El Gobierno aporta a Garzón datos de 2.352 vascos fusilados en la Guerra Civil.

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El Gobierno aporta a Garzón datos de 2.352 vascos fusilados en la Guerra Civil

El Gobierno vasco ha sido el primer ejecutivo autonómico en ofrecer información detallada al juez Baltasar Garzón, sobre las personas represaliadas en Euskadi durante la Guerra Civil.

El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, presentó ayer el material recopilado por su departamento sobre las personas desaparecidas, fusiladas o fallecidas como consecuencia directa del alzamiento militar.

Es el primer Ejecutivo autonómico en responder a la solicitud del juez .

EDUARDO AZUMENDI - Bilbao - 25/09/2008

El Gobierno vasco ha sido el primer ejecutivo autonómico en ofrecer información detallada al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre las personas represaliadas en Euskadi durante la Guerra Civil. El consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, presentó ayer el material recopilado por su departamento sobre las personas desaparecidas, fusiladas o fallecidas como consecuencia directa del alzamiento militar contra la República, la Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato franquista. El listado registra 8.650 muertos en el período que comprende entre 1936 y 1942, de los que 2.352 figuran como prisioneros fusilados, y el resto como soldados o milicianos fallecidos en el frente o por acción de guerra.

Baltasar Garzón solicitó en agosto al Gobierno central, a través de una providencia, un informe sobre el número de desaparecidos a partir del 17 de julio de 1936. La petición del juez se enmarca en las gestiones que está realizando para decidir si admite a trámite las denuncias presentadas desde hace un año por asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica de toda España y que piden esclarecer el paradero de miles desaparecidos. El Gobierno vasco no es una de las instituciones requeridas por Garzón, pero ha pedido al juez que libre un oficio reclamando al Departamento de Justicia los datos. La consejería no puede enviarlos por su propia iniciativa, dado que vulneraría la Ley de Protección de Datos. La Dirección de Derechos Humanos suscribió un convenio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi en 2003 para ir abriendo las fosas comunes donde se enterraban a los fusilados e identificar los restos humanos. Desde 2003, se han recibido un total de 530 solicitudes ciudadanas, de las que se han atendido 490. En total, se han abierto nueve fosas en Vizcaya y Guipúzcoa, en las que han aparecido restos humanos. Otras permanecen cerradas porque se desconoce quiénes fueron enterrados en ellas o por no existir solicitud de familiares. Tres más se habían vaciado. En el listado de fusilados y fallecidos en el frente que se remitirá a Garzón, si lo solicita, se aporta el nombre del muerto, su vecindad, el lugar de la defunción, la fecha y el modo en que se produjo.

Azkarraga mostró su confianza en que el ofrecimiento que ha realizado al juez de la Audiencia Nacional sirva para "fundamentar una instrucción por crímenes de lesa humanidad", que debería llegar "a la identificación de los autores, aun cuando estén fallecidos". El consejero aplaudió el movimiento de Garzón solicitando los datos, porque va contra la línea política marcada por el Ejecutivo central en la Ley de Memoria Histórica, "que ha pretendido que las cuestiones de la memoria son asuntos privados y no responsabilidad del Estado. Tenemos derecho a saber la verdad".

[El próximo sábado se celebrarán en todo el País Vasco actos de homenaje a las víctimas del franquismo convocados por la asociación Ahotzak]