Garzón da el primer paso para elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo

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Garzón da el primer paso para elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo

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España
El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dio hoy el primer paso para elaborar un gran censo nacional de desaparecidos a partir del denominado 'alzamiento nacional' del 18 de julio de 1936.

OTR/PRESS

En una providencia pide que elaboren listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a instituciones como el Valle de los Caídos, la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, e incluso al rector de la Universidad de esta última ciudad.

Garzón ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones para la memoria histórica de Navarra, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra) Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria) presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.

Dichos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936. En la providencia del juez Garzón, hecha pública hoy, requiere a la Conferencia Episcopal Española que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso de la Policía Judicial para que identifique, a través de los libreso de difuntos de los que dispongan, a posibles víctimas desaparecidas a partir del 'alzamiento nacional' que se produjo el 18 de julio de 1936 y que derivó en la Guerra Civil y, a partir de 1939, en 40 años de dictadura del general Francisco Franco.

También se dirige a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid) para que proporcionen la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento".

Del mismo modo, pide a los alcaldes de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, así como al rector de la Universidad de esta última ciudad, el nombre de las personas enterradas en las fosas comunes.

CONTROLAR LAS EXHUMACIONES
Garzón requiere a los consistorios para que informen sobre "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos, la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público" y especifica que las fosas comunes se encuentran en los cementerios de San José (Granada) Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla).

Además, solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. También solicita a Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron a partir del 'alzamiento nacional'.

Por último, pide información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica y requiere a una de las partes personadas en el proceso que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "puedan ser controladas" por su Juzgado, tanto en su ejecución como en su resultado.

UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.

También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.

Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada "no es conforme al Derecho Internacional". A su juicio, el Estado tiene "la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares", ya que esta búsqueda constituye "una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares".
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