guerra Civil dejó en suspenso la ...
«Juzgar la dictadura no es reabrir las heridas sino curarlas»Diario Vasco - hace 9 horasDV. «Juzgar el franquismo no es provocar una fractura social sino cerrar heridas». Emilio Silva, presidente de la Asociación de la Memoria Histórica y ...
Ian Gibson dice que la inhibición de Garzón "ha sido una estrategia"El Confidencial - hace 17 horasBadajoz, 20 nov (EFE).- El hispanista Ian Gibson ha dicho esta noche, sobre la inhibición del juez Baltasar Garzón en la apertura de fosas de fusilados en ...
"Mientras un grupo de voluntarios se responsabiliza de los ...
Noticias de Gipuzkoa -
emilio silva, presidente de la asociación para la recuperación de la memoria histórica
"Mientras un grupo de voluntarios se responsabiliza de los desaparecidos, el Estado les niega el auxilio"
Reconoce que le dio un "bajón" cuando conoció el auto de inhibición de Garzón, pero también que esa sensación se fue diluyendo con las horas. En su opinión, la intervención del juez ha supuesto una condena histórica del franquismo y ha marcado el camino a seguir por la Justicia
Donostia.
Nieto de un desaparecido en la Guerra Civil, Emilio Silva se implicó hace varios años en la búsqueda e identificación de su abuelo. Logró su objetivo en octubre de 2000, tras una exhumación en Priaranza del Bierzo (León) en la que participó Aranzadi. Su recorrido, sin embargo, no había hecho más que comenzar. Ayer, dentro del ciclo de conferencias Los Caminos de la Memoria , organizado por la Fundación Idi Ezkerra en colaboración con el Gobierno Vasco, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica repasó en Donostia su experiencia personal en estos ocho años y analizó la situación creada tras la última actuación del magistrado.
Es evidente que aún queda mucho por investigar en relación a la Guerra y la dictadura, pero también parecen claros los avances dados desde aquel octubre de 2000. ¿Qué ha cambiado en estos ocho años?
Para empezar, que hemos exhumado los cuerpos de 1.600 personas y los hemos podido entregar identificados a sus familias. Eso, por un lado. Por otro, se ha abierto un debate acerca de la relación con el pasado, acerca de la dictadura, de sus consecuencias, de qué tienen que hacer las instituciones con respecto a las violaciones de derechos humanos que hubo. Todo eso ha llevado a una ley de la Memoria Histórica y ha llegado a la Audiencia Nacional. Ha pasado de estar escondido a ser público.
¿Existe información suficiente sobre este tema o se trata aún de un asunto por desenterrar?
Suficiente información no se tiene porque durante años, por ejemplo, éste no ha sido un tema prioritario en los centros de enseñanza. Hace unos meses, en una encuesta, el 35% de quienes respondieron aseguró no haber estudiado en un centro educativo nada que tuviera que ver con ese periodo. Muchos hemos tenido que ser autodidactas porque en nuestros colegios no se nos enseñó.
La intervención de Garzón abrió una puerta a la esperanza para las asociaciones que trabajan por la recuperación de la Memoria Histórica. ¿Cómo valora su inhibición en favor de los juzgados territoriales?
El martes -cuando se conoció esa decisión- me dio un bajón muy grande, pero al día siguiente ya se me quitó un poco. En la Audiencia Nacional, este proceso estaba abocado a ser paralizado cuando se discutiera la competencia de Garzón. Creo que lo que ha hecho el juez es dejarlo en suspenso, para rebotar ese trabajo a juzgados locales y al Ministerio de Justicia. De alguna manera, lo que ha hecho es repartir tareas. Ahora hay que ver si, quienes tienen que asumir esas tareas, están dispuestos.
¿En qué deben consistir esas tareas?
Pues en lo mismo que iba a hacer Garzón. En promover las exhumaciones, investigarlas, hacer pruebas de ADN con cargo al Estado, etcétera. Además, él ha abierto una puerta al tema de los niños y niñas que fueron apresados y a los que se les negó la identidad. Ése es un asunto muy importante. Hasta ahora había habido algún documental y un par de libros que trataban el tema, pero en general no ha estado presente.
Tras la inhibición de Garzón, ¿confía en que aún se confeccione un listado oficial de desaparecidos?
Garzón le ha transmitido al ministro de Justicia la presencia del grupo de expertos formado para hacer eso y ahora será éste quien dirá si va a asumir esa tarea, si quiere aprovechar ese equipo y acabar ese trabajo.
La investigación de los hechos recae ahora en manos de los juzgados territoriales. ¿Es optimista en relación a la apertura de nuevas fosas?
Nosotros, mientras nadie nos pare, vamos a seguir haciendo exhumaciones. Además, si una familia llega y denuncia un caso de una desaparición, el juzgado debería investigarlo. Pero es bastante vergonzoso que tengan que ser las propias víctimas las que se autorreparen de un delito.
¿Cree que aún puede producirse un proceso penal de aquellos crímenes?
Está por ver, la vida da muchas vueltas y pueden pasar muchas cosas.
¿Tienen previsto recurrir la decisión de Garzón a instancias superiores?
En el fondo, lo que ha hecho Garzón es complicar las cosas, pero en el buen sentido. Él le ha dado unas tareas a los juzgados. Y, si éstos no hacen caso de sus deberes, nosotros tendremos que ir a reclamar.
¿Comparte las críticas al magistrado por su auto de inhibición?
Por un lado, puedo pensar que yo habría seguido hasta el final. Pero, quizás, él ha tomado una medida inteligente, parando antes de llegar al muro y maniobrando. Por no hablar de que el mismo texto del auto de inhibición es una condena contundente del franquismo.
¿Inexistente hasta ahora?
Es algo que no había hecho la clase política de este país. No hay ninguna condena con esa contundencia.
¿Ha sido esa falta de implicación política la gran decepción para ustedes en toda esta historia?
En este país hemos vivido 30 años de abandono para las víctimas de la dictadura. Eso ha permanecido y hay una parte de la clase política que no se puede sentir orgullosa de su papel al respecto. Nosotros hemos recibido cartas de familiares que han estado durante años escribiendo a todo tipo de instituciones y ni siquiera han sido contestados.
¿Cómo valora la actuación del Gobierno de Zapatero?
El Gobierno ha sido muy blandito con este tema. En este país, los derechos humanos que afectan a estos desaparecidos son responsabilidad de un grupo de voluntarios, de antropólogos, de forenses... que dedican su tiempo y esfuerzo a ayudar a las familias. Y mientras, el Estado les está negando un auxilio y está permitiendo que las familias anden pululando por distintas administraciones buscando una solución. Eso descalifica bastante o empobrece mucho la cultura democrática.
¿No existe implicación institucional?
No. La implicación institucional es que las instituciones se responsabilicen de esto. Y, aunque sí recibimos una subvención, eso no existe.
Estas últimas semanas se ha hablado mucho de la Iglesia. ¿Existe colaboración por su parte?
La Iglesia no colabora nada, sino todo lo contrario. La jerarquía de la Iglesia católica ha respondido a los dos momentos álgidos que ha habido en este proceso, cuando se produjo el debate sobre la Ley de Amnistía de 2006 y ahora, anunciando dos beatificaciones masivas. Y respeto que beatifiquen o canonicen, pero es muy lamentable esconder su parte en todo esto. Lo que deberían hacer es perdonar, pedir perdón y ayudar a quienes han sufrido durante 40 años ese gobierno de los asesinos.
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Memoria Histórica exigirá que el Estado se haga cargo de las ...Diario de Mallorca - hace 7 horasRFM / VE PALMA. La Asociación para la Memoria Histórica de Mallorca exigirá que el Estado se haga cargo de las exhumaciones de las fosas de Porreres y ...
Memoria Histórica del 36 de Ponteareas confía en los jueces ...Faro de Vigo - hace 7 horasVP / PONTEAREAS El portavoz de la Comisión por la Memoria Histórica del 36 de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo, considera que la decisión del juez ...
La familia Lorca dice que el auto de Garzón coincide con su posturaLa Opinión de Granada - hace 8 horasEl escritor granadino Manuel Fernández Montesinos, autor de la obra biográfica ´Lo que en nosotros vive´ (editorial Tusquets), dijo ayer que para su familia ...
La Asociación para la Memoria Histórica pide un censo de las fosas ...El Comercio Digital (Asturias) - hace 9 horasLa decisión de Baltasar Garzón de dar marcha atrás en su pulso a la Fiscalía sobre la investigación del franquismo y la Guerra Civil dejó en suspenso la ...
«Juzgar la dictadura no es reabrir las heridas sino curarlas»Diario Vasco - hace 9 horasDV. «Juzgar el franquismo no es provocar una fractura social sino cerrar heridas». Emilio Silva, presidente de la Asociación de la Memoria Histórica y ...
Ian Gibson dice que la inhibición de Garzón "ha sido una estrategia"El Confidencial - hace 17 horasBadajoz, 20 nov (EFE).- El hispanista Ian Gibson ha dicho esta noche, sobre la inhibición del juez Baltasar Garzón en la apertura de fosas de fusilados en ...
La Memoria Histórica, más allá de los crímenes, la represión abarca toda la dictadura y aún sigue. Miguel Ángel Llana.
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La Memoria Histórica, más allá de los crímenes, la represión abarca toda la dictadura y aún sigue
Miguel Ángel Llana
Rebelión
Medio siglo de silencio, desde 1936 y, después, tres décadas más de muda democracia no tienen porqué servir para avalar el silencio, como si ya la Memoria hubiera caducado, pero no ha sido así porque aún no se ha rendido homenaje a las víctimas cuando ni tan siquiera han sido identificadas. Tampoco son anónimas a pesar del empeño en negarles la identidad. Y, aún habría que añadir que las víctimas no terminaron con la guerra, ni siquiera con la posguerra, todavía siguieron durante décadas y más allá de 1952 año en el que el juez Garzón dio por finalizada la represión. La cifra documentada (creo que en los archivos de Alcalá) de asesinados se eleva a 300.000 y la de represaliados a 3,5 millones.
Muchos son los eufemismos que se han utilizado por los que ahora, todavía, intentan desviar la atención y tergiversar lo sucedido. Esta es una razón más para profundizar tanto como sea necesario en esta tenebrosa historia de la que aún quedan víctimas, supervivientes, pero sobre todo muchos fanáticos seguidores del "Alzamiento Nacional" o de "La Cruzada" que continúan ensalzando su historia. Esto ni siquiera está perseguido y mucho menos es sancionado.
¿Cómo es posible que todavía personajes que no sólo no han perdido perdón se les permite que sigan homenajeando a aquellos fascistas, nazis y criminales, que cometieron desde el "robo" de miles de niños hasta el "paseo" nocturno o diurno al paredón, además la usurpación de bienes.
No hubo ninguna "Guerra Civil", sencillamente un sangriento "Golpe Militar" iniciado en África y con la necesaria colaboración del nazismo alemán sin el que el Golpe no hubiera sido posible. Determinada oligarquía, latifundistas y, sobre todo la Iglesia Católica, dieron el soporte y el aliento necesario para consumar el genocidio. Con unos militares golpistas sin ideología, descerebrados, acostumbrados a hacer toda clase de masacres en África sin ningún límite, la Iglesia los bendijo, apoyó y, sobre todo, les dio la cobertura ideológica y moral, situándose decididamente fuera de la ley y aliándose con los golpistas y enfrentándose, abiertamente, al Gobierno y a las Instituciones democráticamente elegidas de la República.
Y, así, continuó todo durante la dictadura cobijando bajo Palio al sanguinario dictador, justificando y bendiciendo lo que la misma Iglesia denominó como "Cruzada". Ofende que la Iglesia considere como mártires a los sublevados porque, aún admitiendo los puntos de vista de la Iglesia y su particular moral, ¿Es que no ha habido ningún católico, que defendiendo la legalidad y al legítimo Gobierno, diera su vida por ello? Según la Iglesia Católica no, ni siquiera se lo plantea. En cambio, han sido y serán declarados mártires los fascistas o los defensores de los fascistas de la oligarquía y de los terratenientes cuyo mérito contrastado fue aliarse con los golpistas, al menos en su mayoría.
No conviene remover el pasado y para eso se mantienen el nombre de muchas calles, las estatuas del dictador y los mármoles a la puerta de las iglesias con la inscripción de los católicos caídos, pero sólo los que cayeron del lado bueno, del lado de los golpistas. Parece ser que ningún católico cayó defendiendo la legalidad del gobierno.
Y, ahora, cuando los familiares de las víctimas sólo pretenden dar nombre y apellidos y digna sepultura -algunos puede que cristiana sepultura- a los defensores de la Ley frente al fascismo, resulta que son denigrados, una vez más, porque los acusan de querer abrir heridas.
Los golpistas vencieron, y arrasaron, con la ayuda de la Iglesia. Pero la guerra no acabó, ni mucho menos, en 1939 sino que continuó durante toda la década de los cuarenta sin perder ni en un ápice su nivel de represión en todos los ámbitos. Y siguió dos décadas y media más, sólo que cada vez había menos con quien ensañarse y por ello menos víctimas.
Hablan de no abrir heridas y de pasar página, pero mal se pueden abrir la heridas que no se han cerrado y menos se puede pasar página cuando ni siquiera se ha leído.
En el fondo y en la forma, los que han votado la ley de la Memoria Histórica (de Punto Final) se opusieron, y se oponen, a cualquier cosa que sea mirar hacia atarás porque o eran parte de la dictadura -todas las personas e instituciones de la dictadura siguieron, incluida la policía represora- o porque los nuevos partidos políticos se ponían al servicio del mismo poder económico que gobernó durante la dictadura.
Nada cambió en las instituciones ni en las personas que las ocupaban, sus "derechos" permanecieron intactos e incluso su ideología fascista que ni siquiera necesitaron ocultar.
A juzgar por las manifestaciones y la actitud de los partidarios de negar la "Memoria Histórica" ahora no se debate solamente el rendir homenaje a las víctimas del "Golpe Militar" que se culminó con la dictadura, sino principalmente de mantener y de "legalizar" la actual política autoritaria y neoliberal. La pérdida de derechos políticos y cívicos no es un hecho aislado ni ajeno, sino que guarda estrecha relación con la situación de precariedad que cada vez amenaza más la posibilidad de una vida digna. Hay una relación directa, los mismos que defienden el no a la Memoria Histórica son los mismos ultras del neoliberalismo, y no es mera coincidencia.
No es posible rebatir tanto como se ha dicho sobre el tema. Sólo tres últimas consideraciones:
El artículo 131.4 del vigente Código Penal dice: "Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.". O se acepta el CP o lo derogamos, pero no vale eludirlo.
Solamente España, junto con Colombia, Camboya y Mozambique, son los únicos países que no han juzgado sus propios exterminios.
También se quiere acusar a los "otros" porque también cometieron crímenes, pero olvidan que, salvo los delincuentes que hay en todas partes, defendían al gobierno legítimo y sobre todo, que ya fueron juzgados y reprimidos hasta la saciedad y que conforme al más elemental derecho, no pueden volver a ser juzgados.
La Memoria Histórica está en juego porque lo está también la presente democracia que cada vez lo es menos, si nos atenemos al creciente peso del poder político, económico y judicial frente al decreciente peso de los ciudadanos, sus instituciones y la desarticulación de sus organizaciones de base, por no hablar de su desaparición.
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La Memoria Histórica, más allá de los crímenes, la represión abarca toda la dictadura y aún sigue
Miguel Ángel Llana
Rebelión
Medio siglo de silencio, desde 1936 y, después, tres décadas más de muda democracia no tienen porqué servir para avalar el silencio, como si ya la Memoria hubiera caducado, pero no ha sido así porque aún no se ha rendido homenaje a las víctimas cuando ni tan siquiera han sido identificadas. Tampoco son anónimas a pesar del empeño en negarles la identidad. Y, aún habría que añadir que las víctimas no terminaron con la guerra, ni siquiera con la posguerra, todavía siguieron durante décadas y más allá de 1952 año en el que el juez Garzón dio por finalizada la represión. La cifra documentada (creo que en los archivos de Alcalá) de asesinados se eleva a 300.000 y la de represaliados a 3,5 millones.
Muchos son los eufemismos que se han utilizado por los que ahora, todavía, intentan desviar la atención y tergiversar lo sucedido. Esta es una razón más para profundizar tanto como sea necesario en esta tenebrosa historia de la que aún quedan víctimas, supervivientes, pero sobre todo muchos fanáticos seguidores del "Alzamiento Nacional" o de "La Cruzada" que continúan ensalzando su historia. Esto ni siquiera está perseguido y mucho menos es sancionado.
¿Cómo es posible que todavía personajes que no sólo no han perdido perdón se les permite que sigan homenajeando a aquellos fascistas, nazis y criminales, que cometieron desde el "robo" de miles de niños hasta el "paseo" nocturno o diurno al paredón, además la usurpación de bienes.
No hubo ninguna "Guerra Civil", sencillamente un sangriento "Golpe Militar" iniciado en África y con la necesaria colaboración del nazismo alemán sin el que el Golpe no hubiera sido posible. Determinada oligarquía, latifundistas y, sobre todo la Iglesia Católica, dieron el soporte y el aliento necesario para consumar el genocidio. Con unos militares golpistas sin ideología, descerebrados, acostumbrados a hacer toda clase de masacres en África sin ningún límite, la Iglesia los bendijo, apoyó y, sobre todo, les dio la cobertura ideológica y moral, situándose decididamente fuera de la ley y aliándose con los golpistas y enfrentándose, abiertamente, al Gobierno y a las Instituciones democráticamente elegidas de la República.
Y, así, continuó todo durante la dictadura cobijando bajo Palio al sanguinario dictador, justificando y bendiciendo lo que la misma Iglesia denominó como "Cruzada". Ofende que la Iglesia considere como mártires a los sublevados porque, aún admitiendo los puntos de vista de la Iglesia y su particular moral, ¿Es que no ha habido ningún católico, que defendiendo la legalidad y al legítimo Gobierno, diera su vida por ello? Según la Iglesia Católica no, ni siquiera se lo plantea. En cambio, han sido y serán declarados mártires los fascistas o los defensores de los fascistas de la oligarquía y de los terratenientes cuyo mérito contrastado fue aliarse con los golpistas, al menos en su mayoría.
No conviene remover el pasado y para eso se mantienen el nombre de muchas calles, las estatuas del dictador y los mármoles a la puerta de las iglesias con la inscripción de los católicos caídos, pero sólo los que cayeron del lado bueno, del lado de los golpistas. Parece ser que ningún católico cayó defendiendo la legalidad del gobierno.
Y, ahora, cuando los familiares de las víctimas sólo pretenden dar nombre y apellidos y digna sepultura -algunos puede que cristiana sepultura- a los defensores de la Ley frente al fascismo, resulta que son denigrados, una vez más, porque los acusan de querer abrir heridas.
Los golpistas vencieron, y arrasaron, con la ayuda de la Iglesia. Pero la guerra no acabó, ni mucho menos, en 1939 sino que continuó durante toda la década de los cuarenta sin perder ni en un ápice su nivel de represión en todos los ámbitos. Y siguió dos décadas y media más, sólo que cada vez había menos con quien ensañarse y por ello menos víctimas.
Hablan de no abrir heridas y de pasar página, pero mal se pueden abrir la heridas que no se han cerrado y menos se puede pasar página cuando ni siquiera se ha leído.
En el fondo y en la forma, los que han votado la ley de la Memoria Histórica (de Punto Final) se opusieron, y se oponen, a cualquier cosa que sea mirar hacia atarás porque o eran parte de la dictadura -todas las personas e instituciones de la dictadura siguieron, incluida la policía represora- o porque los nuevos partidos políticos se ponían al servicio del mismo poder económico que gobernó durante la dictadura.
Nada cambió en las instituciones ni en las personas que las ocupaban, sus "derechos" permanecieron intactos e incluso su ideología fascista que ni siquiera necesitaron ocultar.
A juzgar por las manifestaciones y la actitud de los partidarios de negar la "Memoria Histórica" ahora no se debate solamente el rendir homenaje a las víctimas del "Golpe Militar" que se culminó con la dictadura, sino principalmente de mantener y de "legalizar" la actual política autoritaria y neoliberal. La pérdida de derechos políticos y cívicos no es un hecho aislado ni ajeno, sino que guarda estrecha relación con la situación de precariedad que cada vez amenaza más la posibilidad de una vida digna. Hay una relación directa, los mismos que defienden el no a la Memoria Histórica son los mismos ultras del neoliberalismo, y no es mera coincidencia.
No es posible rebatir tanto como se ha dicho sobre el tema. Sólo tres últimas consideraciones:
El artículo 131.4 del vigente Código Penal dice: "Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.". O se acepta el CP o lo derogamos, pero no vale eludirlo.
Solamente España, junto con Colombia, Camboya y Mozambique, son los únicos países que no han juzgado sus propios exterminios.
También se quiere acusar a los "otros" porque también cometieron crímenes, pero olvidan que, salvo los delincuentes que hay en todas partes, defendían al gobierno legítimo y sobre todo, que ya fueron juzgados y reprimidos hasta la saciedad y que conforme al más elemental derecho, no pueden volver a ser juzgados.
La Memoria Histórica está en juego porque lo está también la presente democracia que cada vez lo es menos, si nos atenemos al creciente peso del poder político, económico y judicial frente al decreciente peso de los ciudadanos, sus instituciones y la desarticulación de sus organizaciones de base, por no hablar de su desaparición.
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El Gobierno acordará con CCAA y FEMP un protocolo para homologar las exhumaciones en toda España. Y otras de Sevilla y Baleares.
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Memoria.- El Gobierno acordará con CCAA y FEMP un protocolo para ...
El Gobierno acordará con CCAA y FEMP un protocolo para homologar las exhumaciones en toda España
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El Gobierno ultima ocho normas sobre la Ley de Memoria entre ellas el mapa de fosas y el procedimiento para exhumaciones (01/10/2008)
Memoria.- Barrio (PSOE) cree que Garzón "no ha tenido más remedio" que inhibirse y pide al Gobierno que sea "proactivo" (18/11/2008)
IU e ICV denuncian que, ocho meses después de su aprobación, el Gobierno sigue sin desarrollar la Ley de Memoria (04/08/2008)
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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ultima un borrador de protocolo para homologar la forma en que se realizan las exhumaciones de víctimas de la guerra civil que será enviado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar un texto único, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
La elaboración de un "protocolo de actuación científica multidisciplinar" para las exhumaciones está prevista en la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 y fue acordada por el Gobierno el pasado 31 de octubre, pero su redacción está pendiente de acordarse con los gobiernos autonómicos y locales.
El protocolo será muy exhaustivo y regulará los informes --arqueológicos, científicos-- que son necesarios para iniciar una excavación, los trámites administrativos y los profesionales --como jueces o forenses-- que deben estar presentes en cada caso. El borrador se está elaborando en el Ministerio de la Presidencia y sólo está pendiente de aportaciones de algunos Ministerios.
Las fuentes subrayaron que esta iniciativa forma parte del desarrollo de la llamada Ley de Memoria Histórica y no tiene nada que ver ni con la causa que abrió Garzón para investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo y hacer un censo de desaparecidos, ni con su decisión de inhibirse en la causa a favor de los juzgados provinciales donde se encuentran las fosas.
De hecho, diputados socialistas consultados por Europa Press subrayaron que la decisión de Garzón no paraliza las actividades de exhumación iniciadas por las asociaciones de interesados, aunque algunos consideraron que haría falta una actitud más activa por parte del Ejecutivo para promover las exhumaciones.
En este sentido se pronunció la diputada Carmen Hermosín, presidenta de la Comisión de Interior del Congreso y ex consejera de Justicia andaluza. "Tiene que haber algo que agilice, un protocolo de actuación ágil y eficaz con el objetivo de que la ley se vaya aplicando", señaló.
Hermosín recalcó que son necesarias orientaciones para que todas las administraciones procedan de forma similar a la hora de autorizar y realizar sus exhumaciones. En su opinión, podrían ser necesarias también orientaciones por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los jueces responsables de los registros civiles.
"ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO"
También el portavoz de Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio, que fue ponente de la Ley de Memoria Histórica, opinó que el Gobierno debería "ser más proactivo" en la exhumación de desaparecidos. "Debería promover que sea no sólo un asunto de interés para los familiares, sino un asunto de interés público", añadió.
La Ley de la Memoria Histórica fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2007 y las asociaciones de defensa de la Memoria Histórica reprochan al Gobierno que no se esté aplicando suficientemente rápido. El Ejecutivo, por su parte, asegura que el desarrollo de la ley está casi completado.
De hecho, el pasado octubre, junto a la decisión de redactar este protocolo para exhumaciones se aprobaron varias medidas para conceder la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados y a los brigadistas internacionales, y se dio luz verde al pago de indemnizaciones a las víctimas de la última etapa del franquismo y al procedimiento para obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes sufrieron persecución.
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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ultima un borrador de protocolo para homologar la forma en que se realizan las exhumaciones de víctimas de la guerra civil que será enviado a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar un texto único, según fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press.
La elaboración de un "protocolo de actuación científica multidisciplinar" para las exhumaciones está prevista en la llamada Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 y fue acordada por el Gobierno el pasado 31 de octubre, pero su redacción está pendiente de acordarse con los gobiernos autonómicos y locales.
El protocolo será muy exhaustivo y regulará los informes --arqueológicos, científicos-- que son necesarios para iniciar una excavación, los trámites administrativos y los profesionales --como jueces o forenses-- que deben estar presentes en cada caso. El borrador se está elaborando en el Ministerio de la Presidencia y sólo está pendiente de aportaciones de algunos Ministerios.
Las fuentes subrayaron que esta iniciativa forma parte del desarrollo de la llamada Ley de Memoria Histórica y no tiene nada que ver ni con la causa que abrió Garzón para investigar los crímenes de la guerra civil y el franquismo y hacer un censo de desaparecidos, ni con su decisión de inhibirse en la causa a favor de los juzgados provinciales donde se encuentran las fosas.
De hecho, diputados socialistas consultados por Europa Press subrayaron que la decisión de Garzón no paraliza las actividades de exhumación iniciadas por las asociaciones de interesados, aunque algunos consideraron que haría falta una actitud más activa por parte del Ejecutivo para promover las exhumaciones.
En este sentido se pronunció la diputada Carmen Hermosín, presidenta de la Comisión de Interior del Congreso y ex consejera de Justicia andaluza. "Tiene que haber algo que agilice, un protocolo de actuación ágil y eficaz con el objetivo de que la ley se vaya aplicando", señaló.
Hermosín recalcó que son necesarias orientaciones para que todas las administraciones procedan de forma similar a la hora de autorizar y realizar sus exhumaciones. En su opinión, podrían ser necesarias también orientaciones por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para los jueces responsables de los registros civiles.
"ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO"
También el portavoz de Izquierda Socialista Juan Antonio Barrio, que fue ponente de la Ley de Memoria Histórica, opinó que el Gobierno debería "ser más proactivo" en la exhumación de desaparecidos. "Debería promover que sea no sólo un asunto de interés para los familiares, sino un asunto de interés público", añadió.
La Ley de la Memoria Histórica fue aprobada por el Parlamento en diciembre de 2007 y las asociaciones de defensa de la Memoria Histórica reprochan al Gobierno que no se esté aplicando suficientemente rápido. El Ejecutivo, por su parte, asegura que el desarrollo de la ley está casi completado.
De hecho, el pasado octubre, junto a la decisión de redactar este protocolo para exhumaciones se aprobaron varias medidas para conceder la nacionalidad a los hijos y nietos de exiliados y a los brigadistas internacionales, y se dio luz verde al pago de indemnizaciones a las víctimas de la última etapa del franquismo y al procedimiento para obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes sufrieron persecución.
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El Parlamento aprueba proteger todos los lugares vinculados a Lorca
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El Parlamento aprueba proteger todos los lugares vinculados a Lorca
La declaración de Sitio Histórico se extenderá a espacios que le inspiraron obras o personajes, como el cortijo de 'Bodas de Sangre' o la casa de Frasquita Alba
Redacción / Granada Actualizado 21.11.2008 - 01:00
El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad proteger todos los lugares lorquianos, para lo que instará al Consejo de Gobierno a que continúe los trabajos ya iniciados para que tanto el Barranco de Víznar como el resto de entornos vinculados al poeta sean protegidos con la categoría de Sitio Histórico según la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los que se pueden denominar como lugares vinculados a Federico García Lorca comprenden una decena de bienes, entre los que están -además del Barranco de Víznar- el Camino de Fuente Grande; la casa familiar de la Acera de Darro; las huertas de San Vicente y Tamarit; la Casa Museo Natal de Lorca en Fuente Vaqueros; la Casa de Federico, el Cortijo de Daimuz Alto, la Casa de Frasquita Alba y la Fuente de la Teja -todas en Valderrubio-; y el Cortijo del Fraile, en Níjar. Así, se pretende proteger tanto espacios en los que residió Federico García Lorca como otros en los que se inspiró para crear algunos de sus personajes o de sus obras, como es el caso del cortijo de Bodas de Sangre -el Cortijo del Fraile- o la casa de Frasquita Alba.
Lo que ayer aprobó la Cámara andaluza es una proposición no de ley relacionada con la Memoria Histórica que se presentó en la Comisión de Cultura y merced a la cual se solicita a la Junta de Andalucía que se lleven a cabo todas las acciones oportunas para impulsar los trabajos que sirvan para proteger lugares, estampas o cualquier otro elemento que se vincule a la figura de Federico García Lorca. El respaldo unánime a la propuesta de las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento fue posible, según indicó el PSOE en un comunicado, gracias a que el grupo socialista, a través de su portavoz en la comisión, Juan José Díaz Trillo, presentó una enmienda transaccional al texto original en la cual se amplía el espectro de actuación que corresponde a la Administración andaluza para lograr una cobertura más amplia de la Ley de Memoria Histórica.
Asimismo, los socialistas se mostraron satisfechos por las gestiones que se están llevando a cabo para que el Barranco de Víznar sea reconocido como un lugar emblemático en el que se celebre el recuerdo y el cual conduzca a perpetuar la memoria histórica del pueblo; ya sea mediante la instalación de monolitos, placas o cualquier otro elemento o acción.
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El Parlamento protegerá los lugares vinculados a Lorca
elplural.com -
Con sello 'Lorca'
Ideal Digital -
Granada.-Memoria.-El Parlamento aprueba que se impulse la ...
Europa Press
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El Parlamento aprueba proteger todos los lugares vinculados a Lorca
La declaración de Sitio Histórico se extenderá a espacios que le inspiraron obras o personajes, como el cortijo de 'Bodas de Sangre' o la casa de Frasquita Alba
Redacción / Granada Actualizado 21.11.2008 - 01:00
El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad proteger todos los lugares lorquianos, para lo que instará al Consejo de Gobierno a que continúe los trabajos ya iniciados para que tanto el Barranco de Víznar como el resto de entornos vinculados al poeta sean protegidos con la categoría de Sitio Histórico según la nueva Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Los que se pueden denominar como lugares vinculados a Federico García Lorca comprenden una decena de bienes, entre los que están -además del Barranco de Víznar- el Camino de Fuente Grande; la casa familiar de la Acera de Darro; las huertas de San Vicente y Tamarit; la Casa Museo Natal de Lorca en Fuente Vaqueros; la Casa de Federico, el Cortijo de Daimuz Alto, la Casa de Frasquita Alba y la Fuente de la Teja -todas en Valderrubio-; y el Cortijo del Fraile, en Níjar. Así, se pretende proteger tanto espacios en los que residió Federico García Lorca como otros en los que se inspiró para crear algunos de sus personajes o de sus obras, como es el caso del cortijo de Bodas de Sangre -el Cortijo del Fraile- o la casa de Frasquita Alba.
Lo que ayer aprobó la Cámara andaluza es una proposición no de ley relacionada con la Memoria Histórica que se presentó en la Comisión de Cultura y merced a la cual se solicita a la Junta de Andalucía que se lleven a cabo todas las acciones oportunas para impulsar los trabajos que sirvan para proteger lugares, estampas o cualquier otro elemento que se vincule a la figura de Federico García Lorca. El respaldo unánime a la propuesta de las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento fue posible, según indicó el PSOE en un comunicado, gracias a que el grupo socialista, a través de su portavoz en la comisión, Juan José Díaz Trillo, presentó una enmienda transaccional al texto original en la cual se amplía el espectro de actuación que corresponde a la Administración andaluza para lograr una cobertura más amplia de la Ley de Memoria Histórica.
Asimismo, los socialistas se mostraron satisfechos por las gestiones que se están llevando a cabo para que el Barranco de Víznar sea reconocido como un lugar emblemático en el que se celebre el recuerdo y el cual conduzca a perpetuar la memoria histórica del pueblo; ya sea mediante la instalación de monolitos, placas o cualquier otro elemento o acción.
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Europa Press
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"El auto de Garzón es escalofriante"
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"El auto de Garzón es escalofriante"
MAGDA BANDERA
Un grupo de pensadores impulsa un manifiesto que denuncia las "maniobras" para frenar la causa de Garzón contra el franquismo. Piden a la sociedad que se solidarice con las víctimas.
MAGDA BANDERA - Madrid - 21/11/2008 08:00
"El auto de inhibición [del juez Baltasar Garzón] es el libro más apasionante que he leído en muchos años, es casi una novela policiaca. Es un documento escalofriante detrás del cual hay un gran trabajo de investigación", aseguró ayer el hispanista Ian Gibson, durante la presentación del manifiesto que promueve un grupo de intelectuales para apoyar la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo.
Entre los primeros intelectuales y artistas en firmar el manifiesto, destacan Ernesto Sábato -presidente de la comisión que investigó los desaparecidos en la dictadura argentiana-, José Saramago, Juan Goytisolo, Jordi Dauder, Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Manuel Rivas, Pilar Bardem, Suso de Toro, Emilio Lledó y Pedro Almodóvar.
El objetivo es evitar que, tras la inhibición de Garzón, la causa sea archivada en los juzgados territoriales a los que ha sido remitida. Por ello, los promotores piden al Gobierno que "no desatienda a las víctimas, que han sufrido un bajón tras conocer la noticia".
También exigen que "se cumplan sin demora y trabas las exhumaciones por los Juzgados de Instrucción donde estén ubicadas las fosas identificadas" y que se acaben las "maniobras" para paralizarlas. "No venimos a defender a un juez, sino una causa", insistió la escritora Fanny Rubio.
Responsabilidad ciudadana
El manifiesto, titulado Hemos conocido, porque comienza con estas palabras, apela directamente a la ciudadanía. Sus promotores invitan a la sociedad a leer el auto para conocer a fondo "una realidad silenciada durante décadas".
Así, pretenden concienciar a los españoles para que no permanezcan "impasibles" ante el dolor de los familiares y firmen el manifiesto que entregaran el próximo 14 de abril al Gobierno para "exigirle que cumpla con su obligación de proteger a las víctimas del franquismo y acabar con su indefensión". Se trata de evitar que a partir de ahora vayan de juzgado en juzgado, "a ver si tienen suerte", aseguró la abogada Cristina Almeida.
Hay que concienciar a los españoles para que no permanezcan "impasibles" ante el dolor de los familiares
El presidente de la Asociación por la Memoria Histórica, Emilio Silva, fue más contundente, al exigir al Estado que no siga "denegando auxilio" a los familiares de los desaparecidos. "El Gobierno debe reaccionar. No puede hablar de facilitar el trabajo de las asociaciones y limitarse a subcontratarlas", añadió Silva. Para Gibson, "es una vergüenza que el Gobierno socialista haya contribuido a silenciar lo ocurrido".
El Partido Popular, por su parte, recriminó a los firmantes que apoyen al auto de Garzón en lugar de pedir soluciones a la crisis. La dirigente del PP Ana Mato volvió a criticar que haya personas que sacan "temas para dividir a la sociedad cuando a la sociedad no le importan" este tipo de asuntos, informa Servimedia.
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"Si mi madre no tiene aquí justicia, la buscaré fuera"
"El auto de Garzón es escalofriante"
MAGDA BANDERA
Un grupo de pensadores impulsa un manifiesto que denuncia las "maniobras" para frenar la causa de Garzón contra el franquismo. Piden a la sociedad que se solidarice con las víctimas.
MAGDA BANDERA - Madrid - 21/11/2008 08:00
"El auto de inhibición [del juez Baltasar Garzón] es el libro más apasionante que he leído en muchos años, es casi una novela policiaca. Es un documento escalofriante detrás del cual hay un gran trabajo de investigación", aseguró ayer el hispanista Ian Gibson, durante la presentación del manifiesto que promueve un grupo de intelectuales para apoyar la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo.
Entre los primeros intelectuales y artistas en firmar el manifiesto, destacan Ernesto Sábato -presidente de la comisión que investigó los desaparecidos en la dictadura argentiana-, José Saramago, Juan Goytisolo, Jordi Dauder, Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Manuel Rivas, Pilar Bardem, Suso de Toro, Emilio Lledó y Pedro Almodóvar.
El objetivo es evitar que, tras la inhibición de Garzón, la causa sea archivada en los juzgados territoriales a los que ha sido remitida. Por ello, los promotores piden al Gobierno que "no desatienda a las víctimas, que han sufrido un bajón tras conocer la noticia".
También exigen que "se cumplan sin demora y trabas las exhumaciones por los Juzgados de Instrucción donde estén ubicadas las fosas identificadas" y que se acaben las "maniobras" para paralizarlas. "No venimos a defender a un juez, sino una causa", insistió la escritora Fanny Rubio.
Responsabilidad ciudadana
El manifiesto, titulado Hemos conocido, porque comienza con estas palabras, apela directamente a la ciudadanía. Sus promotores invitan a la sociedad a leer el auto para conocer a fondo "una realidad silenciada durante décadas".
Así, pretenden concienciar a los españoles para que no permanezcan "impasibles" ante el dolor de los familiares y firmen el manifiesto que entregaran el próximo 14 de abril al Gobierno para "exigirle que cumpla con su obligación de proteger a las víctimas del franquismo y acabar con su indefensión". Se trata de evitar que a partir de ahora vayan de juzgado en juzgado, "a ver si tienen suerte", aseguró la abogada Cristina Almeida.
Hay que concienciar a los españoles para que no permanezcan "impasibles" ante el dolor de los familiares
El presidente de la Asociación por la Memoria Histórica, Emilio Silva, fue más contundente, al exigir al Estado que no siga "denegando auxilio" a los familiares de los desaparecidos. "El Gobierno debe reaccionar. No puede hablar de facilitar el trabajo de las asociaciones y limitarse a subcontratarlas", añadió Silva. Para Gibson, "es una vergüenza que el Gobierno socialista haya contribuido a silenciar lo ocurrido".
El Partido Popular, por su parte, recriminó a los firmantes que apoyen al auto de Garzón en lugar de pedir soluciones a la crisis. La dirigente del PP Ana Mato volvió a criticar que haya personas que sacan "temas para dividir a la sociedad cuando a la sociedad no le importan" este tipo de asuntos, informa Servimedia.
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"Si mi madre no tiene aquí justicia, la buscaré fuera"
Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
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Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
FERNANDO GAREA / MIGUEL GONZÁLEZ
IU, ICV y ERC anuncian una ofensiva parlamentaria para ampliar la ley
Si el Gobierno quiere enterrar la polémica sobre la memoria histórica, los partidos situados a su izquierda en el Congreso de los Diputados están dispuestos a impedírselo. Se han empeñado en mantener vivo el debate durante toda la legislatura y a someter a votación en la Cámara iniciativas para reformar y profundizar en la ley aprobada hace sólo un año.
Las iniciativas parlamentarias
Sólo 70 personas en el Valle de los Caídos
"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
Gibson: "El auto de Garzón es lo más escalofriante que he leído en años"
ARMH(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica)
La Recuperación de la Memoria Histórica
"La mayoría ya no se acuerda de qué representa el 20-N", dice el presidente
El 20-N, a los 33 años de la muerte de Franco y unos días después de que el juez Baltasar Garzón enviará a los juzgados locales la investigación sobre el franquismo, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en La Moncloa que "todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato. Los residuos irán desapareciendo, aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar, y otros tienen algo menos".
ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, los tres partidos que, en distinto grado, pusieron objeciones a la Ley de Memoria Histórica por considerarla insuficiente, acusaron ayer al Gobierno de obstaculizar su aplicación con los recursos de la fiscalía contra la actuación del juez Baltasar Garzón. Además, presentaron distintas iniciativas parlamentarias que reabrirán el debate en la Cámara y que obligarán al PSOE a pronunciarse de nuevo.
Ayer, el presidente del Gobierno no dio la impresión de estar por la labor de reformar esa norma o de impulsar iniciativas para retirar símbolos franquistas o abrir fosas comunes. Se limitó a hablar de cumplir la ley y de colaborar. "El Gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión del franquismo, y esa ley establece que todas las Administraciones deben colaborar, entre otras cosas, en la tarea de identificación", afirmó.
No respondió sobre la permanencia de los símbolos franquistas en edificios públicos, cuya retirada impulsa la ley.
El "primer asalto" del debate parlamentario, según la expresión utilizada por Joan Tardà, de ERC, será el martes, cuando se debata y vote su proposición de ley que pide una reforma en profundidad de lo que considera una "ley vergonzante".
IU, aprovechando el 20-N, presentó una proposición no de ley que se discutirá dentro de meses en la que se insta al Gobierno a ir mucho más allá de lo que marca la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año y que impulsó el propio Zapatero, venciendo muchas resistencias.
Tardà y Gaspar Llamazares incluyeron en la presentación de sus iniciativas duras críticas al Gobierno, por considerar que carece de voluntad de llevar la norma hasta sus últimas consecuencias. Citaron expresamente los temas que tienen que ver con los derechos de las víctimas, con las exhumaciones, con la simbología o con la lucha contra la impunidad de los responsables de la represión franquista posterior a la Guerra Civil.
También coincidieron en augurar que, tras la decisión de Garzón de inhibirse en favor de los juzgados territoriales, el asunto terminará en los tribunales internacionales porque, según el diputado de ERC, "al movimiento memorialista ya no hay quién lo pare". Añadió que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas", que están "ganando la batalla". Ninguna de las dos iniciativas tiene opciones de salir adelante porque el PSOE no está por reformar o superar la ley, el PP siempre ha rechazado el debate y los partidos nacionalistas ya se dieron por satisfechos con la difícil aprobación de la norma la pasada legislatura.
Zapatero definió ayer el franquismo como "un régimen tan indignante, tan rechazable, tan triste y tan pequeño como era el propio general Franco".
En su rueda de prensa con el primer ministro tunecino, Mohamed Ghannuchi, en La Moncloa, el presidente del Gobierno añadió que "lo mejor de todo es que hoy [aniversario de la muerte de Franco] la mayoría de los españoles ya no se acuerda de lo que representa el 20-N". "Fue el día en que murió el dictador Franco y eso es algo absolutamente marginal y testimonial".
Las iniciativas parlamentarias
- Proposición de ley de ERC. Pide la ilegalización de todos los tribunales franquistas y la anulación de todas sus sentencias; la reposición del patrimonio de los republicanos expoliados; que puedan acceder a las ayudas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas como Salvador Puig Antich, militante anarquista ejecutado en 1974, y que se reconozca la II República como un Estado "precursor" de la democracia actual.
Se propone que el día 14 de abril, aniversario de la República, sea declarado Día de la Memoria Histórica.
- Proposición no de ley de IU-ICV. Creación de una fiscalía de atención a las víctimas del franquismo, un órgano oficial no judicial que investigue la Guerra Civil y que se saquen del Valle de los Caídos los restos de Franco y Primo de Rivera.
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Zapatero pide que “se olvide” el franquismo
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Zapatero descarta ampliaciones en la Ley de Memoria Histórica
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Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
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IU, ICV y ERC anuncian una ofensiva parlamentaria para ampliar la ley
Si el Gobierno quiere enterrar la polémica sobre la memoria histórica, los partidos situados a su izquierda en el Congreso de los Diputados están dispuestos a impedírselo. Se han empeñado en mantener vivo el debate durante toda la legislatura y a someter a votación en la Cámara iniciativas para reformar y profundizar en la ley aprobada hace sólo un año.
Las iniciativas parlamentarias
Sólo 70 personas en el Valle de los Caídos
"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
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La Recuperación de la Memoria Histórica
"La mayoría ya no se acuerda de qué representa el 20-N", dice el presidente
El 20-N, a los 33 años de la muerte de Franco y unos días después de que el juez Baltasar Garzón enviará a los juzgados locales la investigación sobre el franquismo, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en La Moncloa que "todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato. Los residuos irán desapareciendo, aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar, y otros tienen algo menos".
ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, los tres partidos que, en distinto grado, pusieron objeciones a la Ley de Memoria Histórica por considerarla insuficiente, acusaron ayer al Gobierno de obstaculizar su aplicación con los recursos de la fiscalía contra la actuación del juez Baltasar Garzón. Además, presentaron distintas iniciativas parlamentarias que reabrirán el debate en la Cámara y que obligarán al PSOE a pronunciarse de nuevo.
Ayer, el presidente del Gobierno no dio la impresión de estar por la labor de reformar esa norma o de impulsar iniciativas para retirar símbolos franquistas o abrir fosas comunes. Se limitó a hablar de cumplir la ley y de colaborar. "El Gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión del franquismo, y esa ley establece que todas las Administraciones deben colaborar, entre otras cosas, en la tarea de identificación", afirmó.
No respondió sobre la permanencia de los símbolos franquistas en edificios públicos, cuya retirada impulsa la ley.
El "primer asalto" del debate parlamentario, según la expresión utilizada por Joan Tardà, de ERC, será el martes, cuando se debata y vote su proposición de ley que pide una reforma en profundidad de lo que considera una "ley vergonzante".
IU, aprovechando el 20-N, presentó una proposición no de ley que se discutirá dentro de meses en la que se insta al Gobierno a ir mucho más allá de lo que marca la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año y que impulsó el propio Zapatero, venciendo muchas resistencias.
Tardà y Gaspar Llamazares incluyeron en la presentación de sus iniciativas duras críticas al Gobierno, por considerar que carece de voluntad de llevar la norma hasta sus últimas consecuencias. Citaron expresamente los temas que tienen que ver con los derechos de las víctimas, con las exhumaciones, con la simbología o con la lucha contra la impunidad de los responsables de la represión franquista posterior a la Guerra Civil.
También coincidieron en augurar que, tras la decisión de Garzón de inhibirse en favor de los juzgados territoriales, el asunto terminará en los tribunales internacionales porque, según el diputado de ERC, "al movimiento memorialista ya no hay quién lo pare". Añadió que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas", que están "ganando la batalla". Ninguna de las dos iniciativas tiene opciones de salir adelante porque el PSOE no está por reformar o superar la ley, el PP siempre ha rechazado el debate y los partidos nacionalistas ya se dieron por satisfechos con la difícil aprobación de la norma la pasada legislatura.
Zapatero definió ayer el franquismo como "un régimen tan indignante, tan rechazable, tan triste y tan pequeño como era el propio general Franco".
En su rueda de prensa con el primer ministro tunecino, Mohamed Ghannuchi, en La Moncloa, el presidente del Gobierno añadió que "lo mejor de todo es que hoy [aniversario de la muerte de Franco] la mayoría de los españoles ya no se acuerda de lo que representa el 20-N". "Fue el día en que murió el dictador Franco y eso es algo absolutamente marginal y testimonial".
Las iniciativas parlamentarias
- Proposición de ley de ERC. Pide la ilegalización de todos los tribunales franquistas y la anulación de todas sus sentencias; la reposición del patrimonio de los republicanos expoliados; que puedan acceder a las ayudas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas como Salvador Puig Antich, militante anarquista ejecutado en 1974, y que se reconozca la II República como un Estado "precursor" de la democracia actual.
Se propone que el día 14 de abril, aniversario de la República, sea declarado Día de la Memoria Histórica.
- Proposición no de ley de IU-ICV. Creación de una fiscalía de atención a las víctimas del franquismo, un órgano oficial no judicial que investigue la Guerra Civil y que se saquen del Valle de los Caídos los restos de Franco y Primo de Rivera.
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Gibson: "El auto de Garzón es lo más escalofriante que he leído en años"
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Gibson: "El auto de Garzón es lo más escalofriante que he leído en años"
EL PAÍS
El PP critica a los intelectuales por apoyar al juez en lugar de hablar de la crisis
El manifiesto de los intelectuales que apoyan al juez Garzón y su intento por realizar una causa general para investigar los crímenes del franquismo fue presentado ayer con grandes elogios al trabajo de uno de los magistrados más famosos de la Audiencia Nacional. Ian Gibson, escritor y autor de una biografía ya clásica de García Lorca, señaló que el auto del juez, en el que se detalla la represión franquista, es el documento "más escalofriante" que ha leído en muchos años, y muestra "la gran injusticia" que se cometió en España.
Duras críticas al fiscal
Emilio Silva: "La actitud del fiscal, Javier Zaragoza, ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias"
Baltasar Garzón Real
Ian Gibson
La Recuperación de la Memoria Histórica
Almeida cree que el auto judicial debería ser un anexo de la Constitución
Aguirre dice que el PSOE tiene pasado violento y Blanco le acusa de dividir
Gibson criticó la actitud del Gobierno, del que depende la fiscalía que se opuso a la iniciativa de Garzón, y dijo sentir "vergüenza" de que el Ejecutivo haya contribuido a "silenciar" a Garzón. La ex diputada de IU Cristina Almeida dijo que ese texto es tan importante para conocer la historia de España que debería ser "un anexo" de la Constitución.
El manifiesto, apoyado entre otros por el premio Nobel José Saramago e intelectuales de la talla de Ernesto Sábato, responsable de investigar los crímenes de la dictadura argentina, y los escritores Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Juan Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, sentó muy mal en el PP. Su vicesecretaria de Organización, Ana Mato, se quejó de que estos intelectuales se dediquen a "dividir" con estos asuntos en lugar de hablar de la crisis económica, que es lo que en realidad, dijo, interesa a los españoles.
"En estos momentos en los que los ciudadanos están atravesando una situación de crisis me parece un poquito chocante que el PSOE y las personas que le apoyan estén trabajando para dividir a los españoles, cuando además a la sociedad en su conjunto no le importa nada esa cuestión", aseguró Mato.
La dirigente popular señaló que tanto los políticos como las personas "que salen a la calle en el día de hoy" tienen la responsabilidad de aportar propuestas "que posibiliten que las familias puedan vivir mejor". Por eso, mostró su "sorpresa" por que estas personas, "que tienen una voz importante en la sociedad, no se dediquen también a pedirle al Gobierno que adopte medidas para solucionar la situación económica".
"Yo pensé que la Constitución había acabado con todo eso. No digo que haya que olvidar, sino que hay que mirar al futuro y que ha sido la Constitución de la concordia la que nos ha permitido avanzar juntos sin mirar al pasado y sin echarnos nada en cara", insistió. Mato mostró su "respeto" por los familiares que quieren desenterrar a sus víctimas. "Les animo a hacerlo a título individual, lo que no tiene sentido es que a título del Gobierno estemos intentando divisiones y enfrentamientos entre españoles", aseguró.
La polémica entre el PP y el PSOE por este asunto arrecia. El miércoles, Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, señaló que el PSOE "tiene un pasado violento" y mientras en sus sedes hay imágenes de los líderes de la República, en las del PP, "a pesar de ser acusados de franquistas, no hay una foto franquista, ni de la CEDA, ni de Gil-Robles", obviando que el fundador del PP, Manuel Fraga, cuya foto está en la mayoría de las sedes, fue ministro de Franco.
"No se debe rehuir el debate ideológico, tampoco sobre la República y la Guerra Civil, pero el haber dicho que vamos a mirar al futuro nos ha hecho caer en la trampa de nuestros adversarios que quieren que aparezcamos como franquistas", insistió.
Le contestó ayer José Blanco, el número dos del PSOE. En su opinión, Aguirre "abre permanentemente enfrentamientos estériles" y gobierna "pensando en su ambición personal". "Debería darse cuenta" de que en el aparato nacional del PP "no la quieren", sentenció. Horas después, en un debate en la Asamblea de Madrid con la portavoz socialista, Maru Menéndez, Aguirre aseguró que nunca ha insultado al PSOE ni lo insultará, y señaló que sus palabras sobre el pasado violento del PSOE eran una cita del historiador norteamericano Stanley Payne. "Él dice que el PSOE es el único partido democrático que no ha hecho todavía autocrítica de su pasado violento", sentenció Aguirre. El día anterior ésta había señalado que el líder derechista Calvo-Sotelo fue asesinado en 1936 por una persona que ejercía labores de escolta de un líder socialista.
Duras críticas al fiscal
- Emilio Silva: "El fiscal [que se opuso a la investigación de Garzón] ha hecho "injusticia" con una mano y "política" con la otra".
- Cristina Almeida: "[La posición del fiscal] es "indignante". "Su función no es defender a los verdugos, sino defender a las víctimas". "[Su] agresividad y ardor" ha "rayado en la temeridad".
- Ian Gibson: "El auto de inhibición [del juez] es el libro más apasionante que he leído en muchos años, es casi una novela policiaca. Un documento escalofriante detrás del cual hay un gran trabajo de investigación. Se lo recomiendo a todo el mundo".
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El PP critica a los intelectuales por apoyar al juez en lugar de hablar de la crisis
El manifiesto de los intelectuales que apoyan al juez Garzón y su intento por realizar una causa general para investigar los crímenes del franquismo fue presentado ayer con grandes elogios al trabajo de uno de los magistrados más famosos de la Audiencia Nacional. Ian Gibson, escritor y autor de una biografía ya clásica de García Lorca, señaló que el auto del juez, en el que se detalla la represión franquista, es el documento "más escalofriante" que ha leído en muchos años, y muestra "la gran injusticia" que se cometió en España.
Duras críticas al fiscal
Emilio Silva: "La actitud del fiscal, Javier Zaragoza, ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias"
Baltasar Garzón Real
Ian Gibson
La Recuperación de la Memoria Histórica
Almeida cree que el auto judicial debería ser un anexo de la Constitución
Aguirre dice que el PSOE tiene pasado violento y Blanco le acusa de dividir
Gibson criticó la actitud del Gobierno, del que depende la fiscalía que se opuso a la iniciativa de Garzón, y dijo sentir "vergüenza" de que el Ejecutivo haya contribuido a "silenciar" a Garzón. La ex diputada de IU Cristina Almeida dijo que ese texto es tan importante para conocer la historia de España que debería ser "un anexo" de la Constitución.
El manifiesto, apoyado entre otros por el premio Nobel José Saramago e intelectuales de la talla de Ernesto Sábato, responsable de investigar los crímenes de la dictadura argentina, y los escritores Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Juan Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, sentó muy mal en el PP. Su vicesecretaria de Organización, Ana Mato, se quejó de que estos intelectuales se dediquen a "dividir" con estos asuntos en lugar de hablar de la crisis económica, que es lo que en realidad, dijo, interesa a los españoles.
"En estos momentos en los que los ciudadanos están atravesando una situación de crisis me parece un poquito chocante que el PSOE y las personas que le apoyan estén trabajando para dividir a los españoles, cuando además a la sociedad en su conjunto no le importa nada esa cuestión", aseguró Mato.
La dirigente popular señaló que tanto los políticos como las personas "que salen a la calle en el día de hoy" tienen la responsabilidad de aportar propuestas "que posibiliten que las familias puedan vivir mejor". Por eso, mostró su "sorpresa" por que estas personas, "que tienen una voz importante en la sociedad, no se dediquen también a pedirle al Gobierno que adopte medidas para solucionar la situación económica".
"Yo pensé que la Constitución había acabado con todo eso. No digo que haya que olvidar, sino que hay que mirar al futuro y que ha sido la Constitución de la concordia la que nos ha permitido avanzar juntos sin mirar al pasado y sin echarnos nada en cara", insistió. Mato mostró su "respeto" por los familiares que quieren desenterrar a sus víctimas. "Les animo a hacerlo a título individual, lo que no tiene sentido es que a título del Gobierno estemos intentando divisiones y enfrentamientos entre españoles", aseguró.
La polémica entre el PP y el PSOE por este asunto arrecia. El miércoles, Esperanza Aguirre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, señaló que el PSOE "tiene un pasado violento" y mientras en sus sedes hay imágenes de los líderes de la República, en las del PP, "a pesar de ser acusados de franquistas, no hay una foto franquista, ni de la CEDA, ni de Gil-Robles", obviando que el fundador del PP, Manuel Fraga, cuya foto está en la mayoría de las sedes, fue ministro de Franco.
"No se debe rehuir el debate ideológico, tampoco sobre la República y la Guerra Civil, pero el haber dicho que vamos a mirar al futuro nos ha hecho caer en la trampa de nuestros adversarios que quieren que aparezcamos como franquistas", insistió.
Le contestó ayer José Blanco, el número dos del PSOE. En su opinión, Aguirre "abre permanentemente enfrentamientos estériles" y gobierna "pensando en su ambición personal". "Debería darse cuenta" de que en el aparato nacional del PP "no la quieren", sentenció. Horas después, en un debate en la Asamblea de Madrid con la portavoz socialista, Maru Menéndez, Aguirre aseguró que nunca ha insultado al PSOE ni lo insultará, y señaló que sus palabras sobre el pasado violento del PSOE eran una cita del historiador norteamericano Stanley Payne. "Él dice que el PSOE es el único partido democrático que no ha hecho todavía autocrítica de su pasado violento", sentenció Aguirre. El día anterior ésta había señalado que el líder derechista Calvo-Sotelo fue asesinado en 1936 por una persona que ejercía labores de escolta de un líder socialista.
Duras críticas al fiscal
- Emilio Silva: "El fiscal [que se opuso a la investigación de Garzón] ha hecho "injusticia" con una mano y "política" con la otra".
- Cristina Almeida: "[La posición del fiscal] es "indignante". "Su función no es defender a los verdugos, sino defender a las víctimas". "[Su] agresividad y ardor" ha "rayado en la temeridad".
- Ian Gibson: "El auto de inhibición [del juez] es el libro más apasionante que he leído en muchos años, es casi una novela policiaca. Un documento escalofriante detrás del cual hay un gran trabajo de investigación. Se lo recomiendo a todo el mundo".
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"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
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"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 21/11/2008
Los jueces de instrucción, a los que el juez Baltasar Garzón ha traspasado la causa contra el franquismo, tendrán que decidir sobre las denuncias de desapariciones sin que haya un criterio único de actuación. Por eso, la juez de instrucción de primera instancia de Calatayud, ahora destinada en Barcelona, Amaya Olivas, ha elaborado un protocolo que oriente a sus colegas. "Lo hice porque me parecía vergonzoso cómo los juzgados estaban tratando a las víctimas. Salían huyendo cuando les llegaba un caso. Si alguien encuentra unos huesos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?"
Francisco Franco Bahamonde
Ver cobertura completa
La Recuperación de la Memoria Histórica
Ver cobertura completa
Olivas estudió todos los tratados internacionales y protocolos de países como Argentina o Chile y los adaptó a la normativa española. El resultado se titula La intervención del juez de instrucción en las diligencias de investigación seguidas por desapariciones forzadas en la dictadura franquista. Se inspira, sobre todo, en el Protocolo de Minnesota, adoptado por la ONU en 1991 para la investigación de ejecuciones extralegales.
Entre otras cosas y amparándose en esa legislación internacional, establece que el que los verdugos estén muertos no es un impedimento. "Que Franco esté muerto no impide aclarar los hechos. Una de las finalidades del proceso penal es aplicar la responsabilidad a través de una condena, pero no es la única. Hay otras, como el esclarecimiento de unos hechos y el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas. Se trata de hacer una instrucción dedicada a las víctimas".
Desaparición de pruebas
La juez establece un modelo de instrucción con las siguientes fases: elaboración de fichas ante mortem de las víctimas, recabando toda la información sobre los desaparecidos en archivos públicos o privados; identificación y toma de declaración a testigos; creación de un informe sobre las víctimas y las fosas, y exhumación.
El protocolo advierte de las dificultades de este tipo de investigaciones, como el avanzado estado de descomposición de los restos que borra "pruebas colaterales" como la forma de las heridas, las huellas en el lugar de los hechos... y recomienda un equipo multidisciplinar de médicos y patólogos forenses, criminólogos e historiadores para asegurar un buen estudio histórico de bases documentales, la recogida de testimonios, la recuperación de los restos y su estudio antropológico.
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"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 21/11/2008
Los jueces de instrucción, a los que el juez Baltasar Garzón ha traspasado la causa contra el franquismo, tendrán que decidir sobre las denuncias de desapariciones sin que haya un criterio único de actuación. Por eso, la juez de instrucción de primera instancia de Calatayud, ahora destinada en Barcelona, Amaya Olivas, ha elaborado un protocolo que oriente a sus colegas. "Lo hice porque me parecía vergonzoso cómo los juzgados estaban tratando a las víctimas. Salían huyendo cuando les llegaba un caso. Si alguien encuentra unos huesos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?"
Francisco Franco Bahamonde
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Olivas estudió todos los tratados internacionales y protocolos de países como Argentina o Chile y los adaptó a la normativa española. El resultado se titula La intervención del juez de instrucción en las diligencias de investigación seguidas por desapariciones forzadas en la dictadura franquista. Se inspira, sobre todo, en el Protocolo de Minnesota, adoptado por la ONU en 1991 para la investigación de ejecuciones extralegales.
Entre otras cosas y amparándose en esa legislación internacional, establece que el que los verdugos estén muertos no es un impedimento. "Que Franco esté muerto no impide aclarar los hechos. Una de las finalidades del proceso penal es aplicar la responsabilidad a través de una condena, pero no es la única. Hay otras, como el esclarecimiento de unos hechos y el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas. Se trata de hacer una instrucción dedicada a las víctimas".
Desaparición de pruebas
La juez establece un modelo de instrucción con las siguientes fases: elaboración de fichas ante mortem de las víctimas, recabando toda la información sobre los desaparecidos en archivos públicos o privados; identificación y toma de declaración a testigos; creación de un informe sobre las víctimas y las fosas, y exhumación.
El protocolo advierte de las dificultades de este tipo de investigaciones, como el avanzado estado de descomposición de los restos que borra "pruebas colaterales" como la forma de las heridas, las huellas en el lugar de los hechos... y recomienda un equipo multidisciplinar de médicos y patólogos forenses, criminólogos e historiadores para asegurar un buen estudio histórico de bases documentales, la recogida de testimonios, la recuperación de los restos y su estudio antropológico.
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La risa de los culpables
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La risa de los culpables
Los ciudadanos que padecieron dictaduras no suelen sentirse responsables por su pasividad. Pero si cada alemán tuvo que analizar su posición frente a Hitler, los españoles deben revisar su lugar en el franquismo
MONIKA ZGUSTOVA 21/11/2008
Unos días después de la captura del criminal de guerra serbio Radovan Karadzic, en un periódico español apareció la descripción de las reacciones de los vecinos de Belgrado. La enviada especial Tamara Djermanovic, profesora serbia residente en Barcelona, informó en su crónica que pocos fueron los que se inmutaron ante el acontecimiento. Aparte de algunas reacciones del tipo "así somos los serbios, vendemos como carne de cañón a nuestra propia gente", nadie pareció sentirse afectado por el hecho de que el acusado de matanzas como la de Srebrenica pudiera por fin ser juzgado. Mientras que en Occidente la noticia de su captura se comentó largamente, los serbios aparentemente no se inmutaron. A la pregunta directa de Tamara sobre el tema, una amiga suya, arquitecta, le contestó vagamente: "Ah, ¿Karadzic? Aún no hemos tenido tiempo de comentarlo en el trabajo". En su crónica, Tamara transmitió el convencimiento que tienen la mayoría de los habitantes de Belgrado de no tener nada que ver con lo ocurrido en Bosnia en los años noventa.
Una sociedad que acepta un poder totalitario está enferma. Y sus bacilos no se curan con el olvido
Karl Jaspers concluyó que la culpa del Estado nazi también pesaba sobre el pueblo alemán
Sin duda es esta apatía la que permite que el antiguo portavoz del Gobierno de Milosevic continúe ocupando un lugar destacado en su país: es ministro del Interior del actual Gobierno de Belgrado. Y permite, además, que un asesino de masas como Karadzic pudiera llevar, aunque disfrazado y con nombre cambiado, más de una década en la capital de su país sin ser reconocido por sus vecinos ni sus pacientes, sin ser descubierto por sus conciudadanos y llevado ante la justicia. Si al oficial nazi Eichmann lo descubrieron, también disfrazado y con nombre falso, una década después de haberse instalado en Buenos Aires, es porque los servicios de inteligencia israelíes realmente se empeñaron en capturarle, mientras que los servicios serbios tenían a Karadzic localizado -en las salas donde daba sus charlas bajo seudónimo solía haber más agentes que público- y sólo esperaron el momento idóneo para venderlo a la Unión Europea a cambio de la invitación a entrar en el club.
Tras la entrega de Karadzic a La Haya, los medios serbios siguen divulgando toda clase de anécdotas relacionadas con su disfraz. Las risas de cuantos viven en Belgrado ante esas anécdotas son del mismo orden que la apatía que describió Tamara: desvían la atención general para ocultar la responsabilidad colectiva.
Las risas y la indiferencia, con las que los serbios disfrazan su responsabilidad, no es una especialidad de aquella parte de los Balcanes, según explicaba Tamara, con un sentido autocrítico digno de remarcar. Es una autodefensa colectiva que suele producirse en cualquier parte tras un cataclismo o un periodo de tiempos oscuros. De modo parecido a los serbios, también los pueblos que experimentaron el comunismo siguen sin querer asumir su parte de responsabilidad por su pasividad durante los largos años de totalitarismo. La popularidad del ex presidente de la República Checa Václav Havel cayó en picado tras su discurso sobre la culpa colectiva del pueblo checo. En uno de sus últimos discursos como presidente, Havel sentenció que cualquiera que se habituó a las exigencias del totalitarismo y en vez de protestar y enfrentarse a ellas se dejó llevar por ese régimen era culpable ante la sociedad. Y hablando de responsabilidades, también Europa y los europeos tendríamos que asumir la nuestra en conflictos como el de los Balcanes. Reconocer la responsabilidad, tanto individual como colectiva, es al fin y al cabo un acto de libertad.
"Los alemanes viven de la mentira y de la estupidez. ¡Y cómo hiede esta última!", exclamó, a su regreso a Alemania tras 13 años de ausencia, la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt, exiliada, después de la llegada de Hitler al poder, primero en París y luego en Nueva York. Arendt le contaba a su marido en una carta que los alemanes recurrían a cualquier truco, ya fuera la autocompasión o la actividad frenética, para evadirse de su culpa por la destrucción de media Europa y por la sistemática eliminación de los judíos. Así, poco después de la guerra, Arendt observó que muchos intelectuales alemanes en vez de buscar en los nazis, o sea en su propia nación, los motivos de la destrucción, recurrían a la abstracción o a la mitología: el mito sobre Adán y Eva y su expulsión del paraíso era especialmente popular para disfrazar su culpa. También Karl Jaspers, al interrogarse sobre la culpabilidad alemana tras la guerra, concluyó que nadie era inocente, ya que cada individuo es responsable de la forma en que su Estado es gobernado y un Estado criminal pesa moralmente sobre el pueblo.
Hoy somos muchos los ciudadanos europeos que, de una forma u otra, con mayor o menor intensidad, hemos vivido bajo regímenes totalitarios, entre ellos españoles, portugueses, griegos y todos los originarios de los países del antiguo Pacto de Varsovia.
En el caso de España, la posiblemente necesaria amnistía de 1977, que liberó a los opositores al régimen franquista, llevó también a que nadie fuera juzgado por sus actos durante la dictadura del general Franco. Por ello, quedan aún muchos hechos por sacar a la luz. Hasta un cierto punto es comprensible: las heridas de una guerra civil son hondas y cicatrizan muy lentamente. Es cierto que ninguno de los mencionados países que ha sufrido una dictadura había pasado, como los españoles, por la dantesca experiencia de una guerra civil. Pero un día hay que conocer el propio pasado, reflexionar sobre él y, tras debatirlo, aproximarse a los hechos acaecidos en uno y otro bando. Al igual que los alemanes, que pasaron décadas llevando a cabo un examen de conciencia, también cada español debería reflexionar sobre su actuación durante el régimen franquista. Sólo así se puede llegar a una sociedad madura.
Sí, todos debemos reflexionar sobre las razones por las que malvivimos tantos años bajo dictaduras. Porque una sociedad que permite que un poder dictatorial o totalitario la someta durante décadas es una sociedad enferma, como lo es también una sociedad como la serbia, que permitió que su Gobierno cometiera crímenes en un país hasta hacía poco hermano. Y los bacilos de esa enfermedad pueden anidar aún en el cuerpo social y en cada uno de nosotros. Por ello es necesario conocer lo que pasó y reflexionar sobre ello. Ninguna enfermedad se cura con el olvido.
Para ocultar su culpa y su vergüenza, los pueblos suelen ponerse distintas máscaras. La oferta es rica y variada. Una de las más eficaces es la máscara de la anécdota y la risa, a la que recurrieron los serbios. Otra es la careta de la confusión: enredando los hechos, las colectividades crean confusión e inventan distintos frentes de batalla, antes inexistentes, para ocultar así lo cometido. Aún otra es la de tergiversar los hechos incuestionables de una dictadura o una guerra y (como según Arendt hicieron los alemanes) transformar esos hechos tangibles en meras opiniones, algo muy parecido a lo que algunos intentar hacer en España. Otra (la de los checos) es la de lanzar venenosos ataques contra cualquiera (Havel) que se atreve a señalar esos hechos. Sumirse en la autocompasión y el victimismo es una máscara muy útil, además de cómoda, al igual que la de buscar la completa evasión en la vida privada, en ese descanso en las relaciones interpersonales, en el encierro en lo individual y en la indiferencia hacia los hechos del mundo.
Sin embargo, el olvido no limpia la conciencia ni allana el devenir colectivo: llevar una máscara durante largo tiempo llaga la piel. Algo parecido le ocurre a una sociedad si oculta la propia culpa en un intento de liberarse de ella olvidándola. Las sociedades y sus ciudadanos debemos asumir colectiva e individualmente la responsabilidad de lo que hagan o hicieron nuestros Gobiernos. Es éste uno de los actos mayores de la dignidad humana.
Monika Zgustova es escritora.
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La risa de los culpables
Los ciudadanos que padecieron dictaduras no suelen sentirse responsables por su pasividad. Pero si cada alemán tuvo que analizar su posición frente a Hitler, los españoles deben revisar su lugar en el franquismo
MONIKA ZGUSTOVA 21/11/2008
Unos días después de la captura del criminal de guerra serbio Radovan Karadzic, en un periódico español apareció la descripción de las reacciones de los vecinos de Belgrado. La enviada especial Tamara Djermanovic, profesora serbia residente en Barcelona, informó en su crónica que pocos fueron los que se inmutaron ante el acontecimiento. Aparte de algunas reacciones del tipo "así somos los serbios, vendemos como carne de cañón a nuestra propia gente", nadie pareció sentirse afectado por el hecho de que el acusado de matanzas como la de Srebrenica pudiera por fin ser juzgado. Mientras que en Occidente la noticia de su captura se comentó largamente, los serbios aparentemente no se inmutaron. A la pregunta directa de Tamara sobre el tema, una amiga suya, arquitecta, le contestó vagamente: "Ah, ¿Karadzic? Aún no hemos tenido tiempo de comentarlo en el trabajo". En su crónica, Tamara transmitió el convencimiento que tienen la mayoría de los habitantes de Belgrado de no tener nada que ver con lo ocurrido en Bosnia en los años noventa.
Una sociedad que acepta un poder totalitario está enferma. Y sus bacilos no se curan con el olvido
Karl Jaspers concluyó que la culpa del Estado nazi también pesaba sobre el pueblo alemán
Sin duda es esta apatía la que permite que el antiguo portavoz del Gobierno de Milosevic continúe ocupando un lugar destacado en su país: es ministro del Interior del actual Gobierno de Belgrado. Y permite, además, que un asesino de masas como Karadzic pudiera llevar, aunque disfrazado y con nombre cambiado, más de una década en la capital de su país sin ser reconocido por sus vecinos ni sus pacientes, sin ser descubierto por sus conciudadanos y llevado ante la justicia. Si al oficial nazi Eichmann lo descubrieron, también disfrazado y con nombre falso, una década después de haberse instalado en Buenos Aires, es porque los servicios de inteligencia israelíes realmente se empeñaron en capturarle, mientras que los servicios serbios tenían a Karadzic localizado -en las salas donde daba sus charlas bajo seudónimo solía haber más agentes que público- y sólo esperaron el momento idóneo para venderlo a la Unión Europea a cambio de la invitación a entrar en el club.
Tras la entrega de Karadzic a La Haya, los medios serbios siguen divulgando toda clase de anécdotas relacionadas con su disfraz. Las risas de cuantos viven en Belgrado ante esas anécdotas son del mismo orden que la apatía que describió Tamara: desvían la atención general para ocultar la responsabilidad colectiva.
Las risas y la indiferencia, con las que los serbios disfrazan su responsabilidad, no es una especialidad de aquella parte de los Balcanes, según explicaba Tamara, con un sentido autocrítico digno de remarcar. Es una autodefensa colectiva que suele producirse en cualquier parte tras un cataclismo o un periodo de tiempos oscuros. De modo parecido a los serbios, también los pueblos que experimentaron el comunismo siguen sin querer asumir su parte de responsabilidad por su pasividad durante los largos años de totalitarismo. La popularidad del ex presidente de la República Checa Václav Havel cayó en picado tras su discurso sobre la culpa colectiva del pueblo checo. En uno de sus últimos discursos como presidente, Havel sentenció que cualquiera que se habituó a las exigencias del totalitarismo y en vez de protestar y enfrentarse a ellas se dejó llevar por ese régimen era culpable ante la sociedad. Y hablando de responsabilidades, también Europa y los europeos tendríamos que asumir la nuestra en conflictos como el de los Balcanes. Reconocer la responsabilidad, tanto individual como colectiva, es al fin y al cabo un acto de libertad.
"Los alemanes viven de la mentira y de la estupidez. ¡Y cómo hiede esta última!", exclamó, a su regreso a Alemania tras 13 años de ausencia, la filósofa alemana de origen judío Hannah Arendt, exiliada, después de la llegada de Hitler al poder, primero en París y luego en Nueva York. Arendt le contaba a su marido en una carta que los alemanes recurrían a cualquier truco, ya fuera la autocompasión o la actividad frenética, para evadirse de su culpa por la destrucción de media Europa y por la sistemática eliminación de los judíos. Así, poco después de la guerra, Arendt observó que muchos intelectuales alemanes en vez de buscar en los nazis, o sea en su propia nación, los motivos de la destrucción, recurrían a la abstracción o a la mitología: el mito sobre Adán y Eva y su expulsión del paraíso era especialmente popular para disfrazar su culpa. También Karl Jaspers, al interrogarse sobre la culpabilidad alemana tras la guerra, concluyó que nadie era inocente, ya que cada individuo es responsable de la forma en que su Estado es gobernado y un Estado criminal pesa moralmente sobre el pueblo.
Hoy somos muchos los ciudadanos europeos que, de una forma u otra, con mayor o menor intensidad, hemos vivido bajo regímenes totalitarios, entre ellos españoles, portugueses, griegos y todos los originarios de los países del antiguo Pacto de Varsovia.
En el caso de España, la posiblemente necesaria amnistía de 1977, que liberó a los opositores al régimen franquista, llevó también a que nadie fuera juzgado por sus actos durante la dictadura del general Franco. Por ello, quedan aún muchos hechos por sacar a la luz. Hasta un cierto punto es comprensible: las heridas de una guerra civil son hondas y cicatrizan muy lentamente. Es cierto que ninguno de los mencionados países que ha sufrido una dictadura había pasado, como los españoles, por la dantesca experiencia de una guerra civil. Pero un día hay que conocer el propio pasado, reflexionar sobre él y, tras debatirlo, aproximarse a los hechos acaecidos en uno y otro bando. Al igual que los alemanes, que pasaron décadas llevando a cabo un examen de conciencia, también cada español debería reflexionar sobre su actuación durante el régimen franquista. Sólo así se puede llegar a una sociedad madura.
Sí, todos debemos reflexionar sobre las razones por las que malvivimos tantos años bajo dictaduras. Porque una sociedad que permite que un poder dictatorial o totalitario la someta durante décadas es una sociedad enferma, como lo es también una sociedad como la serbia, que permitió que su Gobierno cometiera crímenes en un país hasta hacía poco hermano. Y los bacilos de esa enfermedad pueden anidar aún en el cuerpo social y en cada uno de nosotros. Por ello es necesario conocer lo que pasó y reflexionar sobre ello. Ninguna enfermedad se cura con el olvido.
Para ocultar su culpa y su vergüenza, los pueblos suelen ponerse distintas máscaras. La oferta es rica y variada. Una de las más eficaces es la máscara de la anécdota y la risa, a la que recurrieron los serbios. Otra es la careta de la confusión: enredando los hechos, las colectividades crean confusión e inventan distintos frentes de batalla, antes inexistentes, para ocultar así lo cometido. Aún otra es la de tergiversar los hechos incuestionables de una dictadura o una guerra y (como según Arendt hicieron los alemanes) transformar esos hechos tangibles en meras opiniones, algo muy parecido a lo que algunos intentar hacer en España. Otra (la de los checos) es la de lanzar venenosos ataques contra cualquiera (Havel) que se atreve a señalar esos hechos. Sumirse en la autocompasión y el victimismo es una máscara muy útil, además de cómoda, al igual que la de buscar la completa evasión en la vida privada, en ese descanso en las relaciones interpersonales, en el encierro en lo individual y en la indiferencia hacia los hechos del mundo.
Sin embargo, el olvido no limpia la conciencia ni allana el devenir colectivo: llevar una máscara durante largo tiempo llaga la piel. Algo parecido le ocurre a una sociedad si oculta la propia culpa en un intento de liberarse de ella olvidándola. Las sociedades y sus ciudadanos debemos asumir colectiva e individualmente la responsabilidad de lo que hagan o hicieron nuestros Gobiernos. Es éste uno de los actos mayores de la dignidad humana.
Monika Zgustova es escritora.
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Los resistentes. JOSÉ GUILLERMO FOUCE
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Los resistentes
JOSÉ GUILLERMO FOUCE
Cada vez que trabajamos como psicólogos en el acompañamiento a las víctimas de grandes catástrofes humanitarias o naturales, como el 11-M, El Salvador, Argentina, Spanair o los represaliados por el franquismo, con reiterada frecuencia los periodistas –expresando lo que piensa la mayoría de las personas corrientes–, nos preguntan por el trauma, por el estrés post traumático, por el sufrimiento, por el dolor y las patologías psiquiátricas de las víctimas. Sin embargo, nosotros recordamos mucho más las increíbles capacidades de resistencia que muestran las víctimas, su fortaleza, su entereza, su salud mental, incluso los momentos de humor en medio de la tragedia.
Recordamos y actuamos, además, durante mucho tiempo después de que los focos se marchen y ya no esté de actualidad la tragedia.
Veámoslo a través de un precioso ejemplo extraído del libro Sin destino (2002) del premio Nobel húngaro Imre Kertész: “Incluso allá, al lado de las chimeneas, había habido, entre las torturas, en los intervalos de las torturas, algo que se parecía a la felicidad. Todos me preguntaban por las calamidades, por los ‘horrores’, cuando para mí esa había sido la experiencia que más recordaba”. Imre está contando nada menos que la vida en Auschwitz y Buchenwald. Otros textos, nuevamente sobre los campos de concentración y los mecanismos de supervivencia a los mismos como los de Primo Levi o Victor Frankl, señalan en similar dirección: la capacidad de resistencia, la resiliencia de las víctimas.En algunos de estos acompañamientos psicológicos, en nuestra particular situación de violencia total y totalitaria –la represión fascista ejercida por el franquismo–, uno recuerda y trabaja mucho más con recuerdos de la resistencia personal como lo eran las canciones a la muerte, “a La Paca”, que cantaban al unísono los condenados en las cárceles y campos de concentración conjurando así el terror ante la amenaza de una muerte cercana y generando cohesión y unidad entre los resistentes, entre las víctimas.
Es con los elementos de resistencia, de resiliencia, en términos psicológicos aceptados y desarrollados hoy (entre otros organismos por la propia Organización Mundial de la Salud), en el apoyo social, la búsqueda de sentido, la cohesión con el grupo, la flexibilidad, el humor, el crecimiento personal, donde preferimos trabajar como profesionales de la intervención psicosocial en emergencias, crisis y catástrofes naturales y humanitarias.
Porque vale más y es más eficaz trabajar con los elementos positivos que hacerlo con los negativos, vale más, y además es la situación más habitual, potenciar los recursos y competencias que tratar de cubrir los déficits y síntomas negativos. La mayoría de las personas que se ven involucradas en situaciones de violencia, en situaciones vitales estresantes, superan con crecimiento estas dificultades, resisten las tensiones y sufrimientos. Esta es la realidad, los hombres y mujeres somos capaces de superar muchas más cosas de las que creemos con el apoyo de nuestros semejantes.
Uno puede fijar la mirada en el dolor, la patología y el sufrimiento que, sin duda, existen, pero también puede hacerlo en los elementos de afrontamiento y resistencia que, sin duda, también están presentes. Se trata de hacer un trabajo desde lo positivo, desde las competencias, desde las resistencias.
Para que este crecimiento y superación se den, uno de los elementos más importantes es que se nos reconozca el papel de víctima, que se nos apoye emocionalmente, materialmente, simbólicamente, desde nuestro entorno cercano y desde la sociedad. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, de los derechos de las víctimas, de todas las víctimas, hablamos de verdad, justicia y reparación. Y por eso, cuando hoy en nuestro país, con argumentos basados en, por ejemplo, el olvido supuestamente terapéutico –el mismo que emplearon en su tiempo Pinochet o Videla u otros para defender leyes de amnistía e impunidad a los crímenes cometidos–, se intenta hurtar el derecho inalienable y universal de las víctimas a ser reconocidas como tales, conocer lo ocurrido, obtener justicia y recibir reparación, uno no puede sino estar, por coherencia y en función de lo aprendido, con ellas, acompañándolas en la pelea por el reconocimiento de lo obvio.
Ante crímenes de lesa humanidad como los cometidos por el franquismo, no caben medias tintas, caminos intermedios. Hay que comprometerse en el apoyo y acompañamiento a las víctimas como antes las víctimas de la otras violencias en la guerra recibieron este apoyo, acompañamiento, reparación, verdad y justicia.
Puede haber parones judiciales aparentes, como lo es quizás lo recientemente sucedido con Garzón, momentos de euforia al encontrar una fosa, momentos de decepción al no recibir apoyo, pero, como canta León Gieco de manera admirable: “Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia… La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento”. Siempre despierta, como la justicia que se reclama y proclama, aunque a algunos no les convenga y traten de taparla como ocurrió en Argentina, en Chile o ahora en nuestro país.
José Guillermo Fouce es profesor de la universidad Carlos III y coordinador de Psicólogos sin Fronteras Madrid
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Los resistentes
JOSÉ GUILLERMO FOUCE
Cada vez que trabajamos como psicólogos en el acompañamiento a las víctimas de grandes catástrofes humanitarias o naturales, como el 11-M, El Salvador, Argentina, Spanair o los represaliados por el franquismo, con reiterada frecuencia los periodistas –expresando lo que piensa la mayoría de las personas corrientes–, nos preguntan por el trauma, por el estrés post traumático, por el sufrimiento, por el dolor y las patologías psiquiátricas de las víctimas. Sin embargo, nosotros recordamos mucho más las increíbles capacidades de resistencia que muestran las víctimas, su fortaleza, su entereza, su salud mental, incluso los momentos de humor en medio de la tragedia.
Recordamos y actuamos, además, durante mucho tiempo después de que los focos se marchen y ya no esté de actualidad la tragedia.
Veámoslo a través de un precioso ejemplo extraído del libro Sin destino (2002) del premio Nobel húngaro Imre Kertész: “Incluso allá, al lado de las chimeneas, había habido, entre las torturas, en los intervalos de las torturas, algo que se parecía a la felicidad. Todos me preguntaban por las calamidades, por los ‘horrores’, cuando para mí esa había sido la experiencia que más recordaba”. Imre está contando nada menos que la vida en Auschwitz y Buchenwald. Otros textos, nuevamente sobre los campos de concentración y los mecanismos de supervivencia a los mismos como los de Primo Levi o Victor Frankl, señalan en similar dirección: la capacidad de resistencia, la resiliencia de las víctimas.En algunos de estos acompañamientos psicológicos, en nuestra particular situación de violencia total y totalitaria –la represión fascista ejercida por el franquismo–, uno recuerda y trabaja mucho más con recuerdos de la resistencia personal como lo eran las canciones a la muerte, “a La Paca”, que cantaban al unísono los condenados en las cárceles y campos de concentración conjurando así el terror ante la amenaza de una muerte cercana y generando cohesión y unidad entre los resistentes, entre las víctimas.
Es con los elementos de resistencia, de resiliencia, en términos psicológicos aceptados y desarrollados hoy (entre otros organismos por la propia Organización Mundial de la Salud), en el apoyo social, la búsqueda de sentido, la cohesión con el grupo, la flexibilidad, el humor, el crecimiento personal, donde preferimos trabajar como profesionales de la intervención psicosocial en emergencias, crisis y catástrofes naturales y humanitarias.
Porque vale más y es más eficaz trabajar con los elementos positivos que hacerlo con los negativos, vale más, y además es la situación más habitual, potenciar los recursos y competencias que tratar de cubrir los déficits y síntomas negativos. La mayoría de las personas que se ven involucradas en situaciones de violencia, en situaciones vitales estresantes, superan con crecimiento estas dificultades, resisten las tensiones y sufrimientos. Esta es la realidad, los hombres y mujeres somos capaces de superar muchas más cosas de las que creemos con el apoyo de nuestros semejantes.
Uno puede fijar la mirada en el dolor, la patología y el sufrimiento que, sin duda, existen, pero también puede hacerlo en los elementos de afrontamiento y resistencia que, sin duda, también están presentes. Se trata de hacer un trabajo desde lo positivo, desde las competencias, desde las resistencias.
Para que este crecimiento y superación se den, uno de los elementos más importantes es que se nos reconozca el papel de víctima, que se nos apoye emocionalmente, materialmente, simbólicamente, desde nuestro entorno cercano y desde la sociedad. Por eso, cuando hablamos de derechos humanos, de los derechos de las víctimas, de todas las víctimas, hablamos de verdad, justicia y reparación. Y por eso, cuando hoy en nuestro país, con argumentos basados en, por ejemplo, el olvido supuestamente terapéutico –el mismo que emplearon en su tiempo Pinochet o Videla u otros para defender leyes de amnistía e impunidad a los crímenes cometidos–, se intenta hurtar el derecho inalienable y universal de las víctimas a ser reconocidas como tales, conocer lo ocurrido, obtener justicia y recibir reparación, uno no puede sino estar, por coherencia y en función de lo aprendido, con ellas, acompañándolas en la pelea por el reconocimiento de lo obvio.
Ante crímenes de lesa humanidad como los cometidos por el franquismo, no caben medias tintas, caminos intermedios. Hay que comprometerse en el apoyo y acompañamiento a las víctimas como antes las víctimas de la otras violencias en la guerra recibieron este apoyo, acompañamiento, reparación, verdad y justicia.
Puede haber parones judiciales aparentes, como lo es quizás lo recientemente sucedido con Garzón, momentos de euforia al encontrar una fosa, momentos de decepción al no recibir apoyo, pero, como canta León Gieco de manera admirable: “Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia… La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento”. Siempre despierta, como la justicia que se reclama y proclama, aunque a algunos no les convenga y traten de taparla como ocurrió en Argentina, en Chile o ahora en nuestro país.
José Guillermo Fouce es profesor de la universidad Carlos III y coordinador de Psicólogos sin Fronteras Madrid
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Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los desaparecidos del franquismo
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Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los ...
Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los desaparecidos del franquismo
20MINUTOS.ES. 20.11.2008 - 00:02h
La organización pide a España una investigación efectiva e imparcial.
También denuncia que no existe ningún otro antecedente en que un Estado haya trasladado a los familiares las tareas de abrir fosas.
El Gobierno ha prometido ayudar a los descendientes de las víctimas.
Amnistía Internacional ha publicado el manifiesto 'Para pasar página, primero hay que leerla', al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional, en el que pide al Estado español que garantice una investigación efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Las firmas que se recojan en el manifiesto serán enviadas a Rodríguez Zapatero
Entre los que ya han firmado el documento (PDF) están José Antonio Martín Pallín, magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, fiscal general de Buenos Aires; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; o Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet.
Además, la organización ha habilitado en su web un espacio para que cualquier persona se pueda adherir al manifiesto, y todas las firmas que se recojan serán enviadas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Una iniciativa que responde a la pasividad judicial
Esta iniciativa, según Amnistía, responde a los acontecimientos de los últimos días -el juez Garzón se desinhibió de la investigación y los jueces que deben continuarla lo ven muy difícil -, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades para cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad.
Cuando acaba una investigación, acaba
También denuncia que no existe ningún otro antecedente, excepto España, en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas y responsabilidades de abrir fosas, exhumar restos e identificar los cuerpos.
Por otro lado, el Gobierno ha prometido ayudar a los familiares de las víctimas aunque la Justicia cierre el caso. "Cuando acaba una investigación, acaba", ha señalado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Además, ha indicado que el Ejecutivo seguirá trabajando "por dar buen fin a todo aquel que está intentando rescatar a sus familiares en las fosas" y que quiere "un enterramiento como debe ser".
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Los jueces ven difícil mantener abierta la investigación sobre las desapariciones (19/11/08)
Los familiares de los represaliados difieren al valorar el auto del juez Garzón (19/11/08)
Del Burgo pide a Garzón que investigue también el exterminio de Paracuellos (18/11/08)
El juez Garzón acusa al franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños (18/11/08)
Garzón deja en manos de los juzgados territoriales la causa sobre el franquismo (18/11/08)
La Fiscalía gana la primera batalla contra Garzón y para la apertura de fosas (07/11/08)
Garzón ordena exhumar del Valle de los Caídos los cuerpos de ocho republicanos (06/11/08)
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Amnistía Internacional asegura que los crímenes del franquismo no ...
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Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los ...
Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los desaparecidos del franquismo
20MINUTOS.ES. 20.11.2008 - 00:02h
La organización pide a España una investigación efectiva e imparcial.
También denuncia que no existe ningún otro antecedente en que un Estado haya trasladado a los familiares las tareas de abrir fosas.
El Gobierno ha prometido ayudar a los descendientes de las víctimas.
Amnistía Internacional ha publicado el manifiesto 'Para pasar página, primero hay que leerla', al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional, en el que pide al Estado español que garantice una investigación efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Las firmas que se recojan en el manifiesto serán enviadas a Rodríguez Zapatero
Entre los que ya han firmado el documento (PDF) están José Antonio Martín Pallín, magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, fiscal general de Buenos Aires; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; o Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet.
Además, la organización ha habilitado en su web un espacio para que cualquier persona se pueda adherir al manifiesto, y todas las firmas que se recojan serán enviadas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Una iniciativa que responde a la pasividad judicial
Esta iniciativa, según Amnistía, responde a los acontecimientos de los últimos días -el juez Garzón se desinhibió de la investigación y los jueces que deben continuarla lo ven muy difícil -, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades para cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad.
Cuando acaba una investigación, acaba
También denuncia que no existe ningún otro antecedente, excepto España, en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas y responsabilidades de abrir fosas, exhumar restos e identificar los cuerpos.
Por otro lado, el Gobierno ha prometido ayudar a los familiares de las víctimas aunque la Justicia cierre el caso. "Cuando acaba una investigación, acaba", ha señalado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Además, ha indicado que el Ejecutivo seguirá trabajando "por dar buen fin a todo aquel que está intentando rescatar a sus familiares en las fosas" y que quiere "un enterramiento como debe ser".
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jueves 20 de noviembre de 2008
Marcos Ana: "El fenómeno de la memoria histórica ya no hay quien lo pare".
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El preso que más años pasó en cárceles franquistas aboga por "acabar con el silencio de las cunetas"
Marcos Ana: "El fenómeno de la memoria histórica ya no hay quien lo pare"
V.V.
“Decidme cómo es un árbol”, se preguntaba Fernando Macarro, más conocido como Marcos Ana (en la foto), en el primer verso de un poema que escribió desde la cárcel, después de 22 años de presidio. Aún le faltaba uno más para abandonar la prisión: es la persona que más tiempo seguido pasó encerrado por el régimen franquista y ahora, a sus 88 años, ha utilizado el verso para dar título a un libro que Pedro Almodóvar llevará al cine. El poeta salmantino asegura que “una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones”, y apuesta por “acabar con el silencio de las cunetas”.
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Intelectuales y artistas presentan un manifiesto a favor de Garzón y de las víctimas del franquismo
Unos días antes de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiera de la causa iniciada por él para investigar los crímenes del franquismo, el poeta Marcos Ana (seudónimo formado con el nombre de sus padres) aseguraba que el magistrado “ha recogido un sentimiento general que hay en buena parte de la sociedad y trata de demostrar que hubo un genocidio”, a pesar de las dificultades que ello conlleva. El escritor sabe de lo que habla: entró en la cárcel en 1936, con 19 años, y salió de ella 23 años después, convirtiéndose en la persona que más tiempo pasó en cárceles franquistas.
"La amnesia política no es buena"
Sin embargo, no guarda rencor: Ana define aquellos años como “una de las épocas más hermosas” de su vida, gracias a la solidaridad con los compañeros y la lucha por unos ideales comunes, según publicó El Mundo. No obstante, eso sí, pide memoria. Sin ansía de venganza “como quiere hacer ver la extrema derecha”, pero sí apostando por la justicia. “La amnesia política no es buena”, argumenta, e insiste en que “una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones”.
Escribir la historia "en mayúsculas"
Actualmente se encuentra inmerso en la promoción de su libro de poemas Decidme cómo es un árbol, del que asegura que “la acogida está siendo increíble”. Sus poemas empezaron a escribirse en la década de los 50, después de leer a Alberti y a Neruda, y son también una “página de la historia” de la dictadura, que él considera que se debe escribir “en mayúscula para que no se vuelva a repetir”.
Justicia frente a venganzaEn este sentido, Ana asegura que “el fenómeno de la memoria ya no hay quien lo pare”, aunque insiste en que “la venganza es inadmisible; la justicia, necesaria”. Y, en su opinión, esa justicia no consiste en equiparar los abusos del bando franquista y del republicano: “Al principio, en los dos bandos se cometieron actos descontrolados, pero acabada la guerra hubo una auténtica política de genocidio. Estuvieron cuarenta años matando”, matizó.
Diferencias en los bandosEn este sentido, recordó los documentos encontrados en los que generales franquistas como Queipo de Llano facultaban a los suyos para matar masivamente a quienes no compartiesen sus ideas. “Yo invito a los investigadores a que encuentren una frase de un dirigente de la República en al que se incitara a la masacre. No hay ni una”, argumentó.
Ley "insuficiente a todas luces"
Sobre la Ley de Memoria Histórica, el poeta aseguró que es “necesaria” aunque “insuficiente a todas luces”, ya que los represaliados necesitarían “que se anulen las condenas de los tribunales franquistas”. “Es algo que se ha hecho en Alemania, Italia y Portugal”, sostuvo. Además, añadió que “ahora ha llegado el momento de que pública e institucionalmente se reconozca” la lucha “por la libertad” de los condenados por el franquismo, y exigió que se acabe “con el silencio de las cunetas”.
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«Pretendo que los jóvenes conozcan la historia de España»
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"La amnesia política no es buena"
Sin embargo, no guarda rencor: Ana define aquellos años como “una de las épocas más hermosas” de su vida, gracias a la solidaridad con los compañeros y la lucha por unos ideales comunes, según publicó El Mundo. No obstante, eso sí, pide memoria. Sin ansía de venganza “como quiere hacer ver la extrema derecha”, pero sí apostando por la justicia. “La amnesia política no es buena”, argumenta, e insiste en que “una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones”.
Escribir la historia "en mayúsculas"
Actualmente se encuentra inmerso en la promoción de su libro de poemas Decidme cómo es un árbol, del que asegura que “la acogida está siendo increíble”. Sus poemas empezaron a escribirse en la década de los 50, después de leer a Alberti y a Neruda, y son también una “página de la historia” de la dictadura, que él considera que se debe escribir “en mayúscula para que no se vuelva a repetir”.
Justicia frente a venganzaEn este sentido, Ana asegura que “el fenómeno de la memoria ya no hay quien lo pare”, aunque insiste en que “la venganza es inadmisible; la justicia, necesaria”. Y, en su opinión, esa justicia no consiste en equiparar los abusos del bando franquista y del republicano: “Al principio, en los dos bandos se cometieron actos descontrolados, pero acabada la guerra hubo una auténtica política de genocidio. Estuvieron cuarenta años matando”, matizó.
Diferencias en los bandosEn este sentido, recordó los documentos encontrados en los que generales franquistas como Queipo de Llano facultaban a los suyos para matar masivamente a quienes no compartiesen sus ideas. “Yo invito a los investigadores a que encuentren una frase de un dirigente de la República en al que se incitara a la masacre. No hay ni una”, argumentó.
Ley "insuficiente a todas luces"
Sobre la Ley de Memoria Histórica, el poeta aseguró que es “necesaria” aunque “insuficiente a todas luces”, ya que los represaliados necesitarían “que se anulen las condenas de los tribunales franquistas”. “Es algo que se ha hecho en Alemania, Italia y Portugal”, sostuvo. Además, añadió que “ahora ha llegado el momento de que pública e institucionalmente se reconozca” la lucha “por la libertad” de los condenados por el franquismo, y exigió que se acabe “con el silencio de las cunetas”.
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Impiden el homenaje político de la Falange en el Valle de los Caídos
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Después dela racha que llevamos:
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Impiden el homenaje político de la Falange en el Valle de los Caídos
PÚBLICO.ES/EUROPA PRESS - Madrid - 20/11/2008 17:21
Falangistas y agentes de la Guardia Civil han protagonizado esta mañana varios momentos de tensión en la entrada al monumento del Valle de los Caídos, concretamente mientras examinaban los vehículos y las pertenencias a los asistentes, convocados a una misa por el aniversario de la muerte del dictador Franco y del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.
La Guardia Civil, que ha desplegado en los accesos al monumento a una decena de patrullas, quiso hacer cumplir así el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, que consagra el Valle de los Caídos como un lugar de culto "no siendo posible en ningún lugar del recinto llevar a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".
El jefe nacional de La Falange-FE, Manuel Andrino, que junto a algunas decenas de militantes del partido se han desplazado desde la capital en vehículos personales, ha criticado que los guardias civiles de la entrada al Valle les hayan obligado a retirar los ramos de flores y les hayan prohibido expresamente entrar con simbología.
"Un sencillo homenaje"
"Cuando he aparecido yo en el coche, los agentes de paisano y el mando policial que había en la puerta se han puesto en estado de alerta y han empezado a poner problemas. Luego, he comprobado cómo un capitán de la Guardia Civil ha cogido con un gran desprecio un ramo de flores y con mucho asco ha dicho que 'ahí tenía las putas rosas'. Esto es un lugar de culto, donde hay personas enterradas, y como cualquier otro cementerio hay gente que quiere depositar sus flores", ha argumentado.
"Si yo llevo en mi camisa las cinco flechas, ¿a ellos qué les importa?"
Por otro lado, el presidente nacional de La Falange FE ha manifestado que los asistentes no han realizado en el monumento ningún acto político y simplemente "han rendido un sencillo homenaje a todos los enterrados, tanto del bando nacional como republicano". "La libertad de movimiento y el secuestro a la que nos hemos visto sometido es un hecho más que cierto", ha dicho.
Por su parte, Eduardo Lázaro, un 'joseantoniano' de 65 años, ha afirmado que en la entrada tuvo que someterse a tres controles policiales, lo que le ha producido indignación por el "atropello" y por la "limitación" de sus "derechos ciudadanos".
"Nos han hecho bajar del coche y nos han ordenado quitarnos la chaqueta y la camisa para ver si llevábamos simbología. Si yo llevo en mi camisa las cinco flechas, ¿a ellos qué les importa?", afirma.
Una misa sin exaltación a la dictadura y sus figuras
Finalmente, un centenar de falangistas, la mayoría jubilados y advertidos de los condicionamientos de la nueva Ley, han entrado al monumento y asistido al oficio religioso desarrollado en la Basílica de la Cruz. Unos pocos turistas con sus familias visitaban el monumento, entre ellos un grupo de ciudadanos chinos que no conocía la fecha que se conmemoraba hoy.
La misa católica, oficiada por el abad benedictino del templo, ha comenzado a las 11.00 horas y ha durado casi una hora. En esta ocasión, no ha habido ni banderas ni gritos de exaltación a favor de la dictadura en el interior de la iglesia y sólo en un momento del oficio se ha hecho mención, estrictamente espiritual, por el alma de los fallecidos en esta fecha. También en el interior del templo había varios agentes de la Benemérita, así como guardias civiles de paisano y vigilantes de seguridad.
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Toledo le quita las medallas de la ciudad a Franco
El Ayuntamiento aprueba una moción propuesta por IU para retirar a Franco la Medalla de Oro de la Ciudad y la del Alcázar. El PSOE le ha apoyado y el PP ha votado en contra.
El pleno del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado la moción del Grupo Municipal de IU para la retirada de la Medalla de Oro de la Ciudad, y de la Medalla de Oro del Alcázar de Toledo a Francisco Franco Bahamonde, coincidiendo con el aniversario de su muerte, con los votos a favor de PSOE e IU y el voto en contra del PP.
En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal de IU, Aurelio San Emeterio, con motivo de su turno de palabra en el pleno capitalino, hizo un repaso por los distintos hechos históricos acontecidos durante la Guerra Civil y en la Dictadura Franquista que calificó como "crímenes contra el pueblo español".
La moción insta también al Ayuntamiento de Toledo a tomar en consideración la necesidad de aplicar la Ley 25/2007, del 26 de diciembre, por la que se reconocen y se amplían derechos y se restablecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura, facilitando los medios adecuados para que así sea en el futuro.
"Quitar la medalla no interesa"
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Lamberto García Pineda, ha justificado la decisión de su grupo político asegurando que quitar la Medalla de oro de la Ciudad a Franco no es un problema que interese a los vecinos de la capital regional. A lo que ha añadido que problemas como el paro, el tráfico, o la crisis "son los que verdaderamente se deberían debatir en esta Cámara municipal".
El PP dice que la moción "rompe" las reglas de consenso en las que se basó la Transición democrática
Además, ha apuntado que la moción "rompe" las reglas de consenso en las que se basó la Transición democrática, y considera que "es innecesaria y perjudicial" para la convivencia de los españoles. Así, ha aprovechado la situación para hacer "un homenaje unánime" a todos aquellos que sufrieron con la Guerra Civil y el Franquismo.
Para terminar, el edil ha manifestado que con su propuesta IU "pretende la quiebra de un proceso político en el que la mayoría de nosotros nos reconocemos, desligitimando el pacto de la Transición", y ha recordado las palabras del ex presidente del Gobierno, Felipe González, en las que decía que "Franco forma parte de la historia y no podemos borrarla nos guste o no nos guste".
El PSOE prefería el consenso
En cambio, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rafael Perezagua, ha asegurado que en el pleno municipal se han tratado muchos asuntos de interés para los ciudadanos de Toledo, que cada es formación política es libre para presentar las mociones que quiera, y que hubiese preferido que la moción hubiera sido el fruto del consenso de los tres grupos políticos.
"Esta medida no va en contra de la Democracia y esas palabras me parecen mayores"
El concejal socialista ha manifestado que el PSOE ha estado y está en contra de todo tipo de dictaduras y asegura que "es inexplicable" que continúe habiendo en el mundo partidos políticos que alaben dictaduras representadas en estatuas. "Todos los dictadores son reprochables por la sociedad española", ha agregado.
Perezagua ha señalado que el PP debería "fijar mejor" su postura respecto a la moción de IU y ha recordado que los 'populares' de ciudades como Sevilla o Cádiz votaron a favor de medidas similares. "Esta medida no va en contra de la Democracia y esas palabras me parecen mayores", ha aclarado.
Finalmente, ha apuntado que se trata de un homenaje a todos aquellos que lucharon por la libertad y la democracia en España independientmente del partido en el que militen. "La Guerra Civil y la Dictadura ha sido superada por la democracia bajo la que hemos vivido el periodo más fructífero de la historia de España, esa es la realidad", ha concluido.
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Después dela racha que llevamos:
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PÚBLICO.ES/EUROPA PRESS - Madrid - 20/11/2008 17:21
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La Guardia Civil, que ha desplegado en los accesos al monumento a una decena de patrullas, quiso hacer cumplir así el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica, que consagra el Valle de los Caídos como un lugar de culto "no siendo posible en ningún lugar del recinto llevar a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o del franquismo".
El jefe nacional de La Falange-FE, Manuel Andrino, que junto a algunas decenas de militantes del partido se han desplazado desde la capital en vehículos personales, ha criticado que los guardias civiles de la entrada al Valle les hayan obligado a retirar los ramos de flores y les hayan prohibido expresamente entrar con simbología.
"Un sencillo homenaje"
"Cuando he aparecido yo en el coche, los agentes de paisano y el mando policial que había en la puerta se han puesto en estado de alerta y han empezado a poner problemas. Luego, he comprobado cómo un capitán de la Guardia Civil ha cogido con un gran desprecio un ramo de flores y con mucho asco ha dicho que 'ahí tenía las putas rosas'. Esto es un lugar de culto, donde hay personas enterradas, y como cualquier otro cementerio hay gente que quiere depositar sus flores", ha argumentado.
"Si yo llevo en mi camisa las cinco flechas, ¿a ellos qué les importa?"
Por otro lado, el presidente nacional de La Falange FE ha manifestado que los asistentes no han realizado en el monumento ningún acto político y simplemente "han rendido un sencillo homenaje a todos los enterrados, tanto del bando nacional como republicano". "La libertad de movimiento y el secuestro a la que nos hemos visto sometido es un hecho más que cierto", ha dicho.
Por su parte, Eduardo Lázaro, un 'joseantoniano' de 65 años, ha afirmado que en la entrada tuvo que someterse a tres controles policiales, lo que le ha producido indignación por el "atropello" y por la "limitación" de sus "derechos ciudadanos".
"Nos han hecho bajar del coche y nos han ordenado quitarnos la chaqueta y la camisa para ver si llevábamos simbología. Si yo llevo en mi camisa las cinco flechas, ¿a ellos qué les importa?", afirma.
Una misa sin exaltación a la dictadura y sus figuras
Finalmente, un centenar de falangistas, la mayoría jubilados y advertidos de los condicionamientos de la nueva Ley, han entrado al monumento y asistido al oficio religioso desarrollado en la Basílica de la Cruz. Unos pocos turistas con sus familias visitaban el monumento, entre ellos un grupo de ciudadanos chinos que no conocía la fecha que se conmemoraba hoy.
La misa católica, oficiada por el abad benedictino del templo, ha comenzado a las 11.00 horas y ha durado casi una hora. En esta ocasión, no ha habido ni banderas ni gritos de exaltación a favor de la dictadura en el interior de la iglesia y sólo en un momento del oficio se ha hecho mención, estrictamente espiritual, por el alma de los fallecidos en esta fecha. También en el interior del templo había varios agentes de la Benemérita, así como guardias civiles de paisano y vigilantes de seguridad.
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En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal de IU, Aurelio San Emeterio, con motivo de su turno de palabra en el pleno capitalino, hizo un repaso por los distintos hechos históricos acontecidos durante la Guerra Civil y en la Dictadura Franquista que calificó como "crímenes contra el pueblo español".
La moción insta también al Ayuntamiento de Toledo a tomar en consideración la necesidad de aplicar la Ley 25/2007, del 26 de diciembre, por la que se reconocen y se amplían derechos y se restablecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra civil y la Dictadura, facilitando los medios adecuados para que así sea en el futuro.
"Quitar la medalla no interesa"
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Lamberto García Pineda, ha justificado la decisión de su grupo político asegurando que quitar la Medalla de oro de la Ciudad a Franco no es un problema que interese a los vecinos de la capital regional. A lo que ha añadido que problemas como el paro, el tráfico, o la crisis "son los que verdaderamente se deberían debatir en esta Cámara municipal".
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Además, ha apuntado que la moción "rompe" las reglas de consenso en las que se basó la Transición democrática, y considera que "es innecesaria y perjudicial" para la convivencia de los españoles. Así, ha aprovechado la situación para hacer "un homenaje unánime" a todos aquellos que sufrieron con la Guerra Civil y el Franquismo.
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El PSOE prefería el consenso
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"Esta medida no va en contra de la Democracia y esas palabras me parecen mayores"
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Perezagua ha señalado que el PP debería "fijar mejor" su postura respecto a la moción de IU y ha recordado que los 'populares' de ciudades como Sevilla o Cádiz votaron a favor de medidas similares. "Esta medida no va en contra de la Democracia y esas palabras me parecen mayores", ha aclarado.
Finalmente, ha apuntado que se trata de un homenaje a todos aquellos que lucharon por la libertad y la democracia en España independientmente del partido en el que militen. "La Guerra Civil y la Dictadura ha sido superada por la democracia bajo la que hemos vivido el periodo más fructífero de la historia de España, esa es la realidad", ha concluido.
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Piden Ley Memoria Histórica evite inhibición de jueces en procesos franquismo.
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Piden Ley Memoria Histórica evite inhibición de jueces en procesos ...
Piden Ley Memoria Histórica evite inhibición de jueces en procesos franquismo
EFE - 20/11/2008 14 : 28
Salamanca, 20 nov (EFE).- La Asociación Salamanca, Memoria y Justicia (ASMJ) ha pedido que se promueva un Real Decreto "complementario" a la Ley de Memoria Histórica que evite la inhibición de los jueces del ámbito provincial y el recurso a la Ley de Amnistía de 1977 para impedir los procesos contra el franquismo.
Así se recoge en el comunicado hecho público hoy por la ASMJ en el que dicha petición se formula al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos tras la inhibición del juez Baltasar Garzón para proseguir con las diligencias judiciales en la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.
La asociación ha argumentado su solicitud tras mostrar la "decepción" por que la Justicia española "no haya encontrado aún la manera de acometer de forma generalizada y bajo premisas claras las desapariciones y crímenes del franquismo" en el marco de la legislación internacional de los derechos humanos.
También la ASMJ muestra su "convencimiento" de que estos meses han servido para que la opinión pública "entienda la trascendencia de lo acontecido y el perjuicio que se está ocasionando a las familias y víctimas".
No obstante, y aunque este colectivo entiende que la Audiencia Nacional "puede no ser el tribunal adecuado y que han de ser los tribunales provinciales los encargados", considera que se ha de fijar "un marco de actuación común y sentarse una jurisdicción que no impida la apertura de los procesos apelando a la Ley de Amnistía de 1977 o la inhibición de los jueces".
EFE np/jcp/pv
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Piden Ley Memoria Histórica evite inhibición de jueces en procesos ...
Piden Ley Memoria Histórica evite inhibición de jueces en procesos franquismo
EFE - 20/11/2008 14 : 28
Salamanca, 20 nov (EFE).- La Asociación Salamanca, Memoria y Justicia (ASMJ) ha pedido que se promueva un Real Decreto "complementario" a la Ley de Memoria Histórica que evite la inhibición de los jueces del ámbito provincial y el recurso a la Ley de Amnistía de 1977 para impedir los procesos contra el franquismo.
Así se recoge en el comunicado hecho público hoy por la ASMJ en el que dicha petición se formula al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía, al Congreso de los Diputados y a los partidos políticos tras la inhibición del juez Baltasar Garzón para proseguir con las diligencias judiciales en la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo.
La asociación ha argumentado su solicitud tras mostrar la "decepción" por que la Justicia española "no haya encontrado aún la manera de acometer de forma generalizada y bajo premisas claras las desapariciones y crímenes del franquismo" en el marco de la legislación internacional de los derechos humanos.
También la ASMJ muestra su "convencimiento" de que estos meses han servido para que la opinión pública "entienda la trascendencia de lo acontecido y el perjuicio que se está ocasionando a las familias y víctimas".
No obstante, y aunque este colectivo entiende que la Audiencia Nacional "puede no ser el tribunal adecuado y que han de ser los tribunales provinciales los encargados", considera que se ha de fijar "un marco de actuación común y sentarse una jurisdicción que no impida la apertura de los procesos apelando a la Ley de Amnistía de 1977 o la inhibición de los jueces".
EFE np/jcp/pv
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El franquismo arrebató la identidad a miles de niños
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Escrito por César Usán Supervía
jueves, 20 de noviembre de 2008
El juez Baltasar Garzón denuncia el robo "sistemático" de niños republicanos para darlos en adopción y educarlos en la ideología del régimen franquista
El magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar GarzónEl Juez Baltasar Garzón sostiene en el auto en el que se inhibe de la investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo que as autoridades franquistas podrían haber desarrollado un plan "sistemático, preconcebido y con verdadera voluntad criminal" para el "robo" de menores hijos de madres republicanas muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas entre 1937 y 1950, a los que luego se les cambiaba el apellido "para permitir su adopción por familias adictas al régimen".
Garzón: "[fue]Entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones y organismos, sobre todo el Servicio Exterior de Falange"
Muchos ingresaron en las instituciones públicas del régimen (Auxilio Social) al estar sus progenitores encarcelados o desaparecidos.
Garzón, considera que la dictadura franquista "pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40", al arrebatárselos a sus padres para educarles según las directrices de la dictadura.En el auto, el magistrado mantiene que una de las razones para sostener que los delitos cometidos por el régimen de Franco no han prescrito es precisamente la existencia de víctimas "que puedan estar vivas".
Garzón se refiere concretamente a aquellas que, durante su infancia, "fueron sustraídas legal o ilegalmente (...) y los que fueron 'recuperados' contra la voluntad, o sin ella, de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones y organismos principalmente el Servicio Exterior de Falange".
El franquismo, añade, "acometió una segregación infantil que alcanzaría unos límites preocupantes y que, bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40, en aras a una más adecuada preparación ideológica y la afección al régimen".
Según el juez, en abril de 1942 el gobierno francés de Vichy clausuró los centros de refugiados en los que quedaban españoles.
Los hombres fueron enviados a Mathausen o Auschwitz, y las mujeres y los niños, a España. De estos, muchos ingresaron en las instituciones públicas del régimen (Auxilio Social) al estar sus progenitores encarcelados o desaparecidos.
"Actuando de forma clandestina consiguieron que muchos de los niños, no reclamados o con sus progenitores en prisión, fueran reacomodados y no tuvieran la posibilidad de conocer sus señas de identidad auténticas", dice el auto.
Una gran mayoría de 'recuperados' y que según el documento, lo eran sin que mediara reclamación de las familias, no fue reintegrada a las mismas, especialmente si se tiene en cuenta el criterio de la legislación y normas dispuestas sobre la inidoneidad de las familias republicanas para la educación de los menores en el nuevo Estado.
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España:Prometen ayuda para encontrar desaparecidos del franquismo
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España:Prometen ayuda para encontrar desaparecidos del franquismo
20 de Noviembre de 2008, 02:23pm ETMADRID (AP) -
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo el jueves que el gobierno colaborará en la recuperación de los cuerpos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura del general Francisco Franco.
"Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación", dijo Zapatero durante una comparecencia de prensa junto al primer ministro de Túnez, Mohamed Ghannouchi.
Pocos días después de que el juez Baltasar Garzón abandonase en manos de los juzgados locales la causa de la guerra civil, Zapatero renovó el compromiso con todas las administraciones y organizaciones que trabajan en recuperar los cadáveres de miles de víctimas del conflicto fratricida enterradas en fosas comunes.
"El gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la guerra civil y de la represión del franquismo", manifestó.
Además, Zapatero señaló que el recuerdo de Franco es "marginal" y precisó que cualquier homenaje al dictador español este 20 de noviembre, 33er aniversario de su muerte, es un "residuo que irá desapareciendo".
"Tengo presente en este 20 de noviembre, las generaciones de españoles que tuvieron que pasar la vida sin ver un país sin libertad", señaló.
Algunos grupos nostálgicos del régimen de Franco suelen organizar diversos actos para recordar al dictador. Sin embargo, este año, apenas se han anunciado varios servicios religiosos, tanto el jueves como el próximo domingo.
La aprobación de la ley de la Memoria Histórica en 2007 incluía varios artículos que impedían elogiar o recordar la figura de Franco.
De hecho, este será el primer año en el que no se podrá albergar homenaje alguno en el Valle de los Caídos, el monumental mausoleo que Franco se hizo construir a las afueras de Madrid para ser enterrado, que actualmente está reservado al culto católico.
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Zapatero cree un "buen dato" que el franquismo caiga en el olvido
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España:Prometen ayuda para encontrar desaparecidos del franquismo
20 de Noviembre de 2008, 02:23pm ETMADRID (AP) -
El presidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo el jueves que el gobierno colaborará en la recuperación de los cuerpos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura del general Francisco Franco.
"Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación", dijo Zapatero durante una comparecencia de prensa junto al primer ministro de Túnez, Mohamed Ghannouchi.
Pocos días después de que el juez Baltasar Garzón abandonase en manos de los juzgados locales la causa de la guerra civil, Zapatero renovó el compromiso con todas las administraciones y organizaciones que trabajan en recuperar los cadáveres de miles de víctimas del conflicto fratricida enterradas en fosas comunes.
"El gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la guerra civil y de la represión del franquismo", manifestó.
Además, Zapatero señaló que el recuerdo de Franco es "marginal" y precisó que cualquier homenaje al dictador español este 20 de noviembre, 33er aniversario de su muerte, es un "residuo que irá desapareciendo".
"Tengo presente en este 20 de noviembre, las generaciones de españoles que tuvieron que pasar la vida sin ver un país sin libertad", señaló.
Algunos grupos nostálgicos del régimen de Franco suelen organizar diversos actos para recordar al dictador. Sin embargo, este año, apenas se han anunciado varios servicios religiosos, tanto el jueves como el próximo domingo.
La aprobación de la ley de la Memoria Histórica en 2007 incluía varios artículos que impedían elogiar o recordar la figura de Franco.
De hecho, este será el primer año en el que no se podrá albergar homenaje alguno en el Valle de los Caídos, el monumental mausoleo que Franco se hizo construir a las afueras de Madrid para ser enterrado, que actualmente está reservado al culto católico.
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Zapatero cree un "buen dato" que el franquismo caiga en el olvido
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El Constitucional inadmite un recurso contra la denegación de una exhumación.
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El Constitucional inadmite un recurso contra la denegación de una ...
El Constitucional inadmite un recurso contra la denegación de una exhumación
EFE - 20/11/2008 17 : 25
Madrid, 20 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por una mujer -cuya madre fue asesinada en 1936- después de que primero un juez de Lucena y luego la Audiencia de Córdoba decidieran no autorizar la apertura de la fosa donde se supone que están sus restos.
La demandante contaba con el respaldo de la Fiscalía, que llegó a pedir que se dejara sin efecto una providencia del pasado 14 de abril -en la que el Alto Tribunal ya inadmitía el recurso por considerar que carecía de trascendencia constitucional- alegando que lo ocurrido debía considerarse no un asesinato, sino un delito de "desaparición forzada", que no prescribe.
Este caso es citado en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó el pasado martes inhibirse de la investigación sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, en el que reproduce el informe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional a favor de la admisión del recurso.
Según Garzón, el hecho de que el Ministerio Público defienda en el TC la tesis "exactamente contraria" a la que mantiene en la Audiencia Nacional "es un ejemplo de inseguridad jurídica para las víctimas, clamoroso, de parte de quien se constituye en garante de la legalidad".
En su resolución, el juez afirma erróneamente que el asunto está aún "pendiente de admisión", ya que el Constitucional dictó el pasado 28 de octubre un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que rechaza el recurso de súplica del fiscal contra la providencia anterior y le acusa de "reconstruir" la demanda de la denunciante introduciendo argumentos que no estaban en la original.
"No pueden acogerse los argumentos que discuten la calificación de los hechos denunciados para considerar inaplicable el criterio de la prescripción, porque nada discute la demanda de amparo al respecto", alega el TC para rechazar el recurso sin entrar en el fondo del asunto.
La mujer, Rocío Borrego, denunció el 20 de octubre de 2004 en el Juzgado de Lucena (Córdoba) la desaparición a primeros de noviembre de 1936 de su madre, Ricarda Ana Corbacho, de quien dijo que fue detenida en esas fechas por la Guardia Civil, añadiendo que le habían comentado "que fue ejecutada en el arroyo de la Coca de Jauja".
El juez archivó ese mismo día las actuaciones al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y poco después rechazó el recurso de reforma interpuesto por la denunciante por prescripción del delito.
También la Audiencia de Córdoba, a la que la mujer apeló, desestimó el recurso en una resolución en la que, además, decía que el ámbito penal "no debe ser instrumento de satisfacción de lo que pueden ser legítimas pretensiones, pero en todo caso ajenas al ámbito punitivo, siendo otras administraciones, sobre todo en el ámbito local (...), las encargadas, en su caso, de satisfacerlas".
La mujer presentó entonces un incidente de nulidad de actuaciones invocando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, pero la Audiencia cordobesa decidió no admitirlo a trámite porque cuando lo interpuso habían transcurrido casi nueve meses desde la notificación de la resolución impugnada, cuando el plazo para recurrir es de veinte días.
El último paso dado por la mujer fue acudir al Constitucional, ante el que presentó un recurso de amparo cuya inadmisión es la que ha sido decidida hace unos días por el Alto Tribunal.
EFE jav/br
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El Constitucional inadmite un recurso contra la denegación de una ...
El Constitucional inadmite un recurso contra la denegación de una exhumación
EFE - 20/11/2008 17 : 25
Madrid, 20 nov (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) no ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por una mujer -cuya madre fue asesinada en 1936- después de que primero un juez de Lucena y luego la Audiencia de Córdoba decidieran no autorizar la apertura de la fosa donde se supone que están sus restos.
La demandante contaba con el respaldo de la Fiscalía, que llegó a pedir que se dejara sin efecto una providencia del pasado 14 de abril -en la que el Alto Tribunal ya inadmitía el recurso por considerar que carecía de trascendencia constitucional- alegando que lo ocurrido debía considerarse no un asesinato, sino un delito de "desaparición forzada", que no prescribe.
Este caso es citado en el auto en el que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó el pasado martes inhibirse de la investigación sobre las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo, en el que reproduce el informe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional a favor de la admisión del recurso.
Según Garzón, el hecho de que el Ministerio Público defienda en el TC la tesis "exactamente contraria" a la que mantiene en la Audiencia Nacional "es un ejemplo de inseguridad jurídica para las víctimas, clamoroso, de parte de quien se constituye en garante de la legalidad".
En su resolución, el juez afirma erróneamente que el asunto está aún "pendiente de admisión", ya que el Constitucional dictó el pasado 28 de octubre un auto, al que ha tenido acceso Efe, en el que rechaza el recurso de súplica del fiscal contra la providencia anterior y le acusa de "reconstruir" la demanda de la denunciante introduciendo argumentos que no estaban en la original.
"No pueden acogerse los argumentos que discuten la calificación de los hechos denunciados para considerar inaplicable el criterio de la prescripción, porque nada discute la demanda de amparo al respecto", alega el TC para rechazar el recurso sin entrar en el fondo del asunto.
La mujer, Rocío Borrego, denunció el 20 de octubre de 2004 en el Juzgado de Lucena (Córdoba) la desaparición a primeros de noviembre de 1936 de su madre, Ricarda Ana Corbacho, de quien dijo que fue detenida en esas fechas por la Guardia Civil, añadiendo que le habían comentado "que fue ejecutada en el arroyo de la Coca de Jauja".
El juez archivó ese mismo día las actuaciones al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito y poco después rechazó el recurso de reforma interpuesto por la denunciante por prescripción del delito.
También la Audiencia de Córdoba, a la que la mujer apeló, desestimó el recurso en una resolución en la que, además, decía que el ámbito penal "no debe ser instrumento de satisfacción de lo que pueden ser legítimas pretensiones, pero en todo caso ajenas al ámbito punitivo, siendo otras administraciones, sobre todo en el ámbito local (...), las encargadas, en su caso, de satisfacerlas".
La mujer presentó entonces un incidente de nulidad de actuaciones invocando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías, pero la Audiencia cordobesa decidió no admitirlo a trámite porque cuando lo interpuso habían transcurrido casi nueve meses desde la notificación de la resolución impugnada, cuando el plazo para recurrir es de veinte días.
El último paso dado por la mujer fue acudir al Constitucional, ante el que presentó un recurso de amparo cuya inadmisión es la que ha sido decidida hace unos días por el Alto Tribunal.
EFE jav/br
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Enlaces con prensa extranjera.
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Canada: http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20081107.wmemspain0711/BNStory/International/
Inglaterra: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/oct/25/spainhttp://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/16/lorca-grave-spainhttp://www.independent.co.uk/news/world/europe/victims-of-spanish-civil-war-to-be-exhumed-964423.html
EEUU:
http://www.nytimes.com/2008/10/17/world/europe/17spain.html?_r=1&scp=2&sq=garcia%20lorca%20AND%20exhumation&st=csehttp://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/09/18/spain.lorca.grave/index.html?iref=newssearch
Costa Rica: http://www.nacion.com/ln_ee/2008/noviembre/18/mundo1780261.html
Irlanda: http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2008/1022/1224454452867.html
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Canada: http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20081107.wmemspain0711/BNStory/International/
Inglaterra: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/oct/25/spainhttp://www.guardian.co.uk/world/2008/oct/16/lorca-grave-spainhttp://www.independent.co.uk/news/world/europe/victims-of-spanish-civil-war-to-be-exhumed-964423.html
EEUU:
http://www.nytimes.com/2008/10/17/world/europe/17spain.html?_r=1&scp=2&sq=garcia%20lorca%20AND%20exhumation&st=csehttp://www.cnn.com/2008/WORLD/europe/09/18/spain.lorca.grave/index.html?iref=newssearch
Costa Rica: http://www.nacion.com/ln_ee/2008/noviembre/18/mundo1780261.html
Irlanda: http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2008/1022/1224454452867.html
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Los tribunales no son partidarios de la apertura de fosas
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http://www.cuatro.com/articulo.html?type=Tes&xref=20081119ctoultnot_4
Los tribunales anuncian que no son partidarios de la apertura de fosas del franquismo.
Ver video
Las asociaciones de la memoria histórica aseguran que van a recurrir y que, si es necesario, llegarán hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
Noticias Cuatro - 19/11/2008 - 19:07
Tras la decisión del juez Baltasar Garzón de retirarse de la persecución de los crímenes del franquismo, algunos tribunales territoriales ya han manifestado que no son partidarios de esas exhumaciones. Los afectados por el cambio de rumbo del magistrado se han puesto en movimiento y las asociaciones de la memoria histórica aseguran que van a recurrir y que, si fuese necesario, llegarían hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La orden de Garzón aún no ha llegado a los 62 tribunales españoles con exhumaciones pendientes. Que se abran o no las fosas dependerá, en último término, de lo que decida cada juez. Algunos ya se han pronunciado: en Castilla y León, donde se acumulan 37 peticiones de exhumación, el máximo responsable judicial se ha manifestado en contra de abrir las fosas.
El Gobierno, sin embargo, es partidario de que los familiares recuperen a sus muertos. En este sentido ha anunciado que va a poner los medios necesarios para apoyar la búsqueda de los restos de desaparecidos en el franquismo.
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http://www.cuatro.com/articulo.html?type=Tes&xref=20081119ctoultnot_4
Los tribunales anuncian que no son partidarios de la apertura de fosas del franquismo.
Ver video
Las asociaciones de la memoria histórica aseguran que van a recurrir y que, si es necesario, llegarán hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
Noticias Cuatro - 19/11/2008 - 19:07
Tras la decisión del juez Baltasar Garzón de retirarse de la persecución de los crímenes del franquismo, algunos tribunales territoriales ya han manifestado que no son partidarios de esas exhumaciones. Los afectados por el cambio de rumbo del magistrado se han puesto en movimiento y las asociaciones de la memoria histórica aseguran que van a recurrir y que, si fuese necesario, llegarían hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La orden de Garzón aún no ha llegado a los 62 tribunales españoles con exhumaciones pendientes. Que se abran o no las fosas dependerá, en último término, de lo que decida cada juez. Algunos ya se han pronunciado: en Castilla y León, donde se acumulan 37 peticiones de exhumación, el máximo responsable judicial se ha manifestado en contra de abrir las fosas.
El Gobierno, sin embargo, es partidario de que los familiares recuperen a sus muertos. En este sentido ha anunciado que va a poner los medios necesarios para apoyar la búsqueda de los restos de desaparecidos en el franquismo.
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Intelectuales y artistas presentan un manifiesto en apoyo al auto del juez Garzon sobre las fosas de la Guerra Civil.
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Intelectuales y artistas presentan un manifiesto en apoyo al auto ...
Critican los ataques "desproporcionados" desde diversos ámbitos a la tramitación del sumario abierto por el juez Garzón
Intelectuales y artistas presentan un manifiesto en apoyo al auto del juez Garzon sobre las fosas de la Guerra Civil
14:42h. del Jueves, 20 de noviembre.
En la mañana de hoy jueves, un grupo de intelectuales y artistas, en representación del resto de los firmantes, han dado lectura en el Circulo de Bellas Artes a un manifiesto en el que elogian el sumario abierto por el juez Baltasar Garzon, en el marco de la Ley de la Memoria Histórica, al tratar de favorecer la apertura de las fosas de los represaliados y el enjuiciamiento de la dictadura franquista "por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia". Así mismo criticaron los ataques "desproporcionados" desde diversos ámbitos a la tramitación del sumario abierto por el juez Garzón. A la lectura asisten familiares de victimas.
Ian Gibson, uno de los firmantes, presentes en el acto, elogió también la redacción de los alrededor de 150 folios del sumario, como "la mejor lectura que ha hecho en los ultimos años". Destacó igualmente la necesidad del texto, que pone sobre el papel el relato de hechos sobre los que antes no se había hablado, y plasma cifras antes desconocidas de la terrible represión franquista.
La lectura de este manifiesto abre hoy un proceso de adhesiones y firmas que terminara el próximo mes de abril. El texto íntegro del manifiesto y el nombre de sus impulsores es el siguiente:
Hemos conocido la noticia de las 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados ante nosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares.
Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de la libertad y la democracia, junto a las de sus compañeros represaliados, deben ser reconocidos sin distinción por quienes se consideran sensibles y demócratas como parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX. Les debemos reconocimiento a su esfuerzo y esperanza por un mundo mejor en los años más terribles de la historia europea.
Por ello, sin entrar en la causa "sub judice" que respetamos, es motivo de celebración el trabajo encomiable del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de tramitar este sumario de la época franquista tras la aprobación de la Ley de Memoria histórica, por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia. Por ello lamentamos el desproporcionado ataque a su labor desde ámbitos determinantes que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes.
Quienes dignificaron la democracia con la inmolación de sus vidas forman parte de uno de los capítulos más generosos de la memoria española del siglo XX y por ello no queremos permanecer impasibles ante la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar del Juzgado competente este caso.
PROMOTORES DEL MANIFIESTO
ERNESTO SABATO
ANTONIO GAMONEDA
JOSE SARAMAGO
JUAN GOYTISOLO
JOSE MANUEL CABALLERO BONALD
JOSE LUIS SAMPEDRO
EMILIO LLEDÓ
PACO IBÁÑEZ
JOSÉ VIDAL BENEYTO
IAN GIBSON
BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA
CRISTINA ALMEIDA
MANUEL RIVAS
JORDI DAUDER
JUAN CARLOS MESTRE
SUSO DEL TORO
PILAR DEL RIO
OLGA LUCAS
JULIA SANJUÁN
FANNY RUBIO
FERNANDO DELGADO
JOAN OLEZA
RAMÓN IRIGOYEN
LIDIA FALCÓN O’NEILL
JUANA VÁZQUEZMONCHO ALPUENTE
LUIS PASTOR
ELISA SERNA
MIGUEL GARCÍA POSADA
MARIA BARRANCO
SANTIAGO DE CÓRDOBA
MATÍAS ALONSO
PILAR BARDEM
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Intelectuales y artistas presentan un manifiesto en apoyo al auto ...
Critican los ataques "desproporcionados" desde diversos ámbitos a la tramitación del sumario abierto por el juez Garzón
Intelectuales y artistas presentan un manifiesto en apoyo al auto del juez Garzon sobre las fosas de la Guerra Civil
14:42h. del Jueves, 20 de noviembre.
En la mañana de hoy jueves, un grupo de intelectuales y artistas, en representación del resto de los firmantes, han dado lectura en el Circulo de Bellas Artes a un manifiesto en el que elogian el sumario abierto por el juez Baltasar Garzon, en el marco de la Ley de la Memoria Histórica, al tratar de favorecer la apertura de las fosas de los represaliados y el enjuiciamiento de la dictadura franquista "por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia". Así mismo criticaron los ataques "desproporcionados" desde diversos ámbitos a la tramitación del sumario abierto por el juez Garzón. A la lectura asisten familiares de victimas.
Ian Gibson, uno de los firmantes, presentes en el acto, elogió también la redacción de los alrededor de 150 folios del sumario, como "la mejor lectura que ha hecho en los ultimos años". Destacó igualmente la necesidad del texto, que pone sobre el papel el relato de hechos sobre los que antes no se había hablado, y plasma cifras antes desconocidas de la terrible represión franquista.
La lectura de este manifiesto abre hoy un proceso de adhesiones y firmas que terminara el próximo mes de abril. El texto íntegro del manifiesto y el nombre de sus impulsores es el siguiente:
Hemos conocido la noticia de las 114.266 detenciones ilegales de desaparecidos del franquismo, hombres y mujeres marginados durante muchos años del discurso oficial de nuestra democracia, que son rehabilitados ante nosotros gracias a las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica, los investigadores y familiares.
Sus vidas conmovedoras y su sacrificio a favor de la libertad y la democracia, junto a las de sus compañeros represaliados, deben ser reconocidos sin distinción por quienes se consideran sensibles y demócratas como parte inolvidable del sacrificio español del siglo XX. Les debemos reconocimiento a su esfuerzo y esperanza por un mundo mejor en los años más terribles de la historia europea.
Por ello, sin entrar en la causa "sub judice" que respetamos, es motivo de celebración el trabajo encomiable del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de tramitar este sumario de la época franquista tras la aprobación de la Ley de Memoria histórica, por lo que implica de reparación pendiente por nuestra democracia. Por ello lamentamos el desproporcionado ataque a su labor desde ámbitos determinantes que han creado alarma en nuestra sociedad e indefensión en los demandantes.
Quienes dignificaron la democracia con la inmolación de sus vidas forman parte de uno de los capítulos más generosos de la memoria española del siglo XX y por ello no queremos permanecer impasibles ante la evidencia de este crimen contra la humanidad que se perpetró contra ellos en nombre de un Estado golpista, ni ante las maniobras para separar del Juzgado competente este caso.
PROMOTORES DEL MANIFIESTO
ERNESTO SABATO
ANTONIO GAMONEDA
JOSE SARAMAGO
JUAN GOYTISOLO
JOSE MANUEL CABALLERO BONALD
JOSE LUIS SAMPEDRO
EMILIO LLEDÓ
PACO IBÁÑEZ
JOSÉ VIDAL BENEYTO
IAN GIBSON
BERNABÉ LÓPEZ GARCÍA
CRISTINA ALMEIDA
MANUEL RIVAS
JORDI DAUDER
JUAN CARLOS MESTRE
SUSO DEL TORO
PILAR DEL RIO
OLGA LUCAS
JULIA SANJUÁN
FANNY RUBIO
FERNANDO DELGADO
JOAN OLEZA
RAMÓN IRIGOYEN
LIDIA FALCÓN O’NEILL
JUANA VÁZQUEZMONCHO ALPUENTE
LUIS PASTOR
ELISA SERNA
MIGUEL GARCÍA POSADA
MARIA BARRANCO
SANTIAGO DE CÓRDOBA
MATÍAS ALONSO
PILAR BARDEM
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Asociaciones de memoria avisan de que estarán "muy atentas" para que los juzgados no "humillen" a las víctimas
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MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Representantes de asociaciones que trabajan en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo avisaron hoy de que estarán "muy atentas" para que los juzgados provinciales, a los que el juez Baltasar Garzón ha remitido su causa contra el franquismo, no vuelvan a "humillar" a las víctimas y para que atiendan sus demandas, tras la investigación iniciada en la Audiencia Nacional.
Así lo anunciaron en el Congreso Fermín Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Archivo Guerra y Exilio, y José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria, quienes ofrecieron una rueda de prensa en el Congreso junto con el diputado de ERC Joan Tardà.
"NO ES UN VARAPALO"
Pedreño admitió que su deseo era que Garzón fuera declarado competente para investigar los hechos ocurridos durante la contienda civil y la dictadura, pero quiso dejar claro que la inhibición del juez no ha supuesto "ningún varapalo" para entidades como la suya. Por su parte, Sánchez se quejó del "espectáculo judicial absolutamente vergonzoso" que, en su opinión, se ha producido por este caso por la actitud obstruccionista de la Fiscalía.
En cualquier caso, ambos dejaron claro que continuarán exigiendo que se respeten los derechos de las víctimas del franquismo y mostraron su deseo de que los juzgados territoriales cambien de criterio. En este punto, Sánchez recordó que hasta ahora los juzgados provinciales, alegando principalmente motivos de prescripción, siempre habían archivado las denuncias presentadas por las víctimas o sus familiares "humillándolas y atentando contra sus derechos".
Además, tanto Sánchez como Pedreño y el propio Tardà, se congratularon de que la causa iniciada por Garzón haya abierto aún más el debate sobre este asunto, incrementando la "concienciación social" sobre el mismo. "Esto va a cambiar muchas cosas", resumió Pedreño, quien instó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, a opinar públicamente sobre la investigación que ha intentado impulsar Garzón desde la Audiencia Nacional.
LLEGARA A TRIBUNALES INTERNACIONALES
Es más el diputado de ERC se mostró convencido de que estos casos "tarde o temprano van a llegar a los tribunales internacionales", porque al movimiento memorialista "ya no hay que le pare". También destacó que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas" que, a su juicio, están "ganando la batalla".
Tardà agregó que, en su intento de poner "puertas al campo" el Gobierno y la Fiscalía han tenido que "sacrificar a uno de los suyos", en relación a Garzón, cuya frustrada causa "ni siquiera han sido capaces de metabolizar".
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Asociaciones de memoria avisan de que estarán "muy atentas" para que los juzgados no "humillen" a las víctimas
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MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Representantes de asociaciones que trabajan en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo avisaron hoy de que estarán "muy atentas" para que los juzgados provinciales, a los que el juez Baltasar Garzón ha remitido su causa contra el franquismo, no vuelvan a "humillar" a las víctimas y para que atiendan sus demandas, tras la investigación iniciada en la Audiencia Nacional.
Así lo anunciaron en el Congreso Fermín Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Archivo Guerra y Exilio, y José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria, quienes ofrecieron una rueda de prensa en el Congreso junto con el diputado de ERC Joan Tardà.
"NO ES UN VARAPALO"
Pedreño admitió que su deseo era que Garzón fuera declarado competente para investigar los hechos ocurridos durante la contienda civil y la dictadura, pero quiso dejar claro que la inhibición del juez no ha supuesto "ningún varapalo" para entidades como la suya. Por su parte, Sánchez se quejó del "espectáculo judicial absolutamente vergonzoso" que, en su opinión, se ha producido por este caso por la actitud obstruccionista de la Fiscalía.
En cualquier caso, ambos dejaron claro que continuarán exigiendo que se respeten los derechos de las víctimas del franquismo y mostraron su deseo de que los juzgados territoriales cambien de criterio. En este punto, Sánchez recordó que hasta ahora los juzgados provinciales, alegando principalmente motivos de prescripción, siempre habían archivado las denuncias presentadas por las víctimas o sus familiares "humillándolas y atentando contra sus derechos".
Además, tanto Sánchez como Pedreño y el propio Tardà, se congratularon de que la causa iniciada por Garzón haya abierto aún más el debate sobre este asunto, incrementando la "concienciación social" sobre el mismo. "Esto va a cambiar muchas cosas", resumió Pedreño, quien instó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, a opinar públicamente sobre la investigación que ha intentado impulsar Garzón desde la Audiencia Nacional.
LLEGARA A TRIBUNALES INTERNACIONALES
Es más el diputado de ERC se mostró convencido de que estos casos "tarde o temprano van a llegar a los tribunales internacionales", porque al movimiento memorialista "ya no hay que le pare". También destacó que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas" que, a su juicio, están "ganando la batalla".
Tardà agregó que, en su intento de poner "puertas al campo" el Gobierno y la Fiscalía han tenido que "sacrificar a uno de los suyos", en relación a Garzón, cuya frustrada causa "ni siquiera han sido capaces de metabolizar".
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La renuncia de Garzón desespera a las víctimas del franquismo
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El TSJCV se desmarca de las fosas y dice que los jueces sólo investigan delitos.
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El TSJCV se desmarca de las fosas y dice que los jueces sólo investigan delitos
De la Rúa avala el auto de Garzón y afirma que todos tendrán el mismo problema
Efe, Valencia/Madrid
Los presidentes de varios Tribunales Superiores de Justicia, que participaron ayer en las V jornadas nacionales de Justicia y Comunicación celebradas en Valencia, coincidieron ayer en que resulta difícil mantener abierta la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigaba las desapariciones en la Guerra Civil y durante el franquismo "si los autores están muertos". Así, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, también avaló el auto de Garzón y se desmarcó de la investigación de las fosas al señalar que todos los jueces que se encuentren con esta petición se vana a encontrar con el mismo problema. Preguntado por la decisión de Garzón de inhibirse de la causa en la que investiga dichas desapariciones a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declarase competente para instruir este procedimiento, el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, dijo que los jueces se van a encontrar con la misma problemática que tenía el primer magistrado.
De la Rúa recordó que el juez instructor está para investigar la comisión de un hecho delictivo imputable a una determinada persona y no para investigar "genéricamente".
"Nosotros tenemos que partir de unos hechos que se nos dan y comprobar si existen personas responsables", señaló el presidente del TSJCV, quien añadió que, "cuando tienes un delito y resulta que el presunto responsable ha muerto, inmediatamente archivas".
Así se pronunciaron también los presidentes de los TSJ de Castilla y León, Cataluña y Aragón, tras asistir en Valencia a la inauguración de unas jornadas sobre Justicia y Comunicación organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), bajo el epígrafe de "Los retos de la justicia en la sociedad del siglo XXI".
"Reconociendo el error"Por su parte, el presidente del TSJ de Castilla y León, César Tolosa, aseguró que, con su resolución, Garzón "está quizá reconociendo el error padecido al incoar un procedimiento que nunca debió de incoarse".
Tolosa destacó que, "si la responsabilidad penal se extingue con la muerte de las personas, ya sabíamos que no era el proceso penal el medio más indicado para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza, que quizá debe de ventilarse en el ámbito político o en el ámbito administrativo, pero nunca en el ámbito judicial".
Sobre este asunto también se pronunció la presidenta del TSJ de Cataluña, María Eugenia Alegret, al afirmar que, "si los autores están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona o Lleida".
Por su parte, el presidente del TSJ de Aragón, Fernando Zubidi, dijo que el juez "lo primero que tiene que valorar es si los hechos que se denuncian son delictivos y si la persona a la que se le imputa se le puede exigir una responsabilidad. Pero, si a la persona a la que se le imputa está notoriamente fallecida, no parece que tenga mucho sentido esa apertura de causa".
Mientras tanto, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, declaró en Madrid que no cree que la intención de Garzón haya sido "abrir heridas del pasado", sino "tal vez" reparar a algunas personas que se sentían dolidas.
Tras inaugurar ayer la IV Semana de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, Dívar no quiso aventurar cuál será la postura que adopten los tribunales territoriales tras la decisión de Garzón e insistió en que, "a lo mejor, puede haber una resolución todavía de carácter superior", por lo que hay que ser prudentes a la hora de opinar sobre "cuestiones que no están decididas absolutamente".
"Todo está sub júdice y todavía en trámite", concluyó Dívar.
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Efe, Valencia/Madrid
Los presidentes de varios Tribunales Superiores de Justicia, que participaron ayer en las V jornadas nacionales de Justicia y Comunicación celebradas en Valencia, coincidieron ayer en que resulta difícil mantener abierta la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón investigaba las desapariciones en la Guerra Civil y durante el franquismo "si los autores están muertos". Así, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, también avaló el auto de Garzón y se desmarcó de la investigación de las fosas al señalar que todos los jueces que se encuentren con esta petición se vana a encontrar con el mismo problema. Preguntado por la decisión de Garzón de inhibirse de la causa en la que investiga dichas desapariciones a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declarase competente para instruir este procedimiento, el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa, dijo que los jueces se van a encontrar con la misma problemática que tenía el primer magistrado.
De la Rúa recordó que el juez instructor está para investigar la comisión de un hecho delictivo imputable a una determinada persona y no para investigar "genéricamente".
"Nosotros tenemos que partir de unos hechos que se nos dan y comprobar si existen personas responsables", señaló el presidente del TSJCV, quien añadió que, "cuando tienes un delito y resulta que el presunto responsable ha muerto, inmediatamente archivas".
Así se pronunciaron también los presidentes de los TSJ de Castilla y León, Cataluña y Aragón, tras asistir en Valencia a la inauguración de unas jornadas sobre Justicia y Comunicación organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), bajo el epígrafe de "Los retos de la justicia en la sociedad del siglo XXI".
"Reconociendo el error"Por su parte, el presidente del TSJ de Castilla y León, César Tolosa, aseguró que, con su resolución, Garzón "está quizá reconociendo el error padecido al incoar un procedimiento que nunca debió de incoarse".
Tolosa destacó que, "si la responsabilidad penal se extingue con la muerte de las personas, ya sabíamos que no era el proceso penal el medio más indicado para llevar a cabo una investigación de esta naturaleza, que quizá debe de ventilarse en el ámbito político o en el ámbito administrativo, pero nunca en el ámbito judicial".
Sobre este asunto también se pronunció la presidenta del TSJ de Cataluña, María Eugenia Alegret, al afirmar que, "si los autores están muertos para Madrid, también lo estarán para Barcelona, Tarragona o Lleida".
Por su parte, el presidente del TSJ de Aragón, Fernando Zubidi, dijo que el juez "lo primero que tiene que valorar es si los hechos que se denuncian son delictivos y si la persona a la que se le imputa se le puede exigir una responsabilidad. Pero, si a la persona a la que se le imputa está notoriamente fallecida, no parece que tenga mucho sentido esa apertura de causa".
Mientras tanto, el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Dívar, declaró en Madrid que no cree que la intención de Garzón haya sido "abrir heridas del pasado", sino "tal vez" reparar a algunas personas que se sentían dolidas.
Tras inaugurar ayer la IV Semana de Puertas Abiertas del Tribunal Supremo, Dívar no quiso aventurar cuál será la postura que adopten los tribunales territoriales tras la decisión de Garzón e insistió en que, "a lo mejor, puede haber una resolución todavía de carácter superior", por lo que hay que ser prudentes a la hora de opinar sobre "cuestiones que no están decididas absolutamente".
"Todo está sub júdice y todavía en trámite", concluyó Dívar.
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La memoria histórica regresa al Congreso
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La memoria histórica regresa al Congreso
ERC presentará en la Cámara un proyecto para cambiar la ley, que considera “insuficiente”
Tardà considera que la acción de Garzón ha servido para ganar la batalla ideológica y anuncia que su grupo está dispuesto a ir a los tribunales internacionales
ELPAÍS.com - Madrid - 20/11/2008
"La batalla ideológica la hemos ganado". El diputado de ERC Joan Tardà ha manifestado su agradecimiento al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por su acción en la causa contra el franquismo porque considera que ha ayudado a "socializar el debate".
Manifiestos de apoyo a Garzón
Presidentes de tribunales auguran el fracaso de las causas del franquismo
Emilio Silva: "La actitud del fiscal, Javier Zaragoza, ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias"
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Tardà ha anunciado que su grupo va a presentar el próximo martes en el Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Memoria Histórica que considera "insuficiente" para reparar todos los daños causados por la dictadura. El representante de ERC ha asegurado que este será sólo el "primer asalto" y que están dispuestos a llegar a los tribunales internacionales.
Pese a llevar sólo unos meses en vigor, la investigación abierta por Garzón, que se inhibió el pasado martes en favor de los juzgados territoriales, ha impulsado el debate sobre la Ley de Memoria Histórica. Tardà considera que es el momento de continuar su desarrollo con iniciativas parlamentarias.
Retroceso y competencias
El diputado de ERC ha anunciado los planes de su partido en el Congreso de los Diputados acompañado de representantes de asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica, que también han expresado su satisfacción por la labor del juez Garzón. "Se dice que es un retroceso, pero lo único que ha ocurrido es que se inhibe en los juzgados locales, que ya no podrán decir que no son competentes", ha afirmado José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria.
"Esto va a cambiar muchas cosas", ha indicado Pedreño, quien ha instado al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, a opinar públicamente sobre la investigación que ha intentado impulsar Garzón desde la Audiencia Nacional.
El anuncio de ERC se ha producido un día después de que un grupo de presidentes de varios tribunales superiores de justicia vaticinaran el fracaso de todas las causas que investigan el franquismo y criticaran el auto de Garzón en el que traslada la responsabilidad a los juzgados territoriales porque consideran que puede complicar la situación al propiciar situaciones judiciales dispares.
Manifiestos de apoyo a Garzón
Unos 30 intelectuales artistas y familiares de la víctimas del franquismo han presentado hoy en Madrid un manifiesto de apoyo al juez Garzón. El documento, con el título 'Hemos conocido' cuenta con el respaldo del premio Nobel de Literatura José Saramago, el escritor argentino Ernesto Sábato, el historiador Ian Gibson o el cantautor Paco Ibánez, quien ha presentado el manifiesto junto a Cristina Almeida en el círculo de Bellas Artes.
A partir de ahora el texto podrá firmarse. Sus promotores quieren entregarlo con el mayor número de apoyos al Gobierno el próximo 14 de abril, día en que se conmemora la proclamación de la Segunda República.
Durante la presentación del manifiesto, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha denunciado que el fiscal de la Audiencia Nacional que se opuso a que el juez Garzón instruyera el caso de las fosas ha hecho "injusticia" con una mano y "política" con la otra.
El representante de la asociación ha afirmado que lo que ha hecho Garzón es una "inhibición activa", gracias a la cual "da a conocer los hechos" sucedidos bajo la dictadura franquista "tal como fueron".
Además, un grupo de unos 40 juristas suscribe hoy otro manifiesto de Amnistía Internacional con el título 'Para pasar página primero hay que leerla' en el que se denuncia que la justicia española haya investigado crímenes contra la humanidad en varios países y se hayan abstenido de hacerlo en su propio Estado.
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Los militares de Franco siguen campando por Madrid
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ERC prepara el primer asalto contra la "vergonzante e ignominiosa" Ley de Memoria
Defenderá un texto que insta al rey a pedir perdón a las víctimas del levantamiento y a declarar el 14 de abril Día de la Memoria.
EUROPA PRESS - 20/11/2008 14:11
El debate sobre la II República, la Guerra Civil y el franquismo volverá la próxima semana al Pleno del Congreso, cuando Esquerra Republicana plantee lo que ella misma define como "el primer asalto" a la conocida como Ley de Memoria Histórica, una norma que fue aprobada en diciembre de 2007 con el voto en contra de esta formación, que la tacha de "vergonzosa, vergonzante e ignominiosa".
El diputado de Esquerra Joan Tardà ofreció hoy una rueda de prensa en el Congreso para presentar esta iniciativa con la que los republicanos pretenden que la Cámara tramite una nueva norma que realmente extienda derechos a "todos" los represaliados del franquismo, otorgándoles la condición "jurídica" de víctimas, algo que, según denunció, no se hizo con la norma impulsada por el Ejecutivo en la anterior legislatura.
En su comparecencia Tardà estuvo acompañado de Fermín Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Archivo Guerra y Exilio, y de José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria, en representación de las entidades memorialistas a las ERC quiere "dar voz" en el Parlamento.
Superar la amnesia de la Transición
Uno de los fines de la iniciativa de ERC es que se avance hacia una verdadera "recuperación de la memoria histórica de la II República y de la represión franquista" que, según esta formación, "la propia dictadura y la amnesia de la transición tergiversó y escondió".
En este argumento insistió el representante de los foros de la memoria quien incidió en que la democracia española seguirá siendo "muy imperfecta" mientras siga vigente el "franquismo ideolóico". "Franco murió en la cama, lo hizo de risa y sus carcajadas aún se oyen", ironizó.
A su juicio, la democracia española ya es suficientemente "madura" para saldar esa deuda y el sistema no puede seguir asentándose sobre "miles de demócratas enterrados en cunetas, empresas que apoyaron a Franco y que cotizan en el Ibex o mientras haya un partido conservador que tiene como presidente a un ministro de Franco", en referencia al PP y Manuel Fraga.
También denunció que en todo este tiempo el Rey haya sido "incapaz de condenar el franquismo y de reconocer la II República como un antecedente de la democracia actual. Uno de los artículos que ERC incluye en su propia 'ley de memoria' prevé que el Monarca formalice solemnemente "en nombre del Estado español las demanda de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".
Tardà destacó que su texto se debatirá cinco días después del 20-N, fecha de la muerte de Francisco Franco y del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, y poco después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haya decidido inhibirse en su causa sobre el franquismo trasladándola a los juzgados de las provincias donde están las fosas comunes que ordenó abrir.
Crímenes contra la humanidad
Precisamente, ERC aboga por elaborar una nueva ley que proclame la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad a los cometidos "sistemáticamente" por el régimen de Franco y reconozca "el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar por parte del Estado".
En la exposición de motivos de su proposición, que recoge Europa Press, Esquerra recuerda que ley aprobada hace casi un año, con el voto en contra de su formación, no cumplió las expectativas de las personas y organizaciones que han alentado este debate, entre otras cosas, porque no incluyó la anulación de los juicios sumarios de la dictadura.
Además, los independentistas catalanes pretenden que el Congreso redacte un nuevo texto legislativo que reconozca jurídica y moralmente la condición de víctimas a todas las personas físicas y jurídicas que sufrieron persecución y muerte y que todas ellas, incluidas las instituciones públicas y las organizaciones de todo tipo, sean "restituidas moral y materialmente".
En este contexto busca que las indemnizaciones que la vigente ley prevé para las víctimas entre 1968 y 1977 --año de la aprobación de la Ley de Amnistía--, se extiendan hasta el 27 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución.
Indemnizar a miembros de organizaciones armadas
También quieren que puedan acceder a las mismas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como es el caso de Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas. Tardà citó, en concreto, a Salvador Puig Antich, militante del anarquista Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), ejecutado a garrote vil en 1974.
Asimismo, la proposición de ley busca que se reconozca la II República como un Estado democrático y de derecho "precursor" de la democracia actual y que se recupere la "memoria histórica" de este periodo y de la dictadura. Una de las formas de hacerlo será declarando el 14 de abril 'Día de la Memoria Histórica'.
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122/000042
Proposición de Ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la Memoria Histórica.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds:
http://www.foroporlamemoria.info/media/2004/370_1_PL_recuperacion_de_la_Mem.pdf
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Manifiestos de apoyo a Garzón
Presidentes de tribunales auguran el fracaso de las causas del franquismo
Emilio Silva: "La actitud del fiscal, Javier Zaragoza, ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias"
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Tardà ha anunciado que su grupo va a presentar el próximo martes en el Congreso un proyecto de modificación de la Ley de Memoria Histórica que considera "insuficiente" para reparar todos los daños causados por la dictadura. El representante de ERC ha asegurado que este será sólo el "primer asalto" y que están dispuestos a llegar a los tribunales internacionales.
Pese a llevar sólo unos meses en vigor, la investigación abierta por Garzón, que se inhibió el pasado martes en favor de los juzgados territoriales, ha impulsado el debate sobre la Ley de Memoria Histórica. Tardà considera que es el momento de continuar su desarrollo con iniciativas parlamentarias.
Retroceso y competencias
El diputado de ERC ha anunciado los planes de su partido en el Congreso de los Diputados acompañado de representantes de asociaciones por la recuperación de la Memoria Histórica, que también han expresado su satisfacción por la labor del juez Garzón. "Se dice que es un retroceso, pero lo único que ha ocurrido es que se inhibe en los juzgados locales, que ya no podrán decir que no son competentes", ha afirmado José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria.
"Esto va a cambiar muchas cosas", ha indicado Pedreño, quien ha instado al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, a opinar públicamente sobre la investigación que ha intentado impulsar Garzón desde la Audiencia Nacional.
El anuncio de ERC se ha producido un día después de que un grupo de presidentes de varios tribunales superiores de justicia vaticinaran el fracaso de todas las causas que investigan el franquismo y criticaran el auto de Garzón en el que traslada la responsabilidad a los juzgados territoriales porque consideran que puede complicar la situación al propiciar situaciones judiciales dispares.
Manifiestos de apoyo a Garzón
Unos 30 intelectuales artistas y familiares de la víctimas del franquismo han presentado hoy en Madrid un manifiesto de apoyo al juez Garzón. El documento, con el título 'Hemos conocido' cuenta con el respaldo del premio Nobel de Literatura José Saramago, el escritor argentino Ernesto Sábato, el historiador Ian Gibson o el cantautor Paco Ibánez, quien ha presentado el manifiesto junto a Cristina Almeida en el círculo de Bellas Artes.
A partir de ahora el texto podrá firmarse. Sus promotores quieren entregarlo con el mayor número de apoyos al Gobierno el próximo 14 de abril, día en que se conmemora la proclamación de la Segunda República.
Durante la presentación del manifiesto, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha denunciado que el fiscal de la Audiencia Nacional que se opuso a que el juez Garzón instruyera el caso de las fosas ha hecho "injusticia" con una mano y "política" con la otra.
El representante de la asociación ha afirmado que lo que ha hecho Garzón es una "inhibición activa", gracias a la cual "da a conocer los hechos" sucedidos bajo la dictadura franquista "tal como fueron".
Además, un grupo de unos 40 juristas suscribe hoy otro manifiesto de Amnistía Internacional con el título 'Para pasar página primero hay que leerla' en el que se denuncia que la justicia española haya investigado crímenes contra la humanidad en varios países y se hayan abstenido de hacerlo en su propio Estado.
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Defenderá un texto que insta al rey a pedir perdón a las víctimas del levantamiento y a declarar el 14 de abril Día de la Memoria.
EUROPA PRESS - 20/11/2008 14:11
El debate sobre la II República, la Guerra Civil y el franquismo volverá la próxima semana al Pleno del Congreso, cuando Esquerra Republicana plantee lo que ella misma define como "el primer asalto" a la conocida como Ley de Memoria Histórica, una norma que fue aprobada en diciembre de 2007 con el voto en contra de esta formación, que la tacha de "vergonzosa, vergonzante e ignominiosa".
El diputado de Esquerra Joan Tardà ofreció hoy una rueda de prensa en el Congreso para presentar esta iniciativa con la que los republicanos pretenden que la Cámara tramite una nueva norma que realmente extienda derechos a "todos" los represaliados del franquismo, otorgándoles la condición "jurídica" de víctimas, algo que, según denunció, no se hizo con la norma impulsada por el Ejecutivo en la anterior legislatura.
En su comparecencia Tardà estuvo acompañado de Fermín Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Archivo Guerra y Exilio, y de José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria, en representación de las entidades memorialistas a las ERC quiere "dar voz" en el Parlamento.
Superar la amnesia de la Transición
Uno de los fines de la iniciativa de ERC es que se avance hacia una verdadera "recuperación de la memoria histórica de la II República y de la represión franquista" que, según esta formación, "la propia dictadura y la amnesia de la transición tergiversó y escondió".
En este argumento insistió el representante de los foros de la memoria quien incidió en que la democracia española seguirá siendo "muy imperfecta" mientras siga vigente el "franquismo ideolóico". "Franco murió en la cama, lo hizo de risa y sus carcajadas aún se oyen", ironizó.
A su juicio, la democracia española ya es suficientemente "madura" para saldar esa deuda y el sistema no puede seguir asentándose sobre "miles de demócratas enterrados en cunetas, empresas que apoyaron a Franco y que cotizan en el Ibex o mientras haya un partido conservador que tiene como presidente a un ministro de Franco", en referencia al PP y Manuel Fraga.
También denunció que en todo este tiempo el Rey haya sido "incapaz de condenar el franquismo y de reconocer la II República como un antecedente de la democracia actual. Uno de los artículos que ERC incluye en su propia 'ley de memoria' prevé que el Monarca formalice solemnemente "en nombre del Estado español las demanda de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana".
Tardà destacó que su texto se debatirá cinco días después del 20-N, fecha de la muerte de Francisco Franco y del fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, y poco después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón haya decidido inhibirse en su causa sobre el franquismo trasladándola a los juzgados de las provincias donde están las fosas comunes que ordenó abrir.
Crímenes contra la humanidad
Precisamente, ERC aboga por elaborar una nueva ley que proclame la aplicación de la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad a los cometidos "sistemáticamente" por el régimen de Franco y reconozca "el derecho inalienable a la verdad y el deber de recordar por parte del Estado".
En la exposición de motivos de su proposición, que recoge Europa Press, Esquerra recuerda que ley aprobada hace casi un año, con el voto en contra de su formación, no cumplió las expectativas de las personas y organizaciones que han alentado este debate, entre otras cosas, porque no incluyó la anulación de los juicios sumarios de la dictadura.
Además, los independentistas catalanes pretenden que el Congreso redacte un nuevo texto legislativo que reconozca jurídica y moralmente la condición de víctimas a todas las personas físicas y jurídicas que sufrieron persecución y muerte y que todas ellas, incluidas las instituciones públicas y las organizaciones de todo tipo, sean "restituidas moral y materialmente".
En este contexto busca que las indemnizaciones que la vigente ley prevé para las víctimas entre 1968 y 1977 --año de la aprobación de la Ley de Amnistía--, se extiendan hasta el 27 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución.
Indemnizar a miembros de organizaciones armadas
También quieren que puedan acceder a las mismas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como es el caso de Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas. Tardà citó, en concreto, a Salvador Puig Antich, militante del anarquista Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), ejecutado a garrote vil en 1974.
Asimismo, la proposición de ley busca que se reconozca la II República como un Estado democrático y de derecho "precursor" de la democracia actual y que se recupere la "memoria histórica" de este periodo y de la dictadura. Una de las formas de hacerlo será declarando el 14 de abril 'Día de la Memoria Histórica'.
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122/000042
Proposición de Ley de reconocimiento de todas las víctimas de la dictadura y de recuperación de la Memoria Histórica.
Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds:
http://www.foroporlamemoria.info/media/2004/370_1_PL_recuperacion_de_la_Mem.pdf
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Enlaces a noticias sobre la inhibición. 20N.
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Seis altos magistrados pronostican el archivo de la causa contra el franquismo en los juzgados territoriales. Cuarenta juristas firman un manifiesto de AI que pide investigar las desapariciones.
Á. VÁZQUEZ / Á. MUNÁRRIZ - Valencia/Madrid - 19/11/2008
Los juzgados territoriales a los que el juez Baltasar Garzón remitió la causa contra el franquismo tras inhibirse no tomarán su relevo en la búsqueda de responsabilidades penales y la cuestión acabará archivada. Esa es la impresión de la judicatura, expresada ayer unánimemente por cuatro presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos y un juez decano.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia de Córdoba, que en 2005 firmó una sentencia que rechazaba investigar un crimen de 1936, expresó ayer a Público una idea que resume esta opinión general: “Todos los jueces ya saben que cada problema que se ha encontrado Garzón, como el de la prescripción, se lo encontrarían también ellos”.
Las Jornadas de Justicia y Comunicación del CGPJ, celebradas ayer en Valencia, sirvieron como marco para una auténtica ceremonia del escepticismo sobre el futuro de la causa. El presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, fue el más duro. “Con su resolución, Garzón reconoce el error de incoar un procedimiento que nunca debió incoarse”. A su juicio, no debió abrir el sumario, porque la responsabilidad penal de los autores se ha extinguido por fallecimiento.
"El mismo problema"
La presidenta del TSJ de Catalunya, Maria Eugeni Alegret, se manifestó en términos similares: “Me llama la atención [la inhibición de Garzón]. Si los autores están muertos en Madrid, también lo estarán en Barcelona”.
El anfitrión de las jornadas, el presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, explicó que los jueces “se van a encontrar con el mismo problema que Garzón”. Añadió que la labor de la instrucción penal “no es investigar por investigar”. Y acabó: “Yo sólo lo haría si veo la posibilidad de atribuir la responsabilidad a alguien. Si no, qué estoy haciendo”.Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, recordó que el auto de Garzón puede ser recurrido. Si se confirma, apuntó, se producirá “una dispersión del contenido y continente de la causa, porque cada Juzgado decidirá” qué hacer.
Muy distinta es la percepción de los 40 juristas que se han adherido a un manifeisto de Amnistía Internacional (AI), en la que piden al Estado español que “garantice una investigación judicial” sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Entre ellos, destaca José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Exhumación de Luis Dorado
“Ahora todo queda en el limbo”, sintetizó desde Córdoba Antonio Gutiérrez, nieto de Luis Dorado, diputado socialista fusilado en 1936, que ayer pudo comprobar que la decisión de Garzón tiene consecuencias inmediatas. Fuentes judiciales afirmaron a Efe que el juzgado de Instrucción 6 de Córdoba no continuará con la exhumación de sus restos.
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"Llegaremos hasta donde haya que llegar"
La culpa de todo es de todos, por Juan Gómez
Menos las víctimas todos contentos, por S.
¿Juzgar al franquismo?, por J. Chinchón
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Los jueces creen que ningún juzgado territorial seguirá a Baltasar Garzón
Seis altos magistrados pronostican el archivo de la causa contra el franquismo en los juzgados territoriales. Cuarenta juristas firman un manifiesto de AI que pide investigar las desapariciones.
Á. VÁZQUEZ / Á. MUNÁRRIZ - Valencia/Madrid - 19/11/2008
Los juzgados territoriales a los que el juez Baltasar Garzón remitió la causa contra el franquismo tras inhibirse no tomarán su relevo en la búsqueda de responsabilidades penales y la cuestión acabará archivada. Esa es la impresión de la judicatura, expresada ayer unánimemente por cuatro presidentes de Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) autonómicos y un juez decano.
Eduardo Baena, presidente de la Audiencia de Córdoba, que en 2005 firmó una sentencia que rechazaba investigar un crimen de 1936, expresó ayer a Público una idea que resume esta opinión general: “Todos los jueces ya saben que cada problema que se ha encontrado Garzón, como el de la prescripción, se lo encontrarían también ellos”.
Las Jornadas de Justicia y Comunicación del CGPJ, celebradas ayer en Valencia, sirvieron como marco para una auténtica ceremonia del escepticismo sobre el futuro de la causa. El presidente del TSJ de Castilla y León, José Luis Concepción, fue el más duro. “Con su resolución, Garzón reconoce el error de incoar un procedimiento que nunca debió incoarse”. A su juicio, no debió abrir el sumario, porque la responsabilidad penal de los autores se ha extinguido por fallecimiento.
"El mismo problema"
La presidenta del TSJ de Catalunya, Maria Eugeni Alegret, se manifestó en términos similares: “Me llama la atención [la inhibición de Garzón]. Si los autores están muertos en Madrid, también lo estarán en Barcelona”.
El anfitrión de las jornadas, el presidente del TSJ valenciano, Juan Luis de la Rúa, explicó que los jueces “se van a encontrar con el mismo problema que Garzón”. Añadió que la labor de la instrucción penal “no es investigar por investigar”. Y acabó: “Yo sólo lo haría si veo la posibilidad de atribuir la responsabilidad a alguien. Si no, qué estoy haciendo”.Por su parte, el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, recordó que el auto de Garzón puede ser recurrido. Si se confirma, apuntó, se producirá “una dispersión del contenido y continente de la causa, porque cada Juzgado decidirá” qué hacer.
Muy distinta es la percepción de los 40 juristas que se han adherido a un manifeisto de Amnistía Internacional (AI), en la que piden al Estado español que “garantice una investigación judicial” sobre las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Entre ellos, destaca José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Exhumación de Luis Dorado
“Ahora todo queda en el limbo”, sintetizó desde Córdoba Antonio Gutiérrez, nieto de Luis Dorado, diputado socialista fusilado en 1936, que ayer pudo comprobar que la decisión de Garzón tiene consecuencias inmediatas. Fuentes judiciales afirmaron a Efe que el juzgado de Instrucción 6 de Córdoba no continuará con la exhumación de sus restos.
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"Llegaremos hasta donde haya que llegar"
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Otros artículos de "Público".
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El día a día de Javier Ortiz
Garzón se luce de nuevo
20 Nov 2008
Hay veces que uno lamenta acertar. Me habría gustado haber errado cuando predije hace dos meses en esta misma página que el sumario de la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo se quedaría en nada. Pero así ha sido.No soy jurista, pero desde el principio hubo bastantes aspectos de la iniciativa procesal del magistrado de la Audiencia Nacional que me escamaron. Para empezar, no entendí que encausara sólo a 45 destacados integrantes del golpe militar de Franco contra la República. Si se trataba de enjuiciar los crímenes del franquismo, debería haber considerado toda la época abarcada por la dictadura, desde 1936 a 1976. El 18 de julio de 1936, muchos ejecutores de la barbarie franquista, que o bien torturaron y mataron o bien ordenaron matar y torturar durante los años cincuenta, sesenta y hasta entrados los setenta, estaban en pañales o aún no habían nacido. ¿Qué quería Garzón? ¿Que le informaran de que los 45 elegidos por su dedo instructor no pueden ser juzgados, básicamente porque sus restos yacen bajo tierra?
Eso sin contar con que, si bien casi todos los golpistas del 36 han muerto, el fruto de sus crímenes sigue en vigor. Los franquistas se repartieron entre ellos a escote las propiedades de sus enemigos políticos. Se adueñaron a mano armada de empresas, de fincas y de casas que ahora ocupan sus descendientes. ¿Ahí no hay ninguna justicia que restablecer? ¿Nada que devolver? La situación es tan grotesca que hasta el propio Gobierno de Zapatero ocupa ahora los mismos edificios que la dictadura franquista arrebató a sus legítimos dueños.
Por resumir: que el juez Garzón se ha vuelto a lucir.
Nada sorprendente. Lucirse es lo que más le priva.
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La culpa de todo es de todos
20 Nov 2008
JUAN J. GÓMEZ
Ahora casi parece que la culpa de todo es de Garzón, de su legendario afán de protagonismo, de su tendencia a hacerlo él todo, como si no hubiera ya suficientes jueces, fiscales o incluso políticos que dedican toda su energía y sus recursos a la Ley de Memoria Histórica, que, como bien sabemos, se basta además ella sola para salir adelante.
Incluso si todo esto fuera incierto, si la desvergüenza nacional que lleva más de 70 años esperando una reparación corriera peligro de perpetuarse, si no estuviera la memoria sobre todo en manos de familiares de las víctimas, de forenses jubilados o de historiadores tenaces, ahora todo eso casi parecería también culpa del juez, de tantas críticas que le llueven estos días por todas partes.
La izquierda le culpa de lo que pasa: la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, con la que tanto ilusionó a tantos, ha quedado en suspenso –en verdad queda en manos de la veintena de juzgados de las provincias a las que el juez trasladó el martes la causa–.
La derecha le culpa de lo que pudo pasar: los miles de cadáveres en las cunetas, los represaliados durante la dictadura, los niños de los rojos robados a sus padres estuvieron durante un mes a punto de recuperar su lugar en la historia, haciéndose su recuerdo incompatible con la impunidad –en verdad es cuestión de tiempo, quizá sólo de la nacionalidad del próximo juez, pero los muertos tienen siempre de su lado la paciencia–.
La otra derecha, esa multitud que suele declararse apolítica, le culpa por haber despertado las suficientes conciencias como para que ya nunca puedan mirar hacia atrás sin sentir cierta inquietud.
La Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los compañeros jueces le culpan de haber intentado hacer justicia más allá de donde puede llegar la justicia –aunque se retirase antes de que le pitasen prevaricación o de que lo declarasen incompetente–.
Todos le culpan, pero no es culpa de ellos. Suele ocurrir que culpamos a uno de todo cuando todos tenemos parte de culpa. Son ya demasiados años de olvido como para que quede aún alguien inocente.
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Menos las víctimas, todos contentos
19 Nov 2008
Salomé García
El juez campeador tiró el martes la toalla. Se desdijo de su intención de procesar al franquismo y remitió a los juzgados provinciales las peticiones de las asociaciones de memoria histórica para que se investiguen las desapariciones de represaliados por Franco y se recuperen sus cuerpos de cunetas y fosas comunes. Un mes –desde el 16 de octubre– le ha durado a Garzón el arrojo para investigar la masacre franquista: la persecución, muerte y desaparición de más de 130.000 personas durante la Guerra Civil y las primeras décadas de paz dictatorial.
La decisión del magistrado, al que le llovieron las críticas desde que admitió las denuncias de las asociaciones, tiene una clara voluntad preventiva. Digamos que le ha bastado con ser pionero en la intención de juzgar al franquismo, pero no quiso pasar a la historia como el primero en ser descalificado para investigar un caso. De haber esperado el diagnóstico de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, habría sido inaugurada la lista de magistrados a los que se tilda de incompetentes tras iniciar una instrucción.
Algunas fuentes jurídicas habían llegado a plantear que el juez podría enfrentarse a otro hito en la historia judicial española: la posibilidad de que la Sala de lo Penal lo procesara de oficio por prevaricación, al entender que su intención al admitir las denuncias de las asociaciones no era realmente juzgar al franquismo, sino ayudar a las asociaciones impulsando la creación de un censo general de desaparecidos y la elaboración de un mapa nacional de fosas comunes. Es decir, que la Sala podría haber acusado al magistrado de tomar decisiones jurídicamente insostenibles a sabiendas de que lo eran, en aras de un fin que no justificaría los medios por loable que a muchos pueda parecernos.
Así pues, la inhibición de Garzón sirve para tranquilizarlo, en primer lugar, a él mismo. Inmediatamente después al fiscal Zaragoza, que había recurrido con una dureza inusitada. En consecuencia, al Ministerio de Justicia, que respalda si es queno auspicia las iniciativas de la Fiscalía.
Lo estarán celebrando también los revisionistas de la derecha, que vivían desquiciados estos últimos meses exigiendo procesar a Carrillo por los muertos de Paracuellos antes de sacar un solo cadáver más de las cunetas. Es de lógica que calme también al Gobierno, al que el magistrado había dado trabajo al exigir por vía de exhorto lo que la ley de la memoria prevé (el censo y mapa de fosas) y la Administración desoye.
En cambio, la renuncia de Garzón descorazona a las víctimas, que tendrán que volver a vencer a la burocracia para sacar a sus deudos del anonimato y darles digna sepultura. Y volverán a depender de las exiguas subvenciones públicas y la generosa entrega de los voluntarios para extraer, identificar y enterrar esos cuerpos.
En unos días, la espinosa cuestión de las fosas del franquismo volverá al letargo en el que estaba antes de que el juez estrella decidiera agitar la coctelera y servir a la opinión pública un debate que siempre logra encendidas posiciones enfrentadas.Los optimistas defienden que el juez, al dar traslado de las denuncias a juzgados de 20 provincias, mantiene vivo el proceso a los crímenes franquistas. Que su labor es encomiable porque ha puesto el asunto en las portadas, ha nombrado un grupo de expertos y ha elaborado un censo de 130.000 víctimas.
Sea. Pero yo temo la resistencia de la judicatura y la desidia del Gobierno. De éste, la última iniciativa en favor de la memoria no trata de facilitar la apertura de fosas, sino de buscar nietos de exiliados para hacerlos españoles. Algo tendrá que ver el censo para las próximas elecciones gallegas y vascas.
El partido en el Gobierno salvó la cara en el último momento al forzar a José Bono a desistir de su idea de estrenarse en los homenajes a las víctimas de la Guerra Civil concediendo una placa a una monja. Ahora sólo falta que exija a su Gobierno, el de todos, que escuche las peticiones del juez, sufrague las identificaciones y encuentre a los niños robados.
Estaremos vigilantes.
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El día a día de Javier Ortiz
Garzón se luce de nuevo
20 Nov 2008
Hay veces que uno lamenta acertar. Me habría gustado haber errado cuando predije hace dos meses en esta misma página que el sumario de la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo se quedaría en nada. Pero así ha sido.No soy jurista, pero desde el principio hubo bastantes aspectos de la iniciativa procesal del magistrado de la Audiencia Nacional que me escamaron. Para empezar, no entendí que encausara sólo a 45 destacados integrantes del golpe militar de Franco contra la República. Si se trataba de enjuiciar los crímenes del franquismo, debería haber considerado toda la época abarcada por la dictadura, desde 1936 a 1976. El 18 de julio de 1936, muchos ejecutores de la barbarie franquista, que o bien torturaron y mataron o bien ordenaron matar y torturar durante los años cincuenta, sesenta y hasta entrados los setenta, estaban en pañales o aún no habían nacido. ¿Qué quería Garzón? ¿Que le informaran de que los 45 elegidos por su dedo instructor no pueden ser juzgados, básicamente porque sus restos yacen bajo tierra?
Eso sin contar con que, si bien casi todos los golpistas del 36 han muerto, el fruto de sus crímenes sigue en vigor. Los franquistas se repartieron entre ellos a escote las propiedades de sus enemigos políticos. Se adueñaron a mano armada de empresas, de fincas y de casas que ahora ocupan sus descendientes. ¿Ahí no hay ninguna justicia que restablecer? ¿Nada que devolver? La situación es tan grotesca que hasta el propio Gobierno de Zapatero ocupa ahora los mismos edificios que la dictadura franquista arrebató a sus legítimos dueños.
Por resumir: que el juez Garzón se ha vuelto a lucir.
Nada sorprendente. Lucirse es lo que más le priva.
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La culpa de todo es de todos
20 Nov 2008
JUAN J. GÓMEZ
Ahora casi parece que la culpa de todo es de Garzón, de su legendario afán de protagonismo, de su tendencia a hacerlo él todo, como si no hubiera ya suficientes jueces, fiscales o incluso políticos que dedican toda su energía y sus recursos a la Ley de Memoria Histórica, que, como bien sabemos, se basta además ella sola para salir adelante.
Incluso si todo esto fuera incierto, si la desvergüenza nacional que lleva más de 70 años esperando una reparación corriera peligro de perpetuarse, si no estuviera la memoria sobre todo en manos de familiares de las víctimas, de forenses jubilados o de historiadores tenaces, ahora todo eso casi parecería también culpa del juez, de tantas críticas que le llueven estos días por todas partes.
La izquierda le culpa de lo que pasa: la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, con la que tanto ilusionó a tantos, ha quedado en suspenso –en verdad queda en manos de la veintena de juzgados de las provincias a las que el juez trasladó el martes la causa–.
La derecha le culpa de lo que pudo pasar: los miles de cadáveres en las cunetas, los represaliados durante la dictadura, los niños de los rojos robados a sus padres estuvieron durante un mes a punto de recuperar su lugar en la historia, haciéndose su recuerdo incompatible con la impunidad –en verdad es cuestión de tiempo, quizá sólo de la nacionalidad del próximo juez, pero los muertos tienen siempre de su lado la paciencia–.
La otra derecha, esa multitud que suele declararse apolítica, le culpa por haber despertado las suficientes conciencias como para que ya nunca puedan mirar hacia atrás sin sentir cierta inquietud.
La Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los compañeros jueces le culpan de haber intentado hacer justicia más allá de donde puede llegar la justicia –aunque se retirase antes de que le pitasen prevaricación o de que lo declarasen incompetente–.
Todos le culpan, pero no es culpa de ellos. Suele ocurrir que culpamos a uno de todo cuando todos tenemos parte de culpa. Son ya demasiados años de olvido como para que quede aún alguien inocente.
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Menos las víctimas, todos contentos
19 Nov 2008
Salomé García
El juez campeador tiró el martes la toalla. Se desdijo de su intención de procesar al franquismo y remitió a los juzgados provinciales las peticiones de las asociaciones de memoria histórica para que se investiguen las desapariciones de represaliados por Franco y se recuperen sus cuerpos de cunetas y fosas comunes. Un mes –desde el 16 de octubre– le ha durado a Garzón el arrojo para investigar la masacre franquista: la persecución, muerte y desaparición de más de 130.000 personas durante la Guerra Civil y las primeras décadas de paz dictatorial.
La decisión del magistrado, al que le llovieron las críticas desde que admitió las denuncias de las asociaciones, tiene una clara voluntad preventiva. Digamos que le ha bastado con ser pionero en la intención de juzgar al franquismo, pero no quiso pasar a la historia como el primero en ser descalificado para investigar un caso. De haber esperado el diagnóstico de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, habría sido inaugurada la lista de magistrados a los que se tilda de incompetentes tras iniciar una instrucción.
Algunas fuentes jurídicas habían llegado a plantear que el juez podría enfrentarse a otro hito en la historia judicial española: la posibilidad de que la Sala de lo Penal lo procesara de oficio por prevaricación, al entender que su intención al admitir las denuncias de las asociaciones no era realmente juzgar al franquismo, sino ayudar a las asociaciones impulsando la creación de un censo general de desaparecidos y la elaboración de un mapa nacional de fosas comunes. Es decir, que la Sala podría haber acusado al magistrado de tomar decisiones jurídicamente insostenibles a sabiendas de que lo eran, en aras de un fin que no justificaría los medios por loable que a muchos pueda parecernos.
Así pues, la inhibición de Garzón sirve para tranquilizarlo, en primer lugar, a él mismo. Inmediatamente después al fiscal Zaragoza, que había recurrido con una dureza inusitada. En consecuencia, al Ministerio de Justicia, que respalda si es queno auspicia las iniciativas de la Fiscalía.
Lo estarán celebrando también los revisionistas de la derecha, que vivían desquiciados estos últimos meses exigiendo procesar a Carrillo por los muertos de Paracuellos antes de sacar un solo cadáver más de las cunetas. Es de lógica que calme también al Gobierno, al que el magistrado había dado trabajo al exigir por vía de exhorto lo que la ley de la memoria prevé (el censo y mapa de fosas) y la Administración desoye.
En cambio, la renuncia de Garzón descorazona a las víctimas, que tendrán que volver a vencer a la burocracia para sacar a sus deudos del anonimato y darles digna sepultura. Y volverán a depender de las exiguas subvenciones públicas y la generosa entrega de los voluntarios para extraer, identificar y enterrar esos cuerpos.
En unos días, la espinosa cuestión de las fosas del franquismo volverá al letargo en el que estaba antes de que el juez estrella decidiera agitar la coctelera y servir a la opinión pública un debate que siempre logra encendidas posiciones enfrentadas.Los optimistas defienden que el juez, al dar traslado de las denuncias a juzgados de 20 provincias, mantiene vivo el proceso a los crímenes franquistas. Que su labor es encomiable porque ha puesto el asunto en las portadas, ha nombrado un grupo de expertos y ha elaborado un censo de 130.000 víctimas.
Sea. Pero yo temo la resistencia de la judicatura y la desidia del Gobierno. De éste, la última iniciativa en favor de la memoria no trata de facilitar la apertura de fosas, sino de buscar nietos de exiliados para hacerlos españoles. Algo tendrá que ver el censo para las próximas elecciones gallegas y vascas.
El partido en el Gobierno salvó la cara en el último momento al forzar a José Bono a desistir de su idea de estrenarse en los homenajes a las víctimas de la Guerra Civil concediendo una placa a una monja. Ahora sólo falta que exija a su Gobierno, el de todos, que escuche las peticiones del juez, sufrague las identificaciones y encuentre a los niños robados.
Estaremos vigilantes.
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¿Es aún posible el juicio al franquismo?
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¿Es aún posible el juicio al franquismo?
¿Es aún posible el juicio al franquismo?
20 Nov 2008
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
El auto de 18 de noviembre del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, esto es, por mejor entendernos, el último auto de Garzón sobre la Memoria Histórica, en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales, pudiera considerarse como el desenlace de la compleja, intensa y, a mi juicio, nada edificante trama que en el seno de la Audiencia hemos padecido a lo largo del mes pasado. Un desenlace que entraba en las quinielas de muchos, pero que no debiera ser valorado más que como un punto y seguido. La clave va a estar ahora en quién y cómo se escriba la siguiente frase; ya sea con la pluma del ejecutivo, el legislativo y/o el poder judicial. Si bien, que debamos seguir en esta tensa espera tras casi siete decenios desde el fin de la Guerra Civil, y más de tres décadas después del inicio de nuestra transición, no deja de ser un primer desenlace a lamentar.
A pesar de todo, tras hacerse público el auto, no hemos debido esperar ni un minuto para asistir al regocijo o la chanza de algunos que han considerado que “todo acabó”, que “Garzón no se ha salido con la suya”. Debiendo entenderse el término “suya”, aclaro, no como el intento de atender las denuncias para que se investiguen miles de crímenes de los que sólo podría ser responsable la más repugnante ralea criminal, sino que cuando dicen “suya” se refieren a lo que han caracterizado como un “esperpento del vanidoso juez estrella” (sic). Descalificaciones ad hóminem de este cariz han sido afortunadamente minoritarias, siendo lo común encontrar voces que, bien han sostenido que este auto sólo ha constatado que la Audiencia Nacional no era competente –como ha mantenido, con dureza inusitada, el fiscal jefe–, bien han considerado que la decisión de Garzón no ha sido más que una (forzada) salida por la tangente ante la probable respuesta que la Sala/Pleno iba a dar a su auto aceptando la competencia. Mientras, el mismo Garzón sostiene que no ha hecho más que cumplir lo que (parcialmente) anunciaba en su auto de 16 de octubre, una vez constatada la extinción de la responsabilidad por fallecimiento de los presuntos responsables del delito contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno; es decir, el crimen sobre el que ancló la competencia de la Audiencia.
Yo, desde luego, voy a evitar entrar en la fúnebre tentación de atribuir intenciones (aviesas) a unos u otros y también quiero evitarle ahora al lector tediosas polémicas jurídicas que rozarían lo críptico para el lego en los muchos laberintos del Derecho. Si bien, no me resigno a no dejar constancia de mi malestar ante la tan agria como inédita polémica abierta entre el fiscal Zaragoza y el magistrado-juez Garzón; en la que, entre los diversos tecnicismos jurídicos, se han intercalado gruesos calificativos, valoraciones personales y ataques, defensas y contraataques de toda índole. Todo ello, recordémoslo, ante los anhelantes ojos de los familiares-víctimas, que esperaban todo menos una batalla campal de esta naturaleza.
De cualquier modo, lo que ha de quedar claro es que en este último auto, Garzón, sin privarse ni por un momento de responder, con más que notable severidad, a los postulados del fiscal Zaragoza, mantiene todos sus argumentos anteriores, los desarrolla y amplía su sustento jurídico, incluyendo menciones singulares a hechos tan tenebroso como el de los “niños [perdidos] del franquismo”, o los experimentos médicos a los que se sometió a algunos presos republicanos. En esta labor, se sirve en parte de un destacable despliegue de normativa internacional, poniendo sobre la mesa cuestiones y tesis de gran interés, algunas de las cuales comparto y otros muchos discuten; pero que, en cualquier caso, deberían ser objeto de un debate sosegado, en el que, a mi juicio, habría de ser una buena guía la búsqueda de una más completa aplicación e interpretación del Derecho Internacional en nuestro país. Con todo, desde los parámetros del auto anterior y ante la deficiente legislación española, que prevé que la Audiencia Nacional sea competente sobre ciertos crímenes de derecho internacional, pero sólo si se han cometido en el extranjero –quizás en la mente del legislador nunca estuvo que se pudieran cometer o haber cometido en España–, Garzón no hace más que inhibirse a favor de los juzgados territoriales para que, y cito, continúe “la investigación [de la] desaparición de personas a través de las detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas, de sus cuerpos o de su identidad, en el contexto de crímenes contra la humanidad y como resultado de un plan sistemático de exterminio propiciado o favorecido por el alzamiento contra la República”.
Llegados a este punto, la cuestión inmediata es si todos estos juzgados acogerán esta construcción y, en consecuencia, continuarán la senda que la actuación de Garzón ha abierto, y si la Sala/Pleno de la Audiencia así lo permitirá. Pero no sólo deberíamos concentrar nuestra atención en los órganos jurisdiccionales, pues todo lo acaecido también puede haber sido –esperemos que haya sido– un acicate para nuestro Ejecutivo y/o Legislativo. Y ahora que precisamente la actuación de Garzón ha logrado, al fin, el debido consenso acerca de la necesidad y justicia de atender las demandas de los familiares-víctimas de recuperar y dignificar los restos de sus seres amados, se termine por cambiar la bochornosa decisión política de que sigan siendo ellos los que arrostren con esta labor fundamental. Y es que, no debemos olvidarlo nunca, ninguno de los familiares-víctimas busca nada parecido al castigo, a la venganza, sólo reclaman la dignidad que todos debemos a los que hoy siguen desaparecidos en nuestra España de 2008.
Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
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¿Es aún posible el juicio al franquismo?
¿Es aún posible el juicio al franquismo?
20 Nov 2008
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
El auto de 18 de noviembre del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, esto es, por mejor entendernos, el último auto de Garzón sobre la Memoria Histórica, en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales, pudiera considerarse como el desenlace de la compleja, intensa y, a mi juicio, nada edificante trama que en el seno de la Audiencia hemos padecido a lo largo del mes pasado. Un desenlace que entraba en las quinielas de muchos, pero que no debiera ser valorado más que como un punto y seguido. La clave va a estar ahora en quién y cómo se escriba la siguiente frase; ya sea con la pluma del ejecutivo, el legislativo y/o el poder judicial. Si bien, que debamos seguir en esta tensa espera tras casi siete decenios desde el fin de la Guerra Civil, y más de tres décadas después del inicio de nuestra transición, no deja de ser un primer desenlace a lamentar.
A pesar de todo, tras hacerse público el auto, no hemos debido esperar ni un minuto para asistir al regocijo o la chanza de algunos que han considerado que “todo acabó”, que “Garzón no se ha salido con la suya”. Debiendo entenderse el término “suya”, aclaro, no como el intento de atender las denuncias para que se investiguen miles de crímenes de los que sólo podría ser responsable la más repugnante ralea criminal, sino que cuando dicen “suya” se refieren a lo que han caracterizado como un “esperpento del vanidoso juez estrella” (sic). Descalificaciones ad hóminem de este cariz han sido afortunadamente minoritarias, siendo lo común encontrar voces que, bien han sostenido que este auto sólo ha constatado que la Audiencia Nacional no era competente –como ha mantenido, con dureza inusitada, el fiscal jefe–, bien han considerado que la decisión de Garzón no ha sido más que una (forzada) salida por la tangente ante la probable respuesta que la Sala/Pleno iba a dar a su auto aceptando la competencia. Mientras, el mismo Garzón sostiene que no ha hecho más que cumplir lo que (parcialmente) anunciaba en su auto de 16 de octubre, una vez constatada la extinción de la responsabilidad por fallecimiento de los presuntos responsables del delito contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno; es decir, el crimen sobre el que ancló la competencia de la Audiencia.
Yo, desde luego, voy a evitar entrar en la fúnebre tentación de atribuir intenciones (aviesas) a unos u otros y también quiero evitarle ahora al lector tediosas polémicas jurídicas que rozarían lo críptico para el lego en los muchos laberintos del Derecho. Si bien, no me resigno a no dejar constancia de mi malestar ante la tan agria como inédita polémica abierta entre el fiscal Zaragoza y el magistrado-juez Garzón; en la que, entre los diversos tecnicismos jurídicos, se han intercalado gruesos calificativos, valoraciones personales y ataques, defensas y contraataques de toda índole. Todo ello, recordémoslo, ante los anhelantes ojos de los familiares-víctimas, que esperaban todo menos una batalla campal de esta naturaleza.
De cualquier modo, lo que ha de quedar claro es que en este último auto, Garzón, sin privarse ni por un momento de responder, con más que notable severidad, a los postulados del fiscal Zaragoza, mantiene todos sus argumentos anteriores, los desarrolla y amplía su sustento jurídico, incluyendo menciones singulares a hechos tan tenebroso como el de los “niños [perdidos] del franquismo”, o los experimentos médicos a los que se sometió a algunos presos republicanos. En esta labor, se sirve en parte de un destacable despliegue de normativa internacional, poniendo sobre la mesa cuestiones y tesis de gran interés, algunas de las cuales comparto y otros muchos discuten; pero que, en cualquier caso, deberían ser objeto de un debate sosegado, en el que, a mi juicio, habría de ser una buena guía la búsqueda de una más completa aplicación e interpretación del Derecho Internacional en nuestro país. Con todo, desde los parámetros del auto anterior y ante la deficiente legislación española, que prevé que la Audiencia Nacional sea competente sobre ciertos crímenes de derecho internacional, pero sólo si se han cometido en el extranjero –quizás en la mente del legislador nunca estuvo que se pudieran cometer o haber cometido en España–, Garzón no hace más que inhibirse a favor de los juzgados territoriales para que, y cito, continúe “la investigación [de la] desaparición de personas a través de las detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas, de sus cuerpos o de su identidad, en el contexto de crímenes contra la humanidad y como resultado de un plan sistemático de exterminio propiciado o favorecido por el alzamiento contra la República”.
Llegados a este punto, la cuestión inmediata es si todos estos juzgados acogerán esta construcción y, en consecuencia, continuarán la senda que la actuación de Garzón ha abierto, y si la Sala/Pleno de la Audiencia así lo permitirá. Pero no sólo deberíamos concentrar nuestra atención en los órganos jurisdiccionales, pues todo lo acaecido también puede haber sido –esperemos que haya sido– un acicate para nuestro Ejecutivo y/o Legislativo. Y ahora que precisamente la actuación de Garzón ha logrado, al fin, el debido consenso acerca de la necesidad y justicia de atender las demandas de los familiares-víctimas de recuperar y dignificar los restos de sus seres amados, se termine por cambiar la bochornosa decisión política de que sigan siendo ellos los que arrostren con esta labor fundamental. Y es que, no debemos olvidarlo nunca, ninguno de los familiares-víctimas busca nada parecido al castigo, a la venganza, sólo reclaman la dignidad que todos debemos a los que hoy siguen desaparecidos en nuestra España de 2008.
Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
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miércoles 19 de noviembre de 2008
Enlaces a noticias sobre la inhibición.
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Los internautas preguntan a Emilio Silva
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http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=4518
Los internautas preguntan a Emilio Silva
Núria
1. 19/11/2008 - 10:05h.
¿Qué le ha parecido la decisisón de Garzón? ¿Qué supondrá para los familiares de represaliados?
Por una parte nos ha sorprendido pero dentro de ella hay una triste lógica y es que la mayoría de la Audiencia Nacional en un páis democrático no está a favor de juzgar los delitos cometidos por la dictadura que la precedió. La actitud del Fiscal, Javier Zaragoza, en este asunto ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias, llegando incluso a detener acciones tan humanitarias como son las exhumaciones. Para las familias de los desaparecidos sopondrá seguir autorreparándose el daño que las causaron y buscando ayuda en grupos de voluntarios.
caroceiro
2. 19/11/2008 - 10:08h.
¿Considera que si los jueces de zona NO actuasen tras el traslado del expediente por parte del juez Garzon, se podría recurir a otra instancia superior / o internacional, al reconocer el juez en el auto crimenes contra la humanidad?
Evidentemente ahora hay más jueces que tienen que trabajar para resolver el problema. Si esos juzgados no se resopnsabilizan del tema tendremos que acudir a instancias superiores. El Consejo General del Poder Judicial debería enviar una circular a todos los jueces para explicarles cómo deben actuar ante la denuncia de una desaparición. Otra posibilidad es que esto termine, agotando las instancias españolas, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o que un juez de otro país, aplicando el principio de Justicia Universal lance la demanda sobre España.
Miguel Ángel
3. 19/11/2008 - 10:16h.
Y ahora ¿qué hacer? como diría Lenin. ¿Cómo no meter más la pata y atender a los familiares de las víctimas democráticas que desean exhumar de fosas y cunetas los restos mortales de los asesinados por el franquismo?
No creo que lo que ha ocurrido en la Audiencia Nacional haya sido una metedura de pata. El auto de Garzón del 16 de octubre y el de ayer de la inhibición son en sí mismos una condena a la dictadura franquista; la que en treinta años de democracia no se han atrevido a hacer los políticos de nuestro país. Nosotros vamos a seguir atendiendo a los familiares; esta misma semana iniciamos una exhumación. Y vamos a continuar buscando justicia para ellos y reclamándole al Gobierno la responsabilidad que debe tener en este asunto.
arsour
4. 19/11/2008 - 10:20h.
Siendo Francisco Franco y los otros 44 altos mandos, representantes del Gobierno en su época, ¿no sería el actual Gobierno responsable de las indemnizaciones por el daño que Gonbierno causó?
En muchas sentencias el Estado ha sido responsable o se ha hecho responsable del daño. Los casos de Alemania, Francia o Argentina han sido claros en ese sentido. El Gobierno español ha asumido una pequeña parte de esa responsabilidad pero incomprensiblemente tenemos una clase política y un Gobierno que pueden dormir tranquilos gestionando un país en el que miles de personas no disfrutan del derecho a una sepultura digna y sus familiares, que vivieron cuarenta años gobernados por los asesinos, carecen de los derechos básicos de las víctimas de un delito violento.
Sueño de los Justos
5. 19/11/2008 - 10:22h.
¿Por qué un juez de la Audiencia Nacional decide inhibirse en un caso que él mismo califica en un Auto Judicial de Crímenes contra la humanidad?
Se inhibe porque entiende que si el caso llega a la Sala de la Audiencia Nacional será declarado imcompetente y en cierto modo lo que ha hecho es "delegar" el trabajo en otras instancias judiciales. Pero se puede decir que el auto del juez Baltasar Garzón es bastante "desinhibido" y es una tremenda lección de historia y derechos humanos que se corresponde con la contundencia que tuvo la violencia franquista.
Paco
6. 19/11/2008 - 10:23h.
¿Se va a llevar a los tribunales europeos esta degradante situación? Creo que sería necesario que alguien nos diera un tirón de orejas para que desenterremos este pasado para enterrarlo en condiciones
Para eso es necesario agotar las instancias españolas y si es así evidentemente la cuasa llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Juan-jumazheva@hotmail.com
7. 19/11/2008 - 10:24h.
¿Que ocurrirá ahora? ¿Seguirán haciendose exhumaciones pero no habra juicio, como pretendía Garzón? Ayer, cuando leí la noticia, me decepcionó mucho
Nosotros seguiremos haciendo exhumaciones y le reclamaremos responsabilidad a los juzgados de instrucción. Lo decepcionante de la noticia es vivir en un país dónde los principales órganos de la justicia han trabajado para impedir un juicio a los perpetradores de gravísimas violaciones de derechos humanos.
Modesto
8. 19/11/2008 - 10:25h.
¿No es necesaria ya alguna medida en la calle (concentración, manifestación, etc) para que todas las organizaciones políticas, sindicatos... muestren su apoyo unitario a esta causa justa? Gracias y ánimo.
Es necesario y es algo que en este momento estamos estudiando.
Marc
9. 19/11/2008 - 10:28h.
¿Crees que es irreversible la calificación jurídica de 'crimen contra la humanidad' para la acción represiva del franquismo?
Creo que lo que ha hecho el juez Garzón es definir con claridad lo que supuso la represión franquista con respecto al derecho. El último informe de Amnistía Internacional habla de que somos un país que tiene más desaparecidos de los que ha habido en toda América Latina y lo explica con claridad http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/crimenes_guerra_civil_y_franquismo_2008.pdf
el maño antisectario
10. 19/11/2008 - 10:35h.
¿Por que tanta saña en resucitar el pasado? ¿Para usted son victimas de la Guerra Civil también las personas asesinadas por el bando republicano?
Evidentemente son víctimas de la guera civil son todas las asesinadas entonces. Pero hubo una grandísima diferencia; al terminar la guerra Franco puso en marcha toda una maquinaria para "vengar" las muertes de los asesinados por los republicanos. Eso tuvo serias repercusiones; más de 60.000 fusilamientos, cientos de miles de presos políticos, destierros, confiscaciones, etc... Pero de los crímenes cometidos por los franquistas y sus paramiliateres nunca se ha exigido una responsabilidad. Nuestra labor no resucita el pasado porque el pasado nunca muere. Hoy hay en este país miles de personas en fosas comunes y las habrá mañana; por eso estamos hablando de pasado, de presente y de futuro.
Santiago
11. 19/11/2008 - 10:37h.
Sr. Silva: ¿interrumpe esta decisión de Garzón la apertura de fosas que se están llevando a cabo en la actualidad? ¿Qué esperanza nos quedan a los que deseamos que se continúe con este proceso después del auto de Garzón?
Las exhumacioens se van a seguir haciendo. La continuidad ahora está en manos de los juzgados locales y en ese sentido ahora hay muchos más jueces trabajando por el tema. Tenemos que esperar a ver cómo reaccionan y si apoyan a las familias.
Raquel
12. 19/11/2008 - 10:39h.
La decisión de la Audiencia Nacional ¿da herramientas legales para que un ciudadano pueda recurrir un exhumación e impedir que los deudos recuperen los restos de los fusilados?
La decisión de la Audiencia deja muchas puertas abiertas y nada va a impedir que los familiares recuperen los restos de sus seres queridos.
Ana
13. 19/11/2008 - 10:45h.
Me resulta dificil de entender la falta de solidaridad y de comprensión que está mostrando el Gobierno del PSOE con las víctimas del franquismo ¿tiene usted una explicación a esta actitud del Gobierno?
Tampoco lo entiendo. Realmente nosotros con mucha gente que nos ayuda hemos conseguido exhumar e identificar a cerca de 1.600 personas y somos una asociación que no tiene ni un local, pero que cuenta con mucho capital humano. No es comprensible que el Gobierno esté cayendo en esta negación de auxilio a las familias y que en una ley de la memoria diga que va a facilitar las cosas, que no es responsabilizarse del problema, sino ayudar a las familias de los afectados para que se autorreparen. ¿Es comprensible en una sociedad democrática que las víctimas de un grave delito tengan que resolverlo sin el amparo de las instituciones? A veces oyes al Gobierno decir que es que el PP se pone muy arisco con este tema, pero para eso el PSOE es el Gobierno y el PP la oposición. Es triste vivir en una sociedad donde no se reparan esos daños. Y el Gobierno debería tomar cartas en el asunto y no mirar hacia otro lado mientras miles de familias andan desesperadas de un sitio a otro buscando ayuda para algo tan básico como es poder dar una sepultura digna a un ser querido. Un país que hasta tal punto ha renegado de su pasado que hoy, 19 de noviembre de 2008, se cumplen 75 años de las primeras elecciones generales en las que pudieron votar las mujeres y ninguna institución del Estado lo conmemora.
Pinche
14. 19/11/2008 - 10:55h.
El fiscal de la Audiencia Nacional que se ha opuesto a las actuaciones del juez Garzón depende del Fiscal General de Estado. Y este, a su vez, depende del Gobierno Central. ¿Cree usted que la razón por la que el fiscal Zaragoza ha actuado como lo ha hecho se debe a la obediencia debida a instancias superiores? Más claramente, ¿Cree usted que la Vicepresidenta del Gobierno han estado detrás de lo sucedido?. ¿Cree que al sr. Zaragoza le importa más su carrera qlos familares de los desaparecidos?
Evidentemente por acción o por omisión el Gobierno ha formado parte activa del proceso que se ha abierto en la Audiencia Nacional para juzgar a los críemenes del franquismo. También llama la atención que el fiscal en su auto, cuando tenía que discutir si Garzón era o no era competente, se dedicara a hablar de la ley de memoria histórica y a promocionar de la ley cosas que no están en ella, como el hecho de que los familiares ya tenían en la ley resuelto el problema. El fiscal Javier Zaragoza fue nombrado para el cargo en el año 2006 por el Consejo de Ministros, por lo tanto es un cargo de decisión política y jerárquicamente depende del Fiscal General del Estado que no ha dicho nada en este asunto y que podía haber intervenido en favor de las víctimas. ¿Es comprensible que un fiscal trabaje para evitar que se investigue a los culpables de delitos tan graves? En cuanto a quien ha podido intervenir del Gobierno es evidente que el afectado directamente es el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que precisamente en su pueblo de origen tiene enterrada en una fosa a casi toda la corporación municipal republicana. Y es difícil decir que la Vicepresidente haya podido intervenir, sabiendo que ha hecho carrera judicial.
Luis Gómez-Centurión
15. 19/11/2008 - 11:01h.
¿No cree que la derecha pretende que pasen una o dos generaciones más para que no haya victimas directas y puedan luego hacer su propia ley de memoria?
La derecha ha tenido una actitud muy lamentable en este asunto. Mariano Rajoy, hace unas semanas, se mostró contento de que se detuvieran las exhumaciones; un hombre que pretende ser presidente de todos los españoles y se alegra de que haya ciudadanos enterrados en fosas comunes. También han dicho en numerosas ocasiones que la memoria histórica no le interesa a nadie, llamando nadie a miles de familias afectadas por la represión franquista. Era como la frase de Franco que decía que en España o se es católico o no se es nada. Por cierto, que es la jerarquía de la iglesia católica la que está haciendo el trabajo de la derecha, anunciando canonizaciones cada vez que hay un momento álgido en este tema, con lo fácil que sería que perdonaran por lo que padecieron y pidieran perdón por todas las atrocidades que cometieron. Acaba de estrenarse una película, La buena nueva, que refleja muy bien cuál el papel de la iglesia en la guerra y durante la dictadura.
orris-pat
16. 19/11/2008 - 11:04h.
Emilio, ¿no crees que parte del trabajo de reparación de la memoria histórica debería ir encaminado a conseguir la condena de los cómplices de la dictadura que aún están vivos? saludos
En este país hubo miles de cómplices. Miles de personas que ayudaron o colaboraron con la dictadura: chivatos, delatores, ejecutores, torturadores, etc... La dictadura franquista es el gran agujero negro que queda por investigar.
Jurista
17. 19/11/2008 - 11:09h.
¿Cree abiertamente que la decisión inhibitoria de la Audiencia Nacional iba a ser tomada por motivos políticos y no por motivos de técnica jurídica? La actuación de Jueces y Tribunales en España se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial y no por la voluntad de uno de ellos.
En esto es evidente que ha estado mezclada la justicia con la política y que los acuerdos tomados en la transición se han activado para tensar la ley de amnistía que construyó impunidad para los franquistas y abandono institucional para las víctimas de la dictadura.
Mensaje de despedida
Hoy es 19 de noviembre de 2008. Hace 75 años, otro 19 de noviembre, se celebraron en nuestro país las primeras elecciones formalmente democráticas, porque por primera vez las mujeres con sufragio universal pudieron participar en la elección de su Goberno. Se trata de un hecho que ninguna institución conmemora hoy y es tristemente representativo el olvido de que se ha construido en este país con respecto al pasado de la II República, porque la ignorancia de ese pasado ha sido una política de Estado desde la muerte de Franco. Los hombres y las mujeres que construyeron esa primera democracia nos sacaron de la oscuridad de la historia y pusieron a caminar un proyecto que alumbró esa primera democracia. Muchos de ellos, de esas madres y esos padres de nuestra primera democracia, están hoy enterrados en fosas comunes sin nombre, en caminos y cunetas. Los asesinaron por salir de la oscuridad, por haber construido una democracia que terminaba con siglos de historia de un país donde los que no eran privilegiados eran insignificantes. Treinta años después de terminada la dictadura esos hombres y esas mujeres siguen condenados a la insignificancia política. Nosotros, sus nietos, sus otras semillas, estamos trabajando para construir una democracia que les haga justicia. Su memoria es una herramienta para mejorar nuestra sociedad. Esta sociedad tiene una deuda con ellos y debe saldarse porque la democracia y la justicia deben ir de la mano. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado, que por suerte han sido muchas; a todas las que apoyan este movimiento social y entienden que las violaciones de derechos humanos de la dictadura no pueden quedar impunes. Y a todos aquellos que trabajan por mejorar la democracia, para que dentro de ella no haya nadie insignificante. Cualquier otra pregunta podéis hacérnosla a través de la página web de la asociación. www.memoriahistorica.org Muchas gracias a todos.
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http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=4518
Los internautas preguntan a Emilio Silva
Núria
1. 19/11/2008 - 10:05h.
¿Qué le ha parecido la decisisón de Garzón? ¿Qué supondrá para los familiares de represaliados?
Por una parte nos ha sorprendido pero dentro de ella hay una triste lógica y es que la mayoría de la Audiencia Nacional en un páis democrático no está a favor de juzgar los delitos cometidos por la dictadura que la precedió. La actitud del Fiscal, Javier Zaragoza, en este asunto ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias, llegando incluso a detener acciones tan humanitarias como son las exhumaciones. Para las familias de los desaparecidos sopondrá seguir autorreparándose el daño que las causaron y buscando ayuda en grupos de voluntarios.
caroceiro
2. 19/11/2008 - 10:08h.
¿Considera que si los jueces de zona NO actuasen tras el traslado del expediente por parte del juez Garzon, se podría recurir a otra instancia superior / o internacional, al reconocer el juez en el auto crimenes contra la humanidad?
Evidentemente ahora hay más jueces que tienen que trabajar para resolver el problema. Si esos juzgados no se resopnsabilizan del tema tendremos que acudir a instancias superiores. El Consejo General del Poder Judicial debería enviar una circular a todos los jueces para explicarles cómo deben actuar ante la denuncia de una desaparición. Otra posibilidad es que esto termine, agotando las instancias españolas, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o que un juez de otro país, aplicando el principio de Justicia Universal lance la demanda sobre España.
Miguel Ángel
3. 19/11/2008 - 10:16h.
Y ahora ¿qué hacer? como diría Lenin. ¿Cómo no meter más la pata y atender a los familiares de las víctimas democráticas que desean exhumar de fosas y cunetas los restos mortales de los asesinados por el franquismo?
No creo que lo que ha ocurrido en la Audiencia Nacional haya sido una metedura de pata. El auto de Garzón del 16 de octubre y el de ayer de la inhibición son en sí mismos una condena a la dictadura franquista; la que en treinta años de democracia no se han atrevido a hacer los políticos de nuestro país. Nosotros vamos a seguir atendiendo a los familiares; esta misma semana iniciamos una exhumación. Y vamos a continuar buscando justicia para ellos y reclamándole al Gobierno la responsabilidad que debe tener en este asunto.
arsour
4. 19/11/2008 - 10:20h.
Siendo Francisco Franco y los otros 44 altos mandos, representantes del Gobierno en su época, ¿no sería el actual Gobierno responsable de las indemnizaciones por el daño que Gonbierno causó?
En muchas sentencias el Estado ha sido responsable o se ha hecho responsable del daño. Los casos de Alemania, Francia o Argentina han sido claros en ese sentido. El Gobierno español ha asumido una pequeña parte de esa responsabilidad pero incomprensiblemente tenemos una clase política y un Gobierno que pueden dormir tranquilos gestionando un país en el que miles de personas no disfrutan del derecho a una sepultura digna y sus familiares, que vivieron cuarenta años gobernados por los asesinos, carecen de los derechos básicos de las víctimas de un delito violento.
Sueño de los Justos
5. 19/11/2008 - 10:22h.
¿Por qué un juez de la Audiencia Nacional decide inhibirse en un caso que él mismo califica en un Auto Judicial de Crímenes contra la humanidad?
Se inhibe porque entiende que si el caso llega a la Sala de la Audiencia Nacional será declarado imcompetente y en cierto modo lo que ha hecho es "delegar" el trabajo en otras instancias judiciales. Pero se puede decir que el auto del juez Baltasar Garzón es bastante "desinhibido" y es una tremenda lección de historia y derechos humanos que se corresponde con la contundencia que tuvo la violencia franquista.
Paco
6. 19/11/2008 - 10:23h.
¿Se va a llevar a los tribunales europeos esta degradante situación? Creo que sería necesario que alguien nos diera un tirón de orejas para que desenterremos este pasado para enterrarlo en condiciones
Para eso es necesario agotar las instancias españolas y si es así evidentemente la cuasa llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Juan-jumazheva@hotmail.com
7. 19/11/2008 - 10:24h.
¿Que ocurrirá ahora? ¿Seguirán haciendose exhumaciones pero no habra juicio, como pretendía Garzón? Ayer, cuando leí la noticia, me decepcionó mucho
Nosotros seguiremos haciendo exhumaciones y le reclamaremos responsabilidad a los juzgados de instrucción. Lo decepcionante de la noticia es vivir en un país dónde los principales órganos de la justicia han trabajado para impedir un juicio a los perpetradores de gravísimas violaciones de derechos humanos.
Modesto
8. 19/11/2008 - 10:25h.
¿No es necesaria ya alguna medida en la calle (concentración, manifestación, etc) para que todas las organizaciones políticas, sindicatos... muestren su apoyo unitario a esta causa justa? Gracias y ánimo.
Es necesario y es algo que en este momento estamos estudiando.
Marc
9. 19/11/2008 - 10:28h.
¿Crees que es irreversible la calificación jurídica de 'crimen contra la humanidad' para la acción represiva del franquismo?
Creo que lo que ha hecho el juez Garzón es definir con claridad lo que supuso la represión franquista con respecto al derecho. El último informe de Amnistía Internacional habla de que somos un país que tiene más desaparecidos de los que ha habido en toda América Latina y lo explica con claridad http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/crimenes_guerra_civil_y_franquismo_2008.pdf
el maño antisectario
10. 19/11/2008 - 10:35h.
¿Por que tanta saña en resucitar el pasado? ¿Para usted son victimas de la Guerra Civil también las personas asesinadas por el bando republicano?
Evidentemente son víctimas de la guera civil son todas las asesinadas entonces. Pero hubo una grandísima diferencia; al terminar la guerra Franco puso en marcha toda una maquinaria para "vengar" las muertes de los asesinados por los republicanos. Eso tuvo serias repercusiones; más de 60.000 fusilamientos, cientos de miles de presos políticos, destierros, confiscaciones, etc... Pero de los crímenes cometidos por los franquistas y sus paramiliateres nunca se ha exigido una responsabilidad. Nuestra labor no resucita el pasado porque el pasado nunca muere. Hoy hay en este país miles de personas en fosas comunes y las habrá mañana; por eso estamos hablando de pasado, de presente y de futuro.
Santiago
11. 19/11/2008 - 10:37h.
Sr. Silva: ¿interrumpe esta decisión de Garzón la apertura de fosas que se están llevando a cabo en la actualidad? ¿Qué esperanza nos quedan a los que deseamos que se continúe con este proceso después del auto de Garzón?
Las exhumacioens se van a seguir haciendo. La continuidad ahora está en manos de los juzgados locales y en ese sentido ahora hay muchos más jueces trabajando por el tema. Tenemos que esperar a ver cómo reaccionan y si apoyan a las familias.
Raquel
12. 19/11/2008 - 10:39h.
La decisión de la Audiencia Nacional ¿da herramientas legales para que un ciudadano pueda recurrir un exhumación e impedir que los deudos recuperen los restos de los fusilados?
La decisión de la Audiencia deja muchas puertas abiertas y nada va a impedir que los familiares recuperen los restos de sus seres queridos.
Ana
13. 19/11/2008 - 10:45h.
Me resulta dificil de entender la falta de solidaridad y de comprensión que está mostrando el Gobierno del PSOE con las víctimas del franquismo ¿tiene usted una explicación a esta actitud del Gobierno?
Tampoco lo entiendo. Realmente nosotros con mucha gente que nos ayuda hemos conseguido exhumar e identificar a cerca de 1.600 personas y somos una asociación que no tiene ni un local, pero que cuenta con mucho capital humano. No es comprensible que el Gobierno esté cayendo en esta negación de auxilio a las familias y que en una ley de la memoria diga que va a facilitar las cosas, que no es responsabilizarse del problema, sino ayudar a las familias de los afectados para que se autorreparen. ¿Es comprensible en una sociedad democrática que las víctimas de un grave delito tengan que resolverlo sin el amparo de las instituciones? A veces oyes al Gobierno decir que es que el PP se pone muy arisco con este tema, pero para eso el PSOE es el Gobierno y el PP la oposición. Es triste vivir en una sociedad donde no se reparan esos daños. Y el Gobierno debería tomar cartas en el asunto y no mirar hacia otro lado mientras miles de familias andan desesperadas de un sitio a otro buscando ayuda para algo tan básico como es poder dar una sepultura digna a un ser querido. Un país que hasta tal punto ha renegado de su pasado que hoy, 19 de noviembre de 2008, se cumplen 75 años de las primeras elecciones generales en las que pudieron votar las mujeres y ninguna institución del Estado lo conmemora.
Pinche
14. 19/11/2008 - 10:55h.
El fiscal de la Audiencia Nacional que se ha opuesto a las actuaciones del juez Garzón depende del Fiscal General de Estado. Y este, a su vez, depende del Gobierno Central. ¿Cree usted que la razón por la que el fiscal Zaragoza ha actuado como lo ha hecho se debe a la obediencia debida a instancias superiores? Más claramente, ¿Cree usted que la Vicepresidenta del Gobierno han estado detrás de lo sucedido?. ¿Cree que al sr. Zaragoza le importa más su carrera qlos familares de los desaparecidos?
Evidentemente por acción o por omisión el Gobierno ha formado parte activa del proceso que se ha abierto en la Audiencia Nacional para juzgar a los críemenes del franquismo. También llama la atención que el fiscal en su auto, cuando tenía que discutir si Garzón era o no era competente, se dedicara a hablar de la ley de memoria histórica y a promocionar de la ley cosas que no están en ella, como el hecho de que los familiares ya tenían en la ley resuelto el problema. El fiscal Javier Zaragoza fue nombrado para el cargo en el año 2006 por el Consejo de Ministros, por lo tanto es un cargo de decisión política y jerárquicamente depende del Fiscal General del Estado que no ha dicho nada en este asunto y que podía haber intervenido en favor de las víctimas. ¿Es comprensible que un fiscal trabaje para evitar que se investigue a los culpables de delitos tan graves? En cuanto a quien ha podido intervenir del Gobierno es evidente que el afectado directamente es el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que precisamente en su pueblo de origen tiene enterrada en una fosa a casi toda la corporación municipal republicana. Y es difícil decir que la Vicepresidente haya podido intervenir, sabiendo que ha hecho carrera judicial.
Luis Gómez-Centurión
15. 19/11/2008 - 11:01h.
¿No cree que la derecha pretende que pasen una o dos generaciones más para que no haya victimas directas y puedan luego hacer su propia ley de memoria?
La derecha ha tenido una actitud muy lamentable en este asunto. Mariano Rajoy, hace unas semanas, se mostró contento de que se detuvieran las exhumaciones; un hombre que pretende ser presidente de todos los españoles y se alegra de que haya ciudadanos enterrados en fosas comunes. También han dicho en numerosas ocasiones que la memoria histórica no le interesa a nadie, llamando nadie a miles de familias afectadas por la represión franquista. Era como la frase de Franco que decía que en España o se es católico o no se es nada. Por cierto, que es la jerarquía de la iglesia católica la que está haciendo el trabajo de la derecha, anunciando canonizaciones cada vez que hay un momento álgido en este tema, con lo fácil que sería que perdonaran por lo que padecieron y pidieran perdón por todas las atrocidades que cometieron. Acaba de estrenarse una película, La buena nueva, que refleja muy bien cuál el papel de la iglesia en la guerra y durante la dictadura.
orris-pat
16. 19/11/2008 - 11:04h.
Emilio, ¿no crees que parte del trabajo de reparación de la memoria histórica debería ir encaminado a conseguir la condena de los cómplices de la dictadura que aún están vivos? saludos
En este país hubo miles de cómplices. Miles de personas que ayudaron o colaboraron con la dictadura: chivatos, delatores, ejecutores, torturadores, etc... La dictadura franquista es el gran agujero negro que queda por investigar.
Jurista
17. 19/11/2008 - 11:09h.
¿Cree abiertamente que la decisión inhibitoria de la Audiencia Nacional iba a ser tomada por motivos políticos y no por motivos de técnica jurídica? La actuación de Jueces y Tribunales en España se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial y no por la voluntad de uno de ellos.
En esto es evidente que ha estado mezclada la justicia con la política y que los acuerdos tomados en la transición se han activado para tensar la ley de amnistía que construyó impunidad para los franquistas y abandono institucional para las víctimas de la dictadura.
Mensaje de despedida
Hoy es 19 de noviembre de 2008. Hace 75 años, otro 19 de noviembre, se celebraron en nuestro país las primeras elecciones formalmente democráticas, porque por primera vez las mujeres con sufragio universal pudieron participar en la elección de su Goberno. Se trata de un hecho que ninguna institución conmemora hoy y es tristemente representativo el olvido de que se ha construido en este país con respecto al pasado de la II República, porque la ignorancia de ese pasado ha sido una política de Estado desde la muerte de Franco. Los hombres y las mujeres que construyeron esa primera democracia nos sacaron de la oscuridad de la historia y pusieron a caminar un proyecto que alumbró esa primera democracia. Muchos de ellos, de esas madres y esos padres de nuestra primera democracia, están hoy enterrados en fosas comunes sin nombre, en caminos y cunetas. Los asesinaron por salir de la oscuridad, por haber construido una democracia que terminaba con siglos de historia de un país donde los que no eran privilegiados eran insignificantes. Treinta años después de terminada la dictadura esos hombres y esas mujeres siguen condenados a la insignificancia política. Nosotros, sus nietos, sus otras semillas, estamos trabajando para construir una democracia que les haga justicia. Su memoria es una herramienta para mejorar nuestra sociedad. Esta sociedad tiene una deuda con ellos y debe saldarse porque la democracia y la justicia deben ir de la mano. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado, que por suerte han sido muchas; a todas las que apoyan este movimiento social y entienden que las violaciones de derechos humanos de la dictadura no pueden quedar impunes. Y a todos aquellos que trabajan por mejorar la democracia, para que dentro de ella no haya nadie insignificante. Cualquier otra pregunta podéis hacérnosla a través de la página web de la asociación. www.memoriahistorica.org Muchas gracias a todos.
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AREMEHISA: COMUNICADO DE PRENSA
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AREMEHISA: COMUNICADO DE PRENSA
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba) quiere hacer llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública, su valoración del auto del día de ayer, en el que el juez Baltasar Garzón, se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales.
AREMEHISA, manifiesta que esta inhibición vuelve a ser acto de hipocresía jurídica la cual no mantiene titubeo alguno en aplicar el derecho fuera de nuestro país y sí para hacerlo dentro. La Audiencia Nacional investiga crímenes cometidos en el Sahara Occidental, , pero aún no esta preparada para juzgar y conocer los crímenes cometidos por el franquismo.
Este nuevo auto inhibidor vuelve a representar mas desilusión y añade más dolor si cabe a las miles de personas que han dedicado su vida a recuperar la dignidad de sus familiares “desaparecidos”, de sus seres queridos.
En modo alguno restituye la justicia buscada durante más de 72 años, pues solo vuelve a poner de manifiesta la impunidad que la transición impuso en este país.
A pesar de todo nuestras familias seguirán buscando a sus “desaparecidos” de cualquier forma, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Seguirán buscando la verdad, la justicia y la reparación a pesar de que el Estado siga sin cumplir con su obligación para con las victimas de las desapariciones forzadas del franquismo.
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AREMEHISA: COMUNICADO DE PRENSA
AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera) (Córdoba) quiere hacer llegar a los medios de comunicación y a la opinión pública, su valoración del auto del día de ayer, en el que el juez Baltasar Garzón, se inhibe en la causa que investiga el franquismo en favor de los juzgados territoriales.
AREMEHISA, manifiesta que esta inhibición vuelve a ser acto de hipocresía jurídica la cual no mantiene titubeo alguno en aplicar el derecho fuera de nuestro país y sí para hacerlo dentro. La Audiencia Nacional investiga crímenes cometidos en el Sahara Occidental, , pero aún no esta preparada para juzgar y conocer los crímenes cometidos por el franquismo.
Este nuevo auto inhibidor vuelve a representar mas desilusión y añade más dolor si cabe a las miles de personas que han dedicado su vida a recuperar la dignidad de sus familiares “desaparecidos”, de sus seres queridos.
En modo alguno restituye la justicia buscada durante más de 72 años, pues solo vuelve a poner de manifiesta la impunidad que la transición impuso en este país.
A pesar de todo nuestras familias seguirán buscando a sus “desaparecidos” de cualquier forma, tal y como lo han venido haciendo hasta ahora. Seguirán buscando la verdad, la justicia y la reparación a pesar de que el Estado siga sin cumplir con su obligación para con las victimas de las desapariciones forzadas del franquismo.
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De “movimiento correcto” e “inteligente”califica el portavoz de la Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo, la decisión del juez Baltasar Garzón de remitir la causa abierta para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes.
“Creo que Garzón se mueve correctamente, inteligentemente, y lo que evita es que la Sala de lo Penal lo declare incompetente”, asegura Rodríguez Gallardo, quien añade que el magistrado “se mueve dentro de los límites que le permite la legislación actual, que es complicada, y evita así la muerte más que probable de la causa desde la Sala de lo Penal”.
“Cierra una vía pero abre otras”, argumenta el portavoz de la Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas,“porque se abre un plazo más amplio porque tienen que pronunciarse los juzgados y se abren nuevas vías como la de los niños secuestrados durante el franquismo, un tema en el que hay mucha jurisprudencia”.
profesor Lourenzo Fernández, autor del estudio “As vítimas, os nomes,as voces,os lugares”, resume en la frase“mucho ruido y pocas nueces” la decisión de Garzón.Para Fernández, se vuelve a situar el asunto en el comienzo: “La única cuestión a la que hay que seguir respondiendo aquí es que aparecen cadáveres en fosas desde el año 200 y ninguna instancia judicial se llama en el asunto”.
A su juicio, esto es resultado de una sociedad que afronta la “paradoja”de la “mala conciencia” y el “pasado oculto”.“Cuanto menos oculto es el pasado, mayor es la mala conciencia”, concluye.
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y delegado para la zona Norte, Santiago Macías, cree que la “lectura” es que la conclusión de Garzón, de que, pese a que la responsabilidad está extinguida,se los sigue culpando de crímenes contra la humanidad,lo que define como un “auto para la historia”.
Macías espera que ahora el Gobierno no deje a los familiares “desamparados”,“dando tumbos por todas las instituciones” porque “hay una ley que desarrollar”.
Por otra parte, el presidente de la misma asociación, Emilio Silva, manifestó ayer su“sorpresa” por la decisión del magistrado y explicó que están estudiando la posibilidad de recurrir el auto,en el que además se declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos por fallecimiento.“ Es sorprendente que no se haya seguido adelante por alguna razón, entre las que no hay que descartar las presiones políticas”,subrayó.El dirigente de dirigente de CGT.
A y coordinador de la página web ‘todoslosnombres.org’, Cecilio Gordillo, expresó la “decepción” de las asociaciones y reconoció que había puesto su confianza en que “por primera vez interviniese un poder del Estado”.
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Editoriales y artículos sobre la inhibición de Garzón.
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Auto de Garzón: Resumen Íntegro
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Garzón contra el atado y el bien atado,
Ignacio Escolar
Han hecho falta 33 años desde la muerte del tirano para que un juez se atreviese a acusar a su régimen en papel timbrado de crímenes contra la humanidad. Ha bastado apenas un mes para descarrilar el intento. Baltasar Garzón ha preferido dinamitar el caso días antes de que el fiscal Zaragoza y la Sala de lo Penal lo enterrasen para siempre. Es una voladura controlada.Garzón evita así no sólo pasar el mal trago de convertirse en el primer juez de la Audiencia Nacional al que la Fiscalía arrebata un caso para darle carpetazo, sino también que ese cierre bloquee posteriores intentos de sentar el franquismo ante un tribunal. Antes de que la Fiscalía atrape el balón para sacarlo del campo, Garzón lo parte en veinticuatro trozos y se lo pasa a los tribunales provinciales.
¿Servirá para algo su jugada? Está por ver. Las denuncias vuelven a las mismas manos que antes las rechazaron, los mismos tribunales ordinarios contra los que se han estrellado tantas veces las asociaciones que reivindican la memoria. Tal vez ahora, tras el debate creado, alguno de estos jueces preste oídos a la justicia histórica y ayude a unas víctimas que no olvidan que aquí, en la España orgullosa que se sienta en el G-20, hubo no hace tanto un genocidio que aún sigue impune: 130.000 muertos, miles de niños robados, un millón de exiliados. Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera._
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"Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa",
GONZALO BOYE TUSET, abogado -
18/11/2008 23:01
Los 152 folios con los que Garzón rellenó su auto no hacen más que acrecentar la frustración de las víctimas del franquismo; las consecuencias jurídicas son varias: la de ponerse el parche antes de la herida, evitando el varapalo jurídico que le iba a dar la Sala de lo Penal el jueves y, también, intentar condicionar el trabajo que realizarán los jueces competentes para investigar estos hechos.
Garzón dedica un quinto de su resolución a defender su actuación y a atacar al fiscal, con algunos de cuyos planteamientos tampoco concordamos en su día; una resolución judicial no debe ser campo para las discusiones personales ni para las descalificaciones entre juristas.En el ataque a la Fiscalía, Garzón se desorientó alejándose de la investigación inicial para, ex novo, adentrarse en el problema de los “niños perdidos del franquismo” cometiendo errores jurídicos de bulto; una resolución judicial es tal cuando se ajusta a derecho y no se aparta de lo que son las funciones jurisdiccionales contrarias a las arengas políticas como las contenidas en la página 75 del auto.
Lo que se ha visto desde fuera en este procedimiento es una mera actuación estratégica que sólo generará más desconfianza hacia la función jurisdiccional, erosionando la figura de los jueces instructores y ratificando en su razón a quienes sostienen que la instrucción ha de encomendarse a Fiscalía, como se hace en muchos países de nuestro entorno.
Un juez de instrucción no puede ni deber tener estrategia, ha de limitarse a investigar unos hechos con apariencia de delito y tratar de determinar al o a los responsables de los mismos; en este caso, ha pasado de todo menos eso.
En cualquier caso, lo relevante es que esta resolución carece de un rigor jurídico suficiente como para alcanzar los fines que las víctimas esperaban, viéndose sus expectativas nuevamente frustradas y, sobre todo, postergadas, vaya uno a saber por cuánto tiempo. En mi tierra (Chile) a esto se le llama: “Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa”.
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Punto, pero no final
El País
Garzón se inhibe de la causa sobre los crímenes franquistas; pero decenas de fosas siguen sin tocarse19/11/2008La decisión del juez Garzón de inhibirse en la causa abierta por la represión durante la Guerra Civil y el franquismo no ha sido una sorpresa del todo. Tampoco es resultado de la actuación de la fiscalía, que ha cumplido con su deber: velar, como mejor considere en cada momento, por el rigor de las actuaciones judiciales. La inhibición del magistrado en este punto deriva, simplemente, de la lógica procesal del sumario.Garzón reclamó la competencia de su juzgado para perseguir penalmente a Franco y otros 44 cabecillas de la rebelión militar contra la República, acusados del delito de atentar contra la forma de Gobierno.
Al obtener la prueba documental de su fallecimiento, según exigía en el auto de apertura de la causa, el magistrado no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho y con lo que muchos contaban de antemano: declarar extinguida la responsabilidad penal de los golpistas.Esto no significa que la totalidad del procedimiento quede paralizado. Garzón dio traslado de la causa a los juzgados de los lugares donde existen fosas comunes para que, en su caso, persigan a quienes hubieran sido ejecutores materiales del plan de exterminio contra las personas que se mantuvieron fieles a la República. Ahora deberán ser esos tribunales quienes decidan sobre su competencia.
Garzón ha tomado la decisión de inhibirse antes de que la Sala de lo Penal se reuniese para resolver el recurso planteado por el fiscal, en el que se cuestionaba su competencia. Hasta hoy, la sala estaba a la espera del escrito de respuesta de Garzón a los argumentos del fiscal, preceptivo para resolver el recurso. El juez ha publicado el auto inhibiéndose de la causa; el escrito de respuesta, retrasado por razones extraprocesales, todavía no había sido enviado a la sala. La decisión adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional no representa el fracaso de algunos de los principales objetivos que perseguía, como lamentaron ayer algunas asociaciones de la Memoria Histórica. Del hecho de que se declare extinguida la responsabilidad penal de los cabecillas de la rebelión no se deriva más que lo obvio: los posibles culpables están muertos; y no cabe imputarles o abrirles juicio.
Queda por resolver, no obstante, el problema de las fosas comunes. En su auto, Garzón indica que el Estado debería hacerse cargo de la localización de los enterramientos y de la identificación de los cadáveres, tanto si se sigue la vía penal como si las exhumaciones se llevan a cabo en razón de normas administrativas. Ésa era desde el principio, con o sin intervención del juez Garzón, la solución que se debería haber adoptado. No existía ni existe ninguna razón para que un Estado de derecho acepte convivir con decenas de enterramientos clandestinos. Un comisionado especial para este asunto, encargado de agilizar la ley correspondiente, quizá hubiese evitado el embrollo. Y quizá pueda todavía evitar otros.
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Garzón se equivocó
La Vanguardia
José Antich - DIRECTOR - 19/11/2008
CON la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse de la causa abierta por él mismo, con la que pretendía investigar los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, se cierra, al menos provisionalmente, un capítulo judicial que nunca debió abrirse de la manera que se hizo. No se trata aquí de valorar los méritos de un juez con prestigio más que reconocido y que ha hecho grandes servicios a la democracia desde su puesto en la Audiencia Nacional, tanto en la implacable lucha contra la banda terrorista ETA como en la persecución de un terrorismo mucho más complejo y judicialmente aún con muy pocos medios para su erradicación como es el de raíz islamista. O, mucho más atrás, su incansable batalla en la persecución del narcotráfico internacional. En todas estas parcelas de la vida judicial, Garzón ha tenido un comportamiento ejemplar. Pero en el caso de los desaparecidos de la Guerra Civil erró, como ha venido sosteniendo también la Fiscalía, y planteó un absurdo debate. Un debate que no debía haberse abierto y que en muchos momentos ha tenido incluso un cierto tinte de juicio a la transición española y al pacto de conciliación nacional que inauguró el nuevo tiempo político de las primeras elecciones de junio de 1977. Las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se merecen un reconocimiento permanente y hay que honrarlas como se merecen. Pero el pasado reciente no puede ser campo de batalla de una nueva judicialización de la vida política española, ni puede servir de excusa para abrir un debate que no lleva a ningún sitio. De este error cabe extraer consecuencias para que no se vuelva a producir.
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La inhibición de Garzón, un nuevo golpe de ..... timón.
Cecilio Gordillo
Una vez más, los poderes del Estado, se distancian de la sociedad civil en lo que se refiere a todo lo relacionado con el franquismo.
Cecilio Gordillo - CGT Andalucia.
Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado?.
Las aguas vuelven a su cauce
Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito...), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.
Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.
No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano: ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.
Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba
Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados "ocultados oficialmente" por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria "hacerse la foto" ante la sociedad civil.
Sevilla 18 Noviembre 2008
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La lucha contra la impunidad de la dictadura en España
Son crímenes contra la humanidad
Un Estado comprometido con el derecho internacional no puede tener un rasero distinto para uno mismo y para los demás
• Decir que los asesinatos del franquismo son delitos ordinarios responde a la voluntad de no investigarlos
MARTÍN TOGNOLA
ESTEBAN Beltrán*
Cuando se acaban de cumplir 10 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres por una orden del juez Garzón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española olvida el derecho internacional, y, como sociedad, corremos el riesgo de convertirnos en una de las pocas excepciones mundiales a la hora de investigar los crímenes contra la humanidad del pasado.
¿Cómo es esto posible?
El reciente recurso interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el auto de 17 de octubre dictado por el mismo juez pasará sin duda al lado oscuro de la historia judicial, como lo hicieron en su momento los recursos presentados contra la extradición de Pinochet a España. Todo este asunto ha levantado una extraordinaria polvareda, que, lejos de aclarar a la ciudadanía la verdadera naturaleza de la cuestión, ha vertido sobre ella un torrente de mitos y distorsiones. En nuestra opinión, la lectura del citado recurso permite comprobar cómo, por parte de quien debería defender los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, se contribuye a desorientar a la opinión pública sobre el contenido del proceso y se ignoran las obligaciones internacionales que vinculan tanto a la Administración de justicia como al Gobierno.
NO SEENTIENDE que los tribunales españoles --que en ejercicio de la jurisdicción universal han afirmado la universalidad de los derechos de las víctimas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda, Austria y Alemania, y han rechazado mecanismos de impunidad como las leyes de amnistía argentina y chilena-- se encuentren ahora bloqueados, como durante el caso Pinochet, por recursos que desafían las normas del derecho internacional. No hay nada mejor para reflejar esta contradicción que afirmar que entre los más de 25 países analizados por Amnistía Internacional, España es uno de los pocos
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Carlos Carnicero
El Zumbido
Garzón se da por enterado de la muerte de Franco
El juez se ha adelantado al varapalo que le iba a proferir la sala de la Audiencia.
Una vez recibidos los certificados de defunción del dictador Francisco Franco y de la pléyade de golpistas que le acompañaron en su responsabilidad en el golpe militar del 18 de julio, en la guerra civil posterior y en la dictadura, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón se ha inhibido de la causa general contra el franquismo que pretendía monopolizar a favor de los tribunales ordinarios de cada uno de los lugares en donde hay fosas de ejecutados por el franquismo.
El juez se ha adelantado al varapalo que le iba a proferir la sala de la Audiencia por iniciar un proceso penal para el que no sólo no era competente sino en el que además trataba de obviar la legislación vigente, la concesión de la Amnistía de 1.977 y la legislación penal internacional que carece de retroactividad para aplicar los criterios penales tal y como pretendía el juez. Se ha retirado antes de recibir un castigo judicial en forma de resolución que le hubiera obligado, si tuviera dignidad, a abandonar la carrera judicial.
La firme actitud del ministerio fiscal no le ha impedido llevar a cabo una auténtica carrera contra reloj, gastando sin miramiento dinero público, para tratar de que sus acciones fueran irreparables cuando los recursos hubieran sido resuelto, en un actitud que tiene el marcado carácter prevaricador de quien sabe que está tomando resoluciones judiciales que son injustas y para las que no tenía competencias.
En un país razonable, su burla del estado de derecho le habría desacreditado para siempre. Aquí siempre tendrá palmeros y agradecidos de favores antiguos que le sigan haciendo el juego. Ocurrió lo que tenía que ocurrir y en el camino han quedado doloridos muchos familiares de desaparecidos en la guerra civil a los que Garzón no ha hecho otra cosa que utilizar para sus intereses personales y después, generadas expectativas imposibles, los deja en el punto donde se encontraban antes pero desconcertados con una acción judicial imposible.
El Gobierno también ha quedado en evidencia con la actitud irresponsable del juez que pretendía sustituir la Ley de Memoria Histórica con un procedimiento que le presentara ante los ojos del mundo como un ser providencial capaz de la heroicidad de sentar en el banquillo de los acusados al cadáver del general Franco. Si la Ley de la Memoria Histórica no sirve para los objetivos que fue promulgada, hará bien el Gobierno en reflexionar sobre las expectativas que creó y que ha dejado en evidencia un juez sin escrúpulos.
Muchos de quienes han jaleado la actitud del juez tendrán que poner en armonía el respeto a las normas del estado de derecho y el fiasco judicial producido en medio de sus aplausos. Quienes necesitan la existencia de seres extraordinarios, propios de países que no tienen la democracia asentada, para presumir de la realización de la Justicia, debieran explicar si su admiración se compadece con el resultado obtenido. O, en caso contrario, debieran defender la falta de armonía con el derecho de la última resolución de Garzón que hace precisamente lo contrario de lo que sus corifeos le celebraban.
No será esta la última garzonada porque toda su trayectoria es un zig zag en búsqueda de una notoriedad que no puede corresponder a un juez que haga con discreción, eficacia, sosiego y humildad su trabajo. Su trayectoria desde la judicatura a la política y desde la política a la judicatura estaría condenada en cualquier país del mundo en donde la objetividad y el respeto a la ley no tuviera que ver con el oportunismo político que entiende que cuando las acciones de este individúo le favorecen hay que aplaudirlas aunque pisoteen el derecho. En la trayectoria de Garzón hay un largo camino de excentricidades marcadas siempre por una ambición sin freno.
El ejemplo más claro es cuando quiso ser ministro del Gobierno de Felipe González y, al no conseguirlo, sacó de los cajones -en contubernio con Pedro J. Ramírez y José Amedo.- los viejos papeles del GAL para meter en la cárcel al que sí había sido ministro de Interior de la democracia. Con González, por poco, pero no pudo. Nunca he entendido que haya tantas personas que se consideran socialistas que no hayan reflexionado sobre estas actitudes de Garzón. En todas las anteriores ocasiones en las que Garzón ha atropellado el derecho siempre ha habido quien se ha beneficiado de sus actos. En cada época son distintos los que le aplauden.
En esta ocasión su fracaso va a hacer más difícil que los aduladores sigan en el escenario. El juego de pretender que el certificado oficial de antifranquista pasa por aplaudir los disparates de Garzón ha sido demasiado burdo. El problema es que Baltasar Garzón puede pretender desacreditar la transición española, erigiéndose en látigo justiciero del franquismo, por la sencilla razón de que no se le conocieron en su juventud actitudes de rebeldía. Ahora, desde su despacho judicial se ha querido dar un desquite para el que no tenía derecho. Por primera vez, el juez se ha ahogado en sus propias ambiciones. A partir de ahora, los intentos de seguir acumulando gloria, que sin duda los habrá, estarán marcados por el ridículo que ha hecho esperando a que le mandaran el certificado de defunción de Franco para darse por enterado de su muerte.
Carlos Carnicero es periodista y analista político
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Garzón acaba entrando en razón
Diario de Cádiz
EL juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido finalmente inhibirse en la causa que había abierto él mismo para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y los primeros tiempos del régimen franquista dictando un auto de 152 folios en el que declara extinguida la responsabilidad penal de Francisco Franco y de otros cuarenta altos cargos de la dictadura, tras comprobar -como si hiciera falta- el fallecimiento de todos ellos. La Fiscalía General del Estado se había opuesto a la apertura de esta causa general por Garzón y, posteriormente, había planteado al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia una cuestión de competencias. Aunque la Sala no entró aún en el fondo de la cuestión, había adoptado como primera providencia la paralización cautelar de las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el magistrado. Así pues, se ha impuesto la racionalidad, que en este caso venía de parte del ministerio público. Según los criterios del fiscal, ampliamente compartidos en el mundo jurídico, la aplicación a los crímenes del bando franquista de la tipificación de delitos de lesa humanidad o genocidio era inviable por no estar aceptada cuando los hechos se produjeron, los delitos mismos fueron declarados prescritos y, por tanto, no perseguibles, por la Ley de Amnistía de 1977 que abrió paso a la democracia y, en última instancia, si hubiera competencia de algún tribunal sobre ellos, no sería de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados correspondientes a los territorios en que se han detectado las fosas comunes. A esta última consideración se ha acogido ahora Baltasar Garzón al inhibirse en favor de dichos juzgados. Como explicamos en su momento, el legítimo anhelo de muchos españoles de encontrar los restos de sus antepasados víctimas de fusilamientos y proporcionarles una sepultura digna debe ser organizado y facilitado por el Gobierno en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Pretender organizar sobre este derecho una causa general contra el franquismo y, de este modo, hacer una relectura de la historia más trágica de España, con toda su carga de polémica y crispación, era una pésima iniciativa. Garzón ha tenido, al final, que comprenderlo y obrar en consecuencia. Capítulo cerrado.
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Espantada de Garzón
ABC.es
Miércoles, 19-11-08
El juez Garzón realizó ayer su enésima pirueta jurídica en forma de espantada para sacudirse de encima una investigación que nunca debió iniciar. Tras haberse declarado competente en octubre para abrir una causa general al franquismo al rebufo de la Ley de Memoria Histórica, Garzón ha decidido inhibirse en favor de los Juzgados territoriales a los que pueda afectar la decisión de abrir fosas de la Guerra Civil. Una vez más, Garzón ha preferido no esperar a que una instancia superior, en este caso la Sala Penal de la Audiencia, pudiera desautorizarle y declararle incompetente para instruir un sumario de estas características, sin mayor recorrido jurídico que el que ha decidido concederle un «juez estrella» incapaz de resignarse a dejar de serlo.
Garzón insiste en que los delitos -detenciones ilegales y muertes en el contexto de crímenes contra la humanidad- permanecen en el tiempo. Si ello fuera así, la competente para investigarlos sería la misma Audiencia Nacional que ahora renuncia a tal competencia, porque si, por el contrario, se tratara de delitos cuya instrucción corresponde a los Juzgados ordinarios, lo razonable sería considerar que han prescrito.
Una vez que Garzón se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles y trasladar el embolado de su causa general a Juzgados que no sólo pueden dictar resoluciones contradictorias entre sí, sino que ahora verán incrementada de forma artificial su ingente carga de trabajo.
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Quien tenga ganas de penar aún más puede ir a la web de libertad digital o ver las portadas de ABC, Razón y Mundo.
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Auto de Garzón: Resumen Íntegro
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Garzón contra el atado y el bien atado,
Ignacio Escolar
Han hecho falta 33 años desde la muerte del tirano para que un juez se atreviese a acusar a su régimen en papel timbrado de crímenes contra la humanidad. Ha bastado apenas un mes para descarrilar el intento. Baltasar Garzón ha preferido dinamitar el caso días antes de que el fiscal Zaragoza y la Sala de lo Penal lo enterrasen para siempre. Es una voladura controlada.Garzón evita así no sólo pasar el mal trago de convertirse en el primer juez de la Audiencia Nacional al que la Fiscalía arrebata un caso para darle carpetazo, sino también que ese cierre bloquee posteriores intentos de sentar el franquismo ante un tribunal. Antes de que la Fiscalía atrape el balón para sacarlo del campo, Garzón lo parte en veinticuatro trozos y se lo pasa a los tribunales provinciales.
¿Servirá para algo su jugada? Está por ver. Las denuncias vuelven a las mismas manos que antes las rechazaron, los mismos tribunales ordinarios contra los que se han estrellado tantas veces las asociaciones que reivindican la memoria. Tal vez ahora, tras el debate creado, alguno de estos jueces preste oídos a la justicia histórica y ayude a unas víctimas que no olvidan que aquí, en la España orgullosa que se sienta en el G-20, hubo no hace tanto un genocidio que aún sigue impune: 130.000 muertos, miles de niños robados, un millón de exiliados. Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera._
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"Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa",
GONZALO BOYE TUSET, abogado -
18/11/2008 23:01
Los 152 folios con los que Garzón rellenó su auto no hacen más que acrecentar la frustración de las víctimas del franquismo; las consecuencias jurídicas son varias: la de ponerse el parche antes de la herida, evitando el varapalo jurídico que le iba a dar la Sala de lo Penal el jueves y, también, intentar condicionar el trabajo que realizarán los jueces competentes para investigar estos hechos.
Garzón dedica un quinto de su resolución a defender su actuación y a atacar al fiscal, con algunos de cuyos planteamientos tampoco concordamos en su día; una resolución judicial no debe ser campo para las discusiones personales ni para las descalificaciones entre juristas.En el ataque a la Fiscalía, Garzón se desorientó alejándose de la investigación inicial para, ex novo, adentrarse en el problema de los “niños perdidos del franquismo” cometiendo errores jurídicos de bulto; una resolución judicial es tal cuando se ajusta a derecho y no se aparta de lo que son las funciones jurisdiccionales contrarias a las arengas políticas como las contenidas en la página 75 del auto.
Lo que se ha visto desde fuera en este procedimiento es una mera actuación estratégica que sólo generará más desconfianza hacia la función jurisdiccional, erosionando la figura de los jueces instructores y ratificando en su razón a quienes sostienen que la instrucción ha de encomendarse a Fiscalía, como se hace en muchos países de nuestro entorno.
Un juez de instrucción no puede ni deber tener estrategia, ha de limitarse a investigar unos hechos con apariencia de delito y tratar de determinar al o a los responsables de los mismos; en este caso, ha pasado de todo menos eso.
En cualquier caso, lo relevante es que esta resolución carece de un rigor jurídico suficiente como para alcanzar los fines que las víctimas esperaban, viéndose sus expectativas nuevamente frustradas y, sobre todo, postergadas, vaya uno a saber por cuánto tiempo. En mi tierra (Chile) a esto se le llama: “Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa”.
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Punto, pero no final
El País
Garzón se inhibe de la causa sobre los crímenes franquistas; pero decenas de fosas siguen sin tocarse19/11/2008La decisión del juez Garzón de inhibirse en la causa abierta por la represión durante la Guerra Civil y el franquismo no ha sido una sorpresa del todo. Tampoco es resultado de la actuación de la fiscalía, que ha cumplido con su deber: velar, como mejor considere en cada momento, por el rigor de las actuaciones judiciales. La inhibición del magistrado en este punto deriva, simplemente, de la lógica procesal del sumario.Garzón reclamó la competencia de su juzgado para perseguir penalmente a Franco y otros 44 cabecillas de la rebelión militar contra la República, acusados del delito de atentar contra la forma de Gobierno.
Al obtener la prueba documental de su fallecimiento, según exigía en el auto de apertura de la causa, el magistrado no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho y con lo que muchos contaban de antemano: declarar extinguida la responsabilidad penal de los golpistas.Esto no significa que la totalidad del procedimiento quede paralizado. Garzón dio traslado de la causa a los juzgados de los lugares donde existen fosas comunes para que, en su caso, persigan a quienes hubieran sido ejecutores materiales del plan de exterminio contra las personas que se mantuvieron fieles a la República. Ahora deberán ser esos tribunales quienes decidan sobre su competencia.
Garzón ha tomado la decisión de inhibirse antes de que la Sala de lo Penal se reuniese para resolver el recurso planteado por el fiscal, en el que se cuestionaba su competencia. Hasta hoy, la sala estaba a la espera del escrito de respuesta de Garzón a los argumentos del fiscal, preceptivo para resolver el recurso. El juez ha publicado el auto inhibiéndose de la causa; el escrito de respuesta, retrasado por razones extraprocesales, todavía no había sido enviado a la sala. La decisión adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional no representa el fracaso de algunos de los principales objetivos que perseguía, como lamentaron ayer algunas asociaciones de la Memoria Histórica. Del hecho de que se declare extinguida la responsabilidad penal de los cabecillas de la rebelión no se deriva más que lo obvio: los posibles culpables están muertos; y no cabe imputarles o abrirles juicio.
Queda por resolver, no obstante, el problema de las fosas comunes. En su auto, Garzón indica que el Estado debería hacerse cargo de la localización de los enterramientos y de la identificación de los cadáveres, tanto si se sigue la vía penal como si las exhumaciones se llevan a cabo en razón de normas administrativas. Ésa era desde el principio, con o sin intervención del juez Garzón, la solución que se debería haber adoptado. No existía ni existe ninguna razón para que un Estado de derecho acepte convivir con decenas de enterramientos clandestinos. Un comisionado especial para este asunto, encargado de agilizar la ley correspondiente, quizá hubiese evitado el embrollo. Y quizá pueda todavía evitar otros.
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Garzón se equivocó
La Vanguardia
José Antich - DIRECTOR - 19/11/2008
CON la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse de la causa abierta por él mismo, con la que pretendía investigar los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista, se cierra, al menos provisionalmente, un capítulo judicial que nunca debió abrirse de la manera que se hizo. No se trata aquí de valorar los méritos de un juez con prestigio más que reconocido y que ha hecho grandes servicios a la democracia desde su puesto en la Audiencia Nacional, tanto en la implacable lucha contra la banda terrorista ETA como en la persecución de un terrorismo mucho más complejo y judicialmente aún con muy pocos medios para su erradicación como es el de raíz islamista. O, mucho más atrás, su incansable batalla en la persecución del narcotráfico internacional. En todas estas parcelas de la vida judicial, Garzón ha tenido un comportamiento ejemplar. Pero en el caso de los desaparecidos de la Guerra Civil erró, como ha venido sosteniendo también la Fiscalía, y planteó un absurdo debate. Un debate que no debía haberse abierto y que en muchos momentos ha tenido incluso un cierto tinte de juicio a la transición española y al pacto de conciliación nacional que inauguró el nuevo tiempo político de las primeras elecciones de junio de 1977. Las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se merecen un reconocimiento permanente y hay que honrarlas como se merecen. Pero el pasado reciente no puede ser campo de batalla de una nueva judicialización de la vida política española, ni puede servir de excusa para abrir un debate que no lleva a ningún sitio. De este error cabe extraer consecuencias para que no se vuelva a producir.
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La inhibición de Garzón, un nuevo golpe de ..... timón.
Cecilio Gordillo
Una vez más, los poderes del Estado, se distancian de la sociedad civil en lo que se refiere a todo lo relacionado con el franquismo.
Cecilio Gordillo - CGT Andalucia.
Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado?.
Las aguas vuelven a su cauce
Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito...), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.
Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.
No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano: ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.
Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba
Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados "ocultados oficialmente" por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria "hacerse la foto" ante la sociedad civil.
Sevilla 18 Noviembre 2008
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La lucha contra la impunidad de la dictadura en España
Son crímenes contra la humanidad
Un Estado comprometido con el derecho internacional no puede tener un rasero distinto para uno mismo y para los demás
• Decir que los asesinatos del franquismo son delitos ordinarios responde a la voluntad de no investigarlos
MARTÍN TOGNOLA
ESTEBAN Beltrán*
Cuando se acaban de cumplir 10 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres por una orden del juez Garzón, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española olvida el derecho internacional, y, como sociedad, corremos el riesgo de convertirnos en una de las pocas excepciones mundiales a la hora de investigar los crímenes contra la humanidad del pasado.
¿Cómo es esto posible?
El reciente recurso interpuesto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el auto de 17 de octubre dictado por el mismo juez pasará sin duda al lado oscuro de la historia judicial, como lo hicieron en su momento los recursos presentados contra la extradición de Pinochet a España. Todo este asunto ha levantado una extraordinaria polvareda, que, lejos de aclarar a la ciudadanía la verdadera naturaleza de la cuestión, ha vertido sobre ella un torrente de mitos y distorsiones. En nuestra opinión, la lectura del citado recurso permite comprobar cómo, por parte de quien debería defender los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación, se contribuye a desorientar a la opinión pública sobre el contenido del proceso y se ignoran las obligaciones internacionales que vinculan tanto a la Administración de justicia como al Gobierno.
NO SEENTIENDE que los tribunales españoles --que en ejercicio de la jurisdicción universal han afirmado la universalidad de los derechos de las víctimas en Chile, Argentina, Guatemala, China, Ruanda, Austria y Alemania, y han rechazado mecanismos de impunidad como las leyes de amnistía argentina y chilena-- se encuentren ahora bloqueados, como durante el caso Pinochet, por recursos que desafían las normas del derecho internacional. No hay nada mejor para reflejar esta contradicción que afirmar que entre los más de 25 países analizados por Amnistía Internacional, España es uno de los pocos
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Carlos Carnicero
El Zumbido
Garzón se da por enterado de la muerte de Franco
El juez se ha adelantado al varapalo que le iba a proferir la sala de la Audiencia.
Una vez recibidos los certificados de defunción del dictador Francisco Franco y de la pléyade de golpistas que le acompañaron en su responsabilidad en el golpe militar del 18 de julio, en la guerra civil posterior y en la dictadura, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón se ha inhibido de la causa general contra el franquismo que pretendía monopolizar a favor de los tribunales ordinarios de cada uno de los lugares en donde hay fosas de ejecutados por el franquismo.
El juez se ha adelantado al varapalo que le iba a proferir la sala de la Audiencia por iniciar un proceso penal para el que no sólo no era competente sino en el que además trataba de obviar la legislación vigente, la concesión de la Amnistía de 1.977 y la legislación penal internacional que carece de retroactividad para aplicar los criterios penales tal y como pretendía el juez. Se ha retirado antes de recibir un castigo judicial en forma de resolución que le hubiera obligado, si tuviera dignidad, a abandonar la carrera judicial.
La firme actitud del ministerio fiscal no le ha impedido llevar a cabo una auténtica carrera contra reloj, gastando sin miramiento dinero público, para tratar de que sus acciones fueran irreparables cuando los recursos hubieran sido resuelto, en un actitud que tiene el marcado carácter prevaricador de quien sabe que está tomando resoluciones judiciales que son injustas y para las que no tenía competencias.
En un país razonable, su burla del estado de derecho le habría desacreditado para siempre. Aquí siempre tendrá palmeros y agradecidos de favores antiguos que le sigan haciendo el juego. Ocurrió lo que tenía que ocurrir y en el camino han quedado doloridos muchos familiares de desaparecidos en la guerra civil a los que Garzón no ha hecho otra cosa que utilizar para sus intereses personales y después, generadas expectativas imposibles, los deja en el punto donde se encontraban antes pero desconcertados con una acción judicial imposible.
El Gobierno también ha quedado en evidencia con la actitud irresponsable del juez que pretendía sustituir la Ley de Memoria Histórica con un procedimiento que le presentara ante los ojos del mundo como un ser providencial capaz de la heroicidad de sentar en el banquillo de los acusados al cadáver del general Franco. Si la Ley de la Memoria Histórica no sirve para los objetivos que fue promulgada, hará bien el Gobierno en reflexionar sobre las expectativas que creó y que ha dejado en evidencia un juez sin escrúpulos.
Muchos de quienes han jaleado la actitud del juez tendrán que poner en armonía el respeto a las normas del estado de derecho y el fiasco judicial producido en medio de sus aplausos. Quienes necesitan la existencia de seres extraordinarios, propios de países que no tienen la democracia asentada, para presumir de la realización de la Justicia, debieran explicar si su admiración se compadece con el resultado obtenido. O, en caso contrario, debieran defender la falta de armonía con el derecho de la última resolución de Garzón que hace precisamente lo contrario de lo que sus corifeos le celebraban.
No será esta la última garzonada porque toda su trayectoria es un zig zag en búsqueda de una notoriedad que no puede corresponder a un juez que haga con discreción, eficacia, sosiego y humildad su trabajo. Su trayectoria desde la judicatura a la política y desde la política a la judicatura estaría condenada en cualquier país del mundo en donde la objetividad y el respeto a la ley no tuviera que ver con el oportunismo político que entiende que cuando las acciones de este individúo le favorecen hay que aplaudirlas aunque pisoteen el derecho. En la trayectoria de Garzón hay un largo camino de excentricidades marcadas siempre por una ambición sin freno.
El ejemplo más claro es cuando quiso ser ministro del Gobierno de Felipe González y, al no conseguirlo, sacó de los cajones -en contubernio con Pedro J. Ramírez y José Amedo.- los viejos papeles del GAL para meter en la cárcel al que sí había sido ministro de Interior de la democracia. Con González, por poco, pero no pudo. Nunca he entendido que haya tantas personas que se consideran socialistas que no hayan reflexionado sobre estas actitudes de Garzón. En todas las anteriores ocasiones en las que Garzón ha atropellado el derecho siempre ha habido quien se ha beneficiado de sus actos. En cada época son distintos los que le aplauden.
En esta ocasión su fracaso va a hacer más difícil que los aduladores sigan en el escenario. El juego de pretender que el certificado oficial de antifranquista pasa por aplaudir los disparates de Garzón ha sido demasiado burdo. El problema es que Baltasar Garzón puede pretender desacreditar la transición española, erigiéndose en látigo justiciero del franquismo, por la sencilla razón de que no se le conocieron en su juventud actitudes de rebeldía. Ahora, desde su despacho judicial se ha querido dar un desquite para el que no tenía derecho. Por primera vez, el juez se ha ahogado en sus propias ambiciones. A partir de ahora, los intentos de seguir acumulando gloria, que sin duda los habrá, estarán marcados por el ridículo que ha hecho esperando a que le mandaran el certificado de defunción de Franco para darse por enterado de su muerte.
Carlos Carnicero es periodista y analista político
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Garzón acaba entrando en razón
Diario de Cádiz
EL juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decidido finalmente inhibirse en la causa que había abierto él mismo para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y los primeros tiempos del régimen franquista dictando un auto de 152 folios en el que declara extinguida la responsabilidad penal de Francisco Franco y de otros cuarenta altos cargos de la dictadura, tras comprobar -como si hiciera falta- el fallecimiento de todos ellos. La Fiscalía General del Estado se había opuesto a la apertura de esta causa general por Garzón y, posteriormente, había planteado al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia una cuestión de competencias. Aunque la Sala no entró aún en el fondo de la cuestión, había adoptado como primera providencia la paralización cautelar de las exhumaciones de fosas comunes ordenadas por el magistrado. Así pues, se ha impuesto la racionalidad, que en este caso venía de parte del ministerio público. Según los criterios del fiscal, ampliamente compartidos en el mundo jurídico, la aplicación a los crímenes del bando franquista de la tipificación de delitos de lesa humanidad o genocidio era inviable por no estar aceptada cuando los hechos se produjeron, los delitos mismos fueron declarados prescritos y, por tanto, no perseguibles, por la Ley de Amnistía de 1977 que abrió paso a la democracia y, en última instancia, si hubiera competencia de algún tribunal sobre ellos, no sería de la Audiencia Nacional, sino de los juzgados correspondientes a los territorios en que se han detectado las fosas comunes. A esta última consideración se ha acogido ahora Baltasar Garzón al inhibirse en favor de dichos juzgados. Como explicamos en su momento, el legítimo anhelo de muchos españoles de encontrar los restos de sus antepasados víctimas de fusilamientos y proporcionarles una sepultura digna debe ser organizado y facilitado por el Gobierno en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Pretender organizar sobre este derecho una causa general contra el franquismo y, de este modo, hacer una relectura de la historia más trágica de España, con toda su carga de polémica y crispación, era una pésima iniciativa. Garzón ha tenido, al final, que comprenderlo y obrar en consecuencia. Capítulo cerrado.
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Espantada de Garzón
ABC.es
Miércoles, 19-11-08
El juez Garzón realizó ayer su enésima pirueta jurídica en forma de espantada para sacudirse de encima una investigación que nunca debió iniciar. Tras haberse declarado competente en octubre para abrir una causa general al franquismo al rebufo de la Ley de Memoria Histórica, Garzón ha decidido inhibirse en favor de los Juzgados territoriales a los que pueda afectar la decisión de abrir fosas de la Guerra Civil. Una vez más, Garzón ha preferido no esperar a que una instancia superior, en este caso la Sala Penal de la Audiencia, pudiera desautorizarle y declararle incompetente para instruir un sumario de estas características, sin mayor recorrido jurídico que el que ha decidido concederle un «juez estrella» incapaz de resignarse a dejar de serlo.
Garzón insiste en que los delitos -detenciones ilegales y muertes en el contexto de crímenes contra la humanidad- permanecen en el tiempo. Si ello fuera así, la competente para investigarlos sería la misma Audiencia Nacional que ahora renuncia a tal competencia, porque si, por el contrario, se tratara de delitos cuya instrucción corresponde a los Juzgados ordinarios, lo razonable sería considerar que han prescrito.
Una vez que Garzón se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles y trasladar el embolado de su causa general a Juzgados que no sólo pueden dictar resoluciones contradictorias entre sí, sino que ahora verán incrementada de forma artificial su ingente carga de trabajo.
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Quien tenga ganas de penar aún más puede ir a la web de libertad digital o ver las portadas de ABC, Razón y Mundo.
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Ante la inhibición: movilización. Aremehisa.
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Ante la inhibición: movilización
LA MEJOR RESPUESTA, TAMBIÉN A GARZÓN, LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.
El pasado día 26 de Octubre nos concentramos en la Plaza de la Gavidia (Sevilla) como muestra de repulsa a la actitud negligente y dilatoria de la Junta de Andalucía con respecto a la Recuperación de la Memoria Histórica en general y de las “exhumaciones” de las fosas comunes en particular.
Quedamos en repetir, todos los últimos sábados de cada mes, esta actividad hasta que cambiaran de actitud.
Los acontecimientos (inhibición de Garzón) hace recomendable SALIR A LA CALLE ¡¡¡YA!!!, al menos para mostrar nuestra repulsa y reafirmarnos públicamente en nuestras reivindicaciones.Sábado 22 de Noviembre a las 12 de la mañana.Plaza de la Gavidia (Sevilla).
¡¡¡¡¡ P A S A L O !!!!!!
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Ante la inhibición: movilización
LA MEJOR RESPUESTA, TAMBIÉN A GARZÓN, LA MOVILIZACIÓN SOCIAL.
El pasado día 26 de Octubre nos concentramos en la Plaza de la Gavidia (Sevilla) como muestra de repulsa a la actitud negligente y dilatoria de la Junta de Andalucía con respecto a la Recuperación de la Memoria Histórica en general y de las “exhumaciones” de las fosas comunes en particular.
Quedamos en repetir, todos los últimos sábados de cada mes, esta actividad hasta que cambiaran de actitud.
Los acontecimientos (inhibición de Garzón) hace recomendable SALIR A LA CALLE ¡¡¡YA!!!, al menos para mostrar nuestra repulsa y reafirmarnos públicamente en nuestras reivindicaciones.Sábado 22 de Noviembre a las 12 de la mañana.Plaza de la Gavidia (Sevilla).
¡¡¡¡¡ P A S A L O !!!!!!
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“Tenía claro que nos iba a dejar solos e intentó por lo menos dejarlo todo atado y bien atado”
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“Tenía claro que nos iba a dejar solos e intentó por lo menos dejarlo todo atado y bien atado”
Festival franquista de Intereconomía TV en vísperas del 20-N
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“Tenía claro que nos iba a dejar solos e intentó por lo menos dejarlo todo atado y bien atado”
Festival franquista de Intereconomía TV en vísperas del 20-N
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"Estos dos meses no han sido tiempo perdido"
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"Estos dos meses no han sido tiempo perdido"
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No tira la toalla y evalúa con cautela el proceso iniciado por el juez Garzón.
MIGUEL ÁNGEL MARFULL - MADRID - 18/11/2008 23:00
En marzo de 2000, Emilio Silva localizó en un pueblo de León la fosa común en la que fue enterrado su abuelo, asesinado en 1936 por un grupo de falangistas. Su memoria y sus restos fueron recuperados. Gestos como aquel se han convertido, ocho años después, “en un deber con la sociedad”, según califica Silva al proceso de la memoria histórica.
¿Qué opina del auto de ayer del juez Garzón?
Supone una cierta desilusión. Sabíamos que cuando llegara a la Sala [de la Audiencia Nacional], y más después de la votación del pasado 7 de octubre, lo tumbarían ahí, aunque el equipo de expertos podría seguir trabajando. No me ha sorprendido el contenido, pero sí la inhibición del juez, que el auto no haya llegado hasta la Sala de la Audiencia.
¿Cree que Garzón ha sucumbido ante la presión?
Le ha llovido mucho, de todas partes y de todos los colores. Se han hecho realidad algunas frases, como la del presidente del Gobierno, cuando dijo que a Franco ya lo había juzgado la Historia.
¿Esto es un punto final?
No. Es el reflejo de la situación de este país, que en la Transición dio impunidad a los franquistas y no se responsabilizó de las víctimas. Pero el auto de ayer abre la puerta a otras investigaciones, como la de los niños que fueron secuestrados a las presas republicanas.
¿No va a haber más desenterramientos?
Nosotros empezamos una exhumación mañana jueves. No vamos a parar. Lo mas urgente son las familias que están buscando desaparecidos y eso no lo vamos a frenar.
¿Qué pasará con el grupo de expertos que convocó el juez Garzón?
Lo ofrece al Ministerio de Justicia. El auto contiene la orientación de que el trabajo de estos meses no se quede ahí; distribuye responsabilidades.
¿Han sido tiempo perdido estos dos meses y medio?
No, en absoluto. Socialmente, ayuda. Había gente muy desi-lusionada... O que no se atrevía a hablar de sus familiares desaparecidos... Esta causa les ha dado confianza. Nosotros hemos recibido 2.500 solicitudes en dos meses por parte de familiares de desaparecidos, es la cuarta parte de lo que habíamos recibido en ocho años.
¿El auto da la razón a los que cuestionaban el procedimiento de Garzón, como defiende el PP?
Las opiniones que he oído al PP sobre este proceso han sido bastante lamentables. En concreto, una de Rajoy diciendo que se alegraba de la detención de las exhumaciones.
Garzón se inhibe en favor de los juzgados provinciales, ¿pueden lavarse las manos?
No lo sé. Dependerá de las indicaciones que les haga el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros ya hemos acudido a esos juzgados y casi nunca nos han hecho caso. El Ministerio de Justicia o el CGPJ deberían indicar a los jueces qué hacer cuando se les denuncie la existencia de una fosa común.
Algunas asociaciones dicen que los juzgados ordinarios “no van a hacer nada”...
Las cosas cambian. Han pasado muchas cosas en ocho años. Este ha sido un paso. Ahora se ha cerrado una puerta, pero lo que ha pasado en estos dos meses ha sido muy importante y tendrá repercusiones. Estoy seguro de que este proceso puede ayudar a que muchos jueces sean conscientes de que hay que abrir diligencias en estos casos.
Es optimista, por tanto...
Siempre soy optimista. Entiendo que esos Juzgados harán caso. Si no, tendremos que reclamar ante el CGPJ para que ponga en su sitio al juez que no quiera hacerlo.
¿Han pensado en acudir a instancias internacionales?El proceso va hacia arriba. No descartamos esa vía. Incluso hay gente dentro de la demanda que opinaba que, cuanto antes se archivara, mejor, porque así podrían sacarlo de España. Esa opción la hemos estudiado desde el principio, aunque tenemos que agotar vías aquí y ver qué pasa.
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"Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa",
GONZALO BOYE TUSET, abogado - 18/11/2008 23:01
Los 152 folios con los que Garzón rellenó su auto no hacen más que acrecentar la frustración de las víctimas del franquismo; las consecuencias jurídicas son varias: la de ponerse el parche antes de la herida, evitando el varapalo jurídico que le iba a dar la Sala de lo Penal el jueves y, también, intentar condicionar el trabajo que realizarán los jueces competentes para investigar estos hechos.
Garzón dedica un quinto de su resolución a defender su actuación y a atacar al fiscal, con algunos de cuyos planteamientos tampoco concordamos en su día; una resolución judicial no debe ser campo para las discusiones personales ni para las descalificaciones entre juristas.
En el ataque a la Fiscalía, Garzón se desorientó alejándose de la investigación inicial para, ex novo, adentrarse en el problema de los “niños perdidos del franquismo” cometiendo errores jurídicos de bulto; una resolución judicial es tal cuando se ajusta a derecho y no se aparta de lo que son las funciones jurisdiccionales contrarias a las arengas políticas como las contenidas en la página 75 del auto.
Lo que se ha visto desde fuera en este procedimiento es una mera actuación estratégica que sólo generará más desconfianza hacia la función jurisdiccional, erosionando la figura de los jueces instructores y ratificando en su razón a quienes sostienen que la instrucción ha de encomendarse a Fiscalía, como se hace en muchos países de nuestro entorno.
Un juez de instrucción no puede ni deber tener estrategia, ha de limitarse a investigar unos hechos con apariencia de delito y tratar de determinar al o a los responsables de los mismos; en este caso, ha pasado de todo menos eso.En cualquier caso, lo relevante es que esta resolución carece de un rigor jurídico suficiente como para alcanzar los fines que las víctimas esperaban, viéndose sus expectativas nuevamente frustradas y, sobre todo, postergadas, vaya uno a saber por cuánto tiempo. En mi tierra (Chile) a esto se le llama: “Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa”.
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Garzón contra el atado y el bien atado,
Ignacio Escolar
Han hecho falta 33 años desde la muerte del tirano para que un juez se atreviese a acusar a su régimen en papel timbrado de crímenes contra la humanidad. Ha bastado apenas un mes para descarrilar el intento. Baltasar Garzón ha preferido dinamitar el caso días antes de que el fiscal Zaragoza y la Sala de lo Penal lo enterrasen para siempre. Es una voladura controlada.
Garzón evita así no sólo pasar el mal trago de convertirse en el primer juez de la Audiencia Nacional al que la Fiscalía arrebata un caso para darle carpetazo, sino también que ese cierre bloquee posteriores intentos de sentar el franquismo ante un tribunal. Antes de que la Fiscalía atrape el balón para sacarlo del campo, Garzón lo parte en veinticuatro trozos y se lo pasa a los tribunales provinciales.
¿Servirá para algo su jugada? Está por ver. Las denuncias vuelven a las mismas manos que antes las rechazaron, los mismos tribunales ordinarios contra los que se han estrellado tantas veces las asociaciones que reivindican la memoria. Tal vez ahora, tras el debate creado, alguno de estos jueces preste oídos a la justicia histórica y ayude a unas víctimas que no olvidan que aquí, en la España orgullosa que se sienta en el G-20, hubo no hace tanto un genocidio que aún sigue impune: 130.000 muertos, miles de niños robados, un millón de exiliados. Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera.
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"Los niños perdidos son víctimas del franquismo"
M. Á. M.
El auto pide que se repare a los hijos de republicanos arrebatados a sus padres.
Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por el régimen "no aptos para asumir su cuidado". El juez Baltasar Garzón reclama en su último auto "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura.
"El régimen franquista invocaba la protección de menores", pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los pecados de su padre y se les repetía que ellos también eran irrecuperables.
Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos", según describe el magistrado en su auto.
Para Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no ha prescrito, ya que muchas víctimas los hijos y algunos padres podrían estar vivas. Por eso, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad robada.
El juez incluye en su escrito algunas cifras, basadas en fuentes históricas, que elevan, por ejemplo, a más de 30.000 el número de hijos de presas republicanas tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954.
Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los niños cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.
"Los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo", concluye el juez Garzón en su auto.
El juez acusa al franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños
Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres fueron considerados "no aptos para asumir su cuidado" por su ideología opuesta al régimen de Franco. El juez Garzón reclama ahora "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura. Según Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no está prescrito, ya que muchas de las víctimas los hijos y algunos padres podrían estar aún vivas. Por esa razón, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad real. El juez incluye en su auto algunas cifras basadas en fuentes históricas que elevan a 30.000 el número de niños que fueron arrebatados a sus padres entre 1944 y 1955. Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los hijos de presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.
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Auto de Garzón: Resumen Íntegro
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Garzón no puede con Franco
Los juzgados territoriales podrían negarse a tramitar la causa de las fosas
PP: "Da la razón a quien cuestionaba que Garzón juzgara a Franco"
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"Estos dos meses no han sido tiempo perdido"
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No tira la toalla y evalúa con cautela el proceso iniciado por el juez Garzón.
MIGUEL ÁNGEL MARFULL - MADRID - 18/11/2008 23:00
En marzo de 2000, Emilio Silva localizó en un pueblo de León la fosa común en la que fue enterrado su abuelo, asesinado en 1936 por un grupo de falangistas. Su memoria y sus restos fueron recuperados. Gestos como aquel se han convertido, ocho años después, “en un deber con la sociedad”, según califica Silva al proceso de la memoria histórica.
¿Qué opina del auto de ayer del juez Garzón?
Supone una cierta desilusión. Sabíamos que cuando llegara a la Sala [de la Audiencia Nacional], y más después de la votación del pasado 7 de octubre, lo tumbarían ahí, aunque el equipo de expertos podría seguir trabajando. No me ha sorprendido el contenido, pero sí la inhibición del juez, que el auto no haya llegado hasta la Sala de la Audiencia.
¿Cree que Garzón ha sucumbido ante la presión?
Le ha llovido mucho, de todas partes y de todos los colores. Se han hecho realidad algunas frases, como la del presidente del Gobierno, cuando dijo que a Franco ya lo había juzgado la Historia.
¿Esto es un punto final?
No. Es el reflejo de la situación de este país, que en la Transición dio impunidad a los franquistas y no se responsabilizó de las víctimas. Pero el auto de ayer abre la puerta a otras investigaciones, como la de los niños que fueron secuestrados a las presas republicanas.
¿No va a haber más desenterramientos?
Nosotros empezamos una exhumación mañana jueves. No vamos a parar. Lo mas urgente son las familias que están buscando desaparecidos y eso no lo vamos a frenar.
¿Qué pasará con el grupo de expertos que convocó el juez Garzón?
Lo ofrece al Ministerio de Justicia. El auto contiene la orientación de que el trabajo de estos meses no se quede ahí; distribuye responsabilidades.
¿Han sido tiempo perdido estos dos meses y medio?
No, en absoluto. Socialmente, ayuda. Había gente muy desi-lusionada... O que no se atrevía a hablar de sus familiares desaparecidos... Esta causa les ha dado confianza. Nosotros hemos recibido 2.500 solicitudes en dos meses por parte de familiares de desaparecidos, es la cuarta parte de lo que habíamos recibido en ocho años.
¿El auto da la razón a los que cuestionaban el procedimiento de Garzón, como defiende el PP?
Las opiniones que he oído al PP sobre este proceso han sido bastante lamentables. En concreto, una de Rajoy diciendo que se alegraba de la detención de las exhumaciones.
Garzón se inhibe en favor de los juzgados provinciales, ¿pueden lavarse las manos?
No lo sé. Dependerá de las indicaciones que les haga el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros ya hemos acudido a esos juzgados y casi nunca nos han hecho caso. El Ministerio de Justicia o el CGPJ deberían indicar a los jueces qué hacer cuando se les denuncie la existencia de una fosa común.
Algunas asociaciones dicen que los juzgados ordinarios “no van a hacer nada”...
Las cosas cambian. Han pasado muchas cosas en ocho años. Este ha sido un paso. Ahora se ha cerrado una puerta, pero lo que ha pasado en estos dos meses ha sido muy importante y tendrá repercusiones. Estoy seguro de que este proceso puede ayudar a que muchos jueces sean conscientes de que hay que abrir diligencias en estos casos.
Es optimista, por tanto...
Siempre soy optimista. Entiendo que esos Juzgados harán caso. Si no, tendremos que reclamar ante el CGPJ para que ponga en su sitio al juez que no quiera hacerlo.
¿Han pensado en acudir a instancias internacionales?El proceso va hacia arriba. No descartamos esa vía. Incluso hay gente dentro de la demanda que opinaba que, cuanto antes se archivara, mejor, porque así podrían sacarlo de España. Esa opción la hemos estudiado desde el principio, aunque tenemos que agotar vías aquí y ver qué pasa.
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"Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa",
GONZALO BOYE TUSET, abogado - 18/11/2008 23:01
Los 152 folios con los que Garzón rellenó su auto no hacen más que acrecentar la frustración de las víctimas del franquismo; las consecuencias jurídicas son varias: la de ponerse el parche antes de la herida, evitando el varapalo jurídico que le iba a dar la Sala de lo Penal el jueves y, también, intentar condicionar el trabajo que realizarán los jueces competentes para investigar estos hechos.
Garzón dedica un quinto de su resolución a defender su actuación y a atacar al fiscal, con algunos de cuyos planteamientos tampoco concordamos en su día; una resolución judicial no debe ser campo para las discusiones personales ni para las descalificaciones entre juristas.
En el ataque a la Fiscalía, Garzón se desorientó alejándose de la investigación inicial para, ex novo, adentrarse en el problema de los “niños perdidos del franquismo” cometiendo errores jurídicos de bulto; una resolución judicial es tal cuando se ajusta a derecho y no se aparta de lo que son las funciones jurisdiccionales contrarias a las arengas políticas como las contenidas en la página 75 del auto.
Lo que se ha visto desde fuera en este procedimiento es una mera actuación estratégica que sólo generará más desconfianza hacia la función jurisdiccional, erosionando la figura de los jueces instructores y ratificando en su razón a quienes sostienen que la instrucción ha de encomendarse a Fiscalía, como se hace en muchos países de nuestro entorno.
Un juez de instrucción no puede ni deber tener estrategia, ha de limitarse a investigar unos hechos con apariencia de delito y tratar de determinar al o a los responsables de los mismos; en este caso, ha pasado de todo menos eso.En cualquier caso, lo relevante es que esta resolución carece de un rigor jurídico suficiente como para alcanzar los fines que las víctimas esperaban, viéndose sus expectativas nuevamente frustradas y, sobre todo, postergadas, vaya uno a saber por cuánto tiempo. En mi tierra (Chile) a esto se le llama: “Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa”.
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Garzón contra el atado y el bien atado,
Ignacio Escolar
Han hecho falta 33 años desde la muerte del tirano para que un juez se atreviese a acusar a su régimen en papel timbrado de crímenes contra la humanidad. Ha bastado apenas un mes para descarrilar el intento. Baltasar Garzón ha preferido dinamitar el caso días antes de que el fiscal Zaragoza y la Sala de lo Penal lo enterrasen para siempre. Es una voladura controlada.
Garzón evita así no sólo pasar el mal trago de convertirse en el primer juez de la Audiencia Nacional al que la Fiscalía arrebata un caso para darle carpetazo, sino también que ese cierre bloquee posteriores intentos de sentar el franquismo ante un tribunal. Antes de que la Fiscalía atrape el balón para sacarlo del campo, Garzón lo parte en veinticuatro trozos y se lo pasa a los tribunales provinciales.
¿Servirá para algo su jugada? Está por ver. Las denuncias vuelven a las mismas manos que antes las rechazaron, los mismos tribunales ordinarios contra los que se han estrellado tantas veces las asociaciones que reivindican la memoria. Tal vez ahora, tras el debate creado, alguno de estos jueces preste oídos a la justicia histórica y ayude a unas víctimas que no olvidan que aquí, en la España orgullosa que se sienta en el G-20, hubo no hace tanto un genocidio que aún sigue impune: 130.000 muertos, miles de niños robados, un millón de exiliados. Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera.
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"Los niños perdidos son víctimas del franquismo"
M. Á. M.
El auto pide que se repare a los hijos de republicanos arrebatados a sus padres.
Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por el régimen "no aptos para asumir su cuidado". El juez Baltasar Garzón reclama en su último auto "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura.
"El régimen franquista invocaba la protección de menores", pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los pecados de su padre y se les repetía que ellos también eran irrecuperables.
Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos", según describe el magistrado en su auto.
Para Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no ha prescrito, ya que muchas víctimas los hijos y algunos padres podrían estar vivas. Por eso, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad robada.
El juez incluye en su escrito algunas cifras, basadas en fuentes históricas, que elevan, por ejemplo, a más de 30.000 el número de hijos de presas republicanas tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954.
Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los niños cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.
"Los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo", concluye el juez Garzón en su auto.
El juez acusa al franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños
Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres fueron considerados "no aptos para asumir su cuidado" por su ideología opuesta al régimen de Franco. El juez Garzón reclama ahora "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura. Según Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no está prescrito, ya que muchas de las víctimas los hijos y algunos padres podrían estar aún vivas. Por esa razón, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad real. El juez incluye en su auto algunas cifras basadas en fuentes históricas que elevan a 30.000 el número de niños que fueron arrebatados a sus padres entre 1944 y 1955. Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los hijos de presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.
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Auto de Garzón: Resumen Íntegro
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Garzón no puede con Franco
Los juzgados territoriales podrían negarse a tramitar la causa de las fosas
PP: "Da la razón a quien cuestionaba que Garzón juzgara a Franco"
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Garzón reparte la causa del franquismo
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Garzón reparte la causa del franquismo
El País
El magistrado se inhibe en favor de los 62 juzgados donde están las fosas - Afirma que deben investigarse las desapariciones y las sustracciones de niños
JOSÉ YOLDI - Madrid - 19/11/2008
El juez Baltasar Garzón dio ayer un nuevo golpe de efecto al declarar extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos y jefes de Falange, a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno", así como de "detención ilegal con desaparición forzada de personas", en un marco de "crímenes contra la humanidad". El magistrado, en el auto de 152 folios por el que se inhibe en favor de 62 juzgados territoriales, destaca que Franco y los militares golpistas desarrollaron una "actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas", lo que constituyó un "crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nüremberg", que sistematizó el derecho preexistente y se aplicó en los juicios contra los nazis.
El auto del juez
Auto del juez Garzón en que se inhibe de investigar la causa del franquismo
DOCUMENTO (PDF - 313Kb) - 18-11-2008
Baltasar Garzón Real
A FONDO
Francisco Franco Bahamonde
A FONDO
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ver cobertura completa
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
El juez declara extinguida la responsabilidad criminal de Franco
El auto de Garzón señala que "ante unos hechos como los aquí valorados (...) no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política". "Las víctimas", agrega el juez, "no se merecen una resolución que desconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar, apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación, cuando tan sólo se pretende dar una respuesta judicial que ha sido demandada dentro del ámbito que se le reconoce a su derecho". Garzón considera que "la justicia debe abordar esa respuesta en forma serena, pero ágil, sin dilaciones que se sumen a los años transcurridos sin la misma y que, eventualmente, puedan imposibilitar esa respuesta".
El magistrado no reniega de su investigación, sino que se reafirma en que se debe seguir investigando porque los secuestros con desaparición de personas y la sustracción a sus padres de menores a los que se dota de identidades falsas son delitos permanentes. No obstante, al resultar extinguida por fallecimiento la responsabilidad de los autores del plan sistemático de exterminio, asegura, el caso ya no debe continuarse en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de los lugares en que se cometieron los secuestros y donde han aparecido fosas con restos humanos. Garzón ha acordado que se les pase testimonio de la causa en formato DVD para que puedan reanudar las investigaciones. Ahora serán los jueces territoriales los que decidirán si siguen con las pesquisas y con las exhumaciones o si archivan los procesos. Seguro que entre 62 jueces habrá de todo, los que sigan con la causa remitida por Garzón y los que la archiven.
La resolución no ha causado sorpresa, puesto que el propio juez la anticipaba en el auto por el que se declaraba competente. El juez, de esta forma, ha dejado sin contenido el pleno de la Sala Penal de la Audiencia, convocado a instancias del fiscal jefe, Javier Zaragoza, ya que Garzón ha hecho ahora lo que el fiscal pretendía que hiciera hace un mes. Habrá que ver qué es lo que resuelve el pleno de la Sala, aunque es posible que no entre en el fondo del asunto.
Lo que sí ha causado sorpresa es el hecho de que el juez haya dedicado todo un capítulo a "los niños perdidos del franquismo", que no aparecían mencionados en el auto por el que se declaró competente. Dice Garzón que de los documentos que figuran en la causa se desprende que "podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad". A esos niños les habrían cambiado los apellidos para permitir su adopción por familias adictas al régimen.
"Esta situación", dice el auto, "a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".
Se trata de delitos que no están prescritos ni amnistiados y las víctimas (los hijos y sus progenitores) podrían estar vivas, por lo que "sus efectos seguirían perpetuándose sobre éstas, ante la inacción de las instituciones del Estado". Garzón precisa que éstos son los hechos y desde las instituciones, específicamente el Ministerio Fiscal y los jueces competentes, se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas o se ofrezca la posibilidad de que aquellos que están vivos (60 años en adelante) puedan obtener la recuperación de su identidad.
Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, asegura Garzón, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito.
El auto del juez
- "Declarar extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento respecto de los delitos contra Altos Organismos de la Nación y de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad de: Francisco Franco Bahamonde" y otros 44 militares y miembros de los primeros gobiernos de Franco.
- "Acordar la inhibición de esta causa a favor de los Juzgados de Instrucción de las localidades a las que pertenezcan los lugares en los que estén ubicadas las fosas identificadas".
- "Debe ratificarse con contundencia las bases sobre las que se asienta la investigación, así como la necesidad de la misma, al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
- "En el caso de las víctimas que pueden estar vivas, se debe tomar muy en cuenta en la investigación los casos de aquellas personas que durante su primera infancia o preadolescencia, fueron "sustraídos" de sus madres naturales durante la guerra o, principalmente, tras la misma. (...) Esta declaración nos pone ante hechos verdaderamente graves y que durante más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación".
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Punto, pero no final
El País
Garzón se inhibe de la causa sobre los crímenes franquistas; pero decenas de fosas siguen sin tocarse
19/11/2008
La decisión del juez Garzón de inhibirse en la causa abierta por la represión durante la Guerra Civil y el franquismo no ha sido una sorpresa del todo. Tampoco es resultado de la actuación de la fiscalía, que ha cumplido con su deber: velar, como mejor considere en cada momento, por el rigor de las actuaciones judiciales. La inhibición del magistrado en este punto deriva, simplemente, de la lógica procesal del sumario.
Garzón reclamó la competencia de su juzgado para perseguir penalmente a Franco y otros 44 cabecillas de la rebelión militar contra la República, acusados del delito de atentar contra la forma de Gobierno. Al obtener la prueba documental de su fallecimiento, según exigía en el auto de apertura de la causa, el magistrado no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho y con lo que muchos contaban de antemano: declarar extinguida la responsabilidad penal de los golpistas.
Esto no significa que la totalidad del procedimiento quede paralizado. Garzón dio traslado de la causa a los juzgados de los lugares donde existen fosas comunes para que, en su caso, persigan a quienes hubieran sido ejecutores materiales del plan de exterminio contra las personas que se mantuvieron fieles a la República. Ahora deberán ser esos tribunales quienes decidan sobre su competencia.
Garzón ha tomado la decisión de inhibirse antes de que la Sala de lo Penal se reuniese para resolver el recurso planteado por el fiscal, en el que se cuestionaba su competencia. Hasta hoy, la sala estaba a la espera del escrito de respuesta de Garzón a los argumentos del fiscal, preceptivo para resolver el recurso. El juez ha publicado el auto inhibiéndose de la causa; el escrito de respuesta, retrasado por razones extraprocesales, todavía no había sido enviado a la sala. La decisión adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional no representa el fracaso de algunos de los principales objetivos que perseguía, como lamentaron ayer algunas asociaciones de la Memoria Histórica. Del hecho de que se declare extinguida la responsabilidad penal de los cabecillas de la rebelión no se deriva más que lo obvio: los posibles culpables están muertos; y no cabe imputarles o abrirles juicio.
Queda por resolver, no obstante, el problema de las fosas comunes. En su auto, Garzón indica que el Estado debería hacerse cargo de la localización de los enterramientos y de la identificación de los cadáveres, tanto si se sigue la vía penal como si las exhumaciones se llevan a cabo en razón de normas administrativas. Ésa era desde el principio, con o sin intervención del juez Garzón, la solución que se debería haber adoptado. No existía ni existe ninguna razón para que un Estado de derecho acepte convivir con decenas de enterramientos clandestinos. Un comisionado especial para este asunto, encargado de agilizar la ley correspondiente, quizá hubiese evitado el embrollo. Y quizá pueda todavía evitar otros.
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Garzón ataca al fiscal por no amparar a las víctimas de la guerra
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Garzón declinó juzgar al franquismo
Lanacion.com (Argentina) -
Sorpresa y desconcierto en la Audiencia de Córdoba tras el nuevo ...
ABC Córdoba - por ...
Garzón no juzgará los crímenes de Franco
Clarín.com - ...
Espantada de Garzón
ABC.es - . ...
Garzón entierra su causa sobre la memoria histórica tras ...
ABC.es -
Proceso de frustración
Las Provincias -
Franco ha muerto
Libertad Digital -
Garzón desiste en su persecución penal de los crímenes del franquismo
El Diario Montañés -
Garzón se da por enterado de la muerte de Franco
elplural.com -
Juez español abandona casos Guerra Civil, franquismo
Reuters América Latina -
La decisión de Garzón podría producir contradictorios entre los ...
Antena 3 -
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Garzón reparte la causa del franquismo
El País
El magistrado se inhibe en favor de los 62 juzgados donde están las fosas - Afirma que deben investigarse las desapariciones y las sustracciones de niños
JOSÉ YOLDI - Madrid - 19/11/2008
El juez Baltasar Garzón dio ayer un nuevo golpe de efecto al declarar extinguida la responsabilidad penal del general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos y jefes de Falange, a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno", así como de "detención ilegal con desaparición forzada de personas", en un marco de "crímenes contra la humanidad". El magistrado, en el auto de 152 folios por el que se inhibe en favor de 62 juzgados territoriales, destaca que Franco y los militares golpistas desarrollaron una "actividad criminal planeada y sistemática de desaparición y eliminación de personas por razones ideológicas", lo que constituyó un "crimen contra la humanidad como claramente se definió en el Estatuto y Tribunal de Nüremberg", que sistematizó el derecho preexistente y se aplicó en los juicios contra los nazis.
El auto del juez
Auto del juez Garzón en que se inhibe de investigar la causa del franquismo
DOCUMENTO (PDF - 313Kb) - 18-11-2008
Baltasar Garzón Real
A FONDO
Francisco Franco Bahamonde
A FONDO
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
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El juez declara extinguida la responsabilidad criminal de Franco
El auto de Garzón señala que "ante unos hechos como los aquí valorados (...) no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas, por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política". "Las víctimas", agrega el juez, "no se merecen una resolución que desconozca sus derechos ni la escenificación que cínicamente se está haciendo desde algunos sectores con una frivolidad difícil de calificar, apelando a los más bajos instintos y tratando de resucitar fantasmas de confrontación, cuando tan sólo se pretende dar una respuesta judicial que ha sido demandada dentro del ámbito que se le reconoce a su derecho". Garzón considera que "la justicia debe abordar esa respuesta en forma serena, pero ágil, sin dilaciones que se sumen a los años transcurridos sin la misma y que, eventualmente, puedan imposibilitar esa respuesta".
El magistrado no reniega de su investigación, sino que se reafirma en que se debe seguir investigando porque los secuestros con desaparición de personas y la sustracción a sus padres de menores a los que se dota de identidades falsas son delitos permanentes. No obstante, al resultar extinguida por fallecimiento la responsabilidad de los autores del plan sistemático de exterminio, asegura, el caso ya no debe continuarse en la Audiencia Nacional, sino en los juzgados de los lugares en que se cometieron los secuestros y donde han aparecido fosas con restos humanos. Garzón ha acordado que se les pase testimonio de la causa en formato DVD para que puedan reanudar las investigaciones. Ahora serán los jueces territoriales los que decidirán si siguen con las pesquisas y con las exhumaciones o si archivan los procesos. Seguro que entre 62 jueces habrá de todo, los que sigan con la causa remitida por Garzón y los que la archiven.
La resolución no ha causado sorpresa, puesto que el propio juez la anticipaba en el auto por el que se declaraba competente. El juez, de esta forma, ha dejado sin contenido el pleno de la Sala Penal de la Audiencia, convocado a instancias del fiscal jefe, Javier Zaragoza, ya que Garzón ha hecho ahora lo que el fiscal pretendía que hiciera hace un mes. Habrá que ver qué es lo que resuelve el pleno de la Sala, aunque es posible que no entre en el fondo del asunto.
Lo que sí ha causado sorpresa es el hecho de que el juez haya dedicado todo un capítulo a "los niños perdidos del franquismo", que no aparecían mencionados en el auto por el que se declaró competente. Dice Garzón que de los documentos que figuran en la causa se desprende que "podría haberse desarrollado un sistema de desaparición de menores hijos de madres republicanas (muertas, presas, ejecutadas, exiliadas o simplemente desaparecidas) a lo largo de varios años, entre 1937 y 1950, realizado bajo la cobertura de una aparente legalidad". A esos niños les habrían cambiado los apellidos para permitir su adopción por familias adictas al régimen.
"Esta situación", dice el auto, "a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a la gran mayoría de los ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban en el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contacto con ellos. De esta forma se propició una desaparición legalizada de menores de edad, con pérdida de su identidad, cuyo número indeterminado dura hasta la fecha".
Se trata de delitos que no están prescritos ni amnistiados y las víctimas (los hijos y sus progenitores) podrían estar vivas, por lo que "sus efectos seguirían perpetuándose sobre éstas, ante la inacción de las instituciones del Estado". Garzón precisa que éstos son los hechos y desde las instituciones, específicamente el Ministerio Fiscal y los jueces competentes, se deben desarrollar todas y cada una de las acciones necesarias para que los mismos se investiguen, se sancione a los culpables y se repare a las víctimas o se ofrezca la posibilidad de que aquellos que están vivos (60 años en adelante) puedan obtener la recuperación de su identidad.
Olvidar esta realidad por más tiempo y poner trabas a la investigación, asegura Garzón, sería tanto como contribuir a la perpetuación de los efectos del delito.
El auto del juez
- "Declarar extinguida la responsabilidad penal por fallecimiento respecto de los delitos contra Altos Organismos de la Nación y de detención ilegal con desaparición forzada de personas en el contexto de crímenes contra la humanidad de: Francisco Franco Bahamonde" y otros 44 militares y miembros de los primeros gobiernos de Franco.
- "Acordar la inhibición de esta causa a favor de los Juzgados de Instrucción de las localidades a las que pertenezcan los lugares en los que estén ubicadas las fosas identificadas".
- "Debe ratificarse con contundencia las bases sobre las que se asienta la investigación, así como la necesidad de la misma, al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
- "En el caso de las víctimas que pueden estar vivas, se debe tomar muy en cuenta en la investigación los casos de aquellas personas que durante su primera infancia o preadolescencia, fueron "sustraídos" de sus madres naturales durante la guerra o, principalmente, tras la misma. (...) Esta declaración nos pone ante hechos verdaderamente graves y que durante más de 60 años no han sido objeto de la más mínima investigación".
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Punto, pero no final
El País
Garzón se inhibe de la causa sobre los crímenes franquistas; pero decenas de fosas siguen sin tocarse
19/11/2008
La decisión del juez Garzón de inhibirse en la causa abierta por la represión durante la Guerra Civil y el franquismo no ha sido una sorpresa del todo. Tampoco es resultado de la actuación de la fiscalía, que ha cumplido con su deber: velar, como mejor considere en cada momento, por el rigor de las actuaciones judiciales. La inhibición del magistrado en este punto deriva, simplemente, de la lógica procesal del sumario.
Garzón reclamó la competencia de su juzgado para perseguir penalmente a Franco y otros 44 cabecillas de la rebelión militar contra la República, acusados del delito de atentar contra la forma de Gobierno. Al obtener la prueba documental de su fallecimiento, según exigía en el auto de apertura de la causa, el magistrado no podía hacer otra cosa que lo que ha hecho y con lo que muchos contaban de antemano: declarar extinguida la responsabilidad penal de los golpistas.
Esto no significa que la totalidad del procedimiento quede paralizado. Garzón dio traslado de la causa a los juzgados de los lugares donde existen fosas comunes para que, en su caso, persigan a quienes hubieran sido ejecutores materiales del plan de exterminio contra las personas que se mantuvieron fieles a la República. Ahora deberán ser esos tribunales quienes decidan sobre su competencia.
Garzón ha tomado la decisión de inhibirse antes de que la Sala de lo Penal se reuniese para resolver el recurso planteado por el fiscal, en el que se cuestionaba su competencia. Hasta hoy, la sala estaba a la espera del escrito de respuesta de Garzón a los argumentos del fiscal, preceptivo para resolver el recurso. El juez ha publicado el auto inhibiéndose de la causa; el escrito de respuesta, retrasado por razones extraprocesales, todavía no había sido enviado a la sala. La decisión adoptada por el magistrado de la Audiencia Nacional no representa el fracaso de algunos de los principales objetivos que perseguía, como lamentaron ayer algunas asociaciones de la Memoria Histórica. Del hecho de que se declare extinguida la responsabilidad penal de los cabecillas de la rebelión no se deriva más que lo obvio: los posibles culpables están muertos; y no cabe imputarles o abrirles juicio.
Queda por resolver, no obstante, el problema de las fosas comunes. En su auto, Garzón indica que el Estado debería hacerse cargo de la localización de los enterramientos y de la identificación de los cadáveres, tanto si se sigue la vía penal como si las exhumaciones se llevan a cabo en razón de normas administrativas. Ésa era desde el principio, con o sin intervención del juez Garzón, la solución que se debería haber adoptado. No existía ni existe ninguna razón para que un Estado de derecho acepte convivir con decenas de enterramientos clandestinos. Un comisionado especial para este asunto, encargado de agilizar la ley correspondiente, quizá hubiese evitado el embrollo. Y quizá pueda todavía evitar otros.
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Garzón ataca al fiscal por no amparar a las víctimas de la guerra
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Garzón declinó juzgar al franquismo
Lanacion.com (Argentina) -
Sorpresa y desconcierto en la Audiencia de Córdoba tras el nuevo ...
ABC Córdoba - por ...
Garzón no juzgará los crímenes de Franco
Clarín.com - ...
Espantada de Garzón
ABC.es - . ...
Garzón entierra su causa sobre la memoria histórica tras ...
ABC.es -
Proceso de frustración
Las Provincias -
Franco ha muerto
Libertad Digital -
Garzón desiste en su persecución penal de los crímenes del franquismo
El Diario Montañés -
Garzón se da por enterado de la muerte de Franco
elplural.com -
Juez español abandona casos Guerra Civil, franquismo
Reuters América Latina -
La decisión de Garzón podría producir contradictorios entre los ...
Antena 3 -
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La memoria histórica mira a los tribunales internacionales
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La memoria histórica mira a los tribunales internacionales
19/Noviembre · 00:53 · Rosa de la Peña
La renuncia de Garzón “retrasará” la apertura de las fosas comunes de Huelva
Presentación del mapa de fosas comunes de la provincia de Huelva.
Las asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica se reunirán el próximo sábado, 22 de noviembre, para buscar el camino a seguir después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibiera ayer de la causa en la que investigaba las desapariciones de la Guerra Civil y el régimen franquista y en la que las víctimas pedían que se juzgara a los responsables por delito de lesa humanidad. En un auto de 152 folios, Garzón acuerda extinguir la responsabilidad del dictador Francisco Franco y de otros 44 altos cargos de la dictadura en esta causa, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos, motivo por el que un mes después de iniciar la instrucción de un procedimiento que posibilitaría la apertura de las fosas comunes -ahora paralizada por la Fiscalía- el magistrado se declara no competente y traslada el proceso a los tribunales territoriales en los que se cometieron los crímenes.
Este nuevo giro de los acontecimientos ha supuesto un varapalo más para el movimiento de recuperación de la memoria histórica, que casi vuelve al comienzo de un proceso que había costado años de investigación, trabajo y lucha callada. El presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Rafael López, lamentó ayer que el traslado del proceso a los tribunales de Huelva “dificulta mucho el trabajo y supondrá un nuevo retraso de la causa y de la posibilidad de abrir las fosas, ya que probablemente habrá que examinar de nuevo la documentación y habrá que trabajar con juzgados y abogados diferentes, por lo que se perderá un tiempo que muchos afectados ya ni siquiera tienen”.
Ante esta certeza, López explica que el próximo día 22 los abogados de las asociaciones de memoria histórica estudiarán las posibilidades legales a las que se puede recurrir para agilizar el proceso, pero “nos tememos que habrá que recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo y, una vez agotadas las vías judiciales en España, se podrá recurrir a la justicia internacional, en concreto, al Tribunal de Estrasbugo, que probablemente sea la única solución” para recuperar el nombre de los represaliados y señalar a los culpables. Por el momento, la Asociación Memoria Histórica seguirá estudiando vías legales para rescribir la historia de miles de olvidados, pero no se descarta salir a la calle para llamar la atención sobre la “injusticia y la desprotección en la que el Estado está dejando a las víctimas”.
El mapa de fosas pasará ahora a la Audiencia Provincial
Hace menos de una semana que la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía pedía al Gobierno autonómico la declaración de las fosas comunes como Sitio Histórico para “garantizar su protección”. El mismo día, solicitaba a los ayuntamientos medidas para dignificar unas tumbas colectivas que en la mayoría de los sitios siguen estando olvidadas muchos años después del final de la dictadura. Ahora el movimiento para rescatar las vidas borradas de los represaliados se topa con nuevas trabas judiciales, pero el mapa de fosas comunes de la provincia al menos servirá para agilizar la causa cuando sea recibida por la Audiencia Provincial.
Así, los juzgados tendrán documentación exhaustiva sobre las sepulturas anónimas, un total de 118 repartidas en todas las comarcas del territorio onubense: un total de 22 en el Condado, otras 17 en la Costa y la Campiña, 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se trasladaron a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’, cuyos datos se remitirán ahora, si no hay cambios, a los tribunales de Huelva.
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Garzón deja la causa del franquismo en manos de los juzgados ...
La Crónica de León -
La ARMH pide al Gobierno que adopte medidas para acabar con el sufrimiento de las familias
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La ARMH seguirá exhumando las fosas comunes
La postura del PP
Sheila Brey/Agencias Ponferrada
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer de instruir la causa que investiga las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas comunes que él autorizó a abrir al declararse competente para instruir este procedimiento el pasado día 16 de octubre.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cree que la decisión de Baltasar Garzón pone de manifiesto la incapacidad de la democracia española para hacer justicia al tiempo que espera que el Ejecutivo central “tome buena nota” y adopte las medidas que sean necesarias para acabar con el sufrimiento de las familias de las víctimas de la Guerra Civil. “Estamos hartos de que las familias estén completamente desamparadas y tengan que estar dando tumbos por todas las administraciones para encontrar solución a un problema que tienen desde hace muchos años”, lamentó el vicepresidente de la ARMH, el berciano Santiago Macías.
El colectivo también apostó por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el magistrado de la Audiencia Nacional.“Garzón deja al descubierto los defectos de la Ley de la Memoria”, afirmó Macías. “Lo primero que hay que hacer en este país es derogar la Ley de Amnistía porque son crímenes contra la humanidad que no prescriben”, puntualizó.En un auto de 152 folios, el magistrado declaró además extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, en esta causa, así como la de los otros 44 altos cargos de la dictadura, tras certificar el fallecimiento de todos ellos.
No obstante, considera que los delitos “permanecen” y no han prescrito.Baltasar Garzón se adelantó así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia del magistrado para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, que precisamente los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.Además, el magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos, para “evitar solapamientos” con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.
En su resolución también advierte al Estado y a la Fiscalía de que “obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.Los 20 juzgados provinciales a los que Garzón remitirá los expedientes son el A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. A ellos se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
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Las asociaciones de víctimas critican la inhibición de Garzón
Gara -
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19/Noviembre · 00:53 · Rosa de la Peña
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Así, los juzgados tendrán documentación exhaustiva sobre las sepulturas anónimas, un total de 118 repartidas en todas las comarcas del territorio onubense: un total de 22 en el Condado, otras 17 en la Costa y la Campiña, 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se trasladaron a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’, cuyos datos se remitirán ahora, si no hay cambios, a los tribunales de Huelva.
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Las asociaciones de víctimas critican la inhibición de Garzón
Gara -
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martes 18 de noviembre de 2008
Memoria histórica: Los jueces advierten que habrá resoluciones contradictorias.
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Garzón se inhibe en el juicio al franquismo: Los jueces advierten ...
CNN+ -
Memoria histórica: Los jueces advierten que habrá resoluciones contradictorias
Las asociaciones de jueces advierten de las posibles contradicciones entre los distintos juzgados territoriales que tendrán que investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo después de que Garzón decidiera inhibirse en su favor.
Por su parte, la clase política ha dejado ver sus profundas discrepancias en materia de memoria histórica.
Las asociaciones de víctimas agradecen al juez su "valentía" pero se muestran "decepcionadas" por esta última decisión.
CNN+.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse a favor de los juzgados territoriales en la causa que investiga las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo ha hecho florecer las opiniones de todo el sector político y judicial sobre el proceso.
Las principales asociaciones de jueces y magistrados coinciden en destacar que el juez de no necesitaba cuatro autos y una providencia para declarar extinta por fallecimiento la responsabilidad del general Francisco Franco y los altos cargos de su régimen.
Sin embargo, lo más destacable de lo apuntado por las asociaciones judiciales es que la decisión adoptada por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales a los que el juez había remitido la causa.
Algunos juristas apuntan a la posibilidad de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviese este problema con "un pronunciamiento de cierre y situación que permita marcar los territorios".
Reacciones políticasDesde el sector político ha habido menos acuerdo sobre cómo valorar las actuaciones del juez. El PP considera que el tiempo le ha dado la razón tras conocer que el juez Baltasar Garzón se inhibe, mientras que la decisión no ha satisfecho a IU e ICV.
Según la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "el tiempo ha dado la razón" a quienes sostenían que no era competencia del juez Baltasar Garzón y su decisión "entra dentro de la toma de posición" del Ministerio Fiscal, en contra de que el juez de la Audiencia Nacional procediera a la investigación.
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, cree que Garzón se ha inhibido en la instrucción ante las "dificultades" y los "obstáculos" a sus pesquisas desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
Las asociaciones de víctimas, dolidasLa secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha mostrado su sorpresa y su dolor por la decisión del juez, mientras que El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha agradecido a Garzón su "valentía" al abordar una "cuestión candente" como es la recuperación de la Memoria Histórica que "hasta la fecha nadie había puesto en primer plano".
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), se ha considerado "decepcionante" la decisión del juez, que representa la incapacidad de la democracia española para hacer justicia. Su presidente, Emilio Silva, ha afirmado que "la pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que no puede consentir que haya familias caminando por las cunetas y los montes buscando a sus seres queridos sin ayuda del Estado".
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Garzón pasa la “patata caliente” de las fosas a los juzgados ...
Sociedaddigital.es -
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Garzón acusa al Franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños
elEconomista.es -
En el auto de 152 páginas hecho público por el juez Baltasar Garzón sobre extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, también se ha denunciado la "segregación infantil" que alcanzaó unos "límites preocupantes" durante el Franquismo. Esto ha propiciado "la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40".
Según el documento y tras los estudios realizados, durante el Franquismo "se cometió una segregación infantil que alcanzó unos límites preocupantes y que, bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40, situación que, en gran medida, podría haberse prolongado hasta hoy". Es decir, "se habría privado de su identidad a miles de personas en contra de los derechos de las propias víctimas inmediatas y de sus familiares, en aras a una más adecuada preparación ideológica y la afección al régimen".
Además, el documento de Garzón habla también sobre los 'niños perdidos' como "parte de las víctimas del Franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen".
Por su parte, Garzón indica además en su auto que "varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia repub
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Las asociaciones de jueces advierten de las posibles contradicciones entre los distintos juzgados territoriales que tendrán que investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo después de que Garzón decidiera inhibirse en su favor.
Por su parte, la clase política ha dejado ver sus profundas discrepancias en materia de memoria histórica.
Las asociaciones de víctimas agradecen al juez su "valentía" pero se muestran "decepcionadas" por esta última decisión.
CNN+.
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Las principales asociaciones de jueces y magistrados coinciden en destacar que el juez de no necesitaba cuatro autos y una providencia para declarar extinta por fallecimiento la responsabilidad del general Francisco Franco y los altos cargos de su régimen.
Sin embargo, lo más destacable de lo apuntado por las asociaciones judiciales es que la decisión adoptada por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales a los que el juez había remitido la causa.
Algunos juristas apuntan a la posibilidad de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviese este problema con "un pronunciamiento de cierre y situación que permita marcar los territorios".
Reacciones políticasDesde el sector político ha habido menos acuerdo sobre cómo valorar las actuaciones del juez. El PP considera que el tiempo le ha dado la razón tras conocer que el juez Baltasar Garzón se inhibe, mientras que la decisión no ha satisfecho a IU e ICV.
Según la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "el tiempo ha dado la razón" a quienes sostenían que no era competencia del juez Baltasar Garzón y su decisión "entra dentro de la toma de posición" del Ministerio Fiscal, en contra de que el juez de la Audiencia Nacional procediera a la investigación.
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, cree que Garzón se ha inhibido en la instrucción ante las "dificultades" y los "obstáculos" a sus pesquisas desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
Las asociaciones de víctimas, dolidasLa secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha mostrado su sorpresa y su dolor por la decisión del juez, mientras que El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha agradecido a Garzón su "valentía" al abordar una "cuestión candente" como es la recuperación de la Memoria Histórica que "hasta la fecha nadie había puesto en primer plano".
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Además, el documento de Garzón habla también sobre los 'niños perdidos' como "parte de las víctimas del Franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen".
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