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El día a día de Javier Ortiz

Garzón se luce de nuevo
20 Nov 2008

Hay veces que uno lamenta acertar. Me habría gustado haber errado cuando predije hace dos meses en esta misma página que el sumario de la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo se quedaría en nada. Pero así ha sido.No soy jurista, pero desde el principio hubo bastantes aspectos de la iniciativa procesal del magistrado de la Audiencia Nacional que me escamaron. Para empezar, no entendí que encausara sólo a 45 destacados integrantes del golpe militar de Franco contra la República. Si se trataba de enjuiciar los crímenes del franquismo, debería haber considerado toda la época abarcada por la dictadura, desde 1936 a 1976. El 18 de julio de 1936, muchos ejecutores de la barbarie franquista, que o bien torturaron y mataron o bien ordenaron matar y torturar durante los años cincuenta, sesenta y hasta entrados los setenta, estaban en pañales o aún no habían nacido. ¿Qué quería Garzón? ¿Que le informaran de que los 45 elegidos por su dedo instructor no pueden ser juzgados, básicamente porque sus restos yacen bajo tierra?

Eso sin contar con que, si bien casi todos los golpistas del 36 han muerto, el fruto de sus crímenes sigue en vigor. Los franquistas se repartieron entre ellos a escote las propiedades de sus enemigos políticos. Se adueñaron a mano armada de empresas, de fincas y de casas que ahora ocupan sus descendientes. ¿Ahí no hay ninguna justicia que restablecer? ¿Nada que devolver? La situación es tan grotesca que hasta el propio Gobierno de Zapatero ocupa ahora los mismos edificios que la dictadura franquista arrebató a sus legítimos dueños.

Por resumir: que el juez Garzón se ha vuelto a lucir.

Nada sorprendente. Lucirse es lo que más le priva.
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La culpa de todo es de todos
20 Nov 2008

JUAN J. GÓMEZ

Ahora casi parece que la culpa de todo es de Garzón, de su legendario afán de protagonismo, de su tendencia a hacerlo él todo, como si no hubiera ya suficientes jueces, fiscales o incluso políticos que dedican toda su energía y sus recursos a la Ley de Memoria Histórica, que, como bien sabemos, se basta además ella sola para salir adelante.

Incluso si todo esto fuera incierto, si la desvergüenza nacional que lleva más de 70 años esperando una reparación corriera peligro de perpetuarse, si no estuviera la memoria sobre todo en manos de familiares de las víctimas, de forenses jubilados o de historiadores tenaces, ahora todo eso casi parecería también culpa del juez, de tantas críticas que le llueven estos días por todas partes.

La izquierda le culpa de lo que pasa: la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, con la que tanto ilusionó a tantos, ha quedado en suspenso –en verdad queda en manos de la veintena de juzgados de las provincias a las que el juez trasladó el martes la causa–.
La derecha le culpa de lo que pudo pasar: los miles de cadáveres en las cunetas, los represaliados durante la dictadura, los niños de los rojos robados a sus padres estuvieron durante un mes a punto de recuperar su lugar en la historia, haciéndose su recuerdo incompatible con la impunidad –en verdad es cuestión de tiempo, quizá sólo de la nacionalidad del próximo juez, pero los muertos tienen siempre de su lado la paciencia–.

La otra derecha, esa multitud que suele declararse apolítica, le culpa por haber despertado las suficientes conciencias como para que ya nunca puedan mirar hacia atrás sin sentir cierta inquietud.

La Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y los compañeros jueces le culpan de haber intentado hacer justicia más allá de donde puede llegar la justicia –aunque se retirase antes de que le pitasen prevaricación o de que lo declarasen incompetente–.

Todos le culpan, pero no es culpa de ellos. Suele ocurrir que culpamos a uno de todo cuando todos tenemos parte de culpa. Son ya demasiados años de olvido como para que quede aún alguien inocente.
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Menos las víctimas, todos contentos
19 Nov 2008

Salomé García

El juez campeador tiró el martes la toalla. Se desdijo de su intención de procesar al franquismo y remitió a los juzgados provinciales las peticiones de las asociaciones de memoria histórica para que se investiguen las desapariciones de represaliados por Franco y se recuperen sus cuerpos de cunetas y fosas comunes. Un mes –desde el 16 de octubre– le ha durado a Garzón el arrojo para investigar la masacre franquista: la persecución, muerte y desaparición de más de 130.000 personas durante la Guerra Civil y las primeras décadas de paz dictatorial.

La decisión del magistrado, al que le llovieron las críticas desde que admitió las denuncias de las asociaciones, tiene una clara voluntad preventiva. Digamos que le ha bastado con ser pionero en la intención de juzgar al franquismo, pero no quiso pasar a la historia como el primero en ser descalificado para investigar un caso. De haber esperado el diagnóstico de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, habría sido inaugurada la lista de magistrados a los que se tilda de incompetentes tras iniciar una instrucción.

Algunas fuentes jurídicas habían llegado a plantear que el juez podría enfrentarse a otro hito en la historia judicial española: la posibilidad de que la Sala de lo Penal lo procesara de oficio por prevaricación, al entender que su intención al admitir las denuncias de las asociaciones no era realmente juzgar al franquismo, sino ayudar a las asociaciones impulsando la creación de un censo general de desaparecidos y la elaboración de un mapa nacional de fosas comunes. Es decir, que la Sala podría haber acusado al magistrado de tomar decisiones jurídicamente insostenibles a sabiendas de que lo eran, en aras de un fin que no justificaría los medios por loable que a muchos pueda parecernos.

Así pues, la inhibición de Garzón sirve para tranquilizarlo, en primer lugar, a él mismo. Inmediatamente después al fiscal Zaragoza, que había recurrido con una dureza inusitada. En consecuencia, al Ministerio de Justicia, que respalda si es queno auspicia las iniciativas de la Fiscalía.

Lo estarán celebrando también los revisionistas de la derecha, que vivían desquiciados estos últimos meses exigiendo procesar a Carrillo por los muertos de Paracuellos antes de sacar un solo cadáver más de las cunetas. Es de lógica que calme también al Gobierno, al que el magistrado había dado trabajo al exigir por vía de exhorto lo que la ley de la memoria prevé (el censo y mapa de fosas) y la Administración desoye.

En cambio, la renuncia de Garzón descorazona a las víctimas, que tendrán que volver a vencer a la burocracia para sacar a sus deudos del anonimato y darles digna sepultura. Y volverán a depender de las exiguas subvenciones públicas y la generosa entrega de los voluntarios para extraer, identificar y enterrar esos cuerpos.

En unos días, la espinosa cuestión de las fosas del franquismo volverá al letargo en el que estaba antes de que el juez estrella decidiera agitar la coctelera y servir a la opinión pública un debate que siempre logra encendidas posiciones enfrentadas.Los optimistas defienden que el juez, al dar traslado de las denuncias a juzgados de 20 provincias, mantiene vivo el proceso a los crímenes franquistas. Que su labor es encomiable porque ha puesto el asunto en las portadas, ha nombrado un grupo de expertos y ha elaborado un censo de 130.000 víctimas.

Sea. Pero yo temo la resistencia de la judicatura y la desidia del Gobierno. De éste, la última iniciativa en favor de la memoria no trata de facilitar la apertura de fosas, sino de buscar nietos de exiliados para hacerlos españoles. Algo tendrá que ver el censo para las próximas elecciones gallegas y vascas.

El partido en el Gobierno salvó la cara en el último momento al forzar a José Bono a desistir de su idea de estrenarse en los homenajes a las víctimas de la Guerra Civil concediendo una placa a una monja. Ahora sólo falta que exija a su Gobierno, el de todos, que escuche las peticiones del juez, sufrague las identificaciones y encuentre a los niños robados.
Estaremos vigilantes.
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