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La memoria histórica y sus metáforas
JOSÉ MARÍA RIDAO
La polémica sobre las fosas comunes y la posibilidad de perseguir penalmente al franquismo ha rehabilitado una legión de metáforas que, como la de abrir o cerrar heridas del pasado, o la de pasar páginas antes o después de haberlas leído, no serán recordadas por su originalidad ni por su capacidad para mostrar una realidad subterránea, como las que revela la auténtica poesía. Metáforas asociadas a otra metáfora como la de la "memoria histórica", concebida sobre el mismo molde antropomórfico que el "alma de los pueblos", quizá hayan de ser evocadas algún día por el prodigioso poder hipnótico que han demostrado, capaz de ocultar y de emborronar, hasta hacerlos ininteligibles, los asuntos sobre los que de verdad se está discutiendo.
Las metáforas sobre la memoria ocultan el asunto sobre el que se discute
No se puede sostener, como se ha hecho estos días, que la democracia española está suficientemente consolidada para cumplir con el deber de memoria hacia la Guerra Civil y, por otro lado, afirmar que no lo está, que no puede ser una democracia completa, mientras no cumpla con ese deber. O una cosa, o la otra. Pero es necesario recordar, además, que se hace un flaco servicio a la democracia en España, a las tres décadas de convivencia constitucional, cada vez que un grupo de ciudadanos se arroga el monopolio de poner o no poner el marchamo de democrático al régimen político en el que viven. Sobre todo cuando ese régimen político ni prohíbe ni persigue la causa que defienden. A estos efectos, poco importa que la causa sea justa, como sucede con algunas reivindicaciones colocadas bajo la metáfora de la "memoria histórica"; lo que está en juego es la manera en la que pretenden hacer valer su justicia.
La Audiencia Nacional ha cerrado el paso a la persecución penal del franquismo y, de inmediato, se ha propagado la especie de que los magistrados que han adoptado esta decisión han actuado por miedo o, peor aún, por una inconfesable connivencia retrospectiva con la dictadura. Otro tanto se ha dicho de historiadores, escritores o periodistas que, antifranquistas cuando había que serlo, se han pronunciado en favor de la resolución de la Audiencia y, consecuentemente, del recurso interpuesto por el fiscal Zaragoza. Tal vez seducidos por las metáforas, quienes han lanzado estas acusaciones parecen no haber advertido que el principal problema de la iniciativa del juez Garzón tenía que ver con los límites del uso que puede hacerse del Derecho Penal; esto es, de ese derecho que permite al Estado privar de libertad a los ciudadanos y que, por eso, exige el respeto escrupuloso de las garantías. Incluso para perseguir al más execrable de los terroristas o, también, al general Franco, por más que sus crímenes hagan de él un miembro destacado de la nómina negra del siglo XX, junto a Hitler, Stalin, Mussolini, Pinochet, Videla o tantos otros.
Imagínese por un momento una Audiencia Nacional en la que, convertidos en razonamientos jurídicos habituales los contenidos en los últimos autos del juez Garzón, se pudiera abrir procesos penales simbólicos contra cualquier ciudadano, como pretendía aquel magistrado prevaricador que, dando curso a sus antipatías políticas, se complacía en hacer subir y bajar las escalinatas del edificio a personas honorables. Imagínese, además, que a partir de ahora un juez pudiera, según ha hecho Garzón, reclamar su competencia para juzgar un delito en virtud de un artículo contenido en un Código Penal que no está vigente, ya sea el de la República, el de la dictadura o cualquier otro. Imagínese, en fin, una sentencia en la que la determinación del tipo penal sea resultado de un ejercicio de corta y pega entre tratados internacionales, sentencias de tribunales diversos y resoluciones de Naciones Unidas, además de algunos libros de historia, y del que se obtiene algo parecido al "delito continuado de detención ilegal en el contexto de un crimen contra la Humanidad", por el que Garzón quería imputar al general Franco y a 44 de sus cómplices.
Es difícil saber si una Audiencia Nacional de estas características abriría o cerraría heridas, si pasaría las páginas leyéndolas o sin leerlas. Sólo una cosa sería segura: un tribunal así resultaría incompatible con el Estado de derecho, por más que pareciera conforme a la legión de metáforas que ha rehabilitado este debate.
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lunes, 1 de diciembre de 2008
Memoria histórica
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Memoria histórica
ANA I. ARIZA LÓPEZ 28/11/2008
La ONU ha advertido a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir, le ha recordado también que los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben y que las leyes de punto final (como la española de Amnistía de 1977, preconstitucional por otra parte) no tienen ninguna validez.
Por otro lado, Amnistía Internacional, en un informe sobre derechos humanos en España, demuestra su preocupación por la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familiares. Estas noticias no han sido recogidas por los medios de comunicación. En Valencia tenemos fosas comunes, una de ellas con más de 24.000 personas, de ellas 600 niños. Primero fueron encerradas en las improvisadas cárceles en que se convirtieron los conventos e iglesias del país y después llevados a fusilar. Su único pecado, ser hijos de rojos. Algunos niños corrieron mejor suerte, sólo fueron "secuestrados" y entregados a familias afines al régimen.
La Ley de Memoria Histórica se queda corta, no incluye ninguna de las medidas que contemple la anulación de los juicios sumarísimos con los que se justificaron miles de asesinatos. Ni contempla justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Es hora de que España cure sus heridas, la única forma es sacar toda esta parte de nuestra historia a la luz.
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Memoria histórica
ANA I. ARIZA LÓPEZ 28/11/2008
La ONU ha advertido a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir, le ha recordado también que los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben y que las leyes de punto final (como la española de Amnistía de 1977, preconstitucional por otra parte) no tienen ninguna validez.
Por otro lado, Amnistía Internacional, en un informe sobre derechos humanos en España, demuestra su preocupación por la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familiares. Estas noticias no han sido recogidas por los medios de comunicación. En Valencia tenemos fosas comunes, una de ellas con más de 24.000 personas, de ellas 600 niños. Primero fueron encerradas en las improvisadas cárceles en que se convirtieron los conventos e iglesias del país y después llevados a fusilar. Su único pecado, ser hijos de rojos. Algunos niños corrieron mejor suerte, sólo fueron "secuestrados" y entregados a familias afines al régimen.
La Ley de Memoria Histórica se queda corta, no incluye ninguna de las medidas que contemple la anulación de los juicios sumarísimos con los que se justificaron miles de asesinatos. Ni contempla justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Es hora de que España cure sus heridas, la única forma es sacar toda esta parte de nuestra historia a la luz.
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El goteo de la memoria.
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El goteo de la memoria
La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 30/11/2008
Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La Junta gastará en 2009 un millón de euros y ha cifrado las fosas en 630
Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo. El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común: "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso: los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.
Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.
La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009: 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.
La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.
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El goteo de la memoria
La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 30/11/2008
Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La Junta gastará en 2009 un millón de euros y ha cifrado las fosas en 630
Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo. El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común: "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso: los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.
Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.
La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009: 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.
La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.
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La ONU y la Memoria Histórica.
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La ONU y la Memoria Histórica
Diario de Cádiz -
Pablo A. Fernández Sánchez Actualizado 29.11.2008 - 01:00
DURANTE el mes de octubre, España ha presentado su informe sobre la situación de los derechos humanos ante el órgano encargado de su análisis y examen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que nuestro país es parte.Se trataba del quinto informe que presentaba España ante este órgano de Naciones Unidas y tras un largo periodo de más de doce años sin presentar ninguno. Ni durante todo el periodo del Gobierno de Aznar ni durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se había ocupado España de someter al veredicto de la ONU sus medidas legislativas, ejecutivas o judiciales en materia de derechos humanos.
En el informe, calificado por el propio Comité de Derechos Humanos como de "calidad", hay un apartado muy importante sobre la Ley de la Memoria Histórica que puede tener efectos beneficiosos ante el proceso que se nos avecina en la Audiencia Nacional.El día 30 de octubre, tras examinar los informes presentados por España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo varias observaciones finales al respecto. En primer lugar, destacó el aspecto positivo de la Ley nº 52/2007, Ley de la Memoria Histórica, que prevé una reparación para las víctimas de la dictadura franquista.
También el Comité toma nota del procedimiento llevado a cabo ante la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra, pero se mantiene preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley 46/1977 de Amnistía y "observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El fiscal ha invocado, entre otras, esta Ley última con la que se saldó el sistema de la dictadura para liberar, sobre todo, aunque no sólo, a los responsables de gravísimos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre otros actos amnistiados, los fueron los de "de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976", incluyendo en todo caso "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, así como "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
Como puede verse, la Ley de Amnistía se parecía más a una ley de impunidad que a una ley de amnistía. Hay quien piensa, como Ernesto Sábato cuando presentó sus conclusiones como presidente de la Comisión de la Verdad en Argentina, que era preferible la paz a la justicia. Pero de todos es conocido que no es posible la paz sin justicia. Para poder precisar las normas internacionales que pueden ayudar a construir adecuadamente este proceso abierto en la Audiencia Nacional, el fiscal y los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberían recordar que, en efecto, las leyes de amnistía que supongan violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Observación general del Comité de Derechos Humanos nº 20), y en este sentido, por ejemplo, el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia determina que un proceso ante el propio Tribunal, aun después del proceso en el tribunal nacional, sería apropiado bajo el principio de non bis in idem si "el tribunal nacional actúa de forma parcial o no independiente, [o] los procedimientos están diseñados para proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional...".
Así se ha venido actuando en España, cuando se trataba de leyes de amnistía de otros estados. Los jueces de la Audiencia Nacional han venido instruyendo varios procesos contra Pinochet y contra militares argentinos, a pesar de las leyes internas de obediencia debida o de amnistías. Si nos sirve hacia fuera, también debe servirnos hacia dentro.Además, las violaciones graves de derechos humanos no prescriben, de conformidad con el Derecho Internacional.
Consecuentemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda a España cuatro acciones jurídicas: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas. España debe ser consecuente con las normas internacionales .
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La ONU y la Memoria Histórica
Diario de Cádiz -
Pablo A. Fernández Sánchez Actualizado 29.11.2008 - 01:00
DURANTE el mes de octubre, España ha presentado su informe sobre la situación de los derechos humanos ante el órgano encargado de su análisis y examen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que nuestro país es parte.Se trataba del quinto informe que presentaba España ante este órgano de Naciones Unidas y tras un largo periodo de más de doce años sin presentar ninguno. Ni durante todo el periodo del Gobierno de Aznar ni durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se había ocupado España de someter al veredicto de la ONU sus medidas legislativas, ejecutivas o judiciales en materia de derechos humanos.
En el informe, calificado por el propio Comité de Derechos Humanos como de "calidad", hay un apartado muy importante sobre la Ley de la Memoria Histórica que puede tener efectos beneficiosos ante el proceso que se nos avecina en la Audiencia Nacional.El día 30 de octubre, tras examinar los informes presentados por España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo varias observaciones finales al respecto. En primer lugar, destacó el aspecto positivo de la Ley nº 52/2007, Ley de la Memoria Histórica, que prevé una reparación para las víctimas de la dictadura franquista.
También el Comité toma nota del procedimiento llevado a cabo ante la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra, pero se mantiene preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley 46/1977 de Amnistía y "observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El fiscal ha invocado, entre otras, esta Ley última con la que se saldó el sistema de la dictadura para liberar, sobre todo, aunque no sólo, a los responsables de gravísimos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre otros actos amnistiados, los fueron los de "de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976", incluyendo en todo caso "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, así como "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
Como puede verse, la Ley de Amnistía se parecía más a una ley de impunidad que a una ley de amnistía. Hay quien piensa, como Ernesto Sábato cuando presentó sus conclusiones como presidente de la Comisión de la Verdad en Argentina, que era preferible la paz a la justicia. Pero de todos es conocido que no es posible la paz sin justicia. Para poder precisar las normas internacionales que pueden ayudar a construir adecuadamente este proceso abierto en la Audiencia Nacional, el fiscal y los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberían recordar que, en efecto, las leyes de amnistía que supongan violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Observación general del Comité de Derechos Humanos nº 20), y en este sentido, por ejemplo, el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia determina que un proceso ante el propio Tribunal, aun después del proceso en el tribunal nacional, sería apropiado bajo el principio de non bis in idem si "el tribunal nacional actúa de forma parcial o no independiente, [o] los procedimientos están diseñados para proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional...".
Así se ha venido actuando en España, cuando se trataba de leyes de amnistía de otros estados. Los jueces de la Audiencia Nacional han venido instruyendo varios procesos contra Pinochet y contra militares argentinos, a pesar de las leyes internas de obediencia debida o de amnistías. Si nos sirve hacia fuera, también debe servirnos hacia dentro.Además, las violaciones graves de derechos humanos no prescriben, de conformidad con el Derecho Internacional.
Consecuentemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda a España cuatro acciones jurídicas: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas. España debe ser consecuente con las normas internacionales .
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domingo, 30 de noviembre de 2008
Cuando la verdad divide a los españoles. Gran Wyoming.
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Cuando la verdad divide a los españoles
El Gran Wyoming
23 Nov 2008 06:01
El empeño por condenar al olvido lo que se desconoce es complejo. Se trata, una vez más, de ocultar la verdad, como hicieron los próceres de la patria cuando dictaron una ley de punto final sobre la dictadura, amnistiando a responsables de delitos inexistentes. Obviaron el detalle de especificar qué es lo que se amnistiaba. Los militares apuntaban con las armas y era difícil hablar.
Ahora que aparecen evidencias de que miles de niños fueron secuestrados, robados a sus padres y entregados a otras familias, surgen de nuevo voces, en el Partido Popular, afirmando que ese tema divide a los españoles y que, además, según Ana Mato, no interesa a nadie, razón por la que hay que enterrarlo. Habrá que fijar en qué cuneta de la Historia hacemos una fosa común para que nadie sepa nunca la magnitud de los crímenes cometidos por aquellos patriotas a los que hemos dedicado tantas plazas, monumentos y fechas conmemorativas.
No sé qué se han creído que son estos señores diputados de la oposición, pero, en ningún caso, el voto les concede el derecho a decidir qué somos los demás y, mucho menos, a pensar por nosotros. Bastante hemos tenido con librarnos de la fe obligatoria, para que ahora nos impongan lo que nos interesa o no. A mí sí me interesa señora, y mucho. Si el hecho de conocer la verdad, lejos de llevarles a la reflexión, les hace recular hacia la trinchera para apuntalar con la censura crímenes contra la humanidad, lo que debemos hacer los defensores de la paz y la libertad es ahondar en el conocimiento de los hechos para librarnos de esa sombra que planea sobre nuestra joven democracia y la intoxica con la ignominia de la legitimación del crimen.
Dice usted, señora Mato, que esto divide a los españoles. Sólo puede haber dos grupos. Los que se indignan ante los crímenes, violaciones y secuestros de niños, y los que no. No basta con condenar a ETA, hay más criminales aborrecibles que denunciar, aunque sean de los nuestros. Un poco de dignidad y decencia, ya toca.
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Cuando la verdad divide a los españoles
El Gran Wyoming
23 Nov 2008 06:01
El empeño por condenar al olvido lo que se desconoce es complejo. Se trata, una vez más, de ocultar la verdad, como hicieron los próceres de la patria cuando dictaron una ley de punto final sobre la dictadura, amnistiando a responsables de delitos inexistentes. Obviaron el detalle de especificar qué es lo que se amnistiaba. Los militares apuntaban con las armas y era difícil hablar.
Ahora que aparecen evidencias de que miles de niños fueron secuestrados, robados a sus padres y entregados a otras familias, surgen de nuevo voces, en el Partido Popular, afirmando que ese tema divide a los españoles y que, además, según Ana Mato, no interesa a nadie, razón por la que hay que enterrarlo. Habrá que fijar en qué cuneta de la Historia hacemos una fosa común para que nadie sepa nunca la magnitud de los crímenes cometidos por aquellos patriotas a los que hemos dedicado tantas plazas, monumentos y fechas conmemorativas.
No sé qué se han creído que son estos señores diputados de la oposición, pero, en ningún caso, el voto les concede el derecho a decidir qué somos los demás y, mucho menos, a pensar por nosotros. Bastante hemos tenido con librarnos de la fe obligatoria, para que ahora nos impongan lo que nos interesa o no. A mí sí me interesa señora, y mucho. Si el hecho de conocer la verdad, lejos de llevarles a la reflexión, les hace recular hacia la trinchera para apuntalar con la censura crímenes contra la humanidad, lo que debemos hacer los defensores de la paz y la libertad es ahondar en el conocimiento de los hechos para librarnos de esa sombra que planea sobre nuestra joven democracia y la intoxica con la ignominia de la legitimación del crimen.
Dice usted, señora Mato, que esto divide a los españoles. Sólo puede haber dos grupos. Los que se indignan ante los crímenes, violaciones y secuestros de niños, y los que no. No basta con condenar a ETA, hay más criminales aborrecibles que denunciar, aunque sean de los nuestros. Un poco de dignidad y decencia, ya toca.
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Represión franquista (y II).
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Represión franquista (y II)
Diario de León -
TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LOS CIUDADANOS son depositarios y herederos naturales de la historia, del recuerdo y la memoria. El olvido es el impedimento de acceso al conocimiento, es único y es sólido y tiene por objetivo que sólo se acepte una versión del pasado, para destruir así la memoria diversa; por eso las dictaduras tienen en el olvido el recurso imperativo y necesario que consolida su cultura, y por tanto su poder y su consenso. La democracia tiene que fomentar el acceso de los ciudadanos al conocimiento histórico porque es la única garantía de respeto a la pluralidad de memorias, permite la adquisición de criterios propios y hace a los ciudadanos civilmente más sabios, y por lo tanto más libres.
Por esa razón el conocimiento histórico ha sido considerado por muchos estados democráticos como un derecho civil que el Gobierno ha de garantizar y promover. En consecuencia, la presencia de instituciones destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos al conocimiento histórico, no ya del pasado nacional lejano, sino de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920, y de los genocidios que éste perpetró por razones raciales, ideológicas y culturales, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales países de la Unión Europea.
Pero también en Estados Unidos y Cánada, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica con la voluntad de explicar la magnitud de los enfrentamientos civiles y los regímenes que los provocaron. Las políticas institucionales de la memoria dicen mucho de los valores éticos y cívicos subyacentes en un sistema político. La memoria pública es necesaria. En los últimos años se ha extendido en la sociedad española la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato, en particular existe un interés por recuperar la voz de los vencidos de la Guerra Civil y de las víctimas de la represión franquista porque, ciertamente, todavía hoy la memoria pública difiere ampliamente de las conclusiones a las que nos conducen los estudios históricos y la memoria individual silenciada.
Desde su origen, el régimen franquista hizo un gran esfuerzo para desarrollar una política de la memoria que, esquemáticamente, consistió en demonizar primero, y hacer desaparecer después, la memoria de la Segunda República y así poder consolidar una nueva memoria colectiva afín a sus postulados políticos. Cuando se pusieron los fundamentos del régimen democrático hacía cuarenta años que en la opinión pública se iban recreando sin descanso los postulados franquistas sobre el origen de la Guerra Civil y las propias características del régimen.
Durante la transición de la dictadura a la democracia el recuerdo de la Guerra Civil y la necesidad de consolidar un régimen democrático condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática anterior. Tampoco cuando la democracia ya estuvo consolidada las instituciones tuvieron interés en desarrollar una política de la memoria propia, basada no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, fueron una pieza esencial en la instauración de la democracia. Es decir, durante mucho tiempo, la falsa memoria recreada por el franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. La situación parece haber cambiado.
La sociedad reclama hoy conocer la magnitud de la represión y que se reconozca moralmente a las víctimas. Las instituciones están recogiendo esa demanda social; la aprobación hace casi un año de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura , va en este sentido. Sus objetivos explícitos son no dividir, reparar, reconocer, compensar, económica y simbólicamente a las víctimas.
El impulso a la recuperación de la memoria democrática por parte de las instituciones no implica de ninguna manera participar en la confrontación de memorias, sino asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, lo que en el caso español supone transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Segunda República, el franquismo y el antifranquismo a la luz de los valores democráticos. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber del Estado español, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro porque no se debe de olvidar que la identidad se construye en buena medida con el material de la memoria.
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Represión franquista (y II)
Diario de León -
TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LOS CIUDADANOS son depositarios y herederos naturales de la historia, del recuerdo y la memoria. El olvido es el impedimento de acceso al conocimiento, es único y es sólido y tiene por objetivo que sólo se acepte una versión del pasado, para destruir así la memoria diversa; por eso las dictaduras tienen en el olvido el recurso imperativo y necesario que consolida su cultura, y por tanto su poder y su consenso. La democracia tiene que fomentar el acceso de los ciudadanos al conocimiento histórico porque es la única garantía de respeto a la pluralidad de memorias, permite la adquisición de criterios propios y hace a los ciudadanos civilmente más sabios, y por lo tanto más libres.
Por esa razón el conocimiento histórico ha sido considerado por muchos estados democráticos como un derecho civil que el Gobierno ha de garantizar y promover. En consecuencia, la presencia de instituciones destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos al conocimiento histórico, no ya del pasado nacional lejano, sino de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920, y de los genocidios que éste perpetró por razones raciales, ideológicas y culturales, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales países de la Unión Europea.
Pero también en Estados Unidos y Cánada, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica con la voluntad de explicar la magnitud de los enfrentamientos civiles y los regímenes que los provocaron. Las políticas institucionales de la memoria dicen mucho de los valores éticos y cívicos subyacentes en un sistema político. La memoria pública es necesaria. En los últimos años se ha extendido en la sociedad española la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato, en particular existe un interés por recuperar la voz de los vencidos de la Guerra Civil y de las víctimas de la represión franquista porque, ciertamente, todavía hoy la memoria pública difiere ampliamente de las conclusiones a las que nos conducen los estudios históricos y la memoria individual silenciada.
Desde su origen, el régimen franquista hizo un gran esfuerzo para desarrollar una política de la memoria que, esquemáticamente, consistió en demonizar primero, y hacer desaparecer después, la memoria de la Segunda República y así poder consolidar una nueva memoria colectiva afín a sus postulados políticos. Cuando se pusieron los fundamentos del régimen democrático hacía cuarenta años que en la opinión pública se iban recreando sin descanso los postulados franquistas sobre el origen de la Guerra Civil y las propias características del régimen.
Durante la transición de la dictadura a la democracia el recuerdo de la Guerra Civil y la necesidad de consolidar un régimen democrático condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática anterior. Tampoco cuando la democracia ya estuvo consolidada las instituciones tuvieron interés en desarrollar una política de la memoria propia, basada no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, fueron una pieza esencial en la instauración de la democracia. Es decir, durante mucho tiempo, la falsa memoria recreada por el franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. La situación parece haber cambiado.
La sociedad reclama hoy conocer la magnitud de la represión y que se reconozca moralmente a las víctimas. Las instituciones están recogiendo esa demanda social; la aprobación hace casi un año de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura , va en este sentido. Sus objetivos explícitos son no dividir, reparar, reconocer, compensar, económica y simbólicamente a las víctimas.
El impulso a la recuperación de la memoria democrática por parte de las instituciones no implica de ninguna manera participar en la confrontación de memorias, sino asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, lo que en el caso español supone transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Segunda República, el franquismo y el antifranquismo a la luz de los valores democráticos. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber del Estado español, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro porque no se debe de olvidar que la identidad se construye en buena medida con el material de la memoria.
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domingo, 23 de noviembre de 2008
aznar dice que "no había ninguna razón" para reabrir la guerra civil y "reescribir la historia".
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Memoria histórica.
aznar dice que "no había ninguna razón" para reabrir la guerra civil y "reescribir la historia"21:18 - 22/11/2008
- Pide "recuperar el rumbo" para que a España no le tengan que "prestar sillas" en las cumbres internacionales - Aguirre presume de poder condenar los crímenes del franquismo y del comunismo y de reconocer las heroicidades que hubo "en ambos bandos" durante la Guerra Civil
LAS ROZAS (MADRID), 22 (SERVIMEDIA)
El ex presidente del Gobierno y presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, afirmó hoy que "no había ninguna razón ni ningún mandato electoral" para revisar lo ocurrido durante la Guerra Civil y el franquismo y afirmó que "no es lo mismo la memoria que reescribir la historia".
Aznar fue el encargado de clausurar, junto a Esperanza Aguirre, el congreso de Nuevas Generaciones de Madrid en la que era su reaparición en un acto político del partido desde su presencia en el cónclave que el PP celebró el mes de junio en Valencia, en el que Mariano Rajoy fue reelegido como líder.
Uno de los tres mensajes que lanzó el ex jefe del Ejecutivo fue la necesidad de "defender lo que es común a todos" y de mirar al futuro sin ahondar en las diferencias que separaron a los españoles durante la Guerra Civil y el franquismo.
Sin llegar a citar expresamente la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno aprobó la pasada legislatura ni el proceso judicial abierto por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, Aznar manifestó su rechazo a ambas iniciativas porque "no había ninguna razón" para ponerlas en marcha después de 70 años.
Aznar aseveró que "defender lo común fue una de las cosas más importantes" que se puede hacer en estos momentos en los que España pasa por dificultades económicas y necesita el apoyo de otros países para estar presente en foros internacionales como la cumbre del G-20 en Washington.
Recordó que en la Transición se logró una "reconciliación" entre todas las fuerzas políticas democráticas que sirvió como "llamada de esperanza" para que los ciudadanos mirasen al futuro y trabajasen juntos.
Aznar pidió mirar al futuro "con objetivos claros" para "recuperar el rumbo" y situar de nuevo a España entre las primeras potencias del mundo. De ese modo, apuntó, no será necesario "que nos anden prestando sillas" en las cumbres internacionales como la del G-20 "porque no nos gusta ir de prestado".
Insistió en que con la Memoria Histórica "se ha abierto una caja que nunca se debió abrir" y se opuso a seguir con el proceso de descentralización de competencias en favor de las comunidades autónomas.
Agregó que una cosa es descentralizar competencias y otra "no poner límites a las cosas", favorecer la creación de "reinos de taifas", provocar que el Ejecutivo central "no pueda gobernar", "que cada uno haga lo que le dé la gana" e incluso que algunos intenten "destruir" el estado.
El ex presidente del Gobierno aseguró que el PP no pone en cuestión la "pluralidad y diversidad" de España, sino que quiere preservar "los elementos que son comunes a los españoles".
AGUIRRE
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó a Zapatero de haber abierto la polémica sobre la Memoria Histórica "desde el primer discurso" que hizo en su investidura en abril de 2004.
Aguirre se mostró orgullosa de poder criticar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y durante el franquismo, pero también, a diferencia de los dirigentes del Partido Socialista, de rechazar los asesinatos llevados a cabo por el comunismo.
También presumió de poder alabar los "actos de generoso patriotismo" que se produjeron "en ambos bandos" durante la "guerra incivil" de España, a la vez que se declaró admiradora de la "generosidad" que todas las fuerzas políticas demostraron en la Transición.
(SERVIMEDIA) 22-NOV-2008 PAI/jrv
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/879278/11/08/Memoria-historica-aznar-dice-que-no-habia-ninguna-razon-para-reabrir-la-guerra-civil-y-reescribir-la-historia.html
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Memoria histórica.
aznar dice que "no había ninguna razón" para reabrir la guerra civil y "reescribir la historia"21:18 - 22/11/2008
- Pide "recuperar el rumbo" para que a España no le tengan que "prestar sillas" en las cumbres internacionales - Aguirre presume de poder condenar los crímenes del franquismo y del comunismo y de reconocer las heroicidades que hubo "en ambos bandos" durante la Guerra Civil
LAS ROZAS (MADRID), 22 (SERVIMEDIA)
El ex presidente del Gobierno y presidente de honor del Partido Popular, José María Aznar, afirmó hoy que "no había ninguna razón ni ningún mandato electoral" para revisar lo ocurrido durante la Guerra Civil y el franquismo y afirmó que "no es lo mismo la memoria que reescribir la historia".
Aznar fue el encargado de clausurar, junto a Esperanza Aguirre, el congreso de Nuevas Generaciones de Madrid en la que era su reaparición en un acto político del partido desde su presencia en el cónclave que el PP celebró el mes de junio en Valencia, en el que Mariano Rajoy fue reelegido como líder.
Uno de los tres mensajes que lanzó el ex jefe del Ejecutivo fue la necesidad de "defender lo que es común a todos" y de mirar al futuro sin ahondar en las diferencias que separaron a los españoles durante la Guerra Civil y el franquismo.
Sin llegar a citar expresamente la Ley de Memoria Histórica que el Gobierno aprobó la pasada legislatura ni el proceso judicial abierto por Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, Aznar manifestó su rechazo a ambas iniciativas porque "no había ninguna razón" para ponerlas en marcha después de 70 años.
Aznar aseveró que "defender lo común fue una de las cosas más importantes" que se puede hacer en estos momentos en los que España pasa por dificultades económicas y necesita el apoyo de otros países para estar presente en foros internacionales como la cumbre del G-20 en Washington.
Recordó que en la Transición se logró una "reconciliación" entre todas las fuerzas políticas democráticas que sirvió como "llamada de esperanza" para que los ciudadanos mirasen al futuro y trabajasen juntos.
Aznar pidió mirar al futuro "con objetivos claros" para "recuperar el rumbo" y situar de nuevo a España entre las primeras potencias del mundo. De ese modo, apuntó, no será necesario "que nos anden prestando sillas" en las cumbres internacionales como la del G-20 "porque no nos gusta ir de prestado".
Insistió en que con la Memoria Histórica "se ha abierto una caja que nunca se debió abrir" y se opuso a seguir con el proceso de descentralización de competencias en favor de las comunidades autónomas.
Agregó que una cosa es descentralizar competencias y otra "no poner límites a las cosas", favorecer la creación de "reinos de taifas", provocar que el Ejecutivo central "no pueda gobernar", "que cada uno haga lo que le dé la gana" e incluso que algunos intenten "destruir" el estado.
El ex presidente del Gobierno aseguró que el PP no pone en cuestión la "pluralidad y diversidad" de España, sino que quiere preservar "los elementos que son comunes a los españoles".
AGUIRRE
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó a Zapatero de haber abierto la polémica sobre la Memoria Histórica "desde el primer discurso" que hizo en su investidura en abril de 2004.
Aguirre se mostró orgullosa de poder criticar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y durante el franquismo, pero también, a diferencia de los dirigentes del Partido Socialista, de rechazar los asesinatos llevados a cabo por el comunismo.
También presumió de poder alabar los "actos de generoso patriotismo" que se produjeron "en ambos bandos" durante la "guerra incivil" de España, a la vez que se declaró admiradora de la "generosidad" que todas las fuerzas políticas demostraron en la Transición.
(SERVIMEDIA) 22-NOV-2008 PAI/jrv
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/879278/11/08/Memoria-historica-aznar-dice-que-no-habia-ninguna-razon-para-reabrir-la-guerra-civil-y-reescribir-la-historia.html
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viernes, 21 de noviembre de 2008
Otras MH.
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Memoria Histórica exigirá que el Estado se haga cargo de las ...
Diario de Mallorca -
Memoria Histórica del 36 de Ponteareas confía en los jueces ...
Faro de Vigo -
La familia Lorca dice que el auto de Garzón coincide con su postura
La Opinión de Granada -
La Asociación para la Memoria Histórica pide un censo de las fosas ...
El Comercio Digital (Asturias) -
«Juzgar la dictadura no es reabrir las heridas sino curarlas»
Diario Vasco
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«Juzgar la dictadura no es reabrir las heridas sino curarlas»
Diario Vasco
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La Memoria Histórica, más allá de los crímenes, la represión abarca toda la dictadura y aún sigue. Miguel Ángel Llana.
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La Memoria Histórica, más allá de los crímenes, la represión abarca toda la dictadura y aún sigue
Miguel Ángel Llana
Rebelión
Medio siglo de silencio, desde 1936 y, después, tres décadas más de muda democracia no tienen porqué servir para avalar el silencio, como si ya la Memoria hubiera caducado, pero no ha sido así porque aún no se ha rendido homenaje a las víctimas cuando ni tan siquiera han sido identificadas. Tampoco son anónimas a pesar del empeño en negarles la identidad. Y, aún habría que añadir que las víctimas no terminaron con la guerra, ni siquiera con la posguerra, todavía siguieron durante décadas y más allá de 1952 año en el que el juez Garzón dio por finalizada la represión. La cifra documentada (creo que en los archivos de Alcalá) de asesinados se eleva a 300.000 y la de represaliados a 3,5 millones.
Muchos son los eufemismos que se han utilizado por los que ahora, todavía, intentan desviar la atención y tergiversar lo sucedido. Esta es una razón más para profundizar tanto como sea necesario en esta tenebrosa historia de la que aún quedan víctimas, supervivientes, pero sobre todo muchos fanáticos seguidores del "Alzamiento Nacional" o de "La Cruzada" que continúan ensalzando su historia. Esto ni siquiera está perseguido y mucho menos es sancionado.
¿Cómo es posible que todavía personajes que no sólo no han perdido perdón se les permite que sigan homenajeando a aquellos fascistas, nazis y criminales, que cometieron desde el "robo" de miles de niños hasta el "paseo" nocturno o diurno al paredón, además la usurpación de bienes.
No hubo ninguna "Guerra Civil", sencillamente un sangriento "Golpe Militar" iniciado en África y con la necesaria colaboración del nazismo alemán sin el que el Golpe no hubiera sido posible. Determinada oligarquía, latifundistas y, sobre todo la Iglesia Católica, dieron el soporte y el aliento necesario para consumar el genocidio. Con unos militares golpistas sin ideología, descerebrados, acostumbrados a hacer toda clase de masacres en África sin ningún límite, la Iglesia los bendijo, apoyó y, sobre todo, les dio la cobertura ideológica y moral, situándose decididamente fuera de la ley y aliándose con los golpistas y enfrentándose, abiertamente, al Gobierno y a las Instituciones democráticamente elegidas de la República.
Y, así, continuó todo durante la dictadura cobijando bajo Palio al sanguinario dictador, justificando y bendiciendo lo que la misma Iglesia denominó como "Cruzada". Ofende que la Iglesia considere como mártires a los sublevados porque, aún admitiendo los puntos de vista de la Iglesia y su particular moral, ¿Es que no ha habido ningún católico, que defendiendo la legalidad y al legítimo Gobierno, diera su vida por ello? Según la Iglesia Católica no, ni siquiera se lo plantea. En cambio, han sido y serán declarados mártires los fascistas o los defensores de los fascistas de la oligarquía y de los terratenientes cuyo mérito contrastado fue aliarse con los golpistas, al menos en su mayoría.
No conviene remover el pasado y para eso se mantienen el nombre de muchas calles, las estatuas del dictador y los mármoles a la puerta de las iglesias con la inscripción de los católicos caídos, pero sólo los que cayeron del lado bueno, del lado de los golpistas. Parece ser que ningún católico cayó defendiendo la legalidad del gobierno.
Y, ahora, cuando los familiares de las víctimas sólo pretenden dar nombre y apellidos y digna sepultura -algunos puede que cristiana sepultura- a los defensores de la Ley frente al fascismo, resulta que son denigrados, una vez más, porque los acusan de querer abrir heridas.
Los golpistas vencieron, y arrasaron, con la ayuda de la Iglesia. Pero la guerra no acabó, ni mucho menos, en 1939 sino que continuó durante toda la década de los cuarenta sin perder ni en un ápice su nivel de represión en todos los ámbitos. Y siguió dos décadas y media más, sólo que cada vez había menos con quien ensañarse y por ello menos víctimas.
Hablan de no abrir heridas y de pasar página, pero mal se pueden abrir la heridas que no se han cerrado y menos se puede pasar página cuando ni siquiera se ha leído.
En el fondo y en la forma, los que han votado la ley de la Memoria Histórica (de Punto Final) se opusieron, y se oponen, a cualquier cosa que sea mirar hacia atarás porque o eran parte de la dictadura -todas las personas e instituciones de la dictadura siguieron, incluida la policía represora- o porque los nuevos partidos políticos se ponían al servicio del mismo poder económico que gobernó durante la dictadura.
Nada cambió en las instituciones ni en las personas que las ocupaban, sus "derechos" permanecieron intactos e incluso su ideología fascista que ni siquiera necesitaron ocultar.
A juzgar por las manifestaciones y la actitud de los partidarios de negar la "Memoria Histórica" ahora no se debate solamente el rendir homenaje a las víctimas del "Golpe Militar" que se culminó con la dictadura, sino principalmente de mantener y de "legalizar" la actual política autoritaria y neoliberal. La pérdida de derechos políticos y cívicos no es un hecho aislado ni ajeno, sino que guarda estrecha relación con la situación de precariedad que cada vez amenaza más la posibilidad de una vida digna. Hay una relación directa, los mismos que defienden el no a la Memoria Histórica son los mismos ultras del neoliberalismo, y no es mera coincidencia.
No es posible rebatir tanto como se ha dicho sobre el tema. Sólo tres últimas consideraciones:
El artículo 131.4 del vigente Código Penal dice: "Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.". O se acepta el CP o lo derogamos, pero no vale eludirlo.
Solamente España, junto con Colombia, Camboya y Mozambique, son los únicos países que no han juzgado sus propios exterminios.
También se quiere acusar a los "otros" porque también cometieron crímenes, pero olvidan que, salvo los delincuentes que hay en todas partes, defendían al gobierno legítimo y sobre todo, que ya fueron juzgados y reprimidos hasta la saciedad y que conforme al más elemental derecho, no pueden volver a ser juzgados.
La Memoria Histórica está en juego porque lo está también la presente democracia que cada vez lo es menos, si nos atenemos al creciente peso del poder político, económico y judicial frente al decreciente peso de los ciudadanos, sus instituciones y la desarticulación de sus organizaciones de base, por no hablar de su desaparición.
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La Memoria Histórica, más allá de los crímenes, la represión abarca toda la dictadura y aún sigue
Miguel Ángel Llana
Rebelión
Medio siglo de silencio, desde 1936 y, después, tres décadas más de muda democracia no tienen porqué servir para avalar el silencio, como si ya la Memoria hubiera caducado, pero no ha sido así porque aún no se ha rendido homenaje a las víctimas cuando ni tan siquiera han sido identificadas. Tampoco son anónimas a pesar del empeño en negarles la identidad. Y, aún habría que añadir que las víctimas no terminaron con la guerra, ni siquiera con la posguerra, todavía siguieron durante décadas y más allá de 1952 año en el que el juez Garzón dio por finalizada la represión. La cifra documentada (creo que en los archivos de Alcalá) de asesinados se eleva a 300.000 y la de represaliados a 3,5 millones.
Muchos son los eufemismos que se han utilizado por los que ahora, todavía, intentan desviar la atención y tergiversar lo sucedido. Esta es una razón más para profundizar tanto como sea necesario en esta tenebrosa historia de la que aún quedan víctimas, supervivientes, pero sobre todo muchos fanáticos seguidores del "Alzamiento Nacional" o de "La Cruzada" que continúan ensalzando su historia. Esto ni siquiera está perseguido y mucho menos es sancionado.
¿Cómo es posible que todavía personajes que no sólo no han perdido perdón se les permite que sigan homenajeando a aquellos fascistas, nazis y criminales, que cometieron desde el "robo" de miles de niños hasta el "paseo" nocturno o diurno al paredón, además la usurpación de bienes.
No hubo ninguna "Guerra Civil", sencillamente un sangriento "Golpe Militar" iniciado en África y con la necesaria colaboración del nazismo alemán sin el que el Golpe no hubiera sido posible. Determinada oligarquía, latifundistas y, sobre todo la Iglesia Católica, dieron el soporte y el aliento necesario para consumar el genocidio. Con unos militares golpistas sin ideología, descerebrados, acostumbrados a hacer toda clase de masacres en África sin ningún límite, la Iglesia los bendijo, apoyó y, sobre todo, les dio la cobertura ideológica y moral, situándose decididamente fuera de la ley y aliándose con los golpistas y enfrentándose, abiertamente, al Gobierno y a las Instituciones democráticamente elegidas de la República.
Y, así, continuó todo durante la dictadura cobijando bajo Palio al sanguinario dictador, justificando y bendiciendo lo que la misma Iglesia denominó como "Cruzada". Ofende que la Iglesia considere como mártires a los sublevados porque, aún admitiendo los puntos de vista de la Iglesia y su particular moral, ¿Es que no ha habido ningún católico, que defendiendo la legalidad y al legítimo Gobierno, diera su vida por ello? Según la Iglesia Católica no, ni siquiera se lo plantea. En cambio, han sido y serán declarados mártires los fascistas o los defensores de los fascistas de la oligarquía y de los terratenientes cuyo mérito contrastado fue aliarse con los golpistas, al menos en su mayoría.
No conviene remover el pasado y para eso se mantienen el nombre de muchas calles, las estatuas del dictador y los mármoles a la puerta de las iglesias con la inscripción de los católicos caídos, pero sólo los que cayeron del lado bueno, del lado de los golpistas. Parece ser que ningún católico cayó defendiendo la legalidad del gobierno.
Y, ahora, cuando los familiares de las víctimas sólo pretenden dar nombre y apellidos y digna sepultura -algunos puede que cristiana sepultura- a los defensores de la Ley frente al fascismo, resulta que son denigrados, una vez más, porque los acusan de querer abrir heridas.
Los golpistas vencieron, y arrasaron, con la ayuda de la Iglesia. Pero la guerra no acabó, ni mucho menos, en 1939 sino que continuó durante toda la década de los cuarenta sin perder ni en un ápice su nivel de represión en todos los ámbitos. Y siguió dos décadas y media más, sólo que cada vez había menos con quien ensañarse y por ello menos víctimas.
Hablan de no abrir heridas y de pasar página, pero mal se pueden abrir la heridas que no se han cerrado y menos se puede pasar página cuando ni siquiera se ha leído.
En el fondo y en la forma, los que han votado la ley de la Memoria Histórica (de Punto Final) se opusieron, y se oponen, a cualquier cosa que sea mirar hacia atarás porque o eran parte de la dictadura -todas las personas e instituciones de la dictadura siguieron, incluida la policía represora- o porque los nuevos partidos políticos se ponían al servicio del mismo poder económico que gobernó durante la dictadura.
Nada cambió en las instituciones ni en las personas que las ocupaban, sus "derechos" permanecieron intactos e incluso su ideología fascista que ni siquiera necesitaron ocultar.
A juzgar por las manifestaciones y la actitud de los partidarios de negar la "Memoria Histórica" ahora no se debate solamente el rendir homenaje a las víctimas del "Golpe Militar" que se culminó con la dictadura, sino principalmente de mantener y de "legalizar" la actual política autoritaria y neoliberal. La pérdida de derechos políticos y cívicos no es un hecho aislado ni ajeno, sino que guarda estrecha relación con la situación de precariedad que cada vez amenaza más la posibilidad de una vida digna. Hay una relación directa, los mismos que defienden el no a la Memoria Histórica son los mismos ultras del neoliberalismo, y no es mera coincidencia.
No es posible rebatir tanto como se ha dicho sobre el tema. Sólo tres últimas consideraciones:
El artículo 131.4 del vigente Código Penal dice: "Los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.". O se acepta el CP o lo derogamos, pero no vale eludirlo.
Solamente España, junto con Colombia, Camboya y Mozambique, son los únicos países que no han juzgado sus propios exterminios.
También se quiere acusar a los "otros" porque también cometieron crímenes, pero olvidan que, salvo los delincuentes que hay en todas partes, defendían al gobierno legítimo y sobre todo, que ya fueron juzgados y reprimidos hasta la saciedad y que conforme al más elemental derecho, no pueden volver a ser juzgados.
La Memoria Histórica está en juego porque lo está también la presente democracia que cada vez lo es menos, si nos atenemos al creciente peso del poder político, económico y judicial frente al decreciente peso de los ciudadanos, sus instituciones y la desarticulación de sus organizaciones de base, por no hablar de su desaparición.
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Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
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Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
FERNANDO GAREA / MIGUEL GONZÁLEZ
IU, ICV y ERC anuncian una ofensiva parlamentaria para ampliar la ley
Si el Gobierno quiere enterrar la polémica sobre la memoria histórica, los partidos situados a su izquierda en el Congreso de los Diputados están dispuestos a impedírselo. Se han empeñado en mantener vivo el debate durante toda la legislatura y a someter a votación en la Cámara iniciativas para reformar y profundizar en la ley aprobada hace sólo un año.
Las iniciativas parlamentarias
Sólo 70 personas en el Valle de los Caídos
"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
Gibson: "El auto de Garzón es lo más escalofriante que he leído en años"
ARMH(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica)
La Recuperación de la Memoria Histórica
"La mayoría ya no se acuerda de qué representa el 20-N", dice el presidente
El 20-N, a los 33 años de la muerte de Franco y unos días después de que el juez Baltasar Garzón enviará a los juzgados locales la investigación sobre el franquismo, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en La Moncloa que "todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato. Los residuos irán desapareciendo, aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar, y otros tienen algo menos".
ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, los tres partidos que, en distinto grado, pusieron objeciones a la Ley de Memoria Histórica por considerarla insuficiente, acusaron ayer al Gobierno de obstaculizar su aplicación con los recursos de la fiscalía contra la actuación del juez Baltasar Garzón. Además, presentaron distintas iniciativas parlamentarias que reabrirán el debate en la Cámara y que obligarán al PSOE a pronunciarse de nuevo.
Ayer, el presidente del Gobierno no dio la impresión de estar por la labor de reformar esa norma o de impulsar iniciativas para retirar símbolos franquistas o abrir fosas comunes. Se limitó a hablar de cumplir la ley y de colaborar. "El Gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión del franquismo, y esa ley establece que todas las Administraciones deben colaborar, entre otras cosas, en la tarea de identificación", afirmó.
No respondió sobre la permanencia de los símbolos franquistas en edificios públicos, cuya retirada impulsa la ley.
El "primer asalto" del debate parlamentario, según la expresión utilizada por Joan Tardà, de ERC, será el martes, cuando se debata y vote su proposición de ley que pide una reforma en profundidad de lo que considera una "ley vergonzante".
IU, aprovechando el 20-N, presentó una proposición no de ley que se discutirá dentro de meses en la que se insta al Gobierno a ir mucho más allá de lo que marca la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año y que impulsó el propio Zapatero, venciendo muchas resistencias.
Tardà y Gaspar Llamazares incluyeron en la presentación de sus iniciativas duras críticas al Gobierno, por considerar que carece de voluntad de llevar la norma hasta sus últimas consecuencias. Citaron expresamente los temas que tienen que ver con los derechos de las víctimas, con las exhumaciones, con la simbología o con la lucha contra la impunidad de los responsables de la represión franquista posterior a la Guerra Civil.
También coincidieron en augurar que, tras la decisión de Garzón de inhibirse en favor de los juzgados territoriales, el asunto terminará en los tribunales internacionales porque, según el diputado de ERC, "al movimiento memorialista ya no hay quién lo pare". Añadió que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas", que están "ganando la batalla". Ninguna de las dos iniciativas tiene opciones de salir adelante porque el PSOE no está por reformar o superar la ley, el PP siempre ha rechazado el debate y los partidos nacionalistas ya se dieron por satisfechos con la difícil aprobación de la norma la pasada legislatura.
Zapatero definió ayer el franquismo como "un régimen tan indignante, tan rechazable, tan triste y tan pequeño como era el propio general Franco".
En su rueda de prensa con el primer ministro tunecino, Mohamed Ghannuchi, en La Moncloa, el presidente del Gobierno añadió que "lo mejor de todo es que hoy [aniversario de la muerte de Franco] la mayoría de los españoles ya no se acuerda de lo que representa el 20-N". "Fue el día en que murió el dictador Franco y eso es algo absolutamente marginal y testimonial".
Las iniciativas parlamentarias
- Proposición de ley de ERC. Pide la ilegalización de todos los tribunales franquistas y la anulación de todas sus sentencias; la reposición del patrimonio de los republicanos expoliados; que puedan acceder a las ayudas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas como Salvador Puig Antich, militante anarquista ejecutado en 1974, y que se reconozca la II República como un Estado "precursor" de la democracia actual.
Se propone que el día 14 de abril, aniversario de la República, sea declarado Día de la Memoria Histórica.
- Proposición no de ley de IU-ICV. Creación de una fiscalía de atención a las víctimas del franquismo, un órgano oficial no judicial que investigue la Guerra Civil y que se saquen del Valle de los Caídos los restos de Franco y Primo de Rivera.
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Zapatero pide que “se olvide” el franquismo
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Zapatero descarta ampliaciones en la Ley de Memoria Histórica
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Zapatero elogia el olvido en pleno debate sobre la memoria histórica
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IU, ICV y ERC anuncian una ofensiva parlamentaria para ampliar la ley
Si el Gobierno quiere enterrar la polémica sobre la memoria histórica, los partidos situados a su izquierda en el Congreso de los Diputados están dispuestos a impedírselo. Se han empeñado en mantener vivo el debate durante toda la legislatura y a someter a votación en la Cámara iniciativas para reformar y profundizar en la ley aprobada hace sólo un año.
Las iniciativas parlamentarias
Sólo 70 personas en el Valle de los Caídos
"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
Gibson: "El auto de Garzón es lo más escalofriante que he leído en años"
ARMH(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica)
La Recuperación de la Memoria Histórica
"La mayoría ya no se acuerda de qué representa el 20-N", dice el presidente
El 20-N, a los 33 años de la muerte de Franco y unos días después de que el juez Baltasar Garzón enviará a los juzgados locales la investigación sobre el franquismo, José Luis Rodríguez Zapatero aseguró en La Moncloa que "todo lo que sea que eso esté en el olvido, en el olvido más profundo de la memoria colectiva de la sociedad española, será un buen dato. Los residuos irán desapareciendo, aunque hay gente que tiene más disponibilidad a olvidar, y otros tienen algo menos".
ERC, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, los tres partidos que, en distinto grado, pusieron objeciones a la Ley de Memoria Histórica por considerarla insuficiente, acusaron ayer al Gobierno de obstaculizar su aplicación con los recursos de la fiscalía contra la actuación del juez Baltasar Garzón. Además, presentaron distintas iniciativas parlamentarias que reabrirán el debate en la Cámara y que obligarán al PSOE a pronunciarse de nuevo.
Ayer, el presidente del Gobierno no dio la impresión de estar por la labor de reformar esa norma o de impulsar iniciativas para retirar símbolos franquistas o abrir fosas comunes. Se limitó a hablar de cumplir la ley y de colaborar. "El Gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la Guerra Civil y de la represión del franquismo, y esa ley establece que todas las Administraciones deben colaborar, entre otras cosas, en la tarea de identificación", afirmó.
No respondió sobre la permanencia de los símbolos franquistas en edificios públicos, cuya retirada impulsa la ley.
El "primer asalto" del debate parlamentario, según la expresión utilizada por Joan Tardà, de ERC, será el martes, cuando se debata y vote su proposición de ley que pide una reforma en profundidad de lo que considera una "ley vergonzante".
IU, aprovechando el 20-N, presentó una proposición no de ley que se discutirá dentro de meses en la que se insta al Gobierno a ir mucho más allá de lo que marca la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor hace un año y que impulsó el propio Zapatero, venciendo muchas resistencias.
Tardà y Gaspar Llamazares incluyeron en la presentación de sus iniciativas duras críticas al Gobierno, por considerar que carece de voluntad de llevar la norma hasta sus últimas consecuencias. Citaron expresamente los temas que tienen que ver con los derechos de las víctimas, con las exhumaciones, con la simbología o con la lucha contra la impunidad de los responsables de la represión franquista posterior a la Guerra Civil.
También coincidieron en augurar que, tras la decisión de Garzón de inhibirse en favor de los juzgados territoriales, el asunto terminará en los tribunales internacionales porque, según el diputado de ERC, "al movimiento memorialista ya no hay quién lo pare". Añadió que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas", que están "ganando la batalla". Ninguna de las dos iniciativas tiene opciones de salir adelante porque el PSOE no está por reformar o superar la ley, el PP siempre ha rechazado el debate y los partidos nacionalistas ya se dieron por satisfechos con la difícil aprobación de la norma la pasada legislatura.
Zapatero definió ayer el franquismo como "un régimen tan indignante, tan rechazable, tan triste y tan pequeño como era el propio general Franco".
En su rueda de prensa con el primer ministro tunecino, Mohamed Ghannuchi, en La Moncloa, el presidente del Gobierno añadió que "lo mejor de todo es que hoy [aniversario de la muerte de Franco] la mayoría de los españoles ya no se acuerda de lo que representa el 20-N". "Fue el día en que murió el dictador Franco y eso es algo absolutamente marginal y testimonial".
Las iniciativas parlamentarias
- Proposición de ley de ERC. Pide la ilegalización de todos los tribunales franquistas y la anulación de todas sus sentencias; la reposición del patrimonio de los republicanos expoliados; que puedan acceder a las ayudas las familias de los represaliados o fusilados antes de 1968, como Julián Grimau, y los miembros de organizaciones armadas como Salvador Puig Antich, militante anarquista ejecutado en 1974, y que se reconozca la II República como un Estado "precursor" de la democracia actual.
Se propone que el día 14 de abril, aniversario de la República, sea declarado Día de la Memoria Histórica.
- Proposición no de ley de IU-ICV. Creación de una fiscalía de atención a las víctimas del franquismo, un órgano oficial no judicial que investigue la Guerra Civil y que se saquen del Valle de los Caídos los restos de Franco y Primo de Rivera.
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Zapatero pide que “se olvide” el franquismo
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ERC pide que se modifique la Ley de Memoria Histórica
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ERC propone reconocer por ley a los maquis
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Zapatero presume del olvido
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La memoria histórica Zapatero elogia el olvido en pleno debate ...
El País (España) -
Zapatero defiende ahora enterrar el franquismo «en el olvido más ...
La Rioja -
Zapatero afirma que hoy el franquismo es solo marginal
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Zapatero aboga por "enterrar" el 20-N, del que sólo quedan ...
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Zapatero cree que es un "buen dato" que el franquismo caiga en el ...
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"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
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"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 21/11/2008
Los jueces de instrucción, a los que el juez Baltasar Garzón ha traspasado la causa contra el franquismo, tendrán que decidir sobre las denuncias de desapariciones sin que haya un criterio único de actuación. Por eso, la juez de instrucción de primera instancia de Calatayud, ahora destinada en Barcelona, Amaya Olivas, ha elaborado un protocolo que oriente a sus colegas. "Lo hice porque me parecía vergonzoso cómo los juzgados estaban tratando a las víctimas. Salían huyendo cuando les llegaba un caso. Si alguien encuentra unos huesos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?"
Francisco Franco Bahamonde
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La Recuperación de la Memoria Histórica
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Olivas estudió todos los tratados internacionales y protocolos de países como Argentina o Chile y los adaptó a la normativa española. El resultado se titula La intervención del juez de instrucción en las diligencias de investigación seguidas por desapariciones forzadas en la dictadura franquista. Se inspira, sobre todo, en el Protocolo de Minnesota, adoptado por la ONU en 1991 para la investigación de ejecuciones extralegales.
Entre otras cosas y amparándose en esa legislación internacional, establece que el que los verdugos estén muertos no es un impedimento. "Que Franco esté muerto no impide aclarar los hechos. Una de las finalidades del proceso penal es aplicar la responsabilidad a través de una condena, pero no es la única. Hay otras, como el esclarecimiento de unos hechos y el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas. Se trata de hacer una instrucción dedicada a las víctimas".
Desaparición de pruebas
La juez establece un modelo de instrucción con las siguientes fases: elaboración de fichas ante mortem de las víctimas, recabando toda la información sobre los desaparecidos en archivos públicos o privados; identificación y toma de declaración a testigos; creación de un informe sobre las víctimas y las fosas, y exhumación.
El protocolo advierte de las dificultades de este tipo de investigaciones, como el avanzado estado de descomposición de los restos que borra "pruebas colaterales" como la forma de las heridas, las huellas en el lugar de los hechos... y recomienda un equipo multidisciplinar de médicos y patólogos forenses, criminólogos e historiadores para asegurar un buen estudio histórico de bases documentales, la recogida de testimonios, la recuperación de los restos y su estudio antropológico.
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"Que Franco esté muerto no impide esclarecer los hechos"
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 21/11/2008
Los jueces de instrucción, a los que el juez Baltasar Garzón ha traspasado la causa contra el franquismo, tendrán que decidir sobre las denuncias de desapariciones sin que haya un criterio único de actuación. Por eso, la juez de instrucción de primera instancia de Calatayud, ahora destinada en Barcelona, Amaya Olivas, ha elaborado un protocolo que oriente a sus colegas. "Lo hice porque me parecía vergonzoso cómo los juzgados estaban tratando a las víctimas. Salían huyendo cuando les llegaba un caso. Si alguien encuentra unos huesos en un descampado, se llama a la policía judicial y se extraen muestras de ADN para averiguar quién es. ¿Por qué si se sospecha que son restos de fusilados durante la Guerra Civil se plantea que no?"
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Entre otras cosas y amparándose en esa legislación internacional, establece que el que los verdugos estén muertos no es un impedimento. "Que Franco esté muerto no impide aclarar los hechos. Una de las finalidades del proceso penal es aplicar la responsabilidad a través de una condena, pero no es la única. Hay otras, como el esclarecimiento de unos hechos y el derecho a la verdad y la reparación a las víctimas. Se trata de hacer una instrucción dedicada a las víctimas".
Desaparición de pruebas
La juez establece un modelo de instrucción con las siguientes fases: elaboración de fichas ante mortem de las víctimas, recabando toda la información sobre los desaparecidos en archivos públicos o privados; identificación y toma de declaración a testigos; creación de un informe sobre las víctimas y las fosas, y exhumación.
El protocolo advierte de las dificultades de este tipo de investigaciones, como el avanzado estado de descomposición de los restos que borra "pruebas colaterales" como la forma de las heridas, las huellas en el lugar de los hechos... y recomienda un equipo multidisciplinar de médicos y patólogos forenses, criminólogos e historiadores para asegurar un buen estudio histórico de bases documentales, la recogida de testimonios, la recuperación de los restos y su estudio antropológico.
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jueves, 20 de noviembre de 2008
Marcos Ana: "El fenómeno de la memoria histórica ya no hay quien lo pare".
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El preso que más años pasó en cárceles franquistas aboga por "acabar con el silencio de las cunetas"
Marcos Ana: "El fenómeno de la memoria histórica ya no hay quien lo pare"
V.V.
“Decidme cómo es un árbol”, se preguntaba Fernando Macarro, más conocido como Marcos Ana (en la foto), en el primer verso de un poema que escribió desde la cárcel, después de 22 años de presidio. Aún le faltaba uno más para abandonar la prisión: es la persona que más tiempo seguido pasó encerrado por el régimen franquista y ahora, a sus 88 años, ha utilizado el verso para dar título a un libro que Pedro Almodóvar llevará al cine. El poeta salmantino asegura que “una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones”, y apuesta por “acabar con el silencio de las cunetas”.
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Unos días antes de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiera de la causa iniciada por él para investigar los crímenes del franquismo, el poeta Marcos Ana (seudónimo formado con el nombre de sus padres) aseguraba que el magistrado “ha recogido un sentimiento general que hay en buena parte de la sociedad y trata de demostrar que hubo un genocidio”, a pesar de las dificultades que ello conlleva. El escritor sabe de lo que habla: entró en la cárcel en 1936, con 19 años, y salió de ella 23 años después, convirtiéndose en la persona que más tiempo pasó en cárceles franquistas.
"La amnesia política no es buena"
Sin embargo, no guarda rencor: Ana define aquellos años como “una de las épocas más hermosas” de su vida, gracias a la solidaridad con los compañeros y la lucha por unos ideales comunes, según publicó El Mundo. No obstante, eso sí, pide memoria. Sin ansía de venganza “como quiere hacer ver la extrema derecha”, pero sí apostando por la justicia. “La amnesia política no es buena”, argumenta, e insiste en que “una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones”.
Escribir la historia "en mayúsculas"
Actualmente se encuentra inmerso en la promoción de su libro de poemas Decidme cómo es un árbol, del que asegura que “la acogida está siendo increíble”. Sus poemas empezaron a escribirse en la década de los 50, después de leer a Alberti y a Neruda, y son también una “página de la historia” de la dictadura, que él considera que se debe escribir “en mayúscula para que no se vuelva a repetir”.
Justicia frente a venganzaEn este sentido, Ana asegura que “el fenómeno de la memoria ya no hay quien lo pare”, aunque insiste en que “la venganza es inadmisible; la justicia, necesaria”. Y, en su opinión, esa justicia no consiste en equiparar los abusos del bando franquista y del republicano: “Al principio, en los dos bandos se cometieron actos descontrolados, pero acabada la guerra hubo una auténtica política de genocidio. Estuvieron cuarenta años matando”, matizó.
Diferencias en los bandosEn este sentido, recordó los documentos encontrados en los que generales franquistas como Queipo de Llano facultaban a los suyos para matar masivamente a quienes no compartiesen sus ideas. “Yo invito a los investigadores a que encuentren una frase de un dirigente de la República en al que se incitara a la masacre. No hay ni una”, argumentó.
Ley "insuficiente a todas luces"
Sobre la Ley de Memoria Histórica, el poeta aseguró que es “necesaria” aunque “insuficiente a todas luces”, ya que los represaliados necesitarían “que se anulen las condenas de los tribunales franquistas”. “Es algo que se ha hecho en Alemania, Italia y Portugal”, sostuvo. Además, añadió que “ahora ha llegado el momento de que pública e institucionalmente se reconozca” la lucha “por la libertad” de los condenados por el franquismo, y exigió que se acabe “con el silencio de las cunetas”.
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"La amnesia política no es buena"
Sin embargo, no guarda rencor: Ana define aquellos años como “una de las épocas más hermosas” de su vida, gracias a la solidaridad con los compañeros y la lucha por unos ideales comunes, según publicó El Mundo. No obstante, eso sí, pide memoria. Sin ansía de venganza “como quiere hacer ver la extrema derecha”, pero sí apostando por la justicia. “La amnesia política no es buena”, argumenta, e insiste en que “una buena memoria histórica es la mejor vacuna para las nuevas generaciones”.
Escribir la historia "en mayúsculas"
Actualmente se encuentra inmerso en la promoción de su libro de poemas Decidme cómo es un árbol, del que asegura que “la acogida está siendo increíble”. Sus poemas empezaron a escribirse en la década de los 50, después de leer a Alberti y a Neruda, y son también una “página de la historia” de la dictadura, que él considera que se debe escribir “en mayúscula para que no se vuelva a repetir”.
Justicia frente a venganzaEn este sentido, Ana asegura que “el fenómeno de la memoria ya no hay quien lo pare”, aunque insiste en que “la venganza es inadmisible; la justicia, necesaria”. Y, en su opinión, esa justicia no consiste en equiparar los abusos del bando franquista y del republicano: “Al principio, en los dos bandos se cometieron actos descontrolados, pero acabada la guerra hubo una auténtica política de genocidio. Estuvieron cuarenta años matando”, matizó.
Diferencias en los bandosEn este sentido, recordó los documentos encontrados en los que generales franquistas como Queipo de Llano facultaban a los suyos para matar masivamente a quienes no compartiesen sus ideas. “Yo invito a los investigadores a que encuentren una frase de un dirigente de la República en al que se incitara a la masacre. No hay ni una”, argumentó.
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