Valle de los Caídos.
El Valle de los Caídos es un agujero negro. Nadie sabe cuántos restos guarda, ni su estado. Y el Gobierno no quiere poner orden
LUIS GÓMEZ - Madrid - 21/09/2008
El paso del tiempo ha hecho del Valle de los Caídos una enorme fosa común 50 años después de su inauguración. No se conoce el número exacto de víctimas de la guerra civil que allí reposan. No hay constancia de cómo se realizaron las tareas de enterramiento, ni de la existencia de nichos o columbarios. No hay planos. Buena parte de los restos fueron introducidos desordenadamente en cavidades estructurales del edifico de tal manera que cualquier intento de localización es imposible. Y para remate, el Valle de los Caídos es un complejo edificio regido por un Patronato ficticio que no se ha constituido nunca y una Fundación que carece de miembros. El vacío legal que rodea al mausoleo no tiene parangón con ningún otro edificio público en España.
Cualquier referencia a los órganos gestores del Valle de los Caídos se remite a decretos de constitución de un Patronato del Valle de los Caídos y una Fundación de la Santa Cruz presididos por Francisco Franco mediados los años 50. La opinión de los historiadores de que aquella obra, cuya construcción duró casi 20 años, fue un empeño personal de Franco es exacta. No hay constancia de actividad en ambas instituciones. Llegada la democracia, ese vacío legal está sin resolver desde hace 30 años.
Los Gobiernos de la democracia han actuado respecto del Valle de los Caídos como si se tratara de una herencia maldita. El Gobierno de Calvo Sotelo dictó una ley reguladora del Patrimonio Nacional en fecha 16 de junio de 1982 y evitó referirse al Valle de los Caídos expresamente (lo citaba como el monumento derivado del decreto ley de 23 de agosto de 1957). El Valle de los Caídos no constaba en el listado de edificios pertenecientes a Patrimonio Nacional, organismo dependiente de Presidencia del Gobierno, aunque había una referencia a este monumento en una disposición adicional. Tiempo después, un real decreto del Gobierno socialista de 25 de enero de 1984 creaba una comisión encargada de elaborar el régimen jurídico de los bienes adscritos al Valle de los Caídos. Pero esa comisión, formada por representantes de varios organismos, nunca se reunió. Ninguna otra disposición legal sobre este monumento se ha producido desde entonces. Jurídicamente, la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, según expertos consultados, no existe aunque se la mencione reiteradamente. Tampoco el Patronato.
El Gobierno desconoce, por tanto, todo cuanto afecta a los restos de víctimas allí depositados. Patrimonio Nacional no dispone de los planos originales del Valle de los Caídos, "que deben de estar en poder de la familia del arquitecto Diego Méndez", según fuentes de dicha institución.
Muy pocos historiadores han investigado el traslado de víctimas de la guerra civil al Valle de los Caídos, hecho del que existen pocas referencias bibliográficas a pesar de que fue una operación a gran escala diseñada desde el ministerio de la Gobernación a partir del 30 de diciembre de 1957, que es cuando hay constancia documental de una primera referencia oficial al traslado de restos mortales. Alguna documentación está depositada en el Archivo General de la Administración (AGA) pero es incompleta.
A partir de ese momento, se suceden decretos y órdenes dirigidas desde Gobernación a los Gobiernos civiles, Ayuntamientos y Guardia Civil. La decisión inicial de contar con la autorización de los familiares para el traslado de sus restos se deja a un lado con posterioridad, a la vista de las reticencias (incluso la oposición) de familiares de los caídos en el bando de Franco. Se tiene constancia de numerosas negativas a dicho traslado. Las más destacadas fueron las de los familiares de los fusilados en Paracuellos del Jarama, y de los descendientes de personalidades de renombre como Calvo Sotelo y Arturo Soria. Se produjo entonces una orden de exhumación masiva de fosas comunes, a partir de datos procedentes de gobiernos civiles, ayuntamientos e incluso cementerios parroquiales. Esa exhumación masiva y desordenada es la causa de que todavía sea imposible establecer una cifra exacta de restos inhumados en el Valle de los Caídos. El listado elaborado a mano que custodian los benedictinos señala un total de 33.847 entradas de restos, de los cuales unos 20.000 están sin identificar. De ahí que, aún hoy, se cite que puede haber en el Valle de los Caídos entre 40.000 y hasta 60.000 restos de víctimas. No hay precisión sobre el número que corresponden al bando republicano. Tampoco de las que corresponden a fallecidos en ejecuciones.
Finalmente, no existe constancia de cómo se realizaron las tareas de enterramiento. No hay datos sobre las empresas que hicieron esa labor o los operarios que intervinieron en la inhumación.
Buena parte de los restos fueron introducidos en cavidades con la obra todavía inacabada, según fuentes de Patrimonio, de tal forma que los restos "terminaron formado parte de la estructura del edificio". Las cavidades fueron selladas y son inaccesibles. El único resultado de esta confusa explicación es que cualquier intento de recuperación de algún resto es tarea imposible. "Hay cavidades que son materialmente inaccesibles y otras que están selladas desde hace 50 años. La presencia de fuertes humedades habrá hecho el resto".
En los últimos años, decenas de familiares han solicitado información sobre la ubicación de los restos de sus antepasados. Patrimonio se ha limitado a dar la información que consta en el libro manuscrito, incluso datos aparentemente precisos sobre un número de columbario. Pero estos datos no se corresponden con ningún plano. Ese hecho es extensivo a todos los restos allí depositados. La intención de algunos familiares de recuperar restos "es irrealizable" afirman en Patrimonio.
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L.G. - Madrid - 21/09/2008
Patrimonio Nacional gestiona algunos aspectos del Valle de los Caídos, tales como el mantenimiento del edificio, la venta de entradas o la seguridad. No ejerce ningún control sobre la basílica, la hospedería, el centro de estudios o la escolanía, cuya gestión depende de los monjes benedictinos, "que darán cuenta a sus superiores de cuanto allí realizan", afirma una fuente de Patrimonio. La relación entre benedictinos y Patrimonio es correcta pero distante.
Sobre los actos que allí se celebran, Patrimonio sólo ejerce un control "por razones de seguridad" de los relacionados con el 20-N. Para dichos actos, de contenido político y exaltación del anterior régimen, sí hay una serie de limitaciones y se ejerce un control de acceso de visitantes. El resto del año son los benedictinos quienes disponen de cuantas misas y eventos se organizan en el interior. Lo mismo sucede con la gestión de la escolanía y de la hospedería. El pasado 14 de septiembre se celebró en la basílica un acto religioso en conmemoración de los 50 años de la inauguración del mausoleo, acto presidido por Rouco Varela, arzobispo de Madrid, que pasó totalmente inadvertido.
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