Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero .

Fuentes: http://www.elpais.com/ , http://www.publico.es/ , http://www.cadenaser.com/

Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero

NATALIA JUNQUERA -

22 asociaciones entregan hoy el informe más detallado de la represión franquista

Los familiares y asociaciones de recuperación de la memoria histórica que han pedido a la Audiencia Nacional que investigue sobre las víctimas de la represión franquista llevan hoy al despacho del juez Garzón la relación de nombres de los que fueron torturados, paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes, arrojados al mar o a profundos pozos, y pistas sobre su posible paradero.

"Sabíamos que eran muchos, pero no imaginábamos que iban a ser tantos"

Es el trabajo de más de 200 personas durante años. Las pruebas de un exterminio llevado a cabo con método y premeditación, que se prolongó hasta los años cincuenta. Una relación de nombres y lugares apurada hasta el último momento. 130.137 en España. 7.000 más en campos de concentración en el extranjero. "Se cometieron todos los crímenes que se pueden dar contra la humanidad: genocidio, desapariciones forzadas, e incluso crímenes de guerra. Y se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos", señala Fernando Magán, el abogado que representa a las asociaciones personadas en la causa (22 desde hoy).

A partir de hoy, Garzón podrá ponerles nombres a las víctimas y si decide que es competente para ello, empezar a buscarlas. Las cifras revelan la brutalidad de la represión, su carácter masivo. Las pequeñas biografías que algunas asociaciones han podido aportar al juez, hablan de hombres y mujeres con pocos años y muchos hijos. Gente humilde: jornaleros, canteros... vinculada a sindicatos o partidos de izquierda. También se aportan datos del asesinato de mujeres embarazadas, de los alcaldes y gobernadores civiles republicanos que no lograron huir a tiempo e incluso de los que, tras conseguir escapar de la guerra en España, acabaron en los pozos crematorios de la Segunda Guerra Mundial.

Familiares más o menos directos de las víctimas, incluidos muchos que ya han encontrado a los suyos, pero también profesores de instituto, catedráticos de Historia, jubilados prematuros, e incluso algún enfermo que ha dedicado a esta investigación mucho más esfuerzo del que su médico le recomendaría, han participado en la elaboración de este censo. Todos se han sorprendido con la cifra final. "Sabía que eran muchos, pero no imaginé que había tantos muertos", dicen los coordinadores de las investigaciones.

Han trabajado con el formulario de la ONU para las desapariciones forzadas, con 45 preguntas en las que han de resumir los últimos días en que fue visto el desaparecido, y con quién. Hoy llevan orgullosos ese trabajo a Garzón. Es el premio por haber logrado superar el miedo de los supervivientes y las amenazas de algunos de los que creen que sólo se busca reabrir heridas.


El entierro de una mujer viva

22/09/2008

El informe que la Universidad de Burgos le envió a Teófilo Goldaracena después de la exhumación de la fosa donde yacía su abuela dice que es bastante probable que la enterraran viva, ya que el tiro "entra y sale por la mandíbula". Ángela Rodrigo estaba embarazada cuando recibió aquel impacto de bala, el 19 de agosto de 1936.

Según testimonios orales, los falangistas la violaron delante de su marido, que fue enterrado en la misma fosa. Tras rescatar sus cadáveres en Aranda de Duero (Burgos), su nieto decidió que haría cuanto estuviera en su mano para recuperar a otros. Hoy le ha enviado a Garzón un listado con los nombres de 3.920 víctimas en Navarra y la posible ubicación de sus cuerpos. Casi 400 de ellos murieron en el Fuerte de San Cristóbal, donde se produjo en 1938 la mayor fuga penitenciaria de España: 795 lograron huir, a 237 "los mataron a tiros por el monte, como conejos mientras trataban de escapar", explica Goldaracena. 132 más murieron de hambre y de frío atrapados en aquella prisión años después.

La investigación ha sido especialmente difícil en Navarra, territorio "hostil" al juez que medita admitir a trámite las denuncias. "Aquí no les gusta Garzón. Y en Euskadi, menos. Por eso ninguna asociación de allí se ha personado en la causa. Yo he tenido muchos problemas para conseguir los datos. Muy poca gente quería colaborar en algo que va a acabar en manos de Garzón", explica Goldaracena.


"El 23-F lo quemamos todo"

Balbina Sosa, de 63 años, empezó a investigar la represión en Canarias con cinco amigos en los años ochenta porque pensó que se les acababa el tiempo. "Entrevistamos a una mujer de 99 años 15 días antes de que muriera", explica. "Tenía mucho miedo. Insistió muchísimo en que tuviéramos cuidado". Y lo tuvieron. Por eso el 23-F, con la intentona de golpe de Estado, Balbina y su grupo se deshicieron de mucha de la documentación que habían acumulado. "Nos asustamos", recuerda.

28 años después, el trabajo de Balbina y su equipo llegará a la mesa de Garzón. Son, de momento, 211 nombres. "Son muchos más de lo que me imaginaba y descubrirlo me ha hecho daño. A lo largo de estos años he tenido que parar muchas veces e intentar pensar con la cabeza fría. He descubierto muchísimo dolor", explica. Se considera afortunada. "Mi madre estuvo cuatro años sin saber nada de mi padre, hasta que lo liberaron. Cuando volvió a casa, mi hermana, de casi cinco años, había muerto de hambre. Yo nací cuatro años después, y tuve la suerte de conocerle y escucharle. Muchos de los que murieron no pudieron ni despedirse".
Su mano derecha, Leonardo René Marredo, delicado de salud, sigue con ilusión los últimos acontecimientos: la iniciativa de Garzón y la apertura de uno de los pozos donde arrojaban a los fusilados. "Ya han aparecido balas, medallitas religiosas...".


"Van a ser muchos más"

Cuando Antonio Martínez Ovejero vio con pesar su nombre en la lista de prejubilaciones de Telefónica no podía imaginar, ni de lejos, que acabaría estudiando Historia, haciendo una tesis doctoral con 60 años sobre la represión en Murcia y enviando los datos -las fichas de miles de represaliados entre 1939 y 1945- nada menos que a la Audiencia Nacional.

"Vi que Murcia era como un gran agujero, nadie había mirado ahí. Y me puse con ello. Mi abuelo había sido comandante del Ejército republicano, y mi padre, maestro, fue depurado por el régimen. Había terminado la carrera en junio de 1936, pero Franco nunca le dejó ejercer. Se murió el mismo día que su nombre aparecía en el BOE, como maestro, en 1982", explica. Tras consultar cerca de 7.000 fichas, Antonio cree que en Murcia hubo entre 37.000 y 39.000 procesados, "y eso en una provincia en torno a los 700.000 habitantes", explica. La mayoría de los represaliados pasaron por juicios sumarísimos por lo que su muerte está registrada y el lugar donde fue enterrado, generalmente, también. "En Murcia hay pocos desaparecidos, pero yo he contado unos 800 fusilados, entre ellos 12 mujeres. Pero van a ser muchos más".

Antonio, al que el régimen envió breves temporadas a la cárcel de Carabanchel por ser miembro de la dirección de USO (Unión Sindical Obrera), se alegra ahora de que Telefónica le diera "la boleta" hace cinco años.



Garzón recibe el listado con los nombres de más de 100.000 desaparecidos

Las asociaciones entregan este lunes los nombres de 100.000 víctimas de Franco.

PÚBLICO.ES - Madrid - 21/09/2008 21:11

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica tienen previsto presentar este lunes en la Audiencia Nacional, a requerimiento del juez Baltasar Garzón, un listado con los nombres de más de 100.000 personas muertas o desaparecidas durante la Guerra Civil, informa Europa Press.

El magistrado concedió un plazo de hasta15 días a las partes para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación". También pidió celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto". Los denunciantes presentarán en la Audiencia, además, otros informes con la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas.

Garzón también solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.

Paso previo
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos exigen una investigación sobre las desapariciones, asesinatos y torturas que se cometieron en España a partir de 1936 y consideran que se puede exigir responsabilidades al Estado dentro del marco actual del Derecho internacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Además, el Ministerio Público sostenía que la competencia en este caso no corresponde a la Audiencia Nacional porque los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.


Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955

También se le va a entregar un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional

EP 22-09-2008

La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955

Se trata de un informe "cien por cien de síntesis política" que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.

Este documento "ayudará a entender" las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.

Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es "poca", y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los "depurados" al finalizar la contienda.

Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial "suficientemente contrastado".
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