No es la sociedad civil. Es el Estado

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No es la sociedad civil. Es el Estado

30 países revisan su pasado más trágico y dejan en evidencia la escasa implicación del Gobierno español - Asociaciones de familiares han desenterrado ya 4.000 víctimas de la Guerra Civil

NATALIA JUNQUERA 17/11/2008

El cazo de la excavadora sacó una de las botas de Emilio Silva Faba, asesinado el 16 de octubre de 1936 en una cuneta cercana a Priaranza del Bierzo. Eran las 11 de la mañana del 28 de octubre del año 2000. Entonces, su nieto, Emilio Silva, aún pensaba que estaba resolviendo un problema familiar, enterrando a su abuelo con su abuela. Pero la imagen de aquel hombre desenterrando a otro fusilado durante la guerra provocó que los familiares de las víctimas comenzaran a perder el miedo a recordar a sus muertos e, inmediatamente después, que despertara en ellos el deseo imparable de imitar a Silva y rescatar también a los suyos de las cunetas donde los habían arrojado sus asesinos. El deseo se convirtió en reivindicación. Así nació el movimiento para la recuperación de la memoria histórica.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

Las familias ya han recuperado más de 4.000 cadáveres de la Guerra Civil
"Ningún otro país subcontrata la búsqueda de las víctimas"
Mohamed VI pidió perdón a los damnificados del reinado de su padre
"En Chile me decían: 'Garzón se atreve con Pinochet. ¿Y lo vuestro, qué?"
Países con muchos riesgos han sido menos cautos que España
La reparación a las víctimas ha calado en el derecho internacional

Desde entonces, las asociaciones de familiares han recuperado más de 4.000 cuerpos de cerca de 200 fosas comunes de la Guerra Civil. Lo han hecho gracias a un ejército de voluntarios, en el que nunca ha faltado un equipo profesional de forenses, antropólogos y arqueólogos.

La sociedad ha ido por delante de los gobiernos en casi todos los Estados, más de una treintena, que en los últimos años han revisado su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos. Pero aunque el proceso de recuperación de la memoria histórica prende siempre en la sociedad civil, en asociaciones de víctimas o familiares, es el Estado, a través de su autoridad administrativa y judicial, el único que puede llevarlos a cabo. Es el Estado quien acaba asumiendo la tutela del proceso. En España no ha sido así. El Gobierno se mantiene en un segundo plano.
Desde hace dos años, el Ejecutivo concede subvenciones a las asociaciones para realizar exhumaciones tal y como prevé la ley de memoria histórica. En su artículo 12, el texto afirma: "Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore". El Estado facilita, colabora y subvenciona las exhumaciones.

"España es el único país en el que el Estado subcontrata a los familiares de las víctimas para localizar a las víctimas", denunció Esteban Beltrán, presidente en España de Amnistía Internacional, en la presentación del informe La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. "Hemos analizado procesos de este tipo en 30 países y España es una excepción casi mundial. En la inmensa mayoría ha sido la fiscalía quien ha pedido e iniciado la investigación de las violaciones de Derechos Humanos", añadió.

"En A rgentina no se exhuma un cuerpo sin una autorización judicial", explica Mercedes Salado, miembro del equipo argentino de antropología forense, que además de buscar, desenterrar e identificar a las víctimas de la su propia dictadura militar, ha trabajado, a petición de sus gobiernos, en 40 países. "Nos han llamado de las comisiones de la verdad de Suráfrica o Perú. Hemos trabajado para el Tribunal Internacional de La Haya con el caso de Bosnia, Croacia y Kosovo (1997-2000) y también para organizaciones de derechos humanos o asociaciones de familiares. En Ciudad Juárez nos llamaron para investigar las muertes de las mujeres y nos pidieron que no fuera ningún hombre del equipo. También nos llaman de Cruz Roja, de Naciones Unidas (Sudán, Togo), de la comisión presidencial de Uruguay... Hay varias fórmulas para afrontar estos procesos pero en casi todas, aunque no haya una búsqueda de responsabilidades penales, hay una judicialización de los casos", añade.

Salado considera, como experta y como sobrina nieta de un desaparecido de la Guerra Civil, que la Ley de Memoria Histórica "es un inicio". "Emilio [Silva] nos envió una copia del borrador de la ley nacional y de la catalana para que lo revisáramos y pudiéramos hacer enmiendas. La ley de memoria es incompleta, pero abre un marco. No hay, en ella, un papel activo del Estado en el esclarecimiento de esos crímenes, porque el Estado no asume esa responsabilidad, pero creo que abre un espacio para llevar a cabo otros intentos. El primer borrador del memorial democrático catalán era una locura porque había fosas de carácter prioritario: las que tuvieran víctimas nacidas en Cataluña. Que se plantearan abrir una fosa para sacar sólo a catalanes era una aberración".

El equipo de antropología forense en el que trabaja Mercedes Salado ha recuperado 1.100 esqueletos en 24 años, pero sólo ha identificado a 300. En el próximo año esperan poder hacerlo con otros 300. El reciente viaje a España de un grupo de forenses argentinos para recoger muestras de ADN se enmarca dentro de ese objetivo.

Francisco Etxeberria, médico forense de la Universidad del País Vasco, el hombre que ayudó aquel 28 de octubre de 2000 a desenterrar el cuerpo de Emilio Silva Faba, considera que España "ha hecho poco en políticas de la memoria". También ha trabajado en procesos similares en otros países como perito en procedimientos abiertos por vía penal. El Gobierno chileno le llamó para asesorar a la comisión de derechos humanos que investiga los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. De esa experiencia concluye: "En el proceso de Chile hay dos raíles paralelos, el político y judicial, y por ellos transita el tren de los derechos humanos. En España, que tiene muchos más desaparecidos que Chile, no es así. Esto no estaba en el programa de ningún partido político, surgió por la presión de la sociedad civil. En estos procesos siempre hay tres pilares: derecho a la verdad, justicia y reparación. La ley de memoria histórica se apoya sólo en dos. El segundo, la justicia, no lo toca y es ahí donde irrumpe Garzón", explica Etxeberria, uno de los siete expertos que asesora al juez en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. "En Chile les sorprendía mucho que no hubiera una presencia oficial, de las autoridades en todo esto. Solían preguntarme: 'Garzón se atreve con Pinochet, ¿y lo de España, qué?".

El juez Baltasar Garzón se atrevió finalmente el pasado 16 de octubre con un auto que prometía "el fin de la impunidad" y que en 68 páginas logró satisfacer una espera de 70 años, según declararon los propios familiares de las víctimas. Pero el hecho de que un juez pretendiera abrir, casi una vida después, una investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil hizo saltar todas las alarmas. El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se reunió con una urgencia sin precedentes para paralizar la apertura de fosas autorizadas por Garzón.
Éste es uno de los rasgos que más sorprende a los especialistas que han vivido procesos similares en varios países. "España es un caso peculiar porque podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho sin correr ningún riesgo", explica Pablo de Greiff, director de la Unidad de investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que ha asesorado a 33 estados en procesos de este tipo. Los riesgos que han asumido la mayoría de los países que han abordado el problema en regímenes aún tambaleantes, como acto fundacional de la democracia, en un momento todavía muy próximo a la comisión de los delitos y con sus autores todavía vivos, no se dan en España, que arranca el proceso 70 años después, en una democracia estable y con los verdugos ya fallecidos. "En ese contexto, la Ley de Memoria Histórica es una medida ostensiblemente tímida en todos los campos", añade de Greiff. "Ni siquiera anula las sentencias de los tribunales franquistas. Con relación a los riesgos que ha enfrentado cada uno de los países en estos procesos y las medidas que ha llevado a cabo, España es el país más tímido en todos los campos: verdad, reparación y justicia".

Ese miedo a reabrir heridas, a fulminar el espíritu de la Transición, que lleva al Gobierno a declarar ilegítimos a los jueces franquistas pero a no anular sus condenas, convierte a España en una excepción mundial, según Amnistía Internacional. "Es difícil encontrar un país que no haya creado una comisión de la verdad. España está en un momento crucial de su historia y está dando la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad", añadió Esteban Beltrán, presidente de la organización en España.

Esa reivindicación de los familiares ha terminado calando en el derecho internacional y de los derechos humanos, hasta el punto de que ha surgido un "derecho a la reparación". "Nace en el tránsito a la democracia en el Cono Sur y la caída del muro de Berlín. Se incorpora al derecho internacional y de allí salta a las agendas políticas", explica Felipe Gómez Isa, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto. En 1985 en el séptimo congreso de la ONU sobre la prevención del crimen, se adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para víctimas de delitos y del abuso de poder. Desde entonces, Naciones Unidas lidera un proceso de precisión jurídica y conceptual del derecho a la reparación que pueda servir a los Estados para aportar un marco general de políticas de reparaciones.
El embajador de Marruecos en España y ex ministro de Justicia marroquí, Omar Azziman, uno de los padres de la llamada Instancia Equidad y Reconciliación, que investigó los crímenes cometidos en el reinado de Hassan II, explica: "Son procesos arriesgados. En Marruecos lo hicimos de forma progresiva. En un primer momento (1999-2003) el Estado reconoció que se habían cometido violaciones de los derechos humanos y se creó una comisión que se llamó Instancia Independiente de Arbitraje para indemnizar a las víctimas. Pero luego nos dimos cuenta de que lo que habíamos hecho no era suficiente y le propusimos al Rey la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación para investigar las desapariciones forzadas, rehabilitar la memoria, restaurar los daños causados, estar en paz. Muchos miembros del Consejo pensaban que se había hecho ya suficiente y que intentar hacer más podía abrir heridas y poner en riesgo la transición democrática. Yo pensaba exactamente lo contrario, que con las secuelas que habían dejado esas violaciones de los derechos humanos, con ese trauma colectivo en la memoria, era imposible avanzar por el camino hacia la democracia y que aquello terminaría explotando tarde o temprano. El rey lo comprendió perfectamente y nombró a los miembros de la comisión. Fue muy audaz".

La Instancia Equidad y Reconciliación resolvió 742 casos de desapariciones forzadas y torturas cometidas entre 1956 y 1999. Las víctimas recibieron una carta en la que el Estado les pedía perdón por ello. Durante varios días, ocuparon la televisión para relatar el horror vivido.
"España escogió otro camino. Las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en la Transición en que lo importante era el futuro. Redactaron una Constitución muy generosa con todo tipo de garantías para prevenir que aquello no volviera a ocurrir. Pensaron que estaba todo resuelto, pero 30 años después nos damos cuenta de que no. La memoria es una necesidad de la sociedad", añadió Azziman.

El catedrático de psiquiatría y académico de la Real Academia Española Carlos Castilla del Pino, que ha tratado a muchas víctimas de la Guerra Civil asegura: "Un país que no revisa su pasado es menos sano mentalmente. Lo sensato es recordar, que es tanto como evitar repetir errores en el futuro. No es verdad que recordar sea reabrir heridas. No he visto revanchismo. El odio muere, se extingue, pero la necesidad de ponerle nombre a los muertos, de honrarlos, no. Siempre llega un momento en que hay que ponerle fin a ese trauma interminable".

Políticas de memoria y reparación a las víctimas
- Argentina. Anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores y convirtió el símbolo del terror practicado por las juntas militares durante la dictadura (1976-1983), la ESMA, en un Museo de la Memoria.
- Chile. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. La presidenta del país fue víctima.
- Guatemala. El estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la iglesia.
- Marruecos. El Rey Mohamed VI creó una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. Pidió perdón a las víctimas y se comprometió a hacer cambios en su Constitución para evitar que lo ocurrido se volviera a repetir.
- Suráfrica. Reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas difíciles de cumplir en el contexto de pobreza que vive el país.
- Alemania.Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial ya habían destruido los símbolos nazis. La cuestión más controvertida era el derecho. En 1998, el Parlamento aprobó una ley que anulaba las sentencias dictadas por el Tribunal Popular o en juicios militares sumarísimos.
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