Los niños del Patronato. Félix Población.

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Los niños del Patronato

30 Nov 2008 06:40

FÉLIX POBLACIÓN

Una vez leído el auto de Baltasar Garzón por el cual decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en la causa por las desapariciones de ciudadanos durante la Guerra Civil y el franquismo, no han faltado analistas que han calificado como una argentinización del proceso la denuncia expuesta por el juez en relación con los niños perdidos durante el conflicto y los primeros años de la dictadura, como si con ello el señor Garzón pretendiera aplicar en España la misma plantilla que en el país sudamericano durante el régimen de los generales.

Tales comentaristas no han puesto en entredicho la cifra de 30.000 niños republicanos tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954, según especifica Garzón en su auto. Tampoco que, como se afirma en el escrito, muchos de aquellos niños les fueron retirados a las madres sin posterior devolución a sus familiares de origen. Sin embargo, he creído notar en sus opiniones, marcadas por una mal disimulada aversión a la trayectoria profesional de don Baltasar, un cierto grado de suspicacia, como si al referirse a esa argentinización casi cuestionaran tal concepto y se lo imputaran, una vez más, al afánde protagonismo que muchos reprochan al magistrado.

Dice Garzón en su auto que el régimen franquista invocaba la protección de menores, pero lo que se imponía bajo esa supuesta protección era una custodia punitiva propia de correccional. El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova aseguraba en una entrevista en Radio Nacional de España que millares de mujeres presas fueron separadas de sus hijos y que los niños pasaron a formar parte de centros especializados dependientes del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Según Casanova, el número de alumnos en esas condiciones superaba los 9.000 en 1942. No era raro que a las niñas se las recondujera hacia la vida conventual –para expiar las culpas de sus mayores–, ni que a no pocos niños se le falsificara la partida de nacimiento con el concurso de algunos sacerdotes para que fuesen adoptados por unos falsos padres.

Como caso más ilustrativo y conmovedor del azaroso destino de los hijos republicanos, se refería don Julián al de la compañera del escritor Ramón J. Sender, fusilada en Zamora después de haber sido delatada por su cuñado. Amparo Barayón cuenta en su última carta a Sender que le arrebataron a su hija Andreína de los brazos antes de ser fusilada por un pretendiente despechado, reflejo a su vez del mar de rencores y recelos personales que avivó la yesca del odio y la venganza durante la Guerra Civil, con el macabro balance de barbarie que todos sabemos.

Quienes puedan pensar y opinar que, denunciando la pérdida de identidad y/o el robo de niños republicanos cometido por la dictadura franquista –delito constitutivo de Crimen contra la Humanidad y, por lo tanto, sin prescripción posible–, lo que el juez Garzón persigue es mantener encendido su fulgor protagónico por no dar del todo por perdida la causa que defiende, deberían echar una ojeada al fondo documental que el viejo régimen dejó como panacea de sus logros redentores.

En la imprenta de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares se editó, en 1942, una memoria bajo el título La obra de la redención de penas (la doctrina, la práctica, la legislación), que, según reza en su portada, “eleva al Caudillo de España y a su Gobierno el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo”. El libro, ilustrado con abundantes fotografías de la reeducada población reclusa, abunda en dos de sus capítulos en lo que llama “la redención de mujeres caídas, como fruto de la peste deshonesta que ha venido creciendo desde hace 50 años en España” e inmerecedoras con toda seguridad de la educación de sus vástagos, y en la protección a los hijos de los penados.

Por referirme al que compete a este artículo, se dice que el Patronato Central para la Redención de las Penas acoge a niños entre dos y 15 años, aunque “han sido exceptuadas de este límite máximo de edad 145 jovencitas que se hallaban en circunstancias de peligro moral”. Que el número total de internos ronda los 4.000, si bien están pendientes de ser admitidos 7.000 más en espera de hallar plazas libres. Que la patria potestad de los padres está asegurada, a pesar de la propaganda roja, propaganda que el libro naturalmente desmiente, y en la que se decía que los niños no sólo eran maltratados, enviados a Alemania y arrancados de la tutela paterna, sino que fallecían en masa, lo cual dio motivo a que algunas madres incautas fuesen al Patronato y visitasen los colegios para cerciorarse de la verdad y comentar luego indignadas las calumnias.

Ahora, 60 años después, un juez, cuya valiosa mediación en pro de los Derechos Humanos quedó sobradamente reconocida por su ejecutoria en la persecución de los crímenes contra la Humanidad perpetrados por varios regímenes dictatoriales, sostiene que aquellas calumnias no lo son. “Durante el régimen franquista –se afirma en el auto de Baltasar Garzón– se estableció un plan sistemático de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por la dictadura no aptos para asumir su cuidado. Internados en las instituciones del Estado, fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos, les fueron retirados a las madres sin una ulterior devolución a sus familiares”. Por todo eso, el magistrado insta al ministerio fiscal y a los jueces a la investigación y sanción de los culpables y a la reparación de las víctimas para que puedan recuperar la identidad robada. En manos de la justicia queda seguir dejando como verdad la del memorial franquista al que aludo o indagar en los hechos que Garzón describe con estremecedora minucia en su auto de inhibición.

Félix Población es Escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica
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Represión franquista (y II).

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Represión franquista (y II)

Diario de León -

TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LOS CIUDADANOS son depositarios y herederos naturales de la historia, del recuerdo y la memoria. El olvido es el impedimento de acceso al conocimiento, es único y es sólido y tiene por objetivo que sólo se acepte una versión del pasado, para destruir así la memoria diversa; por eso las dictaduras tienen en el olvido el recurso imperativo y necesario que consolida su cultura, y por tanto su poder y su consenso. La democracia tiene que fomentar el acceso de los ciudadanos al conocimiento histórico porque es la única garantía de respeto a la pluralidad de memorias, permite la adquisición de criterios propios y hace a los ciudadanos civilmente más sabios, y por lo tanto más libres.

Por esa razón el conocimiento histórico ha sido considerado por muchos estados democráticos como un derecho civil que el Gobierno ha de garantizar y promover. En consecuencia, la presencia de instituciones destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos al conocimiento histórico, no ya del pasado nacional lejano, sino de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920, y de los genocidios que éste perpetró por razones raciales, ideológicas y culturales, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales países de la Unión Europea.

Pero también en Estados Unidos y Cánada, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica con la voluntad de explicar la magnitud de los enfrentamientos civiles y los regímenes que los provocaron. Las políticas institucionales de la memoria dicen mucho de los valores éticos y cívicos subyacentes en un sistema político. La memoria pública es necesaria. En los últimos años se ha extendido en la sociedad española la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato, en particular existe un interés por recuperar la voz de los vencidos de la Guerra Civil y de las víctimas de la represión franquista porque, ciertamente, todavía hoy la memoria pública difiere ampliamente de las conclusiones a las que nos conducen los estudios históricos y la memoria individual silenciada.

Desde su origen, el régimen franquista hizo un gran esfuerzo para desarrollar una política de la memoria que, esquemáticamente, consistió en demonizar primero, y hacer desaparecer después, la memoria de la Segunda República y así poder consolidar una nueva memoria colectiva afín a sus postulados políticos. Cuando se pusieron los fundamentos del régimen democrático hacía cuarenta años que en la opinión pública se iban recreando sin descanso los postulados franquistas sobre el origen de la Guerra Civil y las propias características del régimen.

Durante la transición de la dictadura a la democracia el recuerdo de la Guerra Civil y la necesidad de consolidar un régimen democrático condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática anterior. Tampoco cuando la democracia ya estuvo consolidada las instituciones tuvieron interés en desarrollar una política de la memoria propia, basada no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, fueron una pieza esencial en la instauración de la democracia. Es decir, durante mucho tiempo, la falsa memoria recreada por el franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. La situación parece haber cambiado.

La sociedad reclama hoy conocer la magnitud de la represión y que se reconozca moralmente a las víctimas. Las instituciones están recogiendo esa demanda social; la aprobación hace casi un año de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura , va en este sentido. Sus objetivos explícitos son no dividir, reparar, reconocer, compensar, económica y simbólicamente a las víctimas.

El impulso a la recuperación de la memoria democrática por parte de las instituciones no implica de ninguna manera participar en la confrontación de memorias, sino asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, lo que en el caso español supone transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Segunda República, el franquismo y el antifranquismo a la luz de los valores democráticos. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber del Estado español, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro porque no se debe de olvidar que la identidad se construye en buena medida con el material de la memoria.
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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo.

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Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo

LA FALLIDA PARTICIPACION DEL JUEZ BALTASAR GARZON

Las trabas para investigar a los desaparecidos del franquismo

Cuando ayer la justicia española consideró incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los desaparecidos del franquismo, no hizo más que legitimar la decisión que Garzón tomó la semana pasada al renunciar él mismo a dicha investigación. Las razones que había esgrimido el juez, entre ellas la muerte de la mayoría de los acusados, y del dictador Francisco Franco, tuvieron su correlato en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de la que depende Garzón, que decidió su incompetencia por 14 votos contra tres. Garzón había renunciado a instruir él mismo su investigación sobre unos 114.266 desaparecidos del franquismo enterrados en fosas comunes, inhibiéndose en favor de los tribunales locales, a partir de la recomendación de la fiscalía, que consideraba esos crímenes resueltos por la ley de Amnistía de 1977 y que la calificación de crímenes de lesa humanidad, pedida por Garzón, no podía ser aplicada ya que el concepto fue introducido en el derecho internacional después de la Guerra Civil Española (1936-1939).

Es precisamente la ley de Amnistía y hasta la Constitución española, redactada en 1978 durante la llamada transición, algo que las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica piden debatir. En este sentido, varias agrupaciones pensaron primero en recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, por entender que podía obedecer a "presiones políticas". Ahora, montándose en el 30 aniversario de la Constitución española que se cumple la semana que viene, las organizaciones están orientadas a cuestionar públicamente la relación que existe entre leyes y políticas de la memoria y sobre la supuesta ejemplaridad de aquellos acuerdos elitistas.

"Bajo la amenaza de despertar los demonios fraticidas que nos conducirían nuevamente a la confrontación y radicalización políticas, nos obligaban a olvidar las luchas que impulsaron el cambio durante la II República, la resistencia antifascista durante la Guerra Civil y la larga oposición clandestina antifranquista", dicen desde Memoria Histórica. Y es por esto mismo que Darío Rivas duda sobre el futuro de su causa contra La Falange. "Son las leyes las que no nos permiten avanzar", dice. Y cuenta que la repentina participación de Garzón había abierto una esperanza. "Desde hace mucho tiempo venimos pidiendo enjuiciar al franquismo, pero la mayoría de los tribunales locales responden al Partido Popular, y eso es un gran obstáculo".

Video La historia de Darío Rivas: www.clarin.com
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Niegan a Garzón el derecho a investigar al franquismo
El Universal (Venezuela) -

Varias familias se suman a la solicitud de apertura de fosas
La Opinión de Granada -

La Audiencia Nacional cierra la causa de Garzón sobre el franquismo
La Voz de Galicia -

La Audiencia anula a Garzón en la causa contra el franquismo
EuropaSur -

La Audiencia confirma que Garzón no puede investigar el franquismo
Diario de León -

La Audiencia declara incompetente a Garzón para investigar los ...
La Nueva España -

Causa en su sitio
La Rioja -

¿Dónde está la derecha española? Los rusos en España
El Diario Montañés -

La Audiencia anula el proceso de Garzón sobre el franquismo
La Vanguardia -

Garzón, sin competencias para los crímenes de Franco
La Opinión de Tenerife -

Hasta aquí llegó Garzón
ABC.es -

La Audiencia Nacional concluye que Garzón no es competente para ...
ABC.es -
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Represión franquista: historia y memoria (I)

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Represión franquista: historia y memoria (I)

TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LO QUE ESTAMOS presenciando en España en los últimos años es algo que guarda una estrecha relación con lo ocurrido en Europa y en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. La internacionalización de la memoria de la Guerra Mundial, de los horrores sufridos por la población civil, del colaboracionismo con los nazis y de la represión desencadenada por diversas dictaduras militares suscitó un movimiento de reparación moral de las víctimas con las consiguientes peticiones de perdón y las iniciativas de reparación financiera y jurídica tras constituir comisiones de investigación.

En España no hemos sido ajenos a esta nueva dimensión de la memoria, aunque entre nosotros se trata de un acontecimiento como fue la Guerra Civil y la represión de posguerra que produjeron numerosas víctimas; la larga dictadura con flagrantes violaciones de derechos humanos a sus espaldas; y, en fin, de una transición a la democracia. La Guerra Civil ha sido el hecho más dramático y traumático de la historia de España del siglo XX. La guerra marcará violenta y permanentemente tanto la memoria de sus protagonistas directos e indirectos como la de sus descendientes y la de todas las generaciones futuras.

Porque a la crueldad de los tres años de contienda hay que añadir cuarenta años de dura represión, durante los que el terror institucionalizado y la violencia bajo diferentes formas (persecuciones, detenciones, fusilamientos, cárceles y campos de concentración, tortura, hambre¿), el control social, la degradación y la humillación de los vencidos, no sólo añadieron más sufrimiento sino que abrieron aún más, las profundas heridas psicológicas heredadas de la guerra, al tiempo que impedían la más mínima posibilidad de curarlas.

Tras el fin de la guerra lo terrible de la situación de posguerra fue que mientras los vencedores pudieron dedicarse plenamente a superar sus pérdidas, los derrotados física y/o moralmente y sus familias se vieron condenados al peor de los castigos: ser cautivos en su propia tierra, en su propio pueblo, en su propia casa, desposeídos de sus derechos y estigmatizados de por vida.

El franquismo no incluyó en sus planes ni el perdón ni la reconciliación; hasta el 31 de marzo de 1969 no se promulgó el Decreto Ley por el que se declararon prescritos todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939. La implicación activa de una parte de la sociedad civil (la que se sentía vencedora) en el perverso plan de amedrantamiento, terror y marginación social de la dictadura franquista colocó a los vencidos en una situación de permanente sometimiento moral, chantaje emocional, desprecio y humillación.

Resulta difícil entender cómo aquella media España condenada al silencio y al sometimiento de sus iguales pudo sobrellevar, durante tanto tiempo, un destrozo emocional y tan profundo; la feroz represión impuesta a los perdedores de la Guerra Civil no sólo impidió toda posibilidad de superación de los traumas de la guerra sino que añadió una carga abusiva de sufrimiento.

Esas víctimas derrotadas, se vieron obligadas a tragar sus lágrimas y su dolor, a ocultar o renegar de sus ideas, a sentir vergüenza de su condición ideológica, a autoimponerse el más férreo de los silencios; en definitiva, tuvieron que ahogar su propia memoria y con ella toda posibilidad de elaboración, duelo y superación de los horrores de la guerra. En cambio, los vencedores abusaron de la evocación del triunfo, día tras día desde el 1 de abril de 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975.

Humillación para los vencidos que se producía 18 de julio tras 18 de julio, fecha que fue convertida en fiesta nacional por los vencedores; 1 de abril tras 1 de abril, fecha en la que nunca se conmemoró la paz sino la victoria, en la que se repudió la reconciliación, se exaltó sin medida al triunfador y se humilló sin límite al derrotado.

Ahora bien, la dictadura que impusieron los vencedores terminó hace más de treinta años y a nuestra democracia le ha costado varias décadas el poner en práctica una política institucional que tuviera como objetivo la recuperación de la historia y la memoria de las víctimas de la represión franquista. (...)
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