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Garzón ordena abrir la fosa de García Lorca
El juez atiende así la demanda de los familiares de dos represaliados que fueron enterrados junto al poeta granadino
SERVIMEDIA - Madrid - 24/10/2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha autorizado la apertura de la fosa común que supuestamente alberga los restos del poeta Federico García Lorca, una decisión adoptada en el marco de la investigación que el magistrado está llevando a cabo sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
A través de un exhorto enviado al Decanato de Granada, el magistrado ordena el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa común que se encuentra en un lugar ubicado entre las localidades granadinas de Víznar y Alfacar.
El magistrado accedió a la apertura de la fosa en base a la demanda de los familiares del banderillero Francisco Galadí Melgar y del maestro republicano Dióscoro Galindo, cuyos cuerpos fueron supuestamente enterrados junto al del poeta tras ser fusilados por militares sublevados.
La supervisión de las labores de apertura de la fosa han recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada, que deberá comunicar al juzgado de Garzón la fecha de la exhumación y, en su caso, de levantamiento de cadáver y traslado de restos.
Además, deberá trabajar de forma coordinada con el grupo de expertos y el equipo de Policía Judicial creado por Garzón para llevar a cabo la apertura de las 19 fosas comunes que autorizó al declararse competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.
Tras presentar la demanda ante la Audiencia Nacional el pasado 12 de septiembre, la nieta de Dióscoro Galindo, Nieves García, aseguró que hasta el momento había "primado más el silencio de la familia de García Lorca" que la voluntad de los familiares de los otras tres personas que, se supone, están enterrados junto a él, pero aseguró que "a partir de ahora tendrá que ser al revés".
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"¡Llevo 10 años esperando este momento!"
viernes, 24 de octubre de 2008
CiU pide 1.000 millones para exhumación de fosas y 2.000 para subvencionar las fundaciones de los partidos
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PGE.- CiU pide 1.000 millones para exhumación de fosas y 2.000 ...
CiU pide 1.000 millones para exhumación de fosas y 2.000 para subvencionar las fundaciones de los partidos
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El Gobierno ultima ocho normas sobre la Ley de Memoria entre ellas el mapa de fosas y el procedimiento para exhumaciones (01/10/2008)
Feijóo lamenta que Touriño no negociara los presupuestos con el PP pero dialogará en el Parlamento para "reducir gastos" (19/10/2008)
Ley Memoria.-Ampliado en el Senado el plazo de enmiendas pedido por el PP y elegida la ponencia que revisará el proyecto (20/11/2007)
Gobierno y PSOE multiplican sus apariciones públicas en la última semana del curso parlamentario (21/06/2008)
MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de CiU en el Congreso ha registrado sendas enmiendas al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009 en las que reclaman que se destinen 1.000 millones de euros a la exhumación de restos de las fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo, y otros 2.000 millones para repartir entre las fundaciones de los partidos políticos.
Estas son dos de las alrededor de 700 enmiendas al articulado registradas por los nacionalistas catalanes y afectan, respectivamente, a los presupuestos de los Ministerios de Justicia y al de Interior.
Concretamente, la partida que quieren que se dedique a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica para facilitar que sigan trabajando en las exhumaciones, supondría un incremento de 1.000 millones en el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.
Los 2.000 millones para las fundaciones políticas afectan al ministerio al frente del cual está Alfredo Pérez Rubalcaba. CiU argumenta que estas fundaciones son "una de las bases para el buen funcionamiento de la democracia" y considera "inexplicable" que los Presupuestos estatales no contemplen subvenciones para las mismas.
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Concretamente, la partida que quieren que se dedique a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica para facilitar que sigan trabajando en las exhumaciones, supondría un incremento de 1.000 millones en el departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo.
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Parres pide revelar el nombre de todos los desaparecidos durante el franquismo
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Parres pide revelar el nombre de todos los desaparecidos durante ...
La Nueva España
Parres pide revelar el nombre de todos los desaparecidos durante el franquismo
El Ayuntamiento colabora con el colectivo Todos los Nombres en la tarea de identificar a los represaliados
Arriondas (Parres), Bárbara MORÁN
El Ayuntamiento de Parres ha decidido contribuir a la esencia de la ley de la Memoria Histórica, que plantea la averiguación de las identidades de todos los republicanos desaparecidos durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista. El Consistorio, gobernado por PSOE e IU, ha decidido contribuir a la iniciativa del colectivo Todos los Nombres, facilitando a los parragueses la posibilidad de reclamar la desaparición de los familiares fallecidos durante la Guerra Civil y la etapa franquista en la Administración parraguesa.
El Ayuntamiento ofrece desde ayer a todos los vecinos las fichas de desaparición facilitadas por la asociación Todos los Nombres, necesarias para hacer el recuento y una posible localización de los fallecidos en las fosas comunes repartidas por la región. Los parragueses interesados en localizar a algún familiar o amigo sólo tienen que acercarse al Ayuntamiento, recoger la ficha y rellenar todos los datos que en ella se piden.
«La asociación Todos los Nombres nos ha pedido colaboración y hemos decidido prestársela con el fin de que los parragueses republicanos fusilados o desaparecidos durante esta etapa puedan recogerse en el fichero y localizarse en las fosas comunes, así que desde aquí animo a todos los vecinos que tengan familiares en esta situación a que se acerquen al Consistorio a rellenar las fichas», subrayó, ayer, Marcos Gutiérrez, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Parres. Estos formularios serán después entregados al colectivo para que se introduzcan en la base de datos de los represaliados por el franquismo que intenta elaborar Todos los Nombres.
Ésta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Parres muestra su compromiso con las causas que defiende la ley de la Memoria Histórica. El pasado día 3 de octubre, en sesión plenaria, el gobierno parragués aprobó una moción en la que pide que la ley de la Memoria Histórica no se quede en palabras. PSOE e IU apostaron por que «se valore de una vez a las personas que desaparecieron durante la Guerra Civil, es una causa justa y a la que contribuiremos con esta colaboración con el colectivo Todos los Nombres, con el fin de dar la posibilidad a nuestros vecinos de poder recuperar a un ser querido que actualmente ni saben dónde yace su cuerpo, además existe un agravio comparativo respecto al bando nacional, que siempre fueron más valorados», defendió Gutiérrez.
A partir de ahora, todos los parragueses con familiares fallecidos durante el conflicto civil español y en la etapa franquista sólo han de acercarse al Consistorio para rellenar una ficha con sus datos, con el fin de contribuir a su localización. En esta ficha los solicitantes deberán escribir sus datos personales, los datos del familiar o amigo desaparecido que se solicitan, su fecha aproximada de desaparición, causas del fallecimiento -como fusilamiento o en combate- y todos los datos que se requieren, con el fin de lograr con éxito la localización de los desaparecidos o fusilados a raíz del golpe de Estado de 1936.
En Parres hay constancia de tres fosas comunes. Una está localizada en el alto de El Fitu y fue señalizada hace unos años con un monolito que rinde homenaje a los 32 republicanos asesinados en 1937 en este emblemático paraje y que yacen en una fosa común cercana. Además, también existen fosas comunes en las localidades parraguesas de Arenas de Parres y en Sobrepiedra, aunque ambas están sin señalizar, según relató el edil responsable de Cultura en Parres.
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«Memoria Histórica Asturiana» impulsa un monumento en Langreo
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«La asociación Todos los Nombres nos ha pedido colaboración y hemos decidido prestársela con el fin de que los parragueses republicanos fusilados o desaparecidos durante esta etapa puedan recogerse en el fichero y localizarse en las fosas comunes, así que desde aquí animo a todos los vecinos que tengan familiares en esta situación a que se acerquen al Consistorio a rellenar las fichas», subrayó, ayer, Marcos Gutiérrez, concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Parres. Estos formularios serán después entregados al colectivo para que se introduzcan en la base de datos de los represaliados por el franquismo que intenta elaborar Todos los Nombres.
Ésta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Parres muestra su compromiso con las causas que defiende la ley de la Memoria Histórica. El pasado día 3 de octubre, en sesión plenaria, el gobierno parragués aprobó una moción en la que pide que la ley de la Memoria Histórica no se quede en palabras. PSOE e IU apostaron por que «se valore de una vez a las personas que desaparecieron durante la Guerra Civil, es una causa justa y a la que contribuiremos con esta colaboración con el colectivo Todos los Nombres, con el fin de dar la posibilidad a nuestros vecinos de poder recuperar a un ser querido que actualmente ni saben dónde yace su cuerpo, además existe un agravio comparativo respecto al bando nacional, que siempre fueron más valorados», defendió Gutiérrez.
A partir de ahora, todos los parragueses con familiares fallecidos durante el conflicto civil español y en la etapa franquista sólo han de acercarse al Consistorio para rellenar una ficha con sus datos, con el fin de contribuir a su localización. En esta ficha los solicitantes deberán escribir sus datos personales, los datos del familiar o amigo desaparecido que se solicitan, su fecha aproximada de desaparición, causas del fallecimiento -como fusilamiento o en combate- y todos los datos que se requieren, con el fin de lograr con éxito la localización de los desaparecidos o fusilados a raíz del golpe de Estado de 1936.
En Parres hay constancia de tres fosas comunes. Una está localizada en el alto de El Fitu y fue señalizada hace unos años con un monolito que rinde homenaje a los 32 republicanos asesinados en 1937 en este emblemático paraje y que yacen en una fosa común cercana. Además, también existen fosas comunes en las localidades parraguesas de Arenas de Parres y en Sobrepiedra, aunque ambas están sin señalizar, según relató el edil responsable de Cultura en Parres.
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Distintas asociaciones se manifestarán mañana frente a Justicia por "su pasiva actitud" sobre las fosas comunes
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Distintas asociaciones se manifestarán mañana frente a Justicia ...
Distintas asociaciones se manifestarán mañana frente a Justicia por "su pasiva actitud" sobre las fosas comunes
viernes, 24/10/2008 17:52
Distintas asociaciones andaluzas por la recuperación de la Memoria Histórica se manifestarán mañana frente a la sede de la Consejería de Justicia y Administración Pública para mostrar su rechazo a lo que consideran una "actitud pasiva" de la Administración sobre las fosas comunes del franquismo.
Distintas asociaciones andaluzas por la recuperación de la Memoria Histórica se manifestarán mañana frente a la sede de la Consejería de Justicia y Administración Pública, sita en la plaza de la Gavidia de la capital hispalense, para mostrar su rechazo a lo que los convocantes consideran una "actitud pasiva" de la Administración sobre las fosas comunes del franquismo.
En este sentido, la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía (Camha) criticaron que la "inexistente falta de voluntad y compromiso político" de la Junta "para asumir la responsabilidad que le adjudica la Ley de Memoria Histórica en su apartado 13 del artículo 2: Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las victimas referidas en el apartado 1 del articulo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas comunes correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar".
La coordinadora explica que la Junta comenzó "jactándose de ser pionera en nuestro país en la adopción de medidas tendentes a devolver la dignidad, la reparación y la justicia a las victimas del franquismo", si bien "no ha hecho hasta el momento actual otra cosa que ralentizar y paralizar los proyectos".
"La Administración tiene que asumir la responsabilidad de la búsqueda de las personas desaparecidas y asesinadas, así como la exhumación de las fosas comunes donde yacen los cuerpos de miles de personas fusiladas por el franquismo", prosiguió la coordinadora, que añadió que la Junta "sigue sin querer saber nada de nuestras reivindicaciones".
"Nos piden tiempo, más tiempo a personas que llevan toda la vida esperando. Nos piden paciencia, paciencia a personas que han sido todo un ejemplo de tolerancia y respeto", concluyó la Camha.
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Distintas asociaciones se manifestarán mañana frente a Justicia ...
Distintas asociaciones se manifestarán mañana frente a Justicia por "su pasiva actitud" sobre las fosas comunes
viernes, 24/10/2008 17:52
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En este sentido, la Coordinadora de Asociaciones de Memoria Histórica de Andalucía (Camha) criticaron que la "inexistente falta de voluntad y compromiso político" de la Junta "para asumir la responsabilidad que le adjudica la Ley de Memoria Histórica en su apartado 13 del artículo 2: Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las victimas referidas en el apartado 1 del articulo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas comunes correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar".
La coordinadora explica que la Junta comenzó "jactándose de ser pionera en nuestro país en la adopción de medidas tendentes a devolver la dignidad, la reparación y la justicia a las victimas del franquismo", si bien "no ha hecho hasta el momento actual otra cosa que ralentizar y paralizar los proyectos".
"La Administración tiene que asumir la responsabilidad de la búsqueda de las personas desaparecidas y asesinadas, así como la exhumación de las fosas comunes donde yacen los cuerpos de miles de personas fusiladas por el franquismo", prosiguió la coordinadora, que añadió que la Junta "sigue sin querer saber nada de nuestras reivindicaciones".
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La ARMH lamenta que la Audiencia Nacional pretenda "desactivar" el proceso abierto por Garzón
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El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías, lamentó hoy que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, pretenda "desactivar" el proceso emprendido por el juez Garzón contra los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.
Al respecto, Macías enmendó a Zaragoza y rechazó que estos crímenes quedasen amnistiados con la Ley de 1977, cuando, a su entender, "España era una dictadura todavía". "La Ley de Amnistía fue diseñada y puesta en vigor por las autoridades franquistas, aunque el dictador ya hubiera muerto", resaltó.
Otro aspecto que censuró por "cuando menos paradójico" es que se califiquen estos "crímenes" de "delitos comunes". "Un delito que se lleva por delante entre diez y quince personas todos los días en cada zona de España, con miles de asesinatos, no puede entrar en la catalogación de delitos comunes", razonó.
En esta línea, mantuvo que lo que está en cuestión no es "un delito común que no va contra nadie en especial sino de un crimen político y planificado contra una determinada ideología y una forma de pensar". "Eso está catalogado en todas las leyes internacionales como un crimen de lesa humanidad y por tanto ni prescribe, ni se amnistía nunca", proclamó y, para defender esto, no descartó la posibilidad de que la ARMH se manifieste.
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Otro aspecto que censuró por "cuando menos paradójico" es que se califiquen estos "crímenes" de "delitos comunes". "Un delito que se lleva por delante entre diez y quince personas todos los días en cada zona de España, con miles de asesinatos, no puede entrar en la catalogación de delitos comunes", razonó.
En esta línea, mantuvo que lo que está en cuestión no es "un delito común que no va contra nadie en especial sino de un crimen político y planificado contra una determinada ideología y una forma de pensar". "Eso está catalogado en todas las leyes internacionales como un crimen de lesa humanidad y por tanto ni prescribe, ni se amnistía nunca", proclamó y, para defender esto, no descartó la posibilidad de que la ARMH se manifieste.
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NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA.-
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NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA.-
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA
NOTA DE PRENSA
CAMHA, desea hacer llegar a la opinión pública, la situación y la problemática existente actualmente en la comunidad autónoma de Andalucía, en relación a la búsqueda, localización y exhumación de las personas “desaparecidas” y asesinadas, como consecuencia del golpe de estado del año 1936.
Problemática esta derivada totalmente de la completa e inexistente falta de voluntad y compromiso político de la Junta de Andalucía, para asumir la responsabilidad que le adjudica la reciente Ley de Memoria Histórica en su apartado 13. Artículo 2:
“Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las victimas referidas en el apartado del articulo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas comunes correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar”.
Este posicionamiento, incomprensible para una comunidad, que comenzó jactándose de ser pionera en nuestro país en la adopción de medidas tendentes a devolver la dignidad , la reparación y la justicia a las victimas del franquismo, no ha hecho hasta el momento actual otra cosa sino ralentizar y paralizar los proyectos, eso sí, “pendientes” y “apalabrados” de exhumación, con el compromiso de su intervención, desde hace ya demasiado tiempo.
Ante esta situación nos encontramos con que esa voluntad de participación e intervención no llega ha hacerse realidad dilatando en el tiempo propuestas inexistentes de puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces en el marco de la Ley, que complementen la reparación, devuelvan la dignidad y hagan justicia de una vez por todas con las victimas de la Guerra Civil y del franquismo en nuestra comunidad autonómica.
La administración, la Junta de Andalucía, entendemos, tiene que asumir la responsabilidad de la búsqueda de las personas desaparecidas y asesinadas, así como la exhumación de las fosas comunes donde yacen los cuerpos de miles de personas fusiladas por el franquismo. Es responsabilidad, del Estado español, de su gobierno, de la Junta, la cual a nuestro juicio entendemos debe de asumir plenamente cuanto se derive de esta tarea.
A pesar de todo, es un hecho constatado, que la administración andaluza sigue sin querer saber nada de nuestras reivindicaciones y tan es así, que analizando detenidamente lo realizado en los últimos años, podemos rotundamente afirmar que prácticamente la totalidad de los proyectos de localización, señalización y exhumación de fosas se han visto dilatados, en el tiempo e inconclusos. Eso sí, seguimos cosechando de la administración un elevado cúmulo de buenas intenciones a pesar de las cuales nuestros proyectos siguen sin ejecutarse, esperando y esperando una solución burocrática que no llega.
En Andalucía hay 610 fosas comunes y La Junta alerta de la complejidad y del coste de las exhumaciones y nos pide tiempo.
A estas alturas, a nadie escapa que el problema para la Junta de Andalucía, solo es un problema económico y también político.
Nos piden tiempo. Mas tiempo a personas que llevan toda la vida esperando. Nos piden paciencia. Paciencia a personas que han sido todo un ejemplo de tolerancia y respeto.
Y a pesar de todo ese tiempo trascurrido y esa paciencia dolorosamente ofrecida, no hemos andado casi nada del camino. Un camino donde se han quedado las esperanzas de muchas familias de andaluces y andaluzas de poder por fin saber donde se encuentran sus seres queridos, de recuperar sus cuerpos y de hacer justicia ante la impunidad de tantos crímenes contra la humanidad cometidos durante tanto … tiempo.
Sevilla, Octubre 2008
Asociaciones y colectivos que componen CAMHA:
- AMHyJA (Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía).
- AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba.)
- DIME (Asociación Dignidad y Memoria de Marchena, Sevilla)
- AMHyJA (Asociación Memoria Histórica y Justicia de Amonte, Huelva.)
- Todos los Nombres CGT, Sevilla.
- Colectivo de familiares de la Puebla de Cazalla, Sevilla.
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NOTA DE PRENSA DE LA COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA.-
COORDINADORA DE ASOCIACIONES DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA
NOTA DE PRENSA
CAMHA, desea hacer llegar a la opinión pública, la situación y la problemática existente actualmente en la comunidad autónoma de Andalucía, en relación a la búsqueda, localización y exhumación de las personas “desaparecidas” y asesinadas, como consecuencia del golpe de estado del año 1936.
Problemática esta derivada totalmente de la completa e inexistente falta de voluntad y compromiso político de la Junta de Andalucía, para asumir la responsabilidad que le adjudica la reciente Ley de Memoria Histórica en su apartado 13. Artículo 2:
“Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, establecerán el procedimiento y las condiciones en que los descendientes directos de las victimas referidas en el apartado del articulo 11, o las entidades que actúen en su nombre, puedan recuperar los restos enterrados en las fosas comunes correspondientes, para su identificación y eventual traslado a otro lugar”.
Este posicionamiento, incomprensible para una comunidad, que comenzó jactándose de ser pionera en nuestro país en la adopción de medidas tendentes a devolver la dignidad , la reparación y la justicia a las victimas del franquismo, no ha hecho hasta el momento actual otra cosa sino ralentizar y paralizar los proyectos, eso sí, “pendientes” y “apalabrados” de exhumación, con el compromiso de su intervención, desde hace ya demasiado tiempo.
Ante esta situación nos encontramos con que esa voluntad de participación e intervención no llega ha hacerse realidad dilatando en el tiempo propuestas inexistentes de puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces en el marco de la Ley, que complementen la reparación, devuelvan la dignidad y hagan justicia de una vez por todas con las victimas de la Guerra Civil y del franquismo en nuestra comunidad autonómica.
La administración, la Junta de Andalucía, entendemos, tiene que asumir la responsabilidad de la búsqueda de las personas desaparecidas y asesinadas, así como la exhumación de las fosas comunes donde yacen los cuerpos de miles de personas fusiladas por el franquismo. Es responsabilidad, del Estado español, de su gobierno, de la Junta, la cual a nuestro juicio entendemos debe de asumir plenamente cuanto se derive de esta tarea.
A pesar de todo, es un hecho constatado, que la administración andaluza sigue sin querer saber nada de nuestras reivindicaciones y tan es así, que analizando detenidamente lo realizado en los últimos años, podemos rotundamente afirmar que prácticamente la totalidad de los proyectos de localización, señalización y exhumación de fosas se han visto dilatados, en el tiempo e inconclusos. Eso sí, seguimos cosechando de la administración un elevado cúmulo de buenas intenciones a pesar de las cuales nuestros proyectos siguen sin ejecutarse, esperando y esperando una solución burocrática que no llega.
En Andalucía hay 610 fosas comunes y La Junta alerta de la complejidad y del coste de las exhumaciones y nos pide tiempo.
A estas alturas, a nadie escapa que el problema para la Junta de Andalucía, solo es un problema económico y también político.
Nos piden tiempo. Mas tiempo a personas que llevan toda la vida esperando. Nos piden paciencia. Paciencia a personas que han sido todo un ejemplo de tolerancia y respeto.
Y a pesar de todo ese tiempo trascurrido y esa paciencia dolorosamente ofrecida, no hemos andado casi nada del camino. Un camino donde se han quedado las esperanzas de muchas familias de andaluces y andaluzas de poder por fin saber donde se encuentran sus seres queridos, de recuperar sus cuerpos y de hacer justicia ante la impunidad de tantos crímenes contra la humanidad cometidos durante tanto … tiempo.
Sevilla, Octubre 2008
Asociaciones y colectivos que componen CAMHA:
- AMHyJA (Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía).
- AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Córdoba.)
- DIME (Asociación Dignidad y Memoria de Marchena, Sevilla)
- AMHyJA (Asociación Memoria Histórica y Justicia de Amonte, Huelva.)
- Todos los Nombres CGT, Sevilla.
- Colectivo de familiares de la Puebla de Cazalla, Sevilla.
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Contra el silencio, por la verdad juridica
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Contra el silencio, por la verdad juridica
Juan Antonio González Molina
Rebelión
El pasado día 16 el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Lo que en principio podía parecer algo aceptable y completamente lógico, pronto se tornó en algo inconcebible para la derecha de este país. Pusieron en marcha los mecanismos pertinentes y el lunes 20 de octubre, la fiscalía de la Audiencia Nacional, con su fiscal jefe, Javier Zaragoza, a la cabeza, presentaba un recurso de 41 páginas contra la decisión de Garzón. La disputa abierta entre Garzón y Zaragoza va más allá del ámbito puramente jurídico. La derecha trata de parar lo que puede ser el inicio de un proceso que bien pudiera acabar salpicando a aquellos dirigentes que fundaron Alianza Popular y de los cuales son descendientes directos los actuales miembros del Partido Popular. Si se acepta investigar la post-guerra y declarar al franquismo como un régimen criminal, quien asegura que no se extiendan las denuncias a las torturas, detenciones y humillaciones posteriores a los 50, a las últimas ejecuciones del régimen, las detenciones y represión del tardofranquismo, e incluso a las víctimas de la transición. En estos casos, los responsables siguen vivos, y todos sabemos quienes son, ¿verdad señor Zaragoza?
Las cifras de represaliados, detenidos y asesinados por el régimen franquista entre 1936 y 1951 no están del todo claras. Para la asociación de Ex presos Antifranquistas fueron más de 50.000 personas las que se dejaron la vida en su lucha por la justicia y la democracia. Algunos historiadores como Mirta Núñez(1) elevan la cifra a unas 125.000 personas.
Como ejemplo claro y conciso de la masacre desatada por las hordas franquistas en su cruzada Antirrepublicana se pueden señalar los datos aportados por el estudio de Francisco Espinosa (2) sobre la fosa del cementerio de San Fernando en Sevilla, que arroja la escalofriante cifra de 3.240 cadáveres para el periodo que va de Julio de 1936 a septiembre de 1938.
Por su parte Jose María García Márquez (3) tras un pormenorizado estudio entre archivos municipales de la provincia y ateniéndose solo a datos oficiales de la Delegación de Orden Público de Sevilla, el archivo de la antigua Auditoria de Guerra y del Archivo Histórico Nacional nos muestra unas cifras brutales para la provincia de Sevilla al completo entre esas mismas fechas: 7.963 fusilados; 2.157 desaparecidos; 10.119 detenidos; 21.816 huidos; 487 asesinados “por rojos”; 1.154 sancionados; y 27 desterrados.
Valgan estos números simplemente para avalar lo terrible e inhumana que fue la represión franquista. Pero a la frialdad de los números hay que añadir la abundancia de fuentes en las que se constata que tras la toma de las ciudades y pueblos, las tropas nacionales aplicaban con frecuencia prácticas y tratos crueles, degradantes e inhumanos contra civiles, incluyendo la violación y abusos de índole sexual contra mujeres. La exposición y escarnio público de mujeres y niñas con los cabellos trasquilados, hacer beber aceite de ricino a los detenidos, ocultar a los familiares su paradero, o abusar y obtener de éstos cualquier beneficio a cambio de información sobre sus seres queridos, son hechos narrados de modo constante en numerosos pueblos de España cuando los investigadores se acercan a los supervivientes de la masacre como constatan diversos informes realizados en los últimos años por Amnistía Internacional y otras muchas asociaciones surgidas al amparo del deseo de recuperar la memoria histórica de las victimas de la guerra civil española y del franquismo.
Así mismo, habría que hacer mención de las muchísimas personas que fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas, sometidas a juicios sumarios, sin garantías procesales, ante tribunales militares o especiales, y encarceladas en condiciones indignas. Y recordar a los otros muchos que fueron condenados a trabajos forzosos, vieron como sus bienes eran confiscados o fueron retenidos en campos de concentración o prisiones clandestinas o ilegales. Por no hablar de todas aquellas personas que se vieron obligadas a exiliarse en otros países europeos y americanos con la consiguiente pérdida de sus derechos y de sus familias o los numerosos niños y niñas que sufrieron la separación de sus familias en el marco de la huida y evacuación, mientras un número indeterminado de menores pasaron a manos de instituciones religiosas y familias sin que pudieran contar con canales para recuperar su identidad y filiación familiar con los represaliados.
Yo no soy muy ducho en cuestiones legales, es más, no entiendo de asuntos jurídicos lo más mínimo, pero el sentido común me dicta que todas estas cuestiones y lo abrumador de los números que empiezan a aflorar de los numerosos estudios surgidos en los últimos tiempos al calor de la Ley de la Memoria Histórica, bien pueden recibir la denominación de “Crímenes contra la humanidad”, y me parece vergonzante y de un cinismo absoluto calificarlos como “delitos comunes”, por más que el señor Zaragoza se agarre a todos los axiomas legales que quiera para hacerlo.
El Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 establece en su artículo 6 la definición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la Humanidad para que precisamente se apliquen éstos conceptos no solo a delitos futuros, sino también a delitos ya cometidos que hasta entonces no habían sido tipificados penalmente por lo especial y horrendo de sus rasgos. El mencionado artículo dice lo siguiente:
“Los siguientes actos, a cualquiera de ellos, constituyen crímenes que recaen bajo la competencia del Tribunal y que darán lugar a responsabilidad individual:
* CRÍMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificación, la preparación, el inicio o la conducción de una guerra de agresión o una guerra que supone la violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bien la participación en un plan común o en una conspiración cuyo objetivo es la ejecución de cualquiera de los actos precedentes.
* CRÍMENES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados contra la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o los malos tratos perpetrados contra prisioneros de guerra o personas en alta mar, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o la devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones queden limitadas a los actos enumerados.
* CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.
Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución de tal plan.”
Como he mencionado con anterioridad no soy jurista, ni si quiera me considero acreditado para entender los “dimes y diretes” jurídicos en los que se han enzarzado Garzón y el fiscal Zaragoza, pero teniendo en cuenta la definición legal que de estos crímenes hace el Estatuto de Nuremberg, me parece a mí, que bien podrían ser declarados como crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad muchos de los actos violentos que padecieron los vencidos durante la guerra, la postguerra e incluso el tardofranquismo en España.
Cierto es que cuando muchos de estos actos fueron cometidos no se había establecido la definición legal de crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, pero eso no es óbice para que se aplique la legalidad vigente en la actualidad y se condene a los responsables de estos delitos tan graves. En Argentina, Chile o Uruguay se han sancionado por crímenes contra la humanidad a algunos de los represores de las dictaduras que asolaron estos países latinoamericanos en los años 70 y 80. A pesar del blindaje judicial que se garantizaron los represores con mecanismos legales como las “leyes de Punto Final”, la justicia Internacional acabó imponiéndose. Lo cual indica que hay fórmulas legales para hacerlo.
No es que la Audiencia Nacional o Garzón me generen mucha simpatía y confianza, pero por encima de ellos están todos aquellos que han presentado las denuncias, los que han solicitado la exhumación de los cuerpos enterrados en las fosas comunes para poder enterrar dignamente a sus familiares, en definitiva, los familiares de todas las personas que sufrieron la durísima represión franquista. El resultado de las investigaciones judiciales, y las condenas que de ellas emanen si llegan a producirse no van a cambiar el resultado de una guerra injusta, ni van a devolver la vida a aquellos a los que se la robaron vilmente los esbirros del régimen; no van a eliminar el inmenso dolor que han sufrido y sufren los familiares de desaparecidos; Y tampoco, van a borrar los duros años de miedo, injusticias y humillación de los vencidos y todos sus allegados, familiares o amigos.
Lo que supone el proceso abierto por Garzón es la posibilidad de darle al fin voz a los que han sido silenciados durante más de cinco décadas por el temor, el miedo y la represión sistemática, supone como leí hace unos días en un artículo periodístico “sentar a la memoria en el banquillo”, acabar con el olvido y el silencio impuestos en nombre de la transición por los herederos “democráticos” del Caudillo. El proceso que acaba de abrirse no pretende otra cosa que mostrarle a este país la verdad jurídica de lo que sucedió durante los primeros años de la guerra y la posterior Dictadura del General Franco, acabar de una vez por todas con la hipocresía de aquellos que aun se niegan a condenar el régimen públicamente mostrando las pruebas físicas y documentales que han permanecido ocultas durante todo este tiempo y que son la huella indeleble e irrefutable de la barbarie que se cometió en España durante la etapa más gris y siniestra de su historia contemporánea. Pretende simple y llanamente devolverles la dignidad y homenajear a todos los represaliados por el régimen, hombres y mujeres que encontraron la muerte por defender ideales tan hermosos como la libertad, la justicia o la democracia.
Notas
(1) Nuñez Díaz-Balart, Mirta. “Los años del Terror: La estrategia del dominio y represión del General Franco” .
(2) Espinosa Maestre, Francisco. “Sevilla 36, sublevación fascista y represion”. Sevilla: Muñoz Moya y MontravetaEditores.
(3) Jose María García Marquez. “La represión Franquista en la Provincia de Sevilla, el estado de la Cuestión. Sevilla 2004.
http://www.raco.cat/index.php/Ebre/article/viewFile/39912/39931
Juan Antonio González Molina es licenciado en historia por la Universidad de Sevilla.
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Contra el silencio, por la verdad juridica
Juan Antonio González Molina
Rebelión
El pasado día 16 el juez Garzón se declaró competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. Lo que en principio podía parecer algo aceptable y completamente lógico, pronto se tornó en algo inconcebible para la derecha de este país. Pusieron en marcha los mecanismos pertinentes y el lunes 20 de octubre, la fiscalía de la Audiencia Nacional, con su fiscal jefe, Javier Zaragoza, a la cabeza, presentaba un recurso de 41 páginas contra la decisión de Garzón. La disputa abierta entre Garzón y Zaragoza va más allá del ámbito puramente jurídico. La derecha trata de parar lo que puede ser el inicio de un proceso que bien pudiera acabar salpicando a aquellos dirigentes que fundaron Alianza Popular y de los cuales son descendientes directos los actuales miembros del Partido Popular. Si se acepta investigar la post-guerra y declarar al franquismo como un régimen criminal, quien asegura que no se extiendan las denuncias a las torturas, detenciones y humillaciones posteriores a los 50, a las últimas ejecuciones del régimen, las detenciones y represión del tardofranquismo, e incluso a las víctimas de la transición. En estos casos, los responsables siguen vivos, y todos sabemos quienes son, ¿verdad señor Zaragoza?
Las cifras de represaliados, detenidos y asesinados por el régimen franquista entre 1936 y 1951 no están del todo claras. Para la asociación de Ex presos Antifranquistas fueron más de 50.000 personas las que se dejaron la vida en su lucha por la justicia y la democracia. Algunos historiadores como Mirta Núñez(1) elevan la cifra a unas 125.000 personas.
Como ejemplo claro y conciso de la masacre desatada por las hordas franquistas en su cruzada Antirrepublicana se pueden señalar los datos aportados por el estudio de Francisco Espinosa (2) sobre la fosa del cementerio de San Fernando en Sevilla, que arroja la escalofriante cifra de 3.240 cadáveres para el periodo que va de Julio de 1936 a septiembre de 1938.
Por su parte Jose María García Márquez (3) tras un pormenorizado estudio entre archivos municipales de la provincia y ateniéndose solo a datos oficiales de la Delegación de Orden Público de Sevilla, el archivo de la antigua Auditoria de Guerra y del Archivo Histórico Nacional nos muestra unas cifras brutales para la provincia de Sevilla al completo entre esas mismas fechas: 7.963 fusilados; 2.157 desaparecidos; 10.119 detenidos; 21.816 huidos; 487 asesinados “por rojos”; 1.154 sancionados; y 27 desterrados.
Valgan estos números simplemente para avalar lo terrible e inhumana que fue la represión franquista. Pero a la frialdad de los números hay que añadir la abundancia de fuentes en las que se constata que tras la toma de las ciudades y pueblos, las tropas nacionales aplicaban con frecuencia prácticas y tratos crueles, degradantes e inhumanos contra civiles, incluyendo la violación y abusos de índole sexual contra mujeres. La exposición y escarnio público de mujeres y niñas con los cabellos trasquilados, hacer beber aceite de ricino a los detenidos, ocultar a los familiares su paradero, o abusar y obtener de éstos cualquier beneficio a cambio de información sobre sus seres queridos, son hechos narrados de modo constante en numerosos pueblos de España cuando los investigadores se acercan a los supervivientes de la masacre como constatan diversos informes realizados en los últimos años por Amnistía Internacional y otras muchas asociaciones surgidas al amparo del deseo de recuperar la memoria histórica de las victimas de la guerra civil española y del franquismo.
Así mismo, habría que hacer mención de las muchísimas personas que fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas, sometidas a juicios sumarios, sin garantías procesales, ante tribunales militares o especiales, y encarceladas en condiciones indignas. Y recordar a los otros muchos que fueron condenados a trabajos forzosos, vieron como sus bienes eran confiscados o fueron retenidos en campos de concentración o prisiones clandestinas o ilegales. Por no hablar de todas aquellas personas que se vieron obligadas a exiliarse en otros países europeos y americanos con la consiguiente pérdida de sus derechos y de sus familias o los numerosos niños y niñas que sufrieron la separación de sus familias en el marco de la huida y evacuación, mientras un número indeterminado de menores pasaron a manos de instituciones religiosas y familias sin que pudieran contar con canales para recuperar su identidad y filiación familiar con los represaliados.
Yo no soy muy ducho en cuestiones legales, es más, no entiendo de asuntos jurídicos lo más mínimo, pero el sentido común me dicta que todas estas cuestiones y lo abrumador de los números que empiezan a aflorar de los numerosos estudios surgidos en los últimos tiempos al calor de la Ley de la Memoria Histórica, bien pueden recibir la denominación de “Crímenes contra la humanidad”, y me parece vergonzante y de un cinismo absoluto calificarlos como “delitos comunes”, por más que el señor Zaragoza se agarre a todos los axiomas legales que quiera para hacerlo.
El Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 8 de agosto de 1945 establece en su artículo 6 la definición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la Humanidad para que precisamente se apliquen éstos conceptos no solo a delitos futuros, sino también a delitos ya cometidos que hasta entonces no habían sido tipificados penalmente por lo especial y horrendo de sus rasgos. El mencionado artículo dice lo siguiente:
“Los siguientes actos, a cualquiera de ellos, constituyen crímenes que recaen bajo la competencia del Tribunal y que darán lugar a responsabilidad individual:
* CRÍMENES CONTRA LA PAZ: a saber, la planificación, la preparación, el inicio o la conducción de una guerra de agresión o una guerra que supone la violación de tratados, acuerdos o garantías internacionales, o bien la participación en un plan común o en una conspiración cuyo objetivo es la ejecución de cualquiera de los actos precedentes.
* CRÍMENES DE GUERRA: a saber, violaciones de las leyes o usos de la guerra. Tales violaciones comprenden el asesinato, los malos tratos o la deportación para realizar trabajos forzados, o para otros fines, perpetrados contra la población civil de un territorio ocupado o en dicho territorio, el asesinato o los malos tratos perpetrados contra prisioneros de guerra o personas en alta mar, la ejecución de rehenes, el robo de bienes públicos o privados, la destrucción arbitraria de ciudades, pueblos o aldeas, o la devastación no justificada por necesidades militares, sin que dichas violaciones queden limitadas a los actos enumerados.
* CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD: a saber, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.
Los dirigentes, organizadores, instigadores y cómplices participantes en la elaboración o en la ejecución de un plan común o de una conspiración para cometer cualquiera de los crímenes antedichos son responsables de todos los actos realizados por cualquier persona en ejecución de tal plan.”
Como he mencionado con anterioridad no soy jurista, ni si quiera me considero acreditado para entender los “dimes y diretes” jurídicos en los que se han enzarzado Garzón y el fiscal Zaragoza, pero teniendo en cuenta la definición legal que de estos crímenes hace el Estatuto de Nuremberg, me parece a mí, que bien podrían ser declarados como crímenes de guerra, contra la paz y contra la humanidad muchos de los actos violentos que padecieron los vencidos durante la guerra, la postguerra e incluso el tardofranquismo en España.
Cierto es que cuando muchos de estos actos fueron cometidos no se había establecido la definición legal de crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad, pero eso no es óbice para que se aplique la legalidad vigente en la actualidad y se condene a los responsables de estos delitos tan graves. En Argentina, Chile o Uruguay se han sancionado por crímenes contra la humanidad a algunos de los represores de las dictaduras que asolaron estos países latinoamericanos en los años 70 y 80. A pesar del blindaje judicial que se garantizaron los represores con mecanismos legales como las “leyes de Punto Final”, la justicia Internacional acabó imponiéndose. Lo cual indica que hay fórmulas legales para hacerlo.
No es que la Audiencia Nacional o Garzón me generen mucha simpatía y confianza, pero por encima de ellos están todos aquellos que han presentado las denuncias, los que han solicitado la exhumación de los cuerpos enterrados en las fosas comunes para poder enterrar dignamente a sus familiares, en definitiva, los familiares de todas las personas que sufrieron la durísima represión franquista. El resultado de las investigaciones judiciales, y las condenas que de ellas emanen si llegan a producirse no van a cambiar el resultado de una guerra injusta, ni van a devolver la vida a aquellos a los que se la robaron vilmente los esbirros del régimen; no van a eliminar el inmenso dolor que han sufrido y sufren los familiares de desaparecidos; Y tampoco, van a borrar los duros años de miedo, injusticias y humillación de los vencidos y todos sus allegados, familiares o amigos.
Lo que supone el proceso abierto por Garzón es la posibilidad de darle al fin voz a los que han sido silenciados durante más de cinco décadas por el temor, el miedo y la represión sistemática, supone como leí hace unos días en un artículo periodístico “sentar a la memoria en el banquillo”, acabar con el olvido y el silencio impuestos en nombre de la transición por los herederos “democráticos” del Caudillo. El proceso que acaba de abrirse no pretende otra cosa que mostrarle a este país la verdad jurídica de lo que sucedió durante los primeros años de la guerra y la posterior Dictadura del General Franco, acabar de una vez por todas con la hipocresía de aquellos que aun se niegan a condenar el régimen públicamente mostrando las pruebas físicas y documentales que han permanecido ocultas durante todo este tiempo y que son la huella indeleble e irrefutable de la barbarie que se cometió en España durante la etapa más gris y siniestra de su historia contemporánea. Pretende simple y llanamente devolverles la dignidad y homenajear a todos los represaliados por el régimen, hombres y mujeres que encontraron la muerte por defender ideales tan hermosos como la libertad, la justicia o la democracia.
Notas
(1) Nuñez Díaz-Balart, Mirta. “Los años del Terror: La estrategia del dominio y represión del General Franco” .
(2) Espinosa Maestre, Francisco. “Sevilla 36, sublevación fascista y represion”. Sevilla: Muñoz Moya y MontravetaEditores.
(3) Jose María García Marquez. “La represión Franquista en la Provincia de Sevilla, el estado de la Cuestión. Sevilla 2004.
http://www.raco.cat/index.php/Ebre/article/viewFile/39912/39931
Juan Antonio González Molina es licenciado en historia por la Universidad de Sevilla.
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El fiscal gana la primera batalla a Garzón
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El fiscal gana la primera batalla a Garzón
Ha conseguido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya empezado a deliberar sobre la competencia del juez para investigar los crímenes franquistas
Autor: Julio Á. Fariñas
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, ya ha entrado a tomar cartas en el asunto de la investigación de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo que está llevando a cabo el juez Baltasar Garzón con la oposición frontal de la Fiscalía. Su pronunciamiento no se conocerá hasta dentro de tres semanas.
El magistrado hizo público ayer un auto en que el se niega a admitir a trámite el recurso presentado por la Fiscalía ante su juzgado contra el suyo de hace una semana, en el que se declaraba competente para investigar esos crímenes.
Argumenta Garzón que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda en primera instancia a las objeciones del ministerio público respecto a esta investigación. Recuerda que las normas procesales son de carácter imperativo y cualquier acto contrario a estas es «nulo de pleno derecho», por lo que debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 5 el que resuelva en reforma antes de que el asunto llegue a la instancia superior, que es la Sala de lo Penal.
«Per saltum»
Garzón recuerda en su auto que el recurso de la Fiscalía fue presentado «per saltum» a la Sala de lo Penal el 20 de octubre, es decir, tres días después de la conversión del procedimiento de diligencias previas en sumario. Por ello concluye que el juez «se ve compelido, sin alternativa posible, a rechazar la petición del ministerio fiscal en la forma en que lo hace».
Casi al mismo tiempo, el fiscal Javier Zaragoza, cumpliendo una amenaza anunciada en su recurso, echaba mano del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -algo sin precedentes conocidos- y pedía formalmente a la sala que se pronunciase, a la mayor brevedad posible, sobre el fondo del recurso y «declare la nulidad de pleno derecho del auto de 16 de octubre y la incompetencia del órgano judicial por infracción manifiesta de las normas de competencia objetiva y funcional».
La petición surtió efecto y ayer mismo los 16 magistrados que conforman el pleno de la Sala de lo Penal comenzaron a estudiar la petición de la Fiscalía. Los magistrados han pedido informes a todos, incluido el juez Garzón, antes de tomar una decisión. Aunque esta no se conocerá antes de tres semanas, a la vista de la contundencia del recurso planteado el pasado lunes por el fiscal, es más que probable que el pleno dé carpetazo definitivo al tema, ya que contra su decisión no cabe ningún tipo de recurso.
Garzón, que se declaró competente para investigar unos delitos que considera que entran en el contexto de crímenes contra la humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y en el período que llega hasta el mes de diciembre de 1951.
No obstante, las espadas siguen en alto y no son descartables nuevos movimientos antes de que hable el pleno.
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Argumenta Garzón que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda en primera instancia a las objeciones del ministerio público respecto a esta investigación. Recuerda que las normas procesales son de carácter imperativo y cualquier acto contrario a estas es «nulo de pleno derecho», por lo que debe ser el Juzgado Central de Instrucción número 5 el que resuelva en reforma antes de que el asunto llegue a la instancia superior, que es la Sala de lo Penal.
«Per saltum»
Garzón recuerda en su auto que el recurso de la Fiscalía fue presentado «per saltum» a la Sala de lo Penal el 20 de octubre, es decir, tres días después de la conversión del procedimiento de diligencias previas en sumario. Por ello concluye que el juez «se ve compelido, sin alternativa posible, a rechazar la petición del ministerio fiscal en la forma en que lo hace».
Casi al mismo tiempo, el fiscal Javier Zaragoza, cumpliendo una amenaza anunciada en su recurso, echaba mano del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -algo sin precedentes conocidos- y pedía formalmente a la sala que se pronunciase, a la mayor brevedad posible, sobre el fondo del recurso y «declare la nulidad de pleno derecho del auto de 16 de octubre y la incompetencia del órgano judicial por infracción manifiesta de las normas de competencia objetiva y funcional».
La petición surtió efecto y ayer mismo los 16 magistrados que conforman el pleno de la Sala de lo Penal comenzaron a estudiar la petición de la Fiscalía. Los magistrados han pedido informes a todos, incluido el juez Garzón, antes de tomar una decisión. Aunque esta no se conocerá antes de tres semanas, a la vista de la contundencia del recurso planteado el pasado lunes por el fiscal, es más que probable que el pleno dé carpetazo definitivo al tema, ya que contra su decisión no cabe ningún tipo de recurso.
Garzón, que se declaró competente para investigar unos delitos que considera que entran en el contexto de crímenes contra la humanidad, ya ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante la Guerra Civil y en el período que llega hasta el mes de diciembre de 1951.
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La cárcel de la memoria
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La cárcel de la memoria
VICTORIA LAFORA
MIENTRAS arrecia la polémica ante la causa penal iniciada por Garzón contra los crímenes del franquismo, la madrileña cárcel de Carabanchel cae bajo las piquetas y las máquinas excavadoras. La demolición de sus muros borra parte de la historia de la represión y la ignominia de una dictadura que se prolongó mucho más allá de los años cincuenta, en contra de lo que se nos pretende hacer creer. Los presos políticos que habitaron las celdas de Carabanchel por asociación ilegal, ese delito que no figuraba en ningún código penal de la democrática Europa, ocupan ahora, todavía, presidencias de fundaciones e incluso escaños en el Congreso. No estamos hablando de la guerra de nuestros antepasados. No hay que ir a buscar el certificado de defunción de Napoleón, por mucho que Esperanza Aguirre crea que su frase puede resultar ocurrente o graciosa. Tal vez la presidenta madrileña debería sentarse una tarde con Nicolás Sartorius, de tan liberal e ilustre familia como la suya, y escuchar su larga y dura apuesta por la recuperación de las libertades en este país, así como el coste de días de cárcel que pagó por ello en una celda de Carabanchel. Los cascotes de la cárcel, que ahora se van al vertedero, son el ejemplo del muro de silencio con el que se ha querido tapar la represión de la posguerra. La persecución implacable que los vencedores hicieron de quien no se mostraba suficientemente afecto al nuevo régimen. Así se justifica que en el siglo XXI, en 2008, una iniciativa como la del juez Garzón vuelva a poner en pie de guerra a los mismos de siempre. El sumario de Garzón que, tras el furibundo escrito del fiscal, tiene todos los visos de quedar paralizado en la sala de lo penal, servirá al menos para acelerar la apertura de las fosas con la ayuda del Estado. Una ayuda que la Ley de la Memoria Histórica no había sido capaz de prestar. Porque si algo ha demostrado este auto ha sido el fracaso de la citada ley.
Su debate levantó las protestas de la ultratumba, el PP y ERC votaron el contra, el PSOE se apuntó el tanto y, un año después, las Asociaciones y las familias siguen recurriendo al juez en petición de amparo para abrir esas fosas e identificar a sus asesinados difuntos. La sala de lo penal podrá decidir que Garzón no es competente, que los hechos han prescrito, que el delito de crímenes contra la humanidad no existía entonces... .
Pero crímenes hubo, miles y miles, atroces, durante muchos años. Mientras esto no se reconozca y, sobre todo, no se reconozca a las victimas, las heridas seguirán abiertas.
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Piquetas contra la memoria antifranquista
Heraldo de Aragón -
Carabanchel.- La adjudicación de las obras de la cárcel concluyó ...
Europa Press -
Vecinos de Carabanchel se reúnen con Garzón para pedirle que ...
Europa Press -
El Colegio de Arquitectos también solicita que se mantenga parte ...
Madrid Digital -
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La cárcel de la memoria
VICTORIA LAFORA
MIENTRAS arrecia la polémica ante la causa penal iniciada por Garzón contra los crímenes del franquismo, la madrileña cárcel de Carabanchel cae bajo las piquetas y las máquinas excavadoras. La demolición de sus muros borra parte de la historia de la represión y la ignominia de una dictadura que se prolongó mucho más allá de los años cincuenta, en contra de lo que se nos pretende hacer creer. Los presos políticos que habitaron las celdas de Carabanchel por asociación ilegal, ese delito que no figuraba en ningún código penal de la democrática Europa, ocupan ahora, todavía, presidencias de fundaciones e incluso escaños en el Congreso. No estamos hablando de la guerra de nuestros antepasados. No hay que ir a buscar el certificado de defunción de Napoleón, por mucho que Esperanza Aguirre crea que su frase puede resultar ocurrente o graciosa. Tal vez la presidenta madrileña debería sentarse una tarde con Nicolás Sartorius, de tan liberal e ilustre familia como la suya, y escuchar su larga y dura apuesta por la recuperación de las libertades en este país, así como el coste de días de cárcel que pagó por ello en una celda de Carabanchel. Los cascotes de la cárcel, que ahora se van al vertedero, son el ejemplo del muro de silencio con el que se ha querido tapar la represión de la posguerra. La persecución implacable que los vencedores hicieron de quien no se mostraba suficientemente afecto al nuevo régimen. Así se justifica que en el siglo XXI, en 2008, una iniciativa como la del juez Garzón vuelva a poner en pie de guerra a los mismos de siempre. El sumario de Garzón que, tras el furibundo escrito del fiscal, tiene todos los visos de quedar paralizado en la sala de lo penal, servirá al menos para acelerar la apertura de las fosas con la ayuda del Estado. Una ayuda que la Ley de la Memoria Histórica no había sido capaz de prestar. Porque si algo ha demostrado este auto ha sido el fracaso de la citada ley.
Su debate levantó las protestas de la ultratumba, el PP y ERC votaron el contra, el PSOE se apuntó el tanto y, un año después, las Asociaciones y las familias siguen recurriendo al juez en petición de amparo para abrir esas fosas e identificar a sus asesinados difuntos. La sala de lo penal podrá decidir que Garzón no es competente, que los hechos han prescrito, que el delito de crímenes contra la humanidad no existía entonces... .
Pero crímenes hubo, miles y miles, atroces, durante muchos años. Mientras esto no se reconozca y, sobre todo, no se reconozca a las victimas, las heridas seguirán abiertas.
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Piquetas contra la memoria antifranquista
Heraldo de Aragón -
Carabanchel.- La adjudicación de las obras de la cárcel concluyó ...
Europa Press -
Vecinos de Carabanchel se reúnen con Garzón para pedirle que ...
Europa Press -
El Colegio de Arquitectos también solicita que se mantenga parte ...
Madrid Digital -
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Garzón y el fiscal endurecen su pulso por el auto del franquismo,
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Garzón y el fiscal endurecen su pulso por el auto del franquismo
El juez bloquea el recurso contra la investigación y exige que se le presente antes a él. La Sala de lo Penal comenzó ayer a estudiar la petición de Zaragoza
LA OPINIÓN. MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le ha devuelto la ´bofetada´ jurídica al fiscal jefe del mismo tribunal, Javier Zaragoza. Si la Fiscalía se saltaba la petición de Garzón de que los recursos contra el auto en el que investiga los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo se presentaran ante él y presentaba sus argumentos ante la Sala de lo Penal, ayer el magistrado se negó a dar trámite a dicho recurso, lo que supone que Zaragoza deberá volver a presentarlo, pero esta vez ante el juzgado que dirige Garzón.El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que, "para no originar indefensión", da un plazo de tres días a Zaragoza para que presente un recurso de reforma ante él.El pasado día 20, la Fiscalía recurrió en apelación la decisión del Garzón de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo al considerar que su pretensión "aboca inevitablemente a una inquisición general en nuestra Constitución".
Rapidez.
Pese a que Garzón transformó de diligencias previas a sumario la investigación para obligar a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y así disponer de más tiempo para comenzar a practicar las 19 exhumaciones acordadas, el Ministerio Público recurrió en apelación para que el recurso se resuelva "con la rapidez y celeridad exigibles" y "sin incidencias que dilaten" su decisión.
Ahora Garzón replica al fiscal que al haber transformado esta causa en sumario, el recurso del fiscal debe ser respondido primero por él, porque "el sumario es el procedimiento en el que se conceden las mayores garantías a las partes y en él se basa la Ley de Enjuiciamiento Criminal".No obstante, la Fiscalía, en el pulso que mantiene con el magistrado, ha remitido un escrito al pleno de la Sala de lo Penal para que ésta resuelva sobre la competencia en aplicación del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En su escrito, la Fiscalía justifica su solicitud ante el temor de que el juez -que ya ha ordenado la práctica de diversas diligencias, como la apertura de fosas- retrase el envío del caso a la Sala de lo Penal."En previsión de que se susciten incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el traslado de las actuaciones al tribunal superior competente (...), se considera necesario que el tribunal superior (...) resuelva con la máxima celeridad y rapidez el conflicto competencial que se plantea", dice el Ministerio Público.
Así, y paralelamente a este pulso, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó ayer a estudiar, a través de una segunda vía procesal, si Garzón es o no competente para investigar estos crímenes. En el pleno celebrado ayer, los 16 magistrados reunidos decidieron dar traslado del escrito de Zaragoza a las partes (asociaciones denunciantes y Garzón) para que expongan su opinión al respecto. Una vez recabados estos informes, el pleno volverá a reunirse en un plazo de unos veinte días para decidir si le corresponde resolver sobre la principal petición del fiscal, que se anule el auto de Garzón.
La Sala ha ampliado el plazo para la entrega de los informes al comunicar Garzón que la próxima semana estará de baja porque va a someterse a una leve operación quirúrgica.
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Garzón y el fiscal se enzarzan por las fosas
ADN.es
Una historiadora de la UGR?asesorará a Garzón en la apertura de ...
La Opinión de Granada -
Garzón redobla el órdago del fiscal y no tramita su recurso
La Crónica de León -
Espectáculo en la Audiencia Nacional
elplural.com -
GARZÓN Y LA FISCALÍA. DE LA EUFORIA A LA RESERVA
ElTorrentí.com -
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Garzón y el fiscal endurecen su pulso por el auto del franquismo
El juez bloquea el recurso contra la investigación y exige que se le presente antes a él. La Sala de lo Penal comenzó ayer a estudiar la petición de Zaragoza
LA OPINIÓN. MADRID
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón le ha devuelto la ´bofetada´ jurídica al fiscal jefe del mismo tribunal, Javier Zaragoza. Si la Fiscalía se saltaba la petición de Garzón de que los recursos contra el auto en el que investiga los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo se presentaran ante él y presentaba sus argumentos ante la Sala de lo Penal, ayer el magistrado se negó a dar trámite a dicho recurso, lo que supone que Zaragoza deberá volver a presentarlo, pero esta vez ante el juzgado que dirige Garzón.El magistrado adopta esta decisión en un auto en el que, "para no originar indefensión", da un plazo de tres días a Zaragoza para que presente un recurso de reforma ante él.El pasado día 20, la Fiscalía recurrió en apelación la decisión del Garzón de declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo al considerar que su pretensión "aboca inevitablemente a una inquisición general en nuestra Constitución".
Rapidez.
Pese a que Garzón transformó de diligencias previas a sumario la investigación para obligar a la Fiscalía a presentar su recurso ante él mismo y así disponer de más tiempo para comenzar a practicar las 19 exhumaciones acordadas, el Ministerio Público recurrió en apelación para que el recurso se resuelva "con la rapidez y celeridad exigibles" y "sin incidencias que dilaten" su decisión.
Ahora Garzón replica al fiscal que al haber transformado esta causa en sumario, el recurso del fiscal debe ser respondido primero por él, porque "el sumario es el procedimiento en el que se conceden las mayores garantías a las partes y en él se basa la Ley de Enjuiciamiento Criminal".No obstante, la Fiscalía, en el pulso que mantiene con el magistrado, ha remitido un escrito al pleno de la Sala de lo Penal para que ésta resuelva sobre la competencia en aplicación del artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En su escrito, la Fiscalía justifica su solicitud ante el temor de que el juez -que ya ha ordenado la práctica de diversas diligencias, como la apertura de fosas- retrase el envío del caso a la Sala de lo Penal."En previsión de que se susciten incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el traslado de las actuaciones al tribunal superior competente (...), se considera necesario que el tribunal superior (...) resuelva con la máxima celeridad y rapidez el conflicto competencial que se plantea", dice el Ministerio Público.
Así, y paralelamente a este pulso, el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional comenzó ayer a estudiar, a través de una segunda vía procesal, si Garzón es o no competente para investigar estos crímenes. En el pleno celebrado ayer, los 16 magistrados reunidos decidieron dar traslado del escrito de Zaragoza a las partes (asociaciones denunciantes y Garzón) para que expongan su opinión al respecto. Una vez recabados estos informes, el pleno volverá a reunirse en un plazo de unos veinte días para decidir si le corresponde resolver sobre la principal petición del fiscal, que se anule el auto de Garzón.
La Sala ha ampliado el plazo para la entrega de los informes al comunicar Garzón que la próxima semana estará de baja porque va a someterse a una leve operación quirúrgica.
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Garzón y el fiscal se enzarzan por las fosas
ADN.es
Una historiadora de la UGR?asesorará a Garzón en la apertura de ...
La Opinión de Granada -
Garzón redobla el órdago del fiscal y no tramita su recurso
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Espectáculo en la Audiencia Nacional
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GARZÓN Y LA FISCALÍA. DE LA EUFORIA A LA RESERVA
ElTorrentí.com -
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La asociación Memoria histórica da la "enhorabuena" a Garzón.
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La asociación Memoria histórica da la "enhorabuena" a Garzón
La asociación Memoria histórica da la "enhorabuena" a Garzón
Este colectivo gaditano tilda su decisión de "acto simbólico"
Ana C. Domínguez Cádiz
Mientras que los fiscales de la Audiencia Nacional litigan sobre el auto judicial que concede plena competencia a Baltasar Garzón para continuar con la investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz da la "enhorabuena" a Garzón por esta "iniciativa simbólica".
Para este colectivo gaditano de familiares de fallecidos como víctimas del franquismo, aunque finalmente la decisión de Garzón no llegue a tener "recorrido judicial", po see valor simbólico por sí mismo.
El responsable de esta asociación, Carlos Perales, lo explica así ya que, afirma, "es la primera vez en la historia que se imputa a Franco y a 34 de sus altos mandos por haber atentado contra la Repú blica y contra la humanidad".
Del mismo modo, este portavoz critica a la derecha por considerar "graciosa" la iniciativa del magistrado de solicitar el certificado de defunción del dictador, "bromean con que se pedirá el de Napoleón, pero hay que re cordar que esto no es una gracia, es un auto judicial".
En relación al recurso presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional contra el auto de Garzón, Perales se posiciona en contra y asevera que "eso no tenía que haber ocurrido".
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La asociación Memoria histórica da la "enhorabuena" a Garzón
La asociación Memoria histórica da la "enhorabuena" a Garzón
Este colectivo gaditano tilda su decisión de "acto simbólico"
Ana C. Domínguez Cádiz
Mientras que los fiscales de la Audiencia Nacional litigan sobre el auto judicial que concede plena competencia a Baltasar Garzón para continuar con la investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz da la "enhorabuena" a Garzón por esta "iniciativa simbólica".
Para este colectivo gaditano de familiares de fallecidos como víctimas del franquismo, aunque finalmente la decisión de Garzón no llegue a tener "recorrido judicial", po see valor simbólico por sí mismo.
El responsable de esta asociación, Carlos Perales, lo explica así ya que, afirma, "es la primera vez en la historia que se imputa a Franco y a 34 de sus altos mandos por haber atentado contra la Repú blica y contra la humanidad".
Del mismo modo, este portavoz critica a la derecha por considerar "graciosa" la iniciativa del magistrado de solicitar el certificado de defunción del dictador, "bromean con que se pedirá el de Napoleón, pero hay que re cordar que esto no es una gracia, es un auto judicial".
En relación al recurso presentado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional contra el auto de Garzón, Perales se posiciona en contra y asevera que "eso no tenía que haber ocurrido".
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El sarpullido de la derecha española
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El sarpullido de la derecha española
ROGELIO DIZ Analista político
Viernes, 24 de octubre de 2008
No cabe duda que la decisión tomada por el Juez Garzón sobre la competencia de la represión y crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo ha levantado verdaderas ampulas sobre la derecha de este país, esa misma que venia diciendo desde la transición que no eran los herederos del franquismo y los mismos que se proclamaban “demócratas de toda la vida”.Sin embargo ahora que les tocaron el punto, se lanzaron todos en tromba a la yugular del Juez y contra todos que puedan tener una opinión diferente, usando todos los medios de comunicación que tienen a su disposición así como la estridencia e insultos en las declaraciones de los políticos representativos de esta momificada derecha que enseña la patita y algo más, tras el disfraz de conservadores de centro.
Y es que esto, es el mundo al revés. Todos sabemos las ansias de protagonismo que tiene el Juez Garzón, aunque esto no invalide sus grandes aportes a la justicia iberoamericana donde la mayoría estábamos de acuerdo en que se juzgara y condenara los regimenes dictatoriales y sanguinarios de Chile y Argentina, solamente Cardenal y Fungueiriño ambos del ámbito judicial defendían lo contrario, algo normal pensábamos, los que sabíamos de que pata cojeaban ambos y por parte de quien estaban donde estaban. Pero ahora que el Fiscal Jefe- Javier Zaragoza plantea un recurso en contra del auto del Juez Garzón, donde considera que las desapariciones y asesinatos registrados en la Guerra Civil y el franquismo no constituyen “crímenes de Lesa Humanidad” ya que fueron delitos comunes y que para el Fiscal, el golpe de Estado no fue tal, sino simplemente un acto de rebeldía que queda bajo el amparo de la Ley de amnistía. Verdaderamente sorprendente alegato que por supuesto es suscrito por el PP, y más cuando el Fiscal depende del Ministerio de Justicia y este del PSOE, el mismo Partido que puso sobre la mesa la Ley de Memoria Histórica, por lo que me pregunto ¿a que se juega en este país?En el mismo tenor, la hija del General Yagûe declara a raíz de la decapitación en el monumento a su padre en su ciudad natal, que De La Cierva y Cesar Vidal le habían dicho que la matanza que le endilgaron a su padre en Badajoz, había sido un mito, una mentira que nunca existió. Y es el mismo Cesar Vidal junto con Pío Moa quienes sostienen que nunca hubo un golpe de Estado, por lo tanto debemos pensar que en agosto del 36 en la Plaza de toros de Badajoz hubo realmente un suicidio colectivo en honor a Satán, ya que como se decía en esos tiempos” los rojos tenían cuernos y rabo”.
Realmente no sé el juego jurídico que esto puede dar de si, pero en lo referente al político se están batiendo todas las expectativas, con solo pensar como se le removieron los intestinos al Sr. Fraga, de los pocos sobrevivientes de aquella larga noche de piedra, vociferando que todo eso era un disparate, pero pensando también que si pudiera prosperar podrían venir a por él, quizás por eso reclamaba la Ley de amnistía de 1977, curiosamente fueron los franquistas como él, los que la propugnaron, así que no deberían tener la conciencia muy clara. Ya que esta Ley es anterior a la Constitución de 1978.
Me hace gracia también verlos desgañitarse diciendo que esta causa no era necesaria al tener la Ley de la Memoria Histórica, ellos que tanto habían despotricado contra ella, ahora la defienden, será porque es más fácil de incumplir, como se sigue haciendo hasta ahora.
Siempre luche como hijo de represaliado que soy, porque las voces no se acallaran, ya que el olvido es aun peor que los insultos y la soledad que sientes rodeado de gente a tu alrededor, “Quizás por eso nos secuestraron la libertad durante cuarenta años, y ahora nos quieren secuestrar la memoria”.Tengo la percepción que el Juez Garzón encendió una mecha que correrá como reguero de pólvora sobre la conciencia de la gente y que independientemente de su evolución judicial se ganara la batalla a la cultura del silencio y a la memoria secuestrada a la que nos tenían sometidos aun a pesar de la transición.
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El sarpullido de la derecha española
ROGELIO DIZ Analista político
Viernes, 24 de octubre de 2008
No cabe duda que la decisión tomada por el Juez Garzón sobre la competencia de la represión y crímenes durante la Guerra Civil y el franquismo ha levantado verdaderas ampulas sobre la derecha de este país, esa misma que venia diciendo desde la transición que no eran los herederos del franquismo y los mismos que se proclamaban “demócratas de toda la vida”.Sin embargo ahora que les tocaron el punto, se lanzaron todos en tromba a la yugular del Juez y contra todos que puedan tener una opinión diferente, usando todos los medios de comunicación que tienen a su disposición así como la estridencia e insultos en las declaraciones de los políticos representativos de esta momificada derecha que enseña la patita y algo más, tras el disfraz de conservadores de centro.
Y es que esto, es el mundo al revés. Todos sabemos las ansias de protagonismo que tiene el Juez Garzón, aunque esto no invalide sus grandes aportes a la justicia iberoamericana donde la mayoría estábamos de acuerdo en que se juzgara y condenara los regimenes dictatoriales y sanguinarios de Chile y Argentina, solamente Cardenal y Fungueiriño ambos del ámbito judicial defendían lo contrario, algo normal pensábamos, los que sabíamos de que pata cojeaban ambos y por parte de quien estaban donde estaban. Pero ahora que el Fiscal Jefe- Javier Zaragoza plantea un recurso en contra del auto del Juez Garzón, donde considera que las desapariciones y asesinatos registrados en la Guerra Civil y el franquismo no constituyen “crímenes de Lesa Humanidad” ya que fueron delitos comunes y que para el Fiscal, el golpe de Estado no fue tal, sino simplemente un acto de rebeldía que queda bajo el amparo de la Ley de amnistía. Verdaderamente sorprendente alegato que por supuesto es suscrito por el PP, y más cuando el Fiscal depende del Ministerio de Justicia y este del PSOE, el mismo Partido que puso sobre la mesa la Ley de Memoria Histórica, por lo que me pregunto ¿a que se juega en este país?En el mismo tenor, la hija del General Yagûe declara a raíz de la decapitación en el monumento a su padre en su ciudad natal, que De La Cierva y Cesar Vidal le habían dicho que la matanza que le endilgaron a su padre en Badajoz, había sido un mito, una mentira que nunca existió. Y es el mismo Cesar Vidal junto con Pío Moa quienes sostienen que nunca hubo un golpe de Estado, por lo tanto debemos pensar que en agosto del 36 en la Plaza de toros de Badajoz hubo realmente un suicidio colectivo en honor a Satán, ya que como se decía en esos tiempos” los rojos tenían cuernos y rabo”.
Realmente no sé el juego jurídico que esto puede dar de si, pero en lo referente al político se están batiendo todas las expectativas, con solo pensar como se le removieron los intestinos al Sr. Fraga, de los pocos sobrevivientes de aquella larga noche de piedra, vociferando que todo eso era un disparate, pero pensando también que si pudiera prosperar podrían venir a por él, quizás por eso reclamaba la Ley de amnistía de 1977, curiosamente fueron los franquistas como él, los que la propugnaron, así que no deberían tener la conciencia muy clara. Ya que esta Ley es anterior a la Constitución de 1978.
Me hace gracia también verlos desgañitarse diciendo que esta causa no era necesaria al tener la Ley de la Memoria Histórica, ellos que tanto habían despotricado contra ella, ahora la defienden, será porque es más fácil de incumplir, como se sigue haciendo hasta ahora.
Siempre luche como hijo de represaliado que soy, porque las voces no se acallaran, ya que el olvido es aun peor que los insultos y la soledad que sientes rodeado de gente a tu alrededor, “Quizás por eso nos secuestraron la libertad durante cuarenta años, y ahora nos quieren secuestrar la memoria”.Tengo la percepción que el Juez Garzón encendió una mecha que correrá como reguero de pólvora sobre la conciencia de la gente y que independientemente de su evolución judicial se ganara la batalla a la cultura del silencio y a la memoria secuestrada a la que nos tenían sometidos aun a pesar de la transición.
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jueves, 23 de octubre de 2008
Ubi sunt? (¿Dónde están?)
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Ubi sunt? (¿Dónde están?)
SERGIO VENCES FERNÁNDEZ
Alboreando ya el Renacimiento, retomaron los poetas europeos motivos muy recurrentes del mundo clásico. Uno, el del carpe diem (goza el momento presente), que, de los epicúreos helenos, heredó Horacio. Ejemplo del mismo podrían ser los versos de Garcilaso de la Vega: "Coged de vuestra alegre primavera/el dulce fruto, antes que el tiempo airado/cubra de nieve la hermosa cumbre". Otro de los temas, ubi sunt? (¿dónde están?), alude a lo frágil y efímero de la existencia humana, así como a sus pompas y vanidades.
Un tema que reflejaría Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre: "¿Qué se fizo el rey don Juan?/ Los infantes de Aragón/ ¿qué se ficieron?/ ¿Qué fue de tanto galán?/ ¿Qué fue de tanta invención/ como truxieron?". La respuesta más tétrica a tales preguntas bien podríamos hallarla, vencido el juvenil Renacimiento por el invernal y tridentino Barroco, en el óleo de Valdés Leal, titulado Finis gloriae mundi (Fin de la vanagloria del mundo) en el que aparece, en su sarcófago, el cadáver en putrefacción de un Papa, rodeado, eso sí, de cuantos abalorios -báculo, tiara, púrpuras- gozó en vida.
En la España de hoy, además del carpe diem, o del hedonismo, contra el que vociferan los purpurados, aunque sean de sus más fervientes adictos, hay un inmenso clamor, un clamor nacional que pide y exige que el Estado, teóricamente de Derecho, responda, no sólo con palabras, sino también con hechos, a la pregunta: ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están, dónde yacen los restos mortales de las víctimas del franquismo a las que sus hijos y nietos quieren recuperar de ignotas cunetas, de lejanos baldíos, de infames y ocultas fosas comunes, con el fin de darles una sepultura digna?Sobre esas víctimas hubo un atroz silencio en la España de los vencedores, que aplicaron, a rajatabla, lo que el triunfante rey galo, Breno, impuso a los vencidos romanos: Vae victis (¡ay de los vencidos!). (Más tarde, con Julio César a la cabeza, los romanos harían tragar quinina a los galos).
Tiempo de silencio, la genial novela de Martín Santos. De silencio, oprobio, miedo, latrocinios, humillaciones sin fin. ¡Silencio! Tal como culmina, aunque en otro contexto, La casa de Bernarda Alba, la tragedia del genial y mártir García Lorca a quien el asesino y faccioso Queipo de Llano ordenó "dar café", es decir, fusilar. Pues los hijos y, sobre todo, los nietos de las víctimas del franquismo quieren saber -"todos los hombres tienen, por naturaleza, el deseo de saber", así se inicia la Metafísica del genial Aristóteles-, y, además, después de 72 años de silencio, exigen saber. Y el Estado de Derecho, si verdaderamente lo es, debe atender tal exigencia, ahora apoyada por la ciencia jurídica del calumniado y vituperado, pero impávido defensor de los Derechos Humanos, Baltasar Garzón, el juez más aguerrido y más justiciero desde los procesos de Nurenberg contra los gerifaltes nazis.
No se busca a los verdugos, algunos de los cuales sobreviven. No se va a procesar a Fraga Iribarne, pese a que firmó la pena de muerte contra Julián Grimau, tras una farsa de juicio, y fallido émulo de Goebbels, como ministro de Propaganda, es decir, de la Mentira (¡y, a ver si se calla ya y deja de proferir barrabasadas este bardo del franquismo!). ¿Por qué tan cerril campaña en contra de tan fundamental derecho por parte de los capitostes del Partido Popular? ¿Es que, además de mala fe, tienen mala conciencia? Porque los muertos de su bando, el de los vencedores, fueron exhumados ya a partir de 1939, y dignamente enterrados, e incluso honorificados con placas en catedrales, basílicas y ermitas, con monumentos, con calles y hasta centros hospitalarios bautizados con sus nombres (y sus familias, dignamente remuneradas).
Más aún. Los dos últimos papas se han empeñado en elevarles a todos a los altares y subirles al mismísimo cielo. Hasta el papa Clemente, del Palmar de Troya, declaró santos a Franco y a muchos de su cuadrilla. Es sintomático. En El País del 14 de septiembre, podíamos leer: "Ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o a la exhumación de fosas. Curiosamente, el gobierno de Aznar hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados de la División Azul que estaban enterrados en Rusia". Y la oposición política lo aceptó sin rechistar. Eso se llama piedad, o magnificencia, o amplitud de miras.
Y ¿por qué esa también cerril negativa de los obispos a la ley de la memoria histórica? ¿También mala fe y peor conciencia? ¿No será verdad lo que alguien dijo, recientemente, que la guerra civil-internacional de 1936-39 "la ganaron los curas y la perdieron los maestros?" ¿O es que añoran y envidian a aquellos cardenales, arzobispos y obispos, al lado de su Caudillo, el último Cruzado de Occidente, saludando, con el brazo en alto, como los cachorros de Hitler y Mussolini? ¿Por qué no emulan al cardenal Tarancón, al obispo Iniesta, al recién fallecido arzobispo Cirarda, y a eminentes teólogos como Tamayo y compañía, y sí, en cambio, a Pla y Deniel, a Gomá, al infausto Eijo Garay, Patriarca de las Indias Occidentales? ¿Por qué Trento contra el Vaticano II? Es que no destilan ni una gota, no ya de justicia, sino de caridad, de esa caridad cristiana que tanto vocean y tan poco practican.
Es hora ya de que obispos y peperos olviden el "vae victis!" y presten su voz, su total apoyo y hasta sus archivos a quienes claman, sencilla y doloridamente: Ubi sunt? ¿Dónde están los restos mortales de nuestros antepasados, víctimas de un régimen, a todas luces ilegítimo y criminal? Que no sigan las sendas del tirano y rey de Tebas, Creonte -tal como nos cuenta el grandioso trágico Sófocles-, con su sobrina Antígona, la hermosa hija de Edipo y de Yocasta. El cariño hacia su hermano Polinice, muerto en dura pelea, le infundió valor suficiente para embalsamar y honrar su cadáver con ritos funerarios. Por semejante transgresión, ordenó Creonte enterrarla viva en el mausoleo familiar, en el que se suicidó.
Harían bien, peperos y obispos, en seguir el ejemplo -no de Creonte, el tirano de Tebas-, sino el de Poncio Pilato, el mismísimo que, a instancias de los sumos sacerdotes -equivalentes a nuestros purpurados-, Anás y Caifás, condenó a muerte a Jesús, tal y como lo cuenta Mateo en su Evangelio:"Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, entonces, ordenó que le fuera entregado. El [José], tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo depositó en su propio sepulcro, del todo nuevo, que había sido excavado en la peña".
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Ubi sunt? (¿Dónde están?)
SERGIO VENCES FERNÁNDEZ
Alboreando ya el Renacimiento, retomaron los poetas europeos motivos muy recurrentes del mundo clásico. Uno, el del carpe diem (goza el momento presente), que, de los epicúreos helenos, heredó Horacio. Ejemplo del mismo podrían ser los versos de Garcilaso de la Vega: "Coged de vuestra alegre primavera/el dulce fruto, antes que el tiempo airado/cubra de nieve la hermosa cumbre". Otro de los temas, ubi sunt? (¿dónde están?), alude a lo frágil y efímero de la existencia humana, así como a sus pompas y vanidades.
Un tema que reflejaría Jorge Manrique en las Coplas a la muerte de su padre: "¿Qué se fizo el rey don Juan?/ Los infantes de Aragón/ ¿qué se ficieron?/ ¿Qué fue de tanto galán?/ ¿Qué fue de tanta invención/ como truxieron?". La respuesta más tétrica a tales preguntas bien podríamos hallarla, vencido el juvenil Renacimiento por el invernal y tridentino Barroco, en el óleo de Valdés Leal, titulado Finis gloriae mundi (Fin de la vanagloria del mundo) en el que aparece, en su sarcófago, el cadáver en putrefacción de un Papa, rodeado, eso sí, de cuantos abalorios -báculo, tiara, púrpuras- gozó en vida.
En la España de hoy, además del carpe diem, o del hedonismo, contra el que vociferan los purpurados, aunque sean de sus más fervientes adictos, hay un inmenso clamor, un clamor nacional que pide y exige que el Estado, teóricamente de Derecho, responda, no sólo con palabras, sino también con hechos, a la pregunta: ¿Dónde están? Sí. ¿Dónde están, dónde yacen los restos mortales de las víctimas del franquismo a las que sus hijos y nietos quieren recuperar de ignotas cunetas, de lejanos baldíos, de infames y ocultas fosas comunes, con el fin de darles una sepultura digna?Sobre esas víctimas hubo un atroz silencio en la España de los vencedores, que aplicaron, a rajatabla, lo que el triunfante rey galo, Breno, impuso a los vencidos romanos: Vae victis (¡ay de los vencidos!). (Más tarde, con Julio César a la cabeza, los romanos harían tragar quinina a los galos).
Tiempo de silencio, la genial novela de Martín Santos. De silencio, oprobio, miedo, latrocinios, humillaciones sin fin. ¡Silencio! Tal como culmina, aunque en otro contexto, La casa de Bernarda Alba, la tragedia del genial y mártir García Lorca a quien el asesino y faccioso Queipo de Llano ordenó "dar café", es decir, fusilar. Pues los hijos y, sobre todo, los nietos de las víctimas del franquismo quieren saber -"todos los hombres tienen, por naturaleza, el deseo de saber", así se inicia la Metafísica del genial Aristóteles-, y, además, después de 72 años de silencio, exigen saber. Y el Estado de Derecho, si verdaderamente lo es, debe atender tal exigencia, ahora apoyada por la ciencia jurídica del calumniado y vituperado, pero impávido defensor de los Derechos Humanos, Baltasar Garzón, el juez más aguerrido y más justiciero desde los procesos de Nurenberg contra los gerifaltes nazis.
No se busca a los verdugos, algunos de los cuales sobreviven. No se va a procesar a Fraga Iribarne, pese a que firmó la pena de muerte contra Julián Grimau, tras una farsa de juicio, y fallido émulo de Goebbels, como ministro de Propaganda, es decir, de la Mentira (¡y, a ver si se calla ya y deja de proferir barrabasadas este bardo del franquismo!). ¿Por qué tan cerril campaña en contra de tan fundamental derecho por parte de los capitostes del Partido Popular? ¿Es que, además de mala fe, tienen mala conciencia? Porque los muertos de su bando, el de los vencedores, fueron exhumados ya a partir de 1939, y dignamente enterrados, e incluso honorificados con placas en catedrales, basílicas y ermitas, con monumentos, con calles y hasta centros hospitalarios bautizados con sus nombres (y sus familias, dignamente remuneradas).
Más aún. Los dos últimos papas se han empeñado en elevarles a todos a los altares y subirles al mismísimo cielo. Hasta el papa Clemente, del Palmar de Troya, declaró santos a Franco y a muchos de su cuadrilla. Es sintomático. En El País del 14 de septiembre, podíamos leer: "Ninguna autonomía gobernada por el PP ha dedicado un solo euro a la investigación del franquismo o a la exhumación de fosas. Curiosamente, el gobierno de Aznar hizo una inversión en esta materia cuando subvencionó la exhumación de restos pertenecientes a soldados de la División Azul que estaban enterrados en Rusia". Y la oposición política lo aceptó sin rechistar. Eso se llama piedad, o magnificencia, o amplitud de miras.
Y ¿por qué esa también cerril negativa de los obispos a la ley de la memoria histórica? ¿También mala fe y peor conciencia? ¿No será verdad lo que alguien dijo, recientemente, que la guerra civil-internacional de 1936-39 "la ganaron los curas y la perdieron los maestros?" ¿O es que añoran y envidian a aquellos cardenales, arzobispos y obispos, al lado de su Caudillo, el último Cruzado de Occidente, saludando, con el brazo en alto, como los cachorros de Hitler y Mussolini? ¿Por qué no emulan al cardenal Tarancón, al obispo Iniesta, al recién fallecido arzobispo Cirarda, y a eminentes teólogos como Tamayo y compañía, y sí, en cambio, a Pla y Deniel, a Gomá, al infausto Eijo Garay, Patriarca de las Indias Occidentales? ¿Por qué Trento contra el Vaticano II? Es que no destilan ni una gota, no ya de justicia, sino de caridad, de esa caridad cristiana que tanto vocean y tan poco practican.
Es hora ya de que obispos y peperos olviden el "vae victis!" y presten su voz, su total apoyo y hasta sus archivos a quienes claman, sencilla y doloridamente: Ubi sunt? ¿Dónde están los restos mortales de nuestros antepasados, víctimas de un régimen, a todas luces ilegítimo y criminal? Que no sigan las sendas del tirano y rey de Tebas, Creonte -tal como nos cuenta el grandioso trágico Sófocles-, con su sobrina Antígona, la hermosa hija de Edipo y de Yocasta. El cariño hacia su hermano Polinice, muerto en dura pelea, le infundió valor suficiente para embalsamar y honrar su cadáver con ritos funerarios. Por semejante transgresión, ordenó Creonte enterrarla viva en el mausoleo familiar, en el que se suicidó.
Harían bien, peperos y obispos, en seguir el ejemplo -no de Creonte, el tirano de Tebas-, sino el de Poncio Pilato, el mismísimo que, a instancias de los sumos sacerdotes -equivalentes a nuestros purpurados-, Anás y Caifás, condenó a muerte a Jesús, tal y como lo cuenta Mateo en su Evangelio:"Llegada la tarde, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, entonces, ordenó que le fuera entregado. El [José], tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo depositó en su propio sepulcro, del todo nuevo, que había sido excavado en la peña".
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UGT se presentará como acusación particular en la investigación de Garzón
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UGT se presentará como acusación particular en la investigación de ...
El sindicato entregará un escrito argumentando que muchas de las víctimas eran militantes
UGT se presentará como acusación particular en la investigación de Garzón
El sindicato UGT se va a personar como acusación particular en la investigación de Garzón sobre los crimenes del franquismo y la Guerra Civil. El secretario general, Cándido Mendez, estregará este viernes a Garzón el escrito para personarse argumentando que son parte perjudicada, ya que muchas de las víctimas que permanecen en las fosas eran militantes de UGT.La UGT pedira su personacion como acusacion particular porque asegura que miles de desaparecidos y victimas de la represión de la dictadura eran afiliados de este sindicato y fueron asesinados por ese motivo. Como dato significativo, el sindicato señala que de los tres mil fusilados y desaparecidos en fosas comunes de la Comunidad de Navarra, mas de dos mil tenían alguna vinculación con la UGT.
UGT se presentará como acusación particular en la investigación de ...
El sindicato entregará un escrito argumentando que muchas de las víctimas eran militantes
UGT se presentará como acusación particular en la investigación de Garzón
El sindicato UGT se va a personar como acusación particular en la investigación de Garzón sobre los crimenes del franquismo y la Guerra Civil. El secretario general, Cándido Mendez, estregará este viernes a Garzón el escrito para personarse argumentando que son parte perjudicada, ya que muchas de las víctimas que permanecen en las fosas eran militantes de UGT.La UGT pedira su personacion como acusacion particular porque asegura que miles de desaparecidos y victimas de la represión de la dictadura eran afiliados de este sindicato y fueron asesinados por ese motivo. Como dato significativo, el sindicato señala que de los tres mil fusilados y desaparecidos en fosas comunes de la Comunidad de Navarra, mas de dos mil tenían alguna vinculación con la UGT.
El fiscal Villarejo y el juez Doñate toman posesión como miembros del grupo de expertos creado por Garzón
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Memoria.- El fiscal Villarejo y el juez Doñate toman posesión como ...
ecodiario
El fiscal Villarejo y el juez Doñate toman posesión como miembros del grupo de expertos creado por Garzón
19:11 - 23/10/2008
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate Martín tomaron hoy posesión en la Audiencia Nacional de su cargo como miembros de la comisión de expertos creada por el juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, según informó a Europa Press el fiscal.
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate Martín tomaron hoy posesión en la Audiencia Nacional de su cargo como miembros de la comisión de expertos creada por el juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, según informó a Europa Press el fiscal.
Jiménez Villarejo especificó que el grupo completo aún no ha sido constituido a falta de que las asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica personadas en el sumario presenten a sus cinco candidatos.
Garzón designó a los dos expertos el pasado lunes en un auto en el que les requería para que "en el menor breve plazo de tiempo posible" se personaran en su Juzgado para "la aceptación y juramento o promesa del cargo".
Carlos Jiménez Villarejo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue fiscal Anticorrupción entre 1987 y 2003. Antonio Doñate Martín, por su parte, es experto en asuntos de Justicia Universal y ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña.
La comisión de estudio, creada a partir del auto en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, estará formada por siete expertos que se encargarán de "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".
Según explicó el fiscal en declaraciones a Europa Press, el primero de los pasos del grupo será analizar toda la documentación que integra la causa y que ha sido aportada por las 22 asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica personadas.
Los datos reflejados en estos documentos deberán ser contrastados para comprobar "la realidad, momento y circunstancias del fallecimiento". El grupo deberá además definir un protocolo de actuación para las exhumaciones de cadáveres.
PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES
Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica que han impulsado esta causa ya han presentado a Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben proponer para integrarse en esta comisión, tal y como consta en la citada resolución judicial.
Las personas propuestas por esta parte son el médico forense perteneciente a la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que ha participado desde un inicio en las labores de exhumación y dispone de inventarios completos sobre el número de fosas y de cuerpos localizados en ellos; y los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova.
Espinosa es el firmante del informe pericial presentado por los denunciantes en el Juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas. En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro 'Víctimas de la Guerra Civil', que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.
La comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas
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Memoria.- El fiscal Villarejo y el juez Doñate toman posesión como ...
ecodiario
El fiscal Villarejo y el juez Doñate toman posesión como miembros del grupo de expertos creado por Garzón
19:11 - 23/10/2008
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate Martín tomaron hoy posesión en la Audiencia Nacional de su cargo como miembros de la comisión de expertos creada por el juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, según informó a Europa Press el fiscal.
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate Martín tomaron hoy posesión en la Audiencia Nacional de su cargo como miembros de la comisión de expertos creada por el juez Baltasar Garzón en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, según informó a Europa Press el fiscal.
Jiménez Villarejo especificó que el grupo completo aún no ha sido constituido a falta de que las asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica personadas en el sumario presenten a sus cinco candidatos.
Garzón designó a los dos expertos el pasado lunes en un auto en el que les requería para que "en el menor breve plazo de tiempo posible" se personaran en su Juzgado para "la aceptación y juramento o promesa del cargo".
Carlos Jiménez Villarejo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue fiscal Anticorrupción entre 1987 y 2003. Antonio Doñate Martín, por su parte, es experto en asuntos de Justicia Universal y ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña.
La comisión de estudio, creada a partir del auto en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, estará formada por siete expertos que se encargarán de "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".
Según explicó el fiscal en declaraciones a Europa Press, el primero de los pasos del grupo será analizar toda la documentación que integra la causa y que ha sido aportada por las 22 asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica personadas.
Los datos reflejados en estos documentos deberán ser contrastados para comprobar "la realidad, momento y circunstancias del fallecimiento". El grupo deberá además definir un protocolo de actuación para las exhumaciones de cadáveres.
PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES
Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica que han impulsado esta causa ya han presentado a Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben proponer para integrarse en esta comisión, tal y como consta en la citada resolución judicial.
Las personas propuestas por esta parte son el médico forense perteneciente a la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que ha participado desde un inicio en las labores de exhumación y dispone de inventarios completos sobre el número de fosas y de cuerpos localizados en ellos; y los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova.
Espinosa es el firmante del informe pericial presentado por los denunciantes en el Juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas. En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro 'Víctimas de la Guerra Civil', que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.
La comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificación de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas
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Garzón y la fiscalía endurecen su pulso por la causa al franquismo
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Garzón y el fiscal se enfrentan abiertamente por la causa contra el franquismo
El juez no admite el recurso de Zaragoza y éste invoca una norma que nunca se había usado en la Audiencia Nacional
JOSÉ YOLDI - Madrid - 23/10/2008
El juez Baltasar Garzón y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza han entrado en una guerra abierta a propósito de la causa contra el franquismo. Garzón ha rechazado hoy el recurso de apelación presentado por el fiscal por una cuestión procesal, mientras que Zaragoza, anticipándose a la jugada había convocado al pleno de la Sala Penal, invocando un artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal que no se había aplicado nunca antes en la Audiencia para conseguir apartarle de la causa de la Memoria Histórica.
Auto de rechazo del recurso del fiscal
DOCUMENTO (PDF - 41,5Kb) - 23-10-2008
Garzón rechaza el escrito del fiscal que pide a la Sala de lo Penal que le declare incompetente en la causa contra el franquismo
Escrito del fiscal que invoca el artículo 23 LEC
DOCUMENTO (PDF - 72,5Kb) - 23-10-2008
Mayor Zaragoza responde a Garzón invocando un artículo nunca antes usado en la Audiencia Nacional
La trascendencia es relativa, ya que al final, siempre iba a ser la Sala Penal de la Audiencia, que preside Javier Gómez Bermúdez, la que iba a resolver el caso, pero las batallas y argucias jurídicas y procesales entre Zaragoza y Garzón han dejado un escenario de campo de minas en las relaciones personales entre ambos que será muy difícil de superar.
En un principio, Garzón se había negado a dar trámite al recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de declararse competente en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo al considerar que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda en primera instancia a las objeciones del Ministerio Público.
Esto es así después de que el pasado viernes el juez transformara en sumario ordinario las diligencias previas abiertas a raíz de la presentación de las denuncias de 22 asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica que le instaban a investigar los asesinatos, torturas y desapariciones cometidas entre 1936 y 1951.
Garzón recuerda en su auto que el recurso de la Fiscalía fue presentado per saltum a la Sala de lo Penal el 20 de octubre, es decir, tres días después de la conversión del procedimiento de diligencias previas en sumario. Por ello, añade que el juez "se ve compelido, sin alternativa posible, a rechazar la petición del Ministerio Fiscal en la forma en que lo hace".
En respuesta, el fiscal promueve el incidente previsto por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entendiera que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso", según informa la agencia EFE.
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La Sala de lo Penal ya estudia si Garzón puede investigar los crímenes del franquismo
Pese a la maniobra jurídica del magistrado por la que obligaba a la Fiscalía a presentar el recurso ante él mismo, el Ministerio Público encuentra otra vía para reclamar ante dicha sala de la Audiencia Nacional.
PÚBLICO.ES - Madrid - 23/10/2008 17:42
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sala de lo Penal de este tribunal que resuelva el recurso contra la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo sin esperar a que el magistrado se pronuncie sobre el asunto.
Fuentes jurídicas han informado de que el pleno de la sala de lo penal ha estudiado hoy la petición de la Fiscalía y ha acordado darle trámite y han añadido que los magistrados se reunirán dentro de unos quince o veinte días para tomar una decisión.
En previsión de que Garzón se negase a tramitar su recurso, el fiscal Zaragoza presentó el pasado lunes un incidente de competencia ante la Sala de lo Penal en el que reclama al tribunal que decrete la nulidad de la investigación de Garzón.
En su escrito, la Fiscalía -que presentó su recurso en el Juzgado de Garzón para que éste lo remitiera a la sala de lo penal- justifica su solicitud ante el temor de que el juez -que ya ha ordenado la práctica de diversas diligencias, como la apertura de fosas- retrase ese envío.
"En previsión de que se susciten incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el traslado de las actuaciones al Tribunal superior competente (...), se considera necesario que el Tribunal superior (...) resuelva con la máxima celeridad y rapidez el conflicto competencial que se plantea", dice el Ministerio Público.
El artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), al que la Fiscalía alude en su escrito, establece que "si durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior".
Garzón rechaza el recurso de la Fiscalía
Si la Sala de lo Penal acepta la petición del fiscal, quedaría sin efecto la maniobra jurídica por la que Garzón transformó el procedimiento en sumario -se abrió bajo la fórmula de diligencias previas- para obligar al Ministerio Público a presentar un recurso de reforma, que tiene que resolver él mismo antes de que el asunto sea visto por la instancia superior.
De hecho, la Fiscalía presentó directamente un recurso de apelación -en el que la única intervención del juez es tramitarlo y enviarlo a la sala de lo penal para que lo resuelva- que hoy mismo ha sido inadmitido por Garzón.
En un auto hecho público hoy, el juez considera que, al haber transformado su investigación en sumario, la Fiscalía debería haber presentado primero un recurso de reforma ante él, en vez de recurrir directamente ante el Pleno de la Sala de lo Penal.
El pasado viernes, Garzón transformó las diligencias previas en las que se encuadraban sus investigacione en sumario ordinario , con lo que automáticamente alargó el plazo de tramitación de los recursos, ya que, según lo estipulado en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este tipo de procedimiento debe ser recurrido en reforma ante el magistrado instructor antes de poder recurrir a la Sala.
Garzón acusa hoy a la Fiscalía de realizar una "interpretación forzada de la Ley" para presentar "tres días después de la conversión del procedimiento de diligencias previas en sumario" un recurso ante la Sala que era "procesalmente inadecuado".
El auto señala que la Fiscalía "desarrolla un peculiar doctrina sobre la máxima del 'tempus regit actum'". Garzón indica que "mal que le pese al fiscal" el momento que se ha de tener en cuenta para saber qué recurso es legalmente correcto -si el de apelación o el de reforma- es el de su presentación y no el de la decisión que se quiere recurrir.
"El sumario es el procedimiento en el que se conceden mayores garantías a las partes (...) y, por ello, no puede ser menospreciado o rechazado para posibilitar un trámite (recurso de apelación) que está pensado para un tipo de delitos de mucha menor gravedad", asegura el auto de Garzón.
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Garzón y el fiscal se enfrentan abiertamente por la causa contra el franquismo
El juez no admite el recurso de Zaragoza y éste invoca una norma que nunca se había usado en la Audiencia Nacional
JOSÉ YOLDI - Madrid - 23/10/2008
El juez Baltasar Garzón y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza han entrado en una guerra abierta a propósito de la causa contra el franquismo. Garzón ha rechazado hoy el recurso de apelación presentado por el fiscal por una cuestión procesal, mientras que Zaragoza, anticipándose a la jugada había convocado al pleno de la Sala Penal, invocando un artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal que no se había aplicado nunca antes en la Audiencia para conseguir apartarle de la causa de la Memoria Histórica.
Auto de rechazo del recurso del fiscal
DOCUMENTO (PDF - 41,5Kb) - 23-10-2008
Garzón rechaza el escrito del fiscal que pide a la Sala de lo Penal que le declare incompetente en la causa contra el franquismo
Escrito del fiscal que invoca el artículo 23 LEC
DOCUMENTO (PDF - 72,5Kb) - 23-10-2008
Mayor Zaragoza responde a Garzón invocando un artículo nunca antes usado en la Audiencia Nacional
La trascendencia es relativa, ya que al final, siempre iba a ser la Sala Penal de la Audiencia, que preside Javier Gómez Bermúdez, la que iba a resolver el caso, pero las batallas y argucias jurídicas y procesales entre Zaragoza y Garzón han dejado un escenario de campo de minas en las relaciones personales entre ambos que será muy difícil de superar.
En un principio, Garzón se había negado a dar trámite al recurso presentado por la Fiscalía contra su decisión de declararse competente en la investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo al considerar que debe ser primero él, y no la Sala de lo Penal, quien responda en primera instancia a las objeciones del Ministerio Público.
Esto es así después de que el pasado viernes el juez transformara en sumario ordinario las diligencias previas abiertas a raíz de la presentación de las denuncias de 22 asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica que le instaban a investigar los asesinatos, torturas y desapariciones cometidas entre 1936 y 1951.
Garzón recuerda en su auto que el recurso de la Fiscalía fue presentado per saltum a la Sala de lo Penal el 20 de octubre, es decir, tres días después de la conversión del procedimiento de diligencias previas en sumario. Por ello, añade que el juez "se ve compelido, sin alternativa posible, a rechazar la petición del Ministerio Fiscal en la forma en que lo hace".
En respuesta, el fiscal promueve el incidente previsto por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entendiera que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso", según informa la agencia EFE.
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La Sala de lo Penal ya estudia si Garzón puede investigar los crímenes del franquismo
Pese a la maniobra jurídica del magistrado por la que obligaba a la Fiscalía a presentar el recurso ante él mismo, el Ministerio Público encuentra otra vía para reclamar ante dicha sala de la Audiencia Nacional.
PÚBLICO.ES - Madrid - 23/10/2008 17:42
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la Sala de lo Penal de este tribunal que resuelva el recurso contra la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo sin esperar a que el magistrado se pronuncie sobre el asunto.
Fuentes jurídicas han informado de que el pleno de la sala de lo penal ha estudiado hoy la petición de la Fiscalía y ha acordado darle trámite y han añadido que los magistrados se reunirán dentro de unos quince o veinte días para tomar una decisión.
En previsión de que Garzón se negase a tramitar su recurso, el fiscal Zaragoza presentó el pasado lunes un incidente de competencia ante la Sala de lo Penal en el que reclama al tribunal que decrete la nulidad de la investigación de Garzón.
En su escrito, la Fiscalía -que presentó su recurso en el Juzgado de Garzón para que éste lo remitiera a la sala de lo penal- justifica su solicitud ante el temor de que el juez -que ya ha ordenado la práctica de diversas diligencias, como la apertura de fosas- retrase ese envío.
"En previsión de que se susciten incidentes procesales que pudieran generar un importante retraso en su tramitación y en el traslado de las actuaciones al Tribunal superior competente (...), se considera necesario que el Tribunal superior (...) resuelva con la máxima celeridad y rapidez el conflicto competencial que se plantea", dice el Ministerio Público.
El artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), al que la Fiscalía alude en su escrito, establece que "si durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el Tribunal superior".
Garzón rechaza el recurso de la Fiscalía
Si la Sala de lo Penal acepta la petición del fiscal, quedaría sin efecto la maniobra jurídica por la que Garzón transformó el procedimiento en sumario -se abrió bajo la fórmula de diligencias previas- para obligar al Ministerio Público a presentar un recurso de reforma, que tiene que resolver él mismo antes de que el asunto sea visto por la instancia superior.
De hecho, la Fiscalía presentó directamente un recurso de apelación -en el que la única intervención del juez es tramitarlo y enviarlo a la sala de lo penal para que lo resuelva- que hoy mismo ha sido inadmitido por Garzón.
En un auto hecho público hoy, el juez considera que, al haber transformado su investigación en sumario, la Fiscalía debería haber presentado primero un recurso de reforma ante él, en vez de recurrir directamente ante el Pleno de la Sala de lo Penal.
El pasado viernes, Garzón transformó las diligencias previas en las que se encuadraban sus investigacione en sumario ordinario , con lo que automáticamente alargó el plazo de tramitación de los recursos, ya que, según lo estipulado en el artículo 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este tipo de procedimiento debe ser recurrido en reforma ante el magistrado instructor antes de poder recurrir a la Sala.
Garzón acusa hoy a la Fiscalía de realizar una "interpretación forzada de la Ley" para presentar "tres días después de la conversión del procedimiento de diligencias previas en sumario" un recurso ante la Sala que era "procesalmente inadecuado".
El auto señala que la Fiscalía "desarrolla un peculiar doctrina sobre la máxima del 'tempus regit actum'". Garzón indica que "mal que le pese al fiscal" el momento que se ha de tener en cuenta para saber qué recurso es legalmente correcto -si el de apelación o el de reforma- es el de su presentación y no el de la decisión que se quiere recurrir.
"El sumario es el procedimiento en el que se conceden mayores garantías a las partes (...) y, por ello, no puede ser menospreciado o rechazado para posibilitar un trámite (recurso de apelación) que está pensado para un tipo de delitos de mucha menor gravedad", asegura el auto de Garzón.
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"Aportaremos trozos de verdad a un 'puzzle' que resolverá Garzón". El País.
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"Aportaremos trozos de verdad a un 'puzzle' que resolverá Garzón"
Siete expertos asesorarán al juez en un trabajo que "puede llevar años"
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/10/2008
Tal y como solicitaba el juez Baltasar Garzón en su auto, los familiares de desaparecidos y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denunciantes han elegido ya a los cinco especialistas que, con las dos personas designadas por el juez -el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el ex presidente de la Audiencia de Barcelona Antonio Doñate- formarán el grupo de expertos que le asistirá en la localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Se trata de cuatro historiadores (Julián Casanova, Queralt Solé, Maribel Brenes y Francisco Espinosa Maestre) y un forense (Francisco Etxeberria).
Los siete expertos
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Casanova explicó desde México, donde impartió una conferencia sobre la represión franquista, las dificultades del proceso: "En tres o cuatro meses, si contamos con tres o cuatro investigadores en cada comunidad autónoma, podríamos tener listo un censo de víctimas fiable y completo, que elimine las duplicidades e incluya lugares menos explorados hasta ahora, como el País Vasco o Castilla y León. La localización de desaparecidos y apertura de fosas puede tardar años. Pero España tiene mucho trabajo adelantado. En ningún país hay listados de víctimas como los que ya hay aquí".
Etxeberria, médico forense que ha participado en la exhumación de casi un centenar de fosas desde el año 2000, considera, por su experiencia en Chile -es miembro de una comisión similar que asesora al Gobierno y la Justicia en la búsqueda de desaparecidos-, que el trabajo consistirá en "aportar trozos de verdad que forman el puzzle que ha de resolver el juez". Es decir, orientar a la policía, responder a las preguntas del juez, recomendarle otros expertos, averiguar la viabilidad de abrir una fosa e identificar los cuerpos. "Abrir el 100% de las que hay en España es imposible. Se identificará, cuando se pueda, a las víctimas cuyos familiares están personados en la causa y por el valor simbólico con el que lo hemos hecho estos años: unos representan a otros".
Espinosa Maestre, autor del primer informe sobre víctimas que recibió Garzón, cree que la investigación llevará "al menos dos años". "Orientaré a la policía judicial en la búsqueda de documentos a los que nunca hemos tenido acceso porque a los archivos militares no es lo mismo que vaya un historiador que un agente. Aportaré pruebas de que ciertos documentos que nunca hemos visto existieron". Espinosa, que lleva 25 años investigando la represión, se emocionaba ayer con la idea de poder acceder por fin a documentos como el archivo personal de Franco o las delegaciones de Orden Público.
Los siete expertos
Forman parte del equipo de expertos Francisco Espinosa Maestre (investigador de la represión), Julián Casanova (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza), Francisco Etxeberria (médico forense), Queralt Solé (investigadora y autora de un mapa de fosas en Cataluña), Maribel Brenes (historiadora), Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal anticorrupción) y Antonio Doñate (ex presidente de la Audiencia de Barcelona).
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"Aportaremos trozos de verdad a un 'puzzle' que resolverá Garzón"
Siete expertos asesorarán al juez en un trabajo que "puede llevar años"
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 23/10/2008
Tal y como solicitaba el juez Baltasar Garzón en su auto, los familiares de desaparecidos y las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica denunciantes han elegido ya a los cinco especialistas que, con las dos personas designadas por el juez -el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y el ex presidente de la Audiencia de Barcelona Antonio Doñate- formarán el grupo de expertos que le asistirá en la localización e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Se trata de cuatro historiadores (Julián Casanova, Queralt Solé, Maribel Brenes y Francisco Espinosa Maestre) y un forense (Francisco Etxeberria).
Los siete expertos
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Casanova explicó desde México, donde impartió una conferencia sobre la represión franquista, las dificultades del proceso: "En tres o cuatro meses, si contamos con tres o cuatro investigadores en cada comunidad autónoma, podríamos tener listo un censo de víctimas fiable y completo, que elimine las duplicidades e incluya lugares menos explorados hasta ahora, como el País Vasco o Castilla y León. La localización de desaparecidos y apertura de fosas puede tardar años. Pero España tiene mucho trabajo adelantado. En ningún país hay listados de víctimas como los que ya hay aquí".
Etxeberria, médico forense que ha participado en la exhumación de casi un centenar de fosas desde el año 2000, considera, por su experiencia en Chile -es miembro de una comisión similar que asesora al Gobierno y la Justicia en la búsqueda de desaparecidos-, que el trabajo consistirá en "aportar trozos de verdad que forman el puzzle que ha de resolver el juez". Es decir, orientar a la policía, responder a las preguntas del juez, recomendarle otros expertos, averiguar la viabilidad de abrir una fosa e identificar los cuerpos. "Abrir el 100% de las que hay en España es imposible. Se identificará, cuando se pueda, a las víctimas cuyos familiares están personados en la causa y por el valor simbólico con el que lo hemos hecho estos años: unos representan a otros".
Espinosa Maestre, autor del primer informe sobre víctimas que recibió Garzón, cree que la investigación llevará "al menos dos años". "Orientaré a la policía judicial en la búsqueda de documentos a los que nunca hemos tenido acceso porque a los archivos militares no es lo mismo que vaya un historiador que un agente. Aportaré pruebas de que ciertos documentos que nunca hemos visto existieron". Espinosa, que lleva 25 años investigando la represión, se emocionaba ayer con la idea de poder acceder por fin a documentos como el archivo personal de Franco o las delegaciones de Orden Público.
Los siete expertos
Forman parte del equipo de expertos Francisco Espinosa Maestre (investigador de la represión), Julián Casanova (catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza), Francisco Etxeberria (médico forense), Queralt Solé (investigadora y autora de un mapa de fosas en Cataluña), Maribel Brenes (historiadora), Carlos Jiménez Villarejo (ex fiscal anticorrupción) y Antonio Doñate (ex presidente de la Audiencia de Barcelona).
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ACTA DE LA III ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS POR EL FRANQUISMO.
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ACTA DE LA III ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS POR EL FRANQUISMO.
DIA: 18 de octubre de 2008.
HORA: 10,30 de la mañana.
LUGAR: Ateneo de Madrid.
ASISTENTES:
1. Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.
2. Asociación MH Cataluña.
3. A. RMH Aragón.
4. A. Nuestra Memoria (Sierra de Grados y Toledo).
5. A. RMH Valladolid.
6. A. RMH León- El Bierzo
7. A. MH do 36 de Ponteareas.
8. A. Memoria de Mallorca.
9. CGT
10. Forum Mèmoria País Valenciá.
Delegan en las asociaciones andaluzas y en la catalana:
1. AREMEHISA (A. Aguilar de la Frontera).
2. A. RMH Arucas.
NO ASISTEN:
1. A. Familiares de Fusilados de Navarra (avisan antes).
Se da comienzo la III Asamblea con 10 organizaciones mas dos delegadas, 12. Existe quórum suficiente.
Abre la sesión la secretaria de la Plataforma, Paqui Maqueda, y se dan 5 minutos a los medios de comunicación para grabar unos minutos de imagen de la asamblea, previamente solicitado.
A continuación la secretaria dirige unas palabras de celebración del auto del Juez de Instrucción, y se lo dedica a las víctimas y a los familiares, que son la razón de nuestra lucha. Manifiesta que el orden del día se ha modificado necesariamente como consecuencia de la notificación del auto.
ORDEN DEL DIA
Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
Varios
1. Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Se produce un debate acerca de las asociaciones que deben formar parte de la Plataforma y de la forma de ingreso en la misma. Hasta el momento han solicitado su incorporación: Aguilar de a Frontera, A. F. F. Navarra, ARMH.
La Asociación contra el Silencio y el Olvido de Málaga, cuyo representante está presente en la asamblea (Paco Sánchez) informa que su asociación ha enviado al Juzgado el listado de víctimas del cementerio de San Rafael, aportan un poder de representación y solicitan formar parte de la Plataforma. Se acepta la inclusión de esta asociación en la Plataforma, pasando a ser a partir de este momento 14 asociaciones las que la componen.
Se produce un debate acerca de la forma en que deben solicitar las asociaciones la entrada en la Plataforma y se acuerda que deben hacerlo a través de la secretaria o del portavoz, ya que es preciso tener en cuenta que el procedimiento judicial está dirigido por los abogados, pero el funcionamiento de la Plataforma debe atenerse a lo establecido por ella.
Finalizado este punto, la secretaria da la bienvenida a las organizaciones Amnistía Internacional y Asociación Española de Derecho Internacional.
2. Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
- La asociación de Mallorca había propuesto este punto del orden del día para aclarar el papel de los portavoces y de los asesores. Entiende que la dirección de la denuncia ante el Juzgado deben llevarla a cabo los letrados y los asesores, pero la dirección de la denuncia ante los familiares y los medios, deben llevarla a cabo los denunciantes. Piensa que se han podido entremezclar los papeles. Considera que los comunicados deben llegar a los denunciantes y éstos dar su visto bueno. El portavoz de los denunciantes es Manel, y los asesores jurídicos deben limitarse a asesorar a los denunciantes. No son portavoces ante la prensa.
- Se ACUERDA ratificar a los portavoces: Manel Perona como portavoz; Paqui Maqueda como secretaria; Fernando Magán y Margalida Capella como asesores jurídicos. Manel Perona, Alberto y Margalida como redactores de los comunicados.
3. Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
- Fernando inicia una explicación del auto, hablando del tipo penal al que se refiere, que es el de detención ilegal continuada
- Desde el F. Valencia se plantea el grave problema que les supone el hecho de que el Juez haya suprimido del listado de víctimas que se encuentran en las fosas del cementerio de Valencia. Las familias están desconcertadas. Fernando Magán le responde que el Juez habló con él y le comentó que no quería inflar las cifras. Que se había basado en la existencia o no de detención ilegal. El grupo de expertos podría incorporarlas.
- Se pasa a hablar del grupo de expertos, ya que este punto y la constatación del fallecimiento de los responsables de los delitos, son los asuntos que están en marcha.
- Se plantea si se puede pedirse la apertura de alguna fosa distinta de las 19 que el Juez ha ordenado abrir. Fernando Magán aclara que cualquier petición debe hacerse ante el Juzgado central. Informa que ya están cursados los exhortos a los Juzgados territoriales correspondientes al lugar donde se encuentran las 19 fosas cuya apertura ha ordenado el auto. El lunes se presentarán dos solicitudes más, dos de Mallorca y una de Cáceres. Rafael López pregunta a Fernando por qué el Juez ha elegido esas fosas en concreto, cuando se le ha aportado información de muchas más. Parece que el juez ha empezado con esa muestra, pero puede pedirse la apertura de cualquier otra siguiendo las directrices señaladas en las páginas 60 y 61 del auto.
- Desde el F. Valencia se vuelve a preguntar si se han presentado la documentación completa de 6 fosas y alrededor de 90 personas han reconocido tener familiares en ellas que habían sido detenidos y nunca más volvieron. ¿Qué pasa con las familias que han visto que el Juez no ha tenido en cuenta esa documentación? Fernando Magán contesta que se ha presentado toda la documentación pero no se ha solicitado la apertura.
- Se ACUERDA que es el Estado el que debe hacerse cargo de abrir las fosas, reivindicación fundamental para la Plataforma. Se produce un debate con respecto a este asunto y Fernando Magán aclara que es el Estado el que va a hacerse cargo de las exhumaciones, porque así lo establece el auto del Juez Central.
- Desde AEDIDH se propone que abordemos las tareas que la Plataforma tiene por delante. En primer lugar, es necesario abordar el asunto de la elección de los cinco miembros de este grupo que deben elegir los denunciantes. Es un asunto de gran trascendencia ya que este grupo de expertos va a operar como una “comisión de la verdad”. Considera que deberían formar parte del grupo de expertos 1 forense, 1 antropólogo forense, 1 ó 2 miembros de las asociaciones (en lugar del antropólogo forense) denunciantes, 1 historiador, y 1 jurista.
Hace una propuesta, en nombre del presidente de su asociación, Carlos Villar, de realización de una declaración pública, por parte de la Plataforma, conteniendo tres puntos:
- beneplácito a la actuación del Juez
- petición a la Fiscalía para que no intervenga en el procedimiento
- solicitud de colaboración a todas las administraciones del Estado. El portavoz de la Plataforma, Manel Perona le contesta que se está elaborando un comunicado en ese sentido.
- Se propone que sean 5 personas de alto perfil profesional y personal, dedicación al trabajo encomendado, medios técnicos y trayectoria reconocida en el ámbito universitario y/o político y en Memoria Histórica. El grupo de expertos se debe componer de un forense, un antropólogo forense, un historiador, y un jurista, este con reconocida trayectoria en el ámbito del derecho internacional. Se propone que se deberían elegir a varias personas para cada puesto y tendría que haber una persona de la plataforma, aunque l final se elige uno para cada puesto.
- Los nombres propuestos son:
- Forense: Etxebarría (total unanimidad).
- Historiadores: J. Casanova, P. Espinosa, S. Serrano, J. Rodrigo, P. Aguilar, A. Viñas, Conchita Mir, Paul Preston.
- Activista: M. Perona, E. Silva, S. Macias, Floren Dimas, Manuel Escarda, P. Maqueda.
- Jurista: Martín Pallín, Carlos Villán, Margalida Capella, Hernando Valencia, Joan Garcés, Fernando Magán.
- Ante la manifestación de que faltan asociaciones que decidan también se ACUERDA que esto es una propuesta de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas compuestas por 14 asociaciones hasta el día de hoy. Las demás también pueden proponer.
- Se ACUERDA que Fernando Magán solicite por escrito a las otras asociaciones opinión sobre los componentes del grupo de expertos. Una vez lo haya hecho, lo pasará por correo a la Plataforma
- Se aclara que Fernando Magán no puede formar parte del grupo de expertos porque al ser abogado de algunas asociaciones, es parte en el proceso. Se retira el nombre de Conchita Mir.
- Se propone votación, aunque se ACUERDA y decide finalmente que mejor se llegue a un consenso. Los miembros consensuados por las 14 asociaciones presentes para formar parte del grupo de expertos son:
- Forense: Francisco Etxebarría.
- Activistas: Manel Perona y Manuel Escarda.
- Historiador: Francisco Espinosa.
- Jurista: Hernando Valencia.
- Se ACUERDA ante la discusión suscitada de por qué se necesita un jurista, que es importante que haya un experto en derecho internacional humanitario para precisar el concepto de desaparecido.
- Se ACUERDA presentar a los medios que esperan un comunicado que ha preparado el portavoz de la asamblea que contiene tres puntos:
- la asamblea ha discutido el auto: se expresa el agradecimiento de ésta al Juez Garzón por su auto, así como se solicita a la fiscalía de la AN que no presente recurso alguno.
- la manera en la que la Plataforma va a encauzar su trabajo.
- y la composición del grupo de expertos: se acuerda dar el perfil y no los nombres elegidos por la asamblea ya que creemos conveniente que le lleguen al Juez en primera instancia antes que a la prensa.
A las 15 horas, se interrumpe la asamblea para comer.
Se reinicia a las 17,20 horas.
- Se comenta el recurso que previsiblemente va a presentar la Fiscalía. F. Magán plantea que se basará previsiblemente en que los hechos son anteriores a 1945 y en la aplicación a los mismos de la ley de Amnistía de 1977.
- Desde el F. Valencia se expresa la voluntad de esta asociación de presentar recurso ante la no admisión por parte del Juez de 24.500 víctimas.
- Se insiste en que las cifras serán motivo de estudio por el grupo de expertos.
- Se ACUERDA que se haga llegar al Juez la propuesta y el comunicado de apoyo.
- La secretaria comunica que el escrito del abogado Luis Ocaña que ha llegado a presentarse para su lectura en la asamblea y que tiene que ver con la falta de traslado de la documentación y otras cuestiones que ella desconoce.
- Se ACUERDA que se efectué una petición por parte de la Plataforma a los Ayuntamientos para que estos a su vez se dirijan al Ministerio de Justicia y soliciten que el Fiscal General del Estado de órdenes de que no se presente recurso alguno al auto del juez Garzón.
- Se ACUERDA hacer llegar al juez el protocolo internacional para el procedimiento a seguir en las exhumaciones, así como la petición de que las fosas cuya apertura no sean viables, se cataloguen y protejan como Lugares de Memoria.
- Desde la asociación de Andalucía se informa de la concentración de la Coordinadora de Fosas de Andalucía, ante la Consejería de Justicia en Sevilla, el sábado 25 de octubre a las 12 horas. Acudirán con picos, palas, sacos de tierra y carteles de desaparecidos para solicitar que se aplique una política de exhumaciones por parte de la J. Andalucía.
- Desde la asociación de Aragón se informa que van a acudir a una comparencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento aragonés.
- Se ACUERDA poner en común el contenido de las distintas entrevistas o comparecencias que se realicen.
- Se ACUERDA admitir como miembro de la Plataforma a la Asociación “Soriana para el Recuerdo y la Dignidad” que ha interpuesto denuncia y manifiesta su intención de formar parte de dicha Plataforma.
Se levanta la sesión y finaliza la asamblea a las 18,30 horas del 18 de octubre de 2008.
Paqui Maqueda Fernández.
Secretaria de la PVDFF.
Sevilla a 22 de octubre de 2008.
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ACTA DE LA III ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS POR EL FRANQUISMO.
DIA: 18 de octubre de 2008.
HORA: 10,30 de la mañana.
LUGAR: Ateneo de Madrid.
ASISTENTES:
1. Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.
2. Asociación MH Cataluña.
3. A. RMH Aragón.
4. A. Nuestra Memoria (Sierra de Grados y Toledo).
5. A. RMH Valladolid.
6. A. RMH León- El Bierzo
7. A. MH do 36 de Ponteareas.
8. A. Memoria de Mallorca.
9. CGT
10. Forum Mèmoria País Valenciá.
Delegan en las asociaciones andaluzas y en la catalana:
1. AREMEHISA (A. Aguilar de la Frontera).
2. A. RMH Arucas.
NO ASISTEN:
1. A. Familiares de Fusilados de Navarra (avisan antes).
Se da comienzo la III Asamblea con 10 organizaciones mas dos delegadas, 12. Existe quórum suficiente.
Abre la sesión la secretaria de la Plataforma, Paqui Maqueda, y se dan 5 minutos a los medios de comunicación para grabar unos minutos de imagen de la asamblea, previamente solicitado.
A continuación la secretaria dirige unas palabras de celebración del auto del Juez de Instrucción, y se lo dedica a las víctimas y a los familiares, que son la razón de nuestra lucha. Manifiesta que el orden del día se ha modificado necesariamente como consecuencia de la notificación del auto.
ORDEN DEL DIA
Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
Varios
1. Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Se produce un debate acerca de las asociaciones que deben formar parte de la Plataforma y de la forma de ingreso en la misma. Hasta el momento han solicitado su incorporación: Aguilar de a Frontera, A. F. F. Navarra, ARMH.
La Asociación contra el Silencio y el Olvido de Málaga, cuyo representante está presente en la asamblea (Paco Sánchez) informa que su asociación ha enviado al Juzgado el listado de víctimas del cementerio de San Rafael, aportan un poder de representación y solicitan formar parte de la Plataforma. Se acepta la inclusión de esta asociación en la Plataforma, pasando a ser a partir de este momento 14 asociaciones las que la componen.
Se produce un debate acerca de la forma en que deben solicitar las asociaciones la entrada en la Plataforma y se acuerda que deben hacerlo a través de la secretaria o del portavoz, ya que es preciso tener en cuenta que el procedimiento judicial está dirigido por los abogados, pero el funcionamiento de la Plataforma debe atenerse a lo establecido por ella.
Finalizado este punto, la secretaria da la bienvenida a las organizaciones Amnistía Internacional y Asociación Española de Derecho Internacional.
2. Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
- La asociación de Mallorca había propuesto este punto del orden del día para aclarar el papel de los portavoces y de los asesores. Entiende que la dirección de la denuncia ante el Juzgado deben llevarla a cabo los letrados y los asesores, pero la dirección de la denuncia ante los familiares y los medios, deben llevarla a cabo los denunciantes. Piensa que se han podido entremezclar los papeles. Considera que los comunicados deben llegar a los denunciantes y éstos dar su visto bueno. El portavoz de los denunciantes es Manel, y los asesores jurídicos deben limitarse a asesorar a los denunciantes. No son portavoces ante la prensa.
- Se ACUERDA ratificar a los portavoces: Manel Perona como portavoz; Paqui Maqueda como secretaria; Fernando Magán y Margalida Capella como asesores jurídicos. Manel Perona, Alberto y Margalida como redactores de los comunicados.
3. Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
- Fernando inicia una explicación del auto, hablando del tipo penal al que se refiere, que es el de detención ilegal continuada
- Desde el F. Valencia se plantea el grave problema que les supone el hecho de que el Juez haya suprimido del listado de víctimas que se encuentran en las fosas del cementerio de Valencia. Las familias están desconcertadas. Fernando Magán le responde que el Juez habló con él y le comentó que no quería inflar las cifras. Que se había basado en la existencia o no de detención ilegal. El grupo de expertos podría incorporarlas.
- Se pasa a hablar del grupo de expertos, ya que este punto y la constatación del fallecimiento de los responsables de los delitos, son los asuntos que están en marcha.
- Se plantea si se puede pedirse la apertura de alguna fosa distinta de las 19 que el Juez ha ordenado abrir. Fernando Magán aclara que cualquier petición debe hacerse ante el Juzgado central. Informa que ya están cursados los exhortos a los Juzgados territoriales correspondientes al lugar donde se encuentran las 19 fosas cuya apertura ha ordenado el auto. El lunes se presentarán dos solicitudes más, dos de Mallorca y una de Cáceres. Rafael López pregunta a Fernando por qué el Juez ha elegido esas fosas en concreto, cuando se le ha aportado información de muchas más. Parece que el juez ha empezado con esa muestra, pero puede pedirse la apertura de cualquier otra siguiendo las directrices señaladas en las páginas 60 y 61 del auto.
- Desde el F. Valencia se vuelve a preguntar si se han presentado la documentación completa de 6 fosas y alrededor de 90 personas han reconocido tener familiares en ellas que habían sido detenidos y nunca más volvieron. ¿Qué pasa con las familias que han visto que el Juez no ha tenido en cuenta esa documentación? Fernando Magán contesta que se ha presentado toda la documentación pero no se ha solicitado la apertura.
- Se ACUERDA que es el Estado el que debe hacerse cargo de abrir las fosas, reivindicación fundamental para la Plataforma. Se produce un debate con respecto a este asunto y Fernando Magán aclara que es el Estado el que va a hacerse cargo de las exhumaciones, porque así lo establece el auto del Juez Central.
- Desde AEDIDH se propone que abordemos las tareas que la Plataforma tiene por delante. En primer lugar, es necesario abordar el asunto de la elección de los cinco miembros de este grupo que deben elegir los denunciantes. Es un asunto de gran trascendencia ya que este grupo de expertos va a operar como una “comisión de la verdad”. Considera que deberían formar parte del grupo de expertos 1 forense, 1 antropólogo forense, 1 ó 2 miembros de las asociaciones (en lugar del antropólogo forense) denunciantes, 1 historiador, y 1 jurista.
Hace una propuesta, en nombre del presidente de su asociación, Carlos Villar, de realización de una declaración pública, por parte de la Plataforma, conteniendo tres puntos:
- beneplácito a la actuación del Juez
- petición a la Fiscalía para que no intervenga en el procedimiento
- solicitud de colaboración a todas las administraciones del Estado. El portavoz de la Plataforma, Manel Perona le contesta que se está elaborando un comunicado en ese sentido.
- Se propone que sean 5 personas de alto perfil profesional y personal, dedicación al trabajo encomendado, medios técnicos y trayectoria reconocida en el ámbito universitario y/o político y en Memoria Histórica. El grupo de expertos se debe componer de un forense, un antropólogo forense, un historiador, y un jurista, este con reconocida trayectoria en el ámbito del derecho internacional. Se propone que se deberían elegir a varias personas para cada puesto y tendría que haber una persona de la plataforma, aunque l final se elige uno para cada puesto.
- Los nombres propuestos son:
- Forense: Etxebarría (total unanimidad).
- Historiadores: J. Casanova, P. Espinosa, S. Serrano, J. Rodrigo, P. Aguilar, A. Viñas, Conchita Mir, Paul Preston.
- Activista: M. Perona, E. Silva, S. Macias, Floren Dimas, Manuel Escarda, P. Maqueda.
- Jurista: Martín Pallín, Carlos Villán, Margalida Capella, Hernando Valencia, Joan Garcés, Fernando Magán.
- Ante la manifestación de que faltan asociaciones que decidan también se ACUERDA que esto es una propuesta de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas compuestas por 14 asociaciones hasta el día de hoy. Las demás también pueden proponer.
- Se ACUERDA que Fernando Magán solicite por escrito a las otras asociaciones opinión sobre los componentes del grupo de expertos. Una vez lo haya hecho, lo pasará por correo a la Plataforma
- Se aclara que Fernando Magán no puede formar parte del grupo de expertos porque al ser abogado de algunas asociaciones, es parte en el proceso. Se retira el nombre de Conchita Mir.
- Se propone votación, aunque se ACUERDA y decide finalmente que mejor se llegue a un consenso. Los miembros consensuados por las 14 asociaciones presentes para formar parte del grupo de expertos son:
- Forense: Francisco Etxebarría.
- Activistas: Manel Perona y Manuel Escarda.
- Historiador: Francisco Espinosa.
- Jurista: Hernando Valencia.
- Se ACUERDA ante la discusión suscitada de por qué se necesita un jurista, que es importante que haya un experto en derecho internacional humanitario para precisar el concepto de desaparecido.
- Se ACUERDA presentar a los medios que esperan un comunicado que ha preparado el portavoz de la asamblea que contiene tres puntos:
- la asamblea ha discutido el auto: se expresa el agradecimiento de ésta al Juez Garzón por su auto, así como se solicita a la fiscalía de la AN que no presente recurso alguno.
- la manera en la que la Plataforma va a encauzar su trabajo.
- y la composición del grupo de expertos: se acuerda dar el perfil y no los nombres elegidos por la asamblea ya que creemos conveniente que le lleguen al Juez en primera instancia antes que a la prensa.
A las 15 horas, se interrumpe la asamblea para comer.
Se reinicia a las 17,20 horas.
- Se comenta el recurso que previsiblemente va a presentar la Fiscalía. F. Magán plantea que se basará previsiblemente en que los hechos son anteriores a 1945 y en la aplicación a los mismos de la ley de Amnistía de 1977.
- Desde el F. Valencia se expresa la voluntad de esta asociación de presentar recurso ante la no admisión por parte del Juez de 24.500 víctimas.
- Se insiste en que las cifras serán motivo de estudio por el grupo de expertos.
- Se ACUERDA que se haga llegar al Juez la propuesta y el comunicado de apoyo.
- La secretaria comunica que el escrito del abogado Luis Ocaña que ha llegado a presentarse para su lectura en la asamblea y que tiene que ver con la falta de traslado de la documentación y otras cuestiones que ella desconoce.
- Se ACUERDA que se efectué una petición por parte de la Plataforma a los Ayuntamientos para que estos a su vez se dirijan al Ministerio de Justicia y soliciten que el Fiscal General del Estado de órdenes de que no se presente recurso alguno al auto del juez Garzón.
- Se ACUERDA hacer llegar al juez el protocolo internacional para el procedimiento a seguir en las exhumaciones, así como la petición de que las fosas cuya apertura no sean viables, se cataloguen y protejan como Lugares de Memoria.
- Desde la asociación de Andalucía se informa de la concentración de la Coordinadora de Fosas de Andalucía, ante la Consejería de Justicia en Sevilla, el sábado 25 de octubre a las 12 horas. Acudirán con picos, palas, sacos de tierra y carteles de desaparecidos para solicitar que se aplique una política de exhumaciones por parte de la J. Andalucía.
- Desde la asociación de Aragón se informa que van a acudir a una comparencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento aragonés.
- Se ACUERDA poner en común el contenido de las distintas entrevistas o comparecencias que se realicen.
- Se ACUERDA admitir como miembro de la Plataforma a la Asociación “Soriana para el Recuerdo y la Dignidad” que ha interpuesto denuncia y manifiesta su intención de formar parte de dicha Plataforma.
Se levanta la sesión y finaliza la asamblea a las 18,30 horas del 18 de octubre de 2008.
Paqui Maqueda Fernández.
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La Audiencia Nacional comienza a estudiar si Garzón es competente para investigar el Franquismo
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El Pleno dio hoy traslado a las partes de un incidente de competencia presentado por el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, directamente a la Sala de lo Penal en el que considera que el juez instructor "carece manifiestamente" de atribución "objetiva y funcional" para investigar estos hechos.
Por ello, ha promovido "el incidente previsto por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece que, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entendiera que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso".
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Por ello, ha promovido "el incidente previsto por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", que establece que, "si durante el sumario o en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal entendiera que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrá reclamar ante el tribunal superior al que corresponda (...), el cual resolverá de plano y sin ulterior recurso".
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