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El Supremo rechaza la petición de investigar el franquismo
J. M. LÁZARO - Madrid - 04/12/2008
El Tribunal Supremo no ha visto "ninguna razón ni fundamento legal" para investigar el régimen franquista, por lo que ha archivado de plano la demanda en ese sentido de Carmen Negrín, nieta del presidente de la II República, Juan Negrín.
En una providencia firmada por el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, el Supremo rechaza investigar los crímenes de la Guerra Civil al no existir constancia de que alguno de los que participaron en ellos tenga hoy la condición de "aforado".
La providencia del alto tribunal ni siquiera menciona la Guerra Civil ni el franquismo. Se limita a un estudio técnico que examina la legislación sobre competencias del Tribunal Supremo, desde la ley de 1912 que atribuye a la Sala Penal el enjuiciamiento contra diputados y senadores hasta la Constitución de 1978 que ratifica esa competencia. Añade después las previsiones de la ley del Poder Judicial de 1985, que enumera taxativamente a los aforados, desde el presidente del Gobierno y los presidentes de las altas instituciones del Estado hasta los magistrados de los tribunales superiores.
"Del escrito presentado no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido en los hechos desempeñe en la actualidad alguno de los cargos mencionados en los preceptos citados", prosigue el Supremo. Y tampoco consta que las personas que actualmente desempeñan altos cargos del Estado participaran en la represión. En consecuencia, el alto tribunal no ve "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique su competencia en el caso, por lo que archiva el escrito de Carmen Negrín.
La nieta de Negrín irrumpió en la causa sobre las desapariciones del franquismo presentando querellas contra una decena de magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
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El Supremo rechaza investigar el franquismo
ADN.es -
El Supremo rechaza juzgar los crímenes del franquismo
La Voz de Galicia -
El Supremo tampoco investigará sobre los crímenes del franquismo
Diario de Cádiz -
El Supremo rechaza también investigar los crímenes de la Guerra ...
La Nueva España -
El Tribunal Supremo también rechaza investigar el franquismo
La Vanguardia -
Tampoco el Supremo es competente para investigar el franquismo
ABC.es -
El Supremo rechaza la petición de investigar el franquismo
El País (España) -
El Supremo rechaza investigar los crímenes del franquismo
El Diario Montañés -
Tribunal Supremo español tampoco investigará crímenes de franquistas
El Sol de Tijuana -
El Tribunal Supremo no encuentra «ninguna razón ni fundamento ...
La Verdad (Murcia) -
El Supremo se declara incompetente para juzgar el franquismo
La Semana -
Memoria histórica. el supremo rechaza investigar los crímenes del ...
elEconomista.es -
El Supremo dice que tampoco es competente para investigar los ...
Libertad Digital -
El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes ...
La Vanguardia -
El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes ...
ABC.es -
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jueves, 4 de diciembre de 2008
miércoles, 3 de diciembre de 2008
El Supremo rechaza investigar el franquismo.
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El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes del franquismo
El Tribunal publica una providencia en la que dice que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique el conocimiento por este tribunal de la investigación.»
Lea la resolución del Supremo
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El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes del franquismo
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Bedera (PSOE) cree que Garzón es "un gran juez" pero sin competencias en los desaparecidos de la Guerra Civil (31/10/2008)
Memoria.- La Audiencia Nacional aplaza hasta el viernes el debate sobre si Garzón es competente en la causa (26/11/2008)
Yak.- Marlaska contesta al TS que Trillo carece de responsabilidad penal porque no participó en la contratación (23/05/2008)
Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil (01/09/2008)
Memoria.- El Gobierno da luz verde a las indemnizaciones a víctimas y da instrucciones para retirar símbolos franquistas (31/10/2008)
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal del tribunal Supremo hizo público hoy una providencia en la que señala que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique el conocimiento por este alto tribunal de la investigación sobre las personas inicialmente señaladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como responsables de las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo.
Con este documento, que tiene fecha de 26 de noviembre, el Supremo responde al requerimiento que le hizo la nieta del que fuera presidente de la segunda República Juan Negrín, para que fuera esta alta instancia judicial la que entendiera de la causa iniciada por Garzón por considerar que las personas contra las que se dirigía este procedimiento eran aforadas y, por lo tanto, debían ser investigadas por el Tribunal Supremo.
A este respecto el Alto Tribunal señala "que no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos a los que el escrito se refiere desempeñe en la actualidad" alguno de los cargos mencionados en la ley como aforados, "ni que alguna de las personas que actualmente los desempeñen en los diferentes ámbitos del Estado, interviniera o participara en los hechos a los que el escrito alude". Por otro ello, el Supremo concluye que la petición de la nieta de Negrín debe ser archivada.
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El Supremo rechaza la petición de la nieta de Negrín para investigar los crímenes del franquismo
La Sala de lo Penal del tribunal Supremo hizo público hoy una providencia en la que señala que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique el conocimiento por este alto tribunal de la investigación sobre las personas inicialmente señaladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como responsables de las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo.
diarioDirecto 03/12/08
Con este documento, que tiene fecha de 26 de noviembre, el Supremo responde al requerimiento que le hizo la nieta del que fuera presidente de la segunda República Juan Negrín, para que fuera esta alta instancia judicial la que entendiera de la causa iniciada por Garzón por considerar que las personas contra las que se dirigía este procedimiento eran aforadas y, por lo ta nto, debían ser investigadas por el Tribunal Supremo.A este respecto el Alto Tribunal señala "que no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos a los que el escrito se refiere desempeñe en la actualidad" alguno de los cargos mencionados en la ley como aforados, "ni que alguna de las personas que actualmente los desempeñen en los diferentes ámbitos del Estado, interviniera o participara en los hechos a los que el escrito alude". Por otro ello, el Supremo concluye que la petición de la nieta de Negrín debe ser archivada.
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El Tribunal Supremo dice que no es competente para juzgar el franquismo
Cadena SER.
El Supremo dice que no es competente para juzgar el franquismo tras la petición de la familia Negrín
El Alto Tribunal argumenta que ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano
EFE 03-12-2008
El Tribunal Supremo ha rechazado asumir la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano. En una providencia notificada este jueves, la sala de lo penal del Alto Tribunal desestima con este argumento la cuestión de competencia planteada por Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945), que pretendía que el Supremo asumiera la investigación de los crímenes del franquismo.
La Audiencia Nacional desautoriza a Garzón para investigar los crímenes del franquismo
Ferrol retirará los títulos honoríficos otorgados a la familia Franco
Decepción entre las asociaciones por la retirada de Garzón en la causa del franquismo
Garzón se inhibe en la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales
La nieta de Negrín se querella contra los jueces que pararon las exhumaciones
La Audiencia Nacional aplaza su decisión sobre la apertura de las fosas
La Audiencia Nacional autoriza a familiares de Lorca presenciar la apertura de la fosa del poeta
La Audiencia Nacional decide paralizar las exhumaciones que autorizó Garzón
El tribunal concluye que del relato de hechos planteado por Negrín "no resulta (...) que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos (...) desempeñe en la actualidad alguno de los cargos" que le convierten en aforado, como son los de miembro del Gobierno, diputado o senador, juez o consejero del Tribunal de Cuentas, entre otros muchos.
Ni "razón" ni "fundamento legal"
El Supremo añade que tampoco "alguna de las personas que actualmente desempeñen estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos". Por ello, el tribunal considera que no hay "ninguna razón ni fundamento legal que justifique el conocimiento por la sala de lo penal" de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que desestima el recurso de Carmen Negrín y ordena su archivo.
La nieta del presidente del Gobierno republicano había instado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a no pronunciarse sobre si el juez Baltasar Garzón era o no competente para investigar los hechos hasta que el Supremo tomara una decisión sobre el asunto. Además, el pasado 17 de noviembre interpuso ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los magistrados de esa sala que diez días antes habían votado a favor de paralizar las exhumaciones de desaparecidos ordenadas por Garzón.
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El Supremo rechaza investigar el franquismo
El País-
El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes ...
ABC.es -
El Supremo también se declara incompetente para juzgar el franquismo
Público-
El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes ...
La Vanguardia -
El Tribunal Supremo no encuentra «ninguna razón ni fundamento ...
La Verdad (Murcia) -
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El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes del franquismo
El Tribunal publica una providencia en la que dice que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique el conocimiento por este tribunal de la investigación.»
Lea la resolución del Supremo
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El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes del franquismo
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Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil (01/09/2008)
Memoria.- El Gobierno da luz verde a las indemnizaciones a víctimas y da instrucciones para retirar símbolos franquistas (31/10/2008)
MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Penal del tribunal Supremo hizo público hoy una providencia en la que señala que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique el conocimiento por este alto tribunal de la investigación sobre las personas inicialmente señaladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como responsables de las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo.
Con este documento, que tiene fecha de 26 de noviembre, el Supremo responde al requerimiento que le hizo la nieta del que fuera presidente de la segunda República Juan Negrín, para que fuera esta alta instancia judicial la que entendiera de la causa iniciada por Garzón por considerar que las personas contra las que se dirigía este procedimiento eran aforadas y, por lo tanto, debían ser investigadas por el Tribunal Supremo.
A este respecto el Alto Tribunal señala "que no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos a los que el escrito se refiere desempeñe en la actualidad" alguno de los cargos mencionados en la ley como aforados, "ni que alguna de las personas que actualmente los desempeñen en los diferentes ámbitos del Estado, interviniera o participara en los hechos a los que el escrito alude". Por otro ello, el Supremo concluye que la petición de la nieta de Negrín debe ser archivada.
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El Supremo rechaza la petición de la nieta de Negrín para investigar los crímenes del franquismo
La Sala de lo Penal del tribunal Supremo hizo público hoy una providencia en la que señala que no existe "ninguna razón ni fundamento legal" que justifique el conocimiento por este alto tribunal de la investigación sobre las personas inicialmente señaladas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón como responsables de las desapariciones durante la Guerra civil y el franquismo.
diarioDirecto 03/12/08
Con este documento, que tiene fecha de 26 de noviembre, el Supremo responde al requerimiento que le hizo la nieta del que fuera presidente de la segunda República Juan Negrín, para que fuera esta alta instancia judicial la que entendiera de la causa iniciada por Garzón por considerar que las personas contra las que se dirigía este procedimiento eran aforadas y, por lo ta nto, debían ser investigadas por el Tribunal Supremo.A este respecto el Alto Tribunal señala "que no resulta que alguna persona que pudiera haber intervenido o participado en los hechos a los que el escrito se refiere desempeñe en la actualidad" alguno de los cargos mencionados en la ley como aforados, "ni que alguna de las personas que actualmente los desempeñen en los diferentes ámbitos del Estado, interviniera o participara en los hechos a los que el escrito alude". Por otro ello, el Supremo concluye que la petición de la nieta de Negrín debe ser archivada.
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El Tribunal Supremo dice que no es competente para juzgar el franquismo
Cadena SER.
El Supremo dice que no es competente para juzgar el franquismo tras la petición de la familia Negrín
El Alto Tribunal argumenta que ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano
EFE 03-12-2008
El Tribunal Supremo ha rechazado asumir la competencia para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo porque ninguno de los supuestos responsables de esos hechos desempeña en la actualidad un cargo que le convierta en aforado y, por tanto, en enjuiciable por este órgano. En una providencia notificada este jueves, la sala de lo penal del Alto Tribunal desestima con este argumento la cuestión de competencia planteada por Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945), que pretendía que el Supremo asumiera la investigación de los crímenes del franquismo.
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Ni "razón" ni "fundamento legal"
El Supremo añade que tampoco "alguna de las personas que actualmente desempeñen estos cargos en los diferentes ámbitos del Estado interviniera o participara en los hechos". Por ello, el tribunal considera que no hay "ninguna razón ni fundamento legal que justifique el conocimiento por la sala de lo penal" de la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por lo que desestima el recurso de Carmen Negrín y ordena su archivo.
La nieta del presidente del Gobierno republicano había instado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a no pronunciarse sobre si el juez Baltasar Garzón era o no competente para investigar los hechos hasta que el Supremo tomara una decisión sobre el asunto. Además, el pasado 17 de noviembre interpuso ante el Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los magistrados de esa sala que diez días antes habían votado a favor de paralizar las exhumaciones de desaparecidos ordenadas por Garzón.
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El Supremo rechaza investigar el franquismo
El País-
El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes ...
ABC.es -
El Supremo también se declara incompetente para juzgar el franquismo
Público-
El Supremo descarta ser competente para investigar los crímenes ...
La Vanguardia -
El Tribunal Supremo no encuentra «ninguna razón ni fundamento ...
La Verdad (Murcia) -
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martes, 2 de diciembre de 2008
Vídeos: El genocidio franquista. Crímenes contra la humanidad
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El genocidio franquista.Crimenes contra la humanidad
http://es.youtube.com/watch?v=DXMu1nTsPqo PARTE 1
http://es.youtube.com/watch?v=sPoBv0UmKEk PARTE 2
El abogado Joan Garcés en el programa de TVE 59 segundos, entrevistado por Ana Pastor.Los crímenes contra la humanidad del franquismo y su similitud con los cometidos en las dictaduras latinoamericanas. El abogado, que fue asesor de Salvador Allende, y actualmente lleva la causa de la nieta de Negrín contra los magistrados que han boicoteado la acción de Garzón, explica lo que se puede y debe hacer legalmente con la causa de la Memoria Histórica, qué son los crímenes contra la humanidad y por qué no prescriben.
Miles de niños secuestrados por la dictadura de Franco en España http://es.youtube.com/watch?v=wunwQzRYyeQ
Ricard Vinyes autor de "Los niños perdidos del franquismo" entrevistado en "La Noche en 24" .El libro que ha citado el juez Baltasar Garzón para denunciar que el robo de niños durante la dictadura franquista fue peor que el de Argentina. Los pequeños eran separados de sus madres al amparo del Patronato de Nuestra Señora de la Merced, que en el año 1943 tutelaba a más de 12.000 niños.
Las órdenes de exterminio del franquismo. Así mandaron matar a 130.000 españoles http://es.youtube.com/watch?v=QGJRQSRd8Yw
Asi dieron las ordenes de exterminar a más de 130.000 españoles los fascistas que hoy defienden el PP, UPyD, y Falange frente a la causa abierta por el juez Garzón. Noticias de la Sexta.
Debate en el Parlamento Europeo. 4 Julio 2006. Los partidos políticos salvo PP y ultraderecha condenan el franquismo
http://video.google.com/videoplay?docid=6942303775484297299&hl=es
Mayor Oreja y dos diputados de la ultraderecha polaca se niegan a condenar el franquismo. Vídeos con las intervenciones. "Europa dejó solos a los españoles en un gesto de traición contra la democracia que costaría muy caro a todos los europeos”. El reconocimiento quedó escrito en todos los idiomas en el Parlamento Europeo, que condenó el franquismo el 4 de Julio de 2006.Todos los Europarlamentarios salvo los del Partido Popular español, y dos polacos, uno de derecha, y otro de ultraderecha. Los ultras, como se puede ver en el vídeo con las intenvenciones del PP y la ultraderecha, la liaron parda.. Aunque el PP español consideró este debate un error, el presidente del Grupo Popular Europeo, el alemán Hans-Gert Pöttering, pidió la palabra para contradecir a los eurodiputados polacos que afirmaron que Franco y la iglesia salvaron a España. Fueron varios, algunos muy emotivos los apoyos de algunos europarlamentarios al reconocimiento de la democracia republicana, y la condena al régimen genocida franquista. (Integro, 40 minutos)
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El genocidio franquista.Crimenes contra la humanidad
http://es.youtube.com/watch?v=DXMu1nTsPqo PARTE 1
http://es.youtube.com/watch?v=sPoBv0UmKEk PARTE 2
El abogado Joan Garcés en el programa de TVE 59 segundos, entrevistado por Ana Pastor.Los crímenes contra la humanidad del franquismo y su similitud con los cometidos en las dictaduras latinoamericanas. El abogado, que fue asesor de Salvador Allende, y actualmente lleva la causa de la nieta de Negrín contra los magistrados que han boicoteado la acción de Garzón, explica lo que se puede y debe hacer legalmente con la causa de la Memoria Histórica, qué son los crímenes contra la humanidad y por qué no prescriben.
Miles de niños secuestrados por la dictadura de Franco en España http://es.youtube.com/watch?v=wunwQzRYyeQ
Ricard Vinyes autor de "Los niños perdidos del franquismo" entrevistado en "La Noche en 24" .El libro que ha citado el juez Baltasar Garzón para denunciar que el robo de niños durante la dictadura franquista fue peor que el de Argentina. Los pequeños eran separados de sus madres al amparo del Patronato de Nuestra Señora de la Merced, que en el año 1943 tutelaba a más de 12.000 niños.
Las órdenes de exterminio del franquismo. Así mandaron matar a 130.000 españoles http://es.youtube.com/watch?v=QGJRQSRd8Yw
Asi dieron las ordenes de exterminar a más de 130.000 españoles los fascistas que hoy defienden el PP, UPyD, y Falange frente a la causa abierta por el juez Garzón. Noticias de la Sexta.
Debate en el Parlamento Europeo. 4 Julio 2006. Los partidos políticos salvo PP y ultraderecha condenan el franquismo
http://video.google.com/videoplay?docid=6942303775484297299&hl=es
Mayor Oreja y dos diputados de la ultraderecha polaca se niegan a condenar el franquismo. Vídeos con las intervenciones. "Europa dejó solos a los españoles en un gesto de traición contra la democracia que costaría muy caro a todos los europeos”. El reconocimiento quedó escrito en todos los idiomas en el Parlamento Europeo, que condenó el franquismo el 4 de Julio de 2006.Todos los Europarlamentarios salvo los del Partido Popular español, y dos polacos, uno de derecha, y otro de ultraderecha. Los ultras, como se puede ver en el vídeo con las intenvenciones del PP y la ultraderecha, la liaron parda.. Aunque el PP español consideró este debate un error, el presidente del Grupo Popular Europeo, el alemán Hans-Gert Pöttering, pidió la palabra para contradecir a los eurodiputados polacos que afirmaron que Franco y la iglesia salvaron a España. Fueron varios, algunos muy emotivos los apoyos de algunos europarlamentarios al reconocimiento de la democracia republicana, y la condena al régimen genocida franquista. (Integro, 40 minutos)
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sábado, 29 de noviembre de 2008
Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo.
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
LA FALLIDA PARTICIPACION DEL JUEZ BALTASAR GARZON
Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo
Cuando ayer la justicia española consideró incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los desaparecidos del franquismo, no hizo más que legitimar la decisión que Garzón tomó la semana pasada al renunciar él mismo a dicha investigación. Las razones que había esgrimido el juez, entre ellas la muerte de la mayoría de los acusados, y del dictador Francisco Franco, tuvieron su correlato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la que depende Garzón, que decidió su incompetencia por 14 votos contra tres. Garzón había renunciado a instruir él mismo su investigación sobre unos 114.266 desaparecidos del franquismo enterrados en fosas comunes, inhibiéndose en favor de los tribunales locales, a partir de la recomendación de la fiscalía, que consideraba esos crímenes resueltos por la ley de Amnistía de 1977 y que la calificación de crímenes de lesa humanidad, pedida por Garzón, no podía ser aplicada ya que el concepto fue introducido en el derecho internacional después de la Guerra Civil Española (1936-1939).
Es precisamente la ley de Amnistía y hasta la Constitución española, redactada en 1978 durante la llamada transición, algo que las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica piden debatir. En este sentido, varias agrupaciones pensaron primero en recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por entender que podía obedecer a "presiones políticas". Ahora, montándose en el 30 aniversario de la Constitución española que se cumple la semana que viene, las organizaciones están orientadas a cuestionar públicamente la relación que existe entre leyes y políticas de la memoria y sobre la supuesta ejemplaridad de aquellos acuerdos elitistas.
"Bajo la amenaza de despertar los demonios fraticidas que nos conducirían nuevamente a la confrontación y radicalización políticas, nos obligaban a olvidar las luchas que impulsaron el cambio durante la II República, la resistencia antifascista durante la Guerra Civil y la larga oposición clandestina antifranquista", dicen desde Memoria Histórica. Y es por esto mismo que Darío Rivas duda sobre el futuro de su causa contra La Falange. "Son las leyes las que no nos permiten avanzar", dice. Y cuenta que la repentina participación de Garzón había abierto una esperanza. "Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo enjuiciar al franquismo, pero la mayoría de los tribunales locales responden al Partido Popular, y eso es un gran obstáculo".
Video La historia de Darío Rivas: www.clarin.com
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Niegan a Garzón el derecho a investigar al franquismo
El Universal (Venezuela) -
Varias familias se suman a la solicitud de apertura de fosas
La Opinión de Granada -
La Audiencia Nacional cierra la causa de Garzón sobre el franquismo
La Voz de Galicia -
La Audiencia anula a Garzón en la causa contra el franquismo
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La Audiencia confirma que Garzón no puede investigar el franquismo
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La Audiencia declara incompetente a Garzón para investigar los ...
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Causa en su sitio
La Rioja -
¿Dónde está la derecha española? Los rusos en España
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La Audiencia anula el proceso de Garzón sobre el franquismo
La Vanguardia -
Garzón, sin competencias para los crímenes de Franco
La Opinión de Tenerife -
Hasta aquí llegó Garzón
ABC.es -
La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para ...
ABC.es -
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Cuando ayer la justicia española consideró incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los desaparecidos del franquismo, no hizo más que legitimar la decisión que Garzón tomó la semana pasada al renunciar él mismo a dicha investigación. Las razones que había esgrimido el juez, entre ellas la muerte de la mayoría de los acusados, y del dictador Francisco Franco, tuvieron su correlato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la que depende Garzón, que decidió su incompetencia por 14 votos contra tres. Garzón había renunciado a instruir él mismo su investigación sobre unos 114.266 desaparecidos del franquismo enterrados en fosas comunes, inhibiéndose en favor de los tribunales locales, a partir de la recomendación de la fiscalía, que consideraba esos crímenes resueltos por la ley de Amnistía de 1977 y que la calificación de crímenes de lesa humanidad, pedida por Garzón, no podía ser aplicada ya que el concepto fue introducido en el derecho internacional después de la Guerra Civil Española (1936-1939).
Es precisamente la ley de Amnistía y hasta la Constitución española, redactada en 1978 durante la llamada transición, algo que las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica piden debatir. En este sentido, varias agrupaciones pensaron primero en recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por entender que podía obedecer a "presiones políticas". Ahora, montándose en el 30 aniversario de la Constitución española que se cumple la semana que viene, las organizaciones están orientadas a cuestionar públicamente la relación que existe entre leyes y políticas de la memoria y sobre la supuesta ejemplaridad de aquellos acuerdos elitistas.
"Bajo la amenaza de despertar los demonios fraticidas que nos conducirían nuevamente a la confrontación y radicalización políticas, nos obligaban a olvidar las luchas que impulsaron el cambio durante la II República, la resistencia antifascista durante la Guerra Civil y la larga oposición clandestina antifranquista", dicen desde Memoria Histórica. Y es por esto mismo que Darío Rivas duda sobre el futuro de su causa contra La Falange. "Son las leyes las que no nos permiten avanzar", dice. Y cuenta que la repentina participación de Garzón había abierto una esperanza. "Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo enjuiciar al franquismo, pero la mayoría de los tribunales locales responden al Partido Popular, y eso es un gran obstáculo".
Video La historia de Darío Rivas: www.clarin.com
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Niegan a Garzón el derecho a investigar al franquismo
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Hasta aquí llegó Garzón
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo. Público.
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01
No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.
Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.
El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia
El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.
Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.
Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.
Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.
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Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil
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Declaran a Garzón no competente para investigar el franquismo
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó la decisión por 14 votos a favor y 3 en contra. Hace unos días Garzón decidió inhibirse en la causa.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 28/11/2008 14:01
No ha habido sorpresas. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido, por 14 votos a tres, declarar que el juez Baltasar Garzón no es competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Pero la decisión no debería tener más trascendencia, después de que el propio magistrado se inhibiera el pasado día 18 a favor de los Juzgados donde existan fosas de víctimas, en un auto que no ha sido recurrido por nadie.
Con la resolución de la Sala seguirán siendo estos Juzgados los que decidan si abren una causa para investigar los crímenes cometidos en su jurisdicción o entienden que no pueden hacerlo al no encontrar imputables vivos. Y serán los encargados de ordenar la apertura de fosas, aunque para hacerlo necesiten una nueva denuncia de las víctimas - como argumentó un juez de Ponferrada ante el primer exhorto enviado por Garzón-.
El auto, del que será ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, contará con los votos discrepantes de los magistrados Clara Bayarri, José Ricardo de Prada y Ramón Sáez Valcárcel, y con dos concurrentes, que comparten la decisión de la mayoría, pero no exactamente los motivos.
Sólo competencia
El debate, circunscrito a la competencia, se ha centrado en el motivo por el que Garzón se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció en su auto del pasado 16 de octubre que las desapariciones forzosas de personas cometidas entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 se enmarcan en delitos de lesa humanidad y, por ello, son imprescriptibles y no pueden ser amnistiados.
Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial sólo prevé que la Audiencia Nacional se encargue de su investigación por el principio de persecución universal: cuando ocurren en el extranjero. Si se cometen en España, la competencia viene determinada por el principio de territorialidad, por lo que deben hacerse cargo los juzgados de los lugares donde se cometieron.
Sin embargo, Garzón justificó su competencia utilizando un argumento que nadie preveía: el llamado alzamiento nacional fue un golpe de Estado contra el legítimo Gobierno de la república equivalente al delito que existe actualmente contra altas instituciones del Estado, competencia de la Audiencia Nacional según la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía, en cambio, explicaba, con un criterio que ha hecho suyo la Sala, que los delitos existentes en el Código Penal de 1932 para castigar un golpe de Estado no son equiparables al que aplica el juez. Sería en su caso uno de rebelión, que en el Código Penal vigente no entra dentro de las competencias de la Audiencia. "Este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código de la República, ni en los posteriores, por lo que esa calificación carece de vigencia", decía el fiscal.
Garzón se declaró no competente, como ha decidido la Sala, pero con otro argumento: al haber muerto los autores del alzamiento, ya no puede investigarlo.
Fuentes jurídicas señalaron que el Pleno ha sido respetuoso con los derechos de las víctimas y no ha anulado las diligencias ordenadas por Garzón. Pese a que la resolución es irrecurrible, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica la impugnará.
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miércoles, 26 de noviembre de 2008
La Iglesia y la represión franquista. Julián Casanova.
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La Iglesia y la represión franquista
JULIÁN CASANOVA 26/11/2008
La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.
La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición
En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.
Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos.
"La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.
Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.
Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.
La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.
Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
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La Iglesia y la represión franquista
JULIÁN CASANOVA 26/11/2008
La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.
La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición
En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.
Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos.
"La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.
Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.
Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.
La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.
Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.
Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
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martes, 25 de noviembre de 2008
«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
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«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
ENTREVISTA JAVIER RODRÍGUEZ
«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
Profesor de Historia Contemporánea de la ULE
El historiador reivindica la memoria pública de las víctimas y plantea que el aniversario del fin de la Guerra Civil tenga un tratamiento institucional similar al del bicentenario de la Guerra de la Independencia
A. Gaitero león
«Historia y memoria. La represión en la educación durante el primer franquismo» es el título de la conferencia que imparte hoy a las 11.00 horas en la Facultad de Educación Javier Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León. Especialista en la represión franquista, Rodríguez reivindica la memoria pública de las víctimas como un «bien necesario» para la democracia y la investigación histórica como la única «cura» frente al olvido al que fueron sometidas las víctimas de la dictadura de Franco, más allá de la Guerra Civil, «desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de diciembre de 1975».
-La represión en la enseñanza fue, junto con la guerrilla y el maquis, uno de los primeros temas en investigarse en León. ¿Qué novedades aporta?
-El acceso a nuevas fuentes, como los expedientes personales y los consejos de guerra, va a incrementar las cifras de la represión docente no sólo en León. Pero no sólo eso, sino que va a permitir analizar cualitativamente las causas reales de su depuración. El estudio de Francisco Morente Valero, sobre 14 provincias, sirvió para calibrar el impacto de la represión en la enseñanaza en todo el país. Se estima que de 61.000 personas depuradas, no menos de 15.000 fueron sancionadas; 6.000 fueron separadas forzosamente de la enseñanza, 3.000 suspendidas de empleo y sueldo, 6.000 perdieron su plaza. En León de 905 depuraciones sólo se habilitaron a 189, se estima que hubo al menos 40 maestros paseados... Fue una depuración especialmente diseñada, con una normativa específica y no sólo eso, sino que se estableció un control ideológico del profesorado exigiendo que su firma de adhesión a los principios del régimen.
-¿Qué opina de las declaraciones del cardenal Rouco Varela que apela al olvido para no abrir heridas?
-El olvido es lo que utilizaron las dictaduras, fue su arma principal para impedir el acceso al conocimiento y para los que ciudadanos fueran más libres y sabios. Yo les diría a quienes hablan así que la memoria no es confrontación, sino pluralidad. Durante 40 años el franquismo recreó sus posturas sobre la Guerra Civil e hizo desaparecer de la memoria colectiva la IIª República. Disfrazó el origen de la Guerra Civil, que en realidad fue un golpe de estado contra el gobierno legítimamente elegido, y acomodó la memoria a su ideología. Los vencidos fueron humillados y tuvieron que ahogar su propia memoria y los vencedores abusaron de la evocación del triunfo. Pero ahora la democracia está consolidada y las instituciones intentan canalizar una demanda social.
-¿Le parece una postura cínica abogar por el olvido mientras la Iglesia beatifica a quienes considera mártires de la Guerra Civil?
-Hay que reconocer a todas las víctimas y creo que la jerarquía católica se equivoca en esa postura de correr un tupido velo. Las víctimas no se merecen el olvido sino una memoria sin ira.
-¿Existe algún referente para este polémico proceso que se vive en España cuando se cumplen 33 años de la muerte de Franco?
-Es un proceso semejante al que vivió Europa varias décadas después de la IIª Guerra Mundial y particularmente Alemania, donde en los años 60 todavía había controversia sobre el tema y tuvo que pasar mucho tiempo para que los judíos, que fueron las víctimas, fueran insertados. La diferencia es que en España la dictadura contínúa hasta 1975. Es un proceso que tras las dictaduras de Chile y Argentina ha sido más rápido.
-¿Cómo valora la intervención de Garzón en el caso de la denuncia por las desapariciones?
-Lo que ha hecho es acudir a la llamada de las asociaciones que canalizan la demanda de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Y se inhibió ante la postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional para que no se parara ahí la vía judicial y siguiera en los juzgados provinciales.
-Sin embargo, en Ponferrada acaba de producirse la primera negativa de un juzgado a abrir una fosa...
-Es una mala noticia. Cmo historiador creo que las personas tienen derecho a encontrar a sus descendientes y precisamente el desarrollo de la ley de la memoria histórica contempla un protocolo de exhumación. Es hora de ponerse en la piel de las víctimas del franquismo.
-Está a punto de cumplirse el 70 aniversario del fin de la Guerra Civil, ¿Para qué debe servir esta efeméride en España y en León en concreto?
-Es una oportunidad para que se conozca más la historia y se transmita a la sociedad, igual que se ha hecho con el bicentenario de la Guerra de la Independencia. El Estado y las administraciones autonómicas, provinciales y locales tienen que aplicar la ley de memoria histórica, guste o no guste porque es una ley aprobada por el Parlamento y tendrían que respaldar actos como los del bicentenario.
«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
ENTREVISTA JAVIER RODRÍGUEZ
«El olvido fue el arma principal de la dictadura franquista»
Profesor de Historia Contemporánea de la ULE
El historiador reivindica la memoria pública de las víctimas y plantea que el aniversario del fin de la Guerra Civil tenga un tratamiento institucional similar al del bicentenario de la Guerra de la Independencia
A. Gaitero león
«Historia y memoria. La represión en la educación durante el primer franquismo» es el título de la conferencia que imparte hoy a las 11.00 horas en la Facultad de Educación Javier Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de León. Especialista en la represión franquista, Rodríguez reivindica la memoria pública de las víctimas como un «bien necesario» para la democracia y la investigación histórica como la única «cura» frente al olvido al que fueron sometidas las víctimas de la dictadura de Franco, más allá de la Guerra Civil, «desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de diciembre de 1975».
-La represión en la enseñanza fue, junto con la guerrilla y el maquis, uno de los primeros temas en investigarse en León. ¿Qué novedades aporta?
-El acceso a nuevas fuentes, como los expedientes personales y los consejos de guerra, va a incrementar las cifras de la represión docente no sólo en León. Pero no sólo eso, sino que va a permitir analizar cualitativamente las causas reales de su depuración. El estudio de Francisco Morente Valero, sobre 14 provincias, sirvió para calibrar el impacto de la represión en la enseñanaza en todo el país. Se estima que de 61.000 personas depuradas, no menos de 15.000 fueron sancionadas; 6.000 fueron separadas forzosamente de la enseñanza, 3.000 suspendidas de empleo y sueldo, 6.000 perdieron su plaza. En León de 905 depuraciones sólo se habilitaron a 189, se estima que hubo al menos 40 maestros paseados... Fue una depuración especialmente diseñada, con una normativa específica y no sólo eso, sino que se estableció un control ideológico del profesorado exigiendo que su firma de adhesión a los principios del régimen.
-¿Qué opina de las declaraciones del cardenal Rouco Varela que apela al olvido para no abrir heridas?
-El olvido es lo que utilizaron las dictaduras, fue su arma principal para impedir el acceso al conocimiento y para los que ciudadanos fueran más libres y sabios. Yo les diría a quienes hablan así que la memoria no es confrontación, sino pluralidad. Durante 40 años el franquismo recreó sus posturas sobre la Guerra Civil e hizo desaparecer de la memoria colectiva la IIª República. Disfrazó el origen de la Guerra Civil, que en realidad fue un golpe de estado contra el gobierno legítimamente elegido, y acomodó la memoria a su ideología. Los vencidos fueron humillados y tuvieron que ahogar su propia memoria y los vencedores abusaron de la evocación del triunfo. Pero ahora la democracia está consolidada y las instituciones intentan canalizar una demanda social.
-¿Le parece una postura cínica abogar por el olvido mientras la Iglesia beatifica a quienes considera mártires de la Guerra Civil?
-Hay que reconocer a todas las víctimas y creo que la jerarquía católica se equivoca en esa postura de correr un tupido velo. Las víctimas no se merecen el olvido sino una memoria sin ira.
-¿Existe algún referente para este polémico proceso que se vive en España cuando se cumplen 33 años de la muerte de Franco?
-Es un proceso semejante al que vivió Europa varias décadas después de la IIª Guerra Mundial y particularmente Alemania, donde en los años 60 todavía había controversia sobre el tema y tuvo que pasar mucho tiempo para que los judíos, que fueron las víctimas, fueran insertados. La diferencia es que en España la dictadura contínúa hasta 1975. Es un proceso que tras las dictaduras de Chile y Argentina ha sido más rápido.
-¿Cómo valora la intervención de Garzón en el caso de la denuncia por las desapariciones?
-Lo que ha hecho es acudir a la llamada de las asociaciones que canalizan la demanda de personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Y se inhibió ante la postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional para que no se parara ahí la vía judicial y siguiera en los juzgados provinciales.
-Sin embargo, en Ponferrada acaba de producirse la primera negativa de un juzgado a abrir una fosa...
-Es una mala noticia. Cmo historiador creo que las personas tienen derecho a encontrar a sus descendientes y precisamente el desarrollo de la ley de la memoria histórica contempla un protocolo de exhumación. Es hora de ponerse en la piel de las víctimas del franquismo.
-Está a punto de cumplirse el 70 aniversario del fin de la Guerra Civil, ¿Para qué debe servir esta efeméride en España y en León en concreto?
-Es una oportunidad para que se conozca más la historia y se transmita a la sociedad, igual que se ha hecho con el bicentenario de la Guerra de la Independencia. El Estado y las administraciones autonómicas, provinciales y locales tienen que aplicar la ley de memoria histórica, guste o no guste porque es una ley aprobada por el Parlamento y tendrían que respaldar actos como los del bicentenario.
La CEE y la Memoria.
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Es innegable, como dijo en su día la Plenaria de la Conferencia Episcopal (CEE), que el mejor legado de nuestra historia reciente es "la concordia social". En este sentido, la Iglesia católica, en 1999, pidió "el perdón de Dios" para todos los que "se vieron implicados en acciones que el Evangelio reprueba". En esa misma línea, el cardenal Rouco Varela, presidente de la CEE, acaba de volver a clamar por el espíritu de reconciliación, temeroso de "actitudes, palabras y estrategias" que, a raíz de la recuperación de la memoria histórica, "puedan derivar en confrontaciones violentas".Su propuesta de una "auténtica y sana purificación de la memoria", sin embargo, parece alejarse de los parámetros evangélicos que nos hablan de perdón y de paz para entroncar con una llamada a un cierto olvido "necesario" que no responde a las demandas de muchos ciudadanos en su legítimo deseo de conocer la verdad histórica, con el fin, entre otras cosas, de que sus lecciones no caigan en saco roto.La Iglesia católica sufrió en carne propia muchos de los desmanes de la guerra civil y luego participó, como institución, en la represión franquista, pero también en la recuperación de la democracia. El olvido nunca es la mejor medicina para un futuro conciliador. Debemos "liberar a los jóvenes de los lastres del pasado", como dice Rouco, pero no está claro que deba hacerse a través de la ignorancia de ese pasado. Es en el conocimiento y la memoria en lo que debe basarse un nuevo afán de "convivencia serena". Por cierto, en nada apoyada por algunos periodistas que se escudan en emisoras episcopales y cuyas actitudes, palabras y estrategias más concitan el odio que proclaman "el perdón y el amor fraterno".
• El presidente de los obispos dice que recobrar la memoria histórica puede "deteriorar la convivencia"
• El PSOE replica que la Iglesia beatificó a cientos de religiosos asesinados por el bando republicano
JUAN RUIZ SIERRAMADRID
Frente a las leyes de memoria histórica, la apertura de fosas y las investigaciones judiciales al franquismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Antonio María Rouco Varela, ofreció ayer su propia receta para cerrar las heridas de la guerra civil y la dictadura: el olvido. Si no se corre un tupido velo sobre lo que ocurrió el siglo pasado, sostuvo el también arzobispo de Madrid durante la inauguración de la asamblea plenaria de los prelados, España puede caer otra vez en las "confrontaciones violentas
No son pocos los que manifiestan una justificada inquietud ante el peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada", señaló Rouco en un discurso largo, leído, y en el que evitó, a diferencia de otras ocasiones, detenerse en sus discrepancias con las posiciones que defiende el Gobierno socialista. "Siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas --continuó--. Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación que presidió la vida social y política en los años de la transición. A veces es necesario saber olvidar. No por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón responsable y fuerte. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria".
BEATIFICACIONES
Ocurre, sin embargo, que hace poco más de un año, en octubre del 2007, los obispos españoles culminaron la mayor beatificación de la historia: 498 mártires, 496 de ellos de la guerra civil, casi todos sacerdotes y religiosos fallecidos a manos del bando republicano. "Me sorprende que quien está promoviendo beatificaciones en relación con personas de aquella época apele ahora al olvido. Algunos tienen amnesia en función de si les conviene o no", dijo sobre el discurso de Rouco el vicesecretario general del PSOE, José Blanco. Precisamente tras esa gigantesca beatificación, celebrada en Roma, el antecesor de Rouco en el cargo, Ricardo Blázquez, considerado menos conservador, manifestó algo distinto sobre la guerra civil: planteó la necesidad de que la Iglesia pida perdón por sus "actuaciones concretas" en la contienda.
El arzobispo de Madrid, al abrir una asamblea plenaria en la que los prelados decidirán mañana quién ocupará el cargo de secretario general, también se detuvo en una cuestión tan actual como la crisis. Echando mano de una expresión del agrado del papa Benedicto XVI, el "relativismo moral", Rouco apuntó a la codicia como detonante.
EL ABORTO Y LA CRISIS
"Es momento de examinar si la vida económica no se ha visto dominada por la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada; si el derroche y la ostentación, privada y pública, no han sido presentados con demasiada frecuencia como supuesta prueba de efectividad económica y social", declaró el cardenal, quien, sin citar al Ejecutivo, citó dos factores que a su juicio ayudan a explicar el actual desastre financiero: el hecho de que la familia no reciba "el apoyo cultural, social y legal adecuado" y "el sacrificio doloroso y legalmente tolerado de tantas vidas inocentes a través de la práctica sistemática del aborto".
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El presidente del Episcopado advierte de que la memoria histórica puede "dar pábulo a confrontaciones violentas"
JESÚS BASTANTE - Madrid - 24/11/2008 11:23
“A veces es necesario saber olvidar”. El cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, resumió este lunes en esa frase lo que a su entender sería “una auténtica y sana purificación de la memoria”. El purpurado madrileño, que pronunció su primer discurso como presidente del Episcopado español en su asamblea plenaria, aludió con respecto a las consecuencias del movimiento por la memoria histórica a “una justificada inquietud ante el peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada” alcanzada por la sociedad española.
Por si la comparación con el ambiente previo a la Guerra Civil no quedaba clara, Rouco alertó de que, aunque “la actual situación internacional y nacional no es la misma” que en la década de 1930, “siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas”.
“Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación”, añadió Rouco, “no por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte”.
Recordando anteriores pastorales, el cardenal de Madrid subrayó que, si bien “quedan desconfianzas y reivindicaciones pendientes”, hay que “procurar que no se deterioren ni dilapiden los bienes alcanzados”. Sobre todo, precisó, pensando en los jóvenes: “Hay que liberarlos de los lastres del pasado, no cargándolos con viejas rencillas y rencores”.
Rouco concluyó su discurso condenando “el sacrificio silencioso y legalmente tolerado” que supone el aborto, “una injusticia clamorosa”, y reclamando “una verdadera protección jurídica” para la institución del matrimonio.
Símbolos y convivencia
Si bien Rouco no hizo referencia alguna a la sentencia que ordenó la semana pasada retirar los crucifijos del colegio Matías Picavea de Valladolid, ni a la polémica sobre la presencia de símbolos religiosos en lugares públicos que ha suscitado, sí lo hizo el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo, quien consideró que, este tipo de sentencias “no favorecen la convivencia”, que se construye “sobre el respeto”.
“Lo importante es que se eduque a los niños y niñas de Valladolid a respetar los símbolos religiosos de cualquier religión”, añadió. Para Amigo, “las medidas drásticas no educan a las personas”, por lo que resulta importante, en la actual situación, “no tirar por la borda” todos los símbolos religiosos, sino “ayudar a respetarlos”.
El cardenal de Sevilla publicó el último domingo una pastoral sobre la violencia de género (cuyo día internacional se celebra mañana), un aspecto poco tratado por los obispos españoles. En su misiva, Amigo denunciaba que “la violencia de género es siempre una agresión injustificable, que no necesita apellido alguno para ser inadmisible y merecedora del mayor de los desprecios. Una violencia y una tortura moralmente inaceptables, inhumanas y delictivas”.
Cañizares y la “cristofobia”
Mientras Rouco hablaba ayer de memoria, el cardenal de Toledo, Antonio Cañizares, arremetía este domingo contra la “cristofobia” que se esconde a su entender detrás de decisiones como la de no colocar una placa en el Congreso en honor de Santa Maravillas o la sentencia de Valladolid.
Cañizares –quien en los próximos días será nombrado prefecto de la Congregación vaticana para el Culto Divino–, indicó que, tras estas decisiones, “se denota una cristofobia que, en definitiva, es el odio a sí mismos”. “Sé que me van a criticar, pero nuestra sociedad está enferma, muy enferma”, dijo el cardenal.
Los ataques de Cañizares fueron secundados por los participantes del Congreso Católicos y Vida Pública que, organizado por el CEU, congregó el pasado fin de semana a más de un millar de católicos. En el manifiesto final del mismo, entre otras cuestiones, se condenaba la “quiebra moral profunda de los valores cristianos que han generado y vertebrado, durante siglos”, la identidad de los españoles como pueblo, y se llamaba a “la actuación personal concreta y coherente” de los católicos. Su discurso también hizo hincapié en la crisis económica, que identificó con “el derroche y la ostentación, privada y pública”.
La Iglesia hace gala de su memoria selectiva
Los obispos no quieren olvidar a sus víctimas de la Guerra Civil
DIEGO BARCALA - Madrid - 24/11/2008 22:00
En 1975, muerto el dictador, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón afirmó en la misa de coronación del rey Juan Carlos: "Que reine la verdad en nuestra España; que la mentira no invada nuestras instituciones; que ninguna forma de opresión esclavice a nadie". Más 30 años después, su sucesor en la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, pide directamente "el olvido". ¿Cuál es la verdad que Tarancón quiso recuperar y Rouco quiere olvidar? La de la participación de la Iglesia en la represión desatada desde el 18 de julio de 1936 y su silencio en una cruda posguerra, que eliminó a 50.000 personas.
Beatificaciones
Mártires de la Cruzada
"Mientras no se haya hecho la reparación de las víctimas no se puede olvidar", responde el teólogo Juan José Tamayo a la apelación de Rouco al "olvido". Hace un año, con la ley de la memoria Histórica en plena negociación, la Conferencia Episcopal respondió con el impulso al proceso de beatificación de 479 religiosos asesinados en la guerra. Un año después, la reacción de la Iglesia al conato de proceso abierto por Garzón ha sido otro intento de beatificación, ahora, de 498 mártires.
Bendición de un bando
Apoyo a la Cruzada
Los obispos no dudaron en elegir el bando al que apoyar tras el golpe de Estado fallido de 1936. Los 6.800 religiosos asesinados a manos de los republicanos ayudaron a que la Iglesia tuviera claro a quién bendecir. "Se trataba de salvar la Patria, el Orden y la Religión, tres cosas que en el fondo eran lo mismo", resume el historiador Julián Casanova en La Iglesia de Franco (Editorial Crítica). En ese mismo libro recupera una declaración del arzobispo de Zaragoza, Rigoberto Domenech, apenas un mes después del inicio del conflicto: "La violencia no se hace en servicio de la anarquía, sino lícitamente en beneficio del orden, la Patria y la Religión".
Depuración de infieles
Presentes al fusilar
En la España en la que los sublevados triunfaron en un primer momento se cometieron auténticas cazas de brujas, pueblo tras pueblo. En Castilla y León, donde no hubo frente de guerra, son innumerables los testimonios que aluden a la presencia de los sacerdotes en los fusilamientos. Con la última bendición, el cura de turno daba la oportunidad a las víctimas de limpiar su conciencia contaminada antes de morir. Después, llegaba el turno de registrar en el libro de difuntos de la parroquia el nombre, la edad y la profesión. A veces ubicaban en qué fosa del cementerio eran depositados los cuerpos. Así lo atestiguan muchos de los documentos eclesiásticos entregados por los familiares de las víctimas en la Audiencia Nacional al juez Baltasar Garzón.
Homenaje a los suyos
Por Dios y por la Patria
Una vez acabada la guerra, con los presos sacados a puñados para ser pasados por las armas, la Iglesia comenzó el homenaje de los suyos. En miles de parroquias, se colocaron placas de recuerdo a los mártires con el siguiente encabezado: "Caídos por Dios y por la Patria". En pueblos como Pedro Bernardo (Ávila, 1.000 habitantes) se colocó una placa en la iglesia local que recuerda a una veintena de muertos en la guerra. Otros tantos fallecidos yacen en una fosa aun sin localizar. Esa fue la reconciliación aplicada por la Iglesia en la posguerra. El 11 de julio pasado el Ayuntamiento consiguió retirar la placa con la oposición feroz del párroco local. Casanova aboga por mantener esos símbolos como testimonio del papel que la Iglesia jugó en el franquismo.
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Las exhumaciones de fosas dañan "la concordia social", aduce el obispo
JUAN G. BEDOYA - Madrid - 25/11/2008
El cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco, dijo ayer que "a veces es necesario olvidar", en referencia al polémico desarrollo de la llamada Ley de la Memoria Histórica, que los obispos han execrado desde el principio. Rouco equiparó la preocupación que causa esa ley en la sociedad con la provocada ahora por la crisis económica. Lo dijo en su primer discurso ante el pleno de la Conferencia Episcopal, que preside por segunda vez desde marzo pasado. El cardenal señaló esos temas como "dos de las preocupaciones que se sienten en este momento en la sociedad". Recetó para su remedio "reconciliación y solidaridad".
Rouco sostiene que la reconciliación pasa por el olvido. Dijo sobre la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica: "No son pocos los que manifiestan una justificada inquietud ante el peligro de un deterioro de la convivencia serena y reconciliada. La historia de España ha estado, por desgracia, jalonada por tensiones que más de una vez han desembocado en enfrentamientos fratricidas. Gracias a Dios, la actual situación internacional y nacional no es la misma. Pero siempre es necesario vigilar para evitar de raíz actitudes, palabras, estrategias y todo lo que pudiera dar pábulo a las confrontaciones que puedan acabar siendo violentas. Es necesario cultivar el espíritu de reconciliación, sacrificado y generoso, que presidió la vida social y política en los años llamados de la transición a la democracia. A veces es necesario saber olvidar. No por ignorancia o cobardía, sino en virtud de una voluntad de reconciliación y de perdón verdaderamente responsable y fuerte. Es lo que puede llamarse una auténtica y sana purificación de la memoria".
El cardenal de Madrid es quien apadrina con mayor entusiasmo la masiva beatificación de católicos asesinados entre 1934 y 1938, los años en los que los obispos creen que se produjo la mayor persecución religiosa de la historia. El Vaticano ha beatificado o canonizado ya a 977 de esas víctimas y hace un mes anunció que hay en cartera otras 500 personas, del total de 10.000 que quiere elevar a los altares el episcopado español.
Rouco cree, sin embargo, que daña gravemente la "concordia social" el deseo de otras personas de buscar en fosas comunes o en las cunetas de España restos de sus familiares, enterrados como animales durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura franquista, que la Iglesia católica apadrinó y consagró como Cruzada.
La tesis de Rouco es que "a los jóvenes hay que liberarlos, en cuanto sea posible, de los lastres del pasado, no cargándolos con viejas rencillas y rencores, sino ayudándoles a fortalecer la voluntad de concordia y de amistad".
Sobre la crisis económica, el cardenal pidió "prestar atención a las responsabilidades morales", en alusión al "relativismo moral" que ha fomentado desinterés por el servicio al bien común, la avaricia de la ganancia rápida y desproporcionada y el derroche y la ostentación, privada y pública.
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Para la Iglesia las leyes de memoria histórica "deterioran la convivencia serena"
Para la Iglesia las leyes de memoria histórica "deterioran la convivencia serena"
El PSOE ha contestado que no se puede borrar la historia de nuestro país. El PP, por su parte, ha respaldado a la Iglesia
El PSOE ha contestado que no se puede borrar la historia de nuestro país. El PP, por su parte, ha respaldado a la Iglesia
Noticias Cuatro - 24/11/2008 - 20:23
La Iglesia ha acusado al Gobierno de guerracivilismo con las leyes de memoria histórica. Hasta ahora la Conferencia Episcopal había chocado con el Gobierno pero la dialéctica de hoy es tan contundente y su mensaje tan duro que merece atención detenida. La Iglesia dice que las leyes de memoria histórica "deterioran la convivencia serena" y, en segundo lugar, que hay que "olvidar".
Las asociaciones de memoria histórica consideran que lo que la Iglesia quiere "olvidar" es su papel en la Guerra Civil y en la dictadura y recuerdan que se sigue canonizando a mártires de tal bando, el de la Iglesia y el franquismo.
El Gobierno guarda silencio, pero el PSOE ha contestado que no se puede borrar la historia de nuestro país y ha pedido a todas las instituciones que respeten las decisiones judiciales.
Por su parte, las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, se suman a las del arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, que ayer hablaba de "cristofobia", de una sociedad "enferma". También a las del cardenal amigo que dice que la sentencia que obliga a quitar crucifijos de las escuelas "dificultan las convivencia". El PP ha respaldado a la Iglesia.
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domingo, 23 de noviembre de 2008
ESPAÑA: CAUSA DE GARZON PROFUNDIZO DEBATE SOBRE FRANQUISMO
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ESPAÑA: CAUSA DE GARZON PROFUNDIZO DEBATE SOBRE FRANQUISMO
MADRID, 22 (ANSA) -
La decisión del juez español Baltazar Garzón de inhibirse en la causa en que investigaba las desapariciones en la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) intensificó en España el debate político y judicial sobre la conveniencia o no de revisar los crímenes del franquismo. Para Aministía Internacional (AI), investigar sobre las desapariciones durante el franquismo es un "imperativo legal", según su informe del pasado 12 de noviembre.
AI estimó asimismo que el debate sobre el tema empezó con la causa de Garzón y no cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007.
"El verdadero debate público recién empieza, por la causa de Garzón y por cómo empiezan a mirar desde afuera a España, como el Comité de Derechos humanos de la ONU, que sugirió el 1 de noviembre derogar la Ley de Amnistía de 1977", declaró a ANSA Giulia Tamayo, experta en jurisdicción universal de AI.
Garzón dejó el martes de instruir la causa al considerar que no hay "responsables vivos" contra los cuales dirigir una acción penal y la remitió a juzgados territoriales donde están las fosas comunes, cuya apertura ordenó el pasado 16 de octubre.
El Partido Popular (PP), conservador y principal fuerza opositora de España, aseveró que la medida del juez español daba "la razón" a quienes cuestionaban su competencia, como la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía se oponía a la investigación del juez por entender que ella es competencia de los juzgados territoriales, mientras en enero pasado se pronunció a favor de archivarla, al considerar que "las responsabilidades penales quedaron extinguidas" con la ley de Amnistía de 1977.
(ANSA). MRZ 22/11/2008 20:03
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ESPAÑA: CAUSA DE GARZON PROFUNDIZO DEBATE SOBRE FRANQUISMO
MADRID, 22 (ANSA) -
La decisión del juez español Baltazar Garzón de inhibirse en la causa en que investigaba las desapariciones en la Guerra Civil Española (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975) intensificó en España el debate político y judicial sobre la conveniencia o no de revisar los crímenes del franquismo. Para Aministía Internacional (AI), investigar sobre las desapariciones durante el franquismo es un "imperativo legal", según su informe del pasado 12 de noviembre.
AI estimó asimismo que el debate sobre el tema empezó con la causa de Garzón y no cuando se aprobó la Ley de Memoria Histórica, en diciembre de 2007.
"El verdadero debate público recién empieza, por la causa de Garzón y por cómo empiezan a mirar desde afuera a España, como el Comité de Derechos humanos de la ONU, que sugirió el 1 de noviembre derogar la Ley de Amnistía de 1977", declaró a ANSA Giulia Tamayo, experta en jurisdicción universal de AI.
Garzón dejó el martes de instruir la causa al considerar que no hay "responsables vivos" contra los cuales dirigir una acción penal y la remitió a juzgados territoriales donde están las fosas comunes, cuya apertura ordenó el pasado 16 de octubre.
El Partido Popular (PP), conservador y principal fuerza opositora de España, aseveró que la medida del juez español daba "la razón" a quienes cuestionaban su competencia, como la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La Fiscalía se oponía a la investigación del juez por entender que ella es competencia de los juzgados territoriales, mientras en enero pasado se pronunció a favor de archivarla, al considerar que "las responsabilidades penales quedaron extinguidas" con la ley de Amnistía de 1977.
(ANSA). MRZ 22/11/2008 20:03
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viernes, 21 de noviembre de 2008
Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
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Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
FERNANDO GAREA / MIGUEL GONZÁLEZ
IU, ICV y ERC anuncian una ofensiva parlamentaria para ampliar la ley
Si el Gobierno quiere enterrar la polémica sobre la memoria histórica, los partidos situados a su izquierda en el Congreso de los Diputados están dispuestos a impedírselo. Se han empeñado en mantener vivo el debate durante toda la legislatura y a someter a votación en la Cámara iniciativas para reformar y profundizar en la ley aprobada hace sólo un año.
Las iniciativas parlamentarias
Sólo 70 personas en el Valle de los Caídos
"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
Gibson: "El auto de Garzón es lo más escalofriante que he leído en años"
ARMH(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica)
La Recuperación de la Memoria Histórica
"La mayoría ya no se acuerda de qué representa el 20-N", dice el presidente
El 20-N, a los 33 años de la muerte de Franco y unos días después de que el juez Baltasar Garzón enviará a los juzgados locales la investigación sobre el franquismo, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en La Moncloa que "todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato. Los residuos irán desapareciendo, aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar, y otros tienen algo menos".
ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, los tres partidos que, en distinto grado, pusieron objeciones a la Ley de Memoria Histórica por considerarla insuficiente, acusaron ayer al Gobierno de obstaculizar su aplicación con los recursos de la fiscalía contra la actuación del juez Baltasar Garzón. Además, presentaron distintas iniciativas parlamentarias que reabrirán el debate en la Cámara y que obligarán al PSOE a pronunciarse de nuevo.
Ayer, el presidente del Gobierno no dio la impresión de estar por la labor de reformar esa norma o de impulsar iniciativas para retirar símbolos franquistas o abrir fosas comunes. Se limitó a hablar de cumplir la ley y de colaborar. "El Gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión del franquismo, y esa ley establece que todas las Administraciones deben colaborar, entre otras cosas, en la tarea de identificación", afirmó.
No respondió sobre la permanencia de los símbolos franquistas en edificios públicos, cuya retirada impulsa la ley.
El "primer asalto" del debate parlamentario, según la expresión utilizada por Joan Tardà, de ERC, será el martes, cuando se debata y vote su proposición de ley que pide una reforma en profundidad de lo que considera una "ley vergonzante".
IU, aprovechando el 20-N, presentó una proposición no de ley que se discutirá dentro de meses en la que se insta al Gobierno a ir mucho más allá de lo que marca la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año y que impulsó el propio Zapatero, venciendo muchas resistencias.
Tardà y Gaspar Llamazares incluyeron en la presentación de sus iniciativas duras críticas al Gobierno, por considerar que carece de voluntad de llevar la norma hasta sus últimas consecuencias. Citaron expresamente los temas que tienen que ver con los derechos de las víctimas, con las exhumaciones, con la simbología o con la lucha contra la impunidad de los responsables de la represión franquista posterior a la Guerra Civil.
También coincidieron en augurar que, tras la decisión de Garzón de inhibirse en favor de los juzgados territoriales, el asunto terminará en los tribunales internacionales porque, según el diputado de ERC, "al movimiento memorialista ya no hay quién lo pare". Añadió que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas", que están "ganando la batalla". Ninguna de las dos iniciativas tiene opciones de salir adelante porque el PSOE no está por reformar o superar la ley, el PP siempre ha rechazado el debate y los partidos nacionalistas ya se dieron por satisfechos con la difícil aprobación de la norma la pasada legislatura.
Zapatero definió ayer el franquismo como "un régimen tan indignante, tan rechazable, tan triste y tan pequeño como era el propio general Franco".
En su rueda de prensa con el primer ministro tunecino, Mohamed Ghannuchi, en La Moncloa, el presidente del Gobierno añadió que "lo mejor de todo es que hoy [aniversario de la muerte de Franco] la mayoría de los españoles ya no se acuerda de lo que representa el 20-N". "Fue el día en que murió el dictador Franco y eso es algo absolutamente marginal y testimonial".
Las iniciativas parlamentarias
- Proposición de ley de ERC. Pide la ilegalización de todos los tribunales franquistas y la anulación de todas sus sentencias; la reposición del patrimonio de los republicanos expoliados; que puedan acceder a las ayudas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas como Salvador Puig Antich, militante anarquista ejecutado en 1974, y que se reconozca la II República como un Estado "precursor" de la democracia actual.
Se propone que el día 14 de abril, aniversario de la República, sea declarado Día de la Memoria Histórica.
- Proposición no de ley de IU-ICV. Creación de una fiscalía de atención a las víctimas del franquismo, un órgano oficial no judicial que investigue la Guerra Civil y que se saquen del Valle de los Caídos los restos de Franco y Primo de Rivera.
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Zapatero pide que “se olvide” el franquismo
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Zapatero descarta ampliaciones en la Ley de Memoria Histórica
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Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
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IU, ICV y ERC anuncian una ofensiva parlamentaria para ampliar la ley
Si el Gobierno quiere enterrar la polémica sobre la memoria histórica, los partidos situados a su izquierda en el Congreso de los Diputados están dispuestos a impedírselo. Se han empeñado en mantener vivo el debate durante toda la legislatura y a someter a votación en la Cámara iniciativas para reformar y profundizar en la ley aprobada hace sólo un año.
Las iniciativas parlamentarias
Sólo 70 personas en el Valle de los Caídos
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"La mayoría ya no se acuerda de qué representa el 20-N", dice el presidente
El 20-N, a los 33 años de la muerte de Franco y unos días después de que el juez Baltasar Garzón enviará a los juzgados locales la investigación sobre el franquismo, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en La Moncloa que "todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato. Los residuos irán desapareciendo, aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar, y otros tienen algo menos".
ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, los tres partidos que, en distinto grado, pusieron objeciones a la Ley de Memoria Histórica por considerarla insuficiente, acusaron ayer al Gobierno de obstaculizar su aplicación con los recursos de la fiscalía contra la actuación del juez Baltasar Garzón. Además, presentaron distintas iniciativas parlamentarias que reabrirán el debate en la Cámara y que obligarán al PSOE a pronunciarse de nuevo.
Ayer, el presidente del Gobierno no dio la impresión de estar por la labor de reformar esa norma o de impulsar iniciativas para retirar símbolos franquistas o abrir fosas comunes. Se limitó a hablar de cumplir la ley y de colaborar. "El Gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión del franquismo, y esa ley establece que todas las Administraciones deben colaborar, entre otras cosas, en la tarea de identificación", afirmó.
No respondió sobre la permanencia de los símbolos franquistas en edificios públicos, cuya retirada impulsa la ley.
El "primer asalto" del debate parlamentario, según la expresión utilizada por Joan Tardà, de ERC, será el martes, cuando se debata y vote su proposición de ley que pide una reforma en profundidad de lo que considera una "ley vergonzante".
IU, aprovechando el 20-N, presentó una proposición no de ley que se discutirá dentro de meses en la que se insta al Gobierno a ir mucho más allá de lo que marca la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año y que impulsó el propio Zapatero, venciendo muchas resistencias.
Tardà y Gaspar Llamazares incluyeron en la presentación de sus iniciativas duras críticas al Gobierno, por considerar que carece de voluntad de llevar la norma hasta sus últimas consecuencias. Citaron expresamente los temas que tienen que ver con los derechos de las víctimas, con las exhumaciones, con la simbología o con la lucha contra la impunidad de los responsables de la represión franquista posterior a la Guerra Civil.
También coincidieron en augurar que, tras la decisión de Garzón de inhibirse en favor de los juzgados territoriales, el asunto terminará en los tribunales internacionales porque, según el diputado de ERC, "al movimiento memorialista ya no hay quién lo pare". Añadió que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas", que están "ganando la batalla". Ninguna de las dos iniciativas tiene opciones de salir adelante porque el PSOE no está por reformar o superar la ley, el PP siempre ha rechazado el debate y los partidos nacionalistas ya se dieron por satisfechos con la difícil aprobación de la norma la pasada legislatura.
Zapatero definió ayer el franquismo como "un régimen tan indignante, tan rechazable, tan triste y tan pequeño como era el propio general Franco".
En su rueda de prensa con el primer ministro tunecino, Mohamed Ghannuchi, en La Moncloa, el presidente del Gobierno añadió que "lo mejor de todo es que hoy [aniversario de la muerte de Franco] la mayoría de los españoles ya no se acuerda de lo que representa el 20-N". "Fue el día en que murió el dictador Franco y eso es algo absolutamente marginal y testimonial".
Las iniciativas parlamentarias
- Proposición de ley de ERC. Pide la ilegalización de todos los tribunales franquistas y la anulación de todas sus sentencias; la reposición del patrimonio de los republicanos expoliados; que puedan acceder a las ayudas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas como Salvador Puig Antich, militante anarquista ejecutado en 1974, y que se reconozca la II República como un Estado "precursor" de la democracia actual.
Se propone que el día 14 de abril, aniversario de la República, sea declarado Día de la Memoria Histórica.
- Proposición no de ley de IU-ICV. Creación de una fiscalía de atención a las víctimas del franquismo, un órgano oficial no judicial que investigue la Guerra Civil y que se saquen del Valle de los Caídos los restos de Franco y Primo de Rivera.
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domingo, 2 de noviembre de 2008
El Gobierno autoriza a investigadores de la guerra y el franquismo a obtener actas de defunción del Registro
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Memoria.- El Gobierno autoriza a investigadores de la guerra y el ...
El Gobierno autoriza a investigadores de la guerra y el franquismo a obtener actas de defunción del Registro
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Garzón pide al Valle de los Caídos y a varios ayuntamientos un listado sobre los desaparecidos en la Guerra Civil (01/09/2008)
Memoria.- Garzón se declara competente para investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil y Franquismo (16/10/2008)
MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno permitirá la obtención de certificaciones de defunción del Registro Civil "cuando la petición se enmarque en investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición" o en investigaciones "que hayan obtenido cualquier tipo de apoyo institucional".
Así consta en una instrucción del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida a los encargados de los registros civiles con el fin de solventar las dudas que pueda suscitar la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que garantiza el derecho de acceso a los documentos depositados en archivos públicos sobre la guerra y el franquismo para investigaciones históricas.
La instrucción se refiere a la consulta de los libros de defunciones de los Registros Civiles -una cuestión en la que los jueces responsables han mantenido posiciones divergentes en los últimos años_ y recibió el pasado viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, junto a otras normas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
Esta norma prevé también que los investigadores puedan obtener notas simples -que tienen sólo carácter informativo, no oficial_ siempre que los datos necesarios para la investigación sean abstractos y no identifiquen individualmente a las personas y consultar directamente los libros en el horario que fijen los encargados del Registro, para no interferir en su funcionamiento ordinario.
En todo caso, precisa la instrucción, será la Dirección General de los Registros y del Notariado la encargada de certificar que existe un "interés legítimo" para acceder a los libros de defunción. El texto, elaborado por esta dirección general, pretende hacer compatible la garantía de acceso a los fondos públicos con la necesidad de proteger la integridad de los archivos y dar sólo una "publicidad restringida" cuando se trate de asuntos que afecten a la intimidad personal y familiar "que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada".
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MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno permitirá la obtención de certificaciones de defunción del Registro Civil "cuando la petición se enmarque en investigaciones académicas o científicas sobre la guerra civil, el franquismo, el exilio y la transición" o en investigaciones "que hayan obtenido cualquier tipo de apoyo institucional".
Así consta en una instrucción del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dirigida a los encargados de los registros civiles con el fin de solventar las dudas que pueda suscitar la aplicación de la llamada Ley de Memoria Histórica, que garantiza el derecho de acceso a los documentos depositados en archivos públicos sobre la guerra y el franquismo para investigaciones históricas.
La instrucción se refiere a la consulta de los libros de defunciones de los Registros Civiles -una cuestión en la que los jueces responsables han mantenido posiciones divergentes en los últimos años_ y recibió el pasado viernes el visto bueno del Consejo de Ministros, junto a otras normas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica.
Esta norma prevé también que los investigadores puedan obtener notas simples -que tienen sólo carácter informativo, no oficial_ siempre que los datos necesarios para la investigación sean abstractos y no identifiquen individualmente a las personas y consultar directamente los libros en el horario que fijen los encargados del Registro, para no interferir en su funcionamiento ordinario.
En todo caso, precisa la instrucción, será la Dirección General de los Registros y del Notariado la encargada de certificar que existe un "interés legítimo" para acceder a los libros de defunción. El texto, elaborado por esta dirección general, pretende hacer compatible la garantía de acceso a los fondos públicos con la necesidad de proteger la integridad de los archivos y dar sólo una "publicidad restringida" cuando se trate de asuntos que afecten a la intimidad personal y familiar "que no deben ser objeto de divulgación indiscriminada".
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martes, 28 de octubre de 2008
España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismo.
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España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismo
MEMORIA HISTÓRICA
España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismoLa ONG Aim for Human Rights afirma que, aunque el fiscal impida que Garzón prosiga con el sumario sobre los represaliados, el texto internacional siempre permitirá reabrir la causa
Ya antes de que Garzón iniciara las investigaciones, muchas asociaciones llevaban a cabo exhumaciones en fosas.
EFE AGENCIAS/MADRID
El juez Garzón, que desde ayer está de baja médica para extirparse un nódulo en las cuerdas vocales, disfrutará sin duda de una placentera estancia hospitalaria, puesto que su pretensión de protagonizar la vida pública a costa del proceso contra los crímenes del régimen anterior parece haber calado definitivamente en la opinión pública, cada día más pendiente de todo cuanto rodea a la cuestión.
Tras las protestas de los vecinos de Carabanchel, movilizados en contra del derribo de la cúpula del antiguo penal madrileño, que consideran un símbolo de la represión franquista, el testigo de las reclamaciones lo recogió ayer la organización no gubernamental pro derechos humanos Aim for Human Rights, que le dio un giro internacional a la polémica al proclamar que la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, que España ha firmado y deberá ratificar en el futuro, forzará a la Administración, no importa lo que digan los recursos de la Fiscalía, a investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. «Una vez que este texto sea ratificado, España se verá obligada a crear una ley que penalice las desapariciones forzadas», afirmó un portavoz de la ONG, antes de señalar que, si prospera la queja del Ministerio Público contra la decisión de Garzón de declararse competente para asumir las pesquisas sobre los represaliados y, por tanto, el caso quedara judicialmente en vía muerta, «podría ser abierto de nuevo, tan pronto como el mencionado compromiso internacional sea ratificado y aplicado». Siempre de acuerdo con la citada normativa, Aim for Human Rights explica que el delito de desaparición forzada no prescribe «hasta que las víctimas se encuentran y son identificadas y sus restos devueltos a sus familias». La organización añadió acto seguido que «los casos de desapariciones de españoles durante y después del conflicto militar patrio entran de lleno en la definición de desaparición forzada» que recoge la convención, que comenzó a ser firmada en febrero del 2007 y a la que aún le faltan 15 ratificaciones por parte de Estados para que entre efectivamente en vigor. En ese momento, insiste la ONG, «se creará la obligación de los países de crear un tipo legal que incrimine la desaparición forzada como crimen de Estado, también cuando dichas conductas no son consideradas crímenes contra la Humanidad».
nuevas fosas comunes.
Entretanto, al socaire de argumentos como los expuestos por Aim for Human Rights, continúa el goteo de reclamaciones para exhumar tumbas. La última llegó de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha planteado a Garzón que abra un nicho situado en el Valle de los Caídos en el que supuestamente reposan los restos de siete vecinos del pueblo abulense de Pajares de Adaja que fueron fusilados en agosto de 1936 por la Falange y trasladados al mausoleo franquista en marzo de 1959, unas semanas antes de su inauguración. Asimismo, el colectivo informo de que tratará de que el magistrado incorpore al sumario de la causa otras nuevas fosas comunes, además de las 19 que ya se contemplan, incluida aquella en la que está enterrado García Lorca.
Manifestaciones.
Por si los esfuerzos de Garzón y los supuestos tratados internacionales no fueran suficientes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia iniciar movilizaciones populares para hacer valer lo que ellos consideran su derecho a que se investiguen los hechos que el magistrado de la Audiencia «intenta sacar adelante». Además, temerosa de que las razones jurídicas de la Fiscalía se impongan al afán de protagonismo del juez, la ARMH proclamó que ha decidido exhumar «a la mayor brevedad posible» las fosas comunes que han sido autorizadas por el sumario por considerarlas fruto de los «crímenes masivos» cometidos por los militares junto al general Francisco Franco.
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España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismo
MEMORIA HISTÓRICA
España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismoLa ONG Aim for Human Rights afirma que, aunque el fiscal impida que Garzón prosiga con el sumario sobre los represaliados, el texto internacional siempre permitirá reabrir la causa
Ya antes de que Garzón iniciara las investigaciones, muchas asociaciones llevaban a cabo exhumaciones en fosas.
EFE AGENCIAS/MADRID
El juez Garzón, que desde ayer está de baja médica para extirparse un nódulo en las cuerdas vocales, disfrutará sin duda de una placentera estancia hospitalaria, puesto que su pretensión de protagonizar la vida pública a costa del proceso contra los crímenes del régimen anterior parece haber calado definitivamente en la opinión pública, cada día más pendiente de todo cuanto rodea a la cuestión.
Tras las protestas de los vecinos de Carabanchel, movilizados en contra del derribo de la cúpula del antiguo penal madrileño, que consideran un símbolo de la represión franquista, el testigo de las reclamaciones lo recogió ayer la organización no gubernamental pro derechos humanos Aim for Human Rights, que le dio un giro internacional a la polémica al proclamar que la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, que España ha firmado y deberá ratificar en el futuro, forzará a la Administración, no importa lo que digan los recursos de la Fiscalía, a investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. «Una vez que este texto sea ratificado, España se verá obligada a crear una ley que penalice las desapariciones forzadas», afirmó un portavoz de la ONG, antes de señalar que, si prospera la queja del Ministerio Público contra la decisión de Garzón de declararse competente para asumir las pesquisas sobre los represaliados y, por tanto, el caso quedara judicialmente en vía muerta, «podría ser abierto de nuevo, tan pronto como el mencionado compromiso internacional sea ratificado y aplicado». Siempre de acuerdo con la citada normativa, Aim for Human Rights explica que el delito de desaparición forzada no prescribe «hasta que las víctimas se encuentran y son identificadas y sus restos devueltos a sus familias». La organización añadió acto seguido que «los casos de desapariciones de españoles durante y después del conflicto militar patrio entran de lleno en la definición de desaparición forzada» que recoge la convención, que comenzó a ser firmada en febrero del 2007 y a la que aún le faltan 15 ratificaciones por parte de Estados para que entre efectivamente en vigor. En ese momento, insiste la ONG, «se creará la obligación de los países de crear un tipo legal que incrimine la desaparición forzada como crimen de Estado, también cuando dichas conductas no son consideradas crímenes contra la Humanidad».
nuevas fosas comunes.
Entretanto, al socaire de argumentos como los expuestos por Aim for Human Rights, continúa el goteo de reclamaciones para exhumar tumbas. La última llegó de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha planteado a Garzón que abra un nicho situado en el Valle de los Caídos en el que supuestamente reposan los restos de siete vecinos del pueblo abulense de Pajares de Adaja que fueron fusilados en agosto de 1936 por la Falange y trasladados al mausoleo franquista en marzo de 1959, unas semanas antes de su inauguración. Asimismo, el colectivo informo de que tratará de que el magistrado incorpore al sumario de la causa otras nuevas fosas comunes, además de las 19 que ya se contemplan, incluida aquella en la que está enterrado García Lorca.
Manifestaciones.
Por si los esfuerzos de Garzón y los supuestos tratados internacionales no fueran suficientes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia iniciar movilizaciones populares para hacer valer lo que ellos consideran su derecho a que se investiguen los hechos que el magistrado de la Audiencia «intenta sacar adelante». Además, temerosa de que las razones jurídicas de la Fiscalía se impongan al afán de protagonismo del juez, la ARMH proclamó que ha decidido exhumar «a la mayor brevedad posible» las fosas comunes que han sido autorizadas por el sumario por considerarlas fruto de los «crímenes masivos» cometidos por los militares junto al general Francisco Franco.
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Queremos saber la nota que sacó el franquismo. Manolpo Saco.
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28 Oct 2008
Queremos saber la nota que sacó el franquismo
00:51, por Manolo Saco
Hace unos días nos preguntábamos por la extraña y virulenta reacción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional contra el Juez Garzón, tras haberse autoproclamado éste competente para investigar las desapariciones ocurridas en el franquismo. En muchos de nosotros tan sólo la palabra “desapariciones” nos remite a campos de concentración nazis o a la guerra sucia de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, y nos recuerda de paso cómo un dictador asesino como Augusto Pinochet pudo ser alcanzado por la justicia internacional. Ese mecanismo mental funcionó inmediatamente en casi todos, excepto en el fiscal Javier Zaragoza.
Para él, las “detenciones ilegales con desaparición” que persigue el juez Garzón no son “un asunto sujeto a las reglas de la justicia universal”, aunque sí podrían ser tratadas en “los juzgados de cada territorio”. Es lo que los juristas podrían considerar una triquiñuela legal, una argucia para evitar que la actuación de un sólo juez y un único juzgado llegara a tomar las dimensiones de una causa general contra el franquismo.
Muchos de nosotros nos preguntábamos por qué Javier Zaragoza, fiscal sujeto a la disciplina y a los dictados de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha sido nombrado por un gobierno de izquierdas y socialista (aunque no necesariamente por este orden) se oponía con tanta energía a que se levantara un juicio contra el franquismo. Inexplicable. Hasta que Zapatero lo explicó anteayer: “El franquismo está absolutamente juzgado por la historia”. Ahí queda eso. Si a Franco, nos decían, sólo podrían juzgarlo dios y la historia, con la versión Zapatero damos un paso más: al franquismo no hay dios que lo juzgue, sólo la historia.
Él tiene información privilegiada, pues para eso ganó las oposiciones a presidente, pero a mí, al menos, me gustaría saber qué nota sacaron Franco y sus secuaces en el examen de marras, quién formaba parte del tribunal juzgador, y, en caso de haber aprobado, para qué otras atrocidades habilita el título a sus descendientes políticos. Por si tengo que hacer las maletas.
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28 Oct 2008
Queremos saber la nota que sacó el franquismo
00:51, por Manolo Saco
Hace unos días nos preguntábamos por la extraña y virulenta reacción del fiscal jefe de la Audiencia Nacional contra el Juez Garzón, tras haberse autoproclamado éste competente para investigar las desapariciones ocurridas en el franquismo. En muchos de nosotros tan sólo la palabra “desapariciones” nos remite a campos de concentración nazis o a la guerra sucia de las dictaduras latinoamericanas del Cono Sur, y nos recuerda de paso cómo un dictador asesino como Augusto Pinochet pudo ser alcanzado por la justicia internacional. Ese mecanismo mental funcionó inmediatamente en casi todos, excepto en el fiscal Javier Zaragoza.
Para él, las “detenciones ilegales con desaparición” que persigue el juez Garzón no son “un asunto sujeto a las reglas de la justicia universal”, aunque sí podrían ser tratadas en “los juzgados de cada territorio”. Es lo que los juristas podrían considerar una triquiñuela legal, una argucia para evitar que la actuación de un sólo juez y un único juzgado llegara a tomar las dimensiones de una causa general contra el franquismo.
Muchos de nosotros nos preguntábamos por qué Javier Zaragoza, fiscal sujeto a la disciplina y a los dictados de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular ha sido nombrado por un gobierno de izquierdas y socialista (aunque no necesariamente por este orden) se oponía con tanta energía a que se levantara un juicio contra el franquismo. Inexplicable. Hasta que Zapatero lo explicó anteayer: “El franquismo está absolutamente juzgado por la historia”. Ahí queda eso. Si a Franco, nos decían, sólo podrían juzgarlo dios y la historia, con la versión Zapatero damos un paso más: al franquismo no hay dios que lo juzgue, sólo la historia.
Él tiene información privilegiada, pues para eso ganó las oposiciones a presidente, pero a mí, al menos, me gustaría saber qué nota sacaron Franco y sus secuaces en el examen de marras, quién formaba parte del tribunal juzgador, y, en caso de haber aprobado, para qué otras atrocidades habilita el título a sus descendientes políticos. Por si tengo que hacer las maletas.
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martes, 21 de octubre de 2008
Gabilondo: "Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada ni a nadie".
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http://www.cuatro.com/videos/index.html?xref=20081020ctoultnot_4.Ves&view=alta
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"El espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo"
Gabilondo: "Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada ni a nadie"
ELPLURAL.COM
"Como sospechábamos, la intención de Garzón de juzgar por lo penal la sublevación franquista tiene pocos visos de prosperar. El recurso de la Fiscalía es durísimo contra Garzón, tanto en la forma como en el fondo. Se abre una disputa jurídica que no estamos capacitados para valorar. Pero hay otro aspecto, más político, más social, abierto al comentario: es el que se refiere al espíritu de la transición, que dicen ahora traicionado", indicó en el día de ayer Iñaki Gabilondo en el informativo que presenta y dirige a diario en Cuatro.
Para el prestigioso periodista, "el tal espíritu fue la prudencia de una sociedad atemorizada. Fue necesario, fue útil e hizo posible la democracia, pero hay que recordar que fue un ejercicio de generosidad asimétrica. Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada y no perdonaron a nadie. Persiguieron durante cuarenta años a los que consideraron enemigos. Los que perdieron la guerra, por el contrario, no pasaron una sola factura tras la muerte del dictador. La reconciliación nacional fue, sobre todo, un gigantesco acto de perdón de los derrotados gestionado con mucha categoría, eso sí, por los jóvenes del último franquismo, con Suárez a la cabeza".
Borrador
"Pero nunca creímos que aquel espíritu fuera un borrador, un blanqueador de la sublevación y la dictadura, y que la democracia iba a permitir que, pasado algún tiempo, se consagrara en la calle una repugnante equivalencia entre la legalidad republicana y la ilegalidad franquista. Hace unos días dijo Zapatero que el franquismo ya ha sido juzgado por la historia. Desde luego, no por la historia de nuestro país. Recordemos las reticencias y resistencias a la condena en nuestro Parlamento... y hace unas semanas fue elogiado por un prohombre como Mayor Oreja. Entre unas cosas y otras, el espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo", subrayó el periodista de Cuatro.
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http://www.cuatro.com/videos/index.html?xref=20081020ctoultnot_4.Ves&view=alta
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"El espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo"
Gabilondo: "Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada ni a nadie"
ELPLURAL.COM
"Como sospechábamos, la intención de Garzón de juzgar por lo penal la sublevación franquista tiene pocos visos de prosperar. El recurso de la Fiscalía es durísimo contra Garzón, tanto en la forma como en el fondo. Se abre una disputa jurídica que no estamos capacitados para valorar. Pero hay otro aspecto, más político, más social, abierto al comentario: es el que se refiere al espíritu de la transición, que dicen ahora traicionado", indicó en el día de ayer Iñaki Gabilondo en el informativo que presenta y dirige a diario en Cuatro.
Para el prestigioso periodista, "el tal espíritu fue la prudencia de una sociedad atemorizada. Fue necesario, fue útil e hizo posible la democracia, pero hay que recordar que fue un ejercicio de generosidad asimétrica. Los vencedores de la guerra no perdonaron nunca, no perdonaron nada y no perdonaron a nadie. Persiguieron durante cuarenta años a los que consideraron enemigos. Los que perdieron la guerra, por el contrario, no pasaron una sola factura tras la muerte del dictador. La reconciliación nacional fue, sobre todo, un gigantesco acto de perdón de los derrotados gestionado con mucha categoría, eso sí, por los jóvenes del último franquismo, con Suárez a la cabeza".
Borrador
"Pero nunca creímos que aquel espíritu fuera un borrador, un blanqueador de la sublevación y la dictadura, y que la democracia iba a permitir que, pasado algún tiempo, se consagrara en la calle una repugnante equivalencia entre la legalidad republicana y la ilegalidad franquista. Hace unos días dijo Zapatero que el franquismo ya ha sido juzgado por la historia. Desde luego, no por la historia de nuestro país. Recordemos las reticencias y resistencias a la condena en nuestro Parlamento... y hace unas semanas fue elogiado por un prohombre como Mayor Oreja. Entre unas cosas y otras, el espíritu de la transición se está convirtiendo en el último gran negocio del franquismo", subrayó el periodista de Cuatro.
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domingo, 19 de octubre de 2008
La Justicia investiga la Memoria Histórica
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http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/España/20081018/garzon/hace/sangrar/herida/0C6DC015-1A64-968D-596F7A3F244D3740
La Justicia investiga la Memoria Histórica
Garzón hace sangrar la herida
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, arremete contra la decisión de investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por ser «un disparate»
Sin que quepa dudar de la independencia y las loables intenciones del juez Baltasar Garzón, que a buen seguro solo pretende hacer justicia con todos aquellos que fueron asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo, lo cierto es que su decisión de exhumar e identificar a todas las víctimas del régimen anterior ha suscitado tantas críticas como era previsible. Las más llamativas fueron las de la familia de Federico García Lorca, que, a través del sobrino del poeta granadino Manuel Fernández-Montesinos, informó de que su familia barajan emprender acciones legales para evitar que se produzca la exhumación de la fosa donde supuestamente se encuentran los restos de su célebre pariente. La censura de los descendientes del dramaturgo no fue la única, puesto que el Partido Popular se manifestó al respecto con una violencia inusitada. El adalid de las quejas populares fue su presidente fundador, Manuel Fraga, figura muy destacada durante toda la época franquista y para quien la actuación de Garzón es un «error gravísimo» que resucita los problemas del pasado. «Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que se pueda siquiera juzgar, puesto que ya hubo leyes de amnistía», señaló el que fuera ministro del dictador. Las críticas llegaron también de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien consideró «esperpéntico» que el magistrado de la Audiencia haya solicitado el certificado de defunción de Franco. ` No obstante, acto seguido subrayó que los ciudadanos están «en su perfecto derecho» a conocer dónde están enterrados sus familiares. Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, fue también muy crítica con el juez, pues consideró que su auto responde a «otra cosa, que no es la administración de Justicia». Mientras, el Gobierno continuó en el terreno de la tibieza complacida y, si el jueves era el presidente Zapatero quien se limitaba a expresar su «respeto» por la decisión judicial, ayer reiteró tal actitud su número dos, María Teresa Fernández de la Vega, quien insistió sospechosamente en que el auto «demuestra la autonomía de los jueces». Bastante más ambiguo fue el presidente del Congreso y también socialista, José Bono, quien defendió que se respete «la memoria de quienes murieron en condiciones indignas» durante el franquismo, aunque opinó que «no hay que invocar aquellos hechos para remover las cosas de un modo en que el odio haga acto de presencia». Tampoco son fáciles de interpretar las palabras del secretario general del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, quien admitió que la ley de la Memoria Histórica, de la que él fue ponente, «nunca pretendió una causa general contra el franquismo, ni una investigación penal» como la que ha abierto el juez Baltasar Garzón. Ya en el ámbito del entusiasmo sin matices, el líder de IU, Gaspar Llamazares, respaldó al magistrado por una decisión que «honra» a la Justicia española. A continuación, lamentó la oposición de la Fiscalía, que no es «honorable». De lo que no hablaron los políticos, quizá por ese respeto que todos proclaman reverentemente hacia los tribunales, fue de la pirueta procesal de Garzón, que parece dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse con un asunto tan goloso mediáticamente. Quizá temeroso de que la oposición del Ministerio Público pueda aguarle sus planes, el magistrado decidió ayer convertir en sumario su investigación sobre los desaparecidos, lo que le permite ganar tiempo para iniciar las exhumaciones, ya que obliga a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y no le permite alzarlo directamente ante la Sala de lo Penal, tal como pretendía el acusador. Tal decisión, sorprendente a juicio de los expertos, permitirá virtualmente a Garzón abrir las 19 fosas antes de que el recurso pudiera prosperar. En el punto de mira de todo el mundo. La investigación del juez Garzón sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo puso ayer a España en las portadas de la prensa internacional. El diario francés Le Monde Diplomatique destacaba la decisión de abrir la fosa de Lorca, donde, según el rotativo galo, «también descansan los restos de dos toreros anarquistas». La cadena británica BBC asegura que esta «histórica resolución» será «controvertida» por romper el «pacto tácito» entre los partidos políticos de «no hurgar demasiado hondo» en el antiguo régimen. Por su parte, el diario estadounidense The New York Times, que titula su información Un juez ordena la investigación de las ejecuciones durante la era de Franco, se refiere a Baltasar Garzón como «el cruzado de los jueces de instrucción» y destaca que el magistrado es «frecuentemente alabado» por su intento de juzgar a Pinochet por crímenes contra la Humanidad.
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http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/España/20081018/garzon/hace/sangrar/herida/0C6DC015-1A64-968D-596F7A3F244D3740
La Justicia investiga la Memoria Histórica
Garzón hace sangrar la herida
El presidente fundador del PP, Manuel Fraga, arremete contra la decisión de investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo por ser «un disparate»
Sin que quepa dudar de la independencia y las loables intenciones del juez Baltasar Garzón, que a buen seguro solo pretende hacer justicia con todos aquellos que fueron asesinados durante la Guerra Civil y el franquismo, lo cierto es que su decisión de exhumar e identificar a todas las víctimas del régimen anterior ha suscitado tantas críticas como era previsible. Las más llamativas fueron las de la familia de Federico García Lorca, que, a través del sobrino del poeta granadino Manuel Fernández-Montesinos, informó de que su familia barajan emprender acciones legales para evitar que se produzca la exhumación de la fosa donde supuestamente se encuentran los restos de su célebre pariente. La censura de los descendientes del dramaturgo no fue la única, puesto que el Partido Popular se manifestó al respecto con una violencia inusitada. El adalid de las quejas populares fue su presidente fundador, Manuel Fraga, figura muy destacada durante toda la época franquista y para quien la actuación de Garzón es un «error gravísimo» que resucita los problemas del pasado. «Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que se pueda siquiera juzgar, puesto que ya hubo leyes de amnistía», señaló el que fuera ministro del dictador. Las críticas llegaron también de la mano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien consideró «esperpéntico» que el magistrado de la Audiencia haya solicitado el certificado de defunción de Franco. ` No obstante, acto seguido subrayó que los ciudadanos están «en su perfecto derecho» a conocer dónde están enterrados sus familiares. Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, fue también muy crítica con el juez, pues consideró que su auto responde a «otra cosa, que no es la administración de Justicia». Mientras, el Gobierno continuó en el terreno de la tibieza complacida y, si el jueves era el presidente Zapatero quien se limitaba a expresar su «respeto» por la decisión judicial, ayer reiteró tal actitud su número dos, María Teresa Fernández de la Vega, quien insistió sospechosamente en que el auto «demuestra la autonomía de los jueces». Bastante más ambiguo fue el presidente del Congreso y también socialista, José Bono, quien defendió que se respete «la memoria de quienes murieron en condiciones indignas» durante el franquismo, aunque opinó que «no hay que invocar aquellos hechos para remover las cosas de un modo en que el odio haga acto de presencia». Tampoco son fáciles de interpretar las palabras del secretario general del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, quien admitió que la ley de la Memoria Histórica, de la que él fue ponente, «nunca pretendió una causa general contra el franquismo, ni una investigación penal» como la que ha abierto el juez Baltasar Garzón. Ya en el ámbito del entusiasmo sin matices, el líder de IU, Gaspar Llamazares, respaldó al magistrado por una decisión que «honra» a la Justicia española. A continuación, lamentó la oposición de la Fiscalía, que no es «honorable». De lo que no hablaron los políticos, quizá por ese respeto que todos proclaman reverentemente hacia los tribunales, fue de la pirueta procesal de Garzón, que parece dispuesto a cualquier cosa con tal de quedarse con un asunto tan goloso mediáticamente. Quizá temeroso de que la oposición del Ministerio Público pueda aguarle sus planes, el magistrado decidió ayer convertir en sumario su investigación sobre los desaparecidos, lo que le permite ganar tiempo para iniciar las exhumaciones, ya que obliga a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y no le permite alzarlo directamente ante la Sala de lo Penal, tal como pretendía el acusador. Tal decisión, sorprendente a juicio de los expertos, permitirá virtualmente a Garzón abrir las 19 fosas antes de que el recurso pudiera prosperar. En el punto de mira de todo el mundo. La investigación del juez Garzón sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo puso ayer a España en las portadas de la prensa internacional. El diario francés Le Monde Diplomatique destacaba la decisión de abrir la fosa de Lorca, donde, según el rotativo galo, «también descansan los restos de dos toreros anarquistas». La cadena británica BBC asegura que esta «histórica resolución» será «controvertida» por romper el «pacto tácito» entre los partidos políticos de «no hurgar demasiado hondo» en el antiguo régimen. Por su parte, el diario estadounidense The New York Times, que titula su información Un juez ordena la investigación de las ejecuciones durante la era de Franco, se refiere a Baltasar Garzón como «el cruzado de los jueces de instrucción» y destaca que el magistrado es «frecuentemente alabado» por su intento de juzgar a Pinochet por crímenes contra la Humanidad.
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