Fuente: Levante-EMV y otros.
Garzón recibe 143.353 nombres de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha recibido hoy una lista con los nombres de 143.353 desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura, entregada por la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, que presentó denuncias en su juzgado por estos hechos.
EFE
Así lo han anunciado representantes de la plataforma -integrada por once asociaciones de familiares de desaparecidos, la Confederación General del Trabajo (CGT) y particulares-, en una rueda de prensa en la que su secretaria, Paqui Maqueda, ha advertido de que "faltan tantos que no nos atrevemos a dar una cifra exacta".
Según la plataforma, los desaparecidos durante la guerra y la posterior dictadura franquista ascienden a 42.131 en Andalucía, 14.660 en Castilla-León, 8.851 en Castilla-La Mancha, 3.424 en Madrid, 6.000 en Asturias, 29.034 en la Comunidad Valenciana, mil en Murcia, 9.538 en Aragón y 7.000 en Galicia.
Además, la lista incluye 2.535 desaparecidos en Cantabria, 1.900 en el País Vasco, 3.920 en Navarra, 2.070 en La Rioja, 2.211 en las Islas Canarias, 768 en Ceuta y Melilla, 1.486 en las Islas Baleares, 3.338 en Cataluña y 9.486 en Extremadura, lo que suma un total de 143.353 casos documentados.
En el listado también figuran los nombres de asesinados o desaparecidos fuera de España. La presidenta del Forum per la Memoria del País Valenciá, Empar Salvador, ha insistido en que la cifra es "orientativa" y ha subrayado que "no hay que perder de vista que cada uno de esos números era una persona, con todo su entorno familiar".
Cecilio Gordillo, de la CGT, ha destacado que Garzón es "el único ciudadano de este país que ahora tiene un listado de desaparecidos, a pesar de que la mayoría de la documentación ha salido de las tripas del Estado, de todo tipo de archivos".
No obstante, Gordillo ha asegurado que "hay muchas otras investigaciones realizadas a las que no se ha podido tener acceso" a pesar de que "muchas de ellas han sido financiadas con dinero público".
"Cuando el juez Garzón decidió dirigirse solamente a cinco ayuntamientos, la inmensa mayoría del resto de las corporaciones evadieron la responsabilidad de suministrar esos datos", ha aseverado el representante de la CGT.
Gordillo ha citado el caso de Andalucía, que "lleva financiando proyectos de investigación relacionados con esto desde 2003" y que "no ha aportado ni un solo dato producto de esas investigaciones, la mayoría de ellas incluso publicadas".
Al margen de los requeridos por el juez, "que sepamos, sólo Galicia y Cataluña han entregado documentación", ha afirmado Gordillo, que ha advertido de que, "al no haber hecho el Estado su asignatura, habrá muchos nombres que estén duplicados e incluso triplicados" en la lista, "al ser originarios de una comunidad y víctima en otra".
El representante de la CGT ha reconocido su preocupación por este fenómeno, que "puede dar pólvora a algunos, que pueden empezar a argumentar que estamos inflando las cifras".
Maqueda ha explicado que con la entrega del listado -que se produce tras las denuncias presentadas en diciembre de 2006 y en julio de 2007 y que aún no han sido admitidas a trámite por Garzón- se pretende "reparar el nombre y la vida de las personas, con todos los medios legales".
"No es el primer objetivo de nuestras asociaciones que se siente en el banquillo a los verdugos que aún viven", ha declarado Maqueda, que no obstante ha añadido: "Si debe haber consecuencias penales, bienvenidas sean".
También ha opinado que el "retraso" del Gobierno en la elaboración de un mapa de fosas, tal y como exige la Ley de Memoria Histórica, se debe a "una ausencia total de voluntad política", para apostillar: "El trabajo lo estamos haciendo familiares y asociaciones".
Además, Maqueda ha destacado "el rechazo del 95 por ciento de las asociaciones" a la citada ley, ha criticado la falta de colaboración de los ayuntamientos "independientemente de su signo político", ha solicitado la creación de oficinas de información en las corporaciones locales, y ha subrayado la dificultad de aportar datos sobre los desaparecidos que no fueron inscritos en ningún registro.
La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo está integrada por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Andalucía, Aragón, Cataluña, Mallorca, Valladolid, Sierra de Gredos y Toledo, Arucas, Ponteareas, Aguilar de la Frontera, Navarra y Valencia, además de la CGT.
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lunes, 22 de septiembre de 2008
Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero .
Fuentes: http://www.elpais.com/ , http://www.publico.es/ , http://www.cadenaser.com/
Garzón recibe 130.137 nombres de víctimas y pistas sobre su paradero
NATALIA JUNQUERA -
22 asociaciones entregan hoy el informe más detallado de la represión franquista
Los familiares y asociaciones de recuperación de la memoria histórica que han pedido a la Audiencia Nacional que investigue sobre las víctimas de la represión franquista llevan hoy al despacho del juez Garzón la relación de nombres de los que fueron torturados, paseados, fusilados y enterrados en fosas comunes, arrojados al mar o a profundos pozos, y pistas sobre su posible paradero.
"Sabíamos que eran muchos, pero no imaginábamos que iban a ser tantos"
Es el trabajo de más de 200 personas durante años. Las pruebas de un exterminio llevado a cabo con método y premeditación, que se prolongó hasta los años cincuenta. Una relación de nombres y lugares apurada hasta el último momento. 130.137 en España. 7.000 más en campos de concentración en el extranjero. "Se cometieron todos los crímenes que se pueden dar contra la humanidad: genocidio, desapariciones forzadas, e incluso crímenes de guerra. Y se prolongó hasta los años cincuenta, tras los juicios de Nuremberg y la Declaración Universal de los Derechos Humanos", señala Fernando Magán, el abogado que representa a las asociaciones personadas en la causa (22 desde hoy).
A partir de hoy, Garzón podrá ponerles nombres a las víctimas y si decide que es competente para ello, empezar a buscarlas. Las cifras revelan la brutalidad de la represión, su carácter masivo. Las pequeñas biografías que algunas asociaciones han podido aportar al juez, hablan de hombres y mujeres con pocos años y muchos hijos. Gente humilde: jornaleros, canteros... vinculada a sindicatos o partidos de izquierda. También se aportan datos del asesinato de mujeres embarazadas, de los alcaldes y gobernadores civiles republicanos que no lograron huir a tiempo e incluso de los que, tras conseguir escapar de la guerra en España, acabaron en los pozos crematorios de la Segunda Guerra Mundial.
Familiares más o menos directos de las víctimas, incluidos muchos que ya han encontrado a los suyos, pero también profesores de instituto, catedráticos de Historia, jubilados prematuros, e incluso algún enfermo que ha dedicado a esta investigación mucho más esfuerzo del que su médico le recomendaría, han participado en la elaboración de este censo. Todos se han sorprendido con la cifra final. "Sabía que eran muchos, pero no imaginé que había tantos muertos", dicen los coordinadores de las investigaciones.
Han trabajado con el formulario de la ONU para las desapariciones forzadas, con 45 preguntas en las que han de resumir los últimos días en que fue visto el desaparecido, y con quién. Hoy llevan orgullosos ese trabajo a Garzón. Es el premio por haber logrado superar el miedo de los supervivientes y las amenazas de algunos de los que creen que sólo se busca reabrir heridas.
El entierro de una mujer viva
22/09/2008
El informe que la Universidad de Burgos le envió a Teófilo Goldaracena después de la exhumación de la fosa donde yacía su abuela dice que es bastante probable que la enterraran viva, ya que el tiro "entra y sale por la mandíbula". Ángela Rodrigo estaba embarazada cuando recibió aquel impacto de bala, el 19 de agosto de 1936.
Según testimonios orales, los falangistas la violaron delante de su marido, que fue enterrado en la misma fosa. Tras rescatar sus cadáveres en Aranda de Duero (Burgos), su nieto decidió que haría cuanto estuviera en su mano para recuperar a otros. Hoy le ha enviado a Garzón un listado con los nombres de 3.920 víctimas en Navarra y la posible ubicación de sus cuerpos. Casi 400 de ellos murieron en el Fuerte de San Cristóbal, donde se produjo en 1938 la mayor fuga penitenciaria de España: 795 lograron huir, a 237 "los mataron a tiros por el monte, como conejos mientras trataban de escapar", explica Goldaracena. 132 más murieron de hambre y de frío atrapados en aquella prisión años después.
La investigación ha sido especialmente difícil en Navarra, territorio "hostil" al juez que medita admitir a trámite las denuncias. "Aquí no les gusta Garzón. Y en Euskadi, menos. Por eso ninguna asociación de allí se ha personado en la causa. Yo he tenido muchos problemas para conseguir los datos. Muy poca gente quería colaborar en algo que va a acabar en manos de Garzón", explica Goldaracena.
"El 23-F lo quemamos todo"
Balbina Sosa, de 63 años, empezó a investigar la represión en Canarias con cinco amigos en los años ochenta porque pensó que se les acababa el tiempo. "Entrevistamos a una mujer de 99 años 15 días antes de que muriera", explica. "Tenía mucho miedo. Insistió muchísimo en que tuviéramos cuidado". Y lo tuvieron. Por eso el 23-F, con la intentona de golpe de Estado, Balbina y su grupo se deshicieron de mucha de la documentación que habían acumulado. "Nos asustamos", recuerda.
28 años después, el trabajo de Balbina y su equipo llegará a la mesa de Garzón. Son, de momento, 211 nombres. "Son muchos más de lo que me imaginaba y descubrirlo me ha hecho daño. A lo largo de estos años he tenido que parar muchas veces e intentar pensar con la cabeza fría. He descubierto muchísimo dolor", explica. Se considera afortunada. "Mi madre estuvo cuatro años sin saber nada de mi padre, hasta que lo liberaron. Cuando volvió a casa, mi hermana, de casi cinco años, había muerto de hambre. Yo nací cuatro años después, y tuve la suerte de conocerle y escucharle. Muchos de los que murieron no pudieron ni despedirse".
Su mano derecha, Leonardo René Marredo, delicado de salud, sigue con ilusión los últimos acontecimientos: la iniciativa de Garzón y la apertura de uno de los pozos donde arrojaban a los fusilados. "Ya han aparecido balas, medallitas religiosas...".
"Van a ser muchos más"
Cuando Antonio Martínez Ovejero vio con pesar su nombre en la lista de prejubilaciones de Telefónica no podía imaginar, ni de lejos, que acabaría estudiando Historia, haciendo una tesis doctoral con 60 años sobre la represión en Murcia y enviando los datos -las fichas de miles de represaliados entre 1939 y 1945- nada menos que a la Audiencia Nacional.
"Vi que Murcia era como un gran agujero, nadie había mirado ahí. Y me puse con ello. Mi abuelo había sido comandante del Ejército republicano, y mi padre, maestro, fue depurado por el régimen. Había terminado la carrera en junio de 1936, pero Franco nunca le dejó ejercer. Se murió el mismo día que su nombre aparecía en el BOE, como maestro, en 1982", explica. Tras consultar cerca de 7.000 fichas, Antonio cree que en Murcia hubo entre 37.000 y 39.000 procesados, "y eso en una provincia en torno a los 700.000 habitantes", explica. La mayoría de los represaliados pasaron por juicios sumarísimos por lo que su muerte está registrada y el lugar donde fue enterrado, generalmente, también. "En Murcia hay pocos desaparecidos, pero yo he contado unos 800 fusilados, entre ellos 12 mujeres. Pero van a ser muchos más".
Antonio, al que el régimen envió breves temporadas a la cárcel de Carabanchel por ser miembro de la dirección de USO (Unión Sindical Obrera), se alegra ahora de que Telefónica le diera "la boleta" hace cinco años.
Garzón recibe el listado con los nombres de más de 100.000 desaparecidos
Las asociaciones entregan este lunes los nombres de 100.000 víctimas de Franco.
PÚBLICO.ES - Madrid - 21/09/2008 21:11
Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica tienen previsto presentar este lunes en la Audiencia Nacional, a requerimiento del juez Baltasar Garzón, un listado con los nombres de más de 100.000 personas muertas o desaparecidas durante la Guerra Civil, informa Europa Press.
El magistrado concedió un plazo de hasta15 días a las partes para aportar "una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación". También pidió celeridad en la aportación de pruebas "con el fin de obtener los datos necesarios para dictar el correspondiente auto". Los denunciantes presentarán en la Audiencia, además, otros informes con la ubicación de fosas comunes que aún no han sido abiertas.
Garzón también solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Paso previo
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos exigen una investigación sobre las desapariciones, asesinatos y torturas que se cometieron en España a partir de 1936 y consideran que se puede exigir responsabilidades al Estado dentro del marco actual del Derecho internacional.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Además, el Ministerio Público sostenía que la competencia en este caso no corresponde a la Audiencia Nacional porque los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
Garzón recibe hoy una lista de desaparecidos entre 1936 y 1955
También se le va a entregar un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional
EP 22-09-2008
La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955
Se trata de un informe "cien por cien de síntesis política" que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.
Este documento "ayudará a entender" las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es "poca", y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los "depurados" al finalizar la contienda.
Del mismo modo, González Arroyo aseguró que la información ha sido recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se ha elaborado un documento inicial "suficientemente contrastado".
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Laura Lorca: "No vamos a poner trabas a una decisión judicial"
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A partir de hoy, Garzón podrá ponerles nombres a las víctimas y si decide que es competente para ello, empezar a buscarlas. Las cifras revelan la brutalidad de la represión, su carácter masivo. Las pequeñas biografías que algunas asociaciones han podido aportar al juez, hablan de hombres y mujeres con pocos años y muchos hijos. Gente humilde: jornaleros, canteros... vinculada a sindicatos o partidos de izquierda. También se aportan datos del asesinato de mujeres embarazadas, de los alcaldes y gobernadores civiles republicanos que no lograron huir a tiempo e incluso de los que, tras conseguir escapar de la guerra en España, acabaron en los pozos crematorios de la Segunda Guerra Mundial.
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22/09/2008
El informe que la Universidad de Burgos le envió a Teófilo Goldaracena después de la exhumación de la fosa donde yacía su abuela dice que es bastante probable que la enterraran viva, ya que el tiro "entra y sale por la mandíbula". Ángela Rodrigo estaba embarazada cuando recibió aquel impacto de bala, el 19 de agosto de 1936.
Según testimonios orales, los falangistas la violaron delante de su marido, que fue enterrado en la misma fosa. Tras rescatar sus cadáveres en Aranda de Duero (Burgos), su nieto decidió que haría cuanto estuviera en su mano para recuperar a otros. Hoy le ha enviado a Garzón un listado con los nombres de 3.920 víctimas en Navarra y la posible ubicación de sus cuerpos. Casi 400 de ellos murieron en el Fuerte de San Cristóbal, donde se produjo en 1938 la mayor fuga penitenciaria de España: 795 lograron huir, a 237 "los mataron a tiros por el monte, como conejos mientras trataban de escapar", explica Goldaracena. 132 más murieron de hambre y de frío atrapados en aquella prisión años después.
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"El 23-F lo quemamos todo"
Balbina Sosa, de 63 años, empezó a investigar la represión en Canarias con cinco amigos en los años ochenta porque pensó que se les acababa el tiempo. "Entrevistamos a una mujer de 99 años 15 días antes de que muriera", explica. "Tenía mucho miedo. Insistió muchísimo en que tuviéramos cuidado". Y lo tuvieron. Por eso el 23-F, con la intentona de golpe de Estado, Balbina y su grupo se deshicieron de mucha de la documentación que habían acumulado. "Nos asustamos", recuerda.
28 años después, el trabajo de Balbina y su equipo llegará a la mesa de Garzón. Son, de momento, 211 nombres. "Son muchos más de lo que me imaginaba y descubrirlo me ha hecho daño. A lo largo de estos años he tenido que parar muchas veces e intentar pensar con la cabeza fría. He descubierto muchísimo dolor", explica. Se considera afortunada. "Mi madre estuvo cuatro años sin saber nada de mi padre, hasta que lo liberaron. Cuando volvió a casa, mi hermana, de casi cinco años, había muerto de hambre. Yo nací cuatro años después, y tuve la suerte de conocerle y escucharle. Muchos de los que murieron no pudieron ni despedirse".
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La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó en febrero pasado el archivo de las denuncias, al considerar que han prescrito en aplicación de la Ley de Amnistía de 1977. Además, el Ministerio Público sostenía que la competencia en este caso no corresponde a la Audiencia Nacional porque los crímenes contra la humanidad deben ser perseguidos por los juzgados del lugar en el que se hayan cometido los hechos.
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La Universidad de Granada remitirá hoy al juez Baltasar Garzón un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955
Se trata de un informe "cien por cien de síntesis política" que tiene como objetivo conocer el pulso político de la capital durante esa época elaborado por algunos historiadores de la Asociación que pertenecen a la Universidad de Granada como Rafael Gil o María Isabel Brenes, autora del mapa global de las fosas comunes que existían en la provincia de Granada.
Este documento "ayudará a entender" las circunstancias en las que se fusiló a las víctimas documentadas, que fueron asesinadas en Granada capital, aunque procedían de diferentes puntos de la provincia. Así, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
Se trata de un informe documental recopilado por un grupo de seis investigadores a requerimiento del rector de la UGR, Francisco González Lodeiro, que reconoció en declaraciones a los periodistas, que la información de la que dispone la institución es "poca", y referida a fusilados durante la Guerra Civil pero más extensa en cuanto a los "depurados" al finalizar la contienda.
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Fraga: "En la España de Franco, del otro lado hubo muchas más barrabasadas"
El abogado de la Asociación para la Memoria Histórica asegura que la Iglesia debe colaborar
Zapatero: "No entiendo la hipocresía de los que dicen que una ley mejor divide al país"
Ley de la Memoria Histórica: Un año después el Gobierno no ha regulado las ayudas para los familiares de los represaliados
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domingo, 21 de septiembre de 2008
MUJERES EN EL FRANQUISMO. Amparo Salvador Vilanova.
MUJERES EN EL FRANQUISMO
Amparo Salvador Villanova
Revista PUEBLOS, septiembre 2.008
¡Y si sabes quién te mató a tu hijo, te has de callar! ¡Y si sabes quienes te violaron, te has de callar! ¡Y si sabes quién te robó tu casa, te has de callar! ¡Y si sabes quién te robó y vendió a tus hijos te has de callar!
Durante años y años, soñó que llegaría un día, cuando se volviese a instaurar la democracia, que se haría justicia sobre las terribles atrocidades y crímenes cometidos durante el franquismo. Pero la derecha y la “izquierda”, tras la muerte de Franco, habían firmado “Los Pactos de la Transición”, pactando el silencio sobre los crímenes del genocidio franquista y la destrucción de sus pruebas, la impunidad para los responsables y colaboradores y el olvido de las víctimas. Era el año 1977 y se acababa de promulgar la Ley de Amnistía que daba cuerpo legal a aquellos ignominiosos Pactos.
Decía estas cosas y otras apretando los puños, cayéndole las lágrimas una a una a pesar de la rabia contenida y el esfuerzo para no llorar: era la representación de la impotencia. Habían matado a su compañero y a ella rapado el pelo al cero, y obligada a tragar aceite de ricino mediante el procedimiento de meterle un embudo en la boca, en el que volcaban media garrafa. Muchas se ahogaban en su propio vómito de sangre debido a las heridas provocadas por la “colocación” del embudo. Después, la unieron a otras para caminar de pueblo en pueblo obligadas por la Guardia Civil, y ser expuestas en las plazas, sucias por la descomposición y la gastroenteritis producidas por el ricino, deshidratadas, desfallecidas, todas las moscas pegadas a ellas, incluso a veces desnudadas en público para que todos/as se rieran y burlaran, e incluso les tirasen piedras, en un intento brutal de aniquilarlas moral y físicamente. Y ojo con el que no lo hiciese! Todos estaban vigilados y se tomaba puntual nota de los que no las humillasen con el suficiente entusiasmo. Muchas veces, entre los “espectadores”, estaba la propia madre de alguna de las mujeres, obligada a asistir al espectáculo con la impotencia y el desgarro en el alma al ver a su hija en semejantes circunstancias. Y todo por qué? En el caso de nuestra protagonista, por haber pertenecido al Socorro Rojo durante la II República y realizar trabajos humanitarios.
La mayoría de las supervivientes de aquellas “excursiones” eran llevadas a la cárcel (conventos habilitados casi siempre), en las que muchas morían por hambre, desnutrición, falta de agua e higiene, hacinamiento, epidemias de piojos, sarna, tuberculosis…, en las filas del patio en el que eran obligadas a permanecer horas y horas, formadas de pié para ser contadas, para coger la comida, para lo que fuera, acabando en un estado de delgadez tal, que muchas tenían la última vértebra al descubierto, por lo que solo podían sentarse de lado, aguantando un reglamento interno que las llevaba al límite de la supervivencia psíquica y física. Las humillaciones a las que se las sometía alcanzaban niveles de total deshumanización. No había día en que no sacaran a varias para llevarlas a fusilar, en ocasiones tras una parodia de juicio (Consejo de Guerra Sumarísimo), y otras veces, directamente ejecutadas extrajudicialmente. Y las que conseguían librarse, si podían, acababan marchándose de sus pueblos al no poder resistir la vergüenza y humillación por las vejaciones sufridas, rechazadas por todos, dado que las represalias para con quien las acogiese eran terribles.
El general Queipo de Llano llamaba a las violaciones masivas, llegando a decir textualmente “nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De paso han enseñado también a sus mujeres, que ahora por fin han conocido hombres de verdad, y no esos castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”. Así pues, con semejantes instrucciones, el ejército, la falange y las divisiones marroquíes, pusieron en marcha la caza de “rojas”, siendo también secuestradas y utilizadas como rehenes para forzar la aparición del marido, padre o hermano huido o combatiendo en la guerrilla, a veces muerto ya. Ser mujer y haber sido republicana, y sobre todo cuando el marido o compañero había muerto en el frente o en la cárcel, fusilado “legalmente” o ejecutado extrajudicialmente, daba carta de naturaleza para que cualquier falangista o adicto al régimen pudiese violarlas cuantas veces se le antojase. Al final, algunas, “las que tenían ese privilegio”, se casaban con uno de ellos y así conseguían tener a un solo violador.
La II República legisló para lograr la igualdad de la mujer con el hombre en los terrenos social, laboral, económico y político. Esta situación fue de inmediato aprovechada por las mujeres para ser las protagonistas de su propia historia, algo que más tarde el franquismo les haría pagar muy caro, convirtiéndolas en blanco preferente de la represión. Aquel protagonismo iba en contra de la nueva ideología que las quería anular y relegar al cuidado de los hijos y el marido, y ello porque les tenía reservado el papel de transmisoras de la ideología franquista y de los “valores” de la Santa Madre Iglesia Católica a través de la familia. Pero para conseguir estos fines, había que domesticar como fuese a aquella generación de mujeres que ya habían conocido la libertad y la igualdad. Por ello, a las mujeres que lucharon por la defensa de la II República, se les aplicó una represión específica, en grado máximo de perversidad, que en muchos casos fue mucho más cruel que la aplicada a los hombres. Lo primero que hicieron fue abolir todas las leyes que las equiparaban con el hombre. Conocían de la fuerza revolucionaria que significaba la incorporación de la mujer a la vida política, y para anularlas, promulgaron leyes que las ponían en el mismo plano que a los menores de edad, a los sordomudos y a los incapacitados mentales. Toda la demagogia franquista en cuanto a que la mujer y la infancia debían ser objeto de especial protección, no les impidió maltratarlas, torturarlas, violarlas, encarcelarlas y asesinarlas. El desprecio del franquismo hacia las mujeres era tal, que no aceptaban su papel como luchadoras políticas, justificando muchas ejecuciones extrajudiciales como muertes naturales y manchando su nombre falseando la causa de la detención, acusándolas de delitos comunes como asesinato, robo, prostitución o hurto.
En materia de política carcelaria, mientras que a los hombres se les encarcelaba solos, no debiendo preocuparse dentro de la cárcel más que de si mismos, a las mujeres se las encarcelaba con sus hijos, teniendo que vivir la impotencia, el desgarro y la locura de verlos morir por carencias de todo tipo: agua, comida, medicinas, ropa…las criaturas morían en las cárceles como moscas por el hambre, la deshidratación, el frío, la tiña, los piojos, la tuberculosis, la gastroentiritis y la sarna. La mayor parte de los días no había ni agua, debiendo secar la ropa y los pañales sucios para ponérselos otra vez, con lo que eran presa de toda clase de bacterias, bichos y epidemias. Llegaron a crear cárceles específicas para mujeres con hijos e hijas, llamadas eufemísticamente “prisiones para madres lactantes”, en realidad verdaderos “apartheids” pensados para aniquilar a las mujeres y a sus hijos. Fue tristemente famosa “la maternal” de Segovia, cuya directora, María Topete, falangista, se distinguió por el trato inhumano que dio a las presas y a sus hijos. No se conoce exactamente el número de criaturas que pudieron llegar a morir allí dentro, no se conoce un Registro de las que encarcelaron, pero se cuentan por cientos, atribuyendo a la directora la responsabilidad directa de sus muertes. Sólo las dejaba con sus madres el tiempo imprescindible para darles la escasa comida y asearlas; después las llevaban al patio donde las dejaban todo el día sin agua ni comida, incluidos los lactantes, al margen del tiempo que hiciese, incluso a bajo cero, en pleno invierno, sometidas a malos tratos por cualquier cosa. Supervivientes atestiguaron que cada día, al meterlas dentro para pasar la noche, muchas habían quedado muertas en el patio por el frío, el hambre o la deshidratación.
Pero con todo, la peor pesadilla de las presas fueron las carceleras monjas, pertenecientes a órdenes religiosas de mujeres dedicadas ex profeso a este fin. El trato de ellas recibido era infinitamente más cruel que el de las funcionarias, pertenecientes a la Sección Femenina. Llegó hasta tal extremo esa crueldad, que en el año 1945 fueron expulsadas de la cárcel de Ventas por denuncias del personal civil, según cuenta Soledad Díaz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo. Hay que destacar por su crueldad, a las órdenes religiosas Hijas de la Caridad, Mercedarias de la Caridad, Hijas del Buen Pastor, la Orden de las Cruzadas, creada especialmente para reeducar a las mujeres en las cárceles, la Orden de San Vicente de Paul a la que pertenecía Sor María de los Serafines, alemana, que había pertenecido a la GESTAPO, tristemente famosa por la saña con la que trató a las presas y a sus hijos. Precisamente, en el año 2.005, nuestro gobierno, que no ha dado un solo paso para la rehabilitación jurídica de las víctimas del franquismo, y mucho menos en materia de acabar con la impunidad de que gozan los responsables de aquellos terribles crímenes, concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, dependiente del Ministerio de Justicia, a esta última Orden religiosa de carceleras citada, caracterizada como ya se ha expresado, por su extrema crueldad.
Sin embargo las presas, a pesar de aquellas terribles condiciones, fueron capaces de crear cadenas de solidaridad para ayudar a las más necesitadas, de desarrollar actividades recreativas y culturales y de organizar huelgas de hambre y plantes. Las más preparadas, daban clases de alfabetización, matemáticas e historia, y todo ello sin libros, sin mesas, sin pizarras, sin nada; marcaban sobre unas tablitas con trozos de lápices que ellas mismas se conseguían. Llegaron a editar publicaciones y crearon bibliotecas, incluso compusieron canciones que cantaban con voz queda en las largas horas de patio para no perder la moral, y afrontaban la pena de muerte con dignidad y valor. Celebraban el 1º de Mayo y el 14 de Abril. Precisamente ese día, en 1.940, en el convento de Santa Clara, en Valencia, Águeda Campos Barrachina, junto a otras dos presas, fabricaron una bandera republicana que pasearon por el convento, lo que le valió la celda de castigo y el fusilamiento, junto a su marido, Amando Muñiz Verdayes, el día 5 de abril de 1.941 en Paterna (Valencia).
Aquí en Valencia la represión fue terrible (aunque también lo fue en el resto del estado), precisamente por haber resistido hasta el último momento. Los tribunales de guerra, los interrogatorios en comisarías y centros habilitados al efecto, y las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, se sucedían a ritmo frenético, siendo el número de mujeres detenidas, torturadas y asesinadas altísimo, precisamente por haber participado activamente en la defensa de la ciudad. Muchas siguieron la lucha en la clandestinidad, organizando la resistencia; precisamente aquí se creo la “Unión Femenina de Valencia”, grupo pionero en la ayuda pro-presos, creado en las colas de las puertas de la cárcel Modelo, extendiéndose luego por toda España. Organizaban manifestaciones, recogían fondos para ayudar a los presos y presas, organizaban fugas, escondían a perseguidos y pasaban fugados por la frontera. También fueron las responsables de los principales puntos de apoyo a la guerrilla, actividades que las convertía en objeto de detención, fusilamiento y toda clase de violencias, como la aplicación del “pacto del hambre”, consistente en no dejar que recibiesen ningún tipo de ayuda o asistencia, condenándolas a ellas y a sus hijos a la miseria más absoluta, muriendo de hambre, desnutrición o enfermedades oportunistas, pasando a ocupar un espacio en la fosa común. Sobre estos episodios de terror y represión aún hoy hay un muro de silencio y se sabe que mucha documentación ha sido destruida.
Para las mujeres de mi generación, que somos las herederas de su historia, la lucha de las republicanas y resistentes antifranquistas, ha sido el referente en el que nos hemos apoyado en nuestra propia lucha contra la dictadura y por la libertad. Ellas nos enseñaron con su ejemplo a resistir y a seguir adelante, y también a luchar por nuestra dignidad personal, para hacernos merecedoras de su legado, que a fin de cuentas lucharon y murieron para que heredásemos un mundo más libre, más digno y más igualitario.
Valencia, julio de 2.008
Bibliografía:
Giuliana di Febo, “Resistencia y movimiento de mujeres en España”
ICARIA Editorial, 1.979
Amparo Salvador Villanova
Revista PUEBLOS, septiembre 2.008
¡Y si sabes quién te mató a tu hijo, te has de callar! ¡Y si sabes quienes te violaron, te has de callar! ¡Y si sabes quién te robó tu casa, te has de callar! ¡Y si sabes quién te robó y vendió a tus hijos te has de callar!
Durante años y años, soñó que llegaría un día, cuando se volviese a instaurar la democracia, que se haría justicia sobre las terribles atrocidades y crímenes cometidos durante el franquismo. Pero la derecha y la “izquierda”, tras la muerte de Franco, habían firmado “Los Pactos de la Transición”, pactando el silencio sobre los crímenes del genocidio franquista y la destrucción de sus pruebas, la impunidad para los responsables y colaboradores y el olvido de las víctimas. Era el año 1977 y se acababa de promulgar la Ley de Amnistía que daba cuerpo legal a aquellos ignominiosos Pactos.
Decía estas cosas y otras apretando los puños, cayéndole las lágrimas una a una a pesar de la rabia contenida y el esfuerzo para no llorar: era la representación de la impotencia. Habían matado a su compañero y a ella rapado el pelo al cero, y obligada a tragar aceite de ricino mediante el procedimiento de meterle un embudo en la boca, en el que volcaban media garrafa. Muchas se ahogaban en su propio vómito de sangre debido a las heridas provocadas por la “colocación” del embudo. Después, la unieron a otras para caminar de pueblo en pueblo obligadas por la Guardia Civil, y ser expuestas en las plazas, sucias por la descomposición y la gastroenteritis producidas por el ricino, deshidratadas, desfallecidas, todas las moscas pegadas a ellas, incluso a veces desnudadas en público para que todos/as se rieran y burlaran, e incluso les tirasen piedras, en un intento brutal de aniquilarlas moral y físicamente. Y ojo con el que no lo hiciese! Todos estaban vigilados y se tomaba puntual nota de los que no las humillasen con el suficiente entusiasmo. Muchas veces, entre los “espectadores”, estaba la propia madre de alguna de las mujeres, obligada a asistir al espectáculo con la impotencia y el desgarro en el alma al ver a su hija en semejantes circunstancias. Y todo por qué? En el caso de nuestra protagonista, por haber pertenecido al Socorro Rojo durante la II República y realizar trabajos humanitarios.
La mayoría de las supervivientes de aquellas “excursiones” eran llevadas a la cárcel (conventos habilitados casi siempre), en las que muchas morían por hambre, desnutrición, falta de agua e higiene, hacinamiento, epidemias de piojos, sarna, tuberculosis…, en las filas del patio en el que eran obligadas a permanecer horas y horas, formadas de pié para ser contadas, para coger la comida, para lo que fuera, acabando en un estado de delgadez tal, que muchas tenían la última vértebra al descubierto, por lo que solo podían sentarse de lado, aguantando un reglamento interno que las llevaba al límite de la supervivencia psíquica y física. Las humillaciones a las que se las sometía alcanzaban niveles de total deshumanización. No había día en que no sacaran a varias para llevarlas a fusilar, en ocasiones tras una parodia de juicio (Consejo de Guerra Sumarísimo), y otras veces, directamente ejecutadas extrajudicialmente. Y las que conseguían librarse, si podían, acababan marchándose de sus pueblos al no poder resistir la vergüenza y humillación por las vejaciones sufridas, rechazadas por todos, dado que las represalias para con quien las acogiese eran terribles.
El general Queipo de Llano llamaba a las violaciones masivas, llegando a decir textualmente “nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombres. De paso han enseñado también a sus mujeres, que ahora por fin han conocido hombres de verdad, y no esos castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará”. Así pues, con semejantes instrucciones, el ejército, la falange y las divisiones marroquíes, pusieron en marcha la caza de “rojas”, siendo también secuestradas y utilizadas como rehenes para forzar la aparición del marido, padre o hermano huido o combatiendo en la guerrilla, a veces muerto ya. Ser mujer y haber sido republicana, y sobre todo cuando el marido o compañero había muerto en el frente o en la cárcel, fusilado “legalmente” o ejecutado extrajudicialmente, daba carta de naturaleza para que cualquier falangista o adicto al régimen pudiese violarlas cuantas veces se le antojase. Al final, algunas, “las que tenían ese privilegio”, se casaban con uno de ellos y así conseguían tener a un solo violador.
La II República legisló para lograr la igualdad de la mujer con el hombre en los terrenos social, laboral, económico y político. Esta situación fue de inmediato aprovechada por las mujeres para ser las protagonistas de su propia historia, algo que más tarde el franquismo les haría pagar muy caro, convirtiéndolas en blanco preferente de la represión. Aquel protagonismo iba en contra de la nueva ideología que las quería anular y relegar al cuidado de los hijos y el marido, y ello porque les tenía reservado el papel de transmisoras de la ideología franquista y de los “valores” de la Santa Madre Iglesia Católica a través de la familia. Pero para conseguir estos fines, había que domesticar como fuese a aquella generación de mujeres que ya habían conocido la libertad y la igualdad. Por ello, a las mujeres que lucharon por la defensa de la II República, se les aplicó una represión específica, en grado máximo de perversidad, que en muchos casos fue mucho más cruel que la aplicada a los hombres. Lo primero que hicieron fue abolir todas las leyes que las equiparaban con el hombre. Conocían de la fuerza revolucionaria que significaba la incorporación de la mujer a la vida política, y para anularlas, promulgaron leyes que las ponían en el mismo plano que a los menores de edad, a los sordomudos y a los incapacitados mentales. Toda la demagogia franquista en cuanto a que la mujer y la infancia debían ser objeto de especial protección, no les impidió maltratarlas, torturarlas, violarlas, encarcelarlas y asesinarlas. El desprecio del franquismo hacia las mujeres era tal, que no aceptaban su papel como luchadoras políticas, justificando muchas ejecuciones extrajudiciales como muertes naturales y manchando su nombre falseando la causa de la detención, acusándolas de delitos comunes como asesinato, robo, prostitución o hurto.
En materia de política carcelaria, mientras que a los hombres se les encarcelaba solos, no debiendo preocuparse dentro de la cárcel más que de si mismos, a las mujeres se las encarcelaba con sus hijos, teniendo que vivir la impotencia, el desgarro y la locura de verlos morir por carencias de todo tipo: agua, comida, medicinas, ropa…las criaturas morían en las cárceles como moscas por el hambre, la deshidratación, el frío, la tiña, los piojos, la tuberculosis, la gastroentiritis y la sarna. La mayor parte de los días no había ni agua, debiendo secar la ropa y los pañales sucios para ponérselos otra vez, con lo que eran presa de toda clase de bacterias, bichos y epidemias. Llegaron a crear cárceles específicas para mujeres con hijos e hijas, llamadas eufemísticamente “prisiones para madres lactantes”, en realidad verdaderos “apartheids” pensados para aniquilar a las mujeres y a sus hijos. Fue tristemente famosa “la maternal” de Segovia, cuya directora, María Topete, falangista, se distinguió por el trato inhumano que dio a las presas y a sus hijos. No se conoce exactamente el número de criaturas que pudieron llegar a morir allí dentro, no se conoce un Registro de las que encarcelaron, pero se cuentan por cientos, atribuyendo a la directora la responsabilidad directa de sus muertes. Sólo las dejaba con sus madres el tiempo imprescindible para darles la escasa comida y asearlas; después las llevaban al patio donde las dejaban todo el día sin agua ni comida, incluidos los lactantes, al margen del tiempo que hiciese, incluso a bajo cero, en pleno invierno, sometidas a malos tratos por cualquier cosa. Supervivientes atestiguaron que cada día, al meterlas dentro para pasar la noche, muchas habían quedado muertas en el patio por el frío, el hambre o la deshidratación.
Pero con todo, la peor pesadilla de las presas fueron las carceleras monjas, pertenecientes a órdenes religiosas de mujeres dedicadas ex profeso a este fin. El trato de ellas recibido era infinitamente más cruel que el de las funcionarias, pertenecientes a la Sección Femenina. Llegó hasta tal extremo esa crueldad, que en el año 1945 fueron expulsadas de la cárcel de Ventas por denuncias del personal civil, según cuenta Soledad Díaz, ex presa de Ventas, a Giuliana di Febo. Hay que destacar por su crueldad, a las órdenes religiosas Hijas de la Caridad, Mercedarias de la Caridad, Hijas del Buen Pastor, la Orden de las Cruzadas, creada especialmente para reeducar a las mujeres en las cárceles, la Orden de San Vicente de Paul a la que pertenecía Sor María de los Serafines, alemana, que había pertenecido a la GESTAPO, tristemente famosa por la saña con la que trató a las presas y a sus hijos. Precisamente, en el año 2.005, nuestro gobierno, que no ha dado un solo paso para la rehabilitación jurídica de las víctimas del franquismo, y mucho menos en materia de acabar con la impunidad de que gozan los responsables de aquellos terribles crímenes, concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, dependiente del Ministerio de Justicia, a esta última Orden religiosa de carceleras citada, caracterizada como ya se ha expresado, por su extrema crueldad.
Sin embargo las presas, a pesar de aquellas terribles condiciones, fueron capaces de crear cadenas de solidaridad para ayudar a las más necesitadas, de desarrollar actividades recreativas y culturales y de organizar huelgas de hambre y plantes. Las más preparadas, daban clases de alfabetización, matemáticas e historia, y todo ello sin libros, sin mesas, sin pizarras, sin nada; marcaban sobre unas tablitas con trozos de lápices que ellas mismas se conseguían. Llegaron a editar publicaciones y crearon bibliotecas, incluso compusieron canciones que cantaban con voz queda en las largas horas de patio para no perder la moral, y afrontaban la pena de muerte con dignidad y valor. Celebraban el 1º de Mayo y el 14 de Abril. Precisamente ese día, en 1.940, en el convento de Santa Clara, en Valencia, Águeda Campos Barrachina, junto a otras dos presas, fabricaron una bandera republicana que pasearon por el convento, lo que le valió la celda de castigo y el fusilamiento, junto a su marido, Amando Muñiz Verdayes, el día 5 de abril de 1.941 en Paterna (Valencia).
Aquí en Valencia la represión fue terrible (aunque también lo fue en el resto del estado), precisamente por haber resistido hasta el último momento. Los tribunales de guerra, los interrogatorios en comisarías y centros habilitados al efecto, y las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, se sucedían a ritmo frenético, siendo el número de mujeres detenidas, torturadas y asesinadas altísimo, precisamente por haber participado activamente en la defensa de la ciudad. Muchas siguieron la lucha en la clandestinidad, organizando la resistencia; precisamente aquí se creo la “Unión Femenina de Valencia”, grupo pionero en la ayuda pro-presos, creado en las colas de las puertas de la cárcel Modelo, extendiéndose luego por toda España. Organizaban manifestaciones, recogían fondos para ayudar a los presos y presas, organizaban fugas, escondían a perseguidos y pasaban fugados por la frontera. También fueron las responsables de los principales puntos de apoyo a la guerrilla, actividades que las convertía en objeto de detención, fusilamiento y toda clase de violencias, como la aplicación del “pacto del hambre”, consistente en no dejar que recibiesen ningún tipo de ayuda o asistencia, condenándolas a ellas y a sus hijos a la miseria más absoluta, muriendo de hambre, desnutrición o enfermedades oportunistas, pasando a ocupar un espacio en la fosa común. Sobre estos episodios de terror y represión aún hoy hay un muro de silencio y se sabe que mucha documentación ha sido destruida.
Para las mujeres de mi generación, que somos las herederas de su historia, la lucha de las republicanas y resistentes antifranquistas, ha sido el referente en el que nos hemos apoyado en nuestra propia lucha contra la dictadura y por la libertad. Ellas nos enseñaron con su ejemplo a resistir y a seguir adelante, y también a luchar por nuestra dignidad personal, para hacernos merecedoras de su legado, que a fin de cuentas lucharon y murieron para que heredásemos un mundo más libre, más digno y más igualitario.
Valencia, julio de 2.008
Bibliografía:
Giuliana di Febo, “Resistencia y movimiento de mujeres en España”
ICARIA Editorial, 1.979
El Foro por la Memoria tiene ya censadas a casi todas las víctimas del franquismo en la provincia.
SEGOVIA
El Foro por la Memoria tiene ya censadas a casi todas las víctimas del franquismo en la provincia
El historiador Santiago Vega ha contabilizado 215 asesinados sin juicio previo y 155 a raíz de la sentencia de un consejo de guerra.
21.09.08 - CARLOS ÁLVARO C. A. SEGOVIA SEGOVIA
Segovia tiene hechos los deberes mucho antes de que el juez Baltasar Garzón decidiera abrir una investigación para conseguir las identidades de los desaparecidos y víctimas del franquismo y facilitar a las familias la localización y recuperación de los cuerpos. La labor del Foro por la Memoria de Segovia, fundado en noviembre del 2002, ha sido decisiva, pero más aún la búsqueda de datos que durante más de diez años ha llevado a cabo el historiador Santiago Vega Sombría, también presidente del Foro por la Memoria en la provincia. En su libro 'De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia' (2005), Vega Sombría contabiliza 215 personas asesinadas de manera ilegal, es decir, sin que mediara juicio alguno, y 155 a raíz de la sentencia dictada por un consejo de guerra. Casi todas están identificadas con nombres y apellidos, lo que facilitaría la elaboración de un censo definitivo que la Federación Estatal de Foros por la Memoria pide para que los crímenes pueden esclarecerse mejor y que las familias que lo deseen recuperen los restos de sus seres queridos.
En este sentido, el Foro por la Memoria entiende que la iniciativa de Garzón se queda corta, pues el juez pedirá información a archivos civiles y parroquiales cuando hay muchas personas que, al ser víctimas de la represión 'ilegal', no están inscritas en documento alguno, explica Vega Sombría. En Segovia, el 35% de las ejecuciones que se llevaron a cabo sin juicio previo no están registradas, por lo que sería imposible identificar a todas las víctimas de no haber sido por el trabajo -muchas veces de campo y a través de entrevistas con familiares- que ha llevado a cabo el historiador segoviano.
La represión franquista en la provincia de Segovia fue especialmente cruenta en los primeros meses que siguieron al estallido de la guerra civil, aunque hubo asesinatos hasta el año 1942, ya en plena dictadura de Franco. Las escuadras falangistas recorrieron prácticamente todos los pueblos de la provincia, practicando detenciones arbitrarias que acababan con fusilamientos masivos en pinares, cunetas o cementerios. Casi todas estas víctimas de la represión 'ilegal' fueron asesinadas durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1936.
«Sus cuerpos yacen en fosas comunes que se excavaban en el mismo lugar donde se los fusilaba -señala Santiago Vega Sombría-. Hay muchas fosas comunes a lo largo y ancho de la provincia, algunas de ellas prácticamente localizadas, como las del Puente Oñez». Pero el Puente Oñez, en la carretera de Santa María la Real de Nieva, no es el único lugar. Hay cuerpos en pinares como el de Cabezuela y el del Temeroso, entre Madrona y Hontoria, en Villacastín, en Navafría, en Galíndez, en Honrubia de la Cuesta, en La Granja, Valsaín, El Espinar, Montuenga, etcétera.
Apertura de fosas
Hasta la fecha, el Foro por la Memoria de Segovia ha intervenido en la apertura de dos fosas, una en La Losa y otra en Sepúlveda en los años 2003 y 2004, respectivamente. En la primera se recuperaron los restos de cinco obreros de Otero de Herreros que fueron fusilados el día 3 de agosto de 1936. Se trata de Miguel Durán Prieto, Julián Martín Pascual, Abel de Pablos de Andrés, Pedro Sebastián Vela y Pedro Aparicio Bravo. La fosa de Sepúlveda contenía los despojos de varias autoridades de la villa sepulvedana, entre ellas el alcalde, el músico y el maestro: Fermín Elías Sanz Velasco, Antonino Albarrán Moreno, Pedro Antón Morata, Lucio Esteban Mansilla y Ángel Prieto Alonso. A los diez cuerpos se les ha dado ya una sepultura digna.
La apertura de estas tumbas colectivas conlleva la interposición de las correspondientes denuncias en los Juzgados de Instrucción por delito de crímenes contra la humanidad, pero el juzgado suele resolver la prescripción de los delitos, algo que la Federación Estatal de Foros por la Memoria considera contrario a los derechos humanos.
Santiago Vega Sombría encabeza el Foro por la Memoria de Segovia, que lleva casi seis años batallando por una causa que considera justa.
-¿Valoran la iniciativa del juez Garzón?
-Lo valoramos, pero pensamos que se queda corta y si sale mal cerrará las puertas a muchos casos. El juez pide información a registros civiles y parroquiales, pero así sólo conseguirá saber la identidad del 60% de las víctimas. En Segovia, la represión 'ilegal', es decir, sin juicio previo, acabó con la vida de 215 personas.
-¿Qué demanda el Foro por la Memoria?
-Fundamentalmente, que se forme una especie de comisión para elaborar un censo general y definitivo que se tardaría en hacer si se quiere hacer bien. Lo que está claro es que hace falta un impulso institucional que recoja una especie de causa general, de comisión de la verdad, que aclare todas estas cuestiones. Durante la guerra civil hubo violencia en los dos bandos, pero las víctimas franquistas tuvieron sus homenajes, sus reconocimientos y sus familiares pudieron enterrarlas dignamente. Ahora es el momento de completar la otra parte de la historia, por salud democrática y la tranquilidad de espíritu de muchas familias. Tampoco hay que olvidar que los asesinatos se siguieron cometiendo durante la dictadura de Franco, incluso hasta unos días antes de su muerte.
-¿Hay muchas heridas sin cerrar?
-Sí y precisamente porque esto no se ha abordado todavía. Es increíble el dolor y el miedo que muchas personas tienen dentro, miedo que les impide incluso hablar. Hay personas que, después de haber quedado con ellas para hablar, se echan para atrás.
-¿Segovia es una de las provincias más aventajadas en la realización de ese censo?
-Es posible que en otras se haya identificado a menos víctimas porque tienen mayores dimensiones, pero el parcial se ha hecho ya en media España. No es tan complicado. Los fusilados por consejo de guerra están registrados y yacen en fosas comunes de muchos cementerios.
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«Muchas personas sufren aún tal dolor, tal miedo, que les impide hablar»
RELACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN 'ILEGAL' EN LA PROVINCIA
Feliciano Martín Poza; Lucio Pascual Aguña; Eustaquio López María; Álvaro Menéndez Martínez; Aurelio Martínez Martínez; Martín Martín Arteaga; Enrique Álvaro de Andrés; Victoriano Satrústegui García; Genaro Marugán; Miguel Durán Prieto; Julián Martín Pascual; Abel de Pablos Andrés; Pedro Sebastián Vela; Pedro Aparicio Bravo; Hermenegildo Pozo Herranz; Mariano Luis Abastas de Frutos; Benito Rubio Martín; Purificación Benito Bernaldo de Quirós; Celedonio Benito García; Pedro Cancho Barriga; Tiburcio Muñoz Pérez; José Muñoz Pérez; Mariano Domínguez Martín; José García García; Aniano Domínguez Martín; Cecilio García San Felipe; Petra López San Felipe; Jesús-Vito Hernández Gil; Félix Gaitero Bartolomé; Agapito de Pedro; Eulalia Fernández; Ladislao Roldán; Mariano Velasco Lázaro; Jesús Gilmartín de Francisco; Atanasio Antonio Álvaro; Eugenio Fernández Gómez; José Escudero Otero; Luis García Hernández; Julio Maroto Ortega; Pío Lobo Yubero; Daniel Gómez Lobo; Ubaldo Herrero López; Francisco Sanz Herrero; Manuel Cerezo Gil; Norberto Cerezo Marinero; Joaquín Bartolomé Gallego; Felipe Gómez Mayo; Marcos Vela Santos; Eufemio de la Villa Rubio; Basilisa Zarracín García; Ponciano Herrero Lobo; Santiago Martín Calvo; Agustín Pastor Baeza; Elías de Lucas Guedán; Juan Romano Sacristán; Manuel Gil Antón; Dionisio Cano Alemán; Segundo Cerezo; Alejandro Martín Encinas; Telesforo Moral Cristóbal; Bonifacio Peñas del Val; Faustino Ramos Antón; José Hernández Vázquez; Mariano Barba de Pablos; Mario Tomé Villoslada; Mariano Álvaro Mateos; Constantino García Martín; Nicolás Álvaro Lobo; Alejandro Arranz Marinas; Manuel Gómez Fernández; Atilano-Félix Guantes Herrero; Pedro Natalías García; Pascual Pascual Galindo; José Peña Huerta; Santos San Frutos Anceja; Manuel Serrano González; Jesús Serrano González; Julio Fúster García; Teófilo Carrasco Linares; Maximino García Marugán; Juan Manuel Gómez Cornejo; Felipe Domingo Benito; Francisco Serna Lobato; Venancio Blanco Arribas; Ciriaco Díez Vitón; Bonifacio García Pérez; Rufino Blanco Arribas; Lucio de Miguel Moral; Julio González Gil; Lorenzo Fernández González; José Gutiérrez Sastre; Antonino Albarrán Moreno; Pedro Antón Morata; Lucio Esteban Mansilla; Ángel Prieto Alonso; Fermín Elías Sanz Velasco; Hipólito Gómez María; Pedro San Mateo Segovia; Pedro García Garrido; Lorenzo Sebastián Gómez; Cesáreo Escanciano Matute; Julián Aparicio de Andrés; Juan Hernando Núñez; Narciso del Pozo de las Heras; Anastasio Izquierdo López; Paulino Casado Casado; José Berzal García; Juan de la Falla Silvestre; Secundino de las Heras Martín; Andrés de las Heras Martín; Martín Olmos; José Aguilar Roldán; Enrique Castelló Castelló; José Pizarro Ciné; Juan Marco Elorriaga; Gregorio Sanz Rubio; Claudio Gómez Estévez; Desiderio Mateo Escribano; Atanasio Miguel Pérez; Tomás de la Santísima Trinidad Lucas; Raimundo Hernández Prieto; Matías Prieto Gila; Pedro de Lucas Martín; Carlos Benito Gil; Francisco Sancho López; José de Frutos Gila; Heliodoro Fernández Caraballo; Arturo Aparicio González; Gregorio Esteban Álvaro; Manuel González Herrero; Ángel Gracia Morales; Agustín Hernández y Hernández; Antonio Hernanz Benito; Julio C. Pérez Martín; Andrés Gila Alonso; Clemente de Dios Ortega; Zacarías Rojo García; José María Sáez Bartolomé; Carlos Sastre Postigo; Víctor Sanz Sáez; José Gutiérrez Martínez; Andrés Nogales Astudillo; Juan de Santos Fernández; Claudio Martín Martín; Francisco Azuara García; Pedro Campos Sanz; Julián Cerrinegro Cerezo; Genaro Gil Guijarro; Fernando Gutiérrez Arribas; Francisco Liceras Gutiérrez; Juan de Dios Cantalejo; Ángela de la Flor Gómez; Angelita Gómez Alonso; José Quevedo Pascual; Isidoro Senovilla Muñoz; Felipe de Lucasa García; Antonio Arcones Baeza; Teófilo Martín Velasco; Desiderio Pascual Martín; Felipe de J. Goya del Pozo; Juana García Cantalejo; Juan González Matabuena; Matías García Herrero; Teotino Gil Tesedo; Félix Casado Herrero; Benito Francisco Asenjo; Marcos Miguel Martín; Luis Isabelo Blanco García; Vicente Gil Cantalejo; Isidoro Moreno Barroso; Martín Sánchez de la Mata; Luis Ayuso García; Dionisio Sanz González; Pedro Hoyos Sánchez; Luis Gil Manso; Leandro Gil Sanz; Félix Verdugo Pilar; Alejandro García Gil; Pablo Marinero Criado; Mariano Suárez Quevedo; Arcadio Muñoz; Licinio Antón Rubio; Benito Marinero Criado; José Moreno García; Manuel Martín Velázquez; Bernabé Ranz Vázquez; Martín Llorente García; Jesús Fernández Pérez; Saturnino Fernández Pérez; Laureano Gómez Nieto; Vicente García García; Lucas Carrera García; Mariano Carrera Vega; Carlos Martínez García; Juan de Miguel Valverde; Lucas Rodríguez Fernández; Valentín Sanz García; Anselmo San Frutos de Diego; Juan Pascual Gómez; Cipriano Alonso Álvarez; León Isabel Velasco; Sigeberto Fernández García; Tomás Gómez; Matías Manso Manso; Antonio Macalla Cuello; Fermín García Cabrero y Gregorio Gómez Nieto.
En esta relación sólo figuran los nombres de quienes fueron ejecutados sin proceso judicial previo. La mayoría yace en cunetas, pinares, descampados, etcétera. Sus asesinatos se cometieron en su mayor parte en agosto, septiembre y octubre de 1936. A estos 215 desaparecidos (en la lista no están todos porque hay alguno sin identificar) hay que sumar los 155 fusilados por consejo de guerra (1936-1942), cuyos restos están en fosas comunes de cementerios.
Fuente: Santiago Vega Sombría, autor del libro 'De la esperanza a la persecución' (2005).
El Foro por la Memoria tiene ya censadas a casi todas las víctimas del franquismo en la provincia
El historiador Santiago Vega ha contabilizado 215 asesinados sin juicio previo y 155 a raíz de la sentencia de un consejo de guerra.
21.09.08 - CARLOS ÁLVARO C. A. SEGOVIA SEGOVIA
Segovia tiene hechos los deberes mucho antes de que el juez Baltasar Garzón decidiera abrir una investigación para conseguir las identidades de los desaparecidos y víctimas del franquismo y facilitar a las familias la localización y recuperación de los cuerpos. La labor del Foro por la Memoria de Segovia, fundado en noviembre del 2002, ha sido decisiva, pero más aún la búsqueda de datos que durante más de diez años ha llevado a cabo el historiador Santiago Vega Sombría, también presidente del Foro por la Memoria en la provincia. En su libro 'De la esperanza a la persecución. La represión franquista en la provincia de Segovia' (2005), Vega Sombría contabiliza 215 personas asesinadas de manera ilegal, es decir, sin que mediara juicio alguno, y 155 a raíz de la sentencia dictada por un consejo de guerra. Casi todas están identificadas con nombres y apellidos, lo que facilitaría la elaboración de un censo definitivo que la Federación Estatal de Foros por la Memoria pide para que los crímenes pueden esclarecerse mejor y que las familias que lo deseen recuperen los restos de sus seres queridos.
En este sentido, el Foro por la Memoria entiende que la iniciativa de Garzón se queda corta, pues el juez pedirá información a archivos civiles y parroquiales cuando hay muchas personas que, al ser víctimas de la represión 'ilegal', no están inscritas en documento alguno, explica Vega Sombría. En Segovia, el 35% de las ejecuciones que se llevaron a cabo sin juicio previo no están registradas, por lo que sería imposible identificar a todas las víctimas de no haber sido por el trabajo -muchas veces de campo y a través de entrevistas con familiares- que ha llevado a cabo el historiador segoviano.
La represión franquista en la provincia de Segovia fue especialmente cruenta en los primeros meses que siguieron al estallido de la guerra civil, aunque hubo asesinatos hasta el año 1942, ya en plena dictadura de Franco. Las escuadras falangistas recorrieron prácticamente todos los pueblos de la provincia, practicando detenciones arbitrarias que acababan con fusilamientos masivos en pinares, cunetas o cementerios. Casi todas estas víctimas de la represión 'ilegal' fueron asesinadas durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 1936.
«Sus cuerpos yacen en fosas comunes que se excavaban en el mismo lugar donde se los fusilaba -señala Santiago Vega Sombría-. Hay muchas fosas comunes a lo largo y ancho de la provincia, algunas de ellas prácticamente localizadas, como las del Puente Oñez». Pero el Puente Oñez, en la carretera de Santa María la Real de Nieva, no es el único lugar. Hay cuerpos en pinares como el de Cabezuela y el del Temeroso, entre Madrona y Hontoria, en Villacastín, en Navafría, en Galíndez, en Honrubia de la Cuesta, en La Granja, Valsaín, El Espinar, Montuenga, etcétera.
Apertura de fosas
Hasta la fecha, el Foro por la Memoria de Segovia ha intervenido en la apertura de dos fosas, una en La Losa y otra en Sepúlveda en los años 2003 y 2004, respectivamente. En la primera se recuperaron los restos de cinco obreros de Otero de Herreros que fueron fusilados el día 3 de agosto de 1936. Se trata de Miguel Durán Prieto, Julián Martín Pascual, Abel de Pablos de Andrés, Pedro Sebastián Vela y Pedro Aparicio Bravo. La fosa de Sepúlveda contenía los despojos de varias autoridades de la villa sepulvedana, entre ellas el alcalde, el músico y el maestro: Fermín Elías Sanz Velasco, Antonino Albarrán Moreno, Pedro Antón Morata, Lucio Esteban Mansilla y Ángel Prieto Alonso. A los diez cuerpos se les ha dado ya una sepultura digna.
La apertura de estas tumbas colectivas conlleva la interposición de las correspondientes denuncias en los Juzgados de Instrucción por delito de crímenes contra la humanidad, pero el juzgado suele resolver la prescripción de los delitos, algo que la Federación Estatal de Foros por la Memoria considera contrario a los derechos humanos.
Santiago Vega Sombría encabeza el Foro por la Memoria de Segovia, que lleva casi seis años batallando por una causa que considera justa.
-¿Valoran la iniciativa del juez Garzón?
-Lo valoramos, pero pensamos que se queda corta y si sale mal cerrará las puertas a muchos casos. El juez pide información a registros civiles y parroquiales, pero así sólo conseguirá saber la identidad del 60% de las víctimas. En Segovia, la represión 'ilegal', es decir, sin juicio previo, acabó con la vida de 215 personas.
-¿Qué demanda el Foro por la Memoria?
-Fundamentalmente, que se forme una especie de comisión para elaborar un censo general y definitivo que se tardaría en hacer si se quiere hacer bien. Lo que está claro es que hace falta un impulso institucional que recoja una especie de causa general, de comisión de la verdad, que aclare todas estas cuestiones. Durante la guerra civil hubo violencia en los dos bandos, pero las víctimas franquistas tuvieron sus homenajes, sus reconocimientos y sus familiares pudieron enterrarlas dignamente. Ahora es el momento de completar la otra parte de la historia, por salud democrática y la tranquilidad de espíritu de muchas familias. Tampoco hay que olvidar que los asesinatos se siguieron cometiendo durante la dictadura de Franco, incluso hasta unos días antes de su muerte.
-¿Hay muchas heridas sin cerrar?
-Sí y precisamente porque esto no se ha abordado todavía. Es increíble el dolor y el miedo que muchas personas tienen dentro, miedo que les impide incluso hablar. Hay personas que, después de haber quedado con ellas para hablar, se echan para atrás.
-¿Segovia es una de las provincias más aventajadas en la realización de ese censo?
-Es posible que en otras se haya identificado a menos víctimas porque tienen mayores dimensiones, pero el parcial se ha hecho ya en media España. No es tan complicado. Los fusilados por consejo de guerra están registrados y yacen en fosas comunes de muchos cementerios.
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«Muchas personas sufren aún tal dolor, tal miedo, que les impide hablar»
RELACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN 'ILEGAL' EN LA PROVINCIA
Feliciano Martín Poza; Lucio Pascual Aguña; Eustaquio López María; Álvaro Menéndez Martínez; Aurelio Martínez Martínez; Martín Martín Arteaga; Enrique Álvaro de Andrés; Victoriano Satrústegui García; Genaro Marugán; Miguel Durán Prieto; Julián Martín Pascual; Abel de Pablos Andrés; Pedro Sebastián Vela; Pedro Aparicio Bravo; Hermenegildo Pozo Herranz; Mariano Luis Abastas de Frutos; Benito Rubio Martín; Purificación Benito Bernaldo de Quirós; Celedonio Benito García; Pedro Cancho Barriga; Tiburcio Muñoz Pérez; José Muñoz Pérez; Mariano Domínguez Martín; José García García; Aniano Domínguez Martín; Cecilio García San Felipe; Petra López San Felipe; Jesús-Vito Hernández Gil; Félix Gaitero Bartolomé; Agapito de Pedro; Eulalia Fernández; Ladislao Roldán; Mariano Velasco Lázaro; Jesús Gilmartín de Francisco; Atanasio Antonio Álvaro; Eugenio Fernández Gómez; José Escudero Otero; Luis García Hernández; Julio Maroto Ortega; Pío Lobo Yubero; Daniel Gómez Lobo; Ubaldo Herrero López; Francisco Sanz Herrero; Manuel Cerezo Gil; Norberto Cerezo Marinero; Joaquín Bartolomé Gallego; Felipe Gómez Mayo; Marcos Vela Santos; Eufemio de la Villa Rubio; Basilisa Zarracín García; Ponciano Herrero Lobo; Santiago Martín Calvo; Agustín Pastor Baeza; Elías de Lucas Guedán; Juan Romano Sacristán; Manuel Gil Antón; Dionisio Cano Alemán; Segundo Cerezo; Alejandro Martín Encinas; Telesforo Moral Cristóbal; Bonifacio Peñas del Val; Faustino Ramos Antón; José Hernández Vázquez; Mariano Barba de Pablos; Mario Tomé Villoslada; Mariano Álvaro Mateos; Constantino García Martín; Nicolás Álvaro Lobo; Alejandro Arranz Marinas; Manuel Gómez Fernández; Atilano-Félix Guantes Herrero; Pedro Natalías García; Pascual Pascual Galindo; José Peña Huerta; Santos San Frutos Anceja; Manuel Serrano González; Jesús Serrano González; Julio Fúster García; Teófilo Carrasco Linares; Maximino García Marugán; Juan Manuel Gómez Cornejo; Felipe Domingo Benito; Francisco Serna Lobato; Venancio Blanco Arribas; Ciriaco Díez Vitón; Bonifacio García Pérez; Rufino Blanco Arribas; Lucio de Miguel Moral; Julio González Gil; Lorenzo Fernández González; José Gutiérrez Sastre; Antonino Albarrán Moreno; Pedro Antón Morata; Lucio Esteban Mansilla; Ángel Prieto Alonso; Fermín Elías Sanz Velasco; Hipólito Gómez María; Pedro San Mateo Segovia; Pedro García Garrido; Lorenzo Sebastián Gómez; Cesáreo Escanciano Matute; Julián Aparicio de Andrés; Juan Hernando Núñez; Narciso del Pozo de las Heras; Anastasio Izquierdo López; Paulino Casado Casado; José Berzal García; Juan de la Falla Silvestre; Secundino de las Heras Martín; Andrés de las Heras Martín; Martín Olmos; José Aguilar Roldán; Enrique Castelló Castelló; José Pizarro Ciné; Juan Marco Elorriaga; Gregorio Sanz Rubio; Claudio Gómez Estévez; Desiderio Mateo Escribano; Atanasio Miguel Pérez; Tomás de la Santísima Trinidad Lucas; Raimundo Hernández Prieto; Matías Prieto Gila; Pedro de Lucas Martín; Carlos Benito Gil; Francisco Sancho López; José de Frutos Gila; Heliodoro Fernández Caraballo; Arturo Aparicio González; Gregorio Esteban Álvaro; Manuel González Herrero; Ángel Gracia Morales; Agustín Hernández y Hernández; Antonio Hernanz Benito; Julio C. Pérez Martín; Andrés Gila Alonso; Clemente de Dios Ortega; Zacarías Rojo García; José María Sáez Bartolomé; Carlos Sastre Postigo; Víctor Sanz Sáez; José Gutiérrez Martínez; Andrés Nogales Astudillo; Juan de Santos Fernández; Claudio Martín Martín; Francisco Azuara García; Pedro Campos Sanz; Julián Cerrinegro Cerezo; Genaro Gil Guijarro; Fernando Gutiérrez Arribas; Francisco Liceras Gutiérrez; Juan de Dios Cantalejo; Ángela de la Flor Gómez; Angelita Gómez Alonso; José Quevedo Pascual; Isidoro Senovilla Muñoz; Felipe de Lucasa García; Antonio Arcones Baeza; Teófilo Martín Velasco; Desiderio Pascual Martín; Felipe de J. Goya del Pozo; Juana García Cantalejo; Juan González Matabuena; Matías García Herrero; Teotino Gil Tesedo; Félix Casado Herrero; Benito Francisco Asenjo; Marcos Miguel Martín; Luis Isabelo Blanco García; Vicente Gil Cantalejo; Isidoro Moreno Barroso; Martín Sánchez de la Mata; Luis Ayuso García; Dionisio Sanz González; Pedro Hoyos Sánchez; Luis Gil Manso; Leandro Gil Sanz; Félix Verdugo Pilar; Alejandro García Gil; Pablo Marinero Criado; Mariano Suárez Quevedo; Arcadio Muñoz; Licinio Antón Rubio; Benito Marinero Criado; José Moreno García; Manuel Martín Velázquez; Bernabé Ranz Vázquez; Martín Llorente García; Jesús Fernández Pérez; Saturnino Fernández Pérez; Laureano Gómez Nieto; Vicente García García; Lucas Carrera García; Mariano Carrera Vega; Carlos Martínez García; Juan de Miguel Valverde; Lucas Rodríguez Fernández; Valentín Sanz García; Anselmo San Frutos de Diego; Juan Pascual Gómez; Cipriano Alonso Álvarez; León Isabel Velasco; Sigeberto Fernández García; Tomás Gómez; Matías Manso Manso; Antonio Macalla Cuello; Fermín García Cabrero y Gregorio Gómez Nieto.
En esta relación sólo figuran los nombres de quienes fueron ejecutados sin proceso judicial previo. La mayoría yace en cunetas, pinares, descampados, etcétera. Sus asesinatos se cometieron en su mayor parte en agosto, septiembre y octubre de 1936. A estos 215 desaparecidos (en la lista no están todos porque hay alguno sin identificar) hay que sumar los 155 fusilados por consejo de guerra (1936-1942), cuyos restos están en fosas comunes de cementerios.
Fuente: Santiago Vega Sombría, autor del libro 'De la esperanza a la persecución' (2005).
lunes, 1 de septiembre de 2008
Garzón solicita la lista de desaparecidos durante la Guerra Civil
Fuente: Levante-EMV.
Garzón solicita la lista de desaparecidos durante la Guerra Civil
El juez de la Audiencia Nacional ha pedido hoy al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
EFE
En una providencia, el juez informa a la Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posible víctimas desaparecidas a partir de aquella época. A la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar. La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España". En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada) -donde está enterrado el poeta Federico García Lorca-, Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos "enterramientos masivos", así como cuándo se produjeron. Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado. Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia". A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron. Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.
Garzón solicita la lista de desaparecidos durante la Guerra Civil
El juez de la Audiencia Nacional ha pedido hoy al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
EFE
En una providencia, el juez informa a la Conferencia Episcopal de que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posible víctimas desaparecidas a partir de aquella época. A la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar. La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades -también fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiación- a partir del 17 de julio de 1936 "como consecuencia directa del denominado 'alzamiento nacional' y la situación de Guerra Civil que provocó y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España". En concreto, Garzón se refiere a los cementerios de San José (Granada) -donde está enterrado el poeta Federico García Lorca-, Nuestra Señora de la Salud y el de San Rafael (Córdoba) y San Fernando (Sevilla) y reclama que le informen sobre las circunstancias y hechos que ocurrieron para estos "enterramientos masivos", así como cuándo se produjeron. Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga. Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado. Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia". A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos. Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron. Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.
Garzón da instrucciones para elaborar un censo de desaparecidos del franquismo
Garzón da instrucciones para elaborar un censo de desaparecidos del franquismo
El juez de la Audiencia Nacional pide información sobre las víctimas de la represión al Gobierno, la Iglesia, el Valle de los Caídos y cuatro ayuntamientos
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 01/09/2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha puesto recabar información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Para ello, el magistrado ha pedido información al Gobierno, la Iglesia, varios alcaldes e incluso un rector. Quiere saber el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.
El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si admite a trámite -es decir, si es competente para investigar- las solicitudes que le presentaron cuatro asociaciones para la recuperación de la memoria histórica (Cataluña, Valencia, Aragón, Ponteareas) el sindicato CNT y varios particulares para esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos por el bando franquista a partir del golpe de Estado franquista.
Lo que el juez quiere saber es número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, fecha del denominado por ganadores de la guerra "alzamiento nacional", sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administración para que identifique al organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificación "en la medida de lo posible" y si "han existido denuncias por las desapariciones".
También se dirige a uno de los símbolos franquistas de más relevancia, el Valle de los Caídos, para solicitar a la abadía en la que está enterrado Franco junto con decenas de combatientes republicanos para que informe sobre "las personas que en este lugar están enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho". A los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada, les pide "el nombre de las personas enterradas en fosas comunes en los cementerios de esas ciudades, las "circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos", "la fecha de los mismos" y si estas muertes constan en algún registro público".
El juez de la Audiencia Nacional pide información sobre las víctimas de la represión al Gobierno, la Iglesia, el Valle de los Caídos y cuatro ayuntamientos
MANUEL ALTOZANO - Madrid - 01/09/2008
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha puesto recabar información del Gobierno, la Conferencia Episcopal y varios ayuntamientos con el fin de elaborar un censo de fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado que dio lugar a la Guerra Civil y, tres años después, a la dictadura de Franco. Para ello, el magistrado ha pedido información al Gobierno, la Iglesia, varios alcaldes e incluso un rector. Quiere saber el nombre de las personas enterradas en fosas comunes como consecuencia de la represión franquista, las circunstancias y fecha en que se dieron esos enterramientos y si constan en algún registro.
El objetivo de estas diligencias es recabar información suficiente para decidir si admite a trámite -es decir, si es competente para investigar- las solicitudes que le presentaron cuatro asociaciones para la recuperación de la memoria histórica (Cataluña, Valencia, Aragón, Ponteareas) el sindicato CNT y varios particulares para esclarecer el paradero de cientos de fusilados y desaparecidos por el bando franquista a partir del golpe de Estado franquista.
Lo que el juez quiere saber es número de personas enterradas en fosas comunes desde el 17 de julio de 1936, fecha del denominado por ganadores de la guerra "alzamiento nacional", sus identidades y las circunstancias en que fallecieron. Por ello ordena al Archivo General de la Administración para que identifique al organismo del Estado que puede informar sobre el número de desaparecidos a partir de esa fecha, su identificación "en la medida de lo posible" y si "han existido denuncias por las desapariciones".
También se dirige a uno de los símbolos franquistas de más relevancia, el Valle de los Caídos, para solicitar a la abadía en la que está enterrado Franco junto con decenas de combatientes republicanos para que informe sobre "las personas que en este lugar están enterradas, procedencia geográfica de los restos y causas del enterramiento allí hecho". A los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada, les pide "el nombre de las personas enterradas en fosas comunes en los cementerios de esas ciudades, las "circunstancias y hechos que concurrieron para estos enterramientos masivos", "la fecha de los mismos" y si estas muertes constan en algún registro público".
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