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Seis jueces dicen que parar las exhumaciones ha creado una ...
El Confidencial -
Seis jueces dicen que parar las exhumaciones ha creado una situación absurda
EFE - 04/12/2008 18 : 05 Madrid.
Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran que la decisión de este órgano de paralizar las exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ordenadas por el juez Baltasar Garzón "ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".
En un voto particular discrepante con el auto en el que la sala rechaza el recurso contra esa decisión de una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, los jueces que en el pleno del pasado 7 de noviembre se opusieron a paralizar la apertura de fosas recuerdan que, en la práctica, siguen las exhumaciones en toda España, salvo precisamente las acordadas por Garzón.
"En España, desde hace dieciocho años, las víctimas y las asociaciones que protegen sus intereses vienen abriendo fosas comunes, exhumando restos de desaparecidos (todavía indignamente enterrados) e identificándolos con la ayuda de profesionales de la medicina legal, la antropología forense, la biología y la historia", señalan estos magistrados.
El voto particular recuerda que tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica "esa actividad se realiza con financiación pública" y que después de que la Audiencia Nacional ordenara paralizar las exhumaciones "se siguen abriendo fosas y exhumando restos en varios lugares, excepto en aquellas localizaciones que el juez central (Garzón) había judicializado".
Los magistrados añaden, además, que la apertura de esas fosas ha sido paralizada "sine die", ya que la decisión del pleno de la sala de lo penal del pasado 18 de noviembre de declarar la incompetencia de Garzón para investigar los hechos "difiere el levantamiento de la orden sin fecha".
Los seis jueces -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez- dicen también que, en contra de lo que alegó la mayoría de la sala para justificar su decisión, no había peligro alguno de que las actuaciones ordenadas por Garzón devinieran "nulas" en caso de que, como así pasó luego, fuera declarado incompetente.
"Sin riesgo procesal -la nulidad no había sido pedida por el Fiscal- nunca puede adoptarse una cautela", subrayan los magistrados, que agregan que "la inexistencia de peligro al que atender ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".
Mientras tanto, el auto en el que la sala rechaza el recurso de la nieta de Negrín insiste en que haber paralizado las exhumaciones "preserva el derecho de las víctimas al proceso, evitando la pérdida de fuentes de prueba o de vestigios y piezas de convicción que pudiera derivarse de la nulidad de los actos procesales realizados por quien pudiera resultar no tener competencia".
EFE jav/jmi
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La Audiencia Nacional dice que la búsqueda de desaparecidos en el ...
La Audiencia Nacional dice que la búsqueda de desaparecidos en el franquismo está reconocida por ley
EFE Actualizado 04-12-2008 19:27 CET
Madrid.-
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca que "el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura" de recuperar los restos de sus desaparecidos está reconocido en la Ley de Memoria Histórica, por lo que la falta de competencia de este tribunal no afecta a esa búsqueda.
Así lo reflejan dieciséis magistrados de los dieciocho que constituyen el Pleno en el auto en el que estiman el incidente de competencia que planteó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra la decisión que el juez Baltasar Garzón adoptó el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar las desapariciones en la guerra y el franquismo.
La Sala de lo Penal lo ha notificado hoy después de adelantar el fallo el pasado 28 de noviembre, aunque ya entonces Garzón había neutralizado el efecto de esta decisión al inhibirse en favor de los juzgados en los que estuviesen localizadas las fosas tras certificar que todos los responsables del franquismo a los que podía imputar las desapariciones habían fallecido.
Junto a este auto, los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez han emitido un voto particular discrepante, al considerar que la Audiencia es competente por ser los hechos terrorismo de Estado; mientras que el magistrado Javier Martínez Lázaro ha emitido un voto concurrente con la decisión de la mayoría en el que introduce ciertos matices.
En el auto del Pleno, del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, los dieciséis magistrados que lo suscriben explican que al ser rechazada la competencia de Garzón quedan anulados los autos de 16 de octubre y 18 de noviembre.
A este respecto, fuentes de la Audiencia Nacional han señalado a Efe que esa nulidad se circunscribe a ambos autos y no afecta a las diligencias en las que Garzón ha acordado remitir esta causa a algunos de los juzgados en los que se encuentran las fosas que se han pedido abrir, por si éstos se consideran competentes para ello.
Por contra, a partir de la notificación de este auto, según las citadas fuentes, Garzón ya no podrá remitir la causa a más juzgados que le soliciten las asociaciones de Memoria Histórica que han promovido esta investigación.
El Pleno resalta en su auto que "esta resolución no afecta al legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarlos y honrar su memoria, reconocidos" en la Ley de Memoria Histórica.
A su juicio, Garzón nunca pudo declararse competente para esta investigación, entre otros motivos, porque "la responsabilidad criminal de las personas presuntamente responsables es inexigible" por estar muertas.
Indican también que Garzón se declaró competente para investigar por la existencia de "los presuntos delitos contra los altos organismos del Gobierno" y "en el catálogo de delitos cuyo conocimiento" se le atribuye a la Audiencia Nacional no se encuentra esa figura delictiva.
Los magistrados creen además que "el levantamiento militar del 17 y del 18 de julio de 1936 que desencadena la guerra civil" fue realmente constitutivo de "un delito de rebelión", como así "lo reconoce" Garzón al referirse al "alzamiento o rebelión militar", aunque este delito tampoco ha sido "nunca" competencia de esta Audiencia Nacional".
Por su parte, los tres magistrados que emiten el voto particular discrepante aseguran que podía haberse declarado la competencia de la Audiencia Nacional por varios motivos, entre ellos que los hechos son constitutivos de terrorismo de Estado, de crímenes contra la humanidad perpetrados por grupo armado y que "parte de los crímenes de desaparición forzosa de niños hijos de los defensores de la República" ocurrieron fuera de España.
Creen por ello que corresponde a los tribunales restaurar a estas personas "su dignidad, tantas veces denegada hasta ahora" y consideran que la incompetencia declarada de un órgano "no puede provocar de manera automática la nulidad de lo actuado".
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La Audencia estima que las exhumaciones no son urgentes y las paraliza
La Gaceta de los Negocios -
Los jueces discrepantes creen que Garzón investigaba "terrorismo ...
Heraldo de Aragón -
España Editoweb 4 deciembre 2008
EditoWeb Magazine -
Memoria.- La Audiencia recuerda a Garzón que Franco y sus ...
Hispanidad -
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jueves, 4 de diciembre de 2008
sábado, 29 de noviembre de 2008
Una injusticia histórica.
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Una injusticia histórica
Vanguardia (México) -
Los indultos y los perdones son importantes para la reconciliación y para avanzar hacia un camino de paz, sin embargo cuando no se recuerdan los hechos del pasado y se remedian con justicia, esa historia hace casi imposible que se viva el presente y el futuro con equidad.
España, como tanto otros países, tiene una historia muy lúgubre especialmente por los primeros años del franquismo en que más de medio millón de personas fueron asesinadas entre 1936 y 1939.
Ahora, la Audiencia Nacional negó el viernes al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes de la guerra civil española y de la dictadura de Francisco Franco, lo que equivale a cerrar el pasado. Fue una decisión injusta, no por lo que representa a España solamente, sino lo que ello equivale para la justicia en el mundo entero.
Cerrar la posibilidad de investigar es casi como si se cerrara la posibilidad de indagar sobre el Holocausto y hacer justicia, o que haya prevalecido el indulto o el punto final de Carlos Menem sobre los militares argentinos o que en Guatemala no se haya tratado de reparar a los familiares de las 300 mil víctimas de su propia guerra civil.
La Audiencia española desestimó un recurso de la Fiscalía argumentando que los crímenes de aquella época prescribieron con la ley de amnistía de 1977, como si aquella legislación errada no pudiera cambiarse ahora buscando justicia, como se dio en el ejemplo de Argentina. Investigar, conocer, esclarecer y reparar a los afectados son necesidades de los seres humanos para cerrar las heridas del pasado y emprender con mayor altivez el futuro. El olvido o una ley que lo promocione o la impunidad, siempre serán injustos y deshonrosos y sólo logra que cada tanto aparezca gente con sed de venganza.
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Una injusticia histórica
Vanguardia (México) -
Los indultos y los perdones son importantes para la reconciliación y para avanzar hacia un camino de paz, sin embargo cuando no se recuerdan los hechos del pasado y se remedian con justicia, esa historia hace casi imposible que se viva el presente y el futuro con equidad.
España, como tanto otros países, tiene una historia muy lúgubre especialmente por los primeros años del franquismo en que más de medio millón de personas fueron asesinadas entre 1936 y 1939.
Ahora, la Audiencia Nacional negó el viernes al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes de la guerra civil española y de la dictadura de Francisco Franco, lo que equivale a cerrar el pasado. Fue una decisión injusta, no por lo que representa a España solamente, sino lo que ello equivale para la justicia en el mundo entero.
Cerrar la posibilidad de investigar es casi como si se cerrara la posibilidad de indagar sobre el Holocausto y hacer justicia, o que haya prevalecido el indulto o el punto final de Carlos Menem sobre los militares argentinos o que en Guatemala no se haya tratado de reparar a los familiares de las 300 mil víctimas de su propia guerra civil.
La Audiencia española desestimó un recurso de la Fiscalía argumentando que los crímenes de aquella época prescribieron con la ley de amnistía de 1977, como si aquella legislación errada no pudiera cambiarse ahora buscando justicia, como se dio en el ejemplo de Argentina. Investigar, conocer, esclarecer y reparar a los afectados son necesidades de los seres humanos para cerrar las heridas del pasado y emprender con mayor altivez el futuro. El olvido o una ley que lo promocione o la impunidad, siempre serán injustos y deshonrosos y sólo logra que cada tanto aparezca gente con sed de venganza.
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional.
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...
La Opinión de Tenerife
La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional
17:37
La nieta del presidente de la II República Juan Negrín ha ampliado hoy la querella por prevaricación contra nueve magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer decretó la incompetencia del juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil.
EFE
Los abogados de Carmen Negrín han anunciado en una nota que impugnarán la decisión de la Audiencia Nacional, que resolvió que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales. Asimismo, han decidido ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación de ayer "mientras están recusados".
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser "imparciales", pero su petición fue rechazada por la Sala. La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional "trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista".
No obstante, explica que "considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y que "contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales".
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...
La Opinión de Tenerife
La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional
17:37
La nieta del presidente de la II República Juan Negrín ha ampliado hoy la querella por prevaricación contra nueve magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer decretó la incompetencia del juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil.
EFE
Los abogados de Carmen Negrín han anunciado en una nota que impugnarán la decisión de la Audiencia Nacional, que resolvió que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales. Asimismo, han decidido ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación de ayer "mientras están recusados".
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser "imparciales", pero su petición fue rechazada por la Sala. La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional "trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista".
No obstante, explica que "considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y que "contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales".
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ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
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ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
MADRID, 29 (ANSA)-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España recurrirá a la decisión tomada por la sala penal de la Audiencia Nacional, que declaró incompetente al juez Baltazar Garzón para investigar las desapariciones de decenas de miles de personas durante el franquismo.
La asociación anunció que estudia recurrir a una instancia superior, como el Tribunal Supremo, por las "diversas irregularidades" que a su entender se cometieron en la causa que investigaba las despariciones de 114.266 personas. "Como ya ocurrió con la reunión del 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala se saltó principios básicos de un procedimiento judicial", informó la Asociación en un comunicado. Esos principios, prosiguió, "son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes, quienes si no pueden aportar sus argumentos quedan indefensos ante una decisión de tal trascendencia".
"Las irregularidades con la demanda de los más de 114.000 desaparecidos por la represión franquista serán recurridas ante una instancia superior, como podría ser el Tribunal Supremo, para que se manifieste sobre la competencia de la Sala para paralizar el sumario abierto por Baltasar Garzón", añadió. La sala penal de la Audiencia Nacional declaró el viernes que Garzón carece de compentencia en la investigación sobre desapariciones en la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Su argumento fue que los delitos que Garzón imputaba a los responsables del régimen y a organismos de la Nación vinculados con el delito permanente de detención ilegal, no son competencia de la Audiencia Nacional porque ellos "no existían en el ordenamiento jurídico español".
GAT 29/11/2008 14:20
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...La Opinión de Tenerife
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ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
ESPAÑA: ASOCIACIONES DDHH RECURRIRAN A DECISION DE AUDIENCIA
MADRID, 29 (ANSA)-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España recurrirá a la decisión tomada por la sala penal de la Audiencia Nacional, que declaró incompetente al juez Baltazar Garzón para investigar las desapariciones de decenas de miles de personas durante el franquismo.
La asociación anunció que estudia recurrir a una instancia superior, como el Tribunal Supremo, por las "diversas irregularidades" que a su entender se cometieron en la causa que investigaba las despariciones de 114.266 personas. "Como ya ocurrió con la reunión del 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala se saltó principios básicos de un procedimiento judicial", informó la Asociación en un comunicado. Esos principios, prosiguió, "son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes, quienes si no pueden aportar sus argumentos quedan indefensos ante una decisión de tal trascendencia".
"Las irregularidades con la demanda de los más de 114.000 desaparecidos por la represión franquista serán recurridas ante una instancia superior, como podría ser el Tribunal Supremo, para que se manifieste sobre la competencia de la Sala para paralizar el sumario abierto por Baltasar Garzón", añadió. La sala penal de la Audiencia Nacional declaró el viernes que Garzón carece de compentencia en la investigación sobre desapariciones en la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975). Su argumento fue que los delitos que Garzón imputaba a los responsables del régimen y a organismos de la Nación vinculados con el delito permanente de detención ilegal, no son competencia de la Audiencia Nacional porque ellos "no existían en el ordenamiento jurídico español".
GAT 29/11/2008 14:20
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...La Opinión de Tenerife
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo.
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
LA FALLIDA PARTICIPACION DEL JUEZ BALTASAR GARZON
Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
Cuando ayer la justicia española consideró incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los desaparecidos del franquismo, no hizo más que legitimar la decisión que Garzón tomó la semana pasada al renunciar él mismo a dicha investigación. Las razones que había esgrimido el juez, entre ellas la muerte de la mayoría de los acusados, y del dictador Francisco Franco, tuvieron su correlato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la que depende Garzón, que decidió su incompetencia por 14 votos contra tres. Garzón había renunciado a instruir él mismo su investigación sobre unos 114.266 desaparecidos del franquismo enterrados en fosas comunes, inhibiéndose en favor de los tribunales locales, a partir de la recomendación de la fiscalía, que consideraba esos crímenes resueltos por la ley de Amnistía de 1977 y que la calificación de crímenes de lesa humanidad, pedida por Garzón, no podía ser aplicada ya que el concepto fue introducido en el derecho internacional después de la Guerra Civil Española (1936-1939).
Es precisamente la ley de Amnistía y hasta la Constitución española, redactada en 1978 durante la llamada transición, algo que las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica piden debatir. En este sentido, varias agrupaciones pensaron primero en recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por entender que podía obedecer a "presiones políticas". Ahora, montándose en el 30 aniversario de la Constitución española que se cumple la semana que viene, las organizaciones están orientadas a cuestionar públicamente la relación que existe entre leyes y políticas de la memoria y sobre la supuesta ejemplaridad de aquellos acuerdos elitistas.
"Bajo la amenaza de despertar los demonios fraticidas que nos conducirían nuevamente a la confrontación y radicalización políticas, nos obligaban a olvidar las luchas que impulsaron el cambio durante la II República, la resistencia antifascista durante la Guerra Civil y la larga oposición clandestina antifranquista", dicen desde Memoria Histórica. Y es por esto mismo que Darío Rivas duda sobre el futuro de su causa contra La Falange. "Son las leyes las que no nos permiten avanzar", dice. Y cuenta que la repentina participación de Garzón había abierto una esperanza. "Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo enjuiciar al franquismo, pero la mayoría de los tribunales locales responden al Partido Popular, y eso es un gran obstáculo".
Video La historia de Darío Rivas: www.clarin.com
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Niegan a Garzón el derecho a investigar al franquismo
El Universal (Venezuela) -
Varias familias se suman a la solicitud de apertura de fosas
La Opinión de Granada -
La Audiencia Nacional cierra la causa de Garzón sobre el franquismo
La Voz de Galicia -
La Audiencia anula a Garzón en la causa contra el franquismo
EuropaSur -
La Audiencia confirma que Garzón no puede investigar el franquismo
Diario de León -
La Audiencia declara incompetente a Garzón para investigar los ...
La Nueva España -
Causa en su sitio
La Rioja -
¿Dónde está la derecha española? Los rusos en España
El Diario Montañés -
La Audiencia anula el proceso de Garzón sobre el franquismo
La Vanguardia -
Garzón, sin competencias para los crímenes de Franco
La Opinión de Tenerife -
Hasta aquí llegó Garzón
ABC.es -
La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para ...
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
Cuando ayer la justicia española consideró incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los desaparecidos del franquismo, no hizo más que legitimar la decisión que Garzón tomó la semana pasada al renunciar él mismo a dicha investigación. Las razones que había esgrimido el juez, entre ellas la muerte de la mayoría de los acusados, y del dictador Francisco Franco, tuvieron su correlato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la que depende Garzón, que decidió su incompetencia por 14 votos contra tres. Garzón había renunciado a instruir él mismo su investigación sobre unos 114.266 desaparecidos del franquismo enterrados en fosas comunes, inhibiéndose en favor de los tribunales locales, a partir de la recomendación de la fiscalía, que consideraba esos crímenes resueltos por la ley de Amnistía de 1977 y que la calificación de crímenes de lesa humanidad, pedida por Garzón, no podía ser aplicada ya que el concepto fue introducido en el derecho internacional después de la Guerra Civil Española (1936-1939).
Es precisamente la ley de Amnistía y hasta la Constitución española, redactada en 1978 durante la llamada transición, algo que las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica piden debatir. En este sentido, varias agrupaciones pensaron primero en recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por entender que podía obedecer a "presiones políticas". Ahora, montándose en el 30 aniversario de la Constitución española que se cumple la semana que viene, las organizaciones están orientadas a cuestionar públicamente la relación que existe entre leyes y políticas de la memoria y sobre la supuesta ejemplaridad de aquellos acuerdos elitistas.
"Bajo la amenaza de despertar los demonios fraticidas que nos conducirían nuevamente a la confrontación y radicalización políticas, nos obligaban a olvidar las luchas que impulsaron el cambio durante la II República, la resistencia antifascista durante la Guerra Civil y la larga oposición clandestina antifranquista", dicen desde Memoria Histórica. Y es por esto mismo que Darío Rivas duda sobre el futuro de su causa contra La Falange. "Son las leyes las que no nos permiten avanzar", dice. Y cuenta que la repentina participación de Garzón había abierto una esperanza. "Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo enjuiciar al franquismo, pero la mayoría de los tribunales locales responden al Partido Popular, y eso es un gran obstáculo".
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La Vanguardia -
Garzón, sin competencias para los crímenes de Franco
La Opinión de Tenerife -
Hasta aquí llegó Garzón
ABC.es -
La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para ...
ABC.es -
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo. Público.
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01
No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.
Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.
El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia
El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.
Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.
Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.
Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01
No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.
Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.
El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia
El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.
Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.
Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.
Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.
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La Audiencia cierra el paso a la causa contra la rebelión franquista. El País.
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Sin Garzón, pero sigue
EDITORIAL:
El problema moral que plantean las fosas requiere una respuesta del Estado democrático
29/11/2008
Si el asunto de las fosas comunes con restos todavía sin identificar de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ha enredado jurídicamente y convertido en apasionado debate actual se debe a la pasividad del Estado en resolverlo. De haberse producido a tiempo la respuesta adecuada en un Estado de derecho, poniendo en marcha los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, el asunto no habría llegado a la Audiencia Nacional ni a las manos del juez Garzón, que es lo que más parece haber preocupado a algunos.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó casi por unanimidad que el tema fuera de su jurisdicción y rechazó, por tanto, la competencia de Garzón para abrir ningún proceso penal al franquismo en relación con las fosas comunes donde yacen restos de víctimas sin identificar esparcidas por toda España. La decisión tiene escasos efectos prácticos. Garzón ya se desentendió del caso al inhibirse a favor de los respectivos juzgados donde se encuentran las fosas, una vez certificada judicialmente la muerte de los presuntos culpables. Pero tiene un incontestable valor jurídico: niega que la rebelión militar contra la República constituyera un delito contra la forma de Gobierno, inexistente en el actual Código Penal, lo que priva al juez del argumento principal para hacerse con el caso e investigar el delito de detención ilegal con desaparición forzosa que, a su juicio, constituyó la ejecución de las miles de víctimas que yacen en las fosas.
El caso queda fuera de la Audiencia Nacional pero sigue vivo. Más allá de su endeblez jurídica, la iniciativa de Garzón ha tenido el mérito de atender a los deudos de las víctimas y de situar en primera línea el problema moral que le plantea a la actual sociedad española tener todavía restos de miles de compatriotas asesinados en la Guerra Civil y en la dictadura enterrados sin identificar en los campos de España. La decisión judicial no paraliza las tareas de identificación y exhumación que puedan corresponder a los juzgados territoriales y que es de esperar que la fiscalía apoye con igual empeño que el desplegado contra la iniciativa de Garzón. Abrir esas fosas, identificar sus restos y entregarlos a sus familias para ser enterrados en lugar civil o sagrado, no es, como dicen algunos con una increíble falta de piedad, reabrir viejas heridas, sino cumplir un deber pendiente.
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La Audiencia cierra el paso a la causa contra la rebelión franquista
El golpe de Estado de Franco no está entre los delitos que juzga el tribunal, según la Sala de lo Penal - Los juzgados locales podrán seguir ordenando exhumaciones
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 29/11/2008
La Audiencia Nacional no es competente para investigar la insurrección franquista contra la República que se inició en Melilla el 17 de julio de 1936. La Sala de lo Penal de ese tribunal confirmó ayer con el voto a favor de 14 de sus 18 magistrados -tres votaron en contra y otro más se encontraba de permiso- que el juez Baltasar Garzón no es competente para encausar a Francisco Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos y de Falange que se sublevaron contra el Gobierno constitucional hace 78 años, causando una guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y desaparecidos. Y no lo es porque ese golpe de Estado no fue un delito contra la forma de Gobierno, como alegó Garzón, sino una rebelión, que no se encuentra entre los crímenes atribuidos a la Audiencia.
14 de los 17 magistrados niegan la competencia de Garzón en el caso
El pleno rechazó el recurso de la nieta de Negrín contra el veto a desenterrar
Lo que el pleno de la Sala de lo Penal debatió ayer durante más de cuatro horas, en realidad, estaba ya resuelto, aunque de otra manera. El 18 de noviembre, Garzón se inhibió de su causa en favor de 62 juzgados territoriales al considerar que la responsabilidad de Franco y de los altos cargos que protagonizaron la represión durante la guerra y la posguerra estaba extinguida por el fallecimiento de éstos. Quedaba viva, sin embargo, la cuestión de competencia que interpuso ante la Sala contra Garzón el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, una impugnación sin precedentes en la historia del tribunal y que tiene su origen en el enfrentamiento personal entre Zaragoza y Garzón por este caso.
El pleno de ayer dio en parte la razón al fiscal al negar que el juez sea competente para investigar la dictadura. Pero no porque sus principales protagonistas estén muertos desde hace años, sino porque el delito investigado no se encuentra en el catálogo de los que, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde enjuiciar a la Audiencia. En el auto por el que inició su investigación el pasado 16 de octubre, Garzón justificó su competencia al considerar que el golpe de Estado franquista era un delito "contra los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno", cuya investigación corresponde a la Audiencia.
Ese criterio fue mayoritariamente rechazado por los magistrados. La mayoría entendió que la sublevación militar fascista de julio de 1936 constituiría en realidad un delito de rebelión, que no se encuentra entre los delitos contra la forma de Gobierno, como mantenía el fiscal. Su investigación, según su escrito, no correspondería a la Audiencia, sino a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la encargada de instruir y juzgar las causas contra los miembros del Gobierno.
La decisión, de la que fue ponente el presidente, Javier Gómez Bermúdez, no fue, en cualquier caso, pacífica. Contra ella votaron los magistrados José Ricardo de Prada, Ramón Sáez Valcárcel y Clara Bayarri. Otros dos magistrados mostraron serias discrepancias con los argumentos que finalmente se impusieron y, aun considerando que Garzón no es competente en la causa, anunciaron la presentación de un voto particular para exponer sus propios razonamientos jurídicos.
El fallo, que no fue hecho público, no afecta al resto de actos ordenados por Garzón en su auto. La causa seguirá viva en los juzgados a favor de los cuales se inhibió el 18 de noviembre, si así lo estiman sus titulares, que podrán seguir adelante ordenando la apertura de fosas. La suspensión de exhumaciones decretada por la Sala el 7 de noviembre queda sin efecto dado que la competencia para decidir sobre ellas ya ha sido transferida a los juzgados de las poblaciones de los enterramientos. El juez envió ayer a los juzgados de Pamplona, Herrera del Duque (Badajoz), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) las solicitudes de apertura de cinco fosas.
Queda por resolver el recurso de apelación ante la Sala presentado por el fiscal y que Garzón no admitió a trámite por considerar que, previamente, el ministerio público debió presentar otro ante él. Fuentes de la Audiencia aseguran que no será tramitado por los 18 miembros de la Sala, sino por una sección penal (tres magistrados), que muy probablemente lo archivarán, según fuentes jurídicas, por quedar sin contenido.
Los magistrados rechazaron el pasado miércoles el recurso presentado por la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros de la República, Juan Negrín, contra la decisión de suspender cautelarmente la apertura de fosas por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva al no haber permitido alegar a las partes. El tribunal asegura que se trataba de una medida de especial urgencia solicitada por el fiscal, por lo que no era necesario que se diera traslado a las partes para adoptarla.
Ese argumento es al que se acogerá la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ayer anunció que recurrirá la decisión "por haber sido apartada del procedimiento".
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La ciudad natal de Franco le retira los títulos honoríficos -
El Parlamento vasco insta a crear comisiones de la verdad -
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Sin Garzón, pero sigue
EDITORIAL:
El problema moral que plantean las fosas requiere una respuesta del Estado democrático
29/11/2008
Si el asunto de las fosas comunes con restos todavía sin identificar de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo se ha enredado jurídicamente y convertido en apasionado debate actual se debe a la pasividad del Estado en resolverlo. De haberse producido a tiempo la respuesta adecuada en un Estado de derecho, poniendo en marcha los procedimientos administrativos y judiciales ordinarios, el asunto no habría llegado a la Audiencia Nacional ni a las manos del juez Garzón, que es lo que más parece haber preocupado a algunos.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ayer, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional negó casi por unanimidad que el tema fuera de su jurisdicción y rechazó, por tanto, la competencia de Garzón para abrir ningún proceso penal al franquismo en relación con las fosas comunes donde yacen restos de víctimas sin identificar esparcidas por toda España. La decisión tiene escasos efectos prácticos. Garzón ya se desentendió del caso al inhibirse a favor de los respectivos juzgados donde se encuentran las fosas, una vez certificada judicialmente la muerte de los presuntos culpables. Pero tiene un incontestable valor jurídico: niega que la rebelión militar contra la República constituyera un delito contra la forma de Gobierno, inexistente en el actual Código Penal, lo que priva al juez del argumento principal para hacerse con el caso e investigar el delito de detención ilegal con desaparición forzosa que, a su juicio, constituyó la ejecución de las miles de víctimas que yacen en las fosas.
El caso queda fuera de la Audiencia Nacional pero sigue vivo. Más allá de su endeblez jurídica, la iniciativa de Garzón ha tenido el mérito de atender a los deudos de las víctimas y de situar en primera línea el problema moral que le plantea a la actual sociedad española tener todavía restos de miles de compatriotas asesinados en la Guerra Civil y en la dictadura enterrados sin identificar en los campos de España. La decisión judicial no paraliza las tareas de identificación y exhumación que puedan corresponder a los juzgados territoriales y que es de esperar que la fiscalía apoye con igual empeño que el desplegado contra la iniciativa de Garzón. Abrir esas fosas, identificar sus restos y entregarlos a sus familias para ser enterrados en lugar civil o sagrado, no es, como dicen algunos con una increíble falta de piedad, reabrir viejas heridas, sino cumplir un deber pendiente.
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La Audiencia cierra el paso a la causa contra la rebelión franquista
El golpe de Estado de Franco no está entre los delitos que juzga el tribunal, según la Sala de lo Penal - Los juzgados locales podrán seguir ordenando exhumaciones
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 29/11/2008
La Audiencia Nacional no es competente para investigar la insurrección franquista contra la República que se inició en Melilla el 17 de julio de 1936. La Sala de lo Penal de ese tribunal confirmó ayer con el voto a favor de 14 de sus 18 magistrados -tres votaron en contra y otro más se encontraba de permiso- que el juez Baltasar Garzón no es competente para encausar a Francisco Franco y otros 44 miembros de sus gobiernos y de Falange que se sublevaron contra el Gobierno constitucional hace 78 años, causando una guerra civil que dejó centenares de miles de muertos y desaparecidos. Y no lo es porque ese golpe de Estado no fue un delito contra la forma de Gobierno, como alegó Garzón, sino una rebelión, que no se encuentra entre los crímenes atribuidos a la Audiencia.
14 de los 17 magistrados niegan la competencia de Garzón en el caso
El pleno rechazó el recurso de la nieta de Negrín contra el veto a desenterrar
Lo que el pleno de la Sala de lo Penal debatió ayer durante más de cuatro horas, en realidad, estaba ya resuelto, aunque de otra manera. El 18 de noviembre, Garzón se inhibió de su causa en favor de 62 juzgados territoriales al considerar que la responsabilidad de Franco y de los altos cargos que protagonizaron la represión durante la guerra y la posguerra estaba extinguida por el fallecimiento de éstos. Quedaba viva, sin embargo, la cuestión de competencia que interpuso ante la Sala contra Garzón el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, una impugnación sin precedentes en la historia del tribunal y que tiene su origen en el enfrentamiento personal entre Zaragoza y Garzón por este caso.
El pleno de ayer dio en parte la razón al fiscal al negar que el juez sea competente para investigar la dictadura. Pero no porque sus principales protagonistas estén muertos desde hace años, sino porque el delito investigado no se encuentra en el catálogo de los que, según el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde enjuiciar a la Audiencia. En el auto por el que inició su investigación el pasado 16 de octubre, Garzón justificó su competencia al considerar que el golpe de Estado franquista era un delito "contra los altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno", cuya investigación corresponde a la Audiencia.
Ese criterio fue mayoritariamente rechazado por los magistrados. La mayoría entendió que la sublevación militar fascista de julio de 1936 constituiría en realidad un delito de rebelión, que no se encuentra entre los delitos contra la forma de Gobierno, como mantenía el fiscal. Su investigación, según su escrito, no correspondería a la Audiencia, sino a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la encargada de instruir y juzgar las causas contra los miembros del Gobierno.
La decisión, de la que fue ponente el presidente, Javier Gómez Bermúdez, no fue, en cualquier caso, pacífica. Contra ella votaron los magistrados José Ricardo de Prada, Ramón Sáez Valcárcel y Clara Bayarri. Otros dos magistrados mostraron serias discrepancias con los argumentos que finalmente se impusieron y, aun considerando que Garzón no es competente en la causa, anunciaron la presentación de un voto particular para exponer sus propios razonamientos jurídicos.
El fallo, que no fue hecho público, no afecta al resto de actos ordenados por Garzón en su auto. La causa seguirá viva en los juzgados a favor de los cuales se inhibió el 18 de noviembre, si así lo estiman sus titulares, que podrán seguir adelante ordenando la apertura de fosas. La suspensión de exhumaciones decretada por la Sala el 7 de noviembre queda sin efecto dado que la competencia para decidir sobre ellas ya ha sido transferida a los juzgados de las poblaciones de los enterramientos. El juez envió ayer a los juzgados de Pamplona, Herrera del Duque (Badajoz), Trujillo (Cáceres) y Astorga (León) las solicitudes de apertura de cinco fosas.
Queda por resolver el recurso de apelación ante la Sala presentado por el fiscal y que Garzón no admitió a trámite por considerar que, previamente, el ministerio público debió presentar otro ante él. Fuentes de la Audiencia aseguran que no será tramitado por los 18 miembros de la Sala, sino por una sección penal (tres magistrados), que muy probablemente lo archivarán, según fuentes jurídicas, por quedar sin contenido.
Los magistrados rechazaron el pasado miércoles el recurso presentado por la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros de la República, Juan Negrín, contra la decisión de suspender cautelarmente la apertura de fosas por vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva al no haber permitido alegar a las partes. El tribunal asegura que se trataba de una medida de especial urgencia solicitada por el fiscal, por lo que no era necesario que se diera traslado a las partes para adoptarla.
Ese argumento es al que se acogerá la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ayer anunció que recurrirá la decisión "por haber sido apartada del procedimiento".
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La ciudad natal de Franco le retira los títulos honoríficos -
El Parlamento vasco insta a crear comisiones de la verdad -
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viernes, 28 de noviembre de 2008
GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO.
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GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
El Patagonico -
GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
Internacionales 15:16:00 Madrid, 28 de noviembre (Télam, especial).-
El juez Baltasar Garzón fue declarado hoy incompetente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, una decisión que no altera el curso del procedimiento, que está en manos de los juzgados provinciales.
"La investigación no está cerrada, y nuestra intención es personalizarnos ante los juzgados territoriales", dijo a Télam el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, Fernando Magán.
Por 14 votos a favor y 3 en contra -hubo un ausente-, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró hoy que Garzón no tiene competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, como había solicitado el fiscal jefe del tribunal, Javier Zaragoza.
Tras cuatro horas de debate, los magistrados decidieron que la Audiencia Nacional no es el órgano jurisdiccional adecuado para juzgar la desaparición de miles de españoles, sino los juzgados territoriales donde están reconocidas y localizadas las víctimas.
Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, Garzón se adelantó a la decisión adoptara hoy por la Audiencia Nacional al inhibirse a favor de los juzgados territoriales de las provincias en las que había autorizado previamente la apertura de fosas comunes.
Según denunció hoy el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, el procedimiento es "contradictorio", ya que la Sala de lo Penal se pronuncia cuando el propio juez ya se inhibió a favor de otro juzgado.
Además, el acto de la Sala de lo Penal puede declararse "nulo", debido a que tomó una decisión que no es de su competencia, sino del Tribunal Supremo, que es el "órgano superior jerárquico".
Al inhibirse a favor de los juzgados territoriales, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos por los crímenes investigados, después de comprobar su fallecimiento.
Garzón considera que no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, en concreto quienes planificaron el alzamiento nacional contra la Segunda República y la posterior represión del régimen franquista.
No obstante, el magistrado subraya que los delitos de desaparición forzosa ocurridos durante el período investigado "no han prescripto", sino que son "delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Garzón se declaró competente para investigar esto crímenes el pasado 16 de octubre, al admitir a trámite las denuncias de 22 asociaciones de Memoria Histórica.
El juez ordenó la apertura de 19 fosas comunes, cifra que después elevó a 25.Aunque en la práctica ésta exhumaciones están paralizadas por la Sala de lo Penal, que adoptó la decisión el marco de sus actuaciones contra Garzón, el mismo tribunal abrió hoy la puerta a que sea cada juez el que decida en cada caso.
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La Audiencia Nacional confirma que Garzón no es competente para ...
EiTB -
Garzón no puede investigar desapariciones en la Guerra Civil
Diario las Américas -
Investigar guerra civil española no es competencia de juez ...
El Tiempo (Colombia) -
La Audiencia Nacional desautoriza a Garzón para investigar los ...
Cadena Ser -
GARZON, DECLARADO INCOMPETENTE EN CRIMENES DE FRANCO
AnsaLatina.com -
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GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
El Patagonico -
GARZON NO INVESTIGARA CRIMENES DE GUERRA CIVIL Y FRANQUISMO
Internacionales 15:16:00 Madrid, 28 de noviembre (Télam, especial).-
El juez Baltasar Garzón fue declarado hoy incompetente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, una decisión que no altera el curso del procedimiento, que está en manos de los juzgados provinciales.
"La investigación no está cerrada, y nuestra intención es personalizarnos ante los juzgados territoriales", dijo a Télam el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, Fernando Magán.
Por 14 votos a favor y 3 en contra -hubo un ausente-, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró hoy que Garzón no tiene competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, como había solicitado el fiscal jefe del tribunal, Javier Zaragoza.
Tras cuatro horas de debate, los magistrados decidieron que la Audiencia Nacional no es el órgano jurisdiccional adecuado para juzgar la desaparición de miles de españoles, sino los juzgados territoriales donde están reconocidas y localizadas las víctimas.
Sin embargo, el pasado 18 de noviembre, Garzón se adelantó a la decisión adoptara hoy por la Audiencia Nacional al inhibirse a favor de los juzgados territoriales de las provincias en las que había autorizado previamente la apertura de fosas comunes.
Según denunció hoy el abogado de la Asociación de Memoria Histórica, el procedimiento es "contradictorio", ya que la Sala de lo Penal se pronuncia cuando el propio juez ya se inhibió a favor de otro juzgado.
Además, el acto de la Sala de lo Penal puede declararse "nulo", debido a que tomó una decisión que no es de su competencia, sino del Tribunal Supremo, que es el "órgano superior jerárquico".
Al inhibirse a favor de los juzgados territoriales, Garzón declaró extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco y otros 44 altos mandos por los crímenes investigados, después de comprobar su fallecimiento.
Garzón considera que no hay responsables vivos contra los que dirigir la acción penal, en concreto quienes planificaron el alzamiento nacional contra la Segunda República y la posterior represión del régimen franquista.
No obstante, el magistrado subraya que los delitos de desaparición forzosa ocurridos durante el período investigado "no han prescripto", sino que son "delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
Garzón se declaró competente para investigar esto crímenes el pasado 16 de octubre, al admitir a trámite las denuncias de 22 asociaciones de Memoria Histórica.
El juez ordenó la apertura de 19 fosas comunes, cifra que después elevó a 25.Aunque en la práctica ésta exhumaciones están paralizadas por la Sala de lo Penal, que adoptó la decisión el marco de sus actuaciones contra Garzón, el mismo tribunal abrió hoy la puerta a que sea cada juez el que decida en cada caso.
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GARZON, DECLARADO INCOMPETENTE EN CRIMENES DE FRANCO
AnsaLatina.com -
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Decisión AN declarando incompetencia Garzón.
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La asociación para la recuperación de la memoria histórica ...
elEconomista.es -
La asociación para la recuperación de la memoria histórica recurrirá la decisión de la sala de la audiencia nacional.
18:40 - 28/11/2008 MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica anunció hoy su intención de recurrir la decisión adoptada esta mañana por el Pleno de la Sala de los Penal de la Audiencia Nacional de declarar incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo.
Esta asociación, cuya querella posibilitó la investigación iniciada por Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, anunció su intención de recurrir la decisión de la Sala de lo Penal a pesar de que lo acordado hoy, según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no admite recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.
La asociación considera que, como ya ocurrió en la reunión del pasado 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala de lo Penal "se ha saltado los principios básicos del procedimiento judicial, como son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes".
Por lo tanto, consideran que los magistrados de la Sala de lo Penal han generado una "indefensión" ante "una decisión de tal trascendencia".
Ante esta indefensión, la asociación asegura que llevará a cabo "todas las actuaciones que procedan en Derecho para restablecer la normalidad y las garantías de un proceso del que las partes demandantes han estado apartadas siendo elemento fundamental del procedimiento".
(SERVIMEDIA) 28-NOV-2008 DCD/mfg
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Esta asociación, cuya querella posibilitó la investigación iniciada por Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco, anunció su intención de recurrir la decisión de la Sala de lo Penal a pesar de que lo acordado hoy, según lo estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no admite recurso alguno, ni siquiera ante el Tribunal Supremo.
La asociación considera que, como ya ocurrió en la reunión del pasado 7 de noviembre, en la que se paralizaron las exhumaciones de fosas, la Sala de lo Penal "se ha saltado los principios básicos del procedimiento judicial, como son el notificar a las partes la decisión que se va a tomar y escuchar a los demandantes".
Por lo tanto, consideran que los magistrados de la Sala de lo Penal han generado una "indefensión" ante "una decisión de tal trascendencia".
Ante esta indefensión, la asociación asegura que llevará a cabo "todas las actuaciones que procedan en Derecho para restablecer la normalidad y las garantías de un proceso del que las partes demandantes han estado apartadas siendo elemento fundamental del procedimiento".
(SERVIMEDIA) 28-NOV-2008 DCD/mfg
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La Audiencia considera que Garzón no puede investigar el franquismo
MANUEL ALTOZANO -
La Sala de lo Penal dictamina que el juez no es competente para analizar los crímenes de la dictadura.- El magistrado ya se inhibió el pasado 18 de noviembre en favor de los juzgados territoriales
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y para ordenar la apertura de fosas, causa de la que el magistrado se inhibió el pasado día 18 en favor de los juzgados territoriales. La reunión se ha resuelto con 14 votos a favor y tres en contra y no ha estado presente el juez Guillermo Ruiz Polanco.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Los 18 magistrados que componen la Sala han resuelto así, tras más de cuatro horas de reunión, a favor del recurso presentado por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar los hechos, una vez admitidas las denuncias de las asociaciones por la Memoria Histórica.
Según lo acordado por la sala, la ley no contempla que la Audiencia sea el órgano jurisdiccional adecuado para investigar esta causa.
Recursos vigentes
A pesar de que Garzón decidió inhibirse y dejar su investigación en manos de los juzgados de las localidades en las que haya fosas comunes, los recursos presentados contra la causa abierta por el juez continuaban vigentes. La decisión, en un principio prevista para el pasado miércoles, se retrasó hasta hoy.
La Sala de lo Penal debe aún decidir sobre la petición de la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia.
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La Audiencia Nacional dice que Garzón no es competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
28/11/2008 14:01
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado, por 14 votos a favor y 3 en contra, que el juez Baltasar Garzón carece de competencia para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes jurídicas.
El Pleno ha adoptado esta decisión tras reunirse durante más de cuatro horas para resolver el incidente de competencia que interpuso el fiscal jefe Javier Zaragoza contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar estos hechos, tras admitir las denuncias presentadas por asociaciones familiares de desaparecidos.
Hace unos días, el pasado 18 de noviembre, el propio juez Garzón decidía inhibirse en la causa que él mismo abrió para juzgar los crímenes cometidos en el franquismo. Concretamente, Garzón decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional acordaba además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
No obstante, Garzón ratificó "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
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MANUEL ALTOZANO -
La Sala de lo Penal dictamina que el juez no es competente para analizar los crímenes de la dictadura.- El magistrado ya se inhibió el pasado 18 de noviembre en favor de los juzgados territoriales
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y para ordenar la apertura de fosas, causa de la que el magistrado se inhibió el pasado día 18 en favor de los juzgados territoriales. La reunión se ha resuelto con 14 votos a favor y tres en contra y no ha estado presente el juez Guillermo Ruiz Polanco.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Los 18 magistrados que componen la Sala han resuelto así, tras más de cuatro horas de reunión, a favor del recurso presentado por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar los hechos, una vez admitidas las denuncias de las asociaciones por la Memoria Histórica.
Según lo acordado por la sala, la ley no contempla que la Audiencia sea el órgano jurisdiccional adecuado para investigar esta causa.
Recursos vigentes
A pesar de que Garzón decidió inhibirse y dejar su investigación en manos de los juzgados de las localidades en las que haya fosas comunes, los recursos presentados contra la causa abierta por el juez continuaban vigentes. La decisión, en un principio prevista para el pasado miércoles, se retrasó hasta hoy.
La Sala de lo Penal debe aún decidir sobre la petición de la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia.
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La Audiencia Nacional dice que Garzón no es competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
28/11/2008 14:01
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha declarado, por 14 votos a favor y 3 en contra, que el juez Baltasar Garzón carece de competencia para investigar las desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, informaron fuentes jurídicas.
El Pleno ha adoptado esta decisión tras reunirse durante más de cuatro horas para resolver el incidente de competencia que interpuso el fiscal jefe Javier Zaragoza contra la decisión que adoptó Garzón el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar estos hechos, tras admitir las denuncias presentadas por asociaciones familiares de desaparecidos.
Hace unos días, el pasado 18 de noviembre, el propio juez Garzón decidía inhibirse en la causa que él mismo abrió para juzgar los crímenes cometidos en el franquismo. Concretamente, Garzón decidió remitir la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentren las correspondientes fosas.
En el auto, el juez de la Audiencia Nacional acordaba además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
No obstante, Garzón ratificó "con contundencia" tanto los motivos que le llevaron a abrir la investigación como su necesidad, "al tratarse de delitos permanentes cuya comisión o efectos jurídicos son actuales".
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Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil
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La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si Garzón es competente en la causa.
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La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si ...
Diario Siglo XXI
La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si Garzón es competente en la causa
Redacción / EP
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará hoy, viernes, el debate en el que determinará si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es competente en la investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, de la que se inhibió el pasado día 18 en favor de los juzgados territoriales, informaron fuentes jurídicas.
Los 18 magistrados que componen este órgano deben tomar una decisión sobre el incidente de competencia que promovió el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para apartar a Garzón de la investigación y sobre los recursos de apelación y queja que presentó contra el auto en el que el magistrado se declaraba competente para asumir esta causa. En relación con la primera inciativa, la Sala dio traslado el pasado miércoles a todos sus integrantes de un informe de entre ocho y diez páginas que Garzón presentó el pasado lunes para justificar la asunción de la investigación.
PETICIÓN DE LA NIETA DE NEGRÍN
Los jueces superiores al instructor comenzaron a estudiar los recursos sobre la memoria histórica el pasado miércoles, con el examen de la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia. Además, la Sala de lo Penal también debe pronunciarse en relación con el recurso de súplica que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que han impulsado la causa, presentaron contra la decisión de este órgano de paralizar de forma cautelar las exhumaciones que se habían autorizado. Según las citadas fuentes, si el Pleno no tuviera tiempo para abordar todos estos asuntos, convocaría una nueva sesión para el próximo lunes, al objeto de zanjar el debate sobre la memoria histórica en el menor tiempo posible.
EXHUMACIONES AUTORIZADAS
De acuerdo con su último auto aclaratorio, al que tuvo acceso Europa Press, desde que el pasado 16 de octubre se declarara competente en la investigación el juez Garzón ha autorizado la apertura de fosas comunes situadas en 64 localidades de 26 provincias españolas.
Los enterramientos se encuentran en Aranga (A Coruña); San Martín del Rey Aurelio (Asturias); Finca "La Crespa" y Santa Amalia (Badajoz); Montes Rasineros (Castellón); el cementerio de Córdoba; Las Gabias, Víznar y Alfácar (Granada); La Palma del Condado, Niebla y Bonares y Calañas (Helva); Artieda (Huesca); Portomarin y Mondoñedo (Lugo).
También existen fosas comunes en Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Milagros, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos); La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil, Lago de Carucedo, Brañuelas, Friera, Rodanillo, San Juan de la Mata, Ocero, Sobrado, Algadefes, Fuentes Nuevas, Vilasumil, Toreno, Santa Lucía de Gordón, Busdongo, La Collada de Carmenes, Villaceid, Quintanilla de Combarros, Pombriego, Santalla, Fresnedo, San Pedro Mallo y Toral de Merayo (León).
Otros lugares donde Garzón autorizó la realización de exhumaciones son La Serena (Madrid); Valle de los Caídos (San Lorenzo del Escorial); Fuerte San Cristóbal (Navarra); Ventosa de Pisuerga y Villamedina (Palencia); Baiona-O Rosal, Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra); Robleda (Salamanca); Berlanga de Duero (Soria); Maire de Castroponce y Santa Marta de Tera (Zamora); Calatayud (Zaragoza); Porreres y Calvià (Mallorca).
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La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si ...
Diario Siglo XXI
La Audiencia Nacional retomará hoy el debate para determinar si Garzón es competente en la causa
Redacción / EP
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional retomará hoy, viernes, el debate en el que determinará si el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es competente en la investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, de la que se inhibió el pasado día 18 en favor de los juzgados territoriales, informaron fuentes jurídicas.
Los 18 magistrados que componen este órgano deben tomar una decisión sobre el incidente de competencia que promovió el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para apartar a Garzón de la investigación y sobre los recursos de apelación y queja que presentó contra el auto en el que el magistrado se declaraba competente para asumir esta causa. En relación con la primera inciativa, la Sala dio traslado el pasado miércoles a todos sus integrantes de un informe de entre ocho y diez páginas que Garzón presentó el pasado lunes para justificar la asunción de la investigación.
PETICIÓN DE LA NIETA DE NEGRÍN
Los jueces superiores al instructor comenzaron a estudiar los recursos sobre la memoria histórica el pasado miércoles, con el examen de la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente de competencia. Además, la Sala de lo Penal también debe pronunciarse en relación con el recurso de súplica que las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que han impulsado la causa, presentaron contra la decisión de este órgano de paralizar de forma cautelar las exhumaciones que se habían autorizado. Según las citadas fuentes, si el Pleno no tuviera tiempo para abordar todos estos asuntos, convocaría una nueva sesión para el próximo lunes, al objeto de zanjar el debate sobre la memoria histórica en el menor tiempo posible.
EXHUMACIONES AUTORIZADAS
De acuerdo con su último auto aclaratorio, al que tuvo acceso Europa Press, desde que el pasado 16 de octubre se declarara competente en la investigación el juez Garzón ha autorizado la apertura de fosas comunes situadas en 64 localidades de 26 provincias españolas.
Los enterramientos se encuentran en Aranga (A Coruña); San Martín del Rey Aurelio (Asturias); Finca "La Crespa" y Santa Amalia (Badajoz); Montes Rasineros (Castellón); el cementerio de Córdoba; Las Gabias, Víznar y Alfácar (Granada); La Palma del Condado, Niebla y Bonares y Calañas (Helva); Artieda (Huesca); Portomarin y Mondoñedo (Lugo).
También existen fosas comunes en Parrillas (Toledo); Adrada de Haza, Milagros, San Juan del Monte y Valdenoceda (Burgos); La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil, Lago de Carucedo, Brañuelas, Friera, Rodanillo, San Juan de la Mata, Ocero, Sobrado, Algadefes, Fuentes Nuevas, Vilasumil, Toreno, Santa Lucía de Gordón, Busdongo, La Collada de Carmenes, Villaceid, Quintanilla de Combarros, Pombriego, Santalla, Fresnedo, San Pedro Mallo y Toral de Merayo (León).
Otros lugares donde Garzón autorizó la realización de exhumaciones son La Serena (Madrid); Valle de los Caídos (San Lorenzo del Escorial); Fuerte San Cristóbal (Navarra); Ventosa de Pisuerga y Villamedina (Palencia); Baiona-O Rosal, Porriño y San Andrés de Xeve (Pontevedra); Robleda (Salamanca); Berlanga de Duero (Soria); Maire de Castroponce y Santa Marta de Tera (Zamora); Calatayud (Zaragoza); Porreres y Calvià (Mallorca).
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jueves, 27 de noviembre de 2008
El Fòrum pide ayuda al Colegio de Abogados de Madrid por la paralización de las exhumaciones.
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El Fòrum pide ayuda al Colegio de Abogados de Madrid por la paralización de las exhumaciones
Levante-EMV, Valencia
La abogada del Fòrum per la Memòria de la Comunitat Valenciana Amalia Alejandre ha solicitado amparo al Colegio de Abogados de Madrid ante lo que considera una situación "de indefensión" frente a la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de paralizar de forma cautelar las exhumaciones de las fosas comunes.
Según explica la letrada en un escrito, la indefensión viene provocada por el hecho de que las asociaciones de Recuperación de la Memoria personadas en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo no son parte en el incidente de competencia que instó la Fiscalía ante el pleno de la Sala de lo Penal. La abogada apunta que el hecho de no tener representación en este procedimiento le ha impedido haber sido oída. Por ello, añade, la Sala de lo Penal tomó la decisión de ordenar la paralización sin que su asociación "tuviera oportunidad de contradicción".
La letrada considera que este hecho vulnera la Constitución, que recoge en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El escrito pide además al Colegio de Abogados de Madrid que alguno de sus representantes "se entreviste con el presidente de la Audiencia Nacional y con el Presidente de la Sala de lo Penal, a fin de solucionar esta situación".Por otro lado, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidieron ayer al juez Baltasar Garzón que autorice la apertura de 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil que están situadas en 17 provincias españolas, entre ellas Castelló.
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El Fòrum pide ayuda al Colegio de Abogados de Madrid por la paralización de las exhumaciones
Levante-EMV, Valencia
La abogada del Fòrum per la Memòria de la Comunitat Valenciana Amalia Alejandre ha solicitado amparo al Colegio de Abogados de Madrid ante lo que considera una situación "de indefensión" frente a la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de paralizar de forma cautelar las exhumaciones de las fosas comunes.
Según explica la letrada en un escrito, la indefensión viene provocada por el hecho de que las asociaciones de Recuperación de la Memoria personadas en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo no son parte en el incidente de competencia que instó la Fiscalía ante el pleno de la Sala de lo Penal. La abogada apunta que el hecho de no tener representación en este procedimiento le ha impedido haber sido oída. Por ello, añade, la Sala de lo Penal tomó la decisión de ordenar la paralización sin que su asociación "tuviera oportunidad de contradicción".
La letrada considera que este hecho vulnera la Constitución, que recoge en su artículo 24 el derecho a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. El escrito pide además al Colegio de Abogados de Madrid que alguno de sus representantes "se entreviste con el presidente de la Audiencia Nacional y con el Presidente de la Sala de lo Penal, a fin de solucionar esta situación".Por otro lado, las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica pidieron ayer al juez Baltasar Garzón que autorice la apertura de 52 nuevas fosas comunes con restos de fusilados durante la Guerra Civil que están situadas en 17 provincias españolas, entre ellas Castelló.
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miércoles, 26 de noviembre de 2008
El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado por el Fiscal.
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El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado ...
El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado por el Fiscal
El juez Baltasar Garzón presentó ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su informe en respuesta al incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza cuando el magistrado se declaró competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. En ese informe, según fuentes jurídicas, Garzón tiene que defender la decisión de declararse competente para investigar estos hechos y que adoptó el pasado 16 de octubre; pero también debe justificar la que acordó un mes después, el pasado día 18, y que fue inhibirse en favor de los juzgados territoriales tras certificar que todos los altos cargos del régimen franquista estaban muertos. Según han informado fuentes jurídicas, este informe, de unos díez folios, podría ser estudiado en la reunión convocada para mañana por el Pleno de la Sala de lo Penal.
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El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado ...
El juez se defiende tras el incidente de la competencia planteado por el Fiscal
El juez Baltasar Garzón presentó ayer ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional su informe en respuesta al incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza cuando el magistrado se declaró competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo. En ese informe, según fuentes jurídicas, Garzón tiene que defender la decisión de declararse competente para investigar estos hechos y que adoptó el pasado 16 de octubre; pero también debe justificar la que acordó un mes después, el pasado día 18, y que fue inhibirse en favor de los juzgados territoriales tras certificar que todos los altos cargos del régimen franquista estaban muertos. Según han informado fuentes jurídicas, este informe, de unos díez folios, podría ser estudiado en la reunión convocada para mañana por el Pleno de la Sala de lo Penal.
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La Audiencia Nacional aplaza hasta el viernes el debate sobre si Garzón es competente en la causa.
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Memoria.- La Audiencia Nacional aplaza hasta el viernes el debate ...
La Audiencia Nacional aplaza hasta el viernes el debate sobre si Garzón es competente en la causa
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El Pleno de la Sala de lo Penal comienza a debatir la solicitud de abstención planteada por la nieta de Negrín
MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó hoy hasta el próximo viernes el debate sobre todos los recursos que se encuentran pendientes en relación con la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo abierta por el juez Baltasar Garzón, incluido el incidente de competencia contra el magistrado que promovió la Fiscalía, informaron fuentes jurídicas.
Los 18 magistrados que forman este órgano se reunieron con cáracter extraordinario para abordar este asunto, aunque únicamente comenzaron a debatir el recurso de súplica y la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente.
Además de tomar contacto con este asunto, la Sala dio traslado a sus integrantes del informe de entre ocho y diez páginas que Garzón presentó el pasado lunes para justificar el auto que dictó el pasado 16 de octubre para declararse competente en la causa.
De esta forma, el máximo órgano de la Sala de lo Penal comenzará su sesión plenaria del viernes debatiendo las peticiones de la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, para tratar a continuación el incidente de competencia de la Fiscalía contra Garzón, los recursos de apelación y queja que esta parte presentó contra los autos en los que el juez asumió la causa y los recursos de súplica planteados por las asociaciones de memoria histórica contra la paralización de las exhumaciones.
Según las citadas fuentes, si el Pleno no tuviera tiempo para abordar todos estos asuntos, convocaría una nueva sesión para el próximo lunes, al objeto de zanjar el debate sobre la memoria histórica en el menor tiempo posible. Este órgano también celebrará mañana, jueves, su habitual reunión semanal, aunque en ella únicamente tratará asuntos ordinarios que se encuentran pendientes, como la tramitación de extradiciones.
ABSTENCIÓN DE DIEZ MAGISTRADOS
La iniciativa de la nieta de Negrín, cuyo debate estaba previsto para el pasado 13 de noviembre, solicita la abstención de los diez magistrados, entre los que se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, al entender que actuaron sin la debida imparcialidad porque la paralización de las exhumaciones se adoptó sin escuchar al resto de partes personadas en la causa.
Además de Gómez Bermúdez, los magistrados que son objeto de esta solicitud son los presidentes de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás; Tercera, Alfonso Guevara; y Cuarta, Ángela Murillo; y los miembros de la Sala Nicolás Poveda, Ángel Hurtado, Julio de Diego, José Ricardo de Prada, Guillermo Ruiz Polanco y Juan Francisco Martell.
Por su parte, Teresa Palacios, Manuela Fernández de Prado, Ángeles Barreiro, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez dictaron un voto particular discrepante en el que alegaban que la medida cautelar sólo podía haberse adoptado en contestación a un recurso y no como resultado del incidente de competencia. A la reunión en la que se acordó esta medida no acudieron los jueces Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Enrique López.
La nieta de Negrín también solicitó a la Audiencia Nacional, a través de un recurso de súplica, los nombres de los magistrados que votaron a favor de la paralización con la intención de presentar una querella en su contra por prevaricación, así como el del fiscal que solicitó esta medida con carácter cautelar.
"DECISIÓN INJUSTA"
Según la querella, que fue presentada el pasado día 17, los magistrados que votaron a favor de frenar la investigación y el fiscal que solicitó la paralización de las exhumaciones, Carlos Bautista, adoptaron, "a sabiendas", una decisión "injusta" porque los otros cinco jueces que firmaron el voto particular discrepante "les estaban advirtiendo de ello".
Además, Garcés presentó el pasado 27 de octubre un requerimiento solicitando la inhibición de la Audiencia Nacional a favor del Tribunal Supremo para el estudio del incidente de competencia contra Garzón.
En este escrito instaba a la Sala de lo Penal a suspender la tramitación de la cuestión de competencia "en tanto el alto tribunal resuelve el requerimiento".
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La suspensión de la aperturade fosas se revisará hoy
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Los 18 magistrados que forman este órgano se reunieron con cáracter extraordinario para abordar este asunto, aunque únicamente comenzaron a debatir el recurso de súplica y la petición realizada por la nieta del ex presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín para que los diez magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por Garzón se abstuvieran en la tramitación del incidente.
Además de tomar contacto con este asunto, la Sala dio traslado a sus integrantes del informe de entre ocho y diez páginas que Garzón presentó el pasado lunes para justificar el auto que dictó el pasado 16 de octubre para declararse competente en la causa.
De esta forma, el máximo órgano de la Sala de lo Penal comenzará su sesión plenaria del viernes debatiendo las peticiones de la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, para tratar a continuación el incidente de competencia de la Fiscalía contra Garzón, los recursos de apelación y queja que esta parte presentó contra los autos en los que el juez asumió la causa y los recursos de súplica planteados por las asociaciones de memoria histórica contra la paralización de las exhumaciones.
Según las citadas fuentes, si el Pleno no tuviera tiempo para abordar todos estos asuntos, convocaría una nueva sesión para el próximo lunes, al objeto de zanjar el debate sobre la memoria histórica en el menor tiempo posible. Este órgano también celebrará mañana, jueves, su habitual reunión semanal, aunque en ella únicamente tratará asuntos ordinarios que se encuentran pendientes, como la tramitación de extradiciones.
ABSTENCIÓN DE DIEZ MAGISTRADOS
La iniciativa de la nieta de Negrín, cuyo debate estaba previsto para el pasado 13 de noviembre, solicita la abstención de los diez magistrados, entre los que se encuentra el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, al entender que actuaron sin la debida imparcialidad porque la paralización de las exhumaciones se adoptó sin escuchar al resto de partes personadas en la causa.
Además de Gómez Bermúdez, los magistrados que son objeto de esta solicitud son los presidentes de la Sección Segunda, Fernando García Nicolás; Tercera, Alfonso Guevara; y Cuarta, Ángela Murillo; y los miembros de la Sala Nicolás Poveda, Ángel Hurtado, Julio de Diego, José Ricardo de Prada, Guillermo Ruiz Polanco y Juan Francisco Martell.
Por su parte, Teresa Palacios, Manuela Fernández de Prado, Ángeles Barreiro, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez dictaron un voto particular discrepante en el que alegaban que la medida cautelar sólo podía haberse adoptado en contestación a un recurso y no como resultado del incidente de competencia. A la reunión en la que se acordó esta medida no acudieron los jueces Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Enrique López.
La nieta de Negrín también solicitó a la Audiencia Nacional, a través de un recurso de súplica, los nombres de los magistrados que votaron a favor de la paralización con la intención de presentar una querella en su contra por prevaricación, así como el del fiscal que solicitó esta medida con carácter cautelar.
"DECISIÓN INJUSTA"
Según la querella, que fue presentada el pasado día 17, los magistrados que votaron a favor de frenar la investigación y el fiscal que solicitó la paralización de las exhumaciones, Carlos Bautista, adoptaron, "a sabiendas", una decisión "injusta" porque los otros cinco jueces que firmaron el voto particular discrepante "les estaban advirtiendo de ello".
Además, Garcés presentó el pasado 27 de octubre un requerimiento solicitando la inhibición de la Audiencia Nacional a favor del Tribunal Supremo para el estudio del incidente de competencia contra Garzón.
En este escrito instaba a la Sala de lo Penal a suspender la tramitación de la cuestión de competencia "en tanto el alto tribunal resuelve el requerimiento".
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jueves, 13 de noviembre de 2008
La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
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La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
Tenía previsto ver esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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Tenía previsto ver esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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Deben decidir sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter
Es la nieta de Juan Negrín que fue le último presidente de la Segunda República
Demanada a los diez magistrados que votaron a favor de paralizar la apertura de fosas
Garzón autorizó las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
Previsiblemente los magistrados estudiarán la demanda el próximo 20 de noviembre
RTVE.es/AGENCIAS MADRID 13.11.2008 - 12:25h
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó hoy la deliberación sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter, nieta de Juan Negrín -último presidente de la Segunda República (1937-1945)-, contra los diez magistrados de este órgano que la pasada semana votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por el juez Baltasar Garzón.
Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los magistrados de la Sala de lo Penal no pudieron tratar este tema en el Pleno ordinario celebrado esta mañana por falta de tiempo, ya que mucho de los jueces tenían que acudir a los juicios que tenían señalados para hoy.
Estas mismas fuentes señalaron que, previsiblemente, los magistrados estudiarán la demanda de la nieta de Negrín en el próximo Pleno, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre.
Una demanda contra diez jueces por prevaricaciónLa nieta de Negrín presentó una demanda de abstención contra los magistrados de la Sala de lo Penal que votaron a favor de esta paralización -diez de los quince que acudieron al Pleno-, en la que solicita que estos jueces se aparten "del conocimiento de este procedimiento" y, en concreto, de la resolución del recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación de Garzón.
Carmen Negrín Fetter considera que estos diez magistrados, incluido el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, cometieron "una falta muy grave de imparcialidad" al aprobar con sus votos la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo autorizadas por Garzón.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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La Audiencia aplaza su decisión sobre la demanda de la nieta de Negrín
La Audiencia Nacional aplazó la deliberación por falta de tiempo
Deben decidir sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter
Es la nieta de Juan Negrín que fue le último presidente de la Segunda República
Demanada a los diez magistrados que votaron a favor de paralizar la apertura de fosas
Garzón autorizó las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo
Previsiblemente los magistrados estudiarán la demanda el próximo 20 de noviembre
RTVE.es/AGENCIAS MADRID 13.11.2008 - 12:25h
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplazó hoy la deliberación sobre la demanda presentada por Carmen Negrín Fetter, nieta de Juan Negrín -último presidente de la Segunda República (1937-1945)-, contra los diez magistrados de este órgano que la pasada semana votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil autorizada por el juez Baltasar Garzón.
Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que los magistrados de la Sala de lo Penal no pudieron tratar este tema en el Pleno ordinario celebrado esta mañana por falta de tiempo, ya que mucho de los jueces tenían que acudir a los juicios que tenían señalados para hoy.
Estas mismas fuentes señalaron que, previsiblemente, los magistrados estudiarán la demanda de la nieta de Negrín en el próximo Pleno, que tendrá lugar el jueves 20 de noviembre.
Una demanda contra diez jueces por prevaricaciónLa nieta de Negrín presentó una demanda de abstención contra los magistrados de la Sala de lo Penal que votaron a favor de esta paralización -diez de los quince que acudieron al Pleno-, en la que solicita que estos jueces se aparten "del conocimiento de este procedimiento" y, en concreto, de la resolución del recurso presentado por la Fiscalía contra la investigación de Garzón.
Carmen Negrín Fetter considera que estos diez magistrados, incluido el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, cometieron "una falta muy grave de imparcialidad" al aprobar con sus votos la paralización de las exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo autorizadas por Garzón.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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miércoles, 12 de noviembre de 2008
El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la Memoria Histórica.
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El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la ...
El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la Memoria Histórica
El Supremo debe decidir sobre el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia este jueves si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la guerra civil y el franquismo, como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
estrella digital/efe madrid
Según han informado fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, verá en la reunión que celebra todos los jueves si debe abstenerse de actuar en esta causa mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala de lo Penal la identidad de los diez magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal", "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el "tribunal superior" que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Impulsar el incidente de competencia
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el ministerio fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.-
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El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la Memoria Histórica
El Supremo debe decidir sobre el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia este jueves si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la guerra civil y el franquismo, como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
estrella digital/efe madrid
Según han informado fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, verá en la reunión que celebra todos los jueves si debe abstenerse de actuar en esta causa mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala de lo Penal la identidad de los diez magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal", "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el "tribunal superior" que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Impulsar el incidente de competencia
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el ministerio fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.-
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martes, 11 de noviembre de 2008
El juzgado 17 de Valencia devuelve a la Audiencia el exhorto de Garzón ante la paralización de las exhumaciones
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Memoria.-El juzgado 17 de Valencia devuelve a la Audiencia el ...
El juzgado 17 de Valencia devuelve a la Audiencia el exhorto de Garzón ante la paralización de las exhumaciones16:07 - 11/11/2008
El juzgado de instrucción número 17 de Valencia, órgano al que ha correspondido la notificación del juez del juzgado central número 5 de instrucción, Baltasar Garzón, sobre las exhumaciones en el Cementerio General de Valencia, ha decicido devolver el exhorto al órgano instructor de la Audiencia Nacional ante la paralización decidida el pasado día 7 por el pleno de la Sala de lo Penal, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)
La notificación de Garzón llegó a última hora de ayer al Decanato de los juzgados de Valencia y, por reparto, correspondió al juzgado número 17, que se volvería a encargar del exhorto en el caso de que se volviera a reactivar la decisión del magistrado, según la misma fuente.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el pasado 7 de octubre por diez votos contra cinco paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, tras recibir esa misma mañana un escrito de la Fiscalía instando la suspensión de los trabajos.
Los magistrados ordenaban al Juzgado Central de Instrucción número 5 que "paralice todas las actuaciones" acordadas por su titular, Baltasar Garzón, y su sustituto, Santiago Pedraz, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
La Sala tomó esta decisión "en estricto cumplimiento" del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR), que establece que mientras no se resuelva el incidente de competencia deben practicarse exclusivamente "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia", entre las que no se encontrarían las exhumaciones.
Si al analizar la cuestión de fondo la Sala estableciera que Garzón no es competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, se acordaría la anulación de todas las diligencias ordenadas por su Juzgado, entre las que se encuentran las exhumaciones autorizadas en fosas comunes de 25 lugares de España.
Entre estos lugares se encuentra el Valle de los Caídos, la fosa de García Lorca y las exhumaciones que se iban a realizar en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Aguilar de la Frontera (Córdoba), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristóbal (Navarra), La Serna (Madrid), el Cementerio General de Valencia, Villanueva de la Vera (Cáceres), Calviá y Porreres (Mallorca).
El Fòrum per la Memòria informó el pasado 1 de noviembre de la decisión del juez Baltasar Garzón de autorizar, a través de una providencia de fecha 29 de octubre, la exhumación de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia, a petición de esta entidad, tras el auto del 16 de octubre del magistrado en el que se declaraba competente para investigar los crímenes del franquismo y autorizaba determinadas exhumaciones. La entidad anunció la presentación de un recurso de queja contra la decisión de la sala de lo penal.
adoptada en una providencia, fechada el 29 de octubre.
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Juzgado devuelve a AN la providencia de exhumación en cementerio ...
Terra España
Juzgado devuelve a AN la providencia de exhumación en cementerio de Valencia
El Juzgado de Instrucción número 7 de Valencia ha devuelto a la Audiencia Nacional la providencia dictada por el juez Santiago Pedraza, que, en sustitución de Baltasar Garzón por baja médica, autorizó la exhumación de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo que hay en el cementerio general del Valencia.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el Juzgado recibió ayer la providencia, si bien, al estar paralizada la investigación por orden de la Audiencia Nacional, la ha remitido de nuevo a Madrid.
A petición de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado viernes la paralización de esta causa hasta que se decida si el magistrado es o no competente para investigar los hechos.
La providencia del Juzgado de Garzón dio el visto bueno a diferentes exhumaciones solicitadas por las asociaciones de familiares de desaparecidos, y entre ellas figuraba la apertura de fosas en el cementerio general de Valencia.
El Forum per la Memória del País Valenciá ya ha anunciado que recurrirá la paralización de las exhumaciones.
Terra Actualidad - EFE
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El juzgado de instrucción número 17 de Valencia, órgano al que ha correspondido la notificación del juez del juzgado central número 5 de instrucción, Baltasar Garzón, sobre las exhumaciones en el Cementerio General de Valencia, ha decicido devolver el exhorto al órgano instructor de la Audiencia Nacional ante la paralización decidida el pasado día 7 por el pleno de la Sala de lo Penal, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
VALENCIA, 11 (EUROPA PRESS)
La notificación de Garzón llegó a última hora de ayer al Decanato de los juzgados de Valencia y, por reparto, correspondió al juzgado número 17, que se volvería a encargar del exhorto en el caso de que se volviera a reactivar la decisión del magistrado, según la misma fuente.
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó el pasado 7 de octubre por diez votos contra cinco paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, tras recibir esa misma mañana un escrito de la Fiscalía instando la suspensión de los trabajos.
Los magistrados ordenaban al Juzgado Central de Instrucción número 5 que "paralice todas las actuaciones" acordadas por su titular, Baltasar Garzón, y su sustituto, Santiago Pedraz, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
La Sala tomó esta decisión "en estricto cumplimiento" del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECR), que establece que mientras no se resuelva el incidente de competencia deben practicarse exclusivamente "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia", entre las que no se encontrarían las exhumaciones.
Si al analizar la cuestión de fondo la Sala estableciera que Garzón no es competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, se acordaría la anulación de todas las diligencias ordenadas por su Juzgado, entre las que se encuentran las exhumaciones autorizadas en fosas comunes de 25 lugares de España.
Entre estos lugares se encuentra el Valle de los Caídos, la fosa de García Lorca y las exhumaciones que se iban a realizar en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Aguilar de la Frontera (Córdoba), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristóbal (Navarra), La Serna (Madrid), el Cementerio General de Valencia, Villanueva de la Vera (Cáceres), Calviá y Porreres (Mallorca).
El Fòrum per la Memòria informó el pasado 1 de noviembre de la decisión del juez Baltasar Garzón de autorizar, a través de una providencia de fecha 29 de octubre, la exhumación de tres fosas comunes del Cementerio General de Valencia, a petición de esta entidad, tras el auto del 16 de octubre del magistrado en el que se declaraba competente para investigar los crímenes del franquismo y autorizaba determinadas exhumaciones. La entidad anunció la presentación de un recurso de queja contra la decisión de la sala de lo penal.
adoptada en una providencia, fechada el 29 de octubre.
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A petición de la Fiscalía, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el pasado viernes la paralización de esta causa hasta que se decida si el magistrado es o no competente para investigar los hechos.
La providencia del Juzgado de Garzón dio el visto bueno a diferentes exhumaciones solicitadas por las asociaciones de familiares de desaparecidos, y entre ellas figuraba la apertura de fosas en el cementerio general de Valencia.
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Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
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Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
Alegan que la decisión se tomó sin informar a las partes
M. A. - Madrid - 11/11/2008
Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado viernes votaron en contra de obligar a paralizar la apertura de 25 fosas comunes -entre ellas las de Federico García Lorca y el Valle de los Caídos- consideran que el tribunal no podía dar una orden de esas características al juez Baltasar Garzón. Los integrantes de la Sala que han firmado un voto particular conjunto y discrepante con la prohibición de exhumar fusilados de la Guerra Civil creen que el fiscal se equivocó de vía a la hora de solicitarla ante la Sala.
Auto de la Audiencia sobre la paralización de la apetura de fosas + voto particular
DOCUMENTO (PDF - 208,31Kb) - 10-11-2008
Los jueces sostienen que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva
El escrito del fiscal, presentado a las 9.00 del viernes y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con urgencia para las 13.00 de ese día, era una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo. Es la primera vez que se cuestiona la competencia de un juez de la Audiencia, y el veredicto aún no se ha tomado.
Los cinco jueces discrepantes con la paralización de las fosas -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro- consideran que las resoluciones autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. Los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado (o simultáneamente), presentar uno de apelación ante la Sala de lo Penal. Se adhieren así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar la apelación (directa a la Sala, sin previo recurso de reforma) planteada por el fiscal.
Los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
El voto particular reprocha al fiscal que eligiese una vía (la cuestión de competencia) "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT, al abogado de la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir. Para los firmantes, el auto, tal y como se ha tramitado, provoca indefensión y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado ni permitido alegar. Ninguna de las dos parece buena para los parientes de los fusilados. Si deciden pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes quienes decidan sobre ella. La vía del Constitucional es más segura, pero mucho más lenta.
Al pleno de la Sala faltaron tres magistrados. Ni Clara Bayarri ni José Ricardo de Prada ni Enrique López se encontraban en Madrid cuando se convocó.
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Auto de la Audiencia sobre la paralización de la apetura de fosas + voto particular
DOCUMENTO (PDF - 208,31Kb) - 10-11-2008
Los jueces sostienen que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva
El escrito del fiscal, presentado a las 9.00 del viernes y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con urgencia para las 13.00 de ese día, era una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo. Es la primera vez que se cuestiona la competencia de un juez de la Audiencia, y el veredicto aún no se ha tomado.
Los cinco jueces discrepantes con la paralización de las fosas -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro- consideran que las resoluciones autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. Los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado (o simultáneamente), presentar uno de apelación ante la Sala de lo Penal. Se adhieren así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar la apelación (directa a la Sala, sin previo recurso de reforma) planteada por el fiscal.
Los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
El voto particular reprocha al fiscal que eligiese una vía (la cuestión de competencia) "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT, al abogado de la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir. Para los firmantes, el auto, tal y como se ha tramitado, provoca indefensión y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado ni permitido alegar. Ninguna de las dos parece buena para los parientes de los fusilados. Si deciden pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes quienes decidan sobre ella. La vía del Constitucional es más segura, pero mucho más lenta.
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lunes, 10 de noviembre de 2008
Perjuicios irreversibles
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Perjuicios irreversibles
Perjuicios irreversibles
AQUÍ Y AHORA RAFAEL TORRES
EL FISCAL DE LA Audiencia Nacional que desde que el juez Baltasar Garzón instruye el sumario contra los crímenes del franquismo ha multiplicado sus esfuerzos para impedirlo, forzó la máquina y obligó, al parecer saltándose a la torera procedimientos esenciales como el de informar a los abogados, a reunirse de urgencia al Pleno de la Audiencia para arrancarle la orden de paralización inmediata de la apertura de fosas «para no causar perjuicios irreversibles». Independientemente de cualquier otra consideración, parece que ese fiscal ignora que los «perjuicios irreversibles» son los que provocó el franquismo (esto es, el movimiento sedicioso y criminal contra el Estado, el gobierno y el pueblo español que Franco lideró al poco de producirse) en las personas que yacen innominadas y desaparecidas por los campos, las simas, las cunetas y cabe las tapias de los cementerios. Lástima que Franco y sus secuaces no contaran, cuando atacaron con extrema violencia a la nación, con un aparato jurídico lo suficientemente garantista para contar con un fiscal que con su celo vigilante impidiera que se causaran «perjuicios irreversibles» a nadie, particularmente a los inocentes. Lejos de eso, como se sabe, Franco situó en noviembre del 36 nada menos que ocho tribunales militares sumarísimos en las afueras de Madrid para, una vez conquistada la ciudad con la diligencia que preveía, cayeran sobre sus defensores dictando las innumerables penas de muerte que, contrarias a todo derecho, tardaron, por la resistencia heroica de los madrileños, casi tres años en poder dictar.
El franquismo causó muchos «perjuicios irreversiles», todos ellos también irreparables, tantos que aún parece que sufrimos con especial intensidad uno de ellos: el de las dificultades de la Justicia para entender, entendiéndolas, en las causas sobre el bien y el mal. No en causas folletinescas e intercambiables de buenos y malos, sino en la del bien -la democracia, la paz y la ley- y el mal -el terror, la persecución y la violencia-.
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Perjuicios irreversibles
Perjuicios irreversibles
AQUÍ Y AHORA RAFAEL TORRES
EL FISCAL DE LA Audiencia Nacional que desde que el juez Baltasar Garzón instruye el sumario contra los crímenes del franquismo ha multiplicado sus esfuerzos para impedirlo, forzó la máquina y obligó, al parecer saltándose a la torera procedimientos esenciales como el de informar a los abogados, a reunirse de urgencia al Pleno de la Audiencia para arrancarle la orden de paralización inmediata de la apertura de fosas «para no causar perjuicios irreversibles». Independientemente de cualquier otra consideración, parece que ese fiscal ignora que los «perjuicios irreversibles» son los que provocó el franquismo (esto es, el movimiento sedicioso y criminal contra el Estado, el gobierno y el pueblo español que Franco lideró al poco de producirse) en las personas que yacen innominadas y desaparecidas por los campos, las simas, las cunetas y cabe las tapias de los cementerios. Lástima que Franco y sus secuaces no contaran, cuando atacaron con extrema violencia a la nación, con un aparato jurídico lo suficientemente garantista para contar con un fiscal que con su celo vigilante impidiera que se causaran «perjuicios irreversibles» a nadie, particularmente a los inocentes. Lejos de eso, como se sabe, Franco situó en noviembre del 36 nada menos que ocho tribunales militares sumarísimos en las afueras de Madrid para, una vez conquistada la ciudad con la diligencia que preveía, cayeran sobre sus defensores dictando las innumerables penas de muerte que, contrarias a todo derecho, tardaron, por la resistencia heroica de los madrileños, casi tres años en poder dictar.
El franquismo causó muchos «perjuicios irreversiles», todos ellos también irreparables, tantos que aún parece que sufrimos con especial intensidad uno de ellos: el de las dificultades de la Justicia para entender, entendiéndolas, en las causas sobre el bien y el mal. No en causas folletinescas e intercambiables de buenos y malos, sino en la del bien -la democracia, la paz y la ley- y el mal -el terror, la persecución y la violencia-.
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