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No es la sociedad civil. Es el Estado
30 países revisan su pasado más trágico y dejan en evidencia la escasa implicación del Gobierno español - Asociaciones de familiares han desenterrado ya 4.000 víctimas de la Guerra Civil
NATALIA JUNQUERA 17/11/2008
El cazo de la excavadora sacó una de las botas de Emilio Silva Faba, asesinado el 16 de octubre de 1936 en una cuneta cercana a Priaranza del Bierzo. Eran las 11 de la mañana del 28 de octubre del año 2000. Entonces, su nieto, Emilio Silva, aún pensaba que estaba resolviendo un problema familiar, enterrando a su abuelo con su abuela. Pero la imagen de aquel hombre desenterrando a otro fusilado durante la guerra provocó que los familiares de las víctimas comenzaran a perder el miedo a recordar a sus muertos e, inmediatamente después, que despertara en ellos el deseo imparable de imitar a Silva y rescatar también a los suyos de las cunetas donde los habían arrojado sus asesinos. El deseo se convirtió en reivindicación. Así nació el movimiento para la recuperación de la memoria histórica.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Las familias ya han recuperado más de 4.000 cadáveres de la Guerra Civil
"Ningún otro país subcontrata la búsqueda de las víctimas"
Mohamed VI pidió perdón a los damnificados del reinado de su padre
"En Chile me decían: 'Garzón se atreve con Pinochet. ¿Y lo vuestro, qué?"
Países con muchos riesgos han sido menos cautos que España
La reparación a las víctimas ha calado en el derecho internacional
Desde entonces, las asociaciones de familiares han recuperado más de 4.000 cuerpos de cerca de 200 fosas comunes de la Guerra Civil. Lo han hecho gracias a un ejército de voluntarios, en el que nunca ha faltado un equipo profesional de forenses, antropólogos y arqueólogos.
La sociedad ha ido por delante de los gobiernos en casi todos los Estados, más de una treintena, que en los últimos años han revisado su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos. Pero aunque el proceso de recuperación de la memoria histórica prende siempre en la sociedad civil, en asociaciones de víctimas o familiares, es el Estado, a través de su autoridad administrativa y judicial, el único que puede llevarlos a cabo. Es el Estado quien acaba asumiendo la tutela del proceso. En España no ha sido así. El Gobierno se mantiene en un segundo plano.
Desde hace dos años, el Ejecutivo concede subvenciones a las asociaciones para realizar exhumaciones tal y como prevé la ley de memoria histórica. En su artículo 12, el texto afirma: "Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore". El Estado facilita, colabora y subvenciona las exhumaciones.
"España es el único país en el que el Estado subcontrata a los familiares de las víctimas para localizar a las víctimas", denunció Esteban Beltrán, presidente en España de Amnistía Internacional, en la presentación del informe La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. "Hemos analizado procesos de este tipo en 30 países y España es una excepción casi mundial. En la inmensa mayoría ha sido la fiscalía quien ha pedido e iniciado la investigación de las violaciones de Derechos Humanos", añadió.
"En A rgentina no se exhuma un cuerpo sin una autorización judicial", explica Mercedes Salado, miembro del equipo argentino de antropología forense, que además de buscar, desenterrar e identificar a las víctimas de la su propia dictadura militar, ha trabajado, a petición de sus gobiernos, en 40 países. "Nos han llamado de las comisiones de la verdad de Suráfrica o Perú. Hemos trabajado para el Tribunal Internacional de La Haya con el caso de Bosnia, Croacia y Kosovo (1997-2000) y también para organizaciones de derechos humanos o asociaciones de familiares. En Ciudad Juárez nos llamaron para investigar las muertes de las mujeres y nos pidieron que no fuera ningún hombre del equipo. También nos llaman de Cruz Roja, de Naciones Unidas (Sudán, Togo), de la comisión presidencial de Uruguay... Hay varias fórmulas para afrontar estos procesos pero en casi todas, aunque no haya una búsqueda de responsabilidades penales, hay una judicialización de los casos", añade.
Salado considera, como experta y como sobrina nieta de un desaparecido de la Guerra Civil, que la Ley de Memoria Histórica "es un inicio". "Emilio [Silva] nos envió una copia del borrador de la ley nacional y de la catalana para que lo revisáramos y pudiéramos hacer enmiendas. La ley de memoria es incompleta, pero abre un marco. No hay, en ella, un papel activo del Estado en el esclarecimiento de esos crímenes, porque el Estado no asume esa responsabilidad, pero creo que abre un espacio para llevar a cabo otros intentos. El primer borrador del memorial democrático catalán era una locura porque había fosas de carácter prioritario: las que tuvieran víctimas nacidas en Cataluña. Que se plantearan abrir una fosa para sacar sólo a catalanes era una aberración".
El equipo de antropología forense en el que trabaja Mercedes Salado ha recuperado 1.100 esqueletos en 24 años, pero sólo ha identificado a 300. En el próximo año esperan poder hacerlo con otros 300. El reciente viaje a España de un grupo de forenses argentinos para recoger muestras de ADN se enmarca dentro de ese objetivo.
Francisco Etxeberria, médico forense de la Universidad del País Vasco, el hombre que ayudó aquel 28 de octubre de 2000 a desenterrar el cuerpo de Emilio Silva Faba, considera que España "ha hecho poco en políticas de la memoria". También ha trabajado en procesos similares en otros países como perito en procedimientos abiertos por vía penal. El Gobierno chileno le llamó para asesorar a la comisión de derechos humanos que investiga los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. De esa experiencia concluye: "En el proceso de Chile hay dos raíles paralelos, el político y judicial, y por ellos transita el tren de los derechos humanos. En España, que tiene muchos más desaparecidos que Chile, no es así. Esto no estaba en el programa de ningún partido político, surgió por la presión de la sociedad civil. En estos procesos siempre hay tres pilares: derecho a la verdad, justicia y reparación. La ley de memoria histórica se apoya sólo en dos. El segundo, la justicia, no lo toca y es ahí donde irrumpe Garzón", explica Etxeberria, uno de los siete expertos que asesora al juez en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. "En Chile les sorprendía mucho que no hubiera una presencia oficial, de las autoridades en todo esto. Solían preguntarme: 'Garzón se atreve con Pinochet, ¿y lo de España, qué?".
El juez Baltasar Garzón se atrevió finalmente el pasado 16 de octubre con un auto que prometía "el fin de la impunidad" y que en 68 páginas logró satisfacer una espera de 70 años, según declararon los propios familiares de las víctimas. Pero el hecho de que un juez pretendiera abrir, casi una vida después, una investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil hizo saltar todas las alarmas. El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se reunió con una urgencia sin precedentes para paralizar la apertura de fosas autorizadas por Garzón.
Éste es uno de los rasgos que más sorprende a los especialistas que han vivido procesos similares en varios países. "España es un caso peculiar porque podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho sin correr ningún riesgo", explica Pablo de Greiff, director de la Unidad de investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que ha asesorado a 33 estados en procesos de este tipo. Los riesgos que han asumido la mayoría de los países que han abordado el problema en regímenes aún tambaleantes, como acto fundacional de la democracia, en un momento todavía muy próximo a la comisión de los delitos y con sus autores todavía vivos, no se dan en España, que arranca el proceso 70 años después, en una democracia estable y con los verdugos ya fallecidos. "En ese contexto, la Ley de Memoria Histórica es una medida ostensiblemente tímida en todos los campos", añade de Greiff. "Ni siquiera anula las sentencias de los tribunales franquistas. Con relación a los riesgos que ha enfrentado cada uno de los países en estos procesos y las medidas que ha llevado a cabo, España es el país más tímido en todos los campos: verdad, reparación y justicia".
Ese miedo a reabrir heridas, a fulminar el espíritu de la Transición, que lleva al Gobierno a declarar ilegítimos a los jueces franquistas pero a no anular sus condenas, convierte a España en una excepción mundial, según Amnistía Internacional. "Es difícil encontrar un país que no haya creado una comisión de la verdad. España está en un momento crucial de su historia y está dando la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad", añadió Esteban Beltrán, presidente de la organización en España.
Esa reivindicación de los familiares ha terminado calando en el derecho internacional y de los derechos humanos, hasta el punto de que ha surgido un "derecho a la reparación". "Nace en el tránsito a la democracia en el Cono Sur y la caída del muro de Berlín. Se incorpora al derecho internacional y de allí salta a las agendas políticas", explica Felipe Gómez Isa, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto. En 1985 en el séptimo congreso de la ONU sobre la prevención del crimen, se adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para víctimas de delitos y del abuso de poder. Desde entonces, Naciones Unidas lidera un proceso de precisión jurídica y conceptual del derecho a la reparación que pueda servir a los Estados para aportar un marco general de políticas de reparaciones.
El embajador de Marruecos en España y ex ministro de Justicia marroquí, Omar Azziman, uno de los padres de la llamada Instancia Equidad y Reconciliación, que investigó los crímenes cometidos en el reinado de Hassan II, explica: "Son procesos arriesgados. En Marruecos lo hicimos de forma progresiva. En un primer momento (1999-2003) el Estado reconoció que se habían cometido violaciones de los derechos humanos y se creó una comisión que se llamó Instancia Independiente de Arbitraje para indemnizar a las víctimas. Pero luego nos dimos cuenta de que lo que habíamos hecho no era suficiente y le propusimos al Rey la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación para investigar las desapariciones forzadas, rehabilitar la memoria, restaurar los daños causados, estar en paz. Muchos miembros del Consejo pensaban que se había hecho ya suficiente y que intentar hacer más podía abrir heridas y poner en riesgo la transición democrática. Yo pensaba exactamente lo contrario, que con las secuelas que habían dejado esas violaciones de los derechos humanos, con ese trauma colectivo en la memoria, era imposible avanzar por el camino hacia la democracia y que aquello terminaría explotando tarde o temprano. El rey lo comprendió perfectamente y nombró a los miembros de la comisión. Fue muy audaz".
La Instancia Equidad y Reconciliación resolvió 742 casos de desapariciones forzadas y torturas cometidas entre 1956 y 1999. Las víctimas recibieron una carta en la que el Estado les pedía perdón por ello. Durante varios días, ocuparon la televisión para relatar el horror vivido.
"España escogió otro camino. Las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en la Transición en que lo importante era el futuro. Redactaron una Constitución muy generosa con todo tipo de garantías para prevenir que aquello no volviera a ocurrir. Pensaron que estaba todo resuelto, pero 30 años después nos damos cuenta de que no. La memoria es una necesidad de la sociedad", añadió Azziman.
El catedrático de psiquiatría y académico de la Real Academia Española Carlos Castilla del Pino, que ha tratado a muchas víctimas de la Guerra Civil asegura: "Un país que no revisa su pasado es menos sano mentalmente. Lo sensato es recordar, que es tanto como evitar repetir errores en el futuro. No es verdad que recordar sea reabrir heridas. No he visto revanchismo. El odio muere, se extingue, pero la necesidad de ponerle nombre a los muertos, de honrarlos, no. Siempre llega un momento en que hay que ponerle fin a ese trauma interminable".
Políticas de memoria y reparación a las víctimas
- Argentina. Anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores y convirtió el símbolo del terror practicado por las juntas militares durante la dictadura (1976-1983), la ESMA, en un Museo de la Memoria.
- Chile. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. La presidenta del país fue víctima.
- Guatemala. El estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la iglesia.
- Marruecos. El Rey Mohamed VI creó una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. Pidió perdón a las víctimas y se comprometió a hacer cambios en su Constitución para evitar que lo ocurrido se volviera a repetir.
- Suráfrica. Reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas difíciles de cumplir en el contexto de pobreza que vive el país.
- Alemania.Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial ya habían destruido los símbolos nazis. La cuestión más controvertida era el derecho. En 1998, el Parlamento aprobó una ley que anulaba las sentencias dictadas por el Tribunal Popular o en juicios militares sumarísimos.
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lunes, 17 de noviembre de 2008
Garzón da el primer paso para elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo
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Garzón da el primer paso para elaborar un censo de desaparecidos ...
Garzón da el primer paso para elaborar un censo de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo
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La nieta de Negrín se querella contra los jueces que pararon las exhumaciones.
España
El juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dio hoy el primer paso para elaborar un gran censo nacional de desaparecidos a partir del denominado 'alzamiento nacional' del 18 de julio de 1936.
OTR/PRESS
En una providencia pide que elaboren listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a instituciones como el Valle de los Caídos, la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, e incluso al rector de la Universidad de esta última ciudad.
Garzón ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones para la memoria histórica de Navarra, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra) Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria) presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.
Dichos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936. En la providencia del juez Garzón, hecha pública hoy, requiere a la Conferencia Episcopal Española que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso de la Policía Judicial para que identifique, a través de los libreso de difuntos de los que dispongan, a posibles víctimas desaparecidas a partir del 'alzamiento nacional' que se produjo el 18 de julio de 1936 y que derivó en la Guerra Civil y, a partir de 1939, en 40 años de dictadura del general Francisco Franco.
También se dirige a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid) para que proporcionen la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento".
Del mismo modo, pide a los alcaldes de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, así como al rector de la Universidad de esta última ciudad, el nombre de las personas enterradas en las fosas comunes.
CONTROLAR LAS EXHUMACIONES
Garzón requiere a los consistorios para que informen sobre "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos, la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público" y especifica que las fosas comunes se encuentran en los cementerios de San José (Granada) Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla).
Además, solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. También solicita a Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron a partir del 'alzamiento nacional'.
Por último, pide información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica y requiere a una de las partes personadas en el proceso que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "puedan ser controladas" por su Juzgado, tanto en su ejecución como en su resultado.
UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada "no es conforme al Derecho Internacional". A su juicio, el Estado tiene "la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares", ya que esta búsqueda constituye "una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares".
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OTR/PRESS
En una providencia pide que elaboren listados y aporten datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo a instituciones como el Valle de los Caídos, la Delegación de Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid), el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Ministerio de Defensa, la Conferencia Episcopal, los ayuntamientos de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, e incluso al rector de la Universidad de esta última ciudad.
Garzón ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones para la memoria histórica de Navarra, Andalucía, Valencia, Cataluña, Aragón, Mallorca, Valladolid, Ponteareas (Pontevedra) Sierra de Gredos y Toledo y Arucas (Gran Canaria) presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.
Dichos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936. En la providencia del juez Garzón, hecha pública hoy, requiere a la Conferencia Episcopal Española que comunique a todas y cada una de las parroquias de España -un total de 22.827- que permitan el acceso de la Policía Judicial para que identifique, a través de los libreso de difuntos de los que dispongan, a posibles víctimas desaparecidas a partir del 'alzamiento nacional' que se produjo el 18 de julio de 1936 y que derivó en la Guerra Civil y, a partir de 1939, en 40 años de dictadura del general Francisco Franco.
También se dirige a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial (Madrid) para que proporcionen la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento".
Del mismo modo, pide a los alcaldes de Córdoba, Sevilla, Madrid y Granada, así como al rector de la Universidad de esta última ciudad, el nombre de las personas enterradas en las fosas comunes.
CONTROLAR LAS EXHUMACIONES
Garzón requiere a los consistorios para que informen sobre "las circunstancias en los que ocurrieron los enterramientos, la fecha y si las muertes están anotadas en algún registro público" y especifica que las fosas comunes se encuentran en los cementerios de San José (Granada) Nuestra Señora de la Salud y San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla).
Además, solicita también al Centro Nacional de la Memoria Histórica -dependiente del Ministerio de Cultura- que informe si dispone de ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. También solicita a Defensa que amplíe la solicitud que le trasladó el pasado mes de junio en la que le pedía que identificase qué organismo puede determinar el número de personas que desaparecieron a partir del 'alzamiento nacional'.
Por último, pide información a la Dirección de Registros y Notariado y al Centro Documental de la Memoria Histórica y requiere a una de las partes personadas en el proceso que aporte "toda la información de la que disponga de todas las personas que estén practicando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas" para que "puedan ser controladas" por su Juzgado, tanto en su ejecución como en su resultado.
UNA OBLIGACIÓN DEL ESTADO
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977.
También destacó que los hechos señalados eran contemplados como delitos comunes con tipificación ordinaria de asesinato, detención ilegal o lesiones en el Código Penal de la época en la que se cometieron, en referencia al ordenamiento de la Segunda República. De igual modo, sostenía que la competencia no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
Los familiares de las víctimas, que se manifestaron el pasado 26 de febrero a las puertas de la Audiencia Nacional, defienden que la invocación de leyes de amnistía o del principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada "no es conforme al Derecho Internacional". A su juicio, el Estado tiene "la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas cuando así lo solicitan sus familiares", ya que esta búsqueda constituye "una obligación que no se puede delegar en los particulares, ni mucho menos en los familiares".
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domingo, 26 de octubre de 2008
La Asociación para la Memoria Histórica cifra en más de 3.000 los desparecidos políticos
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La Asociación para la Memoria Histórica cifra en más de 3.000 los ...
SÓLO EN MALLORCA
La Asociación para la Memoria Histórica cifra en más de 3.000 los desparecidos políticos
Los datos avanzados por Baltasar Garzón se sitúan en 1.777 víctimas
Le han enviado un listado donde se aportan datos 'fehacientes'
Actualizado domingo 26/10/2008 11:57 (CET)
EUROPA PRESS
IBIZA.- La presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, considera que la cifra contabilizada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en torno al número de desaparecidos por causas políticas entre los años 1936 y 1951 "es el doble de la cotejada". Oliver apuntó que podrían haber muerto más de 3.000 personas "sólo en Mallorca" durante el conflicto y tras éste, mientras que los datos avanzados por Garzón se sitúan en 1.777.
En total en el ámbito nacional la cifra presentada por el juez de la Audiencia Provincial es de 114.266 desaparecidos.
Por esta causa, desde la Asociación para la Memoria Histórica de Mallorca, en colaboración con familiares de víctimas del resto de islas, han enviado un escrito a Garzón donde le dan a conocer un listado evaluado por distintas publicaciones donde se aportan datos "fehacientes" al respecto.
Oliver recordó que la entidad no pretende depurar las posibles responsabilidades penales por aquellos crímenes sino "forzar al Estado a que habilite los medios y colabore con las investigaciones para localizar fosas comunes, exhumar los restos e identificar a las personas enterradas". En la actualidad dicha agrupación trabaja para identificar un total de 300 cuerpos encontrados en una fosa común en el Cementerio de Palma.
Según la Asociación en Mallorca se excavaron fosas comunes junto a las tapias de los cementerios y también se construyeron otras durante el desembarco de las tropas republicanas. Además, se utilizaron pozos para inhumar cadáveres. En cada isla, haciendo clara mención a las Pitiusas, "los modos de actuación eran otros atendiendo a sus características geográficas", concretó Oliver.
El juez Garzón ha iniciado esta investigación para la aplicación de la legislación y jurisprudencia internacional, que permita investigar las desapariciones forzadas de las víctimas de la dictadura.
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La Asociación para la Memoria Histórica cifra en más de 3.000 los desparecidos políticos
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Le han enviado un listado donde se aportan datos 'fehacientes'
Actualizado domingo 26/10/2008 11:57 (CET)
EUROPA PRESS
IBIZA.- La presidenta de la Asociación para la Memoria Histórica de Mallorca, Maria Antònia Oliver, considera que la cifra contabilizada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en torno al número de desaparecidos por causas políticas entre los años 1936 y 1951 "es el doble de la cotejada". Oliver apuntó que podrían haber muerto más de 3.000 personas "sólo en Mallorca" durante el conflicto y tras éste, mientras que los datos avanzados por Garzón se sitúan en 1.777.
En total en el ámbito nacional la cifra presentada por el juez de la Audiencia Provincial es de 114.266 desaparecidos.
Por esta causa, desde la Asociación para la Memoria Histórica de Mallorca, en colaboración con familiares de víctimas del resto de islas, han enviado un escrito a Garzón donde le dan a conocer un listado evaluado por distintas publicaciones donde se aportan datos "fehacientes" al respecto.
Oliver recordó que la entidad no pretende depurar las posibles responsabilidades penales por aquellos crímenes sino "forzar al Estado a que habilite los medios y colabore con las investigaciones para localizar fosas comunes, exhumar los restos e identificar a las personas enterradas". En la actualidad dicha agrupación trabaja para identificar un total de 300 cuerpos encontrados en una fosa común en el Cementerio de Palma.
Según la Asociación en Mallorca se excavaron fosas comunes junto a las tapias de los cementerios y también se construyeron otras durante el desembarco de las tropas republicanas. Además, se utilizaron pozos para inhumar cadáveres. En cada isla, haciendo clara mención a las Pitiusas, "los modos de actuación eran otros atendiendo a sus características geográficas", concretó Oliver.
El juez Garzón ha iniciado esta investigación para la aplicación de la legislación y jurisprudencia internacional, que permita investigar las desapariciones forzadas de las víctimas de la dictadura.
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Historia del juez que nunca descansa
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Historia del juez que nunca descansa
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
LOLA GALÁN
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
Baltasar Garzón, el juez más famoso de España, festejará hoy su 53º cumpleaños con el ánimo más bien bajo. No sólo porque está en capilla (mañana será intervenido quirúrgicamente para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales), sino por el destino incierto de su última criatura judicial. El auto por el que reclama las competencias para abrir una causa contra los perpetradores de los crímenes del franquismo ha sido vapuleado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Nadie esperaba tanta contundencia, porque a fin de cuentas "el Derecho no es matemático, permite interpretaciones variadas", dice un compañero del juez. En la Audiencia Nacional los ánimos están caldeados, y las espadas en alto entre juez y fiscal, hasta hace poco, muy amigos. Garzón -traje azul oscuro, camisa a rayas rosas, zapatos negros con suela de goma- se mueve por el edificio con una guardia permanente de periodistas. De estatura media, con algo de sobrepeso, ojos atentos detrás de las sempiternas gafas, el pelo con grandes mechones blancos, peinado hacia atrás, su persona no pasa desapercibida en ningún sitio. Pero el juez guarda silencio. Sus amigos hablan por él de la soledad del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez que ha sentado en el banquillo a banqueros, policías, políticos, terroristas, malhechores y defraudadores como un verdadero espadachín de la justicia. Franco, aunque lleve muerto 28 años, encajaría perfectamente en su galería.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Bajo la toga del juez, un hiperactivo que duerme cuatro horas, se adivinan el misionero que quiso ser y el político fallido
Garzón ha ido cambiando de objetivos. Ahora le motivan sobre todo las grandes causas humanitarias
"Garzón interviene en este tema porque muchas asociaciones por la memoria le piden que intervenga", precisa un viejo colaborador del magistrado. "La Ley de la Memoria Histórica no ha servido para nada. Saben que él es el único que puede ayudarles". Toda una responsabilidad para el magistrado, que ha hecho otras veces este papel de catalizador social. Las víctimas saben que al juez se le puede pedir más que a los demás. Su pretensión, él mismo lo ha dicho, es cambiar el mundo a golpe de sumario judicial. O pretender que lo cambia. Bajo su toga de juez se adivina el misionero que quiso ser. Y debajo de éste, la piel del político fallido. Es como si el juez, un tipo hiperactivo desde pequeño, que duerme sólo cuatro horas, fuera incapaz de renunciar a esas identidades latentes.
Por no hablar de la dificultad de acomodar su vida personal a la del magistrado, siempre con escolta y con servicio de vigilancia sobre el terreno cada vez que asiste a algún acto o a una cita. "El hombre y el juez no tienen nada que ver. Son como el Doctor Jekyll y Míster Hyde. Una cosa es el juez de la Audiencia, el que ha sufrido montones de faenas y el que también las ha hecho, y otra muy distinta es el hombre privado. Un tipo humano, sencillo, próximo", dice el mismo colaborador del magistrado que le conoce desde 1988.
Garzón, el juez, se presenta ante el mundo como un ejemplo de integridad profesional, arropado por frases de este tipo: "Hay que hacer lo que uno cree que debe hacer". "Si no vas hasta el fondo en una investigación, puedes vivir cómodamente, pero este servicio público exige ir hasta el fondo".
En sus 20 años como instructor de la Audiencia, el magistrado ha estado en muchas cosas, todas de primera página. ¿Quién no recuerda la Operación Nécora, en junio de 1990, que inauguró una época de grandes despliegues policiales y posteriores macrojuicios? ¿O el sumario, por un delito de narcotráfico, contra agentes de la Unidad Central Antidroga de la Guardia Civil -Ucifa-? ¿O la larga y contundente batalla contra ETA y su entorno? Por no hablar de los GAL, el grupo que desarrolló la guerra sucia contra ETA entre 1983 y 1987, y cuyo proceso acarreó el encarcelamiento del ex ministro de Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado Rafael Vera. Con el tiempo, el caso GAL se convertirá en uno de los grandes escándalos de la democracia.
Garzón sigue siendo el mismo de entonces, el juez que adora los golpes de efecto, los grandes despliegues policiales, pero sus objetivos han ido cambiando poco a poco. El joven intrépido de los inicios, cautivado por el ejemplo de Giovanni Falcone (juez antimafia italiano asesinado por la Cosa Nostra en 1992), se ha transformado en un magistrado más reposado. Ahora son las grandes causas las que le motivan: los derechos de los pueblos indígenas, el resarcimiento de las víctimas de las dictaduras argentina o chilena, el castigo de los responsables de las guerras que considera injustas. Ha colaborado con el periodista Vicente Romero en documentales sobre la represión de la dictadura argentina y sobre el horror de las prisiones semisecretas como Abu Ghraib o Guantánamo, además de publicar un libro de denuncia, El alma de los verdugos. En junio pasado, presenció en Colombia la exhumación de 25 cadáveres de víctimas de los paramilitares. Garzón vino impresionado, pensando, quizás, en los cadáveres por exhumar en España. Dándole vueltas a la posibilidad de abrir causa al franquismo.
El juez, próximo a Izquierda Unida, ha criticado siempre al franquismo en sus libros. El rechazo no le viene de familia. "Su madre es de derechas. Y habrá sido la primera en decirle, 'pero hijo, ¿qué estás haciendo con esta historia del franquismo otra vez?", comenta un amigo íntimo del magistrado. Pero Garzón es mucho Garzón como para que nadie le haga torcer su voluntad cuando cree que debe actuar.
El segundo de los cinco hijos de Ildefonso Garzón y María Real, nacido el 26 de octubre de 1955, en Torres (Jaén), no vino al mundo para llevar una vida discreta. Él mismo ha contado que siempre tuvo madera de líder, pero el destino le ha alejado de algunos momentos clave en la historia del pasado siglo. Las convulsiones del Mayo francés le pillaron, con 13 años, en el seminario de Baeza. El final del franquismo, que le sorprendió en la universidad, le permitió comprobar los malos modales de los grises. Su sueño no era ser cura, sino misionero en África. Lo malo es que le gustan las chicas y, además, el seminario es opresivo. Garzón no está dispuesto a recibir órdenes ni de Dios. Así es que abandona el centro a los 16 años (ingresó a los 10) para estudiar Derecho en Sevilla. Ha encontrado su vocación, será juez. Aprueba las oposiciones e ingresa en la carrera judicial en 1981.
Garzón se ha descrito a sí mismo en su libro Un mundo sin miedo, redactado a modo de cartas a sus tres hijos, como un adolescente tímido, y, con "miedo a llamar la atención". Estudia con ahínco y se casa, a los 25 años, con Rosario, Yayo, 15 meses mayor que él, su novia de toda la vida. Pilar Urbano que conoce a la pareja desde que escribiera en 2000 Garzón, el hombre que veía amanecer, una especie de biografía autorizada, cuenta que el juez es algo machista en casa, aunque las relaciones de la pareja son óptimas. "Tienen una gran complicidad. Garzón no toma decisiones sin consultar a Yayo". Lo hizo antes de aceptar, en 1993, la oferta de Felipe González para concurrir a las elecciones como número dos por Madrid en las listas del PSOE. Garzón, nombrado delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, se marchó del Gobierno dando un portazo al año siguiente. "González me ha utilizado como un muñeco", dijo el juez entonces, dolido porque no le nombraran coordinador de los servicios de inteligencia. Más tarde ajustaría cuentas con los socialistas.
El episodio, de enorme dureza, parece hoy absolutamente cerrado. Y en su libro La línea del horizonte, de 2008, el juez incluye un educado coloquio mantenido con José Luis Rodríguez Zapatero en Nueva York durante el año largo que pasó en Estados Unidos, entre 2005 y 2006. ¿Busca apoyos para nuevas tareas internacionales? Quizás para el Tribunal Penal Internacional. El interesado lo niega. "Hay que estar al ciento por ciento en lo que se está", suele repetir.
Esta entrega ha dado sus frutos desde el punto de vista del respeto internacional, cree la fiscal Lola Delgado, que lleva quince años trabajando con el juez en la Audiencia. "Es cierto que en Latinoamérica hay que quitar al Santísimo, como quien dice, para ponerlo a él, hasta ese punto le veneran, pero en ambientes europeos no gusta tanto su protagonismo", opina, en cambio, un juez del Tribunal Supremo que pide anonimato. El alto Tribunal ha desbaratado algunos de los juicios sobre causas instruidas por Garzón. Otros se desinflaron en la propia Audiencia. La Operación Nécora, por ejemplo, tuvo un resultado magro, y hasta Garzón ha reconocido que la instrucción tuvo fallos. "Ha aprendido mucho desde entonces. La instrucción la hace ahora perfecta", opina Ángela Murillo, juez de la sala cuarta de la Audiencia Nacional que juzgó aquel caso.
Es más fácil equivocarse cuando se abre camino. "Y Garzón ha sido pionero en muchas cosas", dice la fiscal Delgado. "Por ejemplo, en crimen organizado, ha sido el primero en utilizar los convenios internacionales para llevar más lejos la investigación". El magistrado ha sido decisivo también en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En el plazo de unos años, Garzón le hinca el diente a la kale borroka, cierra el diario Egin, declara ilegal a la coordinadora KAS y a su sucesora EKIN, y pone contra las cuerdas al aparato internacional de ETA. En 2002, y en otro golpe de efecto típico del estilo Garzón, suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara la ilegalización del partido abertzale aplicando la Ley de Partidos. El juez ha recibido premios del Foro de Ermua y de la Fundación Gregorio Ordóñez por esta labor.
Garzón se aplicó también el primero contra el terrorismo islamista y, en 2003, dictó incluso orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. "Él es de los que cargan la suerte, por usar un símil taurino", explica el anónimo magistrado del Supremo. Este estilo judicial cautivó desde el principio a la policía. Los investigadores han encontrado en el juez un aliado, en muchos casos, un amigo. "A Garzón no le asustan las causas, y no le importa que se le llame a las tres de la mañana porque se ha sabido de una entrega de droga, o hay algo en marcha. Al final le caen los casos más gordos porque es el único que se atreve", dice un policía que ha trabajado con él.
Y cuando no le caen, él mismo procura atraerlos. Algunos colegas reconocen en privado que le hubiera encantado llevar la instrucción del 11-M. El día de la matanza, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia. Otro ejemplo podría ser el caso Pinochet. El propio juez ha contado que fue el juzgado número 6 el que admitió a trámite la denuncia contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, en julio de 1996. El juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renuncia a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia.
Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa le ha guiado, dicen, en el caso del juicio sobre los crímenes del franquismo. Y le guiará en el futuro. El cambio climático ha entrado ya en su carpeta de prioridades. Este año abordó el problema en un curso de verano en la Universidad de Jaén, en Torres. Que se preparen los contaminadores, el juez que no descansa está dispuesto a lanzarse en cualquier momento contra ellos.
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Historia del juez que nunca descansa
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
LOLA GALÁN
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
Baltasar Garzón, el juez más famoso de España, festejará hoy su 53º cumpleaños con el ánimo más bien bajo. No sólo porque está en capilla (mañana será intervenido quirúrgicamente para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales), sino por el destino incierto de su última criatura judicial. El auto por el que reclama las competencias para abrir una causa contra los perpetradores de los crímenes del franquismo ha sido vapuleado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Nadie esperaba tanta contundencia, porque a fin de cuentas "el Derecho no es matemático, permite interpretaciones variadas", dice un compañero del juez. En la Audiencia Nacional los ánimos están caldeados, y las espadas en alto entre juez y fiscal, hasta hace poco, muy amigos. Garzón -traje azul oscuro, camisa a rayas rosas, zapatos negros con suela de goma- se mueve por el edificio con una guardia permanente de periodistas. De estatura media, con algo de sobrepeso, ojos atentos detrás de las sempiternas gafas, el pelo con grandes mechones blancos, peinado hacia atrás, su persona no pasa desapercibida en ningún sitio. Pero el juez guarda silencio. Sus amigos hablan por él de la soledad del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez que ha sentado en el banquillo a banqueros, policías, políticos, terroristas, malhechores y defraudadores como un verdadero espadachín de la justicia. Franco, aunque lleve muerto 28 años, encajaría perfectamente en su galería.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Bajo la toga del juez, un hiperactivo que duerme cuatro horas, se adivinan el misionero que quiso ser y el político fallido
Garzón ha ido cambiando de objetivos. Ahora le motivan sobre todo las grandes causas humanitarias
"Garzón interviene en este tema porque muchas asociaciones por la memoria le piden que intervenga", precisa un viejo colaborador del magistrado. "La Ley de la Memoria Histórica no ha servido para nada. Saben que él es el único que puede ayudarles". Toda una responsabilidad para el magistrado, que ha hecho otras veces este papel de catalizador social. Las víctimas saben que al juez se le puede pedir más que a los demás. Su pretensión, él mismo lo ha dicho, es cambiar el mundo a golpe de sumario judicial. O pretender que lo cambia. Bajo su toga de juez se adivina el misionero que quiso ser. Y debajo de éste, la piel del político fallido. Es como si el juez, un tipo hiperactivo desde pequeño, que duerme sólo cuatro horas, fuera incapaz de renunciar a esas identidades latentes.
Por no hablar de la dificultad de acomodar su vida personal a la del magistrado, siempre con escolta y con servicio de vigilancia sobre el terreno cada vez que asiste a algún acto o a una cita. "El hombre y el juez no tienen nada que ver. Son como el Doctor Jekyll y Míster Hyde. Una cosa es el juez de la Audiencia, el que ha sufrido montones de faenas y el que también las ha hecho, y otra muy distinta es el hombre privado. Un tipo humano, sencillo, próximo", dice el mismo colaborador del magistrado que le conoce desde 1988.
Garzón, el juez, se presenta ante el mundo como un ejemplo de integridad profesional, arropado por frases de este tipo: "Hay que hacer lo que uno cree que debe hacer". "Si no vas hasta el fondo en una investigación, puedes vivir cómodamente, pero este servicio público exige ir hasta el fondo".
En sus 20 años como instructor de la Audiencia, el magistrado ha estado en muchas cosas, todas de primera página. ¿Quién no recuerda la Operación Nécora, en junio de 1990, que inauguró una época de grandes despliegues policiales y posteriores macrojuicios? ¿O el sumario, por un delito de narcotráfico, contra agentes de la Unidad Central Antidroga de la Guardia Civil -Ucifa-? ¿O la larga y contundente batalla contra ETA y su entorno? Por no hablar de los GAL, el grupo que desarrolló la guerra sucia contra ETA entre 1983 y 1987, y cuyo proceso acarreó el encarcelamiento del ex ministro de Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado Rafael Vera. Con el tiempo, el caso GAL se convertirá en uno de los grandes escándalos de la democracia.
Garzón sigue siendo el mismo de entonces, el juez que adora los golpes de efecto, los grandes despliegues policiales, pero sus objetivos han ido cambiando poco a poco. El joven intrépido de los inicios, cautivado por el ejemplo de Giovanni Falcone (juez antimafia italiano asesinado por la Cosa Nostra en 1992), se ha transformado en un magistrado más reposado. Ahora son las grandes causas las que le motivan: los derechos de los pueblos indígenas, el resarcimiento de las víctimas de las dictaduras argentina o chilena, el castigo de los responsables de las guerras que considera injustas. Ha colaborado con el periodista Vicente Romero en documentales sobre la represión de la dictadura argentina y sobre el horror de las prisiones semisecretas como Abu Ghraib o Guantánamo, además de publicar un libro de denuncia, El alma de los verdugos. En junio pasado, presenció en Colombia la exhumación de 25 cadáveres de víctimas de los paramilitares. Garzón vino impresionado, pensando, quizás, en los cadáveres por exhumar en España. Dándole vueltas a la posibilidad de abrir causa al franquismo.
El juez, próximo a Izquierda Unida, ha criticado siempre al franquismo en sus libros. El rechazo no le viene de familia. "Su madre es de derechas. Y habrá sido la primera en decirle, 'pero hijo, ¿qué estás haciendo con esta historia del franquismo otra vez?", comenta un amigo íntimo del magistrado. Pero Garzón es mucho Garzón como para que nadie le haga torcer su voluntad cuando cree que debe actuar.
El segundo de los cinco hijos de Ildefonso Garzón y María Real, nacido el 26 de octubre de 1955, en Torres (Jaén), no vino al mundo para llevar una vida discreta. Él mismo ha contado que siempre tuvo madera de líder, pero el destino le ha alejado de algunos momentos clave en la historia del pasado siglo. Las convulsiones del Mayo francés le pillaron, con 13 años, en el seminario de Baeza. El final del franquismo, que le sorprendió en la universidad, le permitió comprobar los malos modales de los grises. Su sueño no era ser cura, sino misionero en África. Lo malo es que le gustan las chicas y, además, el seminario es opresivo. Garzón no está dispuesto a recibir órdenes ni de Dios. Así es que abandona el centro a los 16 años (ingresó a los 10) para estudiar Derecho en Sevilla. Ha encontrado su vocación, será juez. Aprueba las oposiciones e ingresa en la carrera judicial en 1981.
Garzón se ha descrito a sí mismo en su libro Un mundo sin miedo, redactado a modo de cartas a sus tres hijos, como un adolescente tímido, y, con "miedo a llamar la atención". Estudia con ahínco y se casa, a los 25 años, con Rosario, Yayo, 15 meses mayor que él, su novia de toda la vida. Pilar Urbano que conoce a la pareja desde que escribiera en 2000 Garzón, el hombre que veía amanecer, una especie de biografía autorizada, cuenta que el juez es algo machista en casa, aunque las relaciones de la pareja son óptimas. "Tienen una gran complicidad. Garzón no toma decisiones sin consultar a Yayo". Lo hizo antes de aceptar, en 1993, la oferta de Felipe González para concurrir a las elecciones como número dos por Madrid en las listas del PSOE. Garzón, nombrado delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, se marchó del Gobierno dando un portazo al año siguiente. "González me ha utilizado como un muñeco", dijo el juez entonces, dolido porque no le nombraran coordinador de los servicios de inteligencia. Más tarde ajustaría cuentas con los socialistas.
El episodio, de enorme dureza, parece hoy absolutamente cerrado. Y en su libro La línea del horizonte, de 2008, el juez incluye un educado coloquio mantenido con José Luis Rodríguez Zapatero en Nueva York durante el año largo que pasó en Estados Unidos, entre 2005 y 2006. ¿Busca apoyos para nuevas tareas internacionales? Quizás para el Tribunal Penal Internacional. El interesado lo niega. "Hay que estar al ciento por ciento en lo que se está", suele repetir.
Esta entrega ha dado sus frutos desde el punto de vista del respeto internacional, cree la fiscal Lola Delgado, que lleva quince años trabajando con el juez en la Audiencia. "Es cierto que en Latinoamérica hay que quitar al Santísimo, como quien dice, para ponerlo a él, hasta ese punto le veneran, pero en ambientes europeos no gusta tanto su protagonismo", opina, en cambio, un juez del Tribunal Supremo que pide anonimato. El alto Tribunal ha desbaratado algunos de los juicios sobre causas instruidas por Garzón. Otros se desinflaron en la propia Audiencia. La Operación Nécora, por ejemplo, tuvo un resultado magro, y hasta Garzón ha reconocido que la instrucción tuvo fallos. "Ha aprendido mucho desde entonces. La instrucción la hace ahora perfecta", opina Ángela Murillo, juez de la sala cuarta de la Audiencia Nacional que juzgó aquel caso.
Es más fácil equivocarse cuando se abre camino. "Y Garzón ha sido pionero en muchas cosas", dice la fiscal Delgado. "Por ejemplo, en crimen organizado, ha sido el primero en utilizar los convenios internacionales para llevar más lejos la investigación". El magistrado ha sido decisivo también en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En el plazo de unos años, Garzón le hinca el diente a la kale borroka, cierra el diario Egin, declara ilegal a la coordinadora KAS y a su sucesora EKIN, y pone contra las cuerdas al aparato internacional de ETA. En 2002, y en otro golpe de efecto típico del estilo Garzón, suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara la ilegalización del partido abertzale aplicando la Ley de Partidos. El juez ha recibido premios del Foro de Ermua y de la Fundación Gregorio Ordóñez por esta labor.
Garzón se aplicó también el primero contra el terrorismo islamista y, en 2003, dictó incluso orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. "Él es de los que cargan la suerte, por usar un símil taurino", explica el anónimo magistrado del Supremo. Este estilo judicial cautivó desde el principio a la policía. Los investigadores han encontrado en el juez un aliado, en muchos casos, un amigo. "A Garzón no le asustan las causas, y no le importa que se le llame a las tres de la mañana porque se ha sabido de una entrega de droga, o hay algo en marcha. Al final le caen los casos más gordos porque es el único que se atreve", dice un policía que ha trabajado con él.
Y cuando no le caen, él mismo procura atraerlos. Algunos colegas reconocen en privado que le hubiera encantado llevar la instrucción del 11-M. El día de la matanza, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia. Otro ejemplo podría ser el caso Pinochet. El propio juez ha contado que fue el juzgado número 6 el que admitió a trámite la denuncia contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, en julio de 1996. El juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renuncia a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia.
Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa le ha guiado, dicen, en el caso del juicio sobre los crímenes del franquismo. Y le guiará en el futuro. El cambio climático ha entrado ya en su carpeta de prioridades. Este año abordó el problema en un curso de verano en la Universidad de Jaén, en Torres. Que se preparen los contaminadores, el juez que no descansa está dispuesto a lanzarse en cualquier momento contra ellos.
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domingo, 19 de octubre de 2008
La memoria historica, el recuerdo y el juez Garzon
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La memoria historica, el recuerdo y el juez Garzon
Por purnas
Actualizado 19-10-2008 14:02 CET
El auto del juez Garzón sobre los crímenes del franquismo ha hecho salir letras, palabras y frases de debajo de las tumbas. El auto del juez Garzón sobre los crímenes del franquismo ha hecho que se remuevan, en parte, los cimientos de la "democracia". Fraga, prócer de la transición se revuelve incómodo. La ley de punto final llamada de amnistía general se queda en agua de borrajas. La misma agua de borrajas del Juez Garzón en forma de auto.
De los 35 encausados o posibles encausados no hay ni uno vivo. Todos muertos (y bien muertos). Así que el caso, que sólo incluye la guerra y la primera postguerra, pero no las torturas posteriores, hasta el 75, ni las represalias en forma de palizas, paseos, humillaciones y agravios, se sobreseerá por falta de criminales.
En Público le dan pistas a Garzón. Las víctimas, se sienten en parte timadas, como con la Ley de Memoria Histórica, y en parte oídas. El auto, como la Ley, huelen a una capa más de cal sobre la memoria y la mierda. Sobre la muerte y la dictadura, que para algunos fue de paz y prosperidad. Sólo hay que ver como saltan la Aguirre, Fraga, Mayor Oreja, la Falange...
Para la gran mayoría de la sociedad de España, la guerra, la postguerra y el franquismo son memoria quebrada. Por un lado o por otro, y, en ocasiones, por los dos. El votante medio del PP no se corresponde con el franquista, ni con el nieto de asesinado por las milicias. El votante medio del PSOE no se corresponde con el antifranquista, ni con el nieto de asesinado por los falangistas. Así es España hoy. Y por eso, los gestos excesivos de la Aguirre, o de los medios de la derecha, no son más que publicidad. La misma con la que aireaban que se rompía España con el plan Ibarretxe, con el Estatut de Catalunya, con la Ley de Memoria Histórica o con la derogación del PHN. Es una vieja táctica, protesta de forma exagerada y matizarás los efectos de lo que no puedes evitar. No es exclusivo del facherío, desde luego.
Lo que sí ha conseguido el auto del juez Garzón es hacer de la Ley de Memoria Histórica un mal menor para parte de la derecha española. Carlos Herrera que demonizaba la ley hace un año decía el jueves por la mañana en la radio que el "loable empeño de las familias por encontrar a sus muertos" ya tenía una ley de memoria histórica para tal fin. Hasta "Libertad Digital" aseguraba que la ley de memoria histórica servía para eso (y no para romper España y volver a sacar los tanques a la calle). Algo es algo. Una ley que se quedaba corta para las asociaciones y que ahora, como la propia Constitución a la que se aferran, la ultramontana derecha española ve como un "mal menor".
El viernes por la noche veía la versión teatral de la Lluvia Amarilla. En un momento dado, Andrés de Casa Sosas, el último habitante de Ainiella habla de su hijo Camilo, que partió al frente durante la Guerra y del que nunca han vuelto a saber. Andrés de Casa Sosas, en la pluma de Julio Llamazares, da, con su sabiduría montañesa en el clavo de toda esta historia de cunetas, fosas y zanjas.
Es muy difícil borrar de la memoria las huellas del pasado cuando la duda alimenta el deseo y acumula esperanzas sobre la negación. La muerte tiene, al menos, imágenes tangibles: la tumba, las palabras, las flores que renuevan el rostro del recuerdo y, sobre todo, esa conciencia clara de la irreversibilidad que se asienta en el tiempo y convierte la ausencia en una costumbre añadida. La desaparición, en cambio, no tiene límites ni aun para sí misma; no es un estado, sino su negación.
Andrés sabe, como las familias de los desaparecidos saben, y como los verdugos y sus instigadores saben y por eso se revuelven. Matar en una guerra es fácil, asesinar durante y después si eres el vencedor también, pero permitir el recuerdo alienta la esperanza. Encalar y enterrar en zanjas olvidadas humilla y derrota. Y así los querían.
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La memoria historica, el recuerdo y el juez Garzon
Por purnas
Actualizado 19-10-2008 14:02 CET
El auto del juez Garzón sobre los crímenes del franquismo ha hecho salir letras, palabras y frases de debajo de las tumbas. El auto del juez Garzón sobre los crímenes del franquismo ha hecho que se remuevan, en parte, los cimientos de la "democracia". Fraga, prócer de la transición se revuelve incómodo. La ley de punto final llamada de amnistía general se queda en agua de borrajas. La misma agua de borrajas del Juez Garzón en forma de auto.
De los 35 encausados o posibles encausados no hay ni uno vivo. Todos muertos (y bien muertos). Así que el caso, que sólo incluye la guerra y la primera postguerra, pero no las torturas posteriores, hasta el 75, ni las represalias en forma de palizas, paseos, humillaciones y agravios, se sobreseerá por falta de criminales.
En Público le dan pistas a Garzón. Las víctimas, se sienten en parte timadas, como con la Ley de Memoria Histórica, y en parte oídas. El auto, como la Ley, huelen a una capa más de cal sobre la memoria y la mierda. Sobre la muerte y la dictadura, que para algunos fue de paz y prosperidad. Sólo hay que ver como saltan la Aguirre, Fraga, Mayor Oreja, la Falange...
Para la gran mayoría de la sociedad de España, la guerra, la postguerra y el franquismo son memoria quebrada. Por un lado o por otro, y, en ocasiones, por los dos. El votante medio del PP no se corresponde con el franquista, ni con el nieto de asesinado por las milicias. El votante medio del PSOE no se corresponde con el antifranquista, ni con el nieto de asesinado por los falangistas. Así es España hoy. Y por eso, los gestos excesivos de la Aguirre, o de los medios de la derecha, no son más que publicidad. La misma con la que aireaban que se rompía España con el plan Ibarretxe, con el Estatut de Catalunya, con la Ley de Memoria Histórica o con la derogación del PHN. Es una vieja táctica, protesta de forma exagerada y matizarás los efectos de lo que no puedes evitar. No es exclusivo del facherío, desde luego.
Lo que sí ha conseguido el auto del juez Garzón es hacer de la Ley de Memoria Histórica un mal menor para parte de la derecha española. Carlos Herrera que demonizaba la ley hace un año decía el jueves por la mañana en la radio que el "loable empeño de las familias por encontrar a sus muertos" ya tenía una ley de memoria histórica para tal fin. Hasta "Libertad Digital" aseguraba que la ley de memoria histórica servía para eso (y no para romper España y volver a sacar los tanques a la calle). Algo es algo. Una ley que se quedaba corta para las asociaciones y que ahora, como la propia Constitución a la que se aferran, la ultramontana derecha española ve como un "mal menor".
El viernes por la noche veía la versión teatral de la Lluvia Amarilla. En un momento dado, Andrés de Casa Sosas, el último habitante de Ainiella habla de su hijo Camilo, que partió al frente durante la Guerra y del que nunca han vuelto a saber. Andrés de Casa Sosas, en la pluma de Julio Llamazares, da, con su sabiduría montañesa en el clavo de toda esta historia de cunetas, fosas y zanjas.
Es muy difícil borrar de la memoria las huellas del pasado cuando la duda alimenta el deseo y acumula esperanzas sobre la negación. La muerte tiene, al menos, imágenes tangibles: la tumba, las palabras, las flores que renuevan el rostro del recuerdo y, sobre todo, esa conciencia clara de la irreversibilidad que se asienta en el tiempo y convierte la ausencia en una costumbre añadida. La desaparición, en cambio, no tiene límites ni aun para sí misma; no es un estado, sino su negación.
Andrés sabe, como las familias de los desaparecidos saben, y como los verdugos y sus instigadores saben y por eso se revuelven. Matar en una guerra es fácil, asesinar durante y después si eres el vencedor también, pero permitir el recuerdo alienta la esperanza. Encalar y enterrar en zanjas olvidadas humilla y derrota. Y así los querían.
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miércoles, 15 de octubre de 2008
El Correo de Andalucía - Andaluces tras el rastro de la dictadura
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Más argumentos para salir a la calle y decirle al gobierno andaluz que SÍ PUEDE actuar en las fosas comunes.
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Más argumentos para salir a la calle y decirle al gobierno andaluz que SÍ PUEDE actuar en las fosas comunes.
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Lamentar que el Presidente Chaves no se acuerde de 'sus muertos'. Aquellos miles de socialistas fusilados por el franquismo, que otros (sin recursos, pero solidariamente) tenemos que buscar, documentar, presentar a Garzón y -en algunos casos- exhumar e indentificar geneticamente -fuera de Andalucía- los restos de las fosas comunes existentes por todos los pueblos andaluces.
Cecilio Gordillo, Coord. 'RMHSA' de CGT.A
Cecilio Gordillo, Coord. 'RMHSA' de CGT.A
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El Correo de Andalucía - Andaluces tras el rastro de la dictadura
Isabel Morillo
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, ofreció al gobierno argentino la colaboración del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, pionero en técnicas de ADN, para localizar a víctimas de la dictadura.La dictadura militar que gobernó Argentina desde 1976 a 1983 dejó escrita una de las etapas más negras de la historia reciente y un estremecedor número de muertos, entre los 10.000 y 30.000. Muchos siguen “desaparecidos”. Las torturas fueron horribles. El pánico se apoderó de cualquier ciudadano, que temía que le pararan en la calle o le levantaran de la cama para borrar su rastro. ¿Cuántos fueron arrojados al mar desde los aviones militares? A la orilla del Río de la Plata hay un Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. 30.000 ladrillos de piedra volcánica de la Patagonia les recuerdan. Hace dos semanas, la presidenta argentina, Cristina Fernández, intervino en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas y exigió ayuda para identificar a los desaparecidos. Junto a Guatemala y Perú, Argentina lidera esa campaña de localización de víctimas de las dictaduras militares. El presidente andaluz, Manuel Chaves, leyó el discurso mientras preparaba su viaje oficial y pensó que el equipo forense de la Universidad de Granada de José Antonio Lorente podía ayudar.Chaves se reunió ayer por la tarde (hora local) en la Casa Rosada, con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República de Argentina, Sergio Massa, en la entrevista de mayor nivel político celebrada en este país. Entre los asuntos sobre la mesa estuvo esta oferta de colaboración para crear un banco de datos genéticos. El laboratorio de la Universidad de Granada cuenta con 18 años de experiencia y las técnicas más avanzadas de análisis de ADN. Su director, autor de trabajos tan importantes como la identificación de Cristobal Colón, mantiene estrechos vínculos con Iberoamérica y ya ha colaborado puntualmente con la Polícia Federal y la Gendarmería argentina. Se trataría de establecer canales estables de trabajo como ya se hizo con Guatemala. Desde 2005 este laboratorio colabora en la identificación de desaparecidos de la Guerra Civil guatemalteca y se encarga, ante la falta de medios del país, de realizar las pruebas de ADN para casos de desapariciones, secuestros y asesinatos. El equipo granadino ha trabajado también en el caso del asalto a la embajada de Japón en Perú, el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, los desaparecidos de la dictadura chilena o la identificación de Simón Bolívar.En la entrevista con el primer ministro argentino, que está recién llegado al cargo después de que la crisis del campo costara el cargo a su antecesor, se habló también de la que ayer era la segunda noticia en los telediarios del país: la asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea que el Gobierno de Cristina Fernández quiere nacionalizar y comprar al grupo español Marsans. “Todo apunta feo”, “tiene mala pinta”, aseguraron los periodistas que habitualmente siguen este tema que está afectando a las relaciones entre ambos países y que ha motivado que la presidenta argentina haya aplazado varias veces su visita a España, ahora prevista para febrero. “Massa me ha trasladado que es optimista y que se puede llegar a un acuerdo. Hemos coincidido en que este asunto no debe contaminar las relaciones entre Argentina y España”, aseguró Chaves, que invitó a la presidenta argentina a visitar Andalucía el próximo año.
El Correo de Andalucía - Andaluces tras el rastro de la dictadura
Isabel Morillo
El presidente de la Junta, Manuel Chaves, ofreció al gobierno argentino la colaboración del Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada, pionero en técnicas de ADN, para localizar a víctimas de la dictadura.La dictadura militar que gobernó Argentina desde 1976 a 1983 dejó escrita una de las etapas más negras de la historia reciente y un estremecedor número de muertos, entre los 10.000 y 30.000. Muchos siguen “desaparecidos”. Las torturas fueron horribles. El pánico se apoderó de cualquier ciudadano, que temía que le pararan en la calle o le levantaran de la cama para borrar su rastro. ¿Cuántos fueron arrojados al mar desde los aviones militares? A la orilla del Río de la Plata hay un Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. 30.000 ladrillos de piedra volcánica de la Patagonia les recuerdan. Hace dos semanas, la presidenta argentina, Cristina Fernández, intervino en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas y exigió ayuda para identificar a los desaparecidos. Junto a Guatemala y Perú, Argentina lidera esa campaña de localización de víctimas de las dictaduras militares. El presidente andaluz, Manuel Chaves, leyó el discurso mientras preparaba su viaje oficial y pensó que el equipo forense de la Universidad de Granada de José Antonio Lorente podía ayudar.Chaves se reunió ayer por la tarde (hora local) en la Casa Rosada, con el Jefe de Gabinete de Ministros de la República de Argentina, Sergio Massa, en la entrevista de mayor nivel político celebrada en este país. Entre los asuntos sobre la mesa estuvo esta oferta de colaboración para crear un banco de datos genéticos. El laboratorio de la Universidad de Granada cuenta con 18 años de experiencia y las técnicas más avanzadas de análisis de ADN. Su director, autor de trabajos tan importantes como la identificación de Cristobal Colón, mantiene estrechos vínculos con Iberoamérica y ya ha colaborado puntualmente con la Polícia Federal y la Gendarmería argentina. Se trataría de establecer canales estables de trabajo como ya se hizo con Guatemala. Desde 2005 este laboratorio colabora en la identificación de desaparecidos de la Guerra Civil guatemalteca y se encarga, ante la falta de medios del país, de realizar las pruebas de ADN para casos de desapariciones, secuestros y asesinatos. El equipo granadino ha trabajado también en el caso del asalto a la embajada de Japón en Perú, el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, los desaparecidos de la dictadura chilena o la identificación de Simón Bolívar.En la entrevista con el primer ministro argentino, que está recién llegado al cargo después de que la crisis del campo costara el cargo a su antecesor, se habló también de la que ayer era la segunda noticia en los telediarios del país: la asamblea de accionistas de Aerolíneas Argentinas, la compañía aérea que el Gobierno de Cristina Fernández quiere nacionalizar y comprar al grupo español Marsans. “Todo apunta feo”, “tiene mala pinta”, aseguraron los periodistas que habitualmente siguen este tema que está afectando a las relaciones entre ambos países y que ha motivado que la presidenta argentina haya aplazado varias veces su visita a España, ahora prevista para febrero. “Massa me ha trasladado que es optimista y que se puede llegar a un acuerdo. Hemos coincidido en que este asunto no debe contaminar las relaciones entre Argentina y España”, aseguró Chaves, que invitó a la presidenta argentina a visitar Andalucía el próximo año.
domingo, 12 de octubre de 2008
Granada envía una lista de 515 desaparecidos durante el franquismo.
Granada envía una lista de 515 desaparecidos durante el franquismo elplural.com -
ELPLURAL/ANDALUCÍA
El Ayuntamiento de Granada enviará al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, un listado con 515 fallecidos durante la represión franquista. Todos ellos fueron condenados en juicios militares desde 1939 a 1945. Además de ese listado, el Ayuntamiento enviará a Garzón un informe con datos aportados por los familiares y los “escasos” datos que quedan en el Archivo Histórico
Eduardo Moral, consejero delegado de la Empresa Municipal del Cementero y Servicios Funerarios, ha hecho entrega al alcalde de Granada del listado que se enviará hoy mismo al juez de la Audiencia Nacional.
Juicios militares
Los 515 fallecidos del listado fueron condenados a pena de muerte, juzgados por tribunales militares. Sin embargo, junto a todos los nombres no aparecen anotaciones en cuanto a vínculos con organizaciones políticas. Por ello Moral señala que es complicado afirmar que todos correspondan a la causa referida. Localización difícil Los investigadores señalan que la localización de los cadáveres será complicada ya que algunos de los lugares no tienen actualmente el mismo nombre que en el momento del registro. Las labores de búsqueda, en el caso de decidir localizar los restos, se presentan arduas para los encargados de realizarlas, al no tener datos certeros de la localización de las fosas comunes.
Falta de información
El juez Baltasar Garzón había solicitado información desde julio de 1936, momento del alzamiento militar contra el gobierno republicano. Sin embargo, en el cementerio granadino no hay datos completos sobre esa época. No obstante, el Ayuntamiento remitirá al juez un informe con la poca información que existía en el Archivo Históricon, así como documentación aportada por los familiares de los asesinados durante la Guerra civil.
Datos de la Universidad
El mes pasado, la Universidad de Granada envió a la Audiencia Nacional un extenso informe socio-político en el que aportaba una lista de 6.376 desaparecidos entre los años 1936 y 1955, en la provincia de Granada. En aquel momento, la información se recopiló a través de los datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo realizadas por los investigadores.
ELPLURAL/ANDALUCÍA
El Ayuntamiento de Granada enviará al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, un listado con 515 fallecidos durante la represión franquista. Todos ellos fueron condenados en juicios militares desde 1939 a 1945. Además de ese listado, el Ayuntamiento enviará a Garzón un informe con datos aportados por los familiares y los “escasos” datos que quedan en el Archivo Histórico
Eduardo Moral, consejero delegado de la Empresa Municipal del Cementero y Servicios Funerarios, ha hecho entrega al alcalde de Granada del listado que se enviará hoy mismo al juez de la Audiencia Nacional.
Juicios militares
Los 515 fallecidos del listado fueron condenados a pena de muerte, juzgados por tribunales militares. Sin embargo, junto a todos los nombres no aparecen anotaciones en cuanto a vínculos con organizaciones políticas. Por ello Moral señala que es complicado afirmar que todos correspondan a la causa referida. Localización difícil Los investigadores señalan que la localización de los cadáveres será complicada ya que algunos de los lugares no tienen actualmente el mismo nombre que en el momento del registro. Las labores de búsqueda, en el caso de decidir localizar los restos, se presentan arduas para los encargados de realizarlas, al no tener datos certeros de la localización de las fosas comunes.
Falta de información
El juez Baltasar Garzón había solicitado información desde julio de 1936, momento del alzamiento militar contra el gobierno republicano. Sin embargo, en el cementerio granadino no hay datos completos sobre esa época. No obstante, el Ayuntamiento remitirá al juez un informe con la poca información que existía en el Archivo Históricon, así como documentación aportada por los familiares de los asesinados durante la Guerra civil.
Datos de la Universidad
El mes pasado, la Universidad de Granada envió a la Audiencia Nacional un extenso informe socio-político en el que aportaba una lista de 6.376 desaparecidos entre los años 1936 y 1955, en la provincia de Granada. En aquel momento, la información se recopiló a través de los datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo realizadas por los investigadores.
jueves, 9 de octubre de 2008
DD HH-ESPAÑA: Resurgen fusilamientos del pasado
DD HH-ESPAÑA: Resurgen fusilamientos del pasado IPS Noticias (Suscripción) - Uruguay
Por Tito Drago
MADRID, 7 oct (IPS) - Cuando todo permitía suponer que España había enterrado los fusilamientos perpetrados en la II República, instaurada en 1931, y en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), la apertura de un proceso judicial hace presente una realidad que ocasionó miles de muertos.
Cifras gubernamentales indican que entre esas fechas fueron encarceladas 400.000 personas y otras 650.00 debieron exiliarse, mientras que las asesindas llegaron a 210.000, unas 60.000 de las cuales fueron víctimas del bando republicano, donde el Partido Comunista jugó un papel decisivo en el campo militar, y las 150.000 restantes murieron a manos del franquismo. El gobierno aprobó el 3 de este mes cuatro decretos para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, aprobada en enero y que entre otras cosas establecen la reparación económica a las víctimas y su rehabilitación pública. Las indemnizaciones a las familias por cada fallecido irán desde los 135.000 euros (186.000 dólares) y sumas menores para quienes resultaron heridos, con montos que dependerán del grado de discapacidad provocada, la cual será acreditada por la sanidad oficial. Un par de semanas antes, el juez Baltasar Garzón decidió abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. El magistrado lo hizo respondiendo a la solicitud de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), provincia ubicada en el noroeste de la península ibérica, una de las más castigadas en aquella época. Fernando Magán, abogado de ARMHV, calcula que en la Guerra Civil Española (1936-1939) fueron fusiladas más de 3.000 personas sólo en esa provincia, cuyos cuerpos todavía no fueron localizados, y calcula que los restos de personas que faltan ubicar en toda España serían unos 130.000. Tras presentar su demanda ante Garzón, hace dos semanas, declaró que llevaba más de un año poniendo denuncias y aportando documentación y que sólo ahora "parece que estamos llegando a buen puerto". La decisión de Garzón recibió apoyos, pero también críticas como la del coronel retirado Julián Delgado, quien fue uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD), creada para luchar contra la dictadura franquista. Luego de instaurada la democracia fue jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, una de las ciudades más pobladas de España. Delgado dijo a IPS que no considera correcto que se haya abierto un proceso judicial sobre los fusilamientos, ya que "es absurdo remover el dolor". "Esta es otra de las actitudes a las que nos tiene acostumbrados el juez Garzón", criticó. Porque, añadió, "hay que dividir lo ocurrido entre los que murieron en el frente (de guerra) y los que lo hicieron en la retaguardia, en un enfrentamiento que dejó muchos tipos de víctimas, todas merecen respeto pero no deben ser incluidas todas de manera general". No obstante, aclaró, "otra cosa es que las víctimas y sus familiares que no fueron indemnizados sean apoyados por el Estado, reciban indemnización y cierren su duelo". Pero todo ello debe hacerse "sin cierto revanchismo que se está produciendo y no hace nada bien a la democracia". Sobre la cantidad de víctimas no identificadas todavía no hay cifras precisas, aunque a Garzón ya le han presentado unos 130.000 nombres de desaparecidos en aquella época. El problema está en que será muy difícil identificar los restos, casi todos enterrados en fosas comunes. Un ejemplo está en Valladolid, donde la ARMHV investigó sobre 1.600 personas ejecutadas y solamente logró identificar a 125 de ellas, ya que son grandes fosas comunes en las que resulta muy difícil extraer el ADN de los huesos para compararlos con el de los familiares que hacen las denuncias. Además, en la posguerra se enterró también en fosas comunes a quienes fallecían por muerte natural o accidentes y sus familiares carecían de dinero para pagar una tumba o nicho. El reconocimiento incluirá a los extranjeros, cuyo número será elevado ya que los miembros de las Brigadas Internacionales que se constituyeron para apoyar la República y lucharon fueron más de 35.000 procedentes de medio centenar de países, a quienes se les retiraron los pasaportes para que no pudieran abandonar las filas. Uno de ellos, con 94 años de edad y radicado en Francia, Theo Francos, declaró al diario madrileño El País que se siente apenado porque los brigadistas ofrecieron sus vidas para cambiar el mundo y no lo pudieron lograr. Sobre la decisión del gobierno del socialista José Luís Rodríguez Zapatero de reconocerle la nacionalidad española a Francos, éste manifestó que "es algo simbólico, pero he estado tres años luchando por España y me apetece ser un ciudadano de ese país". José Antonio de Santiago-Juárez, consejero (ministro) de la presidencia de la Junta de Castilla-León, a la que pertenece Valladolid, se pronunció en contra de la instancia judicial abierta por Garzón. Santiago-Juárez, del centroderechista Partido Popular (PP), dijo que el juez está haciendo eso "para desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España" y beneficiar con ello al gobierno de Zapatero. Garzón, por su parte, requirió información a municipios, ministerios, a los centros documentales e incluso a la Conferencia Episcopal Española, que tiene archivos en los que constan los funerales que ha realizado. Otra polémica ha surgido en torno al nonagenario dirigente comunista Santiago Carrillo, quien ejerció la Consejería de Orden Público durante la República quien, al preguntársele sobre el asesinato de 2.000 personas en Paracuellos del Jarama, localidad próxima a Madrid, rechaza cualquier responsabilidad. "Puse aquella misión en manos de mis colaboradores de la seguridad del traslado", dijo. Un traslado que se interrumpió a poco de salir y que culminó con los asesinatos. Según Carrillo, "la gente que ya había sufrido los ataques fascistas se lanzó a por ellos (por los militares que eran trasladados presos) y la guardia que iba custodiándolos no los defendió". "Si alguna responsabilidad tuve yo de aquello fue la de no tener capacidad para controlar y castigar a los responsables..., fue una desgracia tremenda, pero hubiera sido mucho peor que se hubieran unido al ejército que estaba atacando a Madrid", explicó. Así queda abierta la tumba histórica, pero quedan muchos pasos por andar. Un ejemplo es el del gran poeta Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936, cuyos restos puede que sean examinados próximamente si Garzón responde positivamente a la demanda de los familiares de otros dos fusilados junto a él y autoriza la exhumación de los mismos. Pero hay casos que no necesitaron orden judicial para encontrar restos. En las obras para construir un jardín botánico en Mérida, capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lindante con Portugal, se identificaron unos 1.200 cuerpos que aparecieron en una fosa común descubierta por casualidad. Algo parecido ocurrió en otras provincias españolas, a lo largo y ancho del país. Así, entre apoyos y rechazos, el pasado de la Guerra Civil y sus prolegómenos se hacen presentes otra vez en España. Falta saber si todo saldrá a la luz o si se impondrán quienes señalan que desean mirar hacia el futuro, en unidad, paz y democracia. (FIN/2008)
Por Tito Drago
MADRID, 7 oct (IPS) - Cuando todo permitía suponer que España había enterrado los fusilamientos perpetrados en la II República, instaurada en 1931, y en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), la apertura de un proceso judicial hace presente una realidad que ocasionó miles de muertos.
Cifras gubernamentales indican que entre esas fechas fueron encarceladas 400.000 personas y otras 650.00 debieron exiliarse, mientras que las asesindas llegaron a 210.000, unas 60.000 de las cuales fueron víctimas del bando republicano, donde el Partido Comunista jugó un papel decisivo en el campo militar, y las 150.000 restantes murieron a manos del franquismo. El gobierno aprobó el 3 de este mes cuatro decretos para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, aprobada en enero y que entre otras cosas establecen la reparación económica a las víctimas y su rehabilitación pública. Las indemnizaciones a las familias por cada fallecido irán desde los 135.000 euros (186.000 dólares) y sumas menores para quienes resultaron heridos, con montos que dependerán del grado de discapacidad provocada, la cual será acreditada por la sanidad oficial. Un par de semanas antes, el juez Baltasar Garzón decidió abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. El magistrado lo hizo respondiendo a la solicitud de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), provincia ubicada en el noroeste de la península ibérica, una de las más castigadas en aquella época. Fernando Magán, abogado de ARMHV, calcula que en la Guerra Civil Española (1936-1939) fueron fusiladas más de 3.000 personas sólo en esa provincia, cuyos cuerpos todavía no fueron localizados, y calcula que los restos de personas que faltan ubicar en toda España serían unos 130.000. Tras presentar su demanda ante Garzón, hace dos semanas, declaró que llevaba más de un año poniendo denuncias y aportando documentación y que sólo ahora "parece que estamos llegando a buen puerto". La decisión de Garzón recibió apoyos, pero también críticas como la del coronel retirado Julián Delgado, quien fue uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD), creada para luchar contra la dictadura franquista. Luego de instaurada la democracia fue jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, una de las ciudades más pobladas de España. Delgado dijo a IPS que no considera correcto que se haya abierto un proceso judicial sobre los fusilamientos, ya que "es absurdo remover el dolor". "Esta es otra de las actitudes a las que nos tiene acostumbrados el juez Garzón", criticó. Porque, añadió, "hay que dividir lo ocurrido entre los que murieron en el frente (de guerra) y los que lo hicieron en la retaguardia, en un enfrentamiento que dejó muchos tipos de víctimas, todas merecen respeto pero no deben ser incluidas todas de manera general". No obstante, aclaró, "otra cosa es que las víctimas y sus familiares que no fueron indemnizados sean apoyados por el Estado, reciban indemnización y cierren su duelo". Pero todo ello debe hacerse "sin cierto revanchismo que se está produciendo y no hace nada bien a la democracia". Sobre la cantidad de víctimas no identificadas todavía no hay cifras precisas, aunque a Garzón ya le han presentado unos 130.000 nombres de desaparecidos en aquella época. El problema está en que será muy difícil identificar los restos, casi todos enterrados en fosas comunes. Un ejemplo está en Valladolid, donde la ARMHV investigó sobre 1.600 personas ejecutadas y solamente logró identificar a 125 de ellas, ya que son grandes fosas comunes en las que resulta muy difícil extraer el ADN de los huesos para compararlos con el de los familiares que hacen las denuncias. Además, en la posguerra se enterró también en fosas comunes a quienes fallecían por muerte natural o accidentes y sus familiares carecían de dinero para pagar una tumba o nicho. El reconocimiento incluirá a los extranjeros, cuyo número será elevado ya que los miembros de las Brigadas Internacionales que se constituyeron para apoyar la República y lucharon fueron más de 35.000 procedentes de medio centenar de países, a quienes se les retiraron los pasaportes para que no pudieran abandonar las filas. Uno de ellos, con 94 años de edad y radicado en Francia, Theo Francos, declaró al diario madrileño El País que se siente apenado porque los brigadistas ofrecieron sus vidas para cambiar el mundo y no lo pudieron lograr. Sobre la decisión del gobierno del socialista José Luís Rodríguez Zapatero de reconocerle la nacionalidad española a Francos, éste manifestó que "es algo simbólico, pero he estado tres años luchando por España y me apetece ser un ciudadano de ese país". José Antonio de Santiago-Juárez, consejero (ministro) de la presidencia de la Junta de Castilla-León, a la que pertenece Valladolid, se pronunció en contra de la instancia judicial abierta por Garzón. Santiago-Juárez, del centroderechista Partido Popular (PP), dijo que el juez está haciendo eso "para desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España" y beneficiar con ello al gobierno de Zapatero. Garzón, por su parte, requirió información a municipios, ministerios, a los centros documentales e incluso a la Conferencia Episcopal Española, que tiene archivos en los que constan los funerales que ha realizado. Otra polémica ha surgido en torno al nonagenario dirigente comunista Santiago Carrillo, quien ejerció la Consejería de Orden Público durante la República quien, al preguntársele sobre el asesinato de 2.000 personas en Paracuellos del Jarama, localidad próxima a Madrid, rechaza cualquier responsabilidad. "Puse aquella misión en manos de mis colaboradores de la seguridad del traslado", dijo. Un traslado que se interrumpió a poco de salir y que culminó con los asesinatos. Según Carrillo, "la gente que ya había sufrido los ataques fascistas se lanzó a por ellos (por los militares que eran trasladados presos) y la guardia que iba custodiándolos no los defendió". "Si alguna responsabilidad tuve yo de aquello fue la de no tener capacidad para controlar y castigar a los responsables..., fue una desgracia tremenda, pero hubiera sido mucho peor que se hubieran unido al ejército que estaba atacando a Madrid", explicó. Así queda abierta la tumba histórica, pero quedan muchos pasos por andar. Un ejemplo es el del gran poeta Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936, cuyos restos puede que sean examinados próximamente si Garzón responde positivamente a la demanda de los familiares de otros dos fusilados junto a él y autoriza la exhumación de los mismos. Pero hay casos que no necesitaron orden judicial para encontrar restos. En las obras para construir un jardín botánico en Mérida, capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lindante con Portugal, se identificaron unos 1.200 cuerpos que aparecieron en una fosa común descubierta por casualidad. Algo parecido ocurrió en otras provincias españolas, a lo largo y ancho del país. Así, entre apoyos y rechazos, el pasado de la Guerra Civil y sus prolegómenos se hacen presentes otra vez en España. Falta saber si todo saldrá a la luz o si se impondrán quienes señalan que desean mirar hacia el futuro, en unidad, paz y democracia. (FIN/2008)
Envían la lista de desaparecidos de la Guerra Civil en Melilla y Ceuta
Envían la lista de desaparecidos de la Guerra Civil en Melilla y Ceuta El Faro -
Escrito por El Faro/M.R / melilla
miércoles, 08 de octubre de 2008
La causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para investigar la represión producida durante la Guerra Civil y la dictadura franquista contra unos 133.000 españoles, sigue su curso con la admisión de una lista de 457 desaparecidos en Melilla y Ceuta, según Europapress.En este sentido, las 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado de Baltasar Garzón, entregaron ayer un listado único y “definitivo” en soporte informático con 133.708 nombres de personas desaparecidas en esas fechas.Fernando Magán, abogado que representa a estas asociaciones y a los diez particulares que han interpuesto denuncias ante el juez de la Audiencia Nacional, depositó ayer el listado después de que Garzón lo reclamara el pasado 25 de septiembre para evitar duplicidades en las identidades proporcionadas. En una providencia, el juez dio a estas asociaciones, agrupadas en una plataforma de víctimas, un plazo de una semana para entregar un “listado único” con la filiación de los desaparecidos y su posible ubicación, en el que quedaran eliminadas las identidades repetidas que figuraban en la lista que facilitaron el día 22 y en la que aparecían 130.137 nombres. Ahora la cifra ha aumentado porque, según Magán, a la información recabada por las asociaciones y los particulares denunciantes, añadieron los datos proporcionados por los gobiernos gallego y vasco a los que el juez les ha dado acceso.“Es el listado definitivo de los represaliados”, explicó Magán, al señalar que el juez tiene también en su poder “otra lista que comprende todas las exhumaciones” realizadas desde 2000, unas cuatrocientas, y otra con “los cuerpos identificados o en fase de identificación” a través de pruebas de ADN.Según este nuevo listado, Andalucía, con 29.091 desaparecidos, es la comunidad con mayor número de víctimas, seguida por la comunidad valenciana, con 28.892, Castilla y León ,15.269, Extremadura, 10.266, Aragón, 10.178, País Vasco, 9.759, Castilla La Mancha, 7.885 y Galicia, 4.396.Una vez cumplido el requerimiento, el juez resolverá si se declara competente o no para investigar los hechos denunciados, según el mismo anunciaba en la citada providencia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional por su parte pidió a Garzón que no admitiera estas denuncias, por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y que además la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos
Escrito por El Faro/M.R / melilla
miércoles, 08 de octubre de 2008
La causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para investigar la represión producida durante la Guerra Civil y la dictadura franquista contra unos 133.000 españoles, sigue su curso con la admisión de una lista de 457 desaparecidos en Melilla y Ceuta, según Europapress.En este sentido, las 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado de Baltasar Garzón, entregaron ayer un listado único y “definitivo” en soporte informático con 133.708 nombres de personas desaparecidas en esas fechas.Fernando Magán, abogado que representa a estas asociaciones y a los diez particulares que han interpuesto denuncias ante el juez de la Audiencia Nacional, depositó ayer el listado después de que Garzón lo reclamara el pasado 25 de septiembre para evitar duplicidades en las identidades proporcionadas. En una providencia, el juez dio a estas asociaciones, agrupadas en una plataforma de víctimas, un plazo de una semana para entregar un “listado único” con la filiación de los desaparecidos y su posible ubicación, en el que quedaran eliminadas las identidades repetidas que figuraban en la lista que facilitaron el día 22 y en la que aparecían 130.137 nombres. Ahora la cifra ha aumentado porque, según Magán, a la información recabada por las asociaciones y los particulares denunciantes, añadieron los datos proporcionados por los gobiernos gallego y vasco a los que el juez les ha dado acceso.“Es el listado definitivo de los represaliados”, explicó Magán, al señalar que el juez tiene también en su poder “otra lista que comprende todas las exhumaciones” realizadas desde 2000, unas cuatrocientas, y otra con “los cuerpos identificados o en fase de identificación” a través de pruebas de ADN.Según este nuevo listado, Andalucía, con 29.091 desaparecidos, es la comunidad con mayor número de víctimas, seguida por la comunidad valenciana, con 28.892, Castilla y León ,15.269, Extremadura, 10.266, Aragón, 10.178, País Vasco, 9.759, Castilla La Mancha, 7.885 y Galicia, 4.396.Una vez cumplido el requerimiento, el juez resolverá si se declara competente o no para investigar los hechos denunciados, según el mismo anunciaba en la citada providencia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional por su parte pidió a Garzón que no admitiera estas denuncias, por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y que además la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos
Sí existe la memoria histórica
Sí existe la memoria histórica
El juez Garzón ha destapado la caja de los truenos al pedir que se elabore un censo de muertos y desaparecidos en la guerra civil española.Vuelve a hablarse de aquella transición, que después de tantas felicitaciones «por la lección que habíamos dado al mundo» resulta que en más de treinta años no ha dado ni para clasificar, ordenar y actualizar nuestra historia.Claro que tampoco es extraño, y por eso España es dentro de Europa un país poco conocido y peor juzgado. Nuestra historia oficial está llena de pronunciamientos locales y rebeliones militares que nos hacen parecer como un país de poca monta, lleno de intrigas palaciegas y motines en los que el Estado en muchas ocasiones ha quedado diluido.Quizá por eso Napoleón creyó en 1808 que España era débil y asumió su soberanía nacional por derecho de conquista, comprando a los Borbones los derechos dinásticos de la Corona de España y de las Indias. Pero se llevó la sorpresa de que lo que estaba muerto era el Estado, sin embargo, el pueblo generosamente derramaba su sangre a torrentes en defensa de aquella legitimidad. Período interesante de 1808 a 1812 al que habría que aplicar también la memoria histórica.Por las mismas razones en 1856 Isabel se enfrenta con el pueblo a causa del golpe de Estado que ha provocado la revolución, ocasionado por la falta de alimentos. Los muertos de 1808 quedan en mera anécdota al lado de la masacre que desata la citada Isabel contra progresistas y demócratas, quedando disuelta la milicia nacional y haciendo que suenen a muerte las campanas por la Monarquía absolutista, dando paso a la I República. También habría que aplicarle la memoria histórica.Estamos en 1936 y Franco y sus partidarios cometen el mismo error que Napoleón en 1808, creyendo que la II República burguesa instaurada en 1931 debilitada física y moralmente se la llevaría por delante el fascismo español a través de un paseo militar.Pero como en 1808 al pueblo español lo habían subestimado haciendo gala de la misma capacidad de resistencia que entonces, necesitando tres años de lucha y la ayuda extranjera, convirtiéndose en una sangrienta guerra civil. Se repite el valor y el sacrificio del pueblo en defensa de la legitimidad.Una y otra vez los gobiernos burgueses en este país han temido más la insurrección de los trabajadores en armas que los levantamientos de cualquier general nacional o extranjero apoyado por los reaccionarios, aunque esto significara hundir las instituciones democráticas o la disolución del Estado. Y lo demuestra el que la II República hiciera caso omiso de la sublevación militar que se produjo en 1932 y ejerciera de brutal represión de 1934.Espanta comprobar lo mal contada y actualizada que está nuestra historia y uno se pregunta ingenuamente por qué aparecen historiadores, eruditos, etcétera, para inventar genealogías y situarlas por encima de los demás y no pueden aplicarse en datar, ordenar y actualizar los papales de genealogías más humildes pertenecientes al pueblo, que son las que siempre desgraciadamente pagan los platos rotos con su sangre y la ignominia del olvido. Será porque esta democracia sólo da para una minoría de políticos y financieros.Hay filósofos que dicen que «no existe la memoria histórica, porque la historia no es memoria ni se constituye por la memoria, sino que recoge las reliquias que ha dejado el pasado en el presente y se construye según el filósofo igual que una teoría geológica o astronómica».Como nunca me sedujo recoger reliquias ni pasear por jardines metafísicos, trataré de expresar cómo pasa la historia a mi memoria. La historia suele ser una actualización de lo que creemos que ha pasado porque ha quedado documentado. La historia de este país durante los años en que estudiaba me la contaron desde lo que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, que ponía los pelos de punta y que mi cerebro afortunadamente procesaba en la memoria a corto plazo para aprobar la asignatura, pero se olvidó de trasladar o de fijar en la memoria a largo plazo porque sospechaba que una historia que no da la posibilidad de cotejar más documentos que los de una parte, avalados por el obispo de turno, no me merecía ninguna credibilidad y me dejaba fuera de la idea de nación.Era una historia contada contra los demás y que en la transición se dijo que había que olvidar y perdonar, el pueblo generoso como siempre lo creyó y perdonó, pero no pudo olvidar porque para olvidar primero hay que conocer, y desconocemos nuestra historia desde 1808 y mucho más desde 1936.Quienes vociferan tanto, ¿a qué tienen miedo? Quizás a descubrir que algunas grandes fortunas de este país están manchadas de sangre; que la falta de empresarios modernos y competitivos de los que adolece este país, parte de esta dinámica histórica en la que se formaron, cobrando los favores prestados a la dictadura. En 2003 estuve en el archivo de la guerra civil en Salamanca buscando información sobre dos familiares muertos en esa guerra, encontrando como único dato la fecha en que murió uno de ellos. A mis dos abuelas nadie les dijo que sus hijos han muerto y están enterrados en tal lugar. Nunca oí hablar de venganzas y estoy seguro de que perdonaron, pero no pudieron olvidar y cerrar las llagas de aquella guerra porque desconocían tanto como yo desconozco hoy. En el archivo de Salamanca me di cuenta de que la memoria histórica son muchas más cosas que abrir una fosa, es una fecha, un trámite resuelto, un reconocimiento, una emoción, una mirada... y, también, es comprender el porqué las autonomías periféricas son más progresistas que las del interior más conservadoras. existe la memoria histórica, sin tanta semántica como utilizan algunos filósofos, es la memoria que almacena los datos y los vestigios del tiempo que pasó y nos ayuda a ubicarnos con ideología en el hoy. El juez Garzón tiene en las manos un material altamente inflamable y que solo no podrá manejar; unos aspiran a que siga el silencio y se pase de puntillas sobre los muertos y ven en la acción del juez un exceso de protagonismo; otros, la gran mayoría, quieren sentir el alivio de que se hizo justicia y que aquellos muertos no cayeron inútilmente. Todos en esta catarsis necesaria, si llegara a producirse, sufriremos, porque si la historia se actualiza también la izquierda tendrá que asumir sus errores. No podrá hacerse esa catarsis como trató de hacerse en la transición a costa de que personajes de izquierda que abandonaron al pueblo a su suerte regresaran para vendernos la versión más perversa y grotesca del perdón y del olvido. El juez ha cortado la respiración tanto a la izquierda como a la derecha con su propuesta, pero, como siempre, por debajo late un pueblo generoso que se ha perdonado y que aspira a cerrar definitivamente sus heridas para que se produzca el olvido definitivo de ese período de nuestra historia. Pero se necesita algo más que un juez, algo más que ser campeones de Europa de fútbol o ganar medallas de oro en las Olimpiadas para reivindicar nuestro papel en Europa y en el mundo, para eso hay que acometer el desafío de actualizar nuestra historia, con un modelo globalizado de carácter interdisciplinario de juristas, historiadores, psicólogos, arqueólogos, etcétera, que aborden estos problemas con seriedad para poder sentirnos como una nación europea más. Mientras tanto, no lo seremos y correremos el riesgo de repetir la historia. Florentino Fernández Ruiz Mieres
El juez Garzón ha destapado la caja de los truenos al pedir que se elabore un censo de muertos y desaparecidos en la guerra civil española.Vuelve a hablarse de aquella transición, que después de tantas felicitaciones «por la lección que habíamos dado al mundo» resulta que en más de treinta años no ha dado ni para clasificar, ordenar y actualizar nuestra historia.Claro que tampoco es extraño, y por eso España es dentro de Europa un país poco conocido y peor juzgado. Nuestra historia oficial está llena de pronunciamientos locales y rebeliones militares que nos hacen parecer como un país de poca monta, lleno de intrigas palaciegas y motines en los que el Estado en muchas ocasiones ha quedado diluido.Quizá por eso Napoleón creyó en 1808 que España era débil y asumió su soberanía nacional por derecho de conquista, comprando a los Borbones los derechos dinásticos de la Corona de España y de las Indias. Pero se llevó la sorpresa de que lo que estaba muerto era el Estado, sin embargo, el pueblo generosamente derramaba su sangre a torrentes en defensa de aquella legitimidad. Período interesante de 1808 a 1812 al que habría que aplicar también la memoria histórica.Por las mismas razones en 1856 Isabel se enfrenta con el pueblo a causa del golpe de Estado que ha provocado la revolución, ocasionado por la falta de alimentos. Los muertos de 1808 quedan en mera anécdota al lado de la masacre que desata la citada Isabel contra progresistas y demócratas, quedando disuelta la milicia nacional y haciendo que suenen a muerte las campanas por la Monarquía absolutista, dando paso a la I República. También habría que aplicarle la memoria histórica.Estamos en 1936 y Franco y sus partidarios cometen el mismo error que Napoleón en 1808, creyendo que la II República burguesa instaurada en 1931 debilitada física y moralmente se la llevaría por delante el fascismo español a través de un paseo militar.Pero como en 1808 al pueblo español lo habían subestimado haciendo gala de la misma capacidad de resistencia que entonces, necesitando tres años de lucha y la ayuda extranjera, convirtiéndose en una sangrienta guerra civil. Se repite el valor y el sacrificio del pueblo en defensa de la legitimidad.Una y otra vez los gobiernos burgueses en este país han temido más la insurrección de los trabajadores en armas que los levantamientos de cualquier general nacional o extranjero apoyado por los reaccionarios, aunque esto significara hundir las instituciones democráticas o la disolución del Estado. Y lo demuestra el que la II República hiciera caso omiso de la sublevación militar que se produjo en 1932 y ejerciera de brutal represión de 1934.Espanta comprobar lo mal contada y actualizada que está nuestra historia y uno se pregunta ingenuamente por qué aparecen historiadores, eruditos, etcétera, para inventar genealogías y situarlas por encima de los demás y no pueden aplicarse en datar, ordenar y actualizar los papales de genealogías más humildes pertenecientes al pueblo, que son las que siempre desgraciadamente pagan los platos rotos con su sangre y la ignominia del olvido. Será porque esta democracia sólo da para una minoría de políticos y financieros.Hay filósofos que dicen que «no existe la memoria histórica, porque la historia no es memoria ni se constituye por la memoria, sino que recoge las reliquias que ha dejado el pasado en el presente y se construye según el filósofo igual que una teoría geológica o astronómica».Como nunca me sedujo recoger reliquias ni pasear por jardines metafísicos, trataré de expresar cómo pasa la historia a mi memoria. La historia suele ser una actualización de lo que creemos que ha pasado porque ha quedado documentado. La historia de este país durante los años en que estudiaba me la contaron desde lo que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, que ponía los pelos de punta y que mi cerebro afortunadamente procesaba en la memoria a corto plazo para aprobar la asignatura, pero se olvidó de trasladar o de fijar en la memoria a largo plazo porque sospechaba que una historia que no da la posibilidad de cotejar más documentos que los de una parte, avalados por el obispo de turno, no me merecía ninguna credibilidad y me dejaba fuera de la idea de nación.Era una historia contada contra los demás y que en la transición se dijo que había que olvidar y perdonar, el pueblo generoso como siempre lo creyó y perdonó, pero no pudo olvidar porque para olvidar primero hay que conocer, y desconocemos nuestra historia desde 1808 y mucho más desde 1936.Quienes vociferan tanto, ¿a qué tienen miedo? Quizás a descubrir que algunas grandes fortunas de este país están manchadas de sangre; que la falta de empresarios modernos y competitivos de los que adolece este país, parte de esta dinámica histórica en la que se formaron, cobrando los favores prestados a la dictadura. En 2003 estuve en el archivo de la guerra civil en Salamanca buscando información sobre dos familiares muertos en esa guerra, encontrando como único dato la fecha en que murió uno de ellos. A mis dos abuelas nadie les dijo que sus hijos han muerto y están enterrados en tal lugar. Nunca oí hablar de venganzas y estoy seguro de que perdonaron, pero no pudieron olvidar y cerrar las llagas de aquella guerra porque desconocían tanto como yo desconozco hoy. En el archivo de Salamanca me di cuenta de que la memoria histórica son muchas más cosas que abrir una fosa, es una fecha, un trámite resuelto, un reconocimiento, una emoción, una mirada... y, también, es comprender el porqué las autonomías periféricas son más progresistas que las del interior más conservadoras. existe la memoria histórica, sin tanta semántica como utilizan algunos filósofos, es la memoria que almacena los datos y los vestigios del tiempo que pasó y nos ayuda a ubicarnos con ideología en el hoy. El juez Garzón tiene en las manos un material altamente inflamable y que solo no podrá manejar; unos aspiran a que siga el silencio y se pase de puntillas sobre los muertos y ven en la acción del juez un exceso de protagonismo; otros, la gran mayoría, quieren sentir el alivio de que se hizo justicia y que aquellos muertos no cayeron inútilmente. Todos en esta catarsis necesaria, si llegara a producirse, sufriremos, porque si la historia se actualiza también la izquierda tendrá que asumir sus errores. No podrá hacerse esa catarsis como trató de hacerse en la transición a costa de que personajes de izquierda que abandonaron al pueblo a su suerte regresaran para vendernos la versión más perversa y grotesca del perdón y del olvido. El juez ha cortado la respiración tanto a la izquierda como a la derecha con su propuesta, pero, como siempre, por debajo late un pueblo generoso que se ha perdonado y que aspira a cerrar definitivamente sus heridas para que se produzca el olvido definitivo de ese período de nuestra historia. Pero se necesita algo más que un juez, algo más que ser campeones de Europa de fútbol o ganar medallas de oro en las Olimpiadas para reivindicar nuestro papel en Europa y en el mundo, para eso hay que acometer el desafío de actualizar nuestra historia, con un modelo globalizado de carácter interdisciplinario de juristas, historiadores, psicólogos, arqueólogos, etcétera, que aborden estos problemas con seriedad para poder sentirnos como una nación europea más. Mientras tanto, no lo seremos y correremos el riesgo de repetir la historia. Florentino Fernández Ruiz Mieres
"El procedimiento judicial de Garzón sobre los desaparecidos del ...
"El procedimiento judicial de Garzón sobre los desaparecidos del ...
Rebelión - Spain
Entrevista a la abogada Virginia Díaz:
"El procedimiento judicial de Garzón sobre los desaparecidos del franquismo no va al fondo del asunto"
Mundo Obrero
Virginia Díaz, es abogada de profesión, ejerce en despacho propio, pertenece al Foro por la Memoria desde su constitución. Ha trabajado en el protocolo de exhumaciones y lleva junto José Antonio Moreno, la dirección jurídica de todas las actuaciones que se han realizado, denuncias, diligencias etc. También trabaja en distintos organismos de derechos humanos y ha formado parte de las acusaciones populares contra los militares argentinos y chilenos, en los juicios celebrados en la Audiencia Nacional, en representación de Izquierda Unida. Es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de IU y desde ahí ha representado a esta organización en los procedimientos contra la condecoración de Melitón Manzanas y la declaración de víctima del terrorismo en el caso Menchaca.Mundo Obrero: Además de abrir el debate, ¿qué significado tiene la iniciativa del juez Garzón para investigar los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo?Virginia Díaz: En primer lugar, ante las claras carencias que tiene la Ley de la Memoria, consideramos positiva cualquier actuación que cubra dichas carencias y las impulse. Hay un apartado de la Ley de la Memoria que dice que el Estado tiene la obligación de hacer un mapa de fosas y que todas las administraciones se pusieran a la labor de sacar esos restos y dárselos a las familias que todavía no ha sido realizado.M.O.: ¿Cómo valoráis la iniciativa desde el Foro por la Memoria?V.D.: Para nosotros el problema de este procedimiento judicial es que no va al fondo del asunto. Para el Foro por la Memoria, lo que ocurrió desde el golpe de Estado del 36 hasta que muere el dictador, no es ni más ni menos que delitos contra la humanidad, delitos que son imprescriptibles, delitos que son perseguibles por cualquier tribunal porque son delitos de persecución internacional y por lo tanto son delitos cuya persecución judicial debe de llegar hasta el final.Desde la Audiencia Nacional lo que se pretende es que el juzgado impulse la búsqueda de las personas desaparecidas por el hecho de estar desaparecidas y no va más allá. M.O.: ¿Pensáis que la actuación de la Audiencia Nacional se limitará a la elaboración del censo de desaparecidos o irá más lejos?V.D.: No sabemos a dónde va a llevar el procedimiento del juez Garzón porque ni siquiera ha admitido a trámite las denuncias. En principio lo que parecía una buena noticia ya tiene una primera frenada en el sentido de que ahora resulta que se va a poner a investigar todo lo que sucedió en la guerra, tanto desde los asesinatos llevados a cabo por los alzados como las sentencias de los tribunales populares que se crearon en la República. Si desde el principio el procedimiento hubiera ido dirigido a la persecución de delitos de lesa humanidad no cabría duda de qué delitos habría que perseguir, y qué hechos habría que investigar, porque los delitos de lesa humanidad sólo los cometieron unas personas, que fueron los alzados y no el ejército que defendía la República. M.O.: Otro tema que se debate es la competencia del juez Garzón en este tema. ¿Es competente o no?V.D.: Parece que está pidiendo recopilación de información para determinar si él es competente o no. Su competencia está fuera de toda duda para delitos contra la humanidad como genocidio y delitos de lesa humanidad, porque es competencia de la Audiencia Nacional. Pero como no se ha orientado por ahí… El juez lo que tiene que investigar y documentar es si efectivamente existe una planificación para el exterminio, que para nosotros está fuera de duda simplemente con las primeras órdenes y los primeros bandos que se editan desde que dan el golpe de Estado. Si se cogen las órdenes de Mola, del "carnicero de Sevilla" Queipo de Llano… está claro que todas las directivas están dirigidas a exterminar a la parte de la población vencida tras el golpe militar, y así se ejecutó, por lo tanto, en ese caso no habría duda de la competencia que el propio Garzón se está cuestionando. M.O.: ¿Y le compete a él la recopilación de información sobre las víctimas?V.D.: Para nosotros eso no es competencia de un juzgado. Si nos vamos a los modelos de América Latina, donde se dan las figuras de las desapariciones, han sido los gobiernos los que han hecho el Informe Nunca Más, el Informe Rettig, el Informe Desaparecidos de Uruguay… porque ese es el trabajo previo de recopilación de los asesinatos, de las víctimas que ha habido con nombres y con apellidos. Para nosotros, insisto, esta iniciativa es favorable en el sentido de que impulsa y saca del letargo la Ley de la Memoria. Lo impulsa y lo mueve, pero realmente ¿le compete al juzgado recabar esta información? A las pruebas nos remitimos. El siguiente paso que ha dado es pedir a las asociaciones que crucen los datos para que no estén duplicados. Eso le corresponde a las Administraciones, tiene que ser oficial; las asociaciones ya han hecho bastante aportando los datos de los que disponen, que ha sido un trabajo de años.M.O.: La vía para juzgar esos delitos sería identificarlos como delitos de lesa humanidad. ¿Qué son delitos de lesa humanidad? V.D.: Tanto el genocidio como los delitos de lesa humanidad son delitos contra la humanidad. El matiz es que el genocidio es la intención de un exterminio global, de toda una población, mientras que los delitos de lesa humanidad constituyen un ataque generalizado contra la población civil, en este caso, el ataque era contra todos los que no estaban adscritos al Régimen y se oponían a él. Se utiliza por primera vez después de la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y se aplica también por primera vez en los procedimientos en España, concretamente en la condena al capitán de corbeta Adolfo Scilingo.M.O.: Hay quienes quieren desanimar el proceso argumentando que la incorporación de la figura de delitos de lesa humanidad a la legislación española es posterior a los hechos que se investigan y que no se puede actuar con efectos retroactivos. Pero ¿no quedamos en que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles?V.D.: Hay dos elementos fundamentales. Desde el punto de vista del derecho interno los delitos contra personas desaparecidas nunca prescriben. Mientras no aparezca el cuerpo del desaparecido el delito no empieza a prescribir, son delitos permanentes. Y también el delito permanente está contemplado en el derecho penal universal. Pero es que nosotros estamos hablando de delitos universales, de delitos que son perseguibles por cualquier tribunal e imprescriptibles. Es cierto que toda la regulación surge a raíz de la sentencia del Tribunal Nuremberg, pero ya había un derecho internacional consuetudinario anterior a esa sentencia. Lo que hacen los convenios y normas internacionales es recoger eso que estaba diseminado, pero ese cuerpo normativo existe y estos delitos son imprescriptibles siempre que se enfoque una denuncia desde el punto de vista de la persecución de los responsables de la comisión de delitos contra la humanidad.M.O.: La recuperación de la memoria histórica tiene diferentes interpretaciones para las diferentes asociaciones, ¿qué significado tiene para vosotros?V.D.: Para nosotros todo el movimiento de recuperación de la memoria que parece que va dirigido únicamente a recuperar los muertos y enterrarlos en un cementerio se nos queda corto. Nuestro concepto de Memoria Histórica va mucho más allá. Aquí, en este país, el modelo de democracia que tenemos ahora mismo es un modelo que viene heredado de toda una historia que sucedió desde el año 31, en que se proclamó la República, hasta aquí. Y ahora nos encontramos con una democracia incompleta en la que por dibujar una caricatura de la monarquía puedes acabar en la cárcel. Una monarquía impuesta en una supuesta democracia donde todos son elegidos por sufragio menos el monarca. La República que fue cercenada era la República que pretendía el cambio de un sistema. Y era un cambio profundo. Esa es la que liquidaron. Y el modelo de sociedad que nosotros queremos cuando reivindicamos la república es un modelo de república social, socialista, no es un modelo cualquiera. Es importante subrayar que la memoria no consiste en sacar los restos; hay que recuperar la dignidad y los principios por los que lucharon y murieron los defensores de la República.M.O.: Cuando el Foro por la Memoria realiza exhumaciones lo hace con un protocolo de actuación muy riguroso. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con este protocolo?V.D.: El Foro por la Memoria tiene un protocolo de actuación en el que no se trata de exhumar los restos por exhumar los restos. Una de las críticas que nosotros hacemos a la Ley de la Memoria es que no se trata de la recuperación de una memoria familiar, es una recuperación de la memoria colectiva y por eso el Foro siempre que actúa lo hace desde la perspectiva de que en España hubo un golpe de Estado militar que cercenó no sólo una República sino lo que pretendía esa República, que es la memoria que hay que recuperar a fecha de hoy. La recuperación es colectiva, política y social. Pero además, lo que nosotros decimos es que hay que documentar todos los hallazgos. A nosotros no nos vale con que se saquen los restos y se entierren. Eso para nosotros es enterrar la memoria. Los restos tienen que ser documentados oficialmente, a través de los atestados judiciales, y debe de haber una intervención judicial como en cualquier asesinatos, porque estos fueron asesinatos que se cometieron. Y por eso debe de haber indagaciones sobre quién fueron los responsables, porque si están vivos hay que llegar hasta el último eslabón de la cadena de responsabilidades. Por eso nosotros siempre hemos actuado poniendo denuncias previas a las actuaciones para implicar al poder judicial. Y cuando hemos encontrado restos, se han depositado en el Juzgado y se han remitido al Instituto Nacional de Toxicología para proceder a la identificación. Si desde el Foro no hemos metido antes el procedimiento es porque lo que pretendemos es completar un puzzle con las actuaciones de los distintos juzgados en las distintas comunidades. Cuando tienes restos documentados es cuando puedes ir a un procedimiento judicial grande y armado. Con los medios que tenemos vamos haciendo un mapa y registrando cómo van reaccionando los distintos juzgados. M.O.: Esa interpretación de la memoria familiar frente a la colectiva, es la que ha impedido que hasta hace un par de semanas la familia de Lorca autorice abrir las fosas donde se piensan que están los restos del poeta. ¿La memoria de Lorca es colectiva o privada?V.D.: Sinceramente preguntaría a los familiares del poeta, que desde hace cinco años impiden sacar los restos de Lorca, de los banderilleros y del profesor enterrados con el poeta, que por qué ahora que se lo pide Garzón sí acceden. Que nos den una explicación. Aunque la verdad que a mí no me hace falta su explicación. Es que esos restos no les pertenecen. La búsqueda de esos restos y la recuperación de la memoria es patrimonio de todos, y no sólo la de Lorca sino la de todos los asesinados por defender la República. Eso es lo que pasa cuando uno confunde las esferas y pasa al ámbito familiar, al ámbito la memoria se limita al ámbito del enterramiento, y ese es uno de los problemas esenciales que tiene la Ley de la Memoria.M.O.: ¿Por qué la Audiencia Nacional que ha abierto investigaciones sobre desaparecidos en las dictaduras de América Latina, no ha hecho nada hasta ahora para investigar las de los al menos 140.000 españoles desaparecidos censados durante la Guerra Civil y el franquismo?V.D.: En primer lugar, aquí tenemos un atraso descomunal en comparación con lo que fueron los genocidios y los asesinatos en América Latina, y es que allí cuando llegaron a la democracia, lo primero que hacen las propias administraciones es revisar la tragedia por la que pasaron y poner nombres a las víctimas. Aquí tu puedes ir a un tribunal y te lo van a archivar porque no existe ese trabajo previo que tenían que haber hecho los distintos gobiernos democráticos. Y, sin embargo, aquí en Madrid, ¿por qué siguen adelante los juicios que afectan a Latinoamérica? Porque son delitos universales que se pueden juzgar desde cualquier tribunal porque ya ha había procedimientos e informes que nos permitían tener las pruebas objetivas de lo que estábamos diciendo y que han permitido las condenas. Pero aquí en España cuando se han pretendido hacer denuncias sobre los desaparecidos de nuestra guerra civil hay una carencia absoluta de pruebas que dificulta hasta la propia admisión a trámite de las querellas o denuncias.
Rebelión - Spain
Entrevista a la abogada Virginia Díaz:
"El procedimiento judicial de Garzón sobre los desaparecidos del franquismo no va al fondo del asunto"
Mundo Obrero
Virginia Díaz, es abogada de profesión, ejerce en despacho propio, pertenece al Foro por la Memoria desde su constitución. Ha trabajado en el protocolo de exhumaciones y lleva junto José Antonio Moreno, la dirección jurídica de todas las actuaciones que se han realizado, denuncias, diligencias etc. También trabaja en distintos organismos de derechos humanos y ha formado parte de las acusaciones populares contra los militares argentinos y chilenos, en los juicios celebrados en la Audiencia Nacional, en representación de Izquierda Unida. Es miembro de la Secretaría de Derechos Humanos de IU y desde ahí ha representado a esta organización en los procedimientos contra la condecoración de Melitón Manzanas y la declaración de víctima del terrorismo en el caso Menchaca.Mundo Obrero: Además de abrir el debate, ¿qué significado tiene la iniciativa del juez Garzón para investigar los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo?Virginia Díaz: En primer lugar, ante las claras carencias que tiene la Ley de la Memoria, consideramos positiva cualquier actuación que cubra dichas carencias y las impulse. Hay un apartado de la Ley de la Memoria que dice que el Estado tiene la obligación de hacer un mapa de fosas y que todas las administraciones se pusieran a la labor de sacar esos restos y dárselos a las familias que todavía no ha sido realizado.M.O.: ¿Cómo valoráis la iniciativa desde el Foro por la Memoria?V.D.: Para nosotros el problema de este procedimiento judicial es que no va al fondo del asunto. Para el Foro por la Memoria, lo que ocurrió desde el golpe de Estado del 36 hasta que muere el dictador, no es ni más ni menos que delitos contra la humanidad, delitos que son imprescriptibles, delitos que son perseguibles por cualquier tribunal porque son delitos de persecución internacional y por lo tanto son delitos cuya persecución judicial debe de llegar hasta el final.Desde la Audiencia Nacional lo que se pretende es que el juzgado impulse la búsqueda de las personas desaparecidas por el hecho de estar desaparecidas y no va más allá. M.O.: ¿Pensáis que la actuación de la Audiencia Nacional se limitará a la elaboración del censo de desaparecidos o irá más lejos?V.D.: No sabemos a dónde va a llevar el procedimiento del juez Garzón porque ni siquiera ha admitido a trámite las denuncias. En principio lo que parecía una buena noticia ya tiene una primera frenada en el sentido de que ahora resulta que se va a poner a investigar todo lo que sucedió en la guerra, tanto desde los asesinatos llevados a cabo por los alzados como las sentencias de los tribunales populares que se crearon en la República. Si desde el principio el procedimiento hubiera ido dirigido a la persecución de delitos de lesa humanidad no cabría duda de qué delitos habría que perseguir, y qué hechos habría que investigar, porque los delitos de lesa humanidad sólo los cometieron unas personas, que fueron los alzados y no el ejército que defendía la República. M.O.: Otro tema que se debate es la competencia del juez Garzón en este tema. ¿Es competente o no?V.D.: Parece que está pidiendo recopilación de información para determinar si él es competente o no. Su competencia está fuera de toda duda para delitos contra la humanidad como genocidio y delitos de lesa humanidad, porque es competencia de la Audiencia Nacional. Pero como no se ha orientado por ahí… El juez lo que tiene que investigar y documentar es si efectivamente existe una planificación para el exterminio, que para nosotros está fuera de duda simplemente con las primeras órdenes y los primeros bandos que se editan desde que dan el golpe de Estado. Si se cogen las órdenes de Mola, del "carnicero de Sevilla" Queipo de Llano… está claro que todas las directivas están dirigidas a exterminar a la parte de la población vencida tras el golpe militar, y así se ejecutó, por lo tanto, en ese caso no habría duda de la competencia que el propio Garzón se está cuestionando. M.O.: ¿Y le compete a él la recopilación de información sobre las víctimas?V.D.: Para nosotros eso no es competencia de un juzgado. Si nos vamos a los modelos de América Latina, donde se dan las figuras de las desapariciones, han sido los gobiernos los que han hecho el Informe Nunca Más, el Informe Rettig, el Informe Desaparecidos de Uruguay… porque ese es el trabajo previo de recopilación de los asesinatos, de las víctimas que ha habido con nombres y con apellidos. Para nosotros, insisto, esta iniciativa es favorable en el sentido de que impulsa y saca del letargo la Ley de la Memoria. Lo impulsa y lo mueve, pero realmente ¿le compete al juzgado recabar esta información? A las pruebas nos remitimos. El siguiente paso que ha dado es pedir a las asociaciones que crucen los datos para que no estén duplicados. Eso le corresponde a las Administraciones, tiene que ser oficial; las asociaciones ya han hecho bastante aportando los datos de los que disponen, que ha sido un trabajo de años.M.O.: La vía para juzgar esos delitos sería identificarlos como delitos de lesa humanidad. ¿Qué son delitos de lesa humanidad? V.D.: Tanto el genocidio como los delitos de lesa humanidad son delitos contra la humanidad. El matiz es que el genocidio es la intención de un exterminio global, de toda una población, mientras que los delitos de lesa humanidad constituyen un ataque generalizado contra la población civil, en este caso, el ataque era contra todos los que no estaban adscritos al Régimen y se oponían a él. Se utiliza por primera vez después de la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional y se aplica también por primera vez en los procedimientos en España, concretamente en la condena al capitán de corbeta Adolfo Scilingo.M.O.: Hay quienes quieren desanimar el proceso argumentando que la incorporación de la figura de delitos de lesa humanidad a la legislación española es posterior a los hechos que se investigan y que no se puede actuar con efectos retroactivos. Pero ¿no quedamos en que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles?V.D.: Hay dos elementos fundamentales. Desde el punto de vista del derecho interno los delitos contra personas desaparecidas nunca prescriben. Mientras no aparezca el cuerpo del desaparecido el delito no empieza a prescribir, son delitos permanentes. Y también el delito permanente está contemplado en el derecho penal universal. Pero es que nosotros estamos hablando de delitos universales, de delitos que son perseguibles por cualquier tribunal e imprescriptibles. Es cierto que toda la regulación surge a raíz de la sentencia del Tribunal Nuremberg, pero ya había un derecho internacional consuetudinario anterior a esa sentencia. Lo que hacen los convenios y normas internacionales es recoger eso que estaba diseminado, pero ese cuerpo normativo existe y estos delitos son imprescriptibles siempre que se enfoque una denuncia desde el punto de vista de la persecución de los responsables de la comisión de delitos contra la humanidad.M.O.: La recuperación de la memoria histórica tiene diferentes interpretaciones para las diferentes asociaciones, ¿qué significado tiene para vosotros?V.D.: Para nosotros todo el movimiento de recuperación de la memoria que parece que va dirigido únicamente a recuperar los muertos y enterrarlos en un cementerio se nos queda corto. Nuestro concepto de Memoria Histórica va mucho más allá. Aquí, en este país, el modelo de democracia que tenemos ahora mismo es un modelo que viene heredado de toda una historia que sucedió desde el año 31, en que se proclamó la República, hasta aquí. Y ahora nos encontramos con una democracia incompleta en la que por dibujar una caricatura de la monarquía puedes acabar en la cárcel. Una monarquía impuesta en una supuesta democracia donde todos son elegidos por sufragio menos el monarca. La República que fue cercenada era la República que pretendía el cambio de un sistema. Y era un cambio profundo. Esa es la que liquidaron. Y el modelo de sociedad que nosotros queremos cuando reivindicamos la república es un modelo de república social, socialista, no es un modelo cualquiera. Es importante subrayar que la memoria no consiste en sacar los restos; hay que recuperar la dignidad y los principios por los que lucharon y murieron los defensores de la República.M.O.: Cuando el Foro por la Memoria realiza exhumaciones lo hace con un protocolo de actuación muy riguroso. ¿Qué es lo que se pretende conseguir con este protocolo?V.D.: El Foro por la Memoria tiene un protocolo de actuación en el que no se trata de exhumar los restos por exhumar los restos. Una de las críticas que nosotros hacemos a la Ley de la Memoria es que no se trata de la recuperación de una memoria familiar, es una recuperación de la memoria colectiva y por eso el Foro siempre que actúa lo hace desde la perspectiva de que en España hubo un golpe de Estado militar que cercenó no sólo una República sino lo que pretendía esa República, que es la memoria que hay que recuperar a fecha de hoy. La recuperación es colectiva, política y social. Pero además, lo que nosotros decimos es que hay que documentar todos los hallazgos. A nosotros no nos vale con que se saquen los restos y se entierren. Eso para nosotros es enterrar la memoria. Los restos tienen que ser documentados oficialmente, a través de los atestados judiciales, y debe de haber una intervención judicial como en cualquier asesinatos, porque estos fueron asesinatos que se cometieron. Y por eso debe de haber indagaciones sobre quién fueron los responsables, porque si están vivos hay que llegar hasta el último eslabón de la cadena de responsabilidades. Por eso nosotros siempre hemos actuado poniendo denuncias previas a las actuaciones para implicar al poder judicial. Y cuando hemos encontrado restos, se han depositado en el Juzgado y se han remitido al Instituto Nacional de Toxicología para proceder a la identificación. Si desde el Foro no hemos metido antes el procedimiento es porque lo que pretendemos es completar un puzzle con las actuaciones de los distintos juzgados en las distintas comunidades. Cuando tienes restos documentados es cuando puedes ir a un procedimiento judicial grande y armado. Con los medios que tenemos vamos haciendo un mapa y registrando cómo van reaccionando los distintos juzgados. M.O.: Esa interpretación de la memoria familiar frente a la colectiva, es la que ha impedido que hasta hace un par de semanas la familia de Lorca autorice abrir las fosas donde se piensan que están los restos del poeta. ¿La memoria de Lorca es colectiva o privada?V.D.: Sinceramente preguntaría a los familiares del poeta, que desde hace cinco años impiden sacar los restos de Lorca, de los banderilleros y del profesor enterrados con el poeta, que por qué ahora que se lo pide Garzón sí acceden. Que nos den una explicación. Aunque la verdad que a mí no me hace falta su explicación. Es que esos restos no les pertenecen. La búsqueda de esos restos y la recuperación de la memoria es patrimonio de todos, y no sólo la de Lorca sino la de todos los asesinados por defender la República. Eso es lo que pasa cuando uno confunde las esferas y pasa al ámbito familiar, al ámbito la memoria se limita al ámbito del enterramiento, y ese es uno de los problemas esenciales que tiene la Ley de la Memoria.M.O.: ¿Por qué la Audiencia Nacional que ha abierto investigaciones sobre desaparecidos en las dictaduras de América Latina, no ha hecho nada hasta ahora para investigar las de los al menos 140.000 españoles desaparecidos censados durante la Guerra Civil y el franquismo?V.D.: En primer lugar, aquí tenemos un atraso descomunal en comparación con lo que fueron los genocidios y los asesinatos en América Latina, y es que allí cuando llegaron a la democracia, lo primero que hacen las propias administraciones es revisar la tragedia por la que pasaron y poner nombres a las víctimas. Aquí tu puedes ir a un tribunal y te lo van a archivar porque no existe ese trabajo previo que tenían que haber hecho los distintos gobiernos democráticos. Y, sin embargo, aquí en Madrid, ¿por qué siguen adelante los juicios que afectan a Latinoamérica? Porque son delitos universales que se pueden juzgar desde cualquier tribunal porque ya ha había procedimientos e informes que nos permitían tener las pruebas objetivas de lo que estábamos diciendo y que han permitido las condenas. Pero aquí en España cuando se han pretendido hacer denuncias sobre los desaparecidos de nuestra guerra civil hay una carencia absoluta de pruebas que dificulta hasta la propia admisión a trámite de las querellas o denuncias.
martes, 7 de octubre de 2008
Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas.
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Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas El País (España) -
N. J. / M. P. - Madrid / Córdoba - 07/10/2008
Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tal y como éste les había pedido, un listado único y digitalizado de víctimas de la Guerra Civil que eliminara los nombres duplicados. La cifra final, tras suprimir los nombres que se repetían en algunas comunidades, especialmente en Extremadura y Andalucía, asciende a 133.708. Además de hacer esas correcciones, los denunciantes han incorporado las cifras facilitadas por la Xunta de Galicia (4.396) y los 8.650 expedientes de desaparecidos que facilita el Gobierno vasco.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
El Ayuntamiento de Córdoba dio también ayer el visto bueno para que se le remitan a Garzón tres listados en los que figuran 1.759 personas que murieron de forma violenta y fueron enterradas en fosas comunes de los cementerios de la Salud y de San Rafael. Sólo un 30% de los 1.759 están identificados con nombres y apellidos.
Una lista revela 133.708 desaparecidos en la Guerra Civil, 2007 de ... La Rioja -
Una veintena de asociaciones entregaron ayer a Garzón una relación con nombres y posible ubicación de las tumbas
07.10.08 - A. TORICES COLPISA. MADRID
Los representantes de 22 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez Baltasar Garzón una relación con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 desaparecidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
Este censo, cuyo valor es sólo orientativo, es la clave sobre la que Garzón decidirá si la investigación es competencia de la Audiencia Nacional. Decisión que es previa a cualquier solución que se pretenda dar a la localización de cadáveres en las miles de fosas comunes cuya existencia se conoce o sospecha, y a la exhumación e identificación de los restos.
La lista, la primera de este tipo en España, incorpora unos 3.500 nombres nuevos a un censo anterior gracias a la información proporcionada en las dos últimas semanas por los gobiernos de Galicia y País Vasco. La cifra de desaparecidos aumentará en los próximos días gracias a que varias instituciones a las que el magistrado ha pedido datos ya han comenzado a remitirlos o se han comprometido a hacerlo en breve. Entre ellas, el Gobierno de Asturias y los Ayuntamientos de Córdoba, Madrid, Granada y Sevilla.
Andalucía y Valencia
El listado entregado a Garzón recoge datos de todas las comunidades, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos, y Valencia, con 28.892, que suman casi la mitad del censo. El documento también tasa en 15.269 los desaparecidos en Castilla y León; en Extremadura llegan a 10.266; Aragón, 10.178; País Vasco, 9.759; y Castilla-La Mancha, 7.885. Con cifras inferiores a los 5.000 desaparecidos están Galicia (4.396), Navarra (3.431), Madrid (2.995), Cantabria (2.535), Cataluña (2.400), La Rioja (2.007), y Baleares (1.777). La lista la cierran Asturias, con 1.246; Murcia, con 855; el área de Ceuta, Melilla y el norte de África, con 457, y Canarias, con 262.
El juez, antes de dictar un auto sobre su competencia para investigar, espera recibir los datos que ha reclamado a distintos obispados, al abad del Valle de los Caídos, a tribunales de justicia, a numerosas instituciones, archivos públicos y privados, y a registros de la Administración.
La Fiscalía de la Audiencia adelantó que considera que Garzón no es competente para investigar estos hechos, y es de prever que se opondrá a una potencial apertura de diligencias penales.
Justicia española recibe una nueva lista de desaparecidos de la ... AFP -
MADRID (AFP) —
La justicia española recibió este lunes una nueva lista con 133.708 nombres de desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura del general Franco (1939-75), anunció el abogado de una de las asociaciones que entregó la documentación al juez Baltasar Garzón.
La lista reemplaza a una primera con 143.353 nombres que fue entregada el 22 de septiembre al magistrado pero que contenía errores, explicó a la AFP Fernando Magán, abogado del grupo de 22 asociaciones de familias de las víctimas del franquismo.
Las listas responden a la decisión que el juez tomó a comienzos de septiembre de pedir por primera vez a varias instituciones informaciones sobre los miles de desaparecidos de la época, primer paso a la posible apertura de una investigación.
Garzón intenta establecer un censo de las personas ejecutadas y enterradas en fosas comunes, a demanda de una decena de asociaciones de familias de víctimas del franquismo.
El juez también pidió a las asociaciones de víctimas que entregaran su propia lista de desaparecidos.
Estas facilitaron el 22 de septiembre una primera lista con 143.353 nombres, pero varios de ellos estaban repetidos, según Magán.
"Hemos presentado hoy un listado definitivo en una forma que ha querido el juez", explicó el abogado, que añadió que "faltan todavía muchos nombres".
Los desaparecidos listados por la asociación son principalmente víctimas del bando republicano fiel al gobierno, muertas en los primeros meses de la guerra.
La lista también incluye víctimas de la represión franquista, en los 10 años que siguieron al final de la Guerra Civil, con juicios sumarios en tribunales de excepción que habrían causado 50.000 víctimas republicanas.
La decisión del juez Garzón de pedir informes sobre los desaparecidos fue calificada de "histórica" por las asociaciones, que ven un primer paso hacia una investigación.
Una ley de amnistía, votada en 1977 tras la muerte de Franco, declaró prescritos estos crímenes cometidos antes de diciembre de 1976.
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Las asociaciones presentan a Garzón un listado único con los ...
Europa Press - hace 9 horasLas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado único de ...
Garzón buscará a más de 130.000 represaliados del franquismo El Periódico de Aragón - hace 13 horasLas veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado de ...
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Garzón recibe un listado con más de 133.000 víctimas del franquismo
Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas El País (España) -
N. J. / M. P. - Madrid / Córdoba - 07/10/2008
Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tal y como éste les había pedido, un listado único y digitalizado de víctimas de la Guerra Civil que eliminara los nombres duplicados. La cifra final, tras suprimir los nombres que se repetían en algunas comunidades, especialmente en Extremadura y Andalucía, asciende a 133.708. Además de hacer esas correcciones, los denunciantes han incorporado las cifras facilitadas por la Xunta de Galicia (4.396) y los 8.650 expedientes de desaparecidos que facilita el Gobierno vasco.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
El Ayuntamiento de Córdoba dio también ayer el visto bueno para que se le remitan a Garzón tres listados en los que figuran 1.759 personas que murieron de forma violenta y fueron enterradas en fosas comunes de los cementerios de la Salud y de San Rafael. Sólo un 30% de los 1.759 están identificados con nombres y apellidos.
Una lista revela 133.708 desaparecidos en la Guerra Civil, 2007 de ... La Rioja -
Una veintena de asociaciones entregaron ayer a Garzón una relación con nombres y posible ubicación de las tumbas
07.10.08 - A. TORICES COLPISA. MADRID
Los representantes de 22 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez Baltasar Garzón una relación con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 desaparecidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
Este censo, cuyo valor es sólo orientativo, es la clave sobre la que Garzón decidirá si la investigación es competencia de la Audiencia Nacional. Decisión que es previa a cualquier solución que se pretenda dar a la localización de cadáveres en las miles de fosas comunes cuya existencia se conoce o sospecha, y a la exhumación e identificación de los restos.
La lista, la primera de este tipo en España, incorpora unos 3.500 nombres nuevos a un censo anterior gracias a la información proporcionada en las dos últimas semanas por los gobiernos de Galicia y País Vasco. La cifra de desaparecidos aumentará en los próximos días gracias a que varias instituciones a las que el magistrado ha pedido datos ya han comenzado a remitirlos o se han comprometido a hacerlo en breve. Entre ellas, el Gobierno de Asturias y los Ayuntamientos de Córdoba, Madrid, Granada y Sevilla.
Andalucía y Valencia
El listado entregado a Garzón recoge datos de todas las comunidades, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos, y Valencia, con 28.892, que suman casi la mitad del censo. El documento también tasa en 15.269 los desaparecidos en Castilla y León; en Extremadura llegan a 10.266; Aragón, 10.178; País Vasco, 9.759; y Castilla-La Mancha, 7.885. Con cifras inferiores a los 5.000 desaparecidos están Galicia (4.396), Navarra (3.431), Madrid (2.995), Cantabria (2.535), Cataluña (2.400), La Rioja (2.007), y Baleares (1.777). La lista la cierran Asturias, con 1.246; Murcia, con 855; el área de Ceuta, Melilla y el norte de África, con 457, y Canarias, con 262.
El juez, antes de dictar un auto sobre su competencia para investigar, espera recibir los datos que ha reclamado a distintos obispados, al abad del Valle de los Caídos, a tribunales de justicia, a numerosas instituciones, archivos públicos y privados, y a registros de la Administración.
La Fiscalía de la Audiencia adelantó que considera que Garzón no es competente para investigar estos hechos, y es de prever que se opondrá a una potencial apertura de diligencias penales.
Justicia española recibe una nueva lista de desaparecidos de la ... AFP -
MADRID (AFP) —
La justicia española recibió este lunes una nueva lista con 133.708 nombres de desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura del general Franco (1939-75), anunció el abogado de una de las asociaciones que entregó la documentación al juez Baltasar Garzón.
La lista reemplaza a una primera con 143.353 nombres que fue entregada el 22 de septiembre al magistrado pero que contenía errores, explicó a la AFP Fernando Magán, abogado del grupo de 22 asociaciones de familias de las víctimas del franquismo.
Las listas responden a la decisión que el juez tomó a comienzos de septiembre de pedir por primera vez a varias instituciones informaciones sobre los miles de desaparecidos de la época, primer paso a la posible apertura de una investigación.
Garzón intenta establecer un censo de las personas ejecutadas y enterradas en fosas comunes, a demanda de una decena de asociaciones de familias de víctimas del franquismo.
El juez también pidió a las asociaciones de víctimas que entregaran su propia lista de desaparecidos.
Estas facilitaron el 22 de septiembre una primera lista con 143.353 nombres, pero varios de ellos estaban repetidos, según Magán.
"Hemos presentado hoy un listado definitivo en una forma que ha querido el juez", explicó el abogado, que añadió que "faltan todavía muchos nombres".
Los desaparecidos listados por la asociación son principalmente víctimas del bando republicano fiel al gobierno, muertas en los primeros meses de la guerra.
La lista también incluye víctimas de la represión franquista, en los 10 años que siguieron al final de la Guerra Civil, con juicios sumarios en tribunales de excepción que habrían causado 50.000 víctimas republicanas.
La decisión del juez Garzón de pedir informes sobre los desaparecidos fue calificada de "histórica" por las asociaciones, que ven un primer paso hacia una investigación.
Una ley de amnistía, votada en 1977 tras la muerte de Franco, declaró prescritos estos crímenes cometidos antes de diciembre de 1976.
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Las asociaciones presentan a Garzón un listado único con los ...
Europa Press - hace 9 horasLas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado único de ...
Garzón buscará a más de 130.000 represaliados del franquismo El Periódico de Aragón - hace 13 horasLas veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado de ...
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Garzón recibe un listado con más de 133.000 víctimas del franquismo
lunes, 6 de octubre de 2008
Garzón recibe un listado con más de 133.000 víctimas del franquismo
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http://www.levante-emv.com/
28.892 valencianos
Garzón recibe un listado con más de 133.000 víctimas del franquismo
Los querellantes confían en que el juez se declare competente: "Pronto tendremos el auto que esperamos".
EUROPA PRESS
Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado único de 133.708 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, 28.892 valencianas, del que se han eliminado las identidades duplicadas que estos colectivos entregaron en septiembre pasado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha solicitado información a las asociaciones para decidir si admite a trámite una querella que le permita investigar las desapariciones que se produjeron durante este periodo, pidió el pasado 25 de septiembre a los querellantes que eliminaran los nombres que se repetían en la primera relación, que recogía un total de 130.137 nombres.
El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó a las puertas del juzgado que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado la información que ha sido remitida por gobiernos autonómicos como los de Galicia y País Vasco.
DATOS DE TODA ESPAÑA
A esta relación, que no se ha cotejado con los datos de ninguno de los cuatro ayuntamientos a los que el juez solicitó información (Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba), los querellantes tienen previsto incorporar en los próximos días los nombres de desaparecidos recogidos por otros ejecutivos autonómicos, como el de Asturias.
El listado entregado hoy a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de África, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.
Según el letrado, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.
"PRONTO TENDREMOS EL AUTO QUE ESPERAMOS"
Magán se mostró convencido de que la petición de los querellantes, entre los que ya se encuentran 22 asociaciones y diez particulares, es "jurídicamente sostenible en línea con los precedentes que se han producido anteriormente en la Audiencia Nacional". "Pronto tendremos el auto que esperamos", vaticinó.Garzón solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
INFORME CONTRARIO DE LA FISCALÍA
El magistrado ha tomado estas medidas antes de decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.
La Fiscalía, por su parte, solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.
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Garzón recibe un listado con 133.708 desaparecidos durante la ... eldia.es -
Garzón recibe una lista de 130.000 nombres desaparecidos en la ... soitu.es -
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28.892 valencianos
Garzón recibe un listado con más de 133.000 víctimas del franquismo
Los querellantes confían en que el juez se declare competente: "Pronto tendremos el auto que esperamos".
EUROPA PRESS
Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado único de 133.708 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, 28.892 valencianas, del que se han eliminado las identidades duplicadas que estos colectivos entregaron en septiembre pasado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha solicitado información a las asociaciones para decidir si admite a trámite una querella que le permita investigar las desapariciones que se produjeron durante este periodo, pidió el pasado 25 de septiembre a los querellantes que eliminaran los nombres que se repetían en la primera relación, que recogía un total de 130.137 nombres.
El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó a las puertas del juzgado que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado la información que ha sido remitida por gobiernos autonómicos como los de Galicia y País Vasco.
DATOS DE TODA ESPAÑA
A esta relación, que no se ha cotejado con los datos de ninguno de los cuatro ayuntamientos a los que el juez solicitó información (Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba), los querellantes tienen previsto incorporar en los próximos días los nombres de desaparecidos recogidos por otros ejecutivos autonómicos, como el de Asturias.
El listado entregado hoy a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de África, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.
Según el letrado, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.
"PRONTO TENDREMOS EL AUTO QUE ESPERAMOS"
Magán se mostró convencido de que la petición de los querellantes, entre los que ya se encuentran 22 asociaciones y diez particulares, es "jurídicamente sostenible en línea con los precedentes que se han producido anteriormente en la Audiencia Nacional". "Pronto tendremos el auto que esperamos", vaticinó.Garzón solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
INFORME CONTRARIO DE LA FISCALÍA
El magistrado ha tomado estas medidas antes de decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.
La Fiscalía, por su parte, solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.
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Garzón recibe un listado con 133.708 desaparecidos durante la ... eldia.es -
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domingo, 5 de octubre de 2008
El dato con el que no contaba Garzón para dar con los desaparecidos.
SU PROCESO HACE AGUAS
El dato con el que no contaba Garzón para dar con los desaparecidos
Elsemanaldigital.com
El juez no podrá ver su último reto cumplido: forenses y asociaciones estiman que sólo podrá ponerse nombre al 15% de los restos, y además después de un carísimo proceso de identificación.
5 de octubre de 2008
MALAS NOTICIAS
El Estado tendría que desembolsar muchísimo dinero (3.000 euros por cadáver) para hacer las pruebas de ADN a todos los restos que se vayan exhumando.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Pedrojota deja al juez Garzón con las "vergüenzas" al aire La Iglesia zanja la polémica de los desaparecidos en la Guerra Civil Garzón equilibra la balanza y pide datos de los desaparecidos del bando franquista Garzón y 143.000 desaparecidos por la represión del bando franquista
Baltasar Garzón no podrá pasar a la Historia como el juez que consiguió que se desenterrara e identificara a todas las víctimas de la Guerra Civil (de uno y otro bando) y la posterior represión franquista.El diario ABC revela en sus páginas de este domingo que las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y los forenses estiman que sólo se pondrá poner nombre y apellidos a los restos de entre el 10 y el 15% de los cadáveres que se exhumen.Entre otras cosas, porque se trata de un proceso sumamente costoso. Según los datos recogidos por el diario de Vocento, cada estudio de ADN sale por unos 3.000 euros, lo que habría que multiplicar por miles de víctimas. Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre las asociaciones le entregaron a Garzón un listado inicial con más de 143.000 nombres.
A los 3.000 euros habría que añadir la inversión necesaria para investigar y localizar las fosas y excavar sobre el terreno. Además, los historiadores sostienen que en muchas partes de la geografía española las fosas comunes se utilizaron también para enterrar a personas que había muerto por causas naturales pero cuyas familias no tenían dinero para pagar un nicho o tumba. Un tétrico batiburrillo de cadáveres.
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http://www.abc.es/20081005/nacional-nacional/desaparecidos-guerra-civil-nunca-20081005.html
El 90% de los desaparecidos en la Guerra Civil nunca podrán ser identificados
BLANCA TORQUEMADA MADRID
Domingo, 05-10-08
La madeja de la memoria histórica que el Gobierno quiso desovillar en la pasada legislatura y que ahora está en manos del juez Garzón no se termina de desenredar ni en las instancias políticas ni en las judiciales porque, en opinión de historiadores, juristas, antropólogos y forenses, no se han medido ni el alcance ni las consecuencias de generar un exceso de expectativas de reparación entre los familiares de desaparecidos.
Diversas fuentes consultadas por ABC coinciden en que sólo será factible identificar, tras la correspondiente exhumación, a un 10 ó, a lo sumo, un 15 por ciento de quienes figuren en el listado que está elaborando Garzón. Recientemente,las asociaciones de memoria histórica han entregado al magistrado una relación de más de 143.000 nombres, un aluvión de información que ahora hay que ajustar y cribar por las duplicidades detectadas.
Las asociaciones de memoria y los forenses advierten sobre las limitaciones de estudiar los restos desenterrados. Cada estudio de ADN cuesta 3.000 euros
Lo que sí está comprobado a estas alturas es que una política indiscriminada de exhumaciones resulta inútil, porque sólo es posible identificar a una mínima parte de quienes yacen en fosas comunes. Además, cada estudio de ADN tiene un coste de unos 3.000 euros (en un cálculo que incluye no sólo los materiales utilizados, sino el trabajo que conlleva), lo que, multiplicado por miles de cadáveres, supondría una inversión estimable y (lo que es peor) sin garantía de éxito. A ello hay que añadir lo que hay que invertir en investigación y localización de las fosas y en la excavación sobre el terreno, que ha de ser profesional, especializada y cuidadosa.
El bluf de los juicios sumarios
Los pasos dados por Zapatero en materia de «memoria histórica» entran ahora en un nuevo e incierto capítulo después de que el PSOE, cuando estaba en la oposición, formulara irrealizables promesas referidas a la anulación de las sentencias franquistas. En septiembre de 2003, Jesús Caldera y Amparo Valcarce presentaron una proposición no de ley en la que solicitaban que se anulasen todos los juicios sumarios del franquismo, cuestión que se azuzó en aquel momento como reclamo electoral. Una vez en el Gobierno, sin embargo, cuando los socialistas pusieron en marcha la elaboración de la ley de memoria histórica, el empeño revisionista de Zapatero quedó necesariamente «descafeinado» porque en la letra de la nueva normativa no se pudo dar cabida a una justicia retroactiva incompatible con la seguridad jurídica.
La ley sí da cobertura, sin embargo, a la ingente tarea de numerosas asociaciones de recuperación de la memoria histórica que están trabajando para recabar nombres de represaliados y exhumar e identificar cadáveres. El hecho, sin embargo, es que resulta pertinente hacerlo en contadas ocasiones, según admiten representantes de entidades volcadas en ese trabajo «de campo». De modo que ya se están produciendo los primeros desajustes entre lo que es posible pedir y lo que es razonable llevar a cabo. Por ejemplo, la Asociación por la Memoria Histórica de Granada reconoce que ha recibido más de 60 peticiones de exhumación y que de ellas sólo ocho son realizables. Y el forense Francisco Etxeberria Gabilondo, que ha desarrollado un exhaustivo trabajo en varias fosas, ha calculado que únicamente será posible llevar a cabo exhumaciones en un 10 ó 15 por ciento de los casos.
La inmensa mayoría de los restos óseos están en fosas de cientos de cadáveres, y en esos casos es imposible concretar identidades
El listado sí es posible
También Silvino Martín, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, ha expuesto lo que se está viviendo en su provincia: «Vamos recogiendo datos, pueblo por pueblo, sobre los desaparecidos y dónde están enterrados. Nuestra conclusión es que elaborar un listado de esas personas en toda España, tal y como se ha propuesto Garzón, es factible y además, necesario. Pero en la gran mayoría de los casos no será posible identificar el cadáver y entregarlo a la familia». Ilustra esta realidad con hechos: «Hasta ahora hemos investigado en el 40 por ciento de la provincia de Valladolid, y hemos logrado recoger un listado de 1.600 personas ejecutadas. Pero, sin embargo, sólo hemos logrado la identificación de 125 cuerpos». ¿Por qué? «Porque sólo es razonable exhumar restos de fosas pequeñas en las que se conoce fehacientemente las identidades de los allí enterrados. Hemos intervenido en fosas de 2, 5, 8 cuerpos... La mayor, de once».
«En la capital y en sus alrededores -explica- pueden hallarse en el mismo lugar quinientas, ochocientas o mil personas. Son fosas comunes impresionantes en las que es inútil cualquier pretensión de concretar quién es quién. De modo que somos consecuentes y, en esos casos, lo que demandamos es que se cree en esos emplazamientos un espacio histórico y de memoria. Un homenaje». De igual modo, la asociación granadina asegura que el 75 por ciento de los cadáveres de la povincia están en fosas con cientos de cuerpos.
El especialista José Antonio Lorente explica que, de entrada, en un 20 o 30 por ciento de los restos óseos de estas características no se puede extraer ADN
La desmedida fe en las pruebas de ADN también ha sido oportunamente puntualizada por José Antonio Lorente, investigador de la Universidad de Granada especializado en pruebas genéticas. Advierte Lorente que «de entrada, al ADN sólo se puede recurrir en aquellos casos en los que sea posible obtener muestras de referencia. O sea, cuando haya familiares con los que comparar». La dificultad de primer orden es el tiempo transcurrido: «Después de setenta años -expone Lorente-, en un 30 por ciento de los casos, quizá un 20 recurriendo a las técnicas más punteras, ni siquiera es posible extraer el ADN de los huesos». Y en el 70 por ciento restante tendría que haber parientes vivos dispuestos a ese cotejo «siempre que existan indicios claros, después de indicios históricos y antropológicos previos, de cuál es el cuerpo con el que tenemos que trabajar. En una fosa no ya de cientos de personas, sino de varias decenas, por mucho que alguien reclame que su padre está ahí, ¿por dónde empezamos, cuando muchas familias tan sólo conservan una fotografía del finado?». «Además -añade-, normalmente nos encontraremos con individuos con características físicas similares . En su gran mayoría los restos serán de varones jóvenes de entre 1´60 y 1´70 centímetros».
Dificultades unidas al elevadísimo coste económico de los análisis genéticos: «Hay que establecer protocolos de actuación para que haya proporción entre la decisión de exhumar y las posibilidades de éxito en la identificación». Alerta, además, sobre el tiempo que conlleva un proceso tan complejo: «Pensemos en el accidente de Barajas. Ahí se trabajaba con una lista cerrada de personas, con muchos familiares dispuestos a colaborar, con fichas dentales previas, con enorme despliegue de medios... Y con todo y con eso, la identificación llevó una semana».
La ley de memoria, por la generosidad de sus enunciados en el terreno de las identificaciones, puede desembocar en malestar y frustración si se desencadena un alud de peticiones que no sea posible canalizar adecuadamente. Ahí está el ejemplo de la fosa de Víznar en la que supuestamente está enterrado García Lorca, caso que ha tenido que dirimir en última instancia Garzón por la diferencia de criterio de las familias afectadas. Según reza el artículo 11 de la discutida ley, «las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Y añade: «La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar los gastos derivados».
La Ley de Memoria Histórica y el propio manajo político de este asunto por los partidos de izquierdas han generado unas expectativas en los familiares que difícilmente se verán cumplidas en la mayoría de los casos
El planteamiento de la ley es demasiado genérico porque, como recuerda Lorente, «si se disparasen las solicitudes, los laboratorios no darían abasto, y quizá todo el proceso supondría demasiado tiempo y dinero para pocos resultados. Tendría que concretarse, por ejemplo, si es procedente actuar cuando en un lugar donde están enterrados 38 cadáveres sólo siete familias reclaman la exhumación». Por eso, cree que «hay que desarrollar protocolos objetivos de actuación», que aún no están definidos. Como relata Silvino Martín, de la asociación vallisoletana, «hasta ahora, para realizar exhumaciones, ha bastado con pedir permiso al juez de paz o a la Guardia Civil de cada pueblo. Y nos han dejado hacer».
Enterramientos de todo tipo
Hay otros datos elocuentes y reveladores en el laberinto de las identificaciones. En Valencia, algunos historiadores han llegado a estimar que entre veinte o treinta mil personas están enterradas en las fosas comunes de la capital. Una cifra para la confusión, alertan otros estudiosos, porque en la posguerra se inhumaba también en esos lugares a quienes, fallecidos por muerte natural o accidente, no tenían dinero para pagar un nicho o tumba.
Esa circunstancia ha ayudado a que habitualmente se «inflen» las cifras de desaparecidos en todas las ciudades.
El dato con el que no contaba Garzón para dar con los desaparecidos
Elsemanaldigital.com
El juez no podrá ver su último reto cumplido: forenses y asociaciones estiman que sólo podrá ponerse nombre al 15% de los restos, y además después de un carísimo proceso de identificación.
5 de octubre de 2008
MALAS NOTICIAS
El Estado tendría que desembolsar muchísimo dinero (3.000 euros por cadáver) para hacer las pruebas de ADN a todos los restos que se vayan exhumando.
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Baltasar Garzón no podrá pasar a la Historia como el juez que consiguió que se desenterrara e identificara a todas las víctimas de la Guerra Civil (de uno y otro bando) y la posterior represión franquista.El diario ABC revela en sus páginas de este domingo que las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica y los forenses estiman que sólo se pondrá poner nombre y apellidos a los restos de entre el 10 y el 15% de los cadáveres que se exhumen.Entre otras cosas, porque se trata de un proceso sumamente costoso. Según los datos recogidos por el diario de Vocento, cada estudio de ADN sale por unos 3.000 euros, lo que habría que multiplicar por miles de víctimas. Cabe recordar que el pasado 22 de septiembre las asociaciones le entregaron a Garzón un listado inicial con más de 143.000 nombres.
A los 3.000 euros habría que añadir la inversión necesaria para investigar y localizar las fosas y excavar sobre el terreno. Además, los historiadores sostienen que en muchas partes de la geografía española las fosas comunes se utilizaron también para enterrar a personas que había muerto por causas naturales pero cuyas familias no tenían dinero para pagar un nicho o tumba. Un tétrico batiburrillo de cadáveres.
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http://www.abc.es/20081005/nacional-nacional/desaparecidos-guerra-civil-nunca-20081005.html
El 90% de los desaparecidos en la Guerra Civil nunca podrán ser identificados
BLANCA TORQUEMADA MADRID
Domingo, 05-10-08
La madeja de la memoria histórica que el Gobierno quiso desovillar en la pasada legislatura y que ahora está en manos del juez Garzón no se termina de desenredar ni en las instancias políticas ni en las judiciales porque, en opinión de historiadores, juristas, antropólogos y forenses, no se han medido ni el alcance ni las consecuencias de generar un exceso de expectativas de reparación entre los familiares de desaparecidos.
Diversas fuentes consultadas por ABC coinciden en que sólo será factible identificar, tras la correspondiente exhumación, a un 10 ó, a lo sumo, un 15 por ciento de quienes figuren en el listado que está elaborando Garzón. Recientemente,las asociaciones de memoria histórica han entregado al magistrado una relación de más de 143.000 nombres, un aluvión de información que ahora hay que ajustar y cribar por las duplicidades detectadas.
Las asociaciones de memoria y los forenses advierten sobre las limitaciones de estudiar los restos desenterrados. Cada estudio de ADN cuesta 3.000 euros
Lo que sí está comprobado a estas alturas es que una política indiscriminada de exhumaciones resulta inútil, porque sólo es posible identificar a una mínima parte de quienes yacen en fosas comunes. Además, cada estudio de ADN tiene un coste de unos 3.000 euros (en un cálculo que incluye no sólo los materiales utilizados, sino el trabajo que conlleva), lo que, multiplicado por miles de cadáveres, supondría una inversión estimable y (lo que es peor) sin garantía de éxito. A ello hay que añadir lo que hay que invertir en investigación y localización de las fosas y en la excavación sobre el terreno, que ha de ser profesional, especializada y cuidadosa.
El bluf de los juicios sumarios
Los pasos dados por Zapatero en materia de «memoria histórica» entran ahora en un nuevo e incierto capítulo después de que el PSOE, cuando estaba en la oposición, formulara irrealizables promesas referidas a la anulación de las sentencias franquistas. En septiembre de 2003, Jesús Caldera y Amparo Valcarce presentaron una proposición no de ley en la que solicitaban que se anulasen todos los juicios sumarios del franquismo, cuestión que se azuzó en aquel momento como reclamo electoral. Una vez en el Gobierno, sin embargo, cuando los socialistas pusieron en marcha la elaboración de la ley de memoria histórica, el empeño revisionista de Zapatero quedó necesariamente «descafeinado» porque en la letra de la nueva normativa no se pudo dar cabida a una justicia retroactiva incompatible con la seguridad jurídica.
La ley sí da cobertura, sin embargo, a la ingente tarea de numerosas asociaciones de recuperación de la memoria histórica que están trabajando para recabar nombres de represaliados y exhumar e identificar cadáveres. El hecho, sin embargo, es que resulta pertinente hacerlo en contadas ocasiones, según admiten representantes de entidades volcadas en ese trabajo «de campo». De modo que ya se están produciendo los primeros desajustes entre lo que es posible pedir y lo que es razonable llevar a cabo. Por ejemplo, la Asociación por la Memoria Histórica de Granada reconoce que ha recibido más de 60 peticiones de exhumación y que de ellas sólo ocho son realizables. Y el forense Francisco Etxeberria Gabilondo, que ha desarrollado un exhaustivo trabajo en varias fosas, ha calculado que únicamente será posible llevar a cabo exhumaciones en un 10 ó 15 por ciento de los casos.
La inmensa mayoría de los restos óseos están en fosas de cientos de cadáveres, y en esos casos es imposible concretar identidades
El listado sí es posible
También Silvino Martín, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, ha expuesto lo que se está viviendo en su provincia: «Vamos recogiendo datos, pueblo por pueblo, sobre los desaparecidos y dónde están enterrados. Nuestra conclusión es que elaborar un listado de esas personas en toda España, tal y como se ha propuesto Garzón, es factible y además, necesario. Pero en la gran mayoría de los casos no será posible identificar el cadáver y entregarlo a la familia». Ilustra esta realidad con hechos: «Hasta ahora hemos investigado en el 40 por ciento de la provincia de Valladolid, y hemos logrado recoger un listado de 1.600 personas ejecutadas. Pero, sin embargo, sólo hemos logrado la identificación de 125 cuerpos». ¿Por qué? «Porque sólo es razonable exhumar restos de fosas pequeñas en las que se conoce fehacientemente las identidades de los allí enterrados. Hemos intervenido en fosas de 2, 5, 8 cuerpos... La mayor, de once».
«En la capital y en sus alrededores -explica- pueden hallarse en el mismo lugar quinientas, ochocientas o mil personas. Son fosas comunes impresionantes en las que es inútil cualquier pretensión de concretar quién es quién. De modo que somos consecuentes y, en esos casos, lo que demandamos es que se cree en esos emplazamientos un espacio histórico y de memoria. Un homenaje». De igual modo, la asociación granadina asegura que el 75 por ciento de los cadáveres de la povincia están en fosas con cientos de cuerpos.
El especialista José Antonio Lorente explica que, de entrada, en un 20 o 30 por ciento de los restos óseos de estas características no se puede extraer ADN
La desmedida fe en las pruebas de ADN también ha sido oportunamente puntualizada por José Antonio Lorente, investigador de la Universidad de Granada especializado en pruebas genéticas. Advierte Lorente que «de entrada, al ADN sólo se puede recurrir en aquellos casos en los que sea posible obtener muestras de referencia. O sea, cuando haya familiares con los que comparar». La dificultad de primer orden es el tiempo transcurrido: «Después de setenta años -expone Lorente-, en un 30 por ciento de los casos, quizá un 20 recurriendo a las técnicas más punteras, ni siquiera es posible extraer el ADN de los huesos». Y en el 70 por ciento restante tendría que haber parientes vivos dispuestos a ese cotejo «siempre que existan indicios claros, después de indicios históricos y antropológicos previos, de cuál es el cuerpo con el que tenemos que trabajar. En una fosa no ya de cientos de personas, sino de varias decenas, por mucho que alguien reclame que su padre está ahí, ¿por dónde empezamos, cuando muchas familias tan sólo conservan una fotografía del finado?». «Además -añade-, normalmente nos encontraremos con individuos con características físicas similares . En su gran mayoría los restos serán de varones jóvenes de entre 1´60 y 1´70 centímetros».
Dificultades unidas al elevadísimo coste económico de los análisis genéticos: «Hay que establecer protocolos de actuación para que haya proporción entre la decisión de exhumar y las posibilidades de éxito en la identificación». Alerta, además, sobre el tiempo que conlleva un proceso tan complejo: «Pensemos en el accidente de Barajas. Ahí se trabajaba con una lista cerrada de personas, con muchos familiares dispuestos a colaborar, con fichas dentales previas, con enorme despliegue de medios... Y con todo y con eso, la identificación llevó una semana».
La ley de memoria, por la generosidad de sus enunciados en el terreno de las identificaciones, puede desembocar en malestar y frustración si se desencadena un alud de peticiones que no sea posible canalizar adecuadamente. Ahí está el ejemplo de la fosa de Víznar en la que supuestamente está enterrado García Lorca, caso que ha tenido que dirimir en última instancia Garzón por la diferencia de criterio de las familias afectadas. Según reza el artículo 11 de la discutida ley, «las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore». Y añade: «La Administración General del Estado elaborará planes de trabajo y establecerá subvenciones para sufragar los gastos derivados».
La Ley de Memoria Histórica y el propio manajo político de este asunto por los partidos de izquierdas han generado unas expectativas en los familiares que difícilmente se verán cumplidas en la mayoría de los casos
El planteamiento de la ley es demasiado genérico porque, como recuerda Lorente, «si se disparasen las solicitudes, los laboratorios no darían abasto, y quizá todo el proceso supondría demasiado tiempo y dinero para pocos resultados. Tendría que concretarse, por ejemplo, si es procedente actuar cuando en un lugar donde están enterrados 38 cadáveres sólo siete familias reclaman la exhumación». Por eso, cree que «hay que desarrollar protocolos objetivos de actuación», que aún no están definidos. Como relata Silvino Martín, de la asociación vallisoletana, «hasta ahora, para realizar exhumaciones, ha bastado con pedir permiso al juez de paz o a la Guardia Civil de cada pueblo. Y nos han dejado hacer».
Enterramientos de todo tipo
Hay otros datos elocuentes y reveladores en el laberinto de las identificaciones. En Valencia, algunos historiadores han llegado a estimar que entre veinte o treinta mil personas están enterradas en las fosas comunes de la capital. Una cifra para la confusión, alertan otros estudiosos, porque en la posguerra se inhumaba también en esos lugares a quienes, fallecidos por muerte natural o accidente, no tenían dinero para pagar un nicho o tumba.
Esa circunstancia ha ayudado a que habitualmente se «inflen» las cifras de desaparecidos en todas las ciudades.
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