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C0MUNICADO DE PREMSA
Víctimas de Desapariciones Forzadas en España
El día 27 de Noviembre de 2008 una delegación conjunta formada por distintas ONG –Amnistía Internacional, la Federación de Asociaciones para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en España, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos-, asociaciones de familiares de desaparecidos en representación de Arucas (Islas Canarias), Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Valladolid y F. M. del País Valenciano, miembros de la Plataforma de Víctimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo se han
reunido con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de las Naciones Unidas.
La finalidad de la reunión ha sido exponer la situación critica que se está viviendo en España entorno a las victimas de desapariciones forzadas de la guerra civil y el franquismo. La actitud del Grupo de Trabajo ha sido muy positiva y han afirmado que están siguiendo muy de cerca el caso de las familias españolas. El Presidente del Grupo de Trabajo, Sr. Corcuera, ha señalado que estudiaran las medidas que se puedan aplicar al caso español.
Adjuntamos para su información el manifiesto presentado por Amnistía Internacional y suscrito por las organizaciones antes mencionadas y otros. Y asimismo os entregamos el manifiesto para su posterior difusión y adhesión
( http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-delfranquismo/firma-el-manifiesto/ )
Para pasar página, primero hay que leerla
Los abajo firmantes, juristas y organizaciones internacionales nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Mantenemos que:
-España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.
-Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.
-De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria. El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.
-No es posible que los Tribunales españoles –basándose en sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carezcan de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.
-Los que suscriben el presente manifiesto ya observaron, con motivo de la aprobación de la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que en ella no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado
haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costes y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.
Adhesiones al Manifiesto:
Federico Andreu
Consejero General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Line Bareiro
Ex integrante de la Junta Directiva del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Nicolas Boeglin
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) y profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Costa Rica.
Pilar Coll Torrente
Primera Secretaria General de la Coordinadora Derechos Humanos de Perú
Carlos Iván Degregori
Ex Comisionado de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú
Elvira Domínguez-Redondo
Senior Lecturer in Law, Middlesex University, The Burroughs, Hendon, London
Carmelo Faleh Pérez
Secretario general de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), y profesor de Derecho Internacional Público Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Gustavo Gallon
Presidente de la Comisión de Juristas Colombiana
Ronald Gamarra
Secretario General de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Soledad García Muñoz
Miembro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Roberto Garretón
Ex abogado de la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura de Pinochet
José Antonio Martín Pallín
Magistrado Emérito del Tribunal Supremo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Julieta Montaño Salvatierra
Presidenta de la Oficina Jurídica para la Mujer (OJM) de Bolivia
Hugo Omar Cañón
Fiscal General, Cámara General de Bahía Blanca de Buenos Aires y Presidente de la Comisión Provincial por la Memoria
Jorge E. Pan
Miembro del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay
Víctor Manuel Rodríguez Rescia
Vicepresidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas
Fabián Salvioli
Catedrático de Derecho Internacional Público y Director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la Plata, Buenos Aires
Pancho Soberón
Director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú
Silke Studzinsky
Senior Legal Advisor, Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
Alirio Uribe Muñoz
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo de Colombia
Hernando Valencia
Ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Carlos Villán Durán
Presidente de la Asociación Española para el Desarrollo y la Aplicación del Derechos Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH)
Susana Villarán
Secretaria y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
José Zeitune
Consejero Jurídico para Latinoamérica de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
Perfecto Alonso Tejero
Abogado Colegio de Barcelona
Björn Arp
Secretario Académico del Master sobre Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá
Nemesio Barxa Barxa
Abogado
Rafael Calderón Fochs
Abogado Colegio de Barcelona
José Antonio Díaz Díaz
Presidente de la Ong Movimiento por la Paz en Canarias (MPDLC)
Juan Manuel de Faramiñán Gilbert
Catedrático de la Universidad de Jaén
José Luis Galán
Abogado. Colegio de Madrid
Felipe Gómez Isa
Miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto
Francisco Jiménez Bautista
Profesor e investigador del Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
Eva Labarta i Ferrer
Abogada Colegio de Barcelona
Antoni Lucchetti
Abogado Colegio de Barcelona
Beatriz Monasterio
Abogada. Colegio de Madrid
Sergi Palmés Oranich
Abogado. Colegio de Barcelona
Enrique Santiago Romero
Abogado
Alicia Silvia Pifarré Pan
Abogada. Costa Rica
Pilar Rebaque Mas
Abogada. Colegio de Barcelona
Javier Roldán Barbero
Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Granada
Lourdes Torres Prat
Abogada Colegio de Barcelona
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jueves, 27 de noviembre de 2008
domingo, 2 de noviembre de 2008
Familiares de desaparecidos ven satisfactorio aunque insuficiente impulso ley
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Familiares de desaparecidos ven satisfactorio aunque insuficiente ...
Familiares de desaparecidos ven satisfactorio aunque insuficiente impulso ley
Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista han dado la bienvenida al conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura, aunque han criticado su insuficiencia, sus limitaciones y su tardanza.
Así lo han dicho a Efe tras aprobar el Consejo de Ministros del pasado viernes 31 de octubre una serie de medidas como la elaboración de un protocolo para exhumaciones de víctimas y de un mapa de las fosas donde se hallen sus restos, y como la retirada de los símbolos franquistas de los edificios propiedad del Estado.
La secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha acogido con satisfacción las medidas de desarrollo de la ley, que ha estado dos años 'parada', sin ningún decreto, aunque ha criticado sus 'vacíos' o 'lagunas'.
Maqueda ha reivindicado que el Estado asuma la responsabilidad de las exhumaciones, en vez de dejarlas en manos de las asociaciones de familiares, además de la anulación de las decisiones de los consejos de guerra y de las sentencias franquistas.
No obstante, se ha congratulado por la concesión de la nacionalidad española a los hijos y los nietos de los exiliados y a los brigadistas internacionales, y por la retirada de los símbolos franquistas de los edificios propiedad del Estado, todos ellos 'gestos muy bonitos que honran' al actual Gobierno.
'Todo esto obedece a la presión de los familiares a través de las asociaciones', ha dicho la representante de la Plataforma, quien ha subrayado que ni el Gobierno ni los propios colectivos de afectados creían que iban a llegar a plantear su causa en la mesa de un juez de la Audiencia Nacional.
Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de 'insuficientes' las medidas aprobadas por el Ejecutivo, al tiempo que ha lamentado sus 'limitaciones' y su 'tardanza'.
Silva también ha instado al Gobierno a responsabilizarse de la apertura de las fosas y de la búsqueda de los desaparecidos, al tiempo que ha reclamado la ampliación de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del franquismo asesinadas por causas políticas, que la ley fija a partir del 1 de enero de 1968.
Además, ha expresado su temor por la posibilidad de que la elaboración de un protocolo para las exhumaciones suponga la 'ralentización' de un proceso que se debe acometer con 'urgencia'.
El portavoz de la asociación ha cuestionado la conservación de aquellos símbolos franquistas que tengan un significado histórico-artístico y arquitectónico, como el Valle de los Caídos, por considerarlos un 'insulto' y un 'agravio' para los familiares de las víctimas.
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha acogido con satisfacción las medidas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aunque las ha tachado de 'insuficientes' y ha mostrado su cautela a la espera de su aplicación.
García ha destacado la importancia del desbloqueo de las indemnizaciones a los familiares y sobrevivientes, que podrán acceder a una forma de reconocimiento 'muy tardío', si bien ha reconocido que 'nunca es tarde si la dicha es buena'.
También ha resaltado que la elaboración de un mapa de fosas donde se localicen los restos de las víctimas permitirá 'conservar la geografía de la represión española'.
Terra Actualidad - EFE
Familiares de desaparecidos ven satisfactorio aunque insuficiente ...
Familiares de desaparecidos ven satisfactorio aunque insuficiente impulso ley
Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista han dado la bienvenida al conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura, aunque han criticado su insuficiencia, sus limitaciones y su tardanza.
Así lo han dicho a Efe tras aprobar el Consejo de Ministros del pasado viernes 31 de octubre una serie de medidas como la elaboración de un protocolo para exhumaciones de víctimas y de un mapa de las fosas donde se hallen sus restos, y como la retirada de los símbolos franquistas de los edificios propiedad del Estado.
La secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha acogido con satisfacción las medidas de desarrollo de la ley, que ha estado dos años 'parada', sin ningún decreto, aunque ha criticado sus 'vacíos' o 'lagunas'.
Maqueda ha reivindicado que el Estado asuma la responsabilidad de las exhumaciones, en vez de dejarlas en manos de las asociaciones de familiares, además de la anulación de las decisiones de los consejos de guerra y de las sentencias franquistas.
No obstante, se ha congratulado por la concesión de la nacionalidad española a los hijos y los nietos de los exiliados y a los brigadistas internacionales, y por la retirada de los símbolos franquistas de los edificios propiedad del Estado, todos ellos 'gestos muy bonitos que honran' al actual Gobierno.
'Todo esto obedece a la presión de los familiares a través de las asociaciones', ha dicho la representante de la Plataforma, quien ha subrayado que ni el Gobierno ni los propios colectivos de afectados creían que iban a llegar a plantear su causa en la mesa de un juez de la Audiencia Nacional.
Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de 'insuficientes' las medidas aprobadas por el Ejecutivo, al tiempo que ha lamentado sus 'limitaciones' y su 'tardanza'.
Silva también ha instado al Gobierno a responsabilizarse de la apertura de las fosas y de la búsqueda de los desaparecidos, al tiempo que ha reclamado la ampliación de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas del franquismo asesinadas por causas políticas, que la ley fija a partir del 1 de enero de 1968.
Además, ha expresado su temor por la posibilidad de que la elaboración de un protocolo para las exhumaciones suponga la 'ralentización' de un proceso que se debe acometer con 'urgencia'.
El portavoz de la asociación ha cuestionado la conservación de aquellos símbolos franquistas que tengan un significado histórico-artístico y arquitectónico, como el Valle de los Caídos, por considerarlos un 'insulto' y un 'agravio' para los familiares de las víctimas.
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha acogido con satisfacción las medidas de desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aunque las ha tachado de 'insuficientes' y ha mostrado su cautela a la espera de su aplicación.
García ha destacado la importancia del desbloqueo de las indemnizaciones a los familiares y sobrevivientes, que podrán acceder a una forma de reconocimiento 'muy tardío', si bien ha reconocido que 'nunca es tarde si la dicha es buena'.
También ha resaltado que la elaboración de un mapa de fosas donde se localicen los restos de las víctimas permitirá 'conservar la geografía de la represión española'.
Terra Actualidad - EFE
jueves, 23 de octubre de 2008
ACTA DE LA III ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS POR EL FRANQUISMO.
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ACTA DE LA III ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS POR EL FRANQUISMO.
DIA: 18 de octubre de 2008.
HORA: 10,30 de la mañana.
LUGAR: Ateneo de Madrid.
ASISTENTES:
1. Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.
2. Asociación MH Cataluña.
3. A. RMH Aragón.
4. A. Nuestra Memoria (Sierra de Grados y Toledo).
5. A. RMH Valladolid.
6. A. RMH León- El Bierzo
7. A. MH do 36 de Ponteareas.
8. A. Memoria de Mallorca.
9. CGT
10. Forum Mèmoria País Valenciá.
Delegan en las asociaciones andaluzas y en la catalana:
1. AREMEHISA (A. Aguilar de la Frontera).
2. A. RMH Arucas.
NO ASISTEN:
1. A. Familiares de Fusilados de Navarra (avisan antes).
Se da comienzo la III Asamblea con 10 organizaciones mas dos delegadas, 12. Existe quórum suficiente.
Abre la sesión la secretaria de la Plataforma, Paqui Maqueda, y se dan 5 minutos a los medios de comunicación para grabar unos minutos de imagen de la asamblea, previamente solicitado.
A continuación la secretaria dirige unas palabras de celebración del auto del Juez de Instrucción, y se lo dedica a las víctimas y a los familiares, que son la razón de nuestra lucha. Manifiesta que el orden del día se ha modificado necesariamente como consecuencia de la notificación del auto.
ORDEN DEL DIA
Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
Varios
1. Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Se produce un debate acerca de las asociaciones que deben formar parte de la Plataforma y de la forma de ingreso en la misma. Hasta el momento han solicitado su incorporación: Aguilar de a Frontera, A. F. F. Navarra, ARMH.
La Asociación contra el Silencio y el Olvido de Málaga, cuyo representante está presente en la asamblea (Paco Sánchez) informa que su asociación ha enviado al Juzgado el listado de víctimas del cementerio de San Rafael, aportan un poder de representación y solicitan formar parte de la Plataforma. Se acepta la inclusión de esta asociación en la Plataforma, pasando a ser a partir de este momento 14 asociaciones las que la componen.
Se produce un debate acerca de la forma en que deben solicitar las asociaciones la entrada en la Plataforma y se acuerda que deben hacerlo a través de la secretaria o del portavoz, ya que es preciso tener en cuenta que el procedimiento judicial está dirigido por los abogados, pero el funcionamiento de la Plataforma debe atenerse a lo establecido por ella.
Finalizado este punto, la secretaria da la bienvenida a las organizaciones Amnistía Internacional y Asociación Española de Derecho Internacional.
2. Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
- La asociación de Mallorca había propuesto este punto del orden del día para aclarar el papel de los portavoces y de los asesores. Entiende que la dirección de la denuncia ante el Juzgado deben llevarla a cabo los letrados y los asesores, pero la dirección de la denuncia ante los familiares y los medios, deben llevarla a cabo los denunciantes. Piensa que se han podido entremezclar los papeles. Considera que los comunicados deben llegar a los denunciantes y éstos dar su visto bueno. El portavoz de los denunciantes es Manel, y los asesores jurídicos deben limitarse a asesorar a los denunciantes. No son portavoces ante la prensa.
- Se ACUERDA ratificar a los portavoces: Manel Perona como portavoz; Paqui Maqueda como secretaria; Fernando Magán y Margalida Capella como asesores jurídicos. Manel Perona, Alberto y Margalida como redactores de los comunicados.
3. Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
- Fernando inicia una explicación del auto, hablando del tipo penal al que se refiere, que es el de detención ilegal continuada
- Desde el F. Valencia se plantea el grave problema que les supone el hecho de que el Juez haya suprimido del listado de víctimas que se encuentran en las fosas del cementerio de Valencia. Las familias están desconcertadas. Fernando Magán le responde que el Juez habló con él y le comentó que no quería inflar las cifras. Que se había basado en la existencia o no de detención ilegal. El grupo de expertos podría incorporarlas.
- Se pasa a hablar del grupo de expertos, ya que este punto y la constatación del fallecimiento de los responsables de los delitos, son los asuntos que están en marcha.
- Se plantea si se puede pedirse la apertura de alguna fosa distinta de las 19 que el Juez ha ordenado abrir. Fernando Magán aclara que cualquier petición debe hacerse ante el Juzgado central. Informa que ya están cursados los exhortos a los Juzgados territoriales correspondientes al lugar donde se encuentran las 19 fosas cuya apertura ha ordenado el auto. El lunes se presentarán dos solicitudes más, dos de Mallorca y una de Cáceres. Rafael López pregunta a Fernando por qué el Juez ha elegido esas fosas en concreto, cuando se le ha aportado información de muchas más. Parece que el juez ha empezado con esa muestra, pero puede pedirse la apertura de cualquier otra siguiendo las directrices señaladas en las páginas 60 y 61 del auto.
- Desde el F. Valencia se vuelve a preguntar si se han presentado la documentación completa de 6 fosas y alrededor de 90 personas han reconocido tener familiares en ellas que habían sido detenidos y nunca más volvieron. ¿Qué pasa con las familias que han visto que el Juez no ha tenido en cuenta esa documentación? Fernando Magán contesta que se ha presentado toda la documentación pero no se ha solicitado la apertura.
- Se ACUERDA que es el Estado el que debe hacerse cargo de abrir las fosas, reivindicación fundamental para la Plataforma. Se produce un debate con respecto a este asunto y Fernando Magán aclara que es el Estado el que va a hacerse cargo de las exhumaciones, porque así lo establece el auto del Juez Central.
- Desde AEDIDH se propone que abordemos las tareas que la Plataforma tiene por delante. En primer lugar, es necesario abordar el asunto de la elección de los cinco miembros de este grupo que deben elegir los denunciantes. Es un asunto de gran trascendencia ya que este grupo de expertos va a operar como una “comisión de la verdad”. Considera que deberían formar parte del grupo de expertos 1 forense, 1 antropólogo forense, 1 ó 2 miembros de las asociaciones (en lugar del antropólogo forense) denunciantes, 1 historiador, y 1 jurista.
Hace una propuesta, en nombre del presidente de su asociación, Carlos Villar, de realización de una declaración pública, por parte de la Plataforma, conteniendo tres puntos:
- beneplácito a la actuación del Juez
- petición a la Fiscalía para que no intervenga en el procedimiento
- solicitud de colaboración a todas las administraciones del Estado. El portavoz de la Plataforma, Manel Perona le contesta que se está elaborando un comunicado en ese sentido.
- Se propone que sean 5 personas de alto perfil profesional y personal, dedicación al trabajo encomendado, medios técnicos y trayectoria reconocida en el ámbito universitario y/o político y en Memoria Histórica. El grupo de expertos se debe componer de un forense, un antropólogo forense, un historiador, y un jurista, este con reconocida trayectoria en el ámbito del derecho internacional. Se propone que se deberían elegir a varias personas para cada puesto y tendría que haber una persona de la plataforma, aunque l final se elige uno para cada puesto.
- Los nombres propuestos son:
- Forense: Etxebarría (total unanimidad).
- Historiadores: J. Casanova, P. Espinosa, S. Serrano, J. Rodrigo, P. Aguilar, A. Viñas, Conchita Mir, Paul Preston.
- Activista: M. Perona, E. Silva, S. Macias, Floren Dimas, Manuel Escarda, P. Maqueda.
- Jurista: Martín Pallín, Carlos Villán, Margalida Capella, Hernando Valencia, Joan Garcés, Fernando Magán.
- Ante la manifestación de que faltan asociaciones que decidan también se ACUERDA que esto es una propuesta de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas compuestas por 14 asociaciones hasta el día de hoy. Las demás también pueden proponer.
- Se ACUERDA que Fernando Magán solicite por escrito a las otras asociaciones opinión sobre los componentes del grupo de expertos. Una vez lo haya hecho, lo pasará por correo a la Plataforma
- Se aclara que Fernando Magán no puede formar parte del grupo de expertos porque al ser abogado de algunas asociaciones, es parte en el proceso. Se retira el nombre de Conchita Mir.
- Se propone votación, aunque se ACUERDA y decide finalmente que mejor se llegue a un consenso. Los miembros consensuados por las 14 asociaciones presentes para formar parte del grupo de expertos son:
- Forense: Francisco Etxebarría.
- Activistas: Manel Perona y Manuel Escarda.
- Historiador: Francisco Espinosa.
- Jurista: Hernando Valencia.
- Se ACUERDA ante la discusión suscitada de por qué se necesita un jurista, que es importante que haya un experto en derecho internacional humanitario para precisar el concepto de desaparecido.
- Se ACUERDA presentar a los medios que esperan un comunicado que ha preparado el portavoz de la asamblea que contiene tres puntos:
- la asamblea ha discutido el auto: se expresa el agradecimiento de ésta al Juez Garzón por su auto, así como se solicita a la fiscalía de la AN que no presente recurso alguno.
- la manera en la que la Plataforma va a encauzar su trabajo.
- y la composición del grupo de expertos: se acuerda dar el perfil y no los nombres elegidos por la asamblea ya que creemos conveniente que le lleguen al Juez en primera instancia antes que a la prensa.
A las 15 horas, se interrumpe la asamblea para comer.
Se reinicia a las 17,20 horas.
- Se comenta el recurso que previsiblemente va a presentar la Fiscalía. F. Magán plantea que se basará previsiblemente en que los hechos son anteriores a 1945 y en la aplicación a los mismos de la ley de Amnistía de 1977.
- Desde el F. Valencia se expresa la voluntad de esta asociación de presentar recurso ante la no admisión por parte del Juez de 24.500 víctimas.
- Se insiste en que las cifras serán motivo de estudio por el grupo de expertos.
- Se ACUERDA que se haga llegar al Juez la propuesta y el comunicado de apoyo.
- La secretaria comunica que el escrito del abogado Luis Ocaña que ha llegado a presentarse para su lectura en la asamblea y que tiene que ver con la falta de traslado de la documentación y otras cuestiones que ella desconoce.
- Se ACUERDA que se efectué una petición por parte de la Plataforma a los Ayuntamientos para que estos a su vez se dirijan al Ministerio de Justicia y soliciten que el Fiscal General del Estado de órdenes de que no se presente recurso alguno al auto del juez Garzón.
- Se ACUERDA hacer llegar al juez el protocolo internacional para el procedimiento a seguir en las exhumaciones, así como la petición de que las fosas cuya apertura no sean viables, se cataloguen y protejan como Lugares de Memoria.
- Desde la asociación de Andalucía se informa de la concentración de la Coordinadora de Fosas de Andalucía, ante la Consejería de Justicia en Sevilla, el sábado 25 de octubre a las 12 horas. Acudirán con picos, palas, sacos de tierra y carteles de desaparecidos para solicitar que se aplique una política de exhumaciones por parte de la J. Andalucía.
- Desde la asociación de Aragón se informa que van a acudir a una comparencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento aragonés.
- Se ACUERDA poner en común el contenido de las distintas entrevistas o comparecencias que se realicen.
- Se ACUERDA admitir como miembro de la Plataforma a la Asociación “Soriana para el Recuerdo y la Dignidad” que ha interpuesto denuncia y manifiesta su intención de formar parte de dicha Plataforma.
Se levanta la sesión y finaliza la asamblea a las 18,30 horas del 18 de octubre de 2008.
Paqui Maqueda Fernández.
Secretaria de la PVDFF.
Sevilla a 22 de octubre de 2008.
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ACTA DE LA III ASAMBLEA DE LA PLATAFORMA DE ASOCIACIONES DE VICTIMAS DE DESAPARICIONES FORZADAS POR EL FRANQUISMO.
DIA: 18 de octubre de 2008.
HORA: 10,30 de la mañana.
LUGAR: Ateneo de Madrid.
ASISTENTES:
1. Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia.
2. Asociación MH Cataluña.
3. A. RMH Aragón.
4. A. Nuestra Memoria (Sierra de Grados y Toledo).
5. A. RMH Valladolid.
6. A. RMH León- El Bierzo
7. A. MH do 36 de Ponteareas.
8. A. Memoria de Mallorca.
9. CGT
10. Forum Mèmoria País Valenciá.
Delegan en las asociaciones andaluzas y en la catalana:
1. AREMEHISA (A. Aguilar de la Frontera).
2. A. RMH Arucas.
NO ASISTEN:
1. A. Familiares de Fusilados de Navarra (avisan antes).
Se da comienzo la III Asamblea con 10 organizaciones mas dos delegadas, 12. Existe quórum suficiente.
Abre la sesión la secretaria de la Plataforma, Paqui Maqueda, y se dan 5 minutos a los medios de comunicación para grabar unos minutos de imagen de la asamblea, previamente solicitado.
A continuación la secretaria dirige unas palabras de celebración del auto del Juez de Instrucción, y se lo dedica a las víctimas y a los familiares, que son la razón de nuestra lucha. Manifiesta que el orden del día se ha modificado necesariamente como consecuencia de la notificación del auto.
ORDEN DEL DIA
Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
Varios
1. Lectura de las actas de las dos asambleas anteriores.
Se produce un debate acerca de las asociaciones que deben formar parte de la Plataforma y de la forma de ingreso en la misma. Hasta el momento han solicitado su incorporación: Aguilar de a Frontera, A. F. F. Navarra, ARMH.
La Asociación contra el Silencio y el Olvido de Málaga, cuyo representante está presente en la asamblea (Paco Sánchez) informa que su asociación ha enviado al Juzgado el listado de víctimas del cementerio de San Rafael, aportan un poder de representación y solicitan formar parte de la Plataforma. Se acepta la inclusión de esta asociación en la Plataforma, pasando a ser a partir de este momento 14 asociaciones las que la componen.
Se produce un debate acerca de la forma en que deben solicitar las asociaciones la entrada en la Plataforma y se acuerda que deben hacerlo a través de la secretaria o del portavoz, ya que es preciso tener en cuenta que el procedimiento judicial está dirigido por los abogados, pero el funcionamiento de la Plataforma debe atenerse a lo establecido por ella.
Finalizado este punto, la secretaria da la bienvenida a las organizaciones Amnistía Internacional y Asociación Española de Derecho Internacional.
2. Papel y ratificación, en su caso, de los portavoces.
- La asociación de Mallorca había propuesto este punto del orden del día para aclarar el papel de los portavoces y de los asesores. Entiende que la dirección de la denuncia ante el Juzgado deben llevarla a cabo los letrados y los asesores, pero la dirección de la denuncia ante los familiares y los medios, deben llevarla a cabo los denunciantes. Piensa que se han podido entremezclar los papeles. Considera que los comunicados deben llegar a los denunciantes y éstos dar su visto bueno. El portavoz de los denunciantes es Manel, y los asesores jurídicos deben limitarse a asesorar a los denunciantes. No son portavoces ante la prensa.
- Se ACUERDA ratificar a los portavoces: Manel Perona como portavoz; Paqui Maqueda como secretaria; Fernando Magán y Margalida Capella como asesores jurídicos. Manel Perona, Alberto y Margalida como redactores de los comunicados.
3. Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional
- Fernando inicia una explicación del auto, hablando del tipo penal al que se refiere, que es el de detención ilegal continuada
- Desde el F. Valencia se plantea el grave problema que les supone el hecho de que el Juez haya suprimido del listado de víctimas que se encuentran en las fosas del cementerio de Valencia. Las familias están desconcertadas. Fernando Magán le responde que el Juez habló con él y le comentó que no quería inflar las cifras. Que se había basado en la existencia o no de detención ilegal. El grupo de expertos podría incorporarlas.
- Se pasa a hablar del grupo de expertos, ya que este punto y la constatación del fallecimiento de los responsables de los delitos, son los asuntos que están en marcha.
- Se plantea si se puede pedirse la apertura de alguna fosa distinta de las 19 que el Juez ha ordenado abrir. Fernando Magán aclara que cualquier petición debe hacerse ante el Juzgado central. Informa que ya están cursados los exhortos a los Juzgados territoriales correspondientes al lugar donde se encuentran las 19 fosas cuya apertura ha ordenado el auto. El lunes se presentarán dos solicitudes más, dos de Mallorca y una de Cáceres. Rafael López pregunta a Fernando por qué el Juez ha elegido esas fosas en concreto, cuando se le ha aportado información de muchas más. Parece que el juez ha empezado con esa muestra, pero puede pedirse la apertura de cualquier otra siguiendo las directrices señaladas en las páginas 60 y 61 del auto.
- Desde el F. Valencia se vuelve a preguntar si se han presentado la documentación completa de 6 fosas y alrededor de 90 personas han reconocido tener familiares en ellas que habían sido detenidos y nunca más volvieron. ¿Qué pasa con las familias que han visto que el Juez no ha tenido en cuenta esa documentación? Fernando Magán contesta que se ha presentado toda la documentación pero no se ha solicitado la apertura.
- Se ACUERDA que es el Estado el que debe hacerse cargo de abrir las fosas, reivindicación fundamental para la Plataforma. Se produce un debate con respecto a este asunto y Fernando Magán aclara que es el Estado el que va a hacerse cargo de las exhumaciones, porque así lo establece el auto del Juez Central.
- Desde AEDIDH se propone que abordemos las tareas que la Plataforma tiene por delante. En primer lugar, es necesario abordar el asunto de la elección de los cinco miembros de este grupo que deben elegir los denunciantes. Es un asunto de gran trascendencia ya que este grupo de expertos va a operar como una “comisión de la verdad”. Considera que deberían formar parte del grupo de expertos 1 forense, 1 antropólogo forense, 1 ó 2 miembros de las asociaciones (en lugar del antropólogo forense) denunciantes, 1 historiador, y 1 jurista.
Hace una propuesta, en nombre del presidente de su asociación, Carlos Villar, de realización de una declaración pública, por parte de la Plataforma, conteniendo tres puntos:
- beneplácito a la actuación del Juez
- petición a la Fiscalía para que no intervenga en el procedimiento
- solicitud de colaboración a todas las administraciones del Estado. El portavoz de la Plataforma, Manel Perona le contesta que se está elaborando un comunicado en ese sentido.
- Se propone que sean 5 personas de alto perfil profesional y personal, dedicación al trabajo encomendado, medios técnicos y trayectoria reconocida en el ámbito universitario y/o político y en Memoria Histórica. El grupo de expertos se debe componer de un forense, un antropólogo forense, un historiador, y un jurista, este con reconocida trayectoria en el ámbito del derecho internacional. Se propone que se deberían elegir a varias personas para cada puesto y tendría que haber una persona de la plataforma, aunque l final se elige uno para cada puesto.
- Los nombres propuestos son:
- Forense: Etxebarría (total unanimidad).
- Historiadores: J. Casanova, P. Espinosa, S. Serrano, J. Rodrigo, P. Aguilar, A. Viñas, Conchita Mir, Paul Preston.
- Activista: M. Perona, E. Silva, S. Macias, Floren Dimas, Manuel Escarda, P. Maqueda.
- Jurista: Martín Pallín, Carlos Villán, Margalida Capella, Hernando Valencia, Joan Garcés, Fernando Magán.
- Ante la manifestación de que faltan asociaciones que decidan también se ACUERDA que esto es una propuesta de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas compuestas por 14 asociaciones hasta el día de hoy. Las demás también pueden proponer.
- Se ACUERDA que Fernando Magán solicite por escrito a las otras asociaciones opinión sobre los componentes del grupo de expertos. Una vez lo haya hecho, lo pasará por correo a la Plataforma
- Se aclara que Fernando Magán no puede formar parte del grupo de expertos porque al ser abogado de algunas asociaciones, es parte en el proceso. Se retira el nombre de Conchita Mir.
- Se propone votación, aunque se ACUERDA y decide finalmente que mejor se llegue a un consenso. Los miembros consensuados por las 14 asociaciones presentes para formar parte del grupo de expertos son:
- Forense: Francisco Etxebarría.
- Activistas: Manel Perona y Manuel Escarda.
- Historiador: Francisco Espinosa.
- Jurista: Hernando Valencia.
- Se ACUERDA ante la discusión suscitada de por qué se necesita un jurista, que es importante que haya un experto en derecho internacional humanitario para precisar el concepto de desaparecido.
- Se ACUERDA presentar a los medios que esperan un comunicado que ha preparado el portavoz de la asamblea que contiene tres puntos:
- la asamblea ha discutido el auto: se expresa el agradecimiento de ésta al Juez Garzón por su auto, así como se solicita a la fiscalía de la AN que no presente recurso alguno.
- la manera en la que la Plataforma va a encauzar su trabajo.
- y la composición del grupo de expertos: se acuerda dar el perfil y no los nombres elegidos por la asamblea ya que creemos conveniente que le lleguen al Juez en primera instancia antes que a la prensa.
A las 15 horas, se interrumpe la asamblea para comer.
Se reinicia a las 17,20 horas.
- Se comenta el recurso que previsiblemente va a presentar la Fiscalía. F. Magán plantea que se basará previsiblemente en que los hechos son anteriores a 1945 y en la aplicación a los mismos de la ley de Amnistía de 1977.
- Desde el F. Valencia se expresa la voluntad de esta asociación de presentar recurso ante la no admisión por parte del Juez de 24.500 víctimas.
- Se insiste en que las cifras serán motivo de estudio por el grupo de expertos.
- Se ACUERDA que se haga llegar al Juez la propuesta y el comunicado de apoyo.
- La secretaria comunica que el escrito del abogado Luis Ocaña que ha llegado a presentarse para su lectura en la asamblea y que tiene que ver con la falta de traslado de la documentación y otras cuestiones que ella desconoce.
- Se ACUERDA que se efectué una petición por parte de la Plataforma a los Ayuntamientos para que estos a su vez se dirijan al Ministerio de Justicia y soliciten que el Fiscal General del Estado de órdenes de que no se presente recurso alguno al auto del juez Garzón.
- Se ACUERDA hacer llegar al juez el protocolo internacional para el procedimiento a seguir en las exhumaciones, así como la petición de que las fosas cuya apertura no sean viables, se cataloguen y protejan como Lugares de Memoria.
- Desde la asociación de Andalucía se informa de la concentración de la Coordinadora de Fosas de Andalucía, ante la Consejería de Justicia en Sevilla, el sábado 25 de octubre a las 12 horas. Acudirán con picos, palas, sacos de tierra y carteles de desaparecidos para solicitar que se aplique una política de exhumaciones por parte de la J. Andalucía.
- Desde la asociación de Aragón se informa que van a acudir a una comparencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento aragonés.
- Se ACUERDA poner en común el contenido de las distintas entrevistas o comparecencias que se realicen.
- Se ACUERDA admitir como miembro de la Plataforma a la Asociación “Soriana para el Recuerdo y la Dignidad” que ha interpuesto denuncia y manifiesta su intención de formar parte de dicha Plataforma.
Se levanta la sesión y finaliza la asamblea a las 18,30 horas del 18 de octubre de 2008.
Paqui Maqueda Fernández.
Secretaria de la PVDFF.
Sevilla a 22 de octubre de 2008.
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lunes, 22 de septiembre de 2008
Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero .
Fuentes: http://www.elpais.com/ , http://www.publico.es/ , http://www.cadenaser.com/
Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero
NATALIA JUNQUERA -
22 asociaciones entregan hoy el informe más detallado de la represión franquista
Los familiares y asociaciones de recuperación de la memoria histórica que han pedido a la Audiencia Nacional que investigue sobre las víctimas de la represión franquista llevan hoy al despacho del juez Garzón la relación de nombres de los que fueron torturados, paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes, arrojados al mar o a profundos pozos, y pistas sobre su posible paradero.
"Sabíamos que eran muchos, pero no imaginábamos que iban a ser tantos"
Es el trabajo de más de 200 personas durante años. Las pruebas de un exterminio llevado a cabo con método y premeditación, que se prolongó hasta los años cincuenta. Una relación de nombres y lugares apurada hasta el último momento. 130.137 en España. 7.000 más en campos de concentración en el extranjero. "Se cometieron todos los crímenes que se pueden dar contra la humanidad: genocidio, desapariciones forzadas, e incluso crímenes de guerra. Y se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos", señala Fernando Magán, el abogado que representa a las asociaciones personadas en la causa (22 desde hoy).
A partir de hoy, Garzón podrá ponerles nombres a las víctimas y si decide que es competente para ello, empezar a buscarlas. Las cifras revelan la brutalidad de la represión, su carácter masivo. Las pequeñas biografías que algunas asociaciones han podido aportar al juez, hablan de hombres y mujeres con pocos años y muchos hijos. Gente humilde: jornaleros, canteros... vinculada a sindicatos o partidos de izquierda. También se aportan datos del asesinato de mujeres embarazadas, de los alcaldes y gobernadores civiles republicanos que no lograron huir a tiempo e incluso de los que, tras conseguir escapar de la guerra en España, acabaron en los pozos crematorios de la Segunda Guerra Mundial.
Familiares más o menos directos de las víctimas, incluidos muchos que ya han encontrado a los suyos, pero también profesores de instituto, catedráticos de Historia, jubilados prematuros, e incluso algún enfermo que ha dedicado a esta investigación mucho más esfuerzo del que su médico le recomendaría, han participado en la elaboración de este censo. Todos se han sorprendido con la cifra final. "Sabía que eran muchos, pero no imaginé que había tantos muertos", dicen los coordinadores de las investigaciones.
Han trabajado con el formulario de la ONU para las desapariciones forzadas, con 45 preguntas en las que han de resumir los últimos días en que fue visto el desaparecido, y con quién. Hoy llevan orgullosos ese trabajo a Garzón. Es el premio por haber logrado superar el miedo de los supervivientes y las amenazas de algunos de los que creen que sólo se busca reabrir heridas.
El entierro de una mujer viva
22/09/2008
El informe que la Universidad de Burgos le envió a Teófilo Goldaracena después de la exhumación de la fosa donde yacía su abuela dice que es bastante probable que la enterraran viva, ya que el tiro "entra y sale por la mandíbula". Ángela Rodrigo estaba embarazada cuando recibió aquel impacto de bala, el 19 de agosto de 1936.
Según testimonios orales, los falangistas la violaron delante de su marido, que fue enterrado en la misma fosa. Tras rescatar sus cadáveres en Aranda de Duero (Burgos), su nieto decidió que haría cuanto estuviera en su mano para recuperar a otros. Hoy le ha enviado a Garzón un listado con los nombres de 3.920 víctimas en Navarra y la posible ubicación de sus cuerpos. Casi 400 de ellos murieron en el Fuerte de San Cristóbal, donde se produjo en 1938 la mayor fuga penitenciaria de España: 795 lograron huir, a 237 "los mataron a tiros por el monte, como conejos mientras trataban de escapar", explica Goldaracena. 132 más murieron de hambre y de frío atrapados en aquella prisión años después.
La investigación ha sido especialmente difícil en Navarra, territorio "hostil" al juez que medita admitir a trámite las denuncias. "Aquí no les gusta Garzón. Y en Euskadi, menos. Por eso ninguna asociación de allí se ha personado en la causa. Yo he tenido muchos problemas para conseguir los datos. Muy poca gente quería colaborar en algo que va a acabar en manos de Garzón", explica Goldaracena.
"El 23-F lo quemamos todo"
Balbina Sosa, de 63 años, empezó a investigar la represión en Canarias con cinco amigos en los años ochenta porque pensó que se les acababa el tiempo. "Entrevistamos a una mujer de 99 años 15 días antes de que muriera", explica. "Tenía mucho miedo. Insistió muchísimo en que tuviéramos cuidado". Y lo tuvieron. Por eso el 23-F, con la intentona de golpe de Estado, Balbina y su grupo se deshicieron de mucha de la documentación que habían acumulado. "Nos asustamos", recuerda.
28 años después, el trabajo de Balbina y su equipo llegará a la mesa de Garzón. Son, de momento, 211 nombres. "Son muchos más de lo que me imaginaba y descubrirlo me ha hecho daño. A lo largo de estos años he tenido que parar muchas veces e intentar pensar con la cabeza fría. He descubierto muchísimo dolor", explica. Se considera afortunada. "Mi madre estuvo cuatro años sin saber nada de mi padre, hasta que lo liberaron. Cuando volvió a casa, mi hermana, de casi cinco años, había muerto de hambre. Yo nací cuatro años después, y tuve la suerte de conocerle y escucharle. Muchos de los que murieron no pudieron ni despedirse".
Su mano derecha, Leonardo René Marredo, delicado de salud, sigue con ilusión los últimos acontecimientos: la iniciativa de Garzón y la apertura de uno de los pozos donde arrojaban a los fusilados. "Ya han aparecido balas, medallitas religiosas...".
"Van a ser muchos más"
Cuando Antonio Martínez Ovejero vio con pesar su nombre en la lista de prejubilaciones de Telefónica no podía imaginar, ni de lejos, que acabaría estudiando Historia, haciendo una tesis doctoral con 60 años sobre la represión en Murcia y enviando los datos -las fichas de miles de represaliados entre 1939 y 1945- nada menos que a la Audiencia Nacional.
"Vi que Murcia era como un gran agujero, nadie había mirado ahí. Y me puse con ello. Mi abuelo había sido comandante del Ejército republicano, y mi padre, maestro, fue depurado por el régimen. Había terminado la carrera en junio de 1936, pero Franco nunca le dejó ejercer. Se murió el mismo día que su nombre aparecía en el BOE, como maestro, en 1982", explica. Tras consultar cerca de 7.000 fichas, Antonio cree que en Murcia hubo entre 37.000 y 39.000 procesados, "y eso en una provincia en torno a los 700.000 habitantes", explica. La mayoría de los represaliados pasaron por juicios sumarísimos por lo que su muerte está registrada y el lugar donde fue enterrado, generalmente, también. "En Murcia hay pocos desaparecidos, pero yo he contado unos 800 fusilados, entre ellos 12 mujeres. Pero van a ser muchos más".
Antonio, al que el régimen envió breves temporadas a la cárcel de Carabanchel por ser miembro de la dirección de USO (Unión Sindical Obrera), se alegra ahora de que Telefónica le diera "la boleta" hace cinco años.
Garzón recibe el listado con los nombres de más de 100.000 desaparecidos
Las asociaciones entregan este lunes los nombres de 100.000 víctimas de Franco.
PÚBLICO.ES - Madrid - 21/09/2008 21:11
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica tienen previsto presentar este lunes en la Audiencia Nacional, a requerimiento del juez Baltasar Garzón, un listado con los nombres de más de 100.000 personas muertas o desaparecidas durante la Guerra Civil, informa Europa Press.
El magistrado concedió un plazo de hasta15 días a las partes para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación". También pidió celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto". Los denunciantes presentarán en la Audiencia, además, otros informes con la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas.
Garzón también solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Paso previo
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos exigen una investigación sobre las desapariciones, asesinatos y torturas que se cometieron en España a partir de 1936 y consideran que se puede exigir responsabilidades al Estado dentro del marco actual del Derecho internacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Además, el Ministerio Público sostenía que la competencia en este caso no corresponde a la Audiencia Nacional porque los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955
También se le va a entregar un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional
EP 22-09-2008
La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955
Se trata de un informe "cien por cien de síntesis política" que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.
Este documento "ayudará a entender" las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es "poca", y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los "depurados" al finalizar la contienda.
Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial "suficientemente contrastado".
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Laura Lorca: "No vamos a poner trabas a una decisión judicial"
Fraga: "En la España de Franco, del otro lado hubo muchas más barrabasadas"
El abogado de la Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debe colaborar
Zapatero: "No entiendo la hipocresía de los que dicen que una ley mejor divide al país"
Ley de la Memoria Histórica: Un año después el Gobierno no ha regulado las ayudas para los familiares de los represaliados
Sólo hay un funcionario en Madrid para atender las desapariciones durante el franquismo
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Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero
NATALIA JUNQUERA -
22 asociaciones entregan hoy el informe más detallado de la represión franquista
Los familiares y asociaciones de recuperación de la memoria histórica que han pedido a la Audiencia Nacional que investigue sobre las víctimas de la represión franquista llevan hoy al despacho del juez Garzón la relación de nombres de los que fueron torturados, paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes, arrojados al mar o a profundos pozos, y pistas sobre su posible paradero.
"Sabíamos que eran muchos, pero no imaginábamos que iban a ser tantos"
Es el trabajo de más de 200 personas durante años. Las pruebas de un exterminio llevado a cabo con método y premeditación, que se prolongó hasta los años cincuenta. Una relación de nombres y lugares apurada hasta el último momento. 130.137 en España. 7.000 más en campos de concentración en el extranjero. "Se cometieron todos los crímenes que se pueden dar contra la humanidad: genocidio, desapariciones forzadas, e incluso crímenes de guerra. Y se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos", señala Fernando Magán, el abogado que representa a las asociaciones personadas en la causa (22 desde hoy).
A partir de hoy, Garzón podrá ponerles nombres a las víctimas y si decide que es competente para ello, empezar a buscarlas. Las cifras revelan la brutalidad de la represión, su carácter masivo. Las pequeñas biografías que algunas asociaciones han podido aportar al juez, hablan de hombres y mujeres con pocos años y muchos hijos. Gente humilde: jornaleros, canteros... vinculada a sindicatos o partidos de izquierda. También se aportan datos del asesinato de mujeres embarazadas, de los alcaldes y gobernadores civiles republicanos que no lograron huir a tiempo e incluso de los que, tras conseguir escapar de la guerra en España, acabaron en los pozos crematorios de la Segunda Guerra Mundial.
Familiares más o menos directos de las víctimas, incluidos muchos que ya han encontrado a los suyos, pero también profesores de instituto, catedráticos de Historia, jubilados prematuros, e incluso algún enfermo que ha dedicado a esta investigación mucho más esfuerzo del que su médico le recomendaría, han participado en la elaboración de este censo. Todos se han sorprendido con la cifra final. "Sabía que eran muchos, pero no imaginé que había tantos muertos", dicen los coordinadores de las investigaciones.
Han trabajado con el formulario de la ONU para las desapariciones forzadas, con 45 preguntas en las que han de resumir los últimos días en que fue visto el desaparecido, y con quién. Hoy llevan orgullosos ese trabajo a Garzón. Es el premio por haber logrado superar el miedo de los supervivientes y las amenazas de algunos de los que creen que sólo se busca reabrir heridas.
El entierro de una mujer viva
22/09/2008
El informe que la Universidad de Burgos le envió a Teófilo Goldaracena después de la exhumación de la fosa donde yacía su abuela dice que es bastante probable que la enterraran viva, ya que el tiro "entra y sale por la mandíbula". Ángela Rodrigo estaba embarazada cuando recibió aquel impacto de bala, el 19 de agosto de 1936.
Según testimonios orales, los falangistas la violaron delante de su marido, que fue enterrado en la misma fosa. Tras rescatar sus cadáveres en Aranda de Duero (Burgos), su nieto decidió que haría cuanto estuviera en su mano para recuperar a otros. Hoy le ha enviado a Garzón un listado con los nombres de 3.920 víctimas en Navarra y la posible ubicación de sus cuerpos. Casi 400 de ellos murieron en el Fuerte de San Cristóbal, donde se produjo en 1938 la mayor fuga penitenciaria de España: 795 lograron huir, a 237 "los mataron a tiros por el monte, como conejos mientras trataban de escapar", explica Goldaracena. 132 más murieron de hambre y de frío atrapados en aquella prisión años después.
La investigación ha sido especialmente difícil en Navarra, territorio "hostil" al juez que medita admitir a trámite las denuncias. "Aquí no les gusta Garzón. Y en Euskadi, menos. Por eso ninguna asociación de allí se ha personado en la causa. Yo he tenido muchos problemas para conseguir los datos. Muy poca gente quería colaborar en algo que va a acabar en manos de Garzón", explica Goldaracena.
"El 23-F lo quemamos todo"
Balbina Sosa, de 63 años, empezó a investigar la represión en Canarias con cinco amigos en los años ochenta porque pensó que se les acababa el tiempo. "Entrevistamos a una mujer de 99 años 15 días antes de que muriera", explica. "Tenía mucho miedo. Insistió muchísimo en que tuviéramos cuidado". Y lo tuvieron. Por eso el 23-F, con la intentona de golpe de Estado, Balbina y su grupo se deshicieron de mucha de la documentación que habían acumulado. "Nos asustamos", recuerda.
28 años después, el trabajo de Balbina y su equipo llegará a la mesa de Garzón. Son, de momento, 211 nombres. "Son muchos más de lo que me imaginaba y descubrirlo me ha hecho daño. A lo largo de estos años he tenido que parar muchas veces e intentar pensar con la cabeza fría. He descubierto muchísimo dolor", explica. Se considera afortunada. "Mi madre estuvo cuatro años sin saber nada de mi padre, hasta que lo liberaron. Cuando volvió a casa, mi hermana, de casi cinco años, había muerto de hambre. Yo nací cuatro años después, y tuve la suerte de conocerle y escucharle. Muchos de los que murieron no pudieron ni despedirse".
Su mano derecha, Leonardo René Marredo, delicado de salud, sigue con ilusión los últimos acontecimientos: la iniciativa de Garzón y la apertura de uno de los pozos donde arrojaban a los fusilados. "Ya han aparecido balas, medallitas religiosas...".
"Van a ser muchos más"
Cuando Antonio Martínez Ovejero vio con pesar su nombre en la lista de prejubilaciones de Telefónica no podía imaginar, ni de lejos, que acabaría estudiando Historia, haciendo una tesis doctoral con 60 años sobre la represión en Murcia y enviando los datos -las fichas de miles de represaliados entre 1939 y 1945- nada menos que a la Audiencia Nacional.
"Vi que Murcia era como un gran agujero, nadie había mirado ahí. Y me puse con ello. Mi abuelo había sido comandante del Ejército republicano, y mi padre, maestro, fue depurado por el régimen. Había terminado la carrera en junio de 1936, pero Franco nunca le dejó ejercer. Se murió el mismo día que su nombre aparecía en el BOE, como maestro, en 1982", explica. Tras consultar cerca de 7.000 fichas, Antonio cree que en Murcia hubo entre 37.000 y 39.000 procesados, "y eso en una provincia en torno a los 700.000 habitantes", explica. La mayoría de los represaliados pasaron por juicios sumarísimos por lo que su muerte está registrada y el lugar donde fue enterrado, generalmente, también. "En Murcia hay pocos desaparecidos, pero yo he contado unos 800 fusilados, entre ellos 12 mujeres. Pero van a ser muchos más".
Antonio, al que el régimen envió breves temporadas a la cárcel de Carabanchel por ser miembro de la dirección de USO (Unión Sindical Obrera), se alegra ahora de que Telefónica le diera "la boleta" hace cinco años.
Garzón recibe el listado con los nombres de más de 100.000 desaparecidos
Las asociaciones entregan este lunes los nombres de 100.000 víctimas de Franco.
PÚBLICO.ES - Madrid - 21/09/2008 21:11
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica tienen previsto presentar este lunes en la Audiencia Nacional, a requerimiento del juez Baltasar Garzón, un listado con los nombres de más de 100.000 personas muertas o desaparecidas durante la Guerra Civil, informa Europa Press.
El magistrado concedió un plazo de hasta15 días a las partes para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación". También pidió celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto". Los denunciantes presentarán en la Audiencia, además, otros informes con la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas.
Garzón también solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Paso previo
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos exigen una investigación sobre las desapariciones, asesinatos y torturas que se cometieron en España a partir de 1936 y consideran que se puede exigir responsabilidades al Estado dentro del marco actual del Derecho internacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Además, el Ministerio Público sostenía que la competencia en este caso no corresponde a la Audiencia Nacional porque los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955
También se le va a entregar un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional
EP 22-09-2008
La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955
Se trata de un informe "cien por cien de síntesis política" que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.
Este documento "ayudará a entender" las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es "poca", y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los "depurados" al finalizar la contienda.
Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial "suficientemente contrastado".
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Laura Lorca: "No vamos a poner trabas a una decisión judicial"
Fraga: "En la España de Franco, del otro lado hubo muchas más barrabasadas"
El abogado de la Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debe colaborar
Zapatero: "No entiendo la hipocresía de los que dicen que una ley mejor divide al país"
Ley de la Memoria Histórica: Un año después el Gobierno no ha regulado las ayudas para los familiares de los represaliados
Sólo hay un funcionario en Madrid para atender las desapariciones durante el franquismo
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